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Las claves para combatir el acoso escolar en Japón

Japón/06 marzo 2017/Fuente: nippon.com

El uso de internet para insultar y difamar mediante aplicaciones y redes sociales como LINE o Twitter hace que el acoso escolar resulte cada vez más insidioso, grave y difícil de detectar. ¿Cuáles son las claves para proteger a los niños del acoso y qué medidas debemos tomar para garantizar esa protección?.

El caso de Ōtsu dio lugar a una nueva legislación

Han pasado cuatro años desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar, cuya aprobación se vio motivada por una serie de casos que tuvieron mucha resonancia mediática. El primero fue el suicidio de un estudiante de secundaria de Tokio en 1986 tras sufrir constantes maltratos que incluyeron la simulación de su funeral. Posteriormente los medios se hicieron eco de casos similares en repetidas ocasiones, pero no se llegó a tomar ninguna medida para evitarlos.

El detonante para el establecimiento de una legislación contra el acoso escolar fue un caso ocurrido en 2011 en Ōtsu (prefectura de Shiga) que también se saldó con el suicidio de la víctima. El suceso tuvo dos puntos en común con el de 1986: que el acoso provocó la muerte del acosado y que se atribuyó parte de la culpa a la escuela y al consejo educativo. En el caso de Ōtsu resultaron especialmente flagrantes la inacción y el encubrimiento de la situación por parte de la organización escolar, que en 2012 suscitaron un encendido debate social sembrado de críticas y análisis.

La aprobación de la nueva ley puede interpretarse como una señal de que el problema del acoso escolar, que originalmente se mantenía dentro de la esfera privada, se había agravado tanto que estudiantes y escuela ya no se bastaban para solventarlo y requerían de la intervención oficial. Dicho de otro modo, la ley materializó la decisión de abordar el problema desde la esfera pública. Ahora bien, al centrarnos únicamente en el papel de los adultos para prevenir un problema que se desarrolla entre niños, estamos eliminando de la ecuación la capacidad de resolución de los propios niños. Es necesario hallar el equilibrio legal entre el papel de los menores y la implicación de los adultos en el conflicto.

La Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar obliga a las escuelas a cumplir tres requisitos:

1) Establecer una política básica para prevenir el acoso.
2) Constituir una estructura organizativa que haga viable la prevención del acoso.
3) Adoptar un enfoque adecuado para las medidas preventivas, la detección precoz y la gestión del acoso.

La nueva ley logró un cambio cualitativo en la prevención del acoso escolar, poniendo de relieve la importancia de atajar los problemas de raíz para evitar su reaparición aunque resulte inconveniente para la escuela o el consejo educativo, así como de garantizar la justicia y la neutralidad en la gestión de situaciones graves (incluida la investigación del trasfondo del problema).

La revisión de las medidas preventivas

En el año fiscal 2015 se registraron 224.540 casos de acoso escolar entre escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos de bachillerato y centros de educación especial, es decir 16,4 casos por cada mil alumnos; este dato revela la espantosa gravedad de la situación.(*1) El número de estudiantes que se quitan la vida o dejan de asistir a la escuela como consecuencia del acoso sigue sin dar indicios de retroceder. La ley prevé que su contenido pueda someterse a revisión tres años después de haber entrado en vigor. Tras analizar los efectos de su aplicación, en noviembre de 2016 la Comisión de Medidas para la Prevención del Acoso Escolar — órgano asesor del Ministerio de Educación— anunció la nueva dirección de las medidas de cara al futuro.

El contenido de la revisión puede resumirse en los siguientes siete puntos:

1) Establecer una definición legal clara para identificar el acoso escolar.
2) Revisar el sentido de la política básica de prevención del acoso escolar.
3) Adoptar una estructura organizativa con medidas viables para la prevención del acoso y establecer una comunicación fluida.
4) Ampliar y mejorar los sistemas para la prevención y la detección precoz del acoso.
5) Establecer unos baremos claros para determinar cuándo se da por solucionado el acoso.
6) Reforzar la cooperación entre los cuidadores de los menores y la comunidad local.
7) Delimitar con precisión el alcance de los casos considerados como graves.

En cuanto al papel básico del profesorado, la enmienda legal dispuso como máxima prioridad la prevención del suicidio y la intervención en casos de acoso como parte de la práctica profesional cotidiana, con la gestión proactiva de las consultas y denuncias por parte de alumnos para garantizar la protección de las víctimas.

La postura de la víctima, en el punto de mira

A continuación quisiera diseccionar los principales problemas relativos a la circulación de la información y la gestión organizativa que se extraen de la revisión de la legislación contra el acoso escolar.

Como la definición legal del acoso escolar no ha calado todavía en las escuelas, cada centro y profesor alberga su propia interpretación, con lo que la identificación y la gestión de los casos resultan también heterogéneas. La definición que ofrece la ley otorga una gran importancia a la experiencia subjetiva del menor acosado, describiendo acoso como “aquellas conductas entre alumnos que afectan de forma psicológica o física, infligiendo sufrimiento mental o corporal al alumno a quien se dirigen dichas conductas”.

Al ofrecer una interpretación tan abierta, la brecha con la interpretación común del acoso por parte de la sociedad (conductas que implican superioridad física del acosador sobre la víctima, intencionalidad, continuidad, etc.) hace que algunos casos que son claramente de acoso según la definición legal se pasen por alto en el día a día. Para evitarlo hay que difundir la definición legal del acoso entre los profesores (por ejemplo, con cursos dentro de la escuela en que se analicen casos concretos) para que puedan ponerse en el lugar de las víctimas y no pasen por alto ningún indicio de acoso por sutil que sea.

Con todo, lo más importante para luchar contra el acoso es detectarlo y eliminarlo. Una de las claves para mejorar la comunicación y evitar el encubrimiento será que las escuelas (profesorado), las familias (cuidadores) y las comunidades locales vean la proliferación de casos de acoso que salen a la luz como algo positivo que demuestra la preocupación por parte de los profesores y la capacidad resolutiva de las escuelas.

Replantear los planes de acción de las escuelas

Las políticas básicas de las escuelas son, más que políticas propiamente dichas, planes de actuación. Es importante plantear ciertos objetivos para las medidas contra el acoso, establecer un plan anual de ejecución de iniciativas (como un programa de prevención del acoso) y evaluar el nivel de logro de los objetivos como parte de la evaluación de la escuela. Para prevenir el acoso hay que empezar por estudiar e impulsar medidas preventivas dirigidas principalmente a los alumnos, educándolos con un enfoque integral que cubra tanto formación teórica en ética, derechos humanos y legislación como actividades prácticas.

Lo que importa a la hora de formular y enmendar las políticas básicas de las escuelas es escuchar el punto de vista de los niños, tener en cuenta la opinión de los cuidadores y analizar honestamente los logros y los fallos del sistema escolar, trabajando codo a codo con la comunidad local y los organismos relacionados. Estudiar las políticas básicas mediante cursos en el propio centro es imprescindible para que todo el profesorado las conozca y comprenda, y además ofrece la oportunidad de cuestionar el sistema de orientación del alumnado y la filosofía organizativa de la escuela, dando paso a la reflexión para elevar la autoridad organizativa de la escuela.

La cooperación con la comunidad local y otros organismos externos

El acoso escolar en Japón presenta tres características principales:

1) Predomina el acoso psicológico a través de mecanismos comunicativos, como los insultos, las vejaciones y el aislamiento.
2) Tiene lugar mayormente dentro del aula (por ejemplo, en los descansos).
3) Los acosadores y las víctimas suelen ser compañeros de clase.

Ya que el daño provocado por el acoso escolar en Japón resulta difícil de detectar desde fuera, los profesores responsables se ven en el atolladero de tener que detectar los indicios precozmente y cuidar de las víctimas al tiempo que disciplinan duramente a los acosadores. Además, no son pocos los casos en que el tutor de la clase donde se produce el acoso se lo toma como una responsabilidad personal y se calla el problema por miedo a que se le culpe de falta de disciplina. En los últimos tiempos han aumentado los casos de acoso psicológico por internet (mediante LINE, Twitter, etc.), que resultan aún menos visibles y dificultan en extremo la detección del problema por parte de las escuelas.

El acoso se agrava más cuanto más invisible se vuelve. Cuando empieza a vislumbrarse un caso de acoso, es vital no limitar su gestión al entorno de la clase sino tratarlo como un problema que afecta a toda escuela y estudiar la vía adecuada para solventarlo de raíz. Para ello hay que concienciar a todos y cada uno de los miembros del profesorado de su obligación de informar de cualquier incidente a la organización escolar establecida para tal objetivo. Este proceso requiere que la cúpula directiva escolar lidere la cruzada contra el acoso estableciendo métodos y reglas para revelar información y crear un ambiente en el que los profesores no teman compartir los problemas.

Por otro lado, para lograr que el sistema de la escuela funcione es imprescindible establecer un clima de cooperación en el que los miembros compartan un entendimiento mutuo, potenciando sus puntos fuertes y compensando sus debilidades. Evitar que un solo profesor cargue con el sufrimiento del alumno acosado y ofrecerle el apoyo del equipo escolar es lo que en última instancia posibilita una gestión adecuada del problema.

Otro punto crucial es no gestionar el problema únicamente desde la escuela, y tener en cuenta la opinión de los cuidadores de los niños, adoptando las iniciativas necesarias para prevenir el acoso con la colaboración de la comunidad local y los organismos sanitarios, sociales y legales relevantes. Este objetivo se basa en la premisa de reconocer los problemas infantiles como problemas de la sociedad, y para perseguirlo los actores implicados deben mantener una comunicación fluida y constante, superando las fronteras de sus competencias para unir esfuerzos.

Estoy convencido de que si logramos afrontar los problemas que los profesores vienen cargando a solas desde la organización escolar, y establecemos la colaboración necesaria entre la comunidad local y los organismos pertinentes para intervenir en los problemas que la escuela no puede solucionar sola, las escuelas japonesas se convertirán en lugares libres de acoso donde niños y profesores compartan un entorno sano y feliz.

Fotografía del encabezado: En el Ayuntamiento de Ōtsu la alcaldesa Koshi Naomi (derecha) guarda silencio en el quinto aniversario de la muerte de un alumno de secundaria que se suicidó a causa del acoso escolar. 11 de octubre de 2016. (Jiji Press)

Fuente: http://www.nippon.com/es/currents/d00290/

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Argentina avanza con su proyecto de Ley Penal Juvenil

Argentina/06 marzo 2017/Fuente: americaeconomia

El gobierno argentino ya tiene avanzada la redacción de un proyecto de nueva Ley Penal Juvenil para enviarla al Congreso en el que insistirá con su idea original de rebajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, aunque sólo para los delitos «gravísimos» contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual.

La iniciativa incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallado culpables de dichos delitos pero también una amplia gama de medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores.

«Solo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos», anticipó a Télam el secretario de Política Criminal, Martín Casares. Según el funcionario, «en los próximos meses vamos a enviar el proyecto al Parlamento. Estamos terminando la redaccion y ajustando detalles, porque el trabajo se inicio en enero a partir de los consensos en las mesas participativas».

Casares, quien coordina el proyecto en el ámbito del Ministerio de Justicia, anticipó que la norma tendrá unos ochenta artículos y que podría incluir un cronograma de implementación a raíz de del tiempo y recursos que demandará la articulación del nuevo régimen. Una de las posibles novedades sería la creación de un sistema de tutorías en la que esos jóvenes tengan asignados un responsable de su legajo, con equipos interdisciplinario de seguimiento.

«Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas», dijo Casares al confirmar la intención oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la rebaja. Dicha oposición se expresó en la última de las ocho mesas convocadas en febrero por el gobierno para debatir el tema, cuando 34 de los 40 participantes votaron por no rebajar la edad de los menores para poder someterlos a penalidades a partir de los 14 años.

En esa nómina se incluyen Unicef, asociaciones de pediatras, psicólogos, colegios de abogados y organizaciones sociales, además de la Iglesia Católica que, sin participar con mociones, había anticipado su rechazo a la «criminalización» de los menores, en especial de bajos recursos.

El propio presidente Macri aludió genéricamente al proyecto al inaugurar, el miércoles pasado, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El gobierno confía en que pese a ese revés, podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

«El proyecto está muy avanzado porque a pesar de esa negativa de ONGs a consentir la baja, se trata de uno de los pocos puntos en que no hay acuerdo frente a una multitud de consensos», dio Casares. Para el funcionario, «es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto» de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas».

Según Casares, «todo estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos».

El funcionario sostuvo que «el principal consenso es, que el marco de la ley penal es la prevención fijada por Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud».

Fuente:http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/argentina-avanza-con-su-proyecto-de-ley-penal-juvenil

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Argentina: La infraestructura escolar está lista para iniciar el ciclo lectivo 2017

Argentina/06 marzo 2017/Fuente: lmcipolletti

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos certificó que la infraestructura escolar para iniciar el ciclo lectivo 2017 es la adecuada en 1116 de las 1120 unidades educativas que funcionan en toda la Provincia.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos certificó que la infraestructura escolar para iniciar el ciclo lectivo 2017 es la adecuada en 1116 de las 1120 unidades educativas que funcionan en toda la Provincia.

Sólo en cuatro edificios, donde se siguen realizando diversas obras, se prevé que las clases podrán comenzar siete días después de la fecha dispuesta por el calendario escolar.

Un relevamiento de la Subsecretaría de Coordinación de la cartera educativa reveló que el 99,6% de las unidades educativas de la Provincia están en condiciones de iniciar el año escolar en las fechas correspondientes. Las demoras de una semana se registrarían por trabajos en marcha en los edificios de las Escuelas Primarias N° 270 de El Bolsón, 287 de Fernández Oro, 155 de General Roca y 85 de Villa Regina.

La actual gestión educativa provincial inició su tarea en 2012, año en el que, por abandono y falta de obras, se produjeron inconvenientes en 300 escuelas al iniciarse el ciclo lectivo. Ese porcentaje se redujo a una mínima expresión en 2017, debido a la realización de trabajos que exceden la duración del receso escolar.

Este año, el ciclo lectivo dará inicio con obras escolares finalizadas, como es el caso del nuevo edificio del Jardín de Infantes del Barrio Lujan, en El Bolsón. De esta forma, el sistema educativo rionegrino suma 19 nuevos edificios para instituciones de Educación Inicial. Además, hay que agregar la refuncionalización de un ex colegio secundario de Cinco Saltos, para que allí abra sus puertas un nuevo jardín con tres salas, SUM, área de gobierno y cocina.

Asimismo, se construyeron edificios para Educación Inicial en Viedma, Choele Choel y Comallo. A la vez, se está iniciando la edificación de otros 13 edificios, cuya finalización está prevista para luego del receso escolar invernal. En ese listado de obras, debe incluirse la inminente inauguración del Salón de Usos Múltiples que compartirán la Escuela Primaria N° 256 y el Jardín de Infantes N° 13, en Río Colorado.

El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación y DD.HH, Adrián Carrizo, adelantó que “en los próximos días iniciaremos las obras que licitamos en enero, de cara a prepararlas para el invierno, ya que la mayoría de los trabajos tienen que ver con los problemas que generó el temporal en octubre pasado en 15 establecimientos educativos, ubicados en Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel”.

La inversión oficial para la concreción de esas tareas supera los $14.000.000.

En tanto, el funcionario también se refirió a la refuncionalización integral del Jardín de Infantes N° 120, cuyo proyecto inicial fue modificado a pedido de docentes y padres: “Sumamos una sala más y en cada una de ellas se construirán baños. El edificio contará con una superficie de 931 m2, constituyéndose en el más amplio en superficie de la Provincia”, informó.

Al momento, se encuentran finalizadas las tareas de demolición interna, por lo que “los espacios nuevos se construyen a un buen ritmo de obra”, señaló Carrizo.

Fuente:https://www.lmcipolletti.com/la-infraestructura-escolar-esta-lista-iniciar-el-ciclo-lectivo-2017-n543347

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East Africa: EALA Bill Seeks to Introduce Contraceptives for Children

África/06 de Marzo de 2017/Allafrica

Resumen:  Un nuevo proyecto de ley de la Asamblea Legislativa de África Oriental está tratando de introducir anticonceptivos para los niños en los Estados miembros; Días después de que el Ministerio de Salud rechazó una política que proponía lo mismo para niños de 10 a 19 años en Uganda.

A new East African Legislative Assembly Bill is seeking to introduce contraceptives for children in member states; days after the Ministry of Health disowned a policy proposing the same for children aged 10 to 19 years in Uganda.

Once passed into a law, the Bill dubbed the «EAC Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR), Bill 2017,» will bind the East African Community member states to provide contraceptives and abortion, among others, to all EAC citizens, including children. The states include Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi and South Sudan.

The Bill

According to a draft copy prepared by Dr Odette Nyiramilimo, a Rwandan representative at Eala, the law intends to prevent unwanted pregnancies, risky abortion and sexually transmitted infections, including HIV/Aids and ensure quality sexual reproductive health care, education and all services for people in EAC.

 «The partner states shall ensure that adolescents and young person’s get access to relevant quality and youth friendly sexual and reproductive health services, including contraceptives and condoms,» reads Section 17(2) of the proposed Bill.

Part I (2) of the proposed Bill, describes an adolescent as any person aged between 10 and 19 years.

The proposed legislation also requires member states to design and implement sexual and reproductive public education.

It also indicates that every individual has a right to choose and consent to any method of birth control, including sterilisation.

Under Section 15 (1), the Bill seeks to legalise abortion, provided that a pregnancy endangers the woman’s health and life.

«The partner states shall safeguard and give effect to the reproductive rights of a woman by permitting the termination of pregnancy when in opinion of a trained health professional,» the proposed law states.

Mr Fred Mukasa Mbidde, who has just been re-elected to Eala as a Ugandan representative for a second term, said the Bill is still at committee level and is yet to be presented to the house.

«I have personally not looked at the details of the Bill but I will look at it using the lens of scientific research and fundamental human rights as contained in the charter,» Mr Mbidde said, adding that the Bill needs to be discussed through public hearings before it is presented to the house for debate.

However, parents in Uganda and other pro-life activists are opposed to any attempts by the government or the regional parliament to introduce a law or a policy that provides contraceptives to children.

Fr Jonathan Opio of Human Life International – Uganda, said giving contraceptives to children without consent of their parents or guardians contravenes the Constitution of Uganda, which puts the age of consent at 18 years and above.

«This Bill is a licence for sexual abuse of little girls, claiming that it is all done with the best of intentions, and the best interest of the child. Whose child is interested in being given contraceptives and abortion?» Mr Opio wondered.

Health Vs morals

Mr Stephen Langa, the executive director of Family Lifework, said giving contraceptives to children is not a health matter but rather a moral issue.

However, while presenting the proposal to the parents, Dr Christine Biryabarema, a senior obstetrician and gyaenacologist at Mulago hospital, advised them that it is better to deal with a teenager on contraceptives than one who is pregnant.

She said teenagers aged 16 and 19 years are at high risk of pregnancy.

Other projects

Meanwhile, Makerere University School of Public Health, last week launched a new €3.7m (about Shs14b) project funded by the Dutch Nuffic, to strengthen education and training capacity in sexual and reproductive health and rights in Uganda.

Dr Monica Kizito, a parent, said the proposed policy by the Ministry of Health and the EAC Sexual Reproductive Health and Rights Bill 2017, are an attack on the family in a year which has been declared as one for the family by religious leaders. «The only 100 per cent effective way to prevent pregnancy is abstinence from premarital sex,» Dr Kizito said as she advised parents to take on their parenting role.

Fuente: http://allafrica.com/stories/201703040127.html

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La solución está en la democracia y en la educación

Por: Mundiario

La democracia genuina brilla por su ausencia. Pretenden basarla exclusivamente en las urnas en lugar de hacerlo en los valores éticos esenciales de la igual dignidad de todos los seres humanos, la justicia, la libertad y la solidaridad.

Se había advertido por numerosos “vigías” y desde múltiples ángulos de observación que una unión sólo basada en el dinero y en el poder excesivo del “mercado”, sin balizas éticas, desembocaría en el fracaso más estruendoso. No fueron capaces de alcanzar más unión que la monetaria cuando debía ser una unión política, económica, cultural y social. Quienes soñaban con la Europa unida por “principios democráticos” –como establece el preámbulo de la Constitución de la UNESCO- se han visto defraudados. Quienes, como Robert Schumann y Jean Monnet en 1949, proclamaron que “hay que inventar Europa”, no han sido tenidos en cuenta por los políticos del siglo XXI, incapaces de contener el aluvión dinerario.

¡La excelente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea!, aprobada en el año 2000, ha sido relegada por los gobernantes y parlamentarios actuales, en lugar de situarla como eje fundamental de sus brújulas, de sus “hojas de ruta”.

Y así, nos hallamos inermes ante unos hechos socialmente intolerables –el Informe de OXFAM-INTERMON sobre la concentración del poder financiero en muy pocas manos es desolador- y con inadmisibles -e inimaginables, en el caso de España- muestras de insolidaridad y, lo que es más angustioso todavía, con rebrotes de racismo, fobias y fanatismo. La solución está en la democracia y en la educación. La democracia genuina brilla por su ausencia. Pretenden basarla exclusivamente en las urnas en lugar de hacerlo en los valores éticos esenciales de la igual dignidad de todos los seres humanos, la justicia, la libertad y la solidaridad. Así lo propusimos hace ya algún tiempo en un proyecto de Declaración que abarca la democracia ética, social, política, económica, cultural e internacional.

La educación –para forjar ciudadanos del mundo “libres y responsables”- debe estar orientada para “ser” y no para “tener”. Ser plenamente para ejercer sin cortapisas las facultades distintivas de la especie humana: reflexionar, imaginar, innovar, ¡crear! Y actuar en virtud de las propias decisiones y nunca más al dictado de nadie ni de dogma alguno.

La tecnología digital debe hallarse al servicio de los seres humanos y no al contrario.

Sí: cada ser humano libre y responsable, capaz de crear y de llevar en sus manos las riendas de su destino, nuestra esperanza. La única esperanza para esclarecer horizontes hoy tan sombríos.

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/politica/solucion-democracia-educacion/20170305024456081214.html

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Asia: ONU debe levantarse ante crueldades cometidas contra rohingyas’

Asia/06 de Marzo de 2017/

Trece organizaciones pro derechos humanos urgieron a la ONU a investigar las atrocidades que comete el Ejército birmano contra la minoría musulmana rohingya.

“El establecimiento de una comisión bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o un mecanismo similar es el mínimo requerimiento para garantizar que se haga justicia y se rindan cuentas”, dijeron el viernes las organizaciones en una carta dirigida al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en Ginebra, Suiza.

Los firmantes, entre los que figuran el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional (AI), también llamaron a prevenir, de manera significativa, las acciones violentas contra las minorías que se encuentran en situación de riesgo.

La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Myanmar (Birmania), Yanghee Lee, alertó esta semana de la mala situación por la que atraviesa la población rohingya en los campos de refugiados establecidos en Bangladés y exigió “medidas urgentes” tras visitar la zona. Lee presentará el próximo 13 de marzo al CDHNU el informe de su visita.

Entre tanto, el subdirector del HRW en Asia, Phil Robertson, apoyó la petición de la relatora y denunció el silencio guardado por la comunidad internacional ante lo que está sucediendo en Myanmar.

“Basta ya, es hora de actuar. La ONU y los Estados miembros deben levantarse ante la brutal táctica de tierra quemada, asesinatos y violaciones, que el Ejército birmano y la Policía han infligido a la población rohingya”, afirmó en un comunicado.

Myanmar, dominado por los budistas, tiene a sus espaldas un largo historial de discriminación y persecución contra los musulmanes, pues considera a los rohingyas como inmigrantes ilegales. Mientras, la comunidad internacional y grupos pro derechos humanos rechazan tales argumentos, asegurando que esa minoría musulmana tiene raíces históricas en el territorio birmano.

Al menos 73.000 rohingyas han huido a Bangladés de la brutalidad de los militares birmanos que, según numerosas organizaciones, han cometido todo tipo de abusos contra esta minoría.

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/asia-y-oceania/334876/urgen-onu-investigar-atrocidades-ejercito-myanmar-rohingya

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La comunidad internacional sigue exigiendo justicia

Por: Sergio Ferrari

Al cumplirse el primer año del asesinato de la dirigente social Berta Cáceres, en La Esperanza, el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras urgió al gobierno de ese país centroamericano a investigar de manera eficaz e imparcial los hechos.

Berta Cáceres era una de las más destacadas dirigentes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Su compromiso comunitario y a favor de la defensa de las mujeres, hicieron trascender su figura en toda la región. Su asesinato motivó una amplia condena internacional.

En un comunicado de prensa la ONU /Honduras señala la necesidad de clarificar “el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores” y llama a “enjuiciar a los responsables del crimen y a garantizar el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.

En el mismo comunicado, que no esconde un tono duro y directo, la ONU instó, además, a aclarar y sancionar el intento de acabar con la vida del también ambientalista mexicano Gustavo Castro. Los portavoces de las Naciones Unidas reiteran su solidaridad con la familia de Berta Cáceres y con la comunidad defensores de los derechos humanos en Honduras.

Si bien la organización internacional reconoce como un avance importante la detención y enjuiciamiento de ocho presuntos responsables materiales del crimen y de la tentativa de asesinato, exhorta a redoblar los esfuerzos para llegar a la verdad, asegurando que no volverán a repetirse abusos como los registrados en el caso de la dirigente comunitaria.

El pronunciamiento público señala “que es igualmente fundamental garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y evitar su re-victimización”. Y considera necesario que el Estado hondureño abra espacios de diálogo con las víctimas. Sugiere la instalación de una mesa de trabajo donde concurran las principales partes del caso.

Numerosas organizaciones internacionales reiteraron en las últimas horas la exigencia contra el olvido, la impunidad y la justicia total. Amnistía Internacional, denunció la “vergonzosa” investigación y las “lagunas judiciales” en torno al caso.

Erika Guevara Rosas, responsable para las Américas de dicha organización insistió en que el “trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras”. “La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, detalló AI en una publicación.

Por su parte, al cumplirse el primer aniversario del crimen, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, la organización de Berta Cáceres, reiteró su preocupación ante la actitud del Estado hondureño que no quiere aceptar una Comisión Internacional de Expertos para investigar el hecho, “porque teme que se demuestren sus responsabilidades”.

El COPINH, reitera que “a un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia”.

Duras críticas al proceder del Estado hondureño integran una declaración pública del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas   (GAIPE), creado luego del asesinato a solicitud de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.

“Aún no se tiene conocimiento de que el Estado hondureño haya abordado integralmente las investigaciones por los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, como tampoco lo ha realizado con respecto al asesinato de Berta Cáceres”, subraya el GAIPE. Recordando diversos documentos de organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que señalan a Honduras como “el país más peligroso del mundo para defensoras/es de la tierra y el medio ambiente”. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223687

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