América del Sur/Brasil/05 Noviembre 2016/Telesur tv
Voceros del MST consideran que la incursión de la policía es parte de la criminalización de los movimientos sociales.
Funcionarios de la Policía Civil y Militar de Brasil irrumpieron este viernes disparando contra los militantes de la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) en la localidad de Guararema, en el estado de Sao Paulo (sur).
Según los reportes, la policía llegó a primeras horas de la mañana bloqueando la puerta principal de la escuela y saltando la ventana de recepción con disparos contra los militantes del movimiento.
Por su parte, representantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin tierra (MST) repudiaron las acciones de la policía de Sao Paulo y exigieron al Gobierno interino de Michel Temer, a tomar las medidas apropiadas en este proceso. Somos un movimiento que lucha por la democratización del acceso a la tierra en el país y no una organización criminal, resaltaron.
Los integrantes de la Escuela señalaron que “la incursión de la policía es otra acción de la criminalización de los movimientos sociales”, que mantiene el actual Gobierno de ese país suramericano.
Pidieron “la solidaridad de todos los medios de comunicación progresistas para enviar reporteros a la escena, así como grupos de derechos humanos”.
América del Sur/Argentina/5 de Noviembre del 2016/Fuente: la nación
Alan Rodríguez lucha, desde hace tres años, para que le reconozcan este derecho; quiere ir a la universidad
en un fallo histórico para la educación inclusiva, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció el lunes, los derechos invocados por Alan Rodríguez -un joven con síndrome de Down a quien le había sido negado el título secundario-. Como consecuencia ordenó a la escuela a la que asistió y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a que expidan y legalicen el título, respectivamente.
«Era lo que esperábamos. Estamos muy emocionados. Alan está feliz. Es algo muy positivo y un gran avance para la educación inclusiva en general. La realidad es que todavía no tiene el título. Este es el fallo en primera instancia. Si el ministerio o la escuela apelan, nosotros no podemos saberlo. Nos enteraremos si lo hacen», dice Florencia Innamorato, mamá de Alan.
Alan Rodríguez (22) fue a la misma escuela desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según la escuela y el ministerio, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local.
Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el joven inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación , sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y que en consecuencia se le entregue su título secundario oficial.
Educación inclusiva
Para tomar su decisión, el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, declaró la inconstitucionalidad de la normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula, y ordenó la entrega del título oficial.
La jueza consideró que «el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones», y aclaró que «en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros», sino que «a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados».
Alan, mientras tanto, nunca se quedó con los brazos cruzados. Está terminando un curso de formación para el empleo en la UCA. «Le encantaría poder estudiar informática o algo relacionado con lo social. Pero hasta ahora se tuvo que adaptar a lo que podía estudiar que eran sólo cursos», agrega Innamorato.
Desde la ACIJ sostienen que «la decisión judicial significa para Alan la eliminación de una enorme barrera para continuar su camino de formación y crecimiento personal, profesional y laboral con autonomía. Se espera que la escuela cumpla con la sentencia y haga entrega del título con la mayor celeridad posible, y que el ministerio lo legalice».
América del Sur/Argentina/5 noviembre 2016/Fuente: La nación
En un ejercicio sobre el trabajo parlamentario organizado por el Inadi los jóvenes trabajaron igual que lo hacen los diputados en la creación de una ley antidiscriminación
los parlamentarios de la Juventud aprobaron hoy en el Congreso Nacional la ley contra el «bullying», la violencia y la discriminación en la conformación de vínculos entre niñas, niños y adolescentes.
Se trata de un programa de capacitación organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que se propone que jóvenes estudiantes secundarios de todo el país ensayen el trabajo parlamentario, construyendo una ley hasta concluir con su aprobación.
De esta manera, participaron 74 estudiantes provenientes -en representaciones iguales- de todas las provincias del país, que abordaron distintas problemáticas: discriminación por aspecto físico, racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar y ciberacoso, violencia de género, embarazo adolescente, diversidad sexual e identidad de género.
En conjunto, decidieron que iban a trabajar una ley sobre el bullying tanto en el ámbito escolar como fuera de él, ya que son problemáticas que los tocan de cerca. Y a eso se abocaron durante tres días en el Congreso aprobando hoy la versión final de la ley que previamente trabajaron en comisiones.
Un parlamentario juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Si bien se trató de un simulacro, el experimento tiene un anclaje en la realidad ya que se trabaja en la elaboración de la ley, atravesando todas las etapas que atraviesa una ley cuando se presenta en el Congreso Nacional.
Tal rigor tuvieron los chicos, que dos diputadas están evaluando tomar la ley para presentarla en el Congreso a fin de que sea aprobada de verdad.
De la actividad participaron tanto jóvenes que estaban movilizados por sufrir algún tipo de discriminación como otros que se sentían afectados por el sufrimiento ajeno. Así había dos chicos con sordera, un joven que se movilizaba en silla de ruedas, jóvenes homosexuales y hasta dos chicas siamesas que se encuentran unidas lateralmente.
Con una notable necesidad de ser escuchados, pedían por una gran diversidad de cuestiones también: a una delegada de Tierra del Fuego la movilizó la discriminación sexual y la homofobia; un representante salteño mostró su preocupación por la situación de los pueblos originarios a quienes ve en el último de los escalafones sociales, y varios delegados se mostraron alarmados y con propuestas para abordar la violencia de género.
Con proyectos propios
Con una verborragia a veces inusual para un adolescente, varios chicos de entre 15 y 18 años conversaron con LA NACION sobre su experiencia y las propuestas que presentaron:
José Carlos López tiene 17 años y es sordo. Llegó al Congreso en representación de la provincia de Entre Ríos y en su ensayo abordó las distintas formas de discriminación y la violencia y en especial las problemáticas de la comunidad sorda. José le explicó a este diario, por intermedio de la intérprete de lengua de señas del Congreso, que «muchas veces se sienten excluidos del sistema escolar» y agregó que con la experiencia de compartir con todos los demás chicos pudo darse cuenta que es importante que él mismo transmita su forma de comunicarse, y les enseñe a los demás su lengua. Y agradeció enormemente la posibilidad de contar con la intérprete para poder transmitir y enriquecerse.
Los parlamentarios juveniles en la sesión plenaria de comisiones por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Muchos parlamentarios destacaron la importancia de poder conocer las realidades que se viven en otras provincias. Lucas Paredes, puntano de 17 años, dijo que lo impactó enterarse que un compañero de Jujuy camina entre cuatro y cinco horas para llegar al colegio. «Y yo me quejo cuando mis papás me llevan y llego 15 minutos tarde a la escuela», comentó este chico que presentó un ensayo sobre la Ley 26743 de Identidad de género, a la que le cuestionó cierta falta de humanidad.
Sofía Gutiérrez, delegada de 15 años por Tierra del Fuego, presentó un ensayo sobre «cómo los homofóbicos se justifican con la religión o lo moralmente correcto, cuando en realidad es algo que la sociedad crea.» Y agregó sus fundamentos: «Tienen los mismos derechos que nosotros para hacer lo que les gusta y estar con quien aman».
Ezequiel Insaurralde, por la provincia del Chaco, comentó que los estereotipos y prejuicios surgen en la casa pero también a través de los medios de comunicación: «Muchas veces de forma subliminal van desvalorizando y creando estereotipos de personas. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que es inmigrante, que generalmente en una novela o una película ocupan el rol de personal doméstico y reciben agresiones. De esta forma, generan la idea de que los inmigrantes sólo tienen que ser esclavas de los caprichos de personas nacidas en un territorio específico, como la Argentina», explicó este parlamentario de 17 años.
Agustín Cantero, representante de Formosa, presentó un ensayo sobre violencia de género. «Me parece una cuestión muy importante y que hay que hablarla para que se tomen medidas y terminemos ya con eso», dijo. Y comentó que encontró similitudes escuchando a otros parlamentarios del norte donde dice que la mujer es vista sólo como alguien que debe quedarse en casa y cuidar a los hijos.
Además, en relación a la ley de bullying, este legislador de 18 años dijo que en caso de que se apruebe en el Congreso estaría dispuesto a llevar adelante las acciones que se deriven de esta ley en su localidad (Clorinda): «Me gustaría llevar estas propuestas a las escuelas, que son los lugares donde podemos tener un contacto más directo con la juventud y comenzar desde los niveles bajos hasta los más altos y hacerlo a través de charlas de concientización, propuestas e incluso llevando experiencias de gente que ha vivido ese tipo de discriminaciones como para ir tomando conciencia de este gran problema».
El parlamentario salteño ofrece una artesanía como presente al director del Inadi Javier Bujan. Foto: Inadi
Uno de los delegados salteños, Sebastián Ceballos, abordó en su ensayo el tema del racismo, orientado principalmente a los pueblos originarios: «Porque sabemos que el que más discrimina es el de arriba, y abajo están los pueblos originarios. Y aparte porque he notado que ellos viven de una manera muy especial: tienen esa cultura ancestral de vivir en comunidad. Uno cuando vive en comunidad aprende a respetarse». Otra cosa que destacó este delegado proveniente de la localidad de Aguaray en el norte de Salta es que «hay muchos que tienen el talento de líderes pero no se les quiere dar voz porque provienen de los pueblos originarios. A mí particularmente me costó bastante, especialmente porque soy de una zona rural, por eso he tenido que buscar la forma de salir y lo hice gracias a la escuela, a OAJNU, al Congreso y a otros cursos que he tomado».
¿Cómo funciona el programa?
El Parlamento Federal Juvenil es una iniciativa que viene desarrollándose desde hace tres años y surgió como una política pública para acompañar la implementación de la ley del voto a partir de los dieciséis (16) años (26.774), y con el fin de generar espacios de debate y reflexión, en miras a que las/os jóvenes puedan incorporar las temáticas que les preocupan en la agenda de la política argentina.
En una primera instancia, los jóvenes interesados en participar deben presentar un ensayo sobre las temáticas de acción del Inadi: racismo, xenofobia, migrantes, procesos socio-económicos, diversidad sexual. Este año fueron cerca de 1800 los ensayos recibidos.
Una parlamentaria juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
A través de jurados, que incluyen a los ministerios de educación de las provincias y a los delegados del Inadi, se seleccionan tres ensayos por provincia.
Sus autores participan en la ciudad de Buenos Aires para realizar un trabajo en el que se elige un tema entre todos -que este año fue la convivencia, los estereotipos, el bullying y ciberbullying- y allí comienza el entrenamiento en la actividad parlamentaria con el objetivo de elaborar una ley: trabajan en comisiones, incluso con los mismos asesores de los diputados; se hacen dictámenes de comisión que se publican; se elabora un primer borrador al que se le hacen modificaciones en el plenario de comisiones, hasta finalmente llegar al momento de votar y aprobar la ley. Algo que sucedió hoy.
Si bien el trabajo demanda tres días, los chicos reciben capacitaciones previas y un trabajo de meses que comienza en sus provincias. En este caso, comenzaron a trabajar en mayo.
Además, el programa va generando nuevos líderes y crearon el cargo de embajadores de buena voluntad para aquellos alumnos que quieren seguir colaborando año tras año con la difusión y organización del programa. Tal es el caso de Agustín Sohn, de Río Negro, quien participó el año pasado del programa y este año estuvo difundiendo la iniciativa en las escuelas de varias provincias patagónicas y sirviendo de puente a aquellos chicos que participaban por primera vez.
Exposiciones en el parlamento
En el cierre de la sesión plenaria de hoy algunos se escucharon discursos elocuentes y comprometidos. Aquí algunos de los extractos:
«La cuestión no pasa por la no discriminación sino por la aceptación». Parlamentaria por la provincia de Buenos Aires.
«Detrás de cada ensayo hay una historia, un sufrimiento. Pero lo importante es que estos jóvenes no se callan» (Paula Balaszczuk, parlamentaria de la provincia de Córdoba).
«Esta sociedad que estigmatiza a los jóvenes diciendo que no tienen compromiso, que pertenecen al mundo de la imagen. En estos días se demostró lo contrario». (María Azul González, delegada de la provincia de Corrientes).
«Pido por la ley 6920 (ley provincial del Derecho de los pueblos indígenas) que reconoce a los pueblos Huarpes y sus tierras ancestrales» (Fernanda Jofré, parlamentaria de Mendoza).
Los parlamentarios juveniles hicieron gala de su frescura en la visita al teatro Colón. Foto: LA NACION / Inadi
«Se dice que si vemos bullying y no hacemos nada, somos cómplices. Pero si no nos dejan hablar nos obligan a ser cómplices» (Oriana Merlo, representante de Neuquén).
«Tengo una discapacidad y estoy cansado de que nos traten como ‘pobrecitos’ y que piensen que no podemos hacer nada cuando podemos hacer de todo. Les pido que antes de ayudar a alguien le pregunten si necesita ayuda y piensen si quieren ayudar por lástima o por empatía» (Iván Carrizo, delegado de Tierra del Fuego).
¿De qué se trata la ley?
La ley se trata de un plan general para abordar la problemática del bullying tanto dentro como fuera de la escuela.
«A nivel nacional tenemos un ley que sólo habla de los contenidos educativos en el contexto de la educación formal, de la escuela. Y esta nueva ley es una ley de ampliación de derechos porque tiene la perspectiva de que el problema de la convivencia no es sólo escolar, sino que la violencia también se manifiesta en el club, en el barrio, en la casa», explicó a este diario el Dr. Javier Bujan, interventor a cargo del Inadi.
Así, en cuanto a las acciones concretas, la ley propone abordajes preventivos, educativos, convivenciales. «Los chicos establecieron campañas, estrategias de abordaje comunicacional, dispusieron una autoridad de aplicación, hicieron una ley terminada», explicó Bujan.
¿Se puede aprobar realmente esta la ley?
La ley quedará ahora a disposición de los diputados. Bujan se mostró optimista sobre el destino que pueda llegar a tener: «Ya hay dos diputadas que nos dijeron que van a levantar la ley. Entonces, va a llegar a la cámara y hay muchas posibilidades de que se termine aprobando, porque es una ley de ampliación de derechos».
Educación Internacional ha pedido a sus organizaciones miembros a tomar medidas rápidas para protestar firmemente la injustificada sentencia de cárcel de seis años impuesta a Esmail Abdi, un líder de la Asociación de Comercio Maestro Teherán
Education International has called on its member organisations to take swift action to firmly protest the unwarranted six-year jail sentence imposed on Esmail Abdi, a leader of the Tehran Teacher Trade Association.
Esmail Abdi
Education International (EI) has informed the authorities of the Islamic Republic of Iran that the charges, including one for “assembling and colluding against national security”, are unjust and contravene various human right conventions, including those protecting freedom of expression and association, as well as the right of unions to be consulted on education policies. Abdi, along with three other Iranian teacher unionists, had already been unfairly detained in July 2015 to prevent them from attending the 7th EI World Congress in Ottawa, Canada. A hunger strike by Abdi and massive solidarity campaigns launched in Iran and by unions across the world resulted in his release in May 2016.
“The Iranian authorities are attempting to silence teachers’ grievances through repression and the extended incarceration of unionists and activists,” condemned EI General Secretary Fred van Leeuwen.
EI affiliates and concerned citizens can take action
Send a protest letter to the President and to the Supreme Leader of Iran (model letter);
Contact their governments and the diplomatic representation of Iran in their countries, requesting that they begin a dialogue on these issues with the Iranian authorities;
Individuals can petition the authorities through the LabourStart appeal;
Give visibility to this appeal by recommending it to colleagues, union members and networks; post it on websites, Facebook and Twitter.
The latest sentence announced on 7 October by Branch 36 of the Appeal Court of Tehran comes at a time when the regime’s neoliberal policies have created a crisis in the country’s educational system and for teachers’ living conditions. The privatisation and commodification of education have destroyed any remnants of equal opportunity or free education in Iran. Many students, especially girls, from low income families in rural and nomadic areas are practically banned from accessing education, with reports showing that over 3.5 million students are unable to attend school.
Iranian teachers are continuing to teach despite being deprived of their basic rights. Teachers’ wages are often below the poverty line. Iranian teachers’ nationwide protests and strikes over the past years, demonstrate their strong demands for systematic change. Every year, as many as 150,000 highly skilled Iranians emigrate. Many do so as a result of high unemployment, but political oppression and lack of religious freedom are also determining factors in emigration.
La educación para la ciudadanía: una obligación y no una opción de la escuela
Hace aproximadamente un año escribía en esta misma sección que el verdadero objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, o dicho de otra forma: la humanización y perfeccionamiento de las personas como seres humanos. De nuevo, vuelvo a reiterarme tozudamente en ello. Tal afirmación, más allá de residir exclusivamente en el sentido común, viene refrendada por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) así como por el artículo 27.2 de la Constitución Española.
En esta línea, el Informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI (1996) establecía los cuatro pilares de la educación, entre los que destacan aprender ser y aprender a convivir. Aprender a ser implica desarrollar la propia autonomía moral, lo que solo será posible a partir de la formación integral de la personalidad, el desarrollo del espíritu crítico y la promoción de la inteligencia emocional. Por su parte, aprender a convivir supone necesariamente el desarrollo de la empatía, la tolerancia y la valoración de la diversidad.
Estos dos pilares deben ser obligatoriamente promocionados en el sistema educativo. Así, la educación en valores en la escuela debe anclarse necesariamente en la ética de mínimos morales o ética de justicia social -de carácter laico- que no es más que aquella que se contextualiza en el marco de los derechos humanos y de las libertades fundamentales universales. Valores mínimos imprescindibles para una convivencia pacífica por los que el estado debe velar, garantizando la formación en estos valores a través del sistema educativo. Mínimos que a su vez pueden ser complementarios a la ética de máximos o de autorrealización de cada persona que, por supuesto, puede ser laica o religiosa, pero que, en cualquier caso, no debe interferir con las libertades fundamentales de las personas y el bien común. Esta tarea es una obligación ineludible de la escuela, y por tanto del estado, que no puede seguir siendo obviada por más tiempo.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006 implantó la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en respuesta a las demandas de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Sin embargo, desde el principio, esta materia, de carácter obligatorio, sufrió el más absoluto rechazo y desprestigio por parte de sectores conservadores, que la acusaban entre otras cuestiones de adoctrinamiento de izquierdas y alentaban a las familias y centros católicos a la objeción.
Entre las principales críticas a la materia, denunciadas por sus detractores, destacaba su carácter amoral o inmoral, el no reconocimiento del papel del estado como responsable de la formación de la conciencia moral y especialmente el carácter obligatorio de la materia y su “ideología de género”. Críticas tras las que subyace la idea de que la educación en valores cívicos y en la conciencia moral es una responsabilidad exclusiva de la familia, sin importar cuáles sean esos valores, pudiendo llegar al absurdo de que dichos valores ni siquiera lo sean–con afirmaciones tan arriesgadas que posicionaban incluso el ideario de la religión católica como contrario a la igualdad de género.
Tristemente, la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013, respalda por completo este discurso conservador, eliminando la materia de Educación para la Ciudadanía, que deja de ser obligatoria, y bajo las denominaciones “Valores sociales y cívicos” (en Primaria) y “Valores éticos” (en Secundaria) se convierte en una optativa a la materia de religión, en la que además se han excluido gran parte de los contenidos relativos a los Derechos Humanos, poniendo a España a la cola de Europa en la formación democrática. Con nefastas consecuencias que niegan al alumnado la formación en valores éticos necesarios para una convivencia respetuosa y pacífica; y que, por otra parte, coloca los valores éticos como alternativos a la materia de religión. Así, parafraseando el título de este artículo, si bien la religión es necesariamente una opción, la educación cívica es ineludiblemente una obligación. Por ello, animo a los padres y madres católicos a exigir que sus hijos e hijas puedan formarse también en valores cívicos, sin llegar al sinsentido de tener que optar.
Resumen
Como educadores/as, padres y madres con proyectos de vida laicos o religiosos, es urgente tomar conciencia de que, detrás de todo este ruido de leyes que se suceden una tras otra sin solución de continuidad, está en juego algo tan importante como el bien común, que reside necesariamente en la educación de la infancia y la adolescencia. Educación que solo puede ser verdadera si se orienta por encima de todo a la humanización.
América del Sur/Argentina/03 de noviembre de 2016/ Fuente: Telesur
La activista argentina pide a la Iglesia que se responsabilice “de lo que hizo, no de lo que no pudo hacer” durante la dictadura de 1976 a 1983.
La líder social y defensora de los derechos humanos argentina, Hebe de Bonafini, instó a la Iglesia católica a hacerse cargo del “daño” que hizo durante la última dictadura en ese país, cuando “había sacerdotes que bendecían a los pilotos que tiraban a nuestros hijos vivos al río y decían que Dios los perdonaba”.
Con estas declaraciones la presidenta de la asociación de Madres de Plaza de Mayo se manifestó además confiada en la labor del papa Francisco “porque es un hombre que se ha puesto muy del lado nuestro, de los que sufrimos”.
Resaltó que el máximo líder del catolicismo haya promovido la publicación de los archivos secretos que mantenían sobre la dictadura que se extendió de 1976 a 1983 y aseguró que estos documentos pueden servir para que la institución eclesiástica asuma sus responsabilidades y “se haga cargo de lo que hizo, no de lo que no pudo hacer”.
Para Bonafini no hay dudas de que “la Iglesia participó muy directamente en la represión, no es que los militares lo hicieron solos”. Asimismo, aseguró que las madres de las víctimas de la dictadura no buscan muertos, sino responsables.
“Es un crimen demasiado grave y está latente; las madres hemos convertido el dolor en lucha”, dijo Bonafini, quien añadió que aún “queda muchísimo por hacer” para que se haga justicia.
Reconoció el esfuerzo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, expresidentes de Argentina, y otros organismos para que haya sido posible que los documentos secretos de la Iglesia católica salieran a la luz.
Sahara Occidental/03 noviembre 2016/Fuente: La Informacion
Una nueva guardería para 300 niños saharauis se ha inaugurado gracias a la cooperación andaluza en la daira de L-mesid del campamento de refugiados saharaui de Bojador. Diseñada por arquitectos saharauis formados en Argelia y coordinados por la arquitecta jerezana Charo Escobar, la guardería, de unos 200 metros cuadrados, ha sido decorada por graduadas de la Escuela Saharaui de Artes.
En un comunicado de ARTifariti se indica que el ministro de Educación de la República Saharaui, Mohamed Moulud, ha inaugurado oficialmente esta tarbia, que lleva el nombre del mártir Sid Ahmed Salem Brahim, y fue recibido por medio centenar de niños que aplaudían con cara de asombro.
El presupuesto de licitación de la guardería, 40.000 euros, ha sido aportado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) y su construcción se ha realizado en seis meses para atender las necesidades de la daira de L-mesid, en la que hay 300 niños en edad preescolar.
El proyecto realizado por Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (Aapss) finalizó el pasado septiembre y hoy se aprovecha la presencia del presidente de esta organización en los campamentos con motivo de la celebración de ARTifariti para este acto inaugural.
El ministro de Educación ha agradecido a la Junta de Andalucía y a la Aapss su colaboración para sacar adelante proyectos de educación en los campamentos de refugiados y formar a saharauis que tienen todo el futuro por delante.
Para Fernando Peraita, presidente de la asociación sevillana «es maravilloso que funcione una guardería como esta, que formará a nuevas generaciones de saharauis mejor que a las anteriores; estamos muy satisfechos de ver a unos niños felices, que van a estar cuidados y educados».
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