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México: Yucatán entregará libros sobre Derechos Humanos

México/08 junio 2016/Fuente: Unión Yucatán

Por primera vez los libros de texto gratuitos se entregarán dentro de los paquetes de Bienestar Escolar.

Un total de dos millones 872 mil 680 libros de texto gratuitos se distribuirán en escuelas de educación básica de la entidad para el ciclo escolar 2016 – 2017, informó el titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Víctor Caballero Durán.

“La educación pública en Yucatán todos los días se fortalece y hay muchas acciones que se realizan para tal fin. Una de ellas tiene que ver precisamente con la gratuidad de los libros de texto, que la federación entrega a los diferentes niveles de educación básica cada ciclo escolar”, mencionó.

El funcionario estatal destacó que por primera vez los libros de texto gratuitos se entregarán dentro de los paquetes de Bienestar Escolar, con el fin de que lleguen en tiempo y forma a los alumnos de todos los colegios.

En las instalaciones de la bodega de libros y mobiliario de la dependencia, detalló que se entregará material para Preescolar, tanto indígena como general, Primaria, Secundaria y Telesecundaria. Adicionalmente, la entidad aportará alrededor de 200 mil guías didácticas para Primaria, a fin de fortalecer las áreas de Matemáticas y Lectura.

En escuelas primarias, se dotará a los estudiantes de tercero a sexto grado con 120 mil libros sobre Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión estatal del rubro (Codhey). De igual manera, en coordinación con la Facultad de Matemáticas, se entregará material de apoyo en esta materia.

Con el objetivo que los maestros de Telesecundaria puedan llevar a cabo de manera eficiente sus tareas y ofrecer una educación de calidad, se brindarán en estos planteles libros de Biología, Física y Química.

Cabe destacar, que seis de cada 10 libros de texto gratuitos que serán distribuidos en el próximo ciclo escolar, ya se encuentran en las bodegas de la Segey, es decir, ya se han recibido más de un millón 115 mil, que representan un 61 por ciento del total.

Fuente:

http://www.unionyucatan.mx/articulo/2016/06/08/educacion/yucatan-entregara-libros-sobre-derechos-humanos

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Estados Unidos: Escuelas y política armamentista

Estados Unidos/ 08 junio 2016/Autor: Normand García/Fuente:El Sol de Yakima

Un mayor número de centros educativos están permitiendo que sus empleados enseñen armados como medida adicional de seguridad. La polémica “medida armamentista” busca ser la primera fuente de respuesta ante un ataque armado y neutralizar al agresor para salvaguardar la vida de los estudiantes, el personal académico y administrativo. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre la eficacia de esta extrema medida.

En septiembre de 2014, el Distrito Escolar de Toppenish se convirtió en el primero del Condado de Yakima en adoptar un régimen armamentista, luego de permitir a 12 de sus empleados académicos poder portar armas de fuego ocultas en sus prendas de vestir. Ahora, la cifra es 18, incluyendo al superintendente escolar John Cerna.

A fines de abril, Perry Technical Institute, un plantel de educación superior técnico, conocido popularmente como “Perry Tech”, adoptó la misma disposición. Asimismo, otros tres distritos escolares del valle están evaluando seguir el mismo camino.

El Distrito Escolar de Naches Valley, el Distrito Escolar de Granger y La Salle High School, en Union Gap, han expresado interés por estudiar los pros y contras de armar a sus educadores.

El debate sobre la política armamentista en centros de enseñanza surgió después de dos trágicos hechos que conmocionaron —y enlutaron— a todo el país.

El 14 de diciembre de 2012, Sandy Hook Elementary School, en Newtown, Connecticut, fue el epicentro de un lamentable ataque bélico que les costó la vida a 20 niños y seis adultos. El asesino, Adam Lanza, era un desequilibrado mental que terminó matándose después del atentado.

El 16 de abril de 2007, Virginia Polytechnic Institute and State University, conocido como Virginia Tech, también fue escenario de una masacre. Aquella tarde de primavera, un estudiante surcoreano, Seung-Hui Cho, asesinó a sangre fría a 32 personas para luego quitarse la vida.

Es entendible que los centros de enseñanza, observando las trágicas circunstancias que han sembrado terror y muertes en el país en los últimos años, busquen mejorar sus sistemas de seguridad. Pero ¿es correcto armar a los educadores como un esfuerzo por evitar este tipo de tragedias?.

Los simpatizantes de la medida de Toppenish argumentan que en el supuesto caso de un ataque a sus centros educativos, la respuesta de la policía podría tardar porque se encuentran ubicadas en áreas rurales, y ese tiempo perdido podría costar vidas. En ese caso, los administradores y educadores armados podrían ser la primera fuente de repeler el ataque hasta la llegada de la policía.

Los ataques en las escuelas son una preocupación nacional que debe resolverse incrementando el presupuesto en los estándares de seguridad, monitoreo y vigilancia. Algunas escuelas necesitarán contratar más guardias de seguridad armados e instalar detectores de metales en las entradas.

Los profesores, por el contrario, deben estar armados con conocimiento y listos para disparar una ráfaga de intelecto, creatividad y afecto a sus estudiantes.

Fuente noticia:

http://elsoldeyakima.com/

Fuente imagen:

http://www.impactony.com/wp-content/uploads/2013/01/gun10f.jpg

 

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Se debe proteger a la mujer que denuncia y a los niños que viven con un violento

Argentina/08 junio 2016/Autor:Silvina Heguy/ Fuente: El Clarín

Diálogos a fondo. Caroline Andrew, politóloga.

Para combatir la violencia de género se debe realizar un gran número de acciones a la vez, donde es central la educación, explica la canadiense, experta en inclusión.

La ciudad como escenario de violencia y desigualdad, pero también como uno de posible inclusión. Con propuestas para discutir esta segunda opción llegó a Buenos Aires Caroline Andrew, directora del Centro sobre Gobernanza de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa. Con años en investigaciones en cuestiones de género pone el foco en las soluciones desde las esferas gubernamentales, universitarias y de la sociedad civil desde Canadá, un país que estrena un nuevo gobierno que marca un cambio de rumbo en las políticas de género. Con un esquema novedoso y con mucho de sentido común, Andrew propone acciones específicas para transformar los centros urbanos. En camino a las Jornadas sobre Empoderamiento de la Mujer y Liderazgo – Compartiendo Agendas Canadá-Argentina en la Universidad Nacional de Rosario y la embajada de su país, aseguró a Clarín que el momento a nivel mundial representaba una instancia interesante para analizar estrategias conjuntas entre distintos sectores de la sociedad y el Estado porque “los derechos de la mujer necesitan de acciones concretas con financiamientos efectivos”.

-¿Por dónde se debería empezar para llegar a una ciudad inclusiva?

-Por varios lugares. Hay diferentes formas de entrar a estos temas y construir una agenda para que la ciudad se vuelva inclusiva: un punto central es que la sociedad civil se implique. El gobierno debe ver a la sociedad civil como un sector que puede aportar soluciones y no generar problemas. El tema es que cada sector tiene su propia agenda. Es el Estado quien coordina las agendas de todos para lograr una única.   Uno de los grandes problemas en los centros urbanos de América Latina es la violencia de género.

-Usted que ha analizado el tema, ¿cuáles cree que son las estrategias efectivas para detenerla?

-En Canadá también es un grave problema. Hubo innumerables denuncias en las universidades. Incluso es uno de los temas sobre el que habló en su presentación el nuevo primer ministro Justin Trudeau al anunciar cuáles serían las prioridades de su gobierno en tema mujer: igualdad de salario, el segundo las guarderías y no menos importante, la violencia de género. En mi país probablemente uno de los problemas más graves e invisibilizados es la violencia contra la mujer de los pueblos originarios, hay unas 2.000 desaparecidas o muertas, que no se sabe bien qué pasó. El anterior gobierno federal dijo que no iban a hacer una investigación sobre ese tema y el nuevo dijo que obviamente lo harían. Hay un cambio de 180 grados con respecto a esto y es una estrategia válida.

-Pero, ¿cuáles serían concretamente más allá de los anuncios?

-La nueva ministra de Justicia es aborigen y conoce perfectamente este tema. El problema es grave porque la policía está involucrada con su mal comportamiento. El Ministerio de la mujer va a tener más presupuesto, es un tema vital que esto suceda para tener realmente políticas públicas que puedan llevarse a cabo y que no caigan en meros anuncios. Otro cambio es que ahora el Ministerio de la mujer podrá hacer campañas por los derechos de la mujer, antes no estaba contemplada la posibilidad.

–Además del financiamiento de políticas públicas, ¿cómo se comienza a cambiar culturalmente a una sociedad que permite la violencia contra la mujer?

–Es el punto más complejo de toda esta cuestión. Se debe hacer un gran número de acciones a la vez. Sobre todo en educación y con programas para los menores víctimas de la violencia. A ellos se los debe ayudar inmediatamente. Además de trabajar en los diferentes niveles de educación. Funcionan bien las campañas publicitarias. Se debe proteger a la mujer que denuncia, a los niños que viven con un violento, implementar campañas en las escuelas y fomentar programas universitarios para investigar el tema.

-En una ciudad poco inclusiva, los inmigrantes son parte de los excluidos, ¿cómo se pueden aplicar medidas para impedir estas situaciones?

-Cuando hablamos de diversidad siempre se tiene en cuenta a las mujeres y también a los inmigrantes. Y las mujeres inmigrantes constituyen uno de los grupos más vulnerables en cualquier centro urbano. Tienen grandes dificultades, incluso cuando poseen un alto nivel de educación, porque a pesar de eso no consiguen trabajo. En Canadá se dan muchos casos de este tipo. Tampoco encuentran guarderías y escuelas para sus hijos. A partir de la crisis de refugiados este problema también se da en Europa y en los países receptores. Uno de los programas que funciona con buenos resultados es uno que se llama “Una ciudad para todas las mujeres”. Está destinado a inmigrantes que no encontraron una inserción laboral en lo que se formaron. La ciudad de Ottawa no sólo da material informativo para ellas si no que también se comprometió a ofrecerles pasantías de seis meses para que logren una experiencia de trabajo canadiense. Eso les permite entender la lógica del mercado laboral local y, al mismo tiempo, dan un paso hacia adelante, logran además ser recomendadas con una carta de referencia. Es un programa pequeño, efectivo y fácil de copiar.

Fuente:

http://www.clarin.com/opinion/proteger-denuncia-ninos-viven-violento_0_1559844391.html

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Argentina: Desde hoy, solo los sindicatos podrán convocar a una huelga

Argentina: 08 junio 2016/Autor: Mario Mendoza/Fuente: Equilibrio Informativo

Para la Asociación de Abogados Laboralistas, «este fallo de la Corte es regresivo porque ilegaliza el derecho de huelga que ejercen los trabajadores democraticamente, en asambleas, con o sin el aval de la dirección del sindicatos, muchas veces en manos de la burocracia sindical», segun el Presidnete de la AAL, Leon Pyasek.

La resolución se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de declarar una huelga únicamente a los sindicatos y no a empleados de manera individual.

Tanto la justicia de primera instancia como la Cámara del Trabajo habían dictaminado que el despido era inválido y habían condenado a la empresa a reincorporar al trabajador, a pagarle los salarios caídos desde su apartamiento y a indemnizarlo por daño moral en 10 mil pesos.

Ambas instancias habían considerado que el despido de Orellano del Correo Argentino fue «discriminatorio» y ordenaron la reincorporación de los trabajadores echados. El fallo desprotege a la gran cantidad de empleados que cumplen tareas tercerizadas, sin representación sindical o representada por sindicatos ajenos a su tarea.

«En un momento tan difícil para los trabajadores en nuestro país y el mundo, la Corte nos da el golpe de gracia y ataca gravemente el derecho a huelga«, se quejó el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli.

También indicó que con ello llegó a comprometerse la entrega de aproximadamente 6 millones de piezas postales. Entienden que las medidas de fuerza promovidas por grupos informales o no reconocidos no son legitimas.

La Corte aclaró que el paro es un medio de presión, para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral, que obstaculiza el normal desarrollo de las actividades de producción de bienes o de prestación de servicios. Aunque volvió a lamentar que «deja desprotegidos a los trabajadores que por ejemplo pueden ser abandonados por un sindicato».

«El tribunal asimiló el concepto gremio de la Constitución Nacional al de sindicato, que parten de situaciones y construcciones históricas diferentes».

– Nada en la sentencia de la corte impide a un grupo de trabajadores formar un nuevo gremio y ahí sí convocar a huelga.

«Qué hubiera sido del 17 de octubre (fecha en que los trabajadores se movilizaron para defender al entonces coronel Juan Perón), porque la CGT había convocado a un paro para el 18, pero la gente hizo el paro igual, se movilizó y sabemos lo que pasó», recordó el titular de la CTA. Los trabajadores sabían que la demora ponía en riesgo su vida. En la línea argumental de los supremos, el Convenio respalda el criterio esbozado por la Corte en la causa.

Fuente:

http://equilibrioinformativo.com/2016/06/desde-hoy-solo-los-sindicatos-podr-n-convocar-a-una-huelga/

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Amnistía Internacional exige detener matanza de albinos en África

África/08 junio 2016/ Fuente: Crónica Viva

En un amplio informe, Amnistía Internacional denunció la crueldad contra los albinos, especialmente niños,  en Malawi y en otras zonas de África Central, y demandó al gobierno tomar medidas urgentes para evitar que continúen los crímenes en esa región.

En el documento se menciona que desde noviembre del 2014, en Malawi se ha visto un fenómeno en crecimiento: los ataques contra las personas con albinismo y que en ese lapso  se contaron 69 casos de asesinatos, secuestros y hasta profanación de tumbas.

En los delitos participan tanto particulares como bandas criminales  que, pese al salvajismo con que actúan y las numerosas denuncias,   el drama no se detiene.

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Precisa que  las personas con albinismo son “perseguidas por gente que quiere conseguir algunas partes de su cuerpo porque cree que tienen propiedades mágicas y atraen la buena suerte”.

El informe de la institución defensora de los derechos humanos indica que en Malawi hay entre 7 mil y 10 mil albinos, que viven bajo el tormento de saber que podrían ser víctimas de un crimen en cualquier momento.

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Dentro de este grupo, además, las mujeres y los niños albinos son los más vulnerables, sin que el gobierno central haga nada para prevenir estos asesinatos o secuestros. La falta de educación e información es clave para su protección.

“Los ataques, en algunos casos, incluyen a familiares cercanos”, ciegos por la superstición que rodea a este núcleo humano.

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Incluso, las mujeres con albinismo corren un riesgo más común y frecuente: las violaciones. Está extendido el mito de que mantener relaciones sexuales con una de ellas podría curar el HIV/sida.

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El tráfico de huesos es también una herramienta que permite a los saqueadores de tumbas hacerse con dinero extra. Creen que las diferentes extremidades podrían alejar la mala suerte de algunos hogares “malditos”. Éste es el delito más castigado por las autoridades de Malawi.

En abril se registraron cuatro asesinatos de albinos en Malawi. (ECHA – Agencias)

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Fuente:

http://www.cronicaviva.com.pe/amnistia-internacional

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Cash Transfer Programs Succeed for Zambia’s Poor, Offer Lessons for Battling African Poverty, AIR Finds

Fuente AIR / 8 de junio de 2016

Programs designed to alleviate hunger and increase food supply through cash transfers to some of Zambia’s poorest families achieved those goals and more, final evaluations conducted by the American Institutes for Research (AIR) revealed.

Overall, researchers found that a cash-transfer program geared toward families with at least one young child had effects that amounted to a net benefit of 1.5 kwacha—Zambia’s currency—for each kwacha transferred. A second program for households with fewer able-bodied people to farm had effects that amounted to a net benefit of 1.68 kwacha for each kwacha transferred.

Besides eating more meals and building more reliable food reserves, families used the money to improve their housing, buy additional necessities for their children, acquire more livestock and reduce debt.

The studies, commissioned by UNICEF, are likely to be closely watched as African nations increasingly embrace cash transfers to combat the continent’s cycle of poverty. South Africa’s program is the largest, with roughly 16.1 million people—about a third of its population—receiving some kind of social grant.

Notably, the two Zambian programs were unconditional—providing small, consistent sums of money with no strings attached on how they were spent. The programs bucked general criticisms that cash transfers spark dependency. Rather, the discretionary approach empowered families, who used the grants to improve their living standards in ways that made sense given their individual circumstances. At no point during the multiyear grants did alcohol consumption increase. Nor was there any impact on fertility, according to the evaluations.

“The unconditional approach worked,” said Stanfield Michelo, director of social welfare at Zambia’s Ministry of Community Development and Social Welfare. “And because it did, the region is making positive strides. Without a doubt, the changes would not have been possible without AIR’s rigorous evaluations.”

Animated infographic: Zambia cash transfer results

The evaluation of the Child Grant cash-transfer program (CGP) lasted four years, and the evaluation of the Multiple Category Targeting Grant (MCTG) lasted three years. Begun in 2010 in three of Zambia’s poorest districts, the CGP was open to all households with at least one child under age 4. Half were randomly assigned to receive cash transfers of 60 kwacha ($12) a month, and half to a control group that did not receive funds. The MCTG was aimed at poor households with fewer able-bodied people to farm, due largely to a “missing generation” of parents in their 30s and 40s and disproportionally high numbers of adolescents and orphans cared for by widows and grandparents. As with the CGP, half the MCTG participants received the equivalent of $12 a month and half were in a control group that didn’t.

The studies were notable not only for their duration, but also for their use of randomization and control groups to tease out the program’s true effects.

“Few evaluations of cash transfer programs can make such strong causal claims with as much certainty as these two evaluations,” said David Seidenfeld, AIR’s senior director of international research and evaluation and lead study author. “The design of the study, which extended over several years, allowed us to see that the beneficiaries do not grow complacent over time, but instead find ways to grow the value of the transfer beyond benefits related to food security and consumption.”

Although the studies revealed persistent successes, they also offered future researchers and policymakers an idea of cash transfers’ limitations. The studies did not show consistent successes in education or child nutrition, possibly due to large-scale infrastructure issues—namely, the supply of social services, access to clean water, and a lack of health care and education facilities.

Among the studies’ principal lessons, researchers found that the degree of positive impact depended largely on the participants’ characteristics. For example, the multiple-category grants had large impacts on schooling because participating households had more school-age children. Overall, school enrollment jumps of 8 percent for children ages 11–14 and 11 percent for children 15–17 were attributed to the program, and these age groups are at the greatest risk of dropping out in Zambia, according to the report. By contrast, four years into the program, the child grants had no enrollment or attendance impacts for children in three groups: ages 4–7, 8–10 and 15–17.

“Another lesson is that the unconditional nature of the grants gave participants the flexibility to use the money to combat principal life challenges,” said UNICEF Zambia Representative Hamid El-Bashir Ibrahim. “For example, the CGP significantly affected many indicators commonly associated with resiliency—the ability to manage and withstand shocks. Households with transfers significantly improved housing quality and tools, livestock procurement, and opportunities to diversify income-generating activities so they could better withstand emergencies.”

“The overall results demonstrate unequivocally that common perceptions about cash transfers—that they are handouts and cause dependency, or lead to alcohol and tobacco consumption, or increases in pregnancy—are not true in Zambia,” Seidenfeld said. “Quite the contrary. Due to the unconditional nature of the grants, households had the flexibility needed to meet their most pressing challenges head on.”

The final reports on the Child Grant cash transfer program and the Multiple Category Transfer Grant program can be found on AIR’s website. The site also features a video of David Seidenfeld discussing lessons learned from the multiyear studies.

About AIR
Established in 1946, with headquarters in Washington, D.C., the American Institutes for Research (AIR) is a nonpartisan, not-for-profit organization that conducts behavioral and social science research and delivers technical assistance both domestically and internationally in the areas of health, education and workforce productivity. For more information, visit www.air.org.

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La privatización de la educación es objeto de un examen detallado en la Conferencia de la OIT

Fuente: Internacional de la educación / 8 de Junio de 2016

La amenaza que representa la falta de inversión pública en educación, la tendencia a la privatización y la erosión de los derechos fundamentales del trabajo en el caso de los profesionales de la educación son elementos que se pusieron encima de la mesa en la Conferencia anual de la OIT celebrada en Ginebra.

En su discurso ante el Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal Docente (CEART) de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT, Wilson Sossion, Secretario General del sindicato de docentes Kenyan National Union of Teachers (KNUT) y Presidente del Comité Regional para África de la Internacional de la Educación (IE), expresó: “Nos encontramos ante un ataque estratégico contra la educación, puesto que la incursión de las empresas en el ámbito educativo y la externalización de la responsabilidad del Estado a empresas privadas constituyen una amenaza para la equidad, la inclusión, el desarrollo y la paz”. Sossion habló en su calidad de portavoz de los trabajadores en el debate sobre el informe del CEART. Tras un fuerte aplauso por parte del grupo de los trabajadores, ofreció un contundente relato de las principales amenazas a las que se enfrenta actualmente la educación.

El debate fue inaugurado por Akira Isawa, Director Adjunto del Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT, quien recordó que 2016 había marcado el 50º aniversario de la adopción de la Recomendación relativa a la situación del personal docente, 1966, que sigue siendo la única normativa profesional para la profesión docente a nivel mundial. Señaló que la Recomendación de 1966 y su Recomendación homóloga de 1997 para el sector de la enseñanza superior siguen siendo válidas a día de hoy, y recordó que ambas pueden utilizarse para promover la educación de calidad para todos.

En su declaración ante el Comité, Sossion observó que ni los Gobiernos, ni los sindicatos, ni los empleadores están familiarizados con las dos Recomendaciones y que sería muy útil que la OIT llevara a cabo programas de divulgación y sensibilización sobre el contenido de las mismas. Describió la campaña de la IE para conseguir un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente en materia de acceso a la educación, y dio cuenta de diversas tendencias peligrosas para el sector, entre ellas la falta de financiación adecuada, el uso de contratos precarios, la creciente desprofesionalización y el uso cada vez mayor de sistemas de control y rendimiento. 

Dijo que en más de 30 países se está contratando personal docente no cualificado y que los docentes de muchos países del mundo ven denegado su derecho fundamental a la libertad sindical y la negociación colectiva. Pidió que la OIT considerara adoptar un nuevo Convenio vinculante basado en estas dos Recomendaciones.

Otras de las intervenciones por parte del grupo de los trabajadores fueron las de José Antonio Zepeda (CGTEN-ANDEN, Nicaragua), Amanda Brown, (NUT, Reino Unido), Mikyung Ryu (KCTU, Corea), Lalia Djaddour (SNAPAP, Argelia) y Marcelo Di Stefano (CONTUA). Las intervenciones se centraron en las repercusiones negativas de la privatización y las violaciones de la libertad de asociación y de expresión. 

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