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Guatemala: La invisibilidad de los pueblos

La invisibilidad de los pueblos

Los abusos constantes de los grandes poderes corporativos, con la abierta complicidad de un sistema neoliberal disfrazado de desarrollo, han transformado a la política internacional en un siniestro juego de poder en donde la vida humana ha dejado de existir como un factor en la toma de decisiones. Este marco, cuyos límites se reducen a la búsqueda incesante de concentración de la riqueza, ha convertido al planeta en un campo de batalla en el cual se impone una estrategia de exterminio. El fenómeno de las migraciones, en este contexto, no se reduce a huir de la violencia o a la búsqueda de mejores oportunidades -como algunos pretenden creer- sino a la urgente necesidad de conservar la vida.
Los Gobiernos, especialmente de los países más desarrollados, pretenden criminalizar a las enormes caravanas de seres humanos desplazados de sus territorios. Los culpan por escapar de guerras que esos mismos países han provocado, sin otra excusa que el saqueo de sus riquezas. Los satanizan por tener la audacia de proteger a sus familias contra la perversa invasión de sus territorios y la destrucción de su hábitat. Esos países desarrollados que acumulan privilegios con la mano derecha mientras devastan continentes enteros con la izquierda, han invisibilizado a los pueblos y les han quitado su dignidad.

Los derechos humanos, a pesar de todas las convenciones, tratados y discursos mediante los cuales se pretende proteger una idea abstracta y caduca como el de su respeto irrestricto, se violan a destajo bajo un sistema aparentemente legal cuyo objetivo es convertir al mundo en un territorio abierto al saqueo y a la exclusión de las grandes mayorías. En este planeta, la vida y la supervivencia cuelgan de un hilo fino; la codicia imparable de grupos de poder -tales como la industria farmacéutica, las industrias minera y petrolera, las compañías que se han apoderado del agua y de los océanos- han transformado a la Humanidad en un recurso o en un obstáculo, dependiendo de sus mezquinos intereses, escatimándole el protagonismo que le otorga su naturaleza.

Con el mayor de los cinismos, pretenden hacernos creer en la legitimidad de sus supuestos derechos y que los nuestros -como pueblo que somos- no existen más. Nos inoculan virus para desarrollar vacunas que engrosarán sus ya abultadas arcas, nos convencen de que migrar es ilegal, nos quieren sometidos y callados a fuerza de represión y, gracias a todo eso, van definiendo un mundo a su conveniencia. Los países más desarrollados gracias a nuestro patrimonio -África y América- desprecian nuestra cultura, nuestro color y nuestro derecho a vivir libres de sus invasiones y lejos de su industria bélica.

Nos condenan por constituir un estorbo para sus planes de explotación y plantan en nuestros Gobiernos a seres corruptos y criminales, individuos dóciles capaces de entregar a sus naciones a cambio de sobornos. Para ello, asesinan a líderes cuya conciencia se oponga a sus intenciones. De ese modo, hemos transitado por una historia cargada de pérdidas; una línea de tiempo que nos ha dejado cicatrices profundas y miedos tan acendrados que paralizan el espíritu y lo condicionan. Estos pueblos, invisibles para los grandes poderes económicos y políticos, son la fuerza viva indispensable para enderezar el rumbo.

Fuente de la información: https://www.telesurtv.net/bloggers/La-invisibilidad-de-los-pueblos-20230730-0001.html

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OIM: 2.000 migrantes han muerto cruzando el mar Mediterráneo

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) puntualizó que unas 186.000 personas han arribado en lo que va de año por vía marítima a Italia, Grecia, España, Chipre y Malta.

Entre tanto desde Libia el número de personas intentando hacer la misma ruta asciende a 45.000, mientras que el organismo señala que solo 10.600 han sido rescatadas.

Aproximadamente unos 2.000 migrantes han muerto entre enero y septiembre de 2023 cruzando el Mar Mediterráneo, de acuerdo a los datos ofrecidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En este sentido, el director de la Oficina de la OIM, Pär Liljert “insta a identificar activamente soluciones y vías para la migración regular y se comparte el asombroso número de muertes de migrantes y migrantes desaparecidos”.

“Aunque se dedica una atención significativa a las muertes en el mar, las historias compartidas por los migrantes sugieren que varias tragedias pueden estar pasando desapercibidas, especialmente durante el cruce del desierto del Sahara”, recalcó Liljert.

 

 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) puntualizó que unas 186.000 personas han arribado en lo que va de año por vía marítima a Italia, Grecia, España, Chipre y Malta.

Entre tanto, el organismo identificó que más de 130.000 llegaron a Italia, mientras que en Grecia ha registrado un aumento del 300 por ciento en las llegadas de migrantes en lo que va de año.

Entre tanto desde Libia el número de personas intentando hacer la misma ruta asciende a 45.000, mientras que el organismo señala que solo 10.600 han sido rescatadas.

Otro de los datos más actuales reflejan que hay una cifra récord de personas migrantes que están cruzando la peligrosa selva del Darién desde Colombia este año, de acuerdo al Servicio Nacional de Migración de Panamá.

“Al 23 de septiembre, más de 390.000 personas habían desafiado esta temible ruta; 82.000 personas migrantes lo cruzaron tan sólo en agosto, siendo esa la mayor cifra mensual registrada hasta el momento”, manifestó la OIM.

Fuente: https://www-telesurtv-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.telesurtv.net/amp/news/oim-migrantes-han-fallecido-cruzando-mar-mediterraneo-20230929-0026.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16961043002624&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Foim-migrantes-han-fallecido-cruzando-mar-mediterraneo-20230929-0026.html

 

 

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Colombia, Brasil y México, los tres países en donde asesinaron a más defensores ambientales y de territorio durante 2022 | INFORME

Al menos 177 personas defensoras ambientales y de territorio fueron asesinadas en 2022, de acuerdo con los datos del más reciente informe publicado por la organización internacional Global Witness. América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que nueve de cada 10 asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia registró 60 casos, casi el doble de los 33 que se documentaron en 2021. La mayoría de los homicidios (64) fueron en contra de personas que pertenecen a comunidades indígenas. En la región de la Amazonía ocurrieron 39 ataques letales; la cifra muestra que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de tierra y ambiente.

América Latina no consigue garantizar la seguridad para quienes defienden ríos, lagos, bosques y todo lo que da vida a un territorio. En 2022, la región volvió a colocarse como la más peligrosa para ellos. Ese año, 177 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en el mundo, 125 de esos homicidios ocurrieron en países latinoamericanos, en especial en Colombia, Brasil y México.

Esos datos forman parte del más reciente informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio.

Si bien los 177 asesinatos ocurridos en el año 2022 representan un número menor a los 200 que se registraron en 2021, la disminución no significa que vaya a la baja la violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio, enfatiza Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.

Y hay un dato que refleja cómo la violencia en contra de los defensores ambientales no da tregua: durante 2022, en promedio, cada dos días el mundo perdió a una persona que dedicó parte de su vida a defender los territorios en donde la vida es amenazada.

Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

El más reciente informe de Global Witness vuelve a registrar una tendencia presente en otros años: las comunidades indígenas están sufriendo una violencia permanente. En el 2022, fueron 64 las personas defensoras indígenas que fueron asesinadas, esa cifra representa más de un tercio (36 %) del total de casos.

“Si bien cada vez se reconoce más el papel que (los pueblos indígenas) desempeñan en la protección de los bosques del mundo, siguen sin que se les brinde la protección adecuada y sin que se les incluya en la toma de decisiones”, se resalta en el informe.

Las mujeres sufrieron el 11 % del total de los ataques mortales. Además, el 22 % de todas las personas defensoras asesinadas se dedicaban a la agricultura en pequeña escala.

Entre los nombres de las personas defensoras de ambiente y territorio que están presentes en el informe de Global Witness se encuentra el de Jonatas Oliveira, hijo de un líder de Brasil. Tenía nueve años cuando lo mataron. En 2022, al menos, cinco menores de edad fueron asesinados: tres en Brasil, uno de Colombia y otro de México.

Laura Furones reconoce que es difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos. Aun así, a partir de la documentación realizada con fuentes abiertas y con organizaciones no gubernamentales en cada uno de los país, el informe de Global Witness señala que la agroindustria, la minería y la explotación forestal aparecen como los principales sectores económicos que tienen alguna conexión con los homicidios de personas defensoras de ambiente y territorio.

Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

América Latina: la región más violenta para los defensores

Los asesinatos de defensores ambientales y de territorio que documentó Global Witness en 2022 ocurrieron en 18 países, 11 de ellos están en América Latina. Colombia fue el país que registró el mayor número de homicidios: los 60 documentados representan casi el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021.

Entre las tres naciones en donde más asesinaron a defensores ambientales también se encuentran Brasil, con 34 casos, y México, en donde se registraron 31 homicidios.

Al igual que Colombia, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 la cifra aumentó a 34.

El 2022 representó el último año de gobierno de Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por abrir aún más las puertas de la Amazonía a la agroindustria y a la minería. Además, en el informe de Global Witness se apunta que durante su administración se debilitó a las instituciones ambientales. En Brasil, señala Furones, se ha dado “una carrera por la invasión de las tierras indígenas, por parte de intereses mineros y la agroindustria”.

México logró disminuir el número de asesinatos contra defensores ambientales y de territorio. Si en 2021 se registraron 54 homicidios, para el 2022 solo se documentaron 31. Furones advierte que disminuyeron los asesinatos, pero en el país como en otras naciones de la región han aumentado otras violencias, entre ellas la criminalización.

El informe resalta que Colombia, Brasil y México tienen algo en común: “Sus gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico”.

Otro de los países latinoamericanos que registran una alta violencia en contra de defensores ambientales es Honduras, en donde 14 personas defensoras fueron asesinadas en 2022. El informe de Global Witness resalta que el país centroamericano tiene el número de asesinatos más alto a nivel per cápita.

De acuerdo con la documentación realizada por Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas; el 70 % de esos homicidios (1335) ocurrieron en países latinoamericanos.

En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.
En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.

La urgencia de sumarse al Acuerdo de Escazú

Cinco de los países latinoamericanos que aparecen en el informe de Global Witness no son parte aún del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.

Brasil solo ha firmado el acuerdo, pero no lo ha ratificado. Y en octubre de 2022, Colombia ratificó el acuerdo, pero desde entonces, el tratado se encuentra en un proceso de revisión en la Corte Constitucional, instancia que determinará si el contenido de Escazú es acorde con la Constitución.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización no gubernamental, explica que en el país “hay mucha presión para tratar de limitar la implementación del Acuerdo de Escazú”. Esa presión, asegura, proviene sobre todo del sector empresarial.

Los más recientes datos del informe de Global Witness, señala Torres, deberían ser un motivo lo suficientemente fuerte para que “la Corte Constitucional pueda ratificar ya el acuerdo y comenzar a implementarlo lo más pronto posible”.

Honduras, Perú y Venezuela tampoco han ratificado el Acuerdo de Escazú.

En su informe Global Witness llama a que todos los países que forman parte de la región amazónica firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. “Utilizar su marco como hoja de ruta para la transparencia, el acceso a la información y la justicia medioambiental”.

Amazonía: una región bajo acoso

El informe de Global Witness dedica un apartado especial para la Amazonía, región en donde fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 eran originarias de comunidades indígenas. Esta cantidad representa más de la quinta parte de todos los homicidios cometidos contra defensores ambientales y de territorio en todo el mundo.

En junio de 2022, el brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y el periodista británico Dom Phillips, fueron asesinados en la Amazonía. El informe de Global Witness recuerda que, a 1000 kilómetros de donde los mataron, “las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami”.

Otras comunidades indígenas que habitan en la Amazonía también han vivido la invasión de sus territorios. Maria Leusa Munduruku, defensora ambiental brasileña que pertenece al pueblo Munduruku, recuerda que los invasores quemaron sus aldea y ella ha recibido amenazas de muerte: “Cuando alguien se pone de pie en contra de eso, termina amenazado”.

Durante los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro, las comunidades indígenas vivieron algo “muy terrible”, remarca María Leusa Munduruku. Ahora, con el gobierno de Lula de Silva, “estamos exigiendo al Estado que cumpla con la seguridad para los defensores del territorio. Para nosotros todavía no hay seguridad”.

Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.
Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.

En la región amazónica, la violencia también está afectando a las comunidades indígenas kayapós, de Brasil; uwottüja, de Venezuela y kakataibo, de Perú. El informe de Global Witness apunta que padecen la invasión de sus tierras, la contaminación de sus ríos y amenazas ocasionadas, en especial, por la expansión de la minería ilegal.

El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo Arana fue asesinado. Era líder de la comunidad uwottüja y miembro de la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Él denunció la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

En Perú, los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana, también llevan años denunciando las invasiones de sus tierras y la explotación ilegal de la madera de sus bosques. En su territorio, “los cultivos de coca están reemplazando al bosque”, se lee en el informe de Global Witness.

Tan solo en la región de Ucayali han sido asesinadas, al menos, tres personas defensoras de tierra y medio ambiente, de acuerdo con los datos de la organización internacional.

“Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediado precisamente por llevar a cabo esa labor”, señala Laura Furones, de Global Witness.

La responsabilidad de las empresas y de otros países

Los asesinatos ocurridos en la Amazonía y los daños ambientales provocados por las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, muestran la alta presión que hay sobre este territorio y quienes lo habitan. Ante este panorama, el informe de Global Witness hace un llamado: “Proteger la Amazonía es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta”.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones para detener la violencia y los asesinatos de las personas defensoras en la Amazonía, entre ellas que los gobiernos locales mejoren el monitoreo de las zonas de minería ilegal y hacer que se cumpla la ley. Además, que los gobiernos sancionen a las empresas que contribuyan a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Y, en especial, exigirles que cumplan con  requisitos de transparencia más estrictos, que permitan rastrear sus cadenas de suministro los minerales extraídos ilegalmente.

El informe de Global Witness recuerda que ya hay investigaciones en donde se han demostrado que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido “extrajeron o adquirieron oro… o vendieron maquinaria para la explotación minera” de las zonas en donde se encuentran los territorio indígenas de Brasil.

Es por ello que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señala que además de los países en donde están asesinando a los defensores, hay otros Estados que comparten la responsabilidad de garantizar su seguridad: “La Unión Europea puede cambiar la situación si en las disposiciones sobre debida diligencia obliga a las empresas a evaluar los riesgos para las personas defensoras”.

Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.
Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

Criminalización, violencia que va al alza

El informe de Global Witness alerta que sus datos solo muestran la violencia letal que sufren los defensores, sin embargo se ha observado que cada vez es más frecuente el uso de estrategias violentas como la criminalización, el acoso y los ataques digitales. “Hay otras formas de silenciamiento que no son letales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas y que son utilizadas para acallarlas. La criminalización es una implacable estrategia de silenciamiento; confronta a los defensores con el mismo sistema legal que los debería estar defendiendo”, resalta Laura Furones.

La organización Front Line Defenders, por ejemplo, documentó que la criminalización representó la agresión más habitual en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el año 2022, ya que representó el 34 % de todos los casos que se registraron.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), comenta que “la criminalización se está convirtiendo en la columna vertebral (de las agresiones). La criminalización está produciendo muerte civil en las personas, ya que tienen que abandonar sus territorios o no pueden acceder a empleo”.

En Guatemala y en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de acuerdo con la documentación realizada por UDEFEGUA, hay comunidades en donde el 60 % de sus hogares tiene a un miembro con una orden de captura.

* Imagen principal: Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía son objeto de múltiples amenazas, entre ellas la invasión de su territorio y los asesinatos: Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Guillermo Domínguez: La educación es un instrumento para la prevención, lucha y defensa de los derechos humanos. España

Guillermo Domínguez, director ejecutivo de la Cátedra Iberoamericana de Educación en Derechos humanos, Democracia Inclusiva y Sostenibilidad Social y premio Catalejo otorgado por el Observatorio de los Derechos Humanos de España, asegura que la educación es un instrumento para la prevención, lucha y defensa de derechos humanos.

Domínguez es presidente del Comité Organizador del Congreso de Educación y Derechos Humanos para la Paz Social que se va a celebrar en Bogotá entre el 11 y el 15 de septiembre.

¿Cuál es el principal objetivo de este Congreso?

Nosotros como Cátedra de Educación en Derechos Humanos, tenemos como objetivo prioritario, desde las 50 Universidades Iberoamericanos, con más de 3 millones de alumnado que somos, y su implantación en 17 países de Latinoamérica, la educación como un instrumento para la prevención, lucha y defensa de derechos humanos y, sobre todo, para los grupos en condiciones más vulnerables.

¿Cómo va a desarrollarse?

En este marco la Cátedra se plantea para este IIº Congres Iberoamericano, que se va a celebrar en Bogotá, del 11 al 14 de septiembre (en la doble modalidad de presencial y on line), dos coordenadas: por un lado, el rol de la educación en el campo de los derechos humanos, y, por otro lado, en estos momentos, cuál es la situación de los derechos humanos.

Así está organizado el programa

Si veis el programa que se adjunta el primer día es para educación y derechos humanos y el segundo día es para reflexionar sobre los derechos humanos en Latinoamérica y las universidades como organizaciones en defensa de estos. O sea, se ha diversificado perfectamente.

¿Prevalece la perspectiva académica?

Un día se analiza desde la perspectiva académica de la universidad y el otro es más desde la perspectiva académica de los defensores del pueblo de toda Latinoamérica, que son la trinchera de día a día, puesto que vamos a tener prácticamente la representación de un 60 o un 70 por ciento de la FIO y de AGOL, las dos grandes organizaciones de defensores del pueblo los nacionales y la local.

La situación en Colombia tiene especial atención…

En función de este planteamiento, nosotros hemos cedido una tercera parte del Congreso, porque nos parecía importante por el contexto, para que los colombianos, con nosotros allí, pero ellos, debatieran entre ellos sobre el concepto de la paz. En estos momentos, el Congreso se iba a contemplar el concepto de Paz Total con el fin de adaptarnos a la situación de Colombia.

¿Hay consenso para ello?

Hemos visto que eso generaba discrepancias entre la propia gente de Colombia, y, al final, el Congreso se va a llamar Educación y Derechos Humanos para la Paz Social, que nos parece que es la clave, es decir, mientras no haya igualdad, derechos humanos mínimos y equidad social no habrá el sustrato para la paz y de ahí el concepto de paz social como eje del congreso y que aportaciones puede ofrecer la educación y la educación universitaria.

¿Qué papel están jugando las universidades de la red en la educación, en cuanto a lo que derechos humanos en Iberoamérica se refiere?

A ver, las universidades de la red, en estos momentos, que realmente somos 28, pero con las alianzas que hemos hecho de universidades indígenas, afro y demás, en estos momentos estamos alrededor de las 50 universidades estamos definiendo nuestra identidad y marcando los objetivos. El Congreso va a ser nuestra puesta de largo con proyectos en acción en estos momentos y resultados.

Desde el año pasado tuvimos el primer Congreso (empezamos nuestra andadura en junio del 2021, nuestro objetivo fue darnos a conocer quiénes éramos y qué pensábamos (www.ciedh.org). Y en estos momentos, lo que vamos a dar a conocer es qué estamos haciendo (proyectos y resultados).

¿Qué podemos destacar?

Fundamentalmente lo que estamos realizando es el levantamiento de un todo un diagnóstico de cuáles son los grupos más desfavorecidos, que no tienen acceso a la educación, en este caso universitaria y a sus derechos básicos. La educación es para nosotros después de las necesidades básicas, es el derecho humano más importante para nosotros y nuestra clave para la intervención de esta Catedra que alberga varias redes de universidades.

¿Y qué otros aspectos son clave?

Bueno, está la vida, el bienestar mínimo, la libertad de expresión y pensamiento, pero después está la educación, porque sin educación no hay equidad no hay futuro para las clases más desfavorecidas, no hay promoción, no hay futuro para ellos y no es posible ningún proceso de paz.

¿Qué objetivo tiene la Cátedra?

Entonces, esta es la investigación central de la cátedra en los próximos tres años, la lucha por los derechos de los grupos en condiciones más vulnerables (socialmente, étnicamente, inmigrantes o personas en movimiento, con discapacidades, etc., que además se ha pedido a Europa para su financiación, a los proyectos Erasmus+ de Europa.

¿Qué otros aspectos podemos destacar?

Colateralmente, se están trabajando varias parcelas: Las universidades sostenibles socialmente en el marco de los derechos humanos como universidades interculturales, para la igualdad de género y la generación de los lideres sociales (universitarios) para cooperación internacional en el campo de los Derechos Humanos.

¿Hay colaboración con las empresas?

Se está trabajando un intento de potenciar en las empresas un modelo y premio del respecto a los derechos humanos. Incluso vamos a posibilitar la aparición de un premio de derechos humanos a las empresas que quieran participar, porque además incluso tenemos un problema en estos momentos, que es que hay algunas empresas que ni te contestan. Es como diciendo, aquí ni metemos la pata porque puede ser peor.

¿Mantienen relación con los defensores del pueblo?

Todo esto está enclavado en un convenio macro que hemos hecho con los defensores del pueblo, de tal forma que ellos van a ser un poco nuestros ojos y nuestras manos en las trincheras, y nosotros vamos a ser la persona, los académicos, que ayuden a esas personas a reflexionar, a dar soluciones e incluso a participar. Yo, por ejemplo, estoy participando en un proyecto de investigación macro de todo el defensor del pueblo colombiano. Es decir, que estamos en esa línea.

¿Hay algún otro reto al cual se vaya a enfrentar la red de universidades?

Esta es una Catedra, en estos momentos de red de redes. Empezó hace dos años siendo una red, en estos momentos son cuatro redes, la de la Universidades comprometidas, la auspiciada por la AUIP, la alianza con la de defensores que hemos pactado con ellos, la de las universidades indígenas, universidades afro y otra serie de redes de universidades que no entraron en su momento y que están en una red de universidades colaboradoras.

¿Qué pretenden con esta red de redes?

En esta línea de que somos una red de redes, para la cátedra, en estos momentos, el reto más importante es que nos queremos diferenciar y caracterizar por ser una red de redes de universidades que se dediquen a luchar por los derechos de los grupos en condiciones más vulnerables empezando por el derecho a la educación en todos sus niveles y especialmente en el nivel universitario una de las  claves de la clasificación social y de la desigualdad y la discriminación de los derechos humanos, con educación hay posibilidad de saber los derechos y luchar por ellos.

¿Tienen nombre y apellidos?

No queremos quedarnos en florituras. En estos momentos, mujeres, niños/as, razas, etnia, discapacitados/as, trabajadores/as menos cualificados, es decir, grupos que en estos momentos están sufriendo menoscabo a sus derechos humanos. Y ese va a ser nuestro lema en los próximos años. Si además nos dan el proyecto europeo, pues los grupos en condiciones más desfavorables y los derechos humanos, el derecho a la educación universitaria, van a ser nuestro centro de atención en los tres próximos años y la base de nuestra proyección futura.

Si alguien quiere saber algo más: www.ciedh.org

Y para participar en el congreso los días 13 y 14 de septiembre, al no ser de la red: https://www.ciedh.org/congreso-iberoamericano-de-educacion-en-derechos-humanos/

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Argentina: En septiembre se realizará el 6° Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur

Congreso Internacional de Educación

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, llevará adelante este año el 6° Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur 2023. El mismo se llevará a cabo los días 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Río Grande en instalaciones del Gimnasio del Colegio Don Bosco.

El Congreso dará inicio el día viernes 22 de septiembre a las 11 horas con el Panel de Apertura denominado “40 años de democracia. Miradas diversas para fortalecer lo común” con la presencia de los panelistas Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales UBA e investigador principal del CONICET; Marcela Isaias, periodista especializada en temas de educación, actualmente trabaja en la cooperativa de prensa La Masa (El Eslabón y Redacción Rosario); Sandra Hoyos, integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón, licenciada en Política Social y Mariana Chaves, doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología.

Por la tarde se trabajará en las ponencias presentadas con la participación de los comentaristas Celeste Adamoli, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación, Magister en Ciencias Sociales con orientación en Educación en FLACSO Argentina; Susana Reyes, docente y directora del Isauro Arancibia y educadora popular; Silvana Nicolini, docente de arte, inspectora de Educación Artística PBA; Analia Kalinec, licenciada y profesora en Psicología (UBA), integrante y miembro cofundadora del Colectivo Historias Desobedientes; Ana Nanfara, profesora de Literatura y directora de colegio secundario en Coquimbito, Maipú, en la provincia de Mendoza y Adrián Monteleone, profesor en geografía, licenciado en enseñanza de las Ciencias Sociales y especialista en Educación Ambiental.

Luego se proyectará el film «Abandono de cargo», contando con la participación de su director Alejandro Vagnenkos y una de sus protagonistas, Silvana Nicolini.

La segunda jornada del día sábado 23 de septiembre dará inicio a las 10 horas con el Panel de estudiantes del nivel superior de las instituciones IPES «Paulo Freire» y «Florentino Ameghino», UNTDF IEC, ISES e ISPRG, el cual estará coordinado por la Lic. Alejandra Benvenuto, directora Nacional de Investigación y Desarrollo Profesional Docente y la Lic. Violeta Rosemberg, asesora de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación.

Para culminar el Congreso se desarrollará la Conferencia de Cierre a las 11:30 horas a cargo de Alvaro García Linera, profesor y vicepresidente mandato cumplido (2006 – 2019) de Bolivia.

Desde la cartera educativa se invita a toda la comunidad educativa a participar. Para ello deben hacerlo mediante inscripción previa, a través del link  https://inscripcion.congreso.tierradelfuego.edu.ar/

Fuente: https://19640noticias.com/contenido/54724/en-septiembre-se-realizara-el-6-congreso-internacional-de-educacion-e-inclusion-

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Se registraron 411 protestas en Venezuela durante el mes de julio

Por Rafael A.

Del total registrado por el OVCS, en  al menos 50 protestas los jubilados y pensionados exigieron “pensiones dignas”.

n julio fueron documentadas al menos 411 protestas donde la principal exigencia de los trabajadores fue el derecho a un “salario digno” para satisfacer sus necesidades básicas, reseñó el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado el 23 de agosto de 2023.

El ente indicó que las protestas laborales representaron 68 % del total durante ese mes, lo que se traduce en 279 manifestaciones y un promedio de 14 protestas diarias.

El Observatorio indicó que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en al menos 132 protestas. Lo que es igual al 32 % de la cifra total registrada en este período.

Destacan las denuncias por violaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los casos donde se realizó la detención y criminalización de trabajadores, sindicalistas y líderes.

Por su parte, los jubilados, pensionados y adultos mayores participaron en al menos 50 protestas. Su principal exigencia son “pensiones dignas” para garantizar su seguridad social y satisfacer sus necesidades básicas.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Durante el mes de julio los venezolanos también exigieron condiciones justas y transparentes para futuras jornadas electorales.

Descontento de los trabajadores públicos

A su vez, de las exigencias laborales documentadas durante el mes de julio, en al menos 90 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obrero.

De igual forma, las exigencias del sector educación se incrementaron en 29 % en comparación con julio de 2022.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Según los datos de la medición, las protestas de los trabajadores venezolanos se relacionaron principalmente con los siguientes motivos:

-Pago incompleto del estipendio correspondiente al bono vacacional

-Las enfermeras denunciaron las jubilaciones forzadas realizadas durante los últimos años y exigieron el pago de sus prestaciones sociales

-Se reportaron manifestaciones en rechazo a la condena de 16 años impuesta a seis sindicalistas y activistas sociales, entre los que destaca: Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho

Distribución de las manifestaciones

Los estados que lideraron el índice de protestas durante mayo fueron Anzoátegui con 72, Lara con 37, Sucre con 35, Bolívar con 32 y Carabobo con 27.

Los estados que menos registraron protestas fueron Guárico con 5 y Cojedes donde se reportaron 2.

Acceso al combustible y a otros servicios públicos

Por otro lado, los habitantes de siete estados del país protestaron durante julio para exigir abastecimiento de forma regular y sin dolarización.

Falcón y Nueva Esparta lideraron el índice de protestas con tres cada uno, seguido de Anzoátegui, Lara, Monagas, Sucre y Táchira con una cada uno, respectivamente.

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El OVCS documentó 21 protestas exigiendo a las autoridades la reparación de la vialidad. Asimismo, los ciudadanos exigieron la limpieza de canales de aguas servidas en nueve acciones de calle documentadas.

También, solicitaron mejoras en el alumbrado público en tres manifestaciones, así como la recolección continua y eficiente de los desechos sólidos.

A su vez, se reseñaron 26 protestas por agua potable, lo que constituye el servicio más requerido para garantizar una vivienda digna.

De acuerdo con el OVCS, los reclamos ciudadanos que buscan soluciones “efectivas y definitivas” por parte del Estado siguen vigentes.

https://eldiario.com/2023/08/23/411-protestas-en-venezuela-julio-2023/

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Brasil: Ataque de sicarios Matan a Mãe Bernadete, líder afrodescendiente de Bahía

La líder religiosa y presidenta de una organización nacional de afrodescendientes en Brasil Bernadete Pacífico, conocida como Mãe Bernadete,  fue asesinada a balazos por sicarios que le dispararon dos tiros en el rostro. El crimen ocurrió en la ciudad de Simoes Filho, en la región metropolitana de Salvador, estado de Bahía.

La líder de la Coordinación Nacional de Articulación de Quilombos estaba amenazada de muerte debido a su trabajo social en los palenques, como se llama en español a los territorios ocupados por esclavos africanos y sus descendientes que escapaban de sus captores.

La mujer fue asesinada en la sede del Quilombo Pitanga dos Palmares por dos hombres que llegaron en una motocicleta con casco y le dispararon en el rostro.

«El Quilombo siempre será resistencia, mi familia está siendo perseguida», dijo uno de los hijos de la víctima a la prensa local. Otro hijo de la líder afrodescendiente fue asesinado seis años atrás por su trabajo político en defensa del territorio y de las religiones de matriz africana que se practican en Brasil.

Pacífico había denunciado en julio ante la Corte Suprema la violencia que sufren los quilombolas, personas afrodescendientes que habitan los quilombos, por parte de terratenientes que intentan ocupar tierras.

Repudios al crimen

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en sus redes sociales su «pesar y preocupación» por la muerte de Mãe Bernadete.

Por su parte, en una nota, la Coordinación Nacional de Articulación de Quilombos (Conaq) destacó la «dedicación incansable a la preservación de la cultura, de la espiritualidad y de la historia de su pueblo» y para «todo el movimiento de los derechos humanos».

La Conaq recordó que Mãe Bernadete también personificó la lucha de una madre negra para buscar justicia por el asesinato de un hijo, tras la muerte hace seis años de Gabriel Pacífico dos Santos, líder de la comunidad y conocido como «Binho do Quilombo».

«Es crucial que se haga justicia, que la verdad sea conocida y que los autores sean castigados. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestra líder, pero también para afirmar que en Brasil los actos de violencia contra quilombos no serán tolerado», añadieron.

En el mismo sentido, el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, lamentó en su perfil de la red social X la muerte de la líder y ordenó el desplazamiento inmediato de un equipo de su cartera para acompañar las investigaciones.

En tanto, la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, publicó en la misma red que «el racismo religioso es una faceta más de la conformación racista que estructura el país y que necesita ser combatido por medio de políticas públicas».

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/580079-matan-a-mae-bernadete-lider-afrodescendiente-de-bahia
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