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República Dominicana acoge recomendaciones sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos

Centro América/ República Dominicana/ 08.07.2019/ Fuente: acento.com.do.

Profamilia saluda la acogida del Estado dominicano a los resultados del Examen Periódico Universal (EPU), relativos a los derechos de las mujeres y a los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 41ª sesión celebrada en Ginebra, Suiza, adoptó los resultados del EPU realizado al Estado dominicano en enero de 2019.

La República Dominicana acogió todas las recomendaciones hechas por los países que forman parte del Consejo, en relación con la despenalización del aborto por causales cuando exista riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación sexual o incesto y cuando la vida fetal no sea viable fuera del útero.

Igualmente, el Estado dominicano acogió positivamente las recomendaciones sobre la implementación del Plan Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y de una estrategia de educación integral en sexualidad en la enseñanza pública y privada, a nivel nacional, que cuente con la asignación presupuestaria necesaria.

Del mismo modo fueron aceptadas las recomendaciones sobre la creación del Sistema Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo proyecto de ley se encuentra pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados, fortaleciendo el rol de rectoría del Ministerio de la Mujer en este tema.  Diez países solicitaron despenalizar el aborto por causales y cinco Estados sugirieron reforzar medidas para reducir la alta tasa de embarazos en adolescentes.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo para definir los problemas, dialogar con los Estados para hallar soluciones y avanzar en la protección de los derechos humanos en los 193 países que son miembros de la ONU.

Profamilia considera los temas aprobados por nuestro país como de suma importancia para la garantía de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas, en especial de las mujeres y jóvenes en el país.

Fuente de la noticia: https://acento.com.do/2019/salud/8702043-rd-acoge-recomendaciones-sobre-derechos-de-las-mujeres-y-derechos-sexuales-y-reproductivos/

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Mapuche, personas pobres y ancianos: grupos más vulnerados en sus derechos según chilenos

Redacción: El Dinamo/05-12-2018

El sondeo alerta sobre el valor otorgado por la población chilena a medidas de orden y seguridad; el apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres, entre otras cosas.

La IV encuesta Nacional de Derechos Humanos 2018, sobre concepciones, actitudes y valoraciones en torno a los derechos humanos, fue presentada hoy por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El sondeo alerta sobre el valor otorgado por la población chilena a medidas de orden y seguridad; el apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres; y la percepción que los pueblos originarios son los más vulnerados en sus derechos, tanto así que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que para buscar trabajo es preferible tener un apellido extranjero que uno indígena.

Consuelo Contreras, directora del INDH, presento las principales conclusiones, de este modo señaló que “Las personas asocian los derechos humanos, principalmente como derechos sociales, expresados en servicios como la salud, una jubilación digna, la educación y la vivienda. Las pensiones dignas aparecen como una de las importantes vulneraciones de derechos para las personas”.

“Desde la perspectiva de la protección de los derechos, existe la percepción ciudadana de que estos con escasamente protegidos por el Estado. Entre los grupos de especial preocupación respecto de la protección de sus derechos, la población menciona a los pueblos originarios como a quienes más se le vulneran sus derechos, con un 41,9% de menciones”, complementó Consuelo Contreras.

Percepciones de los chilenos

Asociar derechos civiles y políticos a ideas de orden y seguridad es una tendencia mayoritaria en la población chilena, expresada  en los niveles de aceptación que tendrían algunas medidas como la necesidad de restituir la pena de muerte (61%), tener más carabineros en las calles (81,4%), la realización de controles preventivos de identidad (80,3 %), que los menores de 16 años deban ir a la cárcel cuando cometen un delito (73,1%) y que  la ley sancione los insultos a los policías (60,6%).

Otros derechos que cuentan con un alto nivel de aprobación son aquellos instalados por las demandas ciudadanas y que se han materializado en ley como la despenalización del aborto en tres causales (74,7%)  y el acuerdo de Unión Civil (71,3%).

Los derechos humanos más reconocidos por la población son aquellos que la gente asocia con los derechos sociales. En primer lugar figura el derecho a la salud con un 22,0%, luego el derecho a la educación y la vivienda, ambos con un 19,3%, y el derecho al trabajo con un 11,5%.  Curiosamente estos mismos derechos son aquellos que la población reconoce como los que más se vulneran, incorporando este año un nuevo actor: el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ubicado en el tercer lugar de las preferencias con un 14,2%.

Respecto de quienes más violan los derechos humanos la percepción mayoritaria es que se trata del Estado. Lo sigue el Gobierno, luego Carabineros y en cuarto lugar las AFP, que en la encuesta del 2015 ni siquiera figuraban en el ranking.

Los grupos a quienes no se respetan sus derechos humanos son encabezados por los indígenas (41,9%), seguido de los pobres (39,7%), las personas mayores (29,3), los homosexuales y lesbianas (26,5), los inmigrantes latinoamericanos (25,5%) y las mujeres (17,1%).  El lugar donde más se los discrimina es en la calle y la razón más esgrimida para hacerlo es el color de piel.

El 56,4 % de las personas indígenas declara sentirse parte de un grupo vulnerado y un 61,7% de los encuestados está de acuerdo en que al momento de buscar trabajo es mejor tener un apellido extranjero que uno indígena.

A medida que aumenta la edad, la percepción de pertenecer a un grupo vulnerable aumenta en las personas mayores. El 38,1% de los encuestados declara que no se protege NADA el derecho a una jubilación digna y el 73% está de acuerdo con permitir la eutanasia.

El 37,2 % de los chilenos asegura que se debería prohibir el ingreso al país de inmigrantes sin estudios y un 52,8% considera que ellos deberían tener prioridad en el acceso a los servicios públicos por sobre los inmigrantes.

Las mujeres constituyen la sexta mayor mención de los grupos a los que no se les respetan los derechos humanos y un 18,5% de ellas reconoce pertenecer a este segmento vulnerado. Un 55,9% de los encuestados está en desacuerdo que la justicia castigue el piropo callejero y un 23,7% de la población tiene un alto nivel de permisividad hacia la violencia de género.

Posicionamiento INDH

La encuesta arrojó un bajo rechazo de la ciudadanía al INDH y un reconocimiento como institución protectora de los derechos humanos en Chile. Esto se vio reflejado en que un 40, 1% de los/as encuestados considera que el INDH protege los derechos humanos de todas las personas en Chile y que un 19,7% cree que es una institución que defiende a todas las personas.

La encuesta

En total se entrevistó entre septiembre y octubre de 2018 a 7.333 personas, hombres y mujeres de 14 años y más, residentes en viviendas particulares de todas las regiones del país, a partir de un cuestionario semiestructurado de 44 preguntas, una duración promedio de 33 minutos y un error muestral nacional del 1,1%.

Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/11/23/mapuche-personas-pobres-y-ancianos-grupos-mas-vulnerados-en-sus-derechos-segun-chilenos/

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“Fuerce partos si quiere, pero llame a lo forzado por lo que es: esclavitud”

Carta de Margaret Atwood al Gobierno de Argentina

Por: Patricia Reguero
La autora de El cuento de la criada pide a la vicepresidenta Gabriela Michetti que no mire a otro lado y defiende el derecho al aborto en una carta en la que pide reflexionar sobre la esclavitud que supone para las mujeres no poder decidir sobre sus cuerpos.

La autora de El cuento de la criada ha interpelado al Gobierno de Argentina sobre el aborto, poco después de que el Congreso aprobara tras un debate de más de veinte horas una propuesta para legalizarlo y a punto de que esta propuesta tenga que pasar por el Senado.

En una carta enviada a el diario UNO de Sanfe y que se titula ¿Un estado esclavo?, la novelista canadiense, premio Príncipe de Asturias y candidata al Nobel, continúa así el diálogo iniciado.

Este diario preguntó a la escritora por su opinión sobre el aborto después de que la vicepresidenta de Argentina, antiabortista y que considera que “si no te da para criarlo lo podrás dar en adopción y alegrarás a una familia​”, respondiera a un tuit de Atwood, que el pasado 25 de junio, cuando se debatía la propuesta en el Congreso, le pedía “no mirar a otro lado y dar a las mujeres la posibilidad de elegir”.

El cuento de la criada se ha convertido en un referente feminista después de que HBO la convirtiera en una serie que muestra la distopía que mostraba Atwood en la novela, en la que las mujeres son despojadas de sus derechos y puestas al servicio del poder de los hombres de Gilead: las esposas, las tías y las criadas forman parte de un engranaje jerárquico en el que estas últimas cumplen una mera función reproductora en la que su capacidad de gestar se pone a disposición de la dictadura de Gilead.

De hecho, un grupo de mujeres argentinas utilizó esta referencia el pasado 7 de julio, cuando comenzaba en el Senado el debate sobre la ley del aborto. Una treintena de mujeres se colocó frente al Congreso y permaneció en silencio durante unos 20 minutos en una acción promovida por periodistas argentinas en la que las participantes desplegaron los pañuelos verdes que se han convertido en un símbolo de la defensa de los derechos reproductivos.

En la carta, Atwood asegura que “a nadie le gusta el aborto, incluso cuando es legal y seguro […] pero a nadie le gustan tampoco las mujeres sangrando hasta la muerte en el piso del baño de abortos ilegales». “Quizás una forma diferente de abordar la cuestión sería preguntar: ¿en qué tipo de país quieres vivir? Uno en el que cada persona es libre de tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo o uno en el que la mitad de la población es libre y la otra mitad está esclavizada”, asegura la autora, que concluye: “Fuerce partos si usted quiere, Argentina, pero por lo menos llame a lo forzado por lo que es, esclavitud: reivindicar poseer y controlar el cuerpo de otra persona, y sacar provecho de eso​”.

¿Un Estado esclavista? 
A nadie le gusta el aborto, incluso cuando es seguro y legal. No es lo que ninguna mujer elegiría para festejar un sábado por la noche. Pero a nadie le gustan tampoco mujeres sangrando hasta la muerte en un baño por un aborto ilegal. ¿Qué hacer?
A lo mejor una manera diferente de acercarse a la respuesta sería preguntar, ¿en qué clase de país querés vivir? ¿En uno en el que cada individuo es libre de tomar decisiones concernientes a la salud y el cuerpo de ella o él, o en uno en el que la mitad de la población es libre y la otra mitad es esclavizada?
Las mujeres que no pueden tomar la decisión sobre si tener o no bebés son esclavas, porque el Estado reclama como propiedad a sus cuerpos y al derecho a dictar el uso al que deben someterse sus cuerpos. La única circunstancia similar para los hombres es el reclutamiento en el ejército. En ambos casos existe riesgo para la vida del individuo, pero un conscripto del ejército por lo menos está provisto de comida, ropa y alojamiento. ¡Incluso los criminales en las prisiones tienen derecho a esas cosas! Si el Estado exige el parto forzado, ¿por qué no debería pagar la atención prenatal, el parto mismo, la atención postnatal y –para los bebés que no se venden a las familias más ricas– el costo de criar al niño?
Y si el Estado está tan interesado en los bebés, ¿por qué no honrar a las mujeres que tienen más bebés respetándolas y sacándolas de la pobreza? Si las mujeres prestan un servicio necesario al Estado –aunque en contra de su voluntad– seguramente se les debería pagar por su trabajo. Si el objetivo es más bebés, estoy segura de que muchas mujeres se resignarían a la tarea si se las recompensara adecuadamente. De lo contrario, se inclinan por seguir la ley natural: los mamíferos placentarios abortarán ante la escasez de recursos.
Pero dudo que el Estado esté dispuesto a brindar los recursos necesarios. En cambio, solo quiere reforzar el truco barato habitual: obligar a las mujeres a tener bebés y luego hacer que paguen. Y que paguen. Y que paguen. Como dije, esclavitud.

Si se elige tener un bebé, eso es, por supuesto, un asunto diferente. El bebé es un regalo, dado por la vida misma. Pero para ser un regalo, debe ser dado libremente y libremente recibido. Un regalo también puede ser rechazado. Un regalo que no puede ser rechazado no es un regalo, sino un síntoma de tiranía.

Decimos que las mujeres “dan a luz”. Y las madres que han elegido ser madres sí dan a luz y lo sienten como un regalo. Pero si no han elegido, el nacimiento no es un regalo que ellas dan; es una extorsión contra sus voluntades.
Nadie está forzando a las mujeres a tener abortos. Nadie tampoco debería obligarlas a someterse a un parto. Fuerce partos si usted quiere, Argentina, pero por lo menos llame a lo forzado por lo que es. Es esclavitud: es reivindicar poseer y controlar el cuerpo de otra persona y sacar provecho de eso​».
[Traducción de la carta íntegra que Margaret Atwood ha enviado al diario www.unosantafe.com.ar]
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Mujeres con bajos ingresos y sin educación, las que menos pueden acceder a anticonceptivos

Por: El Espectador

La brecha aumenta entre los 15  y 24  años en Colombia.

El Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó su informe anual “Estado de la Población Mundial 2017”, enfocado en la salud y los derechos reproductivos. Hace un llamado por vencer la inequidad de género.

“La palabra tiene rosto de mujer”. Esta fue una de las frases que se convirtió en la motivación para que, este año, el informe del “Estado de la Población Mundial 2017”, publicado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estuviera enfocado en la salud y los derechos reproductivos, pues dentro de la desigualdad que viven todos los países (el 75% de la riqueza del mundo está concentrada en menos de 2.500 personas), las mujeres parecieran ser quienes llevan la peor carga. El acceso a métodos anticonceptivos, programas de natalidad y calidad de educación, se convierten entonces en aspectos claves para combatir esta brecha.

Y es que las cifras que arroja el informe, que se viene presentando cada año desde 1987, dejan claro el panorama: las mujeres que viven en el quintil más pobre de la población y habitan zonas rurales es a quienes más les está costando garantizar todos sus derechos.

Por ejemplo, la necesidad insatisfecha de planificación familiar en los países en desarrollo – es decir, no poder acceder a métodos anticonceptivos –  suele ser mayor entre las mujeres del 20% de los hogares más pobres a nivel mundial. Mientras, la tasa de fecundidad de las adolescentes que residen en el 20% de los hogares más pobres es tres veces superior de las que residen en el 20% de los hogares más ricos. A lo que se suma que el número de partos entre adolescentes que viven en zonas rurales duplica el de las que habitan en zonas urbanas.

A nivel mundial, explica el informe, en las seis regiones analizadas el uso de métodos anticonceptivos es menor entre las mujeres más pobres, en zonas rurales o con mayores carencias educativas, aunque la diferencia varía según la región. Con un 29% de diferencia África Oriental y Meridional se lleva la peor parte, mientras América Latina y el Caribe presentan la menor diferencia, con sólo el 6%. (Ver gráfico).

Pero poder o no acceder a los anticonceptivos, así como a programas de neonatales y asistencia durante el parto, no se reduce a un simple problema de fecundidad, sino de ingresos. “Con el descenso de la fecundidad en todo el mundo, la participación de las mujeres de 25 a 54 años en la fuerza de trabajo ha aumentado en prácticamente todas las regiones a lo largo de los últimos 20 años”, advierte el estudio. Hablar de derechos sexuales, también es hablar de oportunidades económicas.

Por esto, otro punto que rescata el UNFPA gira alrededor de las desigualdades de género en materia de oportunidades profesionales. En el 2015, sólo alrededor del 50% de las mujeres participaron en la fuerza laboral mundial, frente al 76% de los hombres. Igualmente, hay un 6.2% de mujeres desempleadas en el mundo,

frente al 5.5% de hombres en la misma condición.

Estas cifras, claramente, van pegadas con la falta de acceso en educación para la mujeres, pues se calcula que existen aproximadamente 758 millones de adultos analfabetos en todo el mundo, de los que 479 son mujeres y 279, hombres. “El analfabetismo refleja la discriminación de género y es un factor que contribuye a la propagación de la pobreza femenina”, dice el informe. Adicionalmente, a la hora de encontrar un empleo las personas analfabetas ganan un 42% menos que las personas que saben leer y escribir, lo que vuelve a poner a las mujeres en un escalón de desventaja económica.

Pero como si fuera poco, esta falta de acceso a la educación está ligada a la fecundidad, primer punto del informe. De nuevo, las cifras lo demuestran. Con el nivel de estudio actual, hay 2.867.000 de matrimonios infantiles, el equivalente a todas las niñas de 15 años de África Subsahariana y Asia Meridional y Occidental, pero se reduciría en un 14% si todas las niñas cursaran primaria y hasta un 64% si todas llegaran hasta la secundaria.

Algunos datos sobre Colombia

Aunque según la UNFPA en Colombia las mujeres tiene mayor nivel de educación que los hombres, estos tienen mayor empleo y ocupan cargos públicos más altos. La situación no deja de ser optimista si se le suman datos como que el embarazo es la segunda causa de abandono escolar de mujeres entre los 13 y los 24 años, por

debajo de la falta de recursos económicos.

Igualmente, la mayoría de mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos están en el quintil más pobre de la población, y se hace más difícil si se trata de jóvenes que están entre los 15 y 24 años y sin educación. Por ejemplo, el embarazo es 5 veces mayor en las adolescentes más pobres comparadas con las de mayores recursos en el país.

Si se trata de mujeres indígenas, además, se conoce que la muerte materna es 4,6 veces mayor comparada con las mujeres no indígenas.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/salud/mujeres-con-bajos-ingresos-y-sin-educacion-las-que-menos-pueden-acceder-anticonceptivos-articulo-720947

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Holanda encabeza una contraofensiva a las políticas anti-aborto de Donald Trump

Holanda/02 marzo 2017/Fuente: El País

Recauda 40 millones para las organizaciones afectadas por el veto de EEUU a las entidades con programas relacionados con la interrupción del embarazo.

Holanda ha decidido plantar cara a Donald Trump y encabezar una iniciativa para contrarrestar los efectos de sus políticas en los derechos reproductivos. Tras la orden del presidente republicano de impedir que cualquier organización que tenga programas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo en el extranjero reciba fondos federales, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Desarrollo, Lilianne Ploumen, decidió lanzar un fondo para apoyar a las miles de entidades afectadas por el veto. Su iniciativa avanza y a la donación de 10 millones de Holanda se han sumado con la misma cantidad Bélgica, Dinamarca y Noruega. En un par de semanas, la contraofensiva de Ploumen ha recaudado ya 40 millones de euros.

La iniciativa —llamada She Decides (Ella decide)— busca compensar el recorte de más de 600 millones de dólares (unos 567 millones de euros) que recibían las organizaciones que trabajan en planificación familiar y aborto seguro por todo el mundo, explica en una videollamada por Skype la ministra holandesa. Ploumen reconoce que no sabe si Trump se tomará como un ataque la iniciativa, porque aún no ha recibido ninguna señal desde su Administración, y explica que decidió lanzar el fondo tras la conmoción que le provocó su decreto –a pesar de que todos los presidentes republicanos han firmado el mismo veto—. También estuvo conmocionada, y mucho, admite, por los comentarios y actitudes misóginas y machistas del magnate republicano durante la campaña electoral. “Estamos en 2017I y él era el candidato a la presidencia estadounidense, y creo que no importa qué fliliación política tengas, hay que respetar los derechos de las mujeres y las niñas. Y porque estamos en el siglo XXI no podemos permanecer en silencio sobre ello”, insiste Ploumen, de 54 años.

Mañana, la ministra holandesa se reunirá con representantes de más de 40 países en Bruselas para ver cómo potenciar el fondo She Decides con más donaciones, pero también con colaboración de otras administraciones. Ploumen, que ha sido activista durante décadas por los derechos reproductivos, explica que una veintena de países ya se han mostrado interesados en colaborar para frenar las consecuencias del decreto –conocido como Mexico City Policy–. “Los estadounidenses han elegido a Trump como presidente, es su decisión, pero nosotros tenemos otra opinión, por eso es importante poner en marcha esta iniciativa para evitar que la vida de millones de mujeres y niñas en todo el mundo se vean afectadas”, dice la holandesa.

Con la orden de Trump, organizaciones como IPAS, que tiene programas para evitar el aborto clandestino y paliar sus consecuencias, o Planned Parenthood –una de las más atacadas por la campaña republicana—, que trabaja temas de planificación familiar y salud de las mujeres sin recursos, dejarían de recibir fondos de la agencia de desarrollo estadounidense (USAID), y verían sus programas seriamente mermados. Programas de salud maternoinfantil, de anticoncepción, de información y educación sexual, de salud especializada para mujeres; y también –de ahí el veto– de interrupción voluntaria del embarazo.

“Esta política tendrá un impacto devastador”, lamenta Ximena Casas, oficial de Programas de Incidencia para Latinoamerica de Planned Parenthood Global. El Global Gag [ley mordaza] de Trump causará el cierre de clínicas en todo el mundo y el resultado será, sin duda alguna, un mayor número de embarazos no planeados y abortos inseguros, no menos”, añade esta experta, que ha trabajado durante años en programas en distintos países y que alerta de que serán las mujeres más vulnerables las que más se vean perjudicadas por este recorte. Organizaciones como la suya tienen amplios programas en países en desarrollo, donde las mujeres se enfrentan a enormes barreras para acceder al sistema de salud y a técnicas de anticoncepción. También trabajan en lugares donde el aborto está prohibido por ley y los efectos de las intervenciones clandestinas son tremendos: desde las penas de cárcel para las que son descubiertas (en ocasiones incluso por abortos espontáneos) a la discapacidad o la muerte por procedimientos inseguros.

El Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos, ha calculado el efecto de los recortes en los programas de planificación familiar. Y sus cifras asustan. Por cada recorte de diez 10 millones de dólares en estos programas 440.000 mujeres y parejas se quedarán sin servicios de contracepción, se producirán 95.000 embarazos no planificados (incluidos 44.000 nacimientos no planeados), se realizarán 38.000 abortos (de los cuales 30.000 serán inseguros) y se producirán 200 muertes maternas más al año en todo el mundo.

Por eso la ministra Ploumen apunta que el objetivo de She Decides debería ser a cuatro años; lo que dura el mandato de Trump –y por tanto el veto, previsiblemente– antes de las siguientes elecciones. No se muestra preocupada por que el resultado de las elecciones en su país previstas para el 12 de marzo afecte al fondo –pese a que los sondeos dan como favorito al ultraderechista y afín a Trump Geert Wilders–, e insiste en que la iniciativa ha tenido muy buena acogida en Holanda. Comenta que tiene previsto viajar a EE UU en abril y reunirse con la Administración estadounidense. Allí, dice,  alertará al equipo de Trump del efecto de sus políticas sobre el derecho a decidir de las mujeres. “Me gustaría tener una conversación con él porque es un tema que es necesario tratar. Mi deseo es ayudarle a que tome otras decisiones, pero depende de él”, dice.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/01/actualidad/1488396655_942072.html

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