Holanda encabeza una contraofensiva a las políticas anti-aborto de Donald Trump

La iniciativa —llamada She Decides (Ella decide)— busca compensar el recorte de más de 600 millones de dólares (unos 567 millones de euros) que recibían las organizaciones que trabajan en planificación familiar y aborto seguro por todo el mundo, explica en una videollamada por Skype la ministra holandesa. Ploumen reconoce que no sabe si Trump se tomará como un ataque la iniciativa, porque aún no ha recibido ninguna señal desde su Administración, y explica que decidió lanzar el fondo tras la conmoción que le provocó su decreto –a pesar de que todos los presidentes republicanos han firmado el mismo veto—. También estuvo conmocionada, y mucho, admite, por los comentarios y actitudes misóginas y machistas del magnate republicano durante la campaña electoral. “Estamos en 2017I y él era el candidato a la presidencia estadounidense, y creo que no importa qué fliliación política tengas, hay que respetar los derechos de las mujeres y las niñas. Y porque estamos en el siglo XXI no podemos permanecer en silencio sobre ello”, insiste Ploumen, de 54 años.

Mañana, la ministra holandesa se reunirá con representantes de más de 40 países en Bruselas para ver cómo potenciar el fondo She Decides con más donaciones, pero también con colaboración de otras administraciones. Ploumen, que ha sido activista durante décadas por los derechos reproductivos, explica que una veintena de países ya se han mostrado interesados en colaborar para frenar las consecuencias del decreto –conocido como Mexico City Policy–. “Los estadounidenses han elegido a Trump como presidente, es su decisión, pero nosotros tenemos otra opinión, por eso es importante poner en marcha esta iniciativa para evitar que la vida de millones de mujeres y niñas en todo el mundo se vean afectadas”, dice la holandesa.

Con la orden de Trump, organizaciones como IPAS, que tiene programas para evitar el aborto clandestino y paliar sus consecuencias, o Planned Parenthood –una de las más atacadas por la campaña republicana—, que trabaja temas de planificación familiar y salud de las mujeres sin recursos, dejarían de recibir fondos de la agencia de desarrollo estadounidense (USAID), y verían sus programas seriamente mermados. Programas de salud maternoinfantil, de anticoncepción, de información y educación sexual, de salud especializada para mujeres; y también –de ahí el veto– de interrupción voluntaria del embarazo.

“Esta política tendrá un impacto devastador”, lamenta Ximena Casas, oficial de Programas de Incidencia para Latinoamerica de Planned Parenthood Global. El Global Gag [ley mordaza] de Trump causará el cierre de clínicas en todo el mundo y el resultado será, sin duda alguna, un mayor número de embarazos no planeados y abortos inseguros, no menos”, añade esta experta, que ha trabajado durante años en programas en distintos países y que alerta de que serán las mujeres más vulnerables las que más se vean perjudicadas por este recorte. Organizaciones como la suya tienen amplios programas en países en desarrollo, donde las mujeres se enfrentan a enormes barreras para acceder al sistema de salud y a técnicas de anticoncepción. También trabajan en lugares donde el aborto está prohibido por ley y los efectos de las intervenciones clandestinas son tremendos: desde las penas de cárcel para las que son descubiertas (en ocasiones incluso por abortos espontáneos) a la discapacidad o la muerte por procedimientos inseguros.

El Instituto Guttmacher, especializado en derechos reproductivos, ha calculado el efecto de los recortes en los programas de planificación familiar. Y sus cifras asustan. Por cada recorte de diez 10 millones de dólares en estos programas 440.000 mujeres y parejas se quedarán sin servicios de contracepción, se producirán 95.000 embarazos no planificados (incluidos 44.000 nacimientos no planeados), se realizarán 38.000 abortos (de los cuales 30.000 serán inseguros) y se producirán 200 muertes maternas más al año en todo el mundo.

Por eso la ministra Ploumen apunta que el objetivo de She Decides debería ser a cuatro años; lo que dura el mandato de Trump –y por tanto el veto, previsiblemente– antes de las siguientes elecciones. No se muestra preocupada por que el resultado de las elecciones en su país previstas para el 12 de marzo afecte al fondo –pese a que los sondeos dan como favorito al ultraderechista y afín a Trump Geert Wilders–, e insiste en que la iniciativa ha tenido muy buena acogida en Holanda. Comenta que tiene previsto viajar a EE UU en abril y reunirse con la Administración estadounidense. Allí, dice,  alertará al equipo de Trump del efecto de sus políticas sobre el derecho a decidir de las mujeres. “Me gustaría tener una conversación con él porque es un tema que es necesario tratar. Mi deseo es ayudarle a que tome otras decisiones, pero depende de él”, dice.