Ciudad de México | Desinformémonos. La violencia en la que los grupos del crimen organizado mantienen sumergido a Chiapas es un escenario “tan cruento como el de cualquier otra guerra”, pues la población se enfrenta al control por las bandas delincuenciales, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, asesinatos, torturas, cortes en los servicios básicos, “sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades”, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
En un comunicado, manifestó su preocupación frente a la profundización de la violencia en la entidad que se registra de 2021, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. “Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades”, explicó el centro de derechos humanos.
Destacó como ejemplos del “dominio” del crimen organizado el control que los bandos de la delincuencia tienen sobre las asambleas y autoridades comunitarias para asegurar “el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial”, y que “la resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos”. De igual forma señaló las restricciones a la libre circulación y las “situaciones críticas” en las que “la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos”.
Frente a ello, el Frayba reiteró la responsabilidad del gobierno de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan, pues “al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos”.
A continuación el comunicado completo:
Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.
Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.
Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]
Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.
Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.
Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.
Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.
Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.
[1] Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/
La primera vez que Fernando acompañó a su tío a buscar tenía cinco años. “Era un día como este, así [soleado y caluroso]. Como yo nunca había subido a un cerro me dio mucho trabajo porque te resbalabas. Sentía un poco de nervio que me fuera a caer porque eran tiempos de lluvia y la tierra estaba suelta. Mi tío me dijo que ahí estaba enterrada una persona y la desenterramos y sí estaba ahí. Por información de las personas lo encontramos. Escarbamos con pala y pico. Yo nomás sacaba la tierra. No pensé nada. Solamente pensaba en la persona, que la habían enterrado», así lo recuerda Fernando, que hoy tiene 10 años, así lo cuenta a la periodista y escritora Paula Mónaco Felipe en el informe La Infancia Cuenta en México 2022: niñez y desaparicionespublicado hace dos días por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Fernando también le dice a Paula que recuerda que aquella vez sintió que una persona iba a «poder regresar a su casa con sus familiares». No le entristecen las búsquedas, lo hacen sentir útil, le ruega a su mamá que lo deje participar, acompañarles a buscar a su otro tío, desaparecido cuando él era bebé, pero ella a veces ni siquiera le permite salir de su casa en Huitzuco, Guerrero, por miedo a las balaceras.
Los encierros para Fernando ya eran previos a la pandemia y todavía no terminan. «La desaparición y la violencia existen, eso es lo que hace más daño. Ahorita que hay balaceras yo le digo ‘no vas a salir porque está feo’. A qué salen los niños a la calle si hay balaceras o un muerto. ‘Ya no vas a salir hasta que esto pase’. Ya que se tranquiliza, empiezan a salir los niños pero sí es más encierro”, así lo narra Mayra Vergara, la mamá de Fernando, a Paula, en marzo pasado.
Fernando con la foto de su tío desaparecido. Fotografía: Miguel Tovar.
Sobre las desapariciones y búsquedas nadie habla en la escuela de Fernando, tampoco en la de Valentina, una niña de su misma edad, que también busca a su tío, pero en Torreón, Coahuila.
En una marcha en la Ciudad de México, Paula entrevista a Valentina: «¿Cómo te sientes como niña y sobrina de alguien desaparecido?», «No es fácil, la verdad, vivir sabiendo que no estás con tu tío, que me falta una persona. Sí tendré más tíos pero él también es importante para mí y me gustaría tenerlo aquí».
Monse, que tenía 13 años cuando desaparecieron a su hermana mayor y hoy tiene 20, dice: “Fue un proceso muy difícil y actualmente sé que existen peligros pero ya no tengo miedo de salir. Me he apoyado en varias personas y me refugié, afortunadamente, en el feminismo”.
Valentina. Foto: María José Martínez/REDIM.
¿Tendrían que participar niñas, niños y adolescentes en estas búsquedas y marchas? Varios expertos y les propios padres y madres entrevistades se lo preguntan constantemente en el documento. Fue una pregunta espejo sobre la pertinencia de abordar el terrorismo de Estado en la literatura infantil la que me hizo entrevistar a escritoras y escritores y empezar una serie de entradas sobre la cuestión en 2014.
Y no, claro que no tendrían, si hubiera Estado de derecho, si el Estado nos cuidara y no justo lo contrario, pero el consenso es que si forma parte de su realidad y de sus propias preguntas, excluirlos es una práctica adultocéntrica más. Considerarlos sujetos de derecho significa darles la esperanza, ganas de vivir: ellas y ellos pueden generar un cambio. Hacer carteles de protesta, dibujar teorías y escribir cartas fue lo que hizo a les niñes de quinto grado de primaria con les que hablé de Ayotzinapa expulsar el miedo a desaparecer.
Interiores del libro La infancia cuenta en México: niñez y desapariciones.
De hecho, excluirles es negarles un derecho. Así lo recuerda Paula Mónaco en este documento luego de compartir la invitación de María Luisa Núñez, madre de Sebastián, un hijo buscador: “No los excluyan, intégrenlos. Desde pequeña edad intégrenlos para que estén preparados porque si los excluyen eso los va a afectar más”.
«El artículo 138 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada», escribe Mónaco, «determina que en su calidad de ‘familiares’ tienen derecho a:
´I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida; II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. (…) V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial; VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente’, (entre otros derechos)».
Buscadores como Mario Vergara, el tío de Fernando, afirman haber visto «cientos de niños» saliendo con herramienta rústica a buscar. «Mucha gente dice que los niños no deben estar buscando pero es que eso se está viviendo en México: los niños esperan a su papá, saben que su papá no ha llegado y preguntan dónde está. Pues no ha llegado y hay que salir a buscar», así lo cuenta Mónaco más adelante.
Claro que nadie quiere naturalizar estas búsquedas, ojalá que niñas, niños y adolescentes no tuvieran que salir a buscar. La publicación se debate entre mostrarlo como algo común y al mismo tiempo extraordinario, intentando desnormalizarlo. Lo mismo con la propia crisis de las desapariciones en México. No es normal que niñas, niños y jóvenes tengan miedo a desaparecer.
Niñas, niños y adolescentes en la protesta en el día de las madres. Ciudad de México, 2022. Foto: María José Martínez/REDIM.
Las historias de Fernando y Valentina, junto a las de las hermanas Monse y Jade, de 20 y 11 años de edad, que empezaron a buscar a su hermana cuando tenían 13 y 3; la de Sebastián, de 14, que busca a su hermano en Puebla; y la de Rubí, de 4 años, que busca a su tía y la de Emiliano, de 5 años, que busca a su papá, integran la segunda parte del documento La Infancia Cuenta en México 2022: niñez y desapariciones.
«Es aquí donde las voces de Fernando, Valentina, Monse, Jade, Sebastián, Rubí y Emiliano nos brindan una pauta para poder entender la pesada carga que llevan a cuestas, así como sus madres y otros integrantes de sus familias. Cuando niñas y niños tienen que salir a buscar a sus seres queridos, ¿cómo garantizar sus derechos y considerarles de manera primordial en todas las medidas que les conciernen? Al necesitar la presencia de su madre, su padre o algún familiar, el vacío de la ausencia les convoca a participar en búsquedas que al tiempo que es el ejercicio de un derecho, puede ser una fuente de afectación a varios de sus derechos’», son las palabras de presentación de Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esa segunda parte o «puerta» de la publicación se titula “Infancias buscadoras”; la primera parte o «puerta» se titula «Infancias desaparecidas» y buscar ofrecer un diagnóstico para pensar en las y los 17 mil 605 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados en todo el país desde 1964 (de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO).
La crisis de las desapariciones en México
Para Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, citada en esta investigación, debería hablarse más sobre la crisis de las desapariciones en México.
“Tenemos casi 100 mil personas oficialmente reportadas como desaparecidas y mi percepción es que a la sociedad mexicana no le importa. Esto tendría que ser un escándalo, objeto de indignación, de marchas masivas, de lo que uno esperaría con este altísimo número de personas desaparecidas y familias afectadas en nuestro país».
Interiores del libro La infancia cuenta en México: niñez y desapariciones
Aunque no niega la responsabilidad del Estado, a quien, reconoce, parecen no importarle cierto perfil de menores de de edad de bajos recursos. Y el informe insiste en el fracaso de las autoridades por aplicar y coordinar protocolos de búsqueda o dar seguimiento a los casos.
Además de conocer que las desapariciones de niños y niñas a partir de 12 años ha incrementado y se agudizó en la pandemia y que las redes sociales son herramienta frecuente de los captores o reclutadores, otro de los datos más reveladores para mí, desarrollado en la primera parte del libro, es que cada día desaparecen en México 14 menores. Sin embargo, y aquí la crisis general de las desapariciones en México arroja un importante indicador diferenciador al tratarse de menores: 8 de cada 10 son localizados.
El problema, que expone Paula apoyada de diversos especialistas, es la imposibilidad, por ahora, de sistematizar un seguimiento a las condiciones en las que son localizados les menores, los motivos de la desaparición, lo ocurrido en el periodo de ausencia, la posibildad de reincidencia, etc., ya que cuando un menor se localiza se cierra el caso.
«El tema impunidad es central para comprender la desaparición de niñas, niños y adolescentes», explica Mónaco en el documento. «Se trata de una dinámica estructural: hay casi 100% de impunidad en temas de desaparición; hay apenas 36 sentencias en más de 100 mil casos; son datos oficiales recogidos por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU. Y si observamos cuántos casos de desapariciones de adolescentes, niñas o niños han sido adecuadamente investigados; en cuántos se ha establecido la responsabilidad, ya sea de personas particulares o servidoras públicas; y en cuántos se ha dictado una sentencia por la desaparición de algún niño, niña o adolescente, la cifra que exhibe la total impunidad es incuestionable: 0 casos».
Otro indicador revelador es la «desaparición intermitente» que describe Emanuela Borzacchiello. En el apartado «Desaparición como huída», Paula puntualiza:
«Nos equivocamos si pensamos que todas las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México fueron sustraídos o desaparecidos siempre e inequívocamente por otras personas o enteramente contra su voluntad. Resulta difícil de leer, como tampoco es simple de asimilar:algunas y algunos se van. Huyen.
«Debemos complejizar la desaparición de las infancias porque hay reclutamiento, hay trata, hay secuestros pero también existen factores expulsores. En esos casos no podemos hablar de ausencia voluntaria sino más bien de huída como estrategia de sobrevivencia».
Un libro de descarga gratuita con dos puertas
La Infancia Cuenta en México 2022: niñez y desapariciones: cómo la desaparición de personas afecta a niñas, niños y adolescentes en México es parte de un «sistema de indicadores en derechos de la infancia», titulado La infancia cuenta, desarrollado por la REDIM desde 2005 para «hacer visibles las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través del uso de datos, con el fin de incidir en las políticas públicas a favor de la infancia», como se lee en infanciacuenta.org. Allí también encontrarán publicaciones hechas con y para niñas y niños, como la que expone los derechos de la niñez, disponible aquí.
«La infancia cuenta» está basada en el proyecto «Kids Count» de la Fundación Annie E. Casey (FAEC) que «investiga, monitorea y da seguimiento al estado de bienestar de la infancia a nivel estatal y nacional» en Estados Unidos de América.
El documento sobre niñez y desapariciones, de descarga gratuita aquí, se divide en dos secciones que Paula Mónaco explica así: «De cara a la dolorosa realidad de infancias y desaparición, la Infancia Cuenta 2022 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se plantea como un instrumento con dos puertas. La primera abre y actualiza la situación de las infancias desaparecidas en el país integrando información estadística, voces de expertos/as, análisis de datos, legislaciones y protocolos, así como respuestas oficiales de 6 fiscalías y otras instituciones vía transparencia. Actualiza también a partir de datos de fuentes abiertas y documentaciones propias de organizaciones no gubernamentales así como informes de organizaciones de la sociedad civil y estudios de análisis de contexto.
«La segunda puerta se asoma al universo de niñas, niños y adolescentes buscadores: les escuchamos. Hablan de por qué buscan, cómo se sienten al hacerlo, cómo viven la desaparición a su alrededor. Dicen lo que quieren decir, conjuran silencios».
A continuación reproduzco las conclusiones de este notable informe coordinado por Valeria Geremia y Tania Ramírez Hernández de la REDIM y cuya investigación y redacción corrió a cargo de Paula Mónaco Felipe. Agradezco infinitamente a Paula y a la REDIM por todas las facilidades para difundir este trabajo en mi blog. ¡Muchas gracias por su compromiso con las infancias y juventudes!
América Central/El Salvador/21-05-2021/Autora: Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
El educador habla de cómo las estudiantes caen presa de inescrupulosos que, fingiendo amistad, se aprovechan de sus necesidades y anhelos.
“Ellos cuentan muy poco. Uno se da cuenta de la gravedad de la situación hasta que salen casos en donde se produce una fatalidad”, indica el profesor Paz Zetino. Imagen de referencia
Aunque las tecnologías de la información y comunicación han traído muchas ventajas, los docentes no dejan de estar preocupados por cómo los estudiantes interactúan en el mundo digital, a veces sin mayor control, bajo riesgos de su seguridad, y hasta de su vida.
“Nosotros escuchamos comentarios de las niñas cuando dicen que tienen un amigo a través de las redes, que no lo conocen pero que se expresa bien, que la está invitando a salir y que quiere ser su amigo, y contando eso con aquella alegría como que algo extravagante ha sucedido”, comentó el profesor Paz Zetino Gutiérrez.
La preocupación es más que válida en momentos en que uno tras otro salen a luz en el país casos de jóvenes desaparecidos, o también de agresores sexuales, como el caso sonado del expolicía acusado de asesinar a dos mujeres en Chalchuapa, y del cual las autoridades dijeron en su momento tener indicios de que en otros casos había entrado en contacto con víctimas por internet.
Zetino Gutiérrez, quien funge desde hace varios años como subdirector del Complejo Educativo Walter Soundy, de Santa Tecla, sostiene que este tipo de conversaciones sobre el inicio de amistades en redes sociales surge más frecuentemente entre alumnas del nivel de tercer ciclo, incluso de primer año de bachillerato, en una etapa de la vida en donde la regla es desafiar cualquier cosa, aventurarse.
“A mí me parece que la exigencia (o presión de solicitudes de amistad de extraños) es más para las niñas. O sea esos depredadores andan tras las niñas; uno que otro homosexual hay que anda seduciendo jóvenes, porque eso también se da, eso es terrible; pero si tiene que ver con que muchos jóvenes, hombres y mujeres están fuera del control o sin el control total de sus padres”, precisó.
Con varias décadas de experiencia, este docente advierte que los jóvenes, en general, son muy dados a dar “likes” (me gusta) a cualquier situación, a entrar en contacto con personas desconocidas que les mandan solicitudes en las distintas redes sociales, pero desgraciadamente son herméticos en cuanto lo que ahí ocurre.
Paz Zetino Gutiérrez es claro en insistir en el poco control que los padres tienen sobre el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales. Imagen de referencia / Pixabay.
“Ellos cuentan muy poco. Uno se da cuenta de la gravedad de la situación hasta que salen casos en donde se produce una fatalidad”, indica.
El educador señala que hay adultos que también, bajo riesgo, suelen entablar contacto con desconocidos a través de chats, e incluso inician romances así; pero en los jóvenes es más complicado, porque no tienen la madurez emocional para analizar el prototipo de amigos con los que interactúan.
“Por lo general (las jovencitas) son presa de invitaciones y como son bastante consumistas, a través del consumo, de la invitación a almorzar, de la invitación a cenar, ellos se dejan ir. Esa debilidad o esa necesidad es la que aprovecha este tipo de personas, como este policía que en realidad es un desquiciado mental”, comentó.
Sobre el tema, Paz Zetino Gutiérrez es claro en insistir en el poco control que los padres tienen sobre el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales.
“Ellos manejan su teléfono como si fuera propiedad privada, nadie se los puede ver, y si se los controlan en casa pues cuando están fuera aprovechan para aceptar ese tipo de amistades o solicitudes”, indica.
El docente afirma que hay una cantidad de casos de jovencitas y jóvenes que han sido utilizados, incluso víctimas del narcotráfico, de la trata de mujeres por esa vía de las redes sociales.
“Yo creo que el llamado es más para los padres de familia y para todo mundo. Recuerde que hay un periodo de la adolescencia que hay un deseo de la juventud de conocer lo desconocido, independientemente de que eso le sea riesgoso, le traiga consecuencias, por eso caen en drogas, en todo ese tipo de problemas”, subraya.
Según explica el problema pasa también porque muchos padres no solo dejan de estar pendientes de sus hijos, sino que además subestiman lo que estos hacen en la escuela y fuera de ella.
“En las escuelas (los alumnos) se preparan excursiones en tiempos fuera de clase. Se reúnen, se van. Nosotros tuvimos una experiencia (de ese tipo). Nos dimos cuenta que de la escuela se habían ido (un grupo), porque allá estaban en el mar disfrutando de cervezas como si fueran personas adultas, y cuando llamamos a los padres para decirles ‘aquí está la evidencia en la misma foto del Facebook’, todavía nos preguntaban si eso podría ser cierto o era un montaje”, explica, indignado.
“Ellos manejan su teléfono como si fuera propiedad privada, nadie se los puede ver, y si se los controlan en casa pues cuando están fuera aprovechan para aceptar ese tipo de amistades o solicitudes”, afirma el docente. Imagen de referencia
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/profesor-paz-zetino-esos-depredadores-andan-tras-las-ninas/838572/2021/
La pandemia incrementó el número de víctimas de trata de seres humanos y, en América del Sur, el 64% de ellas son mujeres y niñas que se utilizarán en el creciente negocio internacional de explotación sexual.
Preocupa no solo la invisibilidad del tema en el debate nacional, sino la poca difusión de las acciones que toman las autoridades para enfrentar este problema que no solo es social, sino que implica fuertes lazos con redes de crimen organizado y carteles de narcotráfico que, sabemos, operan a sus anchas en el país.
El Informe anual sobre la Trata de personas, elaborado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, detalla cómo la pandemia exacerbó la explotación sexual, ensañándose -como en otros aspectos- con mujeres y niñas. Ya entre 2016 y 2018, la explotación sexual en sudamérica aumentó del 58% al 64% de las víctimas de tráfico humano.
Existe una relación directa entre el PIB por habitante y la vulnerabilidad de las ciudadanas. Venezuela, que ostenta el segundo PIB per cápita más bajo del hemisferio y cuya situación se ha deteriorado en la última década, es evidencia de esta relación perversa.
El ingreso por habitante de Ecuador, en el puesto 21 de 32 en el ranking del FMI en las Américas, y roza los $6.200 ($516 mensuales), pone al país en una situación vulnerable, por el brutal desempleo, deficiente acceso a la educación y limitadas oportunidades a futuro.
Es una realidad por demás cercana; mujeres y niños con frecuencia desaparecen de todos los rincones del país, para nunca ser encontrados. Las alertas y causas son claras, la prevención empieza por la educación y el empleo.
Los grandes eventos no hacen al héroe o al coberte, solo lo sacan a la luz.” Brooke Foss Westcott (1825-1901) Teólogo y obispo británico.
No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio.” Charles Darwin (1809-1882) Naturalista y biólogo inglés.
Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.
“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.
“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.
La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.
Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.
“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.
Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Gráfico 1. Cuerpos no identificados en México. Gráfico: Omar Bobadilla.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Gráfico 2. Cuerpos no identificados por estado. Gráfico: Omar Bobadilla.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Foto 2. Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
Foto 3. Capilla en jardín funerario de Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Gráfico 3. Destino final de los cuerpos sin identificar. Gráfico: Alejandra Saavedra.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Documentos 1. Cuestionario respondido por autoridades forenses de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. Crédito: Documentos obtenidos vía solicitudes de información pública.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
Documento 2. Diagnóstico de CICR. Crédito: AVC Noticias/Connectas
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
Foto 4. Hallazgos de restos óseos en fosa. Crédito: Germán Canseco/Proceso.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
***
Foto 5. Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Crédito: Benjamín Flores/Proceso.
En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
Foto 6. Fosa común en el panteón Centenario de Los Mochis, Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
Con marchas y fotografías intervenidas digitalmente, mujeres hidalguenses exigieron este 29 y 31 de agosto un freno a las desapariciones y asesinatos violentos que han sucedido en la Región de Tula-Tepeji.
“Quisiera ser un monumento para que se indignen si me tocan”, fue el lema que pusieron las mujeres de la Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl sobre fotografías de monumentos importantes de la entidad, como el Reloj Monumental de la capital de Hidalgo. Con estas imágenes, las hidalguenses buscan exponer la incongruencia de los argumentos de quienes critican las pintas y acciones que llevan a cabo las feministas para exigir la erradicación de la violencia contra la mujer.
Las fotografías estuvieron acompañadas del siguiente mensaje “los monumentos representan un cachito de historia de cada etapa importante de la sociedad, no están de adorno nada más. Y hoy en Hidalgo estamos haciendo historia, las mujeres alzamos la voz en lo público y lo privado exigiendo un alto a la violencia machista y ya no nos van a callar”.
FOTO: Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Esta acción se suma a la marcha del pasado sábado 29 de agosto en Pachuca, y a las que previamente se realizaron en Tula, Mixquiahuala y Tlahuelilpan. Estas protestas fueron por la desaparición el pasado 2 de agosto de Mariana Zavala Escamilla, quien sigue sin ser localizada, y por el hallazgo en las inmediaciones de la región de tres mujeres, quienes fueron asesinadas con visibles actos de tortura.
En lo que va del año, las autoridades han confirmado 10 feminicidios en la entidad pero el número podría ser mayor, ya que hay más asesinatos de mujeres que están en vías de investigación. Sin embargo, días previos a la marcha, las autoridades de Seguridad Pública dijeron que la entidad tiene un “número mínimo” de estos delitos, en comparación con otros estados.
Frente a ello, las mujeres de Aquelarre Cihuacóatl dijeron que un solo feminicidio debe ser motivo de actuación y las autoridades no deben esperar a que las mujeres sigan siendo asesinadas para realizar acciones contundentes.
Durante la marcha, las asistentes acudieron con guantes, cubrebocas y listones o palos de escoba para respetar la sana distancia y con ello evitar el contagio del nuevo coronavirus.
Las feministas reconocieron que existe un riesgo de salir a las calles debido a la alta transmisión, pero señalaron que es más grande la rabia y el miedo de sentirse inseguras en sus propios hogares, ya que el confinamiento no ha logrado protegerlas de la violencia.
De forma casi simultánea a la manifestación en Pachuca, otro grupo acudió a las oficinas de la Procuraduría en Tula. Como parte de su hartazgo con la inacción de las autoridades, las feministas rompieron los vidrios de la entrada, mismos que fueron repuestos unas horas más tarde.
Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Fuente e imagen: https://cimacnoticias.com.mx/2020/08/31/mujeres-hidalguenses-exigen-frenar-violencia-en-region-de-tula
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FOTO: Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
Colectiva feministas Aquelarre Cihuacóatl
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