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Desplazados climáticos en aumento, advierte ONU

Por: Rafael Paz / Ilse Valencia / Diego Alvarez

 

Los efectos del cambio climático alrededor del mundo se han convertido en una de las principales razones por las que millones de personas deciden migrar, ya sea al interior de su país de origen o a alguna nación vecina. Por ejemplo, en el estudio ‘Amicus Brief of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to the Inter-American Court of Human Rights regarding the request for an Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights from the Republic of Colombia and the Republic of Chile’, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) apunta lo siguiente:

“Cada año desde 2008, se estima que un promedio de 24.5 millones de desplazamientos han sido provocados por peligros repentinos relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas”.

Y añaden que “casi dos tercios de todos los solicitantes de asilo recientemente desplazados y los refugiados en 2022 provienen de 15 países que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, casi el 60 por ciento de los refugiados y personas desplazadas internamente por conflictos ahora viven en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático”.

Sin embargo, subraya la UNHCR, aunque el promedio anual es de 24.5 millones, sus oficinas estiman que durante el 2022 –https://www.unrefugees.org/news/how-climate-change-impacts-refugees-and-displaced-communities/ – este tipo de refugiados se incrementó a 32 millones y advirtió:

“En 2023, las temperaturas globales alcanzaron nuevos máximos históricos y el año estuvo marcado por decenas de incendios, inundaciones e intensas tormentas en todo el mundo. El cambio climático es la crisis definitiva de nuestro tiempo y sus impactos los experimentan de manera desproporcionada las personas en situaciones vulnerables”.

Escenario catastrófico

Para el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), “dependiendo del escenario, el cambio climático obligará a desplazarse entre 210 y 320 millones de personas, la mayoría dentro de sus propios países”. La cifra podría aumentar o disminuir, señalan los investigadores del estudio – https://cepr.org/voxeu/columns/climate-migration-frightens-climate-poverty-frightening – en función de las medidas que se tomen en el corto y mediano plazo para combatir la crisis climática.

Además, el problema podría empeorar hasta provocar un mayor número de desplazados, ya que de acuerdo a su análisis: “centrándonos en el escenario intermedio, el cambio climático reducirá el ingreso por trabajador en un 15% en los países cercanos al ecuador y lo aumentará en un 10% en latitudes más altas. Por tanto, la brecha de ingresos entre los países más ricos y más pobres aumentará un 25% en el transcurso del siglo XXI. El cambio climático aumenta en 0,5 puntos porcentuales la proporción de la población mundial que vive con menos del 2% del nivel medio mundial de ingresos”.

La Organización Internacional para las Migraciones indica que, según sus cálculos, de no implantarse acciones que combatan el cambio climático, en América Latina y el Caribe cerca de 113.5 millones de personas estarán expuestas a los efectos más severos del cambio en los patrones de clima para 2090.

Poca preparación

Para Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, las migraciones siempre han sido parte de la historia de la humanidad, no obstante lo que se vive actualmente es una problemática mayúscula que debe ser atendida a la brevedad. “La migración es un mecanismo de adaptación al cambio climático, sólo cuando han fallado todos los demás”, explica la especialista.

Aunque, argumenta la investigadora, la problemática no está sólo ligada al cambio climático: “las tendencias sí parecen estar incrementándose, pero no es culpa del cambio climático, es una cuestión que está directamente relacionada con la preparación frente a los riesgos que hay en cada zona, lo que implica el conocer cuáles son, por un lado, los riesgos climáticos y ambientales a los que están expuestos. Debemos ver cuáles son las condiciones que tienen para enfrentarlos y hacer una estrategia para reducir esa vulnerabilidad y no estar tan expuestos a los daños y así poder estar protegidos”.

Es un punto en el que coincidió Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ya que los números apuntan que alrededor del mundo se han hecho los preparativos necesarios para evitar mayores afectaciones.

“La aseguradora Swiss Re, calcula que en los últimos 30 años ha aumentado anualmente un siete por ciento el gasto de seguros por huracanes y tormentas. En 2023, la misma reaseguradora estimó que en los últimos cinco años se han gastado cerca de 32 mil millones de dólares, el doble de los últimos 10 años, por daños ocasionados por tormentas violentas. Y esto, claro, en países vulnerables como el norte de Centroamérica y el sur sureste de México, ha provocado desde 2020 una enorme migración hacia Estados Unidos, a pesar de cerrar su frontera”.

“Las migraciones pueden pueden ser ordenadas y programadas”, sugiere Martínez Arroyo, “para que tanto la población que recibe como la que migra tengan protegidos sus derechos y no se complique todo cuando sea en la última instancia”.

¿Por qué no se han tomado más medidas?

Hechos recientes, como el huracán Otis en Guerrero, argumenta Oswald Spring, muestran la poca preparación que se tiene para atender este tipo de desastres ambientales y sus consecuencias:

“Para México Otis es realmente un llamado de atención. En 12 horas, una depresión tropical se convirtió en huracán categoría 5. Es uno de los más veloces que hemos tenido en la historia del mundo, con una velocidad de 330 kph. El océano es un absorbente enorme del excedente de energía generada por el calentamiento global y cuando se conjunta con un fenómeno de El Niño, como el que tenemos actualmente, se puede pensar en que tendremos en el Pacífico otros fenómenos como Otis”.

La universitaria añade que es difícil encontrar soluciones debido a los intereses económicos, un buen ejemplo de esto es la pasada COP28 cuyo objetivo es organizar las acciones de los países participantes alrededor del cambio climático, pero el evento se realizó Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, a su vez una de las naciones con mayores cifras de contaminación gracias a su industria petrolera.

“Hay que tomar en cuenta que las industrias más contaminantes son las petroleras, la cementeras, las de construcción y el transporte de carros, entonces cómo trabajamos en contra de enormes intereses transnacionales, que hacen lobby en el Congreso de Estados Unidos para impedir que, por ejemplo, se controle el fracking. La pasada COP sucedió en un país petrolero, así que hay una presión enorme en contra de la reducción de gases de efecto invernadero”, comenta.

Al respecto, Amparo Martínez Arroyo añade: “ha habido grandes avances, que se van dando poco a poco y que no se notan tanto, aunque no son suficientes y no son todos los que se necesitan, porque nos estamos enfrentando a una serie de intereses creados”.

“Hay en algunos países una falta de confianza en el conocimiento y lo que plantea, por lo que se piensa que tal vez la tecnología, no el conocimiento científico, se va a poder encontrar salidas que lo resuelvan. Le están apostando a eso en algunos países desarrollados, porque las industrias no quieren disminuir ni sus ganancias, ni arriesgar, cuando está más que los cambios se tienen que hacer que hacer ya”, suma la investigadora y advierte: “Es un problema social muy ligado a nuestra forma de desarrollo económico, muy ligado al mercado y a pequeños grupos con intereses económicos, que a su vez son los que están provocando la mayor parte de las emisiones del mundo y poniéndolo en completo riesgo. Ante esto no queda más que la organización de la gente y las demandas de los países que más lo padecen, porque la reacción está siendo mucho más lenta de lo que debería ser”.

Fuente de la información e imagen:  UNAM Global

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«Tengo miedo de que este sea el final para mí y para mi familia»: la desesperada situación que se vive en las instalaciones de la ONU en Gaza

Los continuos bombardeos israelíes en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre están generando un creciente pánico y desesperación en Gaza.

Más de 1.000 personas, entre ellas 290 niños, han muerto en este territorio palestino desde el comienzo de las represalias israelíes.

Las autoridades israelíes dijeron, por su parte, que el número de muertos en Israel superó los 1.200.

Los bombardeos han forzado a miles de personas en Gaza a huir de sus hogares y se estima que el número de desplazados desde el 7 de octubre es de al menos 200.000, cerca del 10% de la población.

Unos 175.000 desplazados se están refugiando en 88 escuelas de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), según informó este miércoles la organización.

“Las escuelas de la ONU en Gaza que sirven de refugio desde el 7 de octubre están en su máxima capacidad”, le dijo a BBC Mundo Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA, que tiene su base en Jordania.

“Algunas familias se han refugiado también en otras instalaciones de la UNRWA”, agregó.

Cerca de 175.000 desplazados se están refugiando en 88 escuelas de la agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos, UNRWA.

Aún en las escuelas de la ONU los desplazados no están totalmente seguros.

Dos escuelas de estos centros se vieron afectadas por ataques aéreos, elevando a 20 el número total de instalaciones impactadas por el conflicto desde el 7 de octubre, señaló la agencia.

Y 16 desplazados internos que se refugiaban en una escuela de UNRWA resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, como resultado de un ataque aéreo cercano.

Las escuelas de la ONU en Gaza son el único refugio seguro para miles de familias.

“Tengo miedo de que sea el final”

El personal de la agencia de la ONU trabaja día y noche para responder a las necesidades de los desplazados.

La UNRWA tiene más de 5.300 trabajadores en Gaza que administran los albergues.

La agencia confirmó este miércoles que 11 de ellos murieron desde el inicio de los bombardeos israelíes.

“Muchos de nuestros trabajadores desplegados para ayudar a los desplazados también se han visto afectados”, afirmó Touma.

“Ellos mismos perdieron sus hogares y son desplazados”.

La destrucción causada por los bombardeos es inmensa.

La UNRWA es la agencia más grande de la ONU en Gaza, donde tiene presencia desde hace más de 70 años.

Muchos de sus trabajadores han pasado por otros conflictos con Israel, pero aseguran que el actual no tiene paralelo.

“Para algunos de los trabajadores es la séptima vez que viven un conflicto. Pero dicen que el nivel de devastación no tiene precedentes”, señaló Touma.

“Están realmente asustados, temen por sus vidas y las de sus hijos, por lo que les deparará ya no el siguiente día sino la siguiente hora”.

“Un trabajador de UNRWA en Gaza me dijo: ‘Tengo miedo de que este sea el final para mí y para mi familia’”.

Los bombardeos israelíes en Gaza dejaron hasta el momento al menos 1.000 muertos, de acuerdo a datos oficiales.

Necesidades humanitarias

Este miércoles se informó que la principal planta de electricidad en Gaza dejó de funcionar por falta de combustible.

Solo contarán con electricidad aquellos que tengan acceso a otros generadores y el combustible necesario para operarlos.

Touma le dijo a BBC Mundo que, si bien los refugios cuentan por ahora con generadores y alimentos, la situación es crítica

“Nuestros suministros se están acabando rápidamente”, señaló.

Gran parte de la población de Gaza ya dependía antes de los ataques de la ayuda de la ONU para subsistir.

La UNRWA informó que algunos refugios están saturados y tienen una disponibilidad limitada de alimentos, agua potable y otros artículos básicos.

El bloqueo total israelí a Gaza está agravando aún más la crisis humanitaria palestina.

Gran parte de la población de Gaza dependía ya antes del 7 de octubre de ayuda de la ONU para subsistir.

Antes de esa fecha la UNRWA distribuía alimentos a más de un millón de personas, afirmó Touma.

“Esto muestra el nivel de dependencia y la profundidad de las necesidades humanitarias en la Franja de Gaza”, dijo.

“Pero el 7 de octubre, debido a todo lo que está sucediendo, nos vimos obligados a cerrar nuestros centros de distribución en Gaza”.

En momentos en que Israel sigue acumulando armas y personal militar en la frontera con Gaza, Touma recordó a BBC Mundo que “la UNRWA pide el fin inmediato de los combates y la protección de los civiles en todas partes”.

La agencia también pide “la protección de la infraestructura civil y de las instalaciones de la ONU”.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/articles/cd1rdr5ej8vo

 

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Ayudando a los más vulnerables de Haití: los desplazados con discapacidad

Las personas con discapacidad en Haití que han tenido que ir de un refugio temporal a otro a causa del terremoto, el fuego y la creciente violencia de las bandas criminales han podido encontrar por fin un hogar seguro, justo antes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra anualmente el 3 de diciembre.

Samuel cree que ser discapacitado visual en Haití es un castigo. Tras ser despedido de su trabajo por su discapacidad, le resultó imposible encontrar empleo. «Ha sido muy difícil alimentar a mi familia, por no hablar de pagar la matrícula” del colegio, dice este padre de dos hijos.

Con discapacidad visual desde hace más de una década, Samuel, de 48 años, ha pasado la mayor parte de este tiempo en el campamento La Piste, en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Este lugar para desplazados internos ha acogido a personas con todo tipo de discapacidades desde el mortífero terremoto de siete grados que golpeo Haití en 2010.

Samuel (en el centro) y su familia esperan para salir de un emplazamiento provisional para desplazados internos en Puerto Príncipe.

OIM/Monica Chiriac
Samuel (en el centro) y su familia esperan para salir de un emplazamiento provisional para desplazados internos en Puerto Príncipe.

En junio de este año, el lugar fue devorado por las llamas, dejando a cientos de personas luchando por sus vidas y sin hogar una vez más. Poco después, una asociación local remitió a Samuel a Delmas 103, una escuela y lugar temporal de acogida en Puerto Príncipe, donde ha estado viviendo.

Violencia tras el terremoto

Los terremotos y los incendios no son los únicos peligros a los que se enfrentan los haitianos como Samuel. Desde marzo de 2020, un alarmante aumento de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe ha provocado el desplazamiento de unas 19.000 personas.

La violencia está interrumpiendo el suministro de ayuda humanitaria a cerca de 1,5 millones de personas en todo el país, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Las personas discapacitadas desplazadas han sufrido con regularidad debido a la violencia constante. La Organización Internacional para las Migraciones está proporcionando asistencia de protección vital a los más vulnerables afectados por la violencia.

Judith, de 27 años y madre de dos hijos, sufrió una lesión medular por una herida de bala.

OIM/Monica Chiriac
Judith, de 27 años y madre de dos hijos, sufrió una lesión medular por una herida de bala.

Necesidades específicas

La oficial de proyectos de la Organización, Claire Gaulin, afirma que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas.

«Los desplazados a la fuerza, ya sea por catástrofes naturales o por la violencia relacionada con las bandas, necesitan apoyo para ser reubicadas en un lugar seguro donde puedan vivir con seguridad y dignidad», y añade que «también requieren un examen médico para identificar sus necesidades de atención sanitaria. Muchos no han pasado por la consulta del doctor durante mucho tiempo, lo que a veces puede empeorar sus condiciones».

También han recibido muletas y sillas de ruedas, una línea telefónica de apoyo y ayuda para poner en orden su documentación.

«Las personas con discapacidad en Haití también se enfrentan con frecuencia a la discriminación, por lo que necesitan un apoyo específico para su integración y participación en la comunidad«, dice Claire Gaulin. «En última instancia, necesitan apoyo para recuperar su autonomía, lo que puede hacerse organizando formación para ayudarles a desarrollar actividades generadoras de ingresos y dándoles la oportunidad de acceder a servicios especializados.»

La Organización Internacional para las Migraciones creó un servicio de apoyo para la reubicación* voluntaria de más de 10.000 personas que viven en los barrios más afectados por la violencia, incluidas más de 5200 mujeres y niñas y 550 personas con discapacidad.

Las familias que vivían en una escuela han sido reubicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en otros emplazamientos seguros.

OIM/Monica Chiriac
Las familias que vivían en una escuela han sido reubicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en otros emplazamientos seguros.

La vuelta a la normalidad

Unas 247 familias desplazadas, entre las que se encuentra la de Samuel, ya han abandonado el edificio de la escuela Delmas 103 al que huyeron tras el incendio y han sido reubicadas en las regiones y casas que han elegido. Como parte del proceso de reubicación, la agencia de la ONU apoya a cada familia con asistencia en efectivo para cubrir un año de alquiler.

Mientras tanto, la OIM también ha renovado el sitio de Delmas 103, conocido por la mayoría como la Ecole Communale de Pétion-Ville. La escuela está ahora equipada con nuevos pupitres y pizarras, y está lista para recibir de nuevo a los estudiantes, tan pronto como sea seguro hacerlo.

Ahora que Samuel ha recibido un nuevo alojamiento, su atención se centra en la salud de sus dos hijos adolescentes que, debido a una enfermedad hereditaria, ya están perdiendo parte de la vista.

«A los chicos les persigue la idea de que algún día se quedarán ciegos como su padre», dice Samuel. «Ahora que ya no vivo en sitios provisionales, puedo dedicar tiempo a encontrar los medios para cuidar de mi familia y continuar con mi terapia médica en un entorno seguro».

Este viernes 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

*El programa de reubicación de la Organización Internacional para las Migraciones y el apoyo a los desplazados internos han sido posibles gracias al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF). Estas actividades se han llevado a cabo en coordinación con la Dirección General de Protección Civil de Haití (DGPC), la Unidad Nacional de Construcción de Viviendas y Edificios Públicos (UCLBP) la Fundación J’Aime Haïti, así como la Oficina del Secretario de Estado para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (BSEIPH).
Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/12/1500792
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Organizaciones civiles de México y Centroamérica piden garantizar derechos de los niños migrantes

Un grupo de cinco organizaciones civiles de El SalvadorGuatemalaHonduras y México instó a los países por donde cruzan los migrantes para llegar a Estados Unidos a proteger los derechos de los niños y adolescentes mientras se desplazan por su territorio.

Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron, luego de tres días de reunión, la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM), de El Salvador; la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), también de El Salvador; la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), de Guatemala; la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), de Honduras, y a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Hacemos un llamado urgente y enérgico a los Estados para que asuman la responsabilidad contenida en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, que establecen la adopción en materia de protección, cuidado, acceso a servicios, de marcos normativos o cualquier otro mecanismo que respete los derechos humanos y que garantice los derechos de niñosniñasadolescentes y jóvenes, así como el principio del interés superior de la niñez”, se lee en el comunicado conjunto.

Hace dos semanas, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de que en los primeros ocho meses del año ha identificado a 34 mil 427 menores de edad que transitaban en condición irregular. De ellos, ocho mil 525 son menores no acompañados.

Tras la reunión, estas asociaciones defensoras de los derechos de la niñez coincidieron en que el impacto económico generado por la pandemia, la violencia y las desigualdades sociales existentes en estos países han provocado la migración de menores de edad.

En el caso de la violencia, la Redim señaló que en julio de este año se reportaron 678 homicidios de niños así como 55 feminicidios. También destacó el incremento en el número de delitos de tráfico de menores. Entre enero y julio del 2020 se reportaron 155, mientras que en el mismo periodo del 2021 la cifra subió a 227.

Las cinco organizaciones catalogaron como necesario crear un mecanismo transnacional de protección de derechos de la niñez migrante, en la que deben participar gobiernos, asociaciones civiles locales e internacionales.

“Estas medidas deben incluir respuestas estatales para disminuir las causas estructurales que generan la migración o desplazamientos forzados, que tienen que ser valoradas y transformadas desde la perspectiva de la niñez (acompañada y no acompañada) para crear modelos de intervención comunitaria que garanticen la protección integral de la niñez”, señalaron.

Fuente: https://latinus.us/2021/09/11/organizaciones-civiles-mexico-centroamerica-piden-garantizar-derechos-ninos-migrantes/

 

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Estados Unidos: Aumentan las manifestaciones en Carolina del Norte a la víspera de Juneteenth

Siguen tomando fuerza en Carolina del Norte las manifestaciones en contra de la esclavitud, todo a la víspera del aniversario 19 de Juneteenth.

A medida que la fecha del 19 de junio y el movimiento obtiene una aceptación más generalizada, el estado busca contar la historia completa de la esclavitud.

“Esta es una oportunidad para realmente tener un ojo crítico”, dijo Angela Thorpedirectora de la Comisión de la Herencia Afroamericana de Carolina del Norte.

“¿Cómo era la esclavitud en todo nuestro estado y cómo podemos honrar a las personas que son liberadas o que se liberan a sí mismas?”, añadió.

Las manifestaciones aumentaron en el estado durante los últimos días luego de la indignación que provocó un evento promovido por Latta Plantation, a las afueras de Charlotte.

El evento promovía a los “refugiados blancos que habían sido desplazados y también tienen una historia que contar”.

Dicho acto tuvo que ser cancelado y los funcionarios del condado de Mecklenburg cerraron Latta Plantation hasta nuevo aviso.

En el Capitolio, en el centro de Raleigh, los visitantes pueden hacer dibujos, retratos o escribir los nombres de antiguos esclavos como forma de homenaje.

Por su parte, Stagville Plantation, en las afueras de Durham, está realizando manifestaciones en la propiedad que en el pasado albergó a casi 1,000 esclavos.

Cabe destacar que el movimiento “Junio 19” representa el 19 de junio de 1865, el día en que las personas esclavizadas en Galveston, Texas, recuperaron su libertad.

En esa misma fecha se dio la rendición en Virginia y Carolina del Norte, por lo que el estado tuvo una conexión directa.

Fuente: https://lanoticia.com/aumentan-las-manifestaciones-en-carolina-del-norte-a-la-vispera-de-juneteenth/

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Kenia comunica a ACNUR que cerrará en junio de 2022 los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma

El Gobierno de Kenia ha trasladado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que cerrará en junio de 2022 los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma, que acogen a más de 430.000 personas, según han indicado ambas partes a través de un comunicado conjunto.

El anuncio ha sido realizado tras una reunión entre el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, a raíz del plazo de catorce días dado en marzo por las autoridades del país africano para el cierre de los campamentos, paralizado por los tribunales kenianos.

«Somos serios respecto a completar el programa de repatriación que se inició en 2016, respetando nuestras obligaciones internacionales y nuestra responsabilidad nacional», ha indicado el ministro del Interior de Kenia, Fred Matiangi.

«Reiteramos nuestra posición previa de cerrar los campamentos de Dadaab y Kakuma el 30 de junio de 2022», ha recalcado. La ‘hoja de ruta’ presentada incluye un retorno voluntario de los refugiados, con seguridad y dignidad, y su traslado a terceros países a través de varios acuerdos.

Matiangi ha reseñado que «los países de países de África oriental tendrán la opción de que se les emita un permiso de trabajo de forma gratuita para que puedan integrarse en las comunidades kenianas o volver a su país de origen».

Asimismo, la ministra de Exteriores keniana, Raychelle Omamo, ha hecho hincapié en que «el cierre de los campamentos debe ser visto como una aspiración». «No estamos expulsando a la gente, pero un campamento no es algo permanente. Es un limbo», ha argüido.

«Nadie debe vivir en un lugar de incertidumbre e indignidad generación tras generación», ha apuntado. «Ahora estamos trabajando en cómo lograr esto a través de una cooperación que vaya en línea con el Pacto Gloabl sobre Refugiados (GCR)», ha destacado Omamo.

Nairobi y ACNUR han destacado que los campamentos «no son una solución a largo plazo al desplazamiento forzoso» y han mostrado su compromiso a la hora de «trabajar juntos para encontrar soluciones alternativas que vayan en línea con los principios de responsabilidad y los objetivos del GCR.

«Creo que el Gobierno y el pueblo de Kenia seguirán mostrando su generosa hospitalidad hacia los refugiados, como han hecho durante casi tres décadas, mientras mantenemos discusiones sobre una estrategia para encontrar las soluciones más duraderas, apropiadas y fundamentadas en los derechos para los refugiados y solicitantes de asilo que viven en los campamentos de Dadaab y Kakuma», ha manifestado Grandi.

En esta línea, ha aplaudido el «continado compromiso» de Kenia con el GCR. «Tengo tranquilidad por las garantías del Gobierno de que seguirán dando protección y servicios a los solicitantes de asilo y refugiados en Kenia mientras se buscan soluciones», ha explicado.

El Gobierno de Kenia y ACNUR han asegurado además que «la verificación digital de los kenianos registrados como refugiados arrancará en su debido momento» para lograr su retirada de las bases de datos sobre refugiados.

Por último, han destacado que «Kenia ha soportado la carga de acoger a refugiados desde hace casi tres décadas», en las que los campamentos «han saturado su capacidad para acoger población», al tiempo que han recordado que el Gobierno ha expresado además «graves preocupaciones» por motivos de seguridad.

El Ejecutivo de Kenia ha pedido en varias ocasiones el cierre de Dadaab argumentando que en el mismo había infiltrados miembros del grupo yihadista Al Shabaab, que opera principalmente en Somalia y mantiene lazos con Al Qaeda, si bien el Tribunal Supremo impidió en 2017 su cierre.

Así, el tribunal indicó que el Ministerio del Interior se había extralimitado en sus funciones al ordenar la clausura del campamento –que llegó a albergar a más de 580.000 refugiados en 2011– y declaró inconstitucional la repatriación a Somalia de los refugiados. Dadaab fue abierto en 1991, mientras que un año después fue abierto Kakuma.

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-kenia-comunica-acnur-cerrara-junio-2022-campamentos-refugiados-dadaab-kakuma-20210430093324.html

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Mundo: La respuesta al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres

Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?

En primer lugar, es importante entender la escala de este aumento de la inseguridad alimentaria y lo que está en juego.

Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.

Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil.  El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.

En segundo lugar, es fundamental comprender las raíces de la crisis alimentaria provocada por la COVID-19.

A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos.  Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.

Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.  Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de ‘mercados húmedos’, la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.

Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.

Las causas de fondo del aumento a largo plazo del hambre incluyen el clima, los conflictos, las enfermedades zoonóticas y las plagas, así como las crisis económicas.

En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.

Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.

La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.

Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.

Es por esta razón que la respuesta de la AIF se ha centrado tanto en las necesidades alimentarias inmediatas como en las causas subyacentes a largo plazo de la inseguridad alimentaria.

La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.

Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.

Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán.  En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.

Las respuestas para abordar los factores subyacentes de la inseguridad alimentaria se basan en el historial de la AIF durante la última década.

Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.

En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.

Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.

El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.  La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica. Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos. 

Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-respuesta-al-fuerte-aumento-de-la-inseguridad-alimentaria-en-los-paises-mas-pobres?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM94613

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