Page 1 of 2
1 2

Lanzamiento del libro: Defender los Pueblos

Por: pressenza

El sábado 19 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro ‘Defender los pueblos’, editado por la organización Somos Defensores y el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. En el texto, que presenta un compendio de historias protagonizadas por líderes y lideresas sociales que defienden su territorio, participó como autor el periodista Jorge Escobar Banderas, redactor de Pressenza en Colombia.

El lanzamiento del segundo tomo de esta colección editorial tuvo lugar en los espacios de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali. Durante el evento se hizo un recuento de las diferentes anécdotas que giraron entorno a la construcción de los relatos y las vivencias del cubrimiento en distintos puntos del país.

Jorge Escobar Banderas, periodista que hace parte de la redacción Colombia de Pressenza, participó con la escritura de dos textos, el primero de ellos se denomina ‘Sólo el pueblo, salva al pueblo’ que relata la historia de Nomadesc, una organización social encabezada por Berenice Celeita, una lideresa y defensora de los derechos humanos que ha impulsado la protección de los derechos vulnerados a las comunidades víctimas del desplazamiento forzado en el pacífico colombiano.

Jorge Escobar Banderas. Foto de Tatiana Alejandra Espinosa Cabrera

A su vez, en esas líneas se retrata otra de las grandes apuestas emprendidas por Nomadesc, como lo es la Universidad Intercultural de Los Pueblos, un espacio donde los saberes académicos y técnicos se combinan con la ancestralidad de los pueblos, facilitando un proceso de articulación intercultural.

La segunda historia tuvo como protagonista a un colectivo juvenil de la ciudad de Tumaco, en la costa Pacífica, denominado AfroMiTu. Dicho texto fue elaborado en compañía del periodista Carlos Alberto Murillo, donde se cuentan las vivencias de un grupo de jóvenes que a pesar del contexto de violencia en el cual viven, se las han ingeniado para influenciar a otros jóvenes a encontrar en la música y la cultura, un escape a la difícil realidad de la región.

Defender los pueblos’ es el segundo tomo de la colección editorial Defender, un proyecto realizado por el proyecto  Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y la organización Somos Defensores.

Puede acceder a los libros aquí: Defender los pueblos y Defender la Vida

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

Comparte este contenido:

México: El imperio de las balas y el desplazamiento silencioso en Guerrero

Por: Isael Rosales Sierra

El desplazamiento forzado en el estado de Guerrero se ha incrementado en los últimos 15 años, sobre todo, por la ausencia y el debilitamiento de las instituciones estatales para atender regiones olvidadas. “La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado podamos decir que, en la región de la Costa Grande, de la Tierra Caliente, en la Zona Norte, hay comunidades que se caracterizan por estar silenciadas”, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El jueves 25 de febrero de 2021 pobladores de la comunidad de Hacienda de Dolores, El Zapote y Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, fueron atacados por integrantes de la Familia Michocana, quienes mantienen en constante asedio a las familias. De acuerdo con datos del periódico El Sur, en sus publicaciones el día 26 y 27 de febrero de 2021, los “decesos podrían llegar a 15” y una decena de heridos. La explotación de la madera ha sido otro problema que ha resultado en el asesinato de Rubén Santana el 15 de febrero de 2011, mientras su esposa Juventina Villa fue asesinada en noviembre de 2012. Pasado un tiempo poco más de 80 personas fueron desplazadas de las comunidades de La Laguna y Los Ciruelos.

El desplazamiento forzado no es privativo de Guerrero. A finales de 2019 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno en el mundo como resultado de conflictos y violencia, apunta en el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Masivo en México” (CMDPDH: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf). En México se registraron 8 mil 664 personas desplazadas de 28 episodios en 8 estados, principalmente Chiapas con 9 y Guerrero con 8 hechos distintos, 5 mil 128 personas desplazadas, ocupando el primer lugar. En tres ocasiones fueron desplazadas mil o más personas, pero la mayor parte ocurrieron en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamiento entre grupos de la delincuencia desplazaron a mil 500 personas de diferentes comunidades. El estado de Oaxaca tuvo el segundo lugar con mil 071 personas desplazadas. En Chihuahua 300 personas desplazadas, Tamaulipas 140, Sinaloa 393, Chiapas 668 y Michoacán 704. Es importante señalar que en el conteo “histórico-acumulativo asciende a 346 mil 945” personas desplazadas en el país. (CMDPDH: página 21-22).

Sergio Ocampo Arista, periodista reconocido, ha estado entre la línea de fuego para relatar las historias trágicas de Guerrero, en estos días ha publicado en su Facebook el drama de las comunidades campesinas de la sierra madre del sur del estado. “Confieso que esta semana, dos acontecimientos cimbraron mi conciencia y mis sentimientos; el jueves estuve en Vallecitos de Zaragoza, ubicado a 65 kilómetros del municipio de Zihuatanejo, y visité a los cerca de 300 desplazados de Zihuaquio, conocí la situación en que se encuentran, desde enero del 2020, cuando junto con otros mil 500 paisanos huyeron por la violencia que se presenta en esa región de Tierra Caliente/Costa Grande. Sobra decir que Vallecitos está abandonado, más de 3 mil 500 ciudadanos también huyeron por la violencia; triste historia de nunca acabar, poco hacen los 3 niveles de gobierno para resolver el problema ¿qué haría usted si se quedará sin hogar, y sin trabajo?”. El otro acontecimiento fue la muerte de un maestro de primaria, su amigo cercano, Sergio en las hondas reflexiones de la muerte.

En este contexto, el viernes 26 de febrero, se llevó acabo un foro virtual: “experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzados y medidas de prevención”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Embajada Canadá y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien organiza, coincidieron en sumar esfuerzos para luchar en pro de la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas por la violencia macrodelincuencial.

Integrantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en Guatemala y Chiapas respectivamente, consideran que el estado dejó de ser garante de los derechos humanos de personas desplazadas por la violencia. “Se ha implantado el terror en las comunidades y por eso decimos que estamos viviendo un momento de tortura. Hay mucha impunidad porque hasta en la actualidad los grupos armados en contubernio con las autoridades prevalece. El Estado dejó de ser protector y se convirtió en el causante del problema, el ejemplo más cruento es Chiapas donde indígenas han sido desplazados por grupos paramilitares. Nos preocupa porque estamos viviendo una crisis sanitaria en las comunidades y el estado no garantiza la vida. Así que es importante trabajar ante el sistema interamericano”.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, expresó que “es preocupante ver a un gobierno sumiso ante la embestida del crimen organizado que obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. Criticó que en Guerrero se vive un estado de vulnerabilidad porque acrecienta el desplazamiento forzado cada día, pese a que el Estado mexicano no lo ha aprobado como un delito, además de que el gobierno federal solo ha reconocido a 80 familias originarias de Guerrero como desplazadas, pero no por el crimen organizado sino por despojo o robo a casa habitación. En esta tesitura, pidió que en el Código Penal se tipifique como delito el desplazamiento forzado y que la Cámara de diputados apruebe la Ley General sobre este tema”.

Por su parte, Abel Barrera, señaló que, en Tierra Caliente, en ciudad Altamirano, en colindancia con Morelos y el Estado de México, los giros económicos están controlados por los grupos de la delincuencia organizada. Ahora quienes distribuyen productos de la coca cola es la delincuencia hasta para comprar un kilo de carne en el mercado. Se necesita ser proveedor autorizado por grupos de la delincuencia. Si los presidentes municipales están sometidos, es claro que las poblaciones están sometidas y dominadas.

En hechos recientes de desplazamiento de familias sierreñas por la violencia es evidente que prevalece la ausencia de las autoridades, el problema es que no están atentos, sobre todo, la guardia nacional y el ejército para contener esta avalancha delincuencial. La Costa Grande, la Zona Norte, Tierra Caliente y la Sierra es un polvorín porque ahí es donde está la disputa territorial.

En la región Centro ha habido desplazamiento en el municipio de Zitlala y Chilapa. Decenas de personas han sido desparecidas y asesinadas. Las esposas sueñan que sus esposos vuelven, tocan la puerta y se van. Las niñas y los niños miran a sus papás en el patio de sus casas, les gritan, pero salen corriendo como si no quieran ser vistos. La añoranza de que sus seres queridos regresen es latente. Este oscurantismo impuesto por la delincuencia es por el control no sólo de un territorio pobre, incomunicado, con poblaciones dispersas sino por un territorio donde hay concesiones mineras, en unos lugares se explora mineral y en otros el proceso de exploración. “Se trata de un modelo estractivista donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población, es decir, no sólo es la siembra, el trasiego de la droga de la amapola sino los negocios de la minería”, apunta Abel Barrera.

El director de Tlachinollan analiza que en el macizo de la sierra madre del sur está el oro y ahí están los macizos de la delincuencia. En esta revisión de la geografía tenemos que entender a los actores, la forma en como están funcionando las instituciones, los grupos de poder, los cacicazgos y la presencia del ejército, sin embargo, la situación se ha descompuesto más, precisamente porque hay acuerdos y complicidades. Un meganegocio y la derrama del capital beneficia a los gobiernos del Estado.

Los dueños del territorio, pero no los ancestrales sino por grupos de la delincuencia son Los Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Granados, el Cartel Independiente de Acapulco, La Barredora, El Comando del Diablo, Los Ardillos, Los Tequileros, Los Jefes, El Cártel del Sur, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Guerrero sangra por estos grupos que buscan controlar la vida social y comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Donde hay grupos armados se da la violencia y por ende los desplazamientos de personas.

“La mayoría de los desplazamientos han sido en Apaxtla, en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlacotepec, Chichihualco, donde hay trasiego de droga. Las familias están sufriendo, unos han decidido a enfrentar, otros a desplazarse a la Ciudad de Altamirano, Michoacán, la Ciudad de México y la Ciudad de Chilpancingo. Son desplazamientos silenciosos, las familias no quieren que se sepa que están porque los pueden ir a matar. También se habla de desplazamiento de familias de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en la región de la Montaña”.

Abel Barrera aborda que, en la guerra sucia, cuando los campesinos se rebelaron contra el Estado mexicano, los generales llegaban hacerles la guerra a los pueblos. Ahí los generales se aliaron con los caciques e implementaron una guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Con el tiempo fueron dejando a los pistoleros que eran como los policías, como los jefes de plaza, y posteriormente con todos los cárteles nacionales. Guerrero se convirtió en un narcoterritorio, donde Acapulco es el lugar estratégico para el trasiego de la droga, incluso de Colombia, a Estados Unidos. Iguala quedó como la ciudad del oro y después en la ciudad del narco. En 2014 terminó en la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Quedó evidenciada la participación de las corporaciones policiacas y militares con la empresa macrodelincuencial. No es gratuito que haya actores intocados por el Estado mexicano y que ha dado a estos desplazamientos.

Hay una herida abierta en la sierra madre del sur del estado de Guerrero que se sigue zanjando. Hay centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Aquí sólo impera la ley de las balas.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-imperio-de-las-balas-y-el-desplazamiento-silencioso-en-guerrero/

Comparte este contenido:

México: Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas

Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.

“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.

La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.

Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.

Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.

Con información de La Jornada

Fuente: https://desinformemonos.org/familiares-de-victimas-cierran-accesos-de-segob-para-exigir-atencion-a-demandas/

Comparte este contenido:

México: denuncian falta de voluntad política para atender violaciones a derechos humanos en Chiapas

Hay «una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades» para atender las violaciones y vulneración de los derechos humanos e indígenas en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas, denunció la Misión Civil de Observación conformada por organizaciones defensoras en la entidad.

Explicaron que las principales violaciones a los derechos en las comunidades indígenas son desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización hacia los defensores y la presencia de grupos paramilitares que atentan contra los pueblos de las tres regiones.

«Queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas, quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones», añadió la Misión.

Agregó que la situación en las comunidades se agrava por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, «ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos».

«Nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas», aseguraron las organizaciones.

A continuación el comunicado:

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1]visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

 Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-falta-de-voluntad-politica-para-atender-violaciones-a-derechos-humanos-en-chiapas/

Comparte este contenido:

México: Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.


Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

De igual forma, acusaron que los defensores de Asmac han sido objeto de campañas de desprestigio y descalificación de su trayectoria.

Las constantes agresiones y amenazas en contra de la comunidad rarámuri provocó la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de la población.

Sin embargo, las hostilidades continúan contra los pobladores de Choréachi, por lo que los activistas exigieron a las autoridades frenar las agresiones, sancionar a los responsables de la violencia y el despojo territorial y acelerar la resolución del conflicto.

Con información de La Jornada

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-amenazas-agresiones-y-desplazamiento-forzado-contra-raramuris-que-reclaman-sus-tierras/

Comparte este contenido:

Colombia: Enfrentamientos armados causan miles de desplazamientos en Nariño

América del Sur/Colombia/02-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Alrededor de 400 familias se encuentran desplazadas en el casco urbano del municipio colombiano Roberto Payán, en el departamento de Nariño, debido a los constantes enfrentamientos armados en las zonas rurales de dicha localidad.

El alcalde de esa población, Juan Carlos Sinisterra asegura que esta es una situación humanitaria altamente preocupante y que desborda su capacidad de respuesta desde lo local, pues hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Este viernes la ciudad recibió el último desplazamiento, unas 35 familias provenientes de un sector denominado Negrito sobre la orilla del río Ispi, que se suman a las que permanecen en albergues en los que reciben atención, dando prioridad a niños, mujeres y adultos mayores.

/>

Según Sinisterra, la atención de los desplazados se lleva cabo mediante una ruta en la que participan el hospital, la coordinación de educación, el coordinador de Riesgo y la comisaria de familia, a fin de adelantar el restablecimiento de derechos y atención humanitaria de emergencia.

No obstante, enfatizó en la necesidad de que “las autoridades e instituciones de alto nivel nos ayuden a atender lo que está ocurriendo”.

A pesar de la actividad de la fuerza pública, continúan ocurriendo masacres en el sector, como la ocurrida el pasado 28 de enero, cuando tres personas murieron, víctimas de una mina antipersona, y las autoridades han declarado que aún no consiguen retomar el control de las zonas en las que se generan los mayores desplazamientos.

Esta zona de Colombia marcada por la presencia de disidentes de las FARC-EP y bandas de narcotraficantes, se disputan el control de los territorios en donde también hay presencia de cultivos de hoja de coca.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-enfrentamientos-armados-causan-miles-desplazamientos-narino-20200201-0016.html

Comparte este contenido:

España: El abrazo de los Pueblos, las Personas y los Derechos Humanos

Por: Vientos Sur/Juan Hernández Zubizarreta/22-05-2019

5M Un espacio de denuncia y solidaridad

El pasado cinco de mayo miles de personas nos reunimos en Durango (Bizkaia), con un doble motivo: denunciar la barbarie silenciosa que se va asentando en Europa, por un lado, y expresar un encuentro entre iguales, sin importar la raza, el país de origen, la situación administrativa o si tienen o no “papeles”, por el otro. En todo momento estuvo presente la denuncia radical de las causas que provocan los desplazamientos forzados, así como la solidaridad como expresión de encuentro y reivindicación.

Es pronto para hacer un balance de lo ocurrido el pasado 5 de mayo, dada su dimensión, escala y proyección internacional. No obstante, aquí van algunas reflexiones que confiemos ayuden a fortalecer nuestras estrategias de lucha de cara al futuro.

Un primer elemento a tener en consideración es el carácter novedoso de la movilización. Hemos intentado superar las clásicas maneras de “manifestarnos” en nuestra tierra, y hemos conseguido enlazar la firmeza de la denuncia con la emoción y la construcción de simbología propia. En definitiva, un nuevo punto de encuentro entre formas históricas de hacer y espacios para mostrar nuestros sentimientos y nuestra solidaridad.

Bajo esta premisa, pusimos en marcha 8 columnas que atravesaron el pueblo de Durango acompañadas de dos voces que leían los nombres de las 35.000 personas asesinadas en el Mediterráneo en las últimas décadas. La música, el silencio, la solemnidad, el caminar con las manos entrelazadas, el abrazo inicial entre una mujer vasco-palestina y una superviviente del bombardeo franquista de Durango, etc. conformaron un conjunto de actos y símbolos, un todo, difícil de precisar en palabras, pero lleno de radicalidad y de solidaridad entre iguales.

Las diferentes columnas representaban la conjunción de causas que provocan los desplazamientos forzados, así como los quehaceres cotidianos de los movimientos sociales: feminista; ecologista-baserritarra; pensionista; cultura y euskera; sindicalista; antimilitarista; Euskal Herria tierra de acogida.

Y una última columna sobre la memoria de las personas desaparecidas en el Mediterráneo, en el desierto del Sahara, etc., encabezada por 30 compañeros y compañeras con el rostro tapado, que representaban un grito silencioso por el reconocimiento de las miles de personas desaparecidas. Explicitaban el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos -sin registro alguno y sin posibilidad de despedirles con dignidad- y que no encuentran amparo efectivo de ningún tipo. Ni memoria, ni verdad, ni justicia, ni reparación.

De este modo, el mensaje que trasladaron es que no podemos olvidar el dolor emocional y la destrucción en vida de millones de personas cuyo único delito es intentar sobrevivir. ¿Cómo se puede evaluar tanto sufrimiento? Cuando perdemos a un ser querido, a uno solo, sentimos que el tiempo y el espacio alcanzan otra magnitud, por eso no queremos que los datos y los análisis empañen -en ningún caso- la verdadera dimensión de lo que pretendíamos representar en esta columna. Ponerles rostro y voz a esas personas debe ser primordial en todo acto de solidaridad y de denuncia.

Por eso les recordamos en silencio y nos cogimos de las manos gentes de todo lugar y condición, como gesto que refleja lo que nos une y no lo que nos diferencia. También, como forma de construir simbólicamente alianzas desde abajo y por las de abajo, que nos permitan enfrentarnos al crecimiento de las ideas neofascistas.

En segundo término, destacaríamos que quienes hablaron en nombre de las diferentes columnas fueron mayoritariamente mujeres. Sus discursos combinaron la radicalidad de la denuncia con la emoción de sus palabras, y su abrazo fue el preludio del abrazo colectivo posterior. Además, la presencia del euskera fue natural y muy contundente a lo largo del desarrollo de todo el acto. Estos dos hechos fueron fruto de la construcción colectiva del acto de Durango. Ni más, ni menos.

Tercera reflexión: las miles de personas que se acercamos a Durango el 5M demuestran la capacidad de movilización y el músculo activista que sigue vivo en estas tierras. Entre estas cinco mil personas fueron muchas las migrantes llegadas de diferentes pueblos de Euskal Herria, lo que nos permite profundizar en la idea de solidaridad horizontal y en el encuentro entre iguales. Llegaron de Artea, Arrigorriaga, Bermeo, Gernika y de otros pueblos y barrios de Euskal Herria, donde la solidaridad se ha transformado en proyectos concretos de construcción de comunidad y de vida cotidiana contra el racismo y la xenofobia. Como señala Yayo Herrero, se trata de aprovechar el trabajo de los movimientos sociales pueblo a pueblo, barrio a barrio, que cada día pone la base empírica capaz de transformar diferentes experiencias en políticas públicas.

En esta línea, fue muy significativa la variedad y mezcla de edades y generaciones, lo que resulta especialmente llamativo, además de muy esperanzador para quienes pensamos que esta es una carrera de muy largo recorrido. También recordamos la necesidad de transitar de la “tranquilidad de las conciencias” hacia la “toma de conciencia”, desbrozando nuevos caminos para que quien se acerca a la solidaridad por compasión transite hacia la solidad por justicia.

Otra reflexión significativa, la cuarta: el carácter autogestionado y autofinanciado del acto. La gente y las organizaciones sociales han sido las únicas protagonistas de lo ocurrido en Durango. Además, la horizontalidad en la toma de decisiones, el consenso y el carácter deliberativo de todas y cada una de las actividades es una seña de identidad muy reseñable.

En quinto y último lugar, destacamos la lógica de proceso y su escala internacional: la abrazada de los pueblos, las personas y los derechos humanos no es un hecho aislado, forma parte de una red de movilizaciones de carácter internacional y en el seno del Estado Español. Más de 35 ciudades y más de 250 organizaciones forman parte de la articulación de múltiples abrazos a lo largo del continente europeo.

Todo ello en el marco de unos contenidos expresados en el manifiesto que han guiado la campaña y que se centran en dos ideas-fuerza: el combate contra el neofascismo y la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

¿Por qué movilizarnos contra el neofascismo? Porque creemos que en la coyuntura europea nos encontramos ante un escenario donde el autoritarismo extremo de los gobiernos europeos y de las instituciones comunitarias está dando paso a un nuevo espacio neofascista donde poco a poco se van consolidando hechos que dinamitan los derechos humanos y la vida misma.

Vemos con estupor como se instala la necropolítica, es decir, dejar morir a miles de personas inocentes, racializadas y pobres; las prácticas racistas; las deportaciones en masa; los tratamientos excepcionales a determinados colectivos; la fragmentación de derechos según categorías de personas; la criminalización de la solidaridad y de la pobreza; la persecución de la disidencia; el agravamiento de las prácticas coloniales; las agresiones sexuales y crímenes machistas; las expropiaciones colectivas por medio del pago de la deuda externa; las expulsiones de millones de personas donde el nivel del mar se está, literalmente, “comiendo” la tierra habitada o donde las empresas transnacionales amputan sus recursos naturales etc. Todas estas prácticas se convierten en regla y no en excepción.

Además, no podemos olvidar que el racismo ha formado parte de las políticas coloniales históricamente, y que estas políticas han regulado la distribución de la muerte y han hecho posible lo que Mbembe denomina la larga noche del mundo africano postcolonial. Así, en numerosos países se están apuntalando las bases programáticas de la xenofobia, mediante la construcción de restricciones manifiestas respecto a quien pertenece a la comunidad nacional y quien no, lo que provoca la exclusión legal del “extranjero pobre”.

En el momento de escribir estas líneas aparece una doble noticia: por un lado, mueren más de setenta personas en el naufragio de una patera frente a la costa de Túnez. Por el otro, el barco Mare Jonio de la plataforma humanitaria Mediterráneo Saving Humans ha desembarcado 30 personas rescatadas este jueves en suelo italiano. La Guardia de Finanzas ha incautado el buque humanitario.

¿Cómo tipificamos estos hechos? ¿Cómo calificar el plan del gobierno español de enero 2019, que contempla evitar el patrullaje activo de Salvamento Marítimo en las costas mediterráneas e impedir que zarpen los barcos de ONG dedicados al rescate? A partir de ahí, el gobierno delega su responsabilidad en Marruecos, Libia y en Salvini. Ha decidido quién es fácilmente sustituible y quién no. Las personas migrantes «irregulares» no resultan rentables ni electoral, ni políticamente. Este plan es, sin duda, una práctica neofascista.

Los gobiernos y las instituciones no sólo están eliminando y suspendiendo derechos, también los están reconfigurando y decidiendo quienes son sujetos de derecho y quienes quedan fuera de la categoría de seres humanos. Eso provoca una nueva etapa en la destrucción del sistema internacional de los derechos humanos. Y todo ello tiene una profunda conexión con la lógica colonial y racista de diferentes derechos para diferentes categorías de personas. En esta línea, la frontera expulsa y filtra migrantes dando lugar a la guerra entre pobres, a limbos jurídicos, laberintos burocráticos, mercados clandestinos de visados versus recuperación de la categoría de ser humano y espacios de no derecho.

Parece que los valores de los años 30 han resucitado, y la teoría nazi de Goebbels de proteger a los humanos de los infrahumanos regresa con toda su fuerza, de la mano de regímenes formalmente democráticos y bajo la estela de un nuevo neofascismo.

En Durango hemos construido un nuevo eslabón en la articulación de redes locales, estatales y europeas en la defensa de los derechos de las personas migrantes y contra el neofascismo. Nos esperan nuevas iniciativas, y de entrada, el próximo verano denunciaremos la cumbre del G7 en Euskal Herria. A su vez, la Caravana Abriendo Fronteras volverá a emprender su ruta de denuncia y solidaridad. Durango demuestra que, pese a la asimetría de la lucha, nos estamos preparando para defender la vida de manera radical.

*Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14813

Comparte este contenido:
Page 1 of 2
1 2