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Sudán: hambre extrema y desplazamientos forzados en más de un año de guerra

Por: Bianca Pessoa

Desde abril de 2023, Sudán vive una violenta guerra civil en una disputa por el poder y territorios entre las fuerzas armadas sudanesas y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Desde el comienzo de esta nueva fase del conflicto, más de 10 millones de personas han sido desplazadas y cerca del 70% de la población pasa hambre.

Las guerras civiles en Sudán no son recientes. Desde las luchas por la independencia, Sudán ha vivido una serie de conflictos internos, alimentados por disputas e injerencias externas. La primera guerra civil, entre 1955 y 1972, marcó las diferencias entre el sur y el norte del país, ya que los sureños exigían más autonomía regional. Otro conflicto estalló en 2003 y sigue hasta hoy en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, una región que posee muchos recursos naturales, como el oro. La guerra actual estalló debido a desavenencias sobre el periodo de integración de las RSF en las Fuerzas Armadas del país, como parte de las reivindicaciones no resueltas de la Revolución Popular Sudanesa de 2018.

Este artículo recoge los análisis presentados durante las actividades «La guerra en Sudán: perspectivas desde la izquierda», organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), PeoplesDispatch y la revista Madaar en julio de 2024, y «Trazando la ruta de los olvidados conflictos africanos», organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Sudáfrica en septiembre de este año.

Disputas por territorios y riquezas naturales

Para Niamat Kuku, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Sudán y militante por los derechos humanos, el contexto anterior a la guerra actual y durante el periodo de transición se caracterizó por una intensa lucha de clases. “Los que se oponían a la revolución estaban en contra de todas las mujeres, los campesinos y todos los demás segmentos sociales, excepto los políticos islamistas”, describe. Esa oposición antipopular contaba con un fuerte apoyo de fuerzas externas: “Nos enfrentábamos a amenazas de fuerzas extranjeras, a la injerencia y la intervención en Sudán, incluso la de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, países que tienen un gran interés en nuestros recursos».

La injerencia internacional se intensificó mientras se producía la revolución sudanesa, ya que parte de la lucha se centraba en la soberanía nacional sobre los recursos del país. «Sudán tiene una posición geográfica que permite el tránsito hacia el Mediterráneo o el Océano Atlántico. Tenemos una gran reserva de agua dulce, tierra fértil para la agricultura, minerales, uranio, oro, plata, e incluso nuestra arena es de gran calidad. Tenemos una población diversa y un gran patrimonio humanitario y de civilizaciones. Son elementos que hacen que Sudán sea objeto de interés para muchas fuerzas regionales e internacionales», explica Randa Mohammed, integrante de la Unión de Mujeres Sudanesas [Sudanese Women’s Union].

Las organizaciones y fuerzas revolucionarias denuncian el golpe en curso desde finales de 2021. Las características de la guerra se hicieron más evidentes a medida que se introducían más y más armas desde el exterior. «No se trata solo de una guerra económica entre dos generales, ni de un conflicto entre un general nacional y potencias externas, sino de un conflicto encabezado por agendas externas que están manipulando el entorno social. Estamos rodeados de países y gobiernos que están totalmente en contra de un nuevo gobierno democrático en Sudán», concluye.

Ataques a instituciones de salud, consecuencias para el pueblo

La Dra. Ihisan Fagiri, que también forma parte de la Unión de Mujeres Sudanesas, afirma que la violenta guerra que vive el país en la actualidad afecta esencialmente al pueblo sudanés que luchó en la revolución de diciembre de 2018. Desde entonces, ambos bandos cometieron crímenes contra la humanidad, con numerosas consecuencias, especialmente para el ya frágil sistema de salud del país. “Nuestro sector de salud está muy debilitado como consecuencia de la intervención del Fondo Monetario Internacional, lo que provocó una escasez de recursos en los hospitales y el cierre y la privatización de todos los servicios de salud”, dice.

Tras el estallido de la guerra, el 15 de abril de 2023, se agravaron los impactos sobre las instituciones de salud, ya que la mayoría de los hospitales fue ocupada por las milicias o destruida por el ejército. Según un informe preliminar del Comité de Sindicatos de Médicos del país, mencionado por Ihisan durante la actividad de la Marcha Mundial de las Mujeres, durante las dos primeras semanas de la guerra, más del 70% de los hospitales de la capital, Jartum, se encontraban fuera de servicio o habían sido destruidos. “El primer hospital ocupado por la milicia fue la maternidad de Omdurman. Esto nos da una pista de su mentalidad hacia las mujeres y su salud, y de cómo las mujeres pagan el precio de esta guerra”, denuncia.

Otros factores contribuyen al deterioro de la salud en Sudán, como la escasez de agua potable, la falta de saneamiento adecuado e higiene básica. Además, la situación ha empeorado durante las catástrofes amplificadas por la crisis climática, como las lluvias e inundaciones, que causaron la destrucción de viviendas y dejaron a muchas personas desamparadas en las calles, aumentando la propagación de enfermedades como la diarrea, malaria, disentería y fiebre tifoidea. La población del país también sufre cortes de electricidad y el manejo inadecuado de los cadáveres de las víctimas del conflicto.

Omayma Elmardi, de la MMM de Sudán, habló sobre las consecuencias de la guerra para los distintos grupos étnicos, las mujeres y las niñas de Sudán. “La guerra ha provocado desplazamientos masivos, asesinatos entre los civiles refugiados, destrucción de instituciones públicas, mercados, hospitales y propiedades. Las mujeres y las niñas temen por su seguridad personal en las zonas de conflicto y están sometidas a todo tipo de violencia, falta de servicios de salud, comida, seguridad y protección”.

Desplazamiento forzado

Las mujeres y sus familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia. Contaron con cierto apoyo de los comités de resistencia, que están formados por varias entidades y se encargan, por ejemplo, de la distribución de alimentos. “Pero la ayuda humanitaria es muy escasa e insuficiente. Las Naciones Unidas dicen que están ofreciendo ayuda humanitaria a cinco millones de personas, pero al menos 15 millones siguen necesitando ayuda humanitaria y ahora 25 millones, de los 47 millones que constituyen la población total de Sudán, están en riesgo de inanición y sufren desnutrición. En el campo de Zamzam dos niños mueren cada hora”, denuncia Randa Mohammed.

El desplazamiento interno de millones de personas debido a la violencia ha dado lugar a una oleada de refugiados, y las pocas instituciones de salud que aún funcionan en algunas regiones se ven desbordadas, sin recursos suficientes y sin capacidad para atender a la gran demanda demográfica.

Los campos de refugiados traspasan las fronteras del país, ya que los sudaneses buscan asilo en los países vecinos. En Egipto, que ya acoge a cientos de personas en el exilio, el gobierno está impidiendo que los abogados ayuden a los solicitantes de asilo. En Etiopía, el aumento de la migración sudanesa ha agudizado la crisis migratoria ya presente en el país, que también acoge a migrantes procedentes de otros conflictos en la región.

La vida de las mujeres que se enfrentan a guerras o dictaduras en otras partes del mundo fue tema de reflexión durante ambas actividades. Las compañeras sudanesas expresaron su solidaridad total con las mujeres que resisten a los conflictos y guerras que tienen lugar actualmente en Palestina y en la República Democrática del Congo. Como recordó Ihisan, “en general, durante cualquier conflicto, se apunta con las espadas a las mujeres, que pagan el precio de la guerra en forma de asesinatos, desplazamientos y violaciones. Frente a esto, el feminismo debe posicionarse con fuerza en la lucha contra las guerras, los genocidios y los conflictos armados impulsados por la codicia imperialista y que destruyen vidas y comunidades. Ihisan añade: «Necesitamos detener esta guerra y garantizar vías de paso y rutas seguras para el suministro de medicinas y alimentos. La Unión de Mujeres Sudanesas defiende la participación de las mujeres en todos los procesos de restablecimiento de la paz. Este es el paso más importante para poner fin a la guerra”.

Edición y revisión del artículo original por Helena Zelic y Tica Moreno
Traducido del portugués por Luiza Mançano

Fuente de la información e imagen:  Capire

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Lanzamiento del libro: Defender los Pueblos

Por: pressenza

El sábado 19 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro ‘Defender los pueblos’, editado por la organización Somos Defensores y el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. En el texto, que presenta un compendio de historias protagonizadas por líderes y lideresas sociales que defienden su territorio, participó como autor el periodista Jorge Escobar Banderas, redactor de Pressenza en Colombia.

El lanzamiento del segundo tomo de esta colección editorial tuvo lugar en los espacios de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali. Durante el evento se hizo un recuento de las diferentes anécdotas que giraron entorno a la construcción de los relatos y las vivencias del cubrimiento en distintos puntos del país.

Jorge Escobar Banderas, periodista que hace parte de la redacción Colombia de Pressenza, participó con la escritura de dos textos, el primero de ellos se denomina ‘Sólo el pueblo, salva al pueblo’ que relata la historia de Nomadesc, una organización social encabezada por Berenice Celeita, una lideresa y defensora de los derechos humanos que ha impulsado la protección de los derechos vulnerados a las comunidades víctimas del desplazamiento forzado en el pacífico colombiano.

Jorge Escobar Banderas. Foto de Tatiana Alejandra Espinosa Cabrera

A su vez, en esas líneas se retrata otra de las grandes apuestas emprendidas por Nomadesc, como lo es la Universidad Intercultural de Los Pueblos, un espacio donde los saberes académicos y técnicos se combinan con la ancestralidad de los pueblos, facilitando un proceso de articulación intercultural.

La segunda historia tuvo como protagonista a un colectivo juvenil de la ciudad de Tumaco, en la costa Pacífica, denominado AfroMiTu. Dicho texto fue elaborado en compañía del periodista Carlos Alberto Murillo, donde se cuentan las vivencias de un grupo de jóvenes que a pesar del contexto de violencia en el cual viven, se las han ingeniado para influenciar a otros jóvenes a encontrar en la música y la cultura, un escape a la difícil realidad de la región.

Defender los pueblos’ es el segundo tomo de la colección editorial Defender, un proyecto realizado por el proyecto  Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y la organización Somos Defensores.

Puede acceder a los libros aquí: Defender los pueblos y Defender la Vida

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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México: El imperio de las balas y el desplazamiento silencioso en Guerrero

Por: Isael Rosales Sierra

El desplazamiento forzado en el estado de Guerrero se ha incrementado en los últimos 15 años, sobre todo, por la ausencia y el debilitamiento de las instituciones estatales para atender regiones olvidadas. “La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado podamos decir que, en la región de la Costa Grande, de la Tierra Caliente, en la Zona Norte, hay comunidades que se caracterizan por estar silenciadas”, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El jueves 25 de febrero de 2021 pobladores de la comunidad de Hacienda de Dolores, El Zapote y Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, fueron atacados por integrantes de la Familia Michocana, quienes mantienen en constante asedio a las familias. De acuerdo con datos del periódico El Sur, en sus publicaciones el día 26 y 27 de febrero de 2021, los “decesos podrían llegar a 15” y una decena de heridos. La explotación de la madera ha sido otro problema que ha resultado en el asesinato de Rubén Santana el 15 de febrero de 2011, mientras su esposa Juventina Villa fue asesinada en noviembre de 2012. Pasado un tiempo poco más de 80 personas fueron desplazadas de las comunidades de La Laguna y Los Ciruelos.

El desplazamiento forzado no es privativo de Guerrero. A finales de 2019 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno en el mundo como resultado de conflictos y violencia, apunta en el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Masivo en México” (CMDPDH: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf). En México se registraron 8 mil 664 personas desplazadas de 28 episodios en 8 estados, principalmente Chiapas con 9 y Guerrero con 8 hechos distintos, 5 mil 128 personas desplazadas, ocupando el primer lugar. En tres ocasiones fueron desplazadas mil o más personas, pero la mayor parte ocurrieron en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamiento entre grupos de la delincuencia desplazaron a mil 500 personas de diferentes comunidades. El estado de Oaxaca tuvo el segundo lugar con mil 071 personas desplazadas. En Chihuahua 300 personas desplazadas, Tamaulipas 140, Sinaloa 393, Chiapas 668 y Michoacán 704. Es importante señalar que en el conteo “histórico-acumulativo asciende a 346 mil 945” personas desplazadas en el país. (CMDPDH: página 21-22).

Sergio Ocampo Arista, periodista reconocido, ha estado entre la línea de fuego para relatar las historias trágicas de Guerrero, en estos días ha publicado en su Facebook el drama de las comunidades campesinas de la sierra madre del sur del estado. “Confieso que esta semana, dos acontecimientos cimbraron mi conciencia y mis sentimientos; el jueves estuve en Vallecitos de Zaragoza, ubicado a 65 kilómetros del municipio de Zihuatanejo, y visité a los cerca de 300 desplazados de Zihuaquio, conocí la situación en que se encuentran, desde enero del 2020, cuando junto con otros mil 500 paisanos huyeron por la violencia que se presenta en esa región de Tierra Caliente/Costa Grande. Sobra decir que Vallecitos está abandonado, más de 3 mil 500 ciudadanos también huyeron por la violencia; triste historia de nunca acabar, poco hacen los 3 niveles de gobierno para resolver el problema ¿qué haría usted si se quedará sin hogar, y sin trabajo?”. El otro acontecimiento fue la muerte de un maestro de primaria, su amigo cercano, Sergio en las hondas reflexiones de la muerte.

En este contexto, el viernes 26 de febrero, se llevó acabo un foro virtual: “experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzados y medidas de prevención”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Embajada Canadá y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien organiza, coincidieron en sumar esfuerzos para luchar en pro de la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas por la violencia macrodelincuencial.

Integrantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en Guatemala y Chiapas respectivamente, consideran que el estado dejó de ser garante de los derechos humanos de personas desplazadas por la violencia. “Se ha implantado el terror en las comunidades y por eso decimos que estamos viviendo un momento de tortura. Hay mucha impunidad porque hasta en la actualidad los grupos armados en contubernio con las autoridades prevalece. El Estado dejó de ser protector y se convirtió en el causante del problema, el ejemplo más cruento es Chiapas donde indígenas han sido desplazados por grupos paramilitares. Nos preocupa porque estamos viviendo una crisis sanitaria en las comunidades y el estado no garantiza la vida. Así que es importante trabajar ante el sistema interamericano”.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, expresó que “es preocupante ver a un gobierno sumiso ante la embestida del crimen organizado que obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. Criticó que en Guerrero se vive un estado de vulnerabilidad porque acrecienta el desplazamiento forzado cada día, pese a que el Estado mexicano no lo ha aprobado como un delito, además de que el gobierno federal solo ha reconocido a 80 familias originarias de Guerrero como desplazadas, pero no por el crimen organizado sino por despojo o robo a casa habitación. En esta tesitura, pidió que en el Código Penal se tipifique como delito el desplazamiento forzado y que la Cámara de diputados apruebe la Ley General sobre este tema”.

Por su parte, Abel Barrera, señaló que, en Tierra Caliente, en ciudad Altamirano, en colindancia con Morelos y el Estado de México, los giros económicos están controlados por los grupos de la delincuencia organizada. Ahora quienes distribuyen productos de la coca cola es la delincuencia hasta para comprar un kilo de carne en el mercado. Se necesita ser proveedor autorizado por grupos de la delincuencia. Si los presidentes municipales están sometidos, es claro que las poblaciones están sometidas y dominadas.

En hechos recientes de desplazamiento de familias sierreñas por la violencia es evidente que prevalece la ausencia de las autoridades, el problema es que no están atentos, sobre todo, la guardia nacional y el ejército para contener esta avalancha delincuencial. La Costa Grande, la Zona Norte, Tierra Caliente y la Sierra es un polvorín porque ahí es donde está la disputa territorial.

En la región Centro ha habido desplazamiento en el municipio de Zitlala y Chilapa. Decenas de personas han sido desparecidas y asesinadas. Las esposas sueñan que sus esposos vuelven, tocan la puerta y se van. Las niñas y los niños miran a sus papás en el patio de sus casas, les gritan, pero salen corriendo como si no quieran ser vistos. La añoranza de que sus seres queridos regresen es latente. Este oscurantismo impuesto por la delincuencia es por el control no sólo de un territorio pobre, incomunicado, con poblaciones dispersas sino por un territorio donde hay concesiones mineras, en unos lugares se explora mineral y en otros el proceso de exploración. “Se trata de un modelo estractivista donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población, es decir, no sólo es la siembra, el trasiego de la droga de la amapola sino los negocios de la minería”, apunta Abel Barrera.

El director de Tlachinollan analiza que en el macizo de la sierra madre del sur está el oro y ahí están los macizos de la delincuencia. En esta revisión de la geografía tenemos que entender a los actores, la forma en como están funcionando las instituciones, los grupos de poder, los cacicazgos y la presencia del ejército, sin embargo, la situación se ha descompuesto más, precisamente porque hay acuerdos y complicidades. Un meganegocio y la derrama del capital beneficia a los gobiernos del Estado.

Los dueños del territorio, pero no los ancestrales sino por grupos de la delincuencia son Los Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Granados, el Cartel Independiente de Acapulco, La Barredora, El Comando del Diablo, Los Ardillos, Los Tequileros, Los Jefes, El Cártel del Sur, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Guerrero sangra por estos grupos que buscan controlar la vida social y comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Donde hay grupos armados se da la violencia y por ende los desplazamientos de personas.

“La mayoría de los desplazamientos han sido en Apaxtla, en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlacotepec, Chichihualco, donde hay trasiego de droga. Las familias están sufriendo, unos han decidido a enfrentar, otros a desplazarse a la Ciudad de Altamirano, Michoacán, la Ciudad de México y la Ciudad de Chilpancingo. Son desplazamientos silenciosos, las familias no quieren que se sepa que están porque los pueden ir a matar. También se habla de desplazamiento de familias de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en la región de la Montaña”.

Abel Barrera aborda que, en la guerra sucia, cuando los campesinos se rebelaron contra el Estado mexicano, los generales llegaban hacerles la guerra a los pueblos. Ahí los generales se aliaron con los caciques e implementaron una guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Con el tiempo fueron dejando a los pistoleros que eran como los policías, como los jefes de plaza, y posteriormente con todos los cárteles nacionales. Guerrero se convirtió en un narcoterritorio, donde Acapulco es el lugar estratégico para el trasiego de la droga, incluso de Colombia, a Estados Unidos. Iguala quedó como la ciudad del oro y después en la ciudad del narco. En 2014 terminó en la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Quedó evidenciada la participación de las corporaciones policiacas y militares con la empresa macrodelincuencial. No es gratuito que haya actores intocados por el Estado mexicano y que ha dado a estos desplazamientos.

Hay una herida abierta en la sierra madre del sur del estado de Guerrero que se sigue zanjando. Hay centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Aquí sólo impera la ley de las balas.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-imperio-de-las-balas-y-el-desplazamiento-silencioso-en-guerrero/

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México: Familiares de víctimas cierran accesos de Segob para exigir atención a demandas

Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos bloquearon desde el miércoles todas las entradas a de la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que las autoridades resuelvan las demandas de atención a los colectivos y concedan una audiencia con la titular del organismo, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario Alejandro Encinas, y la directora de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde la mañana, alrededor de 30 familiares de víctimas de desaparición, desplazamiento forzado y feminicidio, junto con padres de la Guardería ABC, cerraron con cadenas y candados los accesos al edificio para exigir a Alejandro Encinas la atención que prometió a las familias.

“Tenemos minutas firmadas con él de que se iban a resolver nuestros casos, pero la Segob ha incumplido las cosas a las que ya se había comprometido”, dijo Yoltzi Martínez Corrales, integrante del Colectivo “Raúl Trujillo Herrera”, del estado de Guerrero.

“Queremos que nos digan qué está pasando con nuestras carpetas de investigación, porque la Fiscalía nos ha mantenido solamente con reuniones virtuales, sin tener acceso a nuestros Ministerios Públicos para continuar con nuestro proceso de justicia”, explicó Martínez.

La activista señaló que una de sus demandas tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos de protección a víctimas y el “desmantelamiento” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Ahora quiere quitarnos los apoyos que muy raquíticamente nos está dando para las personas que salimos a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Somos quienes hemos dejado el cuerpo, la vida y el hogar con tal de buscar a nuestros seres amados. Para las autoridades son cifras, pero para nosotros son nuestros tesoros, son una vida que anhelamos que regrese a casa”, indicó Martínez.

Agregó que la decisión de extinguir los apoyos obliga a los familiares a endeudarse para pagar la búsqueda de sus seres queridos, pues los fondos que las autoridades llegan a entregarles están siempre sujetos a una comprobación difícil de realizar.

“Cada familia sigue pidiendo (recursos) o tomando casetas, con tal de tener el dinero para comprar una pala o un pico e ir a buscar. Si bien nos dicen que los fondos tienen que ser comprobados con facturas, ¿cómo le vamos a hacer en el desierto, en la sierra, en los drenajes. Esta lucha va más allá de los adeudos: es por la protección de los derechos de las víctimas de desaparición a ser buscados”, subrayó.

Finalmente, la activista añadió que la CEAV “tiene adeudos” con muchas de las personas que integran el plantón frente a la dependencia.

Con información de La Jornada

Fuente: https://desinformemonos.org/familiares-de-victimas-cierran-accesos-de-segob-para-exigir-atencion-a-demandas/

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México: denuncian falta de voluntad política para atender violaciones a derechos humanos en Chiapas

Hay «una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades» para atender las violaciones y vulneración de los derechos humanos e indígenas en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas, denunció la Misión Civil de Observación conformada por organizaciones defensoras en la entidad.

Explicaron que las principales violaciones a los derechos en las comunidades indígenas son desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización hacia los defensores y la presencia de grupos paramilitares que atentan contra los pueblos de las tres regiones.

«Queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas, quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones», añadió la Misión.

Agregó que la situación en las comunidades se agrava por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, «ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos».

«Nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas», aseguraron las organizaciones.

A continuación el comunicado:

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1]visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

 Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-falta-de-voluntad-politica-para-atender-violaciones-a-derechos-humanos-en-chiapas/

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México: Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.


Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

De igual forma, acusaron que los defensores de Asmac han sido objeto de campañas de desprestigio y descalificación de su trayectoria.

Las constantes agresiones y amenazas en contra de la comunidad rarámuri provocó la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de la población.

Sin embargo, las hostilidades continúan contra los pobladores de Choréachi, por lo que los activistas exigieron a las autoridades frenar las agresiones, sancionar a los responsables de la violencia y el despojo territorial y acelerar la resolución del conflicto.

Con información de La Jornada

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-amenazas-agresiones-y-desplazamiento-forzado-contra-raramuris-que-reclaman-sus-tierras/

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Colombia: Enfrentamientos armados causan miles de desplazamientos en Nariño

América del Sur/Colombia/02-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Alrededor de 400 familias se encuentran desplazadas en el casco urbano del municipio colombiano Roberto Payán, en el departamento de Nariño, debido a los constantes enfrentamientos armados en las zonas rurales de dicha localidad.

El alcalde de esa población, Juan Carlos Sinisterra asegura que esta es una situación humanitaria altamente preocupante y que desborda su capacidad de respuesta desde lo local, pues hasta el 30 de enero la zona citadina había recibido más de 1.600 personas a causa de los desplazamientos forzados.

Este viernes la ciudad recibió el último desplazamiento, unas 35 familias provenientes de un sector denominado Negrito sobre la orilla del río Ispi, que se suman a las que permanecen en albergues en los que reciben atención, dando prioridad a niños, mujeres y adultos mayores.

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Según Sinisterra, la atención de los desplazados se lleva cabo mediante una ruta en la que participan el hospital, la coordinación de educación, el coordinador de Riesgo y la comisaria de familia, a fin de adelantar el restablecimiento de derechos y atención humanitaria de emergencia.

No obstante, enfatizó en la necesidad de que “las autoridades e instituciones de alto nivel nos ayuden a atender lo que está ocurriendo”.

A pesar de la actividad de la fuerza pública, continúan ocurriendo masacres en el sector, como la ocurrida el pasado 28 de enero, cuando tres personas murieron, víctimas de una mina antipersona, y las autoridades han declarado que aún no consiguen retomar el control de las zonas en las que se generan los mayores desplazamientos.

Esta zona de Colombia marcada por la presencia de disidentes de las FARC-EP y bandas de narcotraficantes, se disputan el control de los territorios en donde también hay presencia de cultivos de hoja de coca.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-enfrentamientos-armados-causan-miles-desplazamientos-narino-20200201-0016.html

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