Honduras / 9 de diciembre de 2018 / Autor: Daniel Sierra / Fuente: HispanTV
Más de un millón de niños y jóvenes en Honduras han abandonado sus actividades escolares en los últimos años a consecuencia de la inseguridad y la pobreza.
Anualmente en Honduras unos 60 mil estudiantes abandonan las aulas de clase a consecuencia de problemas sociales o familiares, según datos de la Secretaría de Educación.
Más de 500 centros educativos en Honduras se encuentran ubicados en entornos violentos o bajo el acecho del crimen organizado, lo que provoca el desplazamiento forzado de los jóvenes.
En los últimos años, el Gobierno de Juan Orlando Hernández ha reducido considerablemente la inversión en el sector educativo, mientras tanto el gasto asignado a la Secretaría de Seguridad y Defensa ha incrementado.
Otro de los problemas que afectan al sector educativo hondureño es la falta de mobiliario y material pedagógico en las escuelas, cuya adquisición corre a cargo de los padres de familia en la mayoría de ocasiones.
Las condiciones de infraestructura en la mayoría de centros escolares públicos son deplorables, muchos no cuentan con servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable, otros incluso representan un peligro para la integridad física de los estudiantes.
En 2018, cerca de 32 mil jóvenes dejaron de matricularse en el sistema educativo, según fuentes oficiales. Ante dicha problemática, el Gobierno asegura que iniciará en 2019 un proceso de formación a los alumnos para crear consciencia sobre los peligros de la deserción escolar.
Ya inició una nueva temporada escolar en Afganistán pero 3,7 millones de niños y niñas no podrán asistir por el aumento de la violencia, los desplazamientos y la pobreza.
Se prevé que este año se incremente esa cantidad —que representa casi uno de cada tres niños afganos en edad escolar— puesto que la violencia entre las fuerzas armadas y los talibanes se ha intensificado, además de que Pakistán ha implementado la deportación de los refugiados afganos, según informes de Save the Children.
‘Me encantaba ir a la escuela, pero no nos alcanza’
Lina, de 12 años, es de la provincia de Kapisa, en el noreste de Afganistán; sin embargo, hace siete años sus familiares fueron desplazados debido a los enfrentamientos. Ella vive en un campo de refugiados en Kabul. Fue a la escuela durante tres años antes de que la sacaran.
Me gustaba mucho ir a la escuela, pero no tenemos suficiente dinero para comprar cuadernos y otros útiles. Nuestros parientes están enojados con nosotros por dejar la escuela, pero sin cuadernos no era posible estudiar ni hacer tarea.
Si no voy a la escuela, no seré nada en el futuro; si voy a la escuela, puedo convertirme en doctora. Quiero ser doctora.
Aquí vivimos en tiendas de campaña, tenemos dos. Yo duermo con mis cinco hermanos y hermanas en una, y mi padre, mi madre y dos hermanas pequeñas duermen en la otra.
Desayunamos las sobras de la cena del día anterior, si quedan. Si no, comemos pan y té. Después de desayunar, traigo agua del pozo que está a una hora de camino a pie. Conseguir agua potable para nuestra casa es mi responsabilidad; traigo agua en una carretilla, en estos pequeños barriles, dos o tres veces al día. También recolecto pequeños pedazos de madera y plástico para quemarlos y calentar nuestra casa.
Zahid, de ocho años, es de Srukh Rod, un distrito al este de la provincia Nangarhar. Él y sus hermanos ayudan a su padre a recolectar restos de metal en Jalalabad, una ciudad cercana.
Toda mi familia duerme en un cuarto que rentamos por 25 dólares mensuales. Después de levantarme, me lavo la cara y desayuno té y pan; después tomo mi costal y me voy al mercado.
Durante el día, recojo restos de metal, madera y papel. A la hora del almuerzo, espero frente a una panadería donde el panadero o alguien más me obsequia un trozo de pan que comparto con mi amigo o mi primo.
Vendemos lo que recolectamos durante el día por 20 centavos, después llevo el dinero a casa y compramos té, azúcar o algo más. Lo máximo que gano en un día son 50 centavos.
No voy a la escuela porque no tenemos dinero para pagar los gastos escolares. Los 20 centavos que gano son para comprar azúcar y té.
Mis parientes y amigos van a la escuela, y cuando los veo me dan ganas de ir y estudiar. Si vas a la escuela, tendrás un buen futuro. Si no vas, no.
‘Si mi padre estuviera vivo, no tendría que pasar el día en el mercado’
Raqibullah, de 12 años, es de un pueblo a las afueras de Tirin Kot, una ciudad en la provincia Oruzgan, al sur de Afganistán. Su padre murió hace año y medio tras el estallido de un aparato explosivo improvisado. Después, Raqibullah se mudó a Tirin Kot.
Cuando estaba en el pueblo, iba a la escuela, pero ya no hay escuelas allá. Solo estudié hasta cuarto año pero puedo leer y escribir.
Ahora vendo dulces en un carrito para alimentar a mis hermanos. Tengo tres hermanos y tres hermanas y todos vivimos juntos. Mi hermano mayor tiene 14 años y la más joven de nuestra familia es mi hermana de 4 años. Mi hermano mayor también trabaja conmigo.
Si mi padre estuviera vivo, no tendría que pasar el día en el mercado.
Mis primos aún viven en el pueblo donde ya no hay escuela; pero aquí los niños del barrio van a escuelas privadas y públicas. Cuando veo a los niños que van a la escuela, siento que yo también debería ir. Sin embargo, tengo que ganar dinero para poder alimentar a mi familia y pagar la renta.
Bakhti, de 13 años, es de la ciudad norteña de Mazar-i-Sharif. Su madre murió de hepatitis B hace tres años. Su padre, que trabaja como jornalero en Irán, la dejó a ella y a sus hermanos pequeños con su tío en Kabul.
Me levanto a las seis de la mañana. Después de desayunar, hago los quehaceres de la casa: limpiar, barrer dentro y fuera, lavar los platos. Si una alfombra está en proceso, entonces tengo que ayudar a tejerla.
Por cada alfombra, gano más o menos 80 centavos de propina. El resto del dinero va para los gastos de la casa. La última vez que me dieron los 80 centavos me compré un peine y medias para mis hermanos.
Cuando vivía en Mazar, estudié hasta el cuarto año. Cuando nos mudamos a Kabul, fui a la escuela por casi tres meses, pero lo dejé. Las clases no eran como las que tomaba en Mazar. Los estudiantes no se portaban bien, eran muy violentos. Me apodaron la “niña rara”.
También dejé de ir porque mis dos hermanos se quedaban solos. Tengo miedo de que se pierdan, así que tengo que quedarme y cuidarlos. Si mi madre estuviera con nosotros, yo estudiaría; pero ya no puedo.
Mis primos van a la escuela. Los que van a la escuela se ven bien. También quiero ir a la escuela, pero no va a suceder.
Imamuddin, de 15 años, es del distrito Charchino en la provincia Oruzgan. Después de intensas peleas en el distrito, que ahora es controlado por los talibanes, su padre se llevó a la mitad de la familia a Tirin Kot.
Estudié hasta quinto año en nuestro distrito, pero las escuelas cerraron hace un año por los enfrentamientos, y ahora los talibanes controlan nuestro rezapueblo. Había peleas todos los días, ni siquiera podíamos salir de casa.
Mi madre y mis cinco hermanas aún están en el distrito; estamos tratando de traerlas lo antes posible. Vivimos en una casa rentada de tres cuartos y pagamos de renta más o menos 60 dólares al mes.
Mi padre, mis dos hermanos y yo compartimos un cuarto. Es invierno y para calentar un solo cuarto se necesita mucha madera.
Mi vida aquí es difícil porque no hago nada. Estoy muy aburrido. Me alegro cuando anochece porque finalmente puedo dormir.
De verdad quiero convertirme en doctor y ayudar a la gente. Le he pedido a mi padre que me mande a clases de inglés en Tirin Kot, pero no le alcanza para pagar las cuotas. Estudio con mis libros viejos de la escuela, pero ya he completado cada libro varias veces.
Quizá comience a trabajar o nos mudemos a otra provincia donde podamos encontrar una mejor vida. Estoy preocupado por mi futuro y mi educación. La vida era buena en el distrito: teníamos tierra y orquídeas, escuelas y compañeros de clase… pero aquí no conocemos a nadie. Los enfrentamientos nos han quitado todo.
Colaboraron en este reportaje: Fahim Abed, Mujib Mashal y Zahra Nader desde Kabul; Taimoor Shah desde Kandahar; Nahim Rahim desde Kunduz; y Khalid Alokozay desde Jalalabad.
Hoy fueron presentados en Honduras un conjunto de recomendaciones resultado de los hallazgos del informe sobre tierras, vivienda y desplazamiento forzado elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR, en consulta directa con las autoridades competentes en el nivel nacional, comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, organizaciones de sociedad civil y miembros del Grupo de Protección.
Las consultas directas a comunidades se desarrollaron en el departamento de La Paz con 32 comunidades indígenas y campesinas; en el departamento de Gracias a Dios con 7 comunidades indígenas y garífunas; en el departamento de El Progreso con líderes comunitarios de la Colonia La Alemania y con las Colonias Generación 2000, Nueva Capital y la Ulloa en Tegucigalpa.
Este informe analiza de manera detallada los marcos jurídicos existentes en el país en materia de tierra, vivienda y patrimonio con el fin de identificar herramientas existentes para la protección del patrimonio en situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado por violencia. Así mismo, identifica vacíos de protección existentes en la protección de los derechos territoriales y presenta recomendaciones para el diseño de programas, políticas públicas, mecanismos y estrategias que permitan proteger los derechos de la población desplazada por violencia sobre sus bienes.
De acuerdo con la caracterización sobre el desplazamiento forzado en Honduras realizado por la Comisión Interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia liderada por el Gobierno de Honduras entre 2004 y 2014 un total de 174.000 se desplazaron por la violencia en 20 municipios urbanos del país. 4%(6960) de ellos manifestaron el despojo, ocupación como la causa de su desplazamiento
Más de 16,000 hondureños solicitaron protección internacional en el 2015*, aproximadamente 300 casos individuales presentaron quejas/denuncias por desplazamiento forzado entre enero y noviembre de 2016 ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y el ACNUR, a través de socios y de manera directa identificó y brindó asistencia a más de 500 personas.
El desplazamiento forzado en Honduras afecta a comunidades urbanas, rurales y minorías étnicas en hechos relacionados con el control social y territorial de Maras y pandillas; la disputa por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico; el despojo, ocupación y destrucción de viviendas y tierras así como la ausencia de solución sobre conflictos territoriales.
La ausencia de mecanismos efectivos para la protección, sumado a la desactualización de la información catastral, las dificultades presupuestales, operativas y técnicas de las entidades competentes dificultan la identificación del impacto y la puesta en marcha de mecanismos efectivos para la protección de los derechos a la vivienda, la tierra y el territorio. A esto se suma la ausencia de condiciones de seguridad en algunas zonas de alto riesgo y la dificultad en el acceso a comunidades más aisladas.
Teniendo lo anterior en cuenta, y con el fin crear políticas públicas favorables para el restablecimiento de los derechos de las personas desplazadas por la violencia se establecen, entre otras, las siguientes recomendaciones a las entidades de Gobierno, sociedad civil y comunidad internacional:
Sistemas de información sensibles a la relación de tierras, territorios y vivienda con violencia, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.
Sistemas de registro sobre tierras y viviendas de población forzada a desplazarse
Fortalecimiento de la agenda de desplazamiento forzado por la violencia en las organizaciones sociales y comunitarias.
Fortalecimiento de redes de apoyo en clave de protección a las personas desplazadas por la violencia y sus derechos a la tenencia pacífica de viviendas, tierras y territorios.
Fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos de pueblos indígenas y afrohondureños; así como de organizaciones comunitarios en contextos urbanos.
El ACNUR presenta este informe de tierras, vivienda y desplazamiento forzado como una herramienta para el diseño del marco legal y sus respectivas políticas públicas para la protección de los derechos de las personas desplazadas y el diseño de acciones articuladas que permitan la superación de los vacíos identificados.
En su calidad de asesor técnico el ACNUR continuará apoyado al Gobierno Nacional a través de la Comisión Interinstitucional para la protección de las personas desplazadas por la violencia –CIPPDV y demás entidades con competencia, así como con la sociedad civil y las comunidades en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.
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