Venezuela: Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR); “Solicitamos la excarcelación de todos los escolares menores de edad por protestas post-electoral desde el 29 de julio 2024″

#31Ago #Comunicado #Detenciones

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR); “Solicitamos la excarcelación de todos los escolares menores de edad a quienes se les privó su libertad por ejercer el derecho a la participación política que les garantiza la Constitución y la LOPNA, luego del anuncio de los resultados electorales.

 

A estos escolares menores de edad se le están violando todas las garantías, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos a través de la protección integral que el Estado está en la obligación de proteger.

 

A estos jóvenes adolescentes se le han violado el derecho a la defensa y se han desconocido todos los principios contemplados en la Convención de los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la LOPNA. No se ha respetado el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, la igualdad y no discriminación, la prioridad absoluta de sus intereses, su integridad personal, física, síquica y moral, su libertad personal.

 

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*C-cura PDVSA Carabobo*

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Organismos de DDHH denuncian ante ONU 327 desapariciones en Colombia

POR: HISPAN TV /INTERNACIONAL

 

Organizaciones de DD.HH. denuncian “graves violaciones” contra manifestantes en Colombia y piden a la ONU condenar la “brutal represión” de la fuerza pública.

En un comunicado dirigido este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las organizaciones colombianas de derechos humanos, con el respaldo de otros 300 organismos de todo el mundo, han denunciado las “torturas” y “cientos de desapariciones” entre los manifestantes que, desde hace más de dos meses, protestan contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque.

Desde el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, 327 personas desaparecidas y miles de detenciones arbitrarias”, se lee en el informe, que se entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), donde se reúne el organismo entre el 21 de junio y el 13 de julio.

El documento señala que 27 de los fallecidos fueron “víctimas” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otras muertes fueron provocadas por “civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las Fuerzas Armadas del Estado”.

Asimismo, el reporte detalla que “unos 3200 manifestantes” han sido detenidos “arbitrariamente” sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. “Otro hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada […] A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas”, indica.

Conforme al texto, los abusos contra los manifestantes incluyen “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación”.

Es más, el informe detalla que los abusos han sido dirigidos especialmente contra grupos indígenas y minorías, defensores de los derechos humanos, personal médico y periodistas.

El martes, se cumplieron 60 días del estallido social en el marco del paro nacional en Colombia, por lo que la ciudadanía salió otra vez a las calles de las principales ciudades, bajo la consigna “Por la vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del Gobierno de Iván Duque”.

Los indignados exigieron justicia para los asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas con lesiones oculares a manos de la policía y el Esmad, que arremetió violentamente contra los manifestantes colombianos.

La oenegé pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas ha informado, esta misma jornada, que ha recibido 81 denuncias “creíbles” de muertes ocurridas en el marco de las protestas en Colombia.

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Amnistía Internacional alerta del perfeccionamiento de los instrumentos represivos en Nicaragua

Amnistía Internacional alerta del perfeccionamiento de los instrumentos represivos en Nicaragua

 

Han pasado casi tres años desde el estallido social que se produjo en Nicaragua. El calendario marca en rojo el 18 de abril de 2018, cuando las protestas contra los abusos del régimen sandinistas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, estallaron por todo el país, primero como consecuencia de una reforma de la Seguridad Social, y después por la respuesta represiva de la policía contra los pensionistas que salieron a las calles a clamar contra ella. Fue en ese momento cuando los jóvenes se echaron también a la calle a defender a sus mayores. La olla a presión del descontento social que se venía acumulando desde hacía tiempo saltó por los aires, y el Gobierno nicaragüense no dudó en aplastarlo primero por la fuerza de la violencia, y después con la aprobación de leyes que criminalizan cualquier acto de rechazo contra él. Leyes que buscan reducir cualquier tipo de oposición a Ortega, que buscará perpetuarse en el poder en las próximas elecciones de noviembre.

Casi tres años después, el balance del estallido social es este: 328 muertos, 2.000 heridos, más de 100 presos políticos, 150 estudiantes expulsados de las universidades, más de 400 sanitarios despedidos y más de 100.000 personas que han tenido que salir del país (la mayoría a Costa Rica), entre ellos 90 periodistas. A pesar de estas cifras, son pocas las referencias que existen en la agenda internacional a lo que sucede en Nicaragua, si bien es cierto que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han aprobado sanciones contra militares, miembros del Gobierno y de la policía por los actos de represión. Pero esto no ha aliviado la represión, que ha bajado de intensidad en apariencia, pero que en la realidad se ha recrudecido gracias al «perfeccionamiento del aparato represor a través de nueva herramientas», como denuncia Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe hecho público este lunes.

«Nosotros ya publicamos otros dos informes anteriormente – ‘Disparar a matar‘ y ‘Sembrando el terror’-, que se enfocaban en aquellos momentos de la crisis. En este lo que hacemos es profundizar en la situación actual: en cómo se han perfeccionado las tácticas, las estrategias; y también mostramos cómo la crisis de Derechos Humanos continúa», explica a ABC la abogada especializada en Derechos Humanos e investigadora de AI, Ingrid Valencia, responsable de este informe titulado: «Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua».

Detenciones arbitrarias, delitos falsos

En el informe se detallan tres nuevas herramientas, algunas de las cuales se han «perpetuado en el tiempo, pues fueron implementadas en momentos previos o iniciales de la crisis. Y otras que son más nuevas», explica Valencia. Entre las que se han perpetuado se encuentran las detenciones arbitrarias (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 fueron detenidas de forma arbitraria 1.614 personas), que se implementaron desde el comienzo de la crisis, «pero que no han cesado. Continúan. Y más de 100 personas están detenidas por ejercer sus derechos, por lo que sigue estando vigente el llamamiento para la liberación de los detenidos».

Esta sería una de las estrategia utilizadas por el régimen de Ortega, pues ni siquiera la pandemia ha frenado que se siga produciendo. De hecho, según el informe, a lo largo de 2020 fueron excarcelados más de 6.000 presos por miedo a que se propagara el virus en unas cárceles hacinadas en las que no se aplicaban los protocolos contra el Covid-19 (como la utilización de test). Esta medida no afectó, sin embargo, a aquellas personas detenidas por motivos políticos, ya que tan solo cuatro de los 80 presos por esa razón fueron excarcelados. «Esto muestra un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes, y en un contexto de pandemia se encuentran aún más vulnerables», señala la abogada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 presos políticos que se encontraban en esta situación.

«Existe un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes»

Otra variante incorporada al sistema de represión son los cargos a los que se enfrentan los opositores y activistas. «Las detenciones arbitrarias se siguen produciendo sin cumplir las garantías básicas, pero además, en las ultimas fases de estas detenciones, los cargos de los que son acusados han cambiado: son cargos vinculados con delitos relacionados con el tráfico de drogas, con la extorsión, el secuestro…» Anteriormente, a los opositores y manifestantes se les detenía y se les acusaba de delitos como el terrorismo (en septiembre de 2018 el Gobierno aprobó una ley contra las manifestaciones que llevaba implícita esa acusación). Se ha pasado así de acusar con cargos de perfil político a cargos por delitos comunes, con el objetivo, según Valencia, de «dañar la reputación de las personas activistas».

El informe recoge varios casos relacionados con esta estrategia, como el del joven Jhon Christopher Cerna Zúñiga, estudiante de 24 años que participó en las protestas de 2018 y que fue acusado en febrero de 2020 de tráfico de drogas en un juicio con nulas posibilidades de defensa, según sus abogados que continúan apelando su sentencia de 12 años de prisión. María Esperanza Sánchez García, activista política, corrió una suerte similar. Arrestada en enero de 2020, fue condenada a diez años de cárcel. Según su testimonio, recogido por AI en el informe, «los interrogatorios no tenían nada que ver con los delitos por los que la estaban acusando, solo le hablaban de cosas políticas, sobre con quién trabajaba políticamente, con qué opositores trabajaba, en eso enfocaba el interrogatorio, y amenazas contra la familia», relató una persona cercana a María Esperanza a la ONG. «Evidentemente, esta serie de delitos relacionadas con las drogas son utilizados como fachada», asevera Valencia.

El estudiante nicaragüense John Cerna, encarcelado durante 12 años por un presunto delito de tráfico de drogas tras participar en las protestas

Otro punto que preocupa a AI sobre las detenciones arbitrarias son las «condiciones en prisión». «Los reportes de las familias de los detenidos indican que hay limitación para la entrada de productos a la cárcel, como artículos de limpieza, algo muy preocupante en un contexto como la pandemia». A esto se suma la denuncia de violencia de otros presos, de guardias seguridad, o malos tratos y torturas cuando son llevados a celdas de máxima seguridad. «Celdas que son diseñadas evidentemente para presos de alta peligrosidad, pero que en el contexto de la crisis también sirven como zona de castigo para activistas».

Leyes para acallar a los críticos

La segunda táctica represiva del Gobierno de Ortega que aborda el informe es la aprobación de leyes para «acallar» a quienes le critican. «Ahí apreciamos un síntoma del recrudecimiento de la represión, se ve reflejado cómo colabora el poder legislativo para generar un ambiente hostil, de hostigamiento y amenaza. Esto se ha visto de diferentes maneras -explica Valencia-: uno, con la cancelación de registros legales de las organizaciones de derechos humanos, y con la destrucción reciente de organizaciones y medios de comunicación (como El Confidencial), así como con la aprobación de un paquete de leyes que se inició en octubre y que limita y pone en riesgo los derechos humanos», sostiene Valencia.

Estas leyes son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que afecta directamente a las ONG y que ya ha forzado el cierre de varias, entre ellas la fundación de la expresidenta Violenta Chamorro; la Ley de Ciberdelitos, que bajo el pretexto de evitar la propagación de «noticias falsas» reprime la libertad de expresión de aquellos que se muestran en desacuerdo o critican al Gobierno de Ortega. También se ha aprobado, en primera lectura, una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua, con un texto cuya «vaguedad» hace pensar en que podría ser utilizada contra opositores al régimen. La norma aprobada más recientemente es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. «Todo esto es una pieza más para el obstáculo del ejercicio de derechos humanos. Y con ello se pone sobre papel una represión que se viene realizando contra las ONG y medios de comunicación». Así mismo retrata «claramente» la ausencia de la independencia de poderes en Nicaragua. «En el aparato legislativo el partido en el Gobierno es quien tiene la mayoría, con lo cual la aprobación de leyes ha sido un proceso muy expédito, a pesar de que organismos de derechos internacionales, como la CIDH o el Alto Comisionado han mostrado su preocupación cuando estas leyes estaban en discusión. Ahora se tiene un set de leyes para acallar a quienes critican las políticas del Gobierno».

Fuente de la Información: https://www.abc.es/internacional/abci-amnistia-internacional-alerta-perfeccionamiento-instrumentos-represivos-nicaragua-202102151557_noticia.html

 

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OPINIÓN: La batalla contra el abuso policial: crónica de un desencuentro

Por: Tlachinollan

 

Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec.  A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.

A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.

Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.

El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.

El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.

El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.

En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.

Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.

Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.

Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.

Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/

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