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India: Hijras o el tercer género, de la mitología a la marginación

Asia/India/Octubre 2020/elpais.com 

Aún reconocida, la comunidad transgénero en India sigue siendo uno de las más marginadas. Kerala es uno de los estados que ha empezado a tomar medidas para mejorar su situación y cuenta con centros de apoyo. Visitamos uno ellos

En medio de una ciudad que aparenta estar en continua construcción, donde los símbolos cristianos y comunistas parecen luchar por adueñarse del espacio público, un edificio de cuatro plantas de aspecto gris y casi olvidado sirve de refugio para una pequeña parte de la comunidad transgénero de Kochi, en el sur de la India. Un lugar de acogida y punto de partida para las personas que buscan una oportunidad de vida en una sociedad que poco a poco empieza a aceptarlas de nuevo.

India posee una de las culturas más antiguas y fascinantes de la humanidad, con figuras ancestrales como las hijras, que han trascendido hasta la actualidad. Oficialmente reconocidas como tercer género, las hijras son personas de género disidente que no se identifican con el binomio hombre-mujer, se maquillan, visten con ropa de mujer y durante siglos gozaron de gran respeto y un cierto estatus social.

Antes de la colonización británica, el tercer género no estaba estigmatizado. La ambivalencia sexual y la fluidez de los géneros está muy presente en la mitología hindú, con divinidades que cambian de género o la incorporación de los dos sexos en una sola persona. Pero hace 150 años su suerte cambió y pasaron a conformar uno de los sectores más marginados de la sociedad; sucedió cuando en 1871 la Ley de Tribus Criminales clasificó a toda la comunidad transgénero como delincuentes. Los británicos las vieron como una amenaza a la moral y lanzaron una campaña para borrarlas de la vida pública, obligándolas a la clandestinidad.

Y aunque en 1949 se derogó la ley que las denigró y las excluyó de la sociedad, las hijras no recuperaron su antiguo estatus y han seguido viviendo marginadas y apartadas, dedicadas en su gran mayoría a la mendicidad y a la prostitución. Muchas aprovechan la creencia popular sobre sus poderes para bendecir o maldecir como modo de subsistencia. Son requeridas para cantar y bailar en bodas y nacimientos para atraer la buena suerte. Sus supuestos dones sobrenaturales están consagrados en la mitología hindú, y despiertan tanta admiración como temor en una cultura muy supersticiosa.

Se tiende a usar el término hijra para referirse a todas aquellas personas que se identifican como transgénero, transexual, travesti o eunuco, aunque eso no es del todo correcto. “Nosotras somos transgénero, pero no todas somos hijras”, aclara Adithi Achuth, de 35 años. “Estamos juntas en una misma lucha y coincidimos en muchos aspectos, pero no somos lo mismo”. Achuth es la coordinadora de la comunidad transgénero del distrito de Ernakulam, en el estado de Kerala. Gestiona el hogar de acogida para personas transgénero en Kochi, el único que hay en la ciudad. “Tenemos capacidad para albergar a 25 personas y solo en Kochi hay una comunidad de más de 300”.

En un fallo histórico de 2014, la Corte Suprema de la India reconoció a las personas transgénero como un tercer género. Los jueces pidieron al Gobierno que las tratase como a otras minorías para permitirles obtener cuotas en empleos y educación, y asegurar su acceso a atención médica. El fallo judicial recomendó al Gobierno central y a los estados el desarrollo de sistemas efectivos de asistencia social y la realización de campañas públicas de sensibilización para borrar el estigma social. Aunque a día de hoy queda mucho camino por recorrer, Kerala es uno de los estados que ha empezado a tomar medidas al respecto.

“Tenemos que completar la tarea de hacer de la comunidad transgénero los socios naturales del público en general”, expresó el ministro de finanzas, doctor T.M. Thomas Isaac en su discurso presupuestario del ejercicio 2019-2020. “La confianza y visibilidad ganadas por esta comunidad en los últimos años es un avance esperanzador”. Según el presupuesto de ese año, se destinaron 50 millones de rupias (unos 585.000 euros) en el proyecto Mazhavillu, que incluye varios programas destinados a la capacitación vocacional, la asistencia para el autoempleo, viviendas y asistencia para cirugía basada en asesoramiento médico.

En el discurso presupuestario del ejercicio 2020-2021, el ministro de Finanzas también comprometía 50 millones de rupias para los programas de Mazhavillu, pero ese discurso se formuló el 7 de febrero de 2020, antes de que estallara la crisis sanitaria generada por la covid-19. “El coronavirus lo ha paralizado todo”, dice sin poder ocultar su preocupación Achuth. “Ahora hay otras prioridades y no estamos recibiendo los fondos para poder llevar a cabo nuestros programas”.

Con el cierre nacional, el Gobierno central anunció un paquete de estímulo de unos 18,6 millones de euros que incluía medidas específicas para los grupos vulnerables (discapacitados, viudas, personas mayores, agricultores y aquellos por debajo del umbral de pobreza), pero omitió una respuesta específica para la comunidad transgénero, compuesta de unos 490.000 miembros según el último censo de 2011. Kerala anunció la entrega de kits de ayuda para las 1.000 personas transgénero registradas en el estado, de los cuales 127 fueron entregados a través del hogar de acogida en Ernakulam. “Esto no soluciona el problema, ya que solo es una pequeña tirita, pero de momento es lo único que podemos hacer”, afirma Achuth mientras entrega kits a aquellas que se acercan al refugio.

Uno de los proyectos que ha quedado interrumpido en el hogar de acogida de Ernakulam es el restaurante que estaban a punto de abrir en el mismo edificio y que iba a emplear a trabajadoras transgénero para capacitarlas en el sector de la hostelería. “Serviremos cocina tradicional utilizando solo vegetales orgánicos, pescado, carne y especias caseras”, cuenta muy ilusionada Archana, de 19 años. Antes de entrar en el hogar de acogida en mayo de 2019 vivía en la calle, y ahora es una de las cinco internas que trabajan en el refugio. “Mi familia me rechazó y terminé en la calle” dice sin perder la sonrisa, “pero yo tuve suerte de entrar aquí y conseguir una plaza fija como personal del centro, el resto de mis compañeras solo pueden quedarse durante tres meses”.

Este es el caso de Ameya, de 22 años, que llegó al refugio en diciembre de 2019 a través de una amiga que le habló del lugar. “Me tendría que haber ido en marzo, pero justo coincidió con el confinamiento establecido en todo el país por la covid-19 y me he podido quedar unos meses más” explica en su pequeña habitación compartida, donde apenas caben tres camas y un par de sillas donde dejar sus cosas. En junio de 2019 empezó el tratamiento para hormonarse y la situación en su casa se hizo insostenible. Ella es la única del refugio que estudia. “Estoy a punto de terminar mis estudios de comercio y espero encontrar trabajo en una oficina cuando termine, aunque soy consciente que no será fácil, ya que lamentablemente la sociedad todavía nos tiene muy estigmatizadas y no nos tienen confianza”.

Como Ameya, la mayoría de sus compañeras tendrán que buscar otro lugar cuando se levanten las restricciones impuestas por el Gobierno para combatir la propagación del virus en la India. Estos últimos meses ha compartido habitación con Sanui Merin, de 21 años, y con Mumds, de 20 años, y se han vuelto inseparables. “Buscaremos una habitación en un hostal para compartir, ojalá pudiéramos seguir siempre aquí, pero ahora somos más fuertes que cuando llegamos y entre las tres conseguiremos mantenernos” dice Ameya entre risas, rodeada de sus amigas.

El hogar de acogida, lanzado bajo el proyecto Mazhavillu del Gobierno estatal, puede albergar a 25 personas durante tres meses, aunque, si es necesario, la estancia puede extenderse dependiendo de la situación, como ha pasado ahora, ya que la idea es ofrecerles apoyo hasta que puedan encontrar un trabajo decente y un refugio propio. Se les proporciona comida, alojamiento, asistencia jurídica y asesoramiento psicológico de forma gratuita, y se les incentiva a participar en los programas de formación y capacitación que ofrece el estado.

Brinda refugio temporal a personas de la comunidad transgénero que se acaban de someter a una cirugía de reasignación de género, así como a personas que están en crisis o en situaciones de emergencia. “Gracias al centro pude dejar la prostitución y la calle” cuenta Mikhashe, de 22 años, mientras acaba de prepararse para ir al mercado. Ella es la más veterana del lugar, llegó al hogar de acogida cuando lo abrieron en mayo de 2018 y sigue ahí, ya que, como Archana, forma parte del personal del centro.

El proyecto de implementar hogares de acogida para miembros de la comunidad transgénero fue creado por el departamento de Justicia Social de Kerala en 2018 después de que el estado diera a conocer su Política Transgénero. Según el plan, el departamento planea establecer cinco hogares de acogida en cuatro distritos: dos en Thiruvananthapuram, la capital del estado, y el resto en los distritos de Kozhikode, Ernakulam y Kottayam. Hasta la fecha solo se han abierto tres, y con la actual coyuntura es probable que los otros se retrasen todavía más.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/09/07/planeta_futuro/1599488663_460336.html

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La discriminación de género impide a las mujeres en Chile conseguir préstamos bancarios

América del sur/Chile/27 Agosto 2020/elpais.com

Las chilenas tienen un 18% menos probabilidades que los hombres de que les aprueben créditos, según un estudio del BID y la CAF, inédito en el mundo

Aunque las mujeres en Chile son más responsables que los hombres a la hora de pagar sus créditos, son discriminadas por los bancos solo por razón de género. Ante dos solicitudes de préstamos idénticas, las chilenas tienen un 18% menos de probabilidades que los varones de que sus peticiones sean aprobadas. De acuerdo a una investigación financiada por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina (CAF), los ejecutivos hombres son los que más ejercen estos prejuicios en desmedro de sus clientas, en un país como Chile donde todavía las mujeres ganan en promedio un 65% menos que los hombres con el mismo nivel de educación. Se trata de una animadversión basada en los gustos que, de paso, hace perder importantes ganancias a las mismas instituciones financieras.

“Es un estudio inédito a nivel mundial, ya que utiliza diversas metodologías para probar si realmente existe discriminación”, explica Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID, uno de los autores junto a Ana María Montoya, Alex Solís y Raimundo Undurraga.

Realizado entre 2018 y 2020 y publicado en julio pasado, el estudio reclutó a 404 actores y actrices. Cada uno simuló cuatro créditos de consumo entre los 1.500 y los 13.500 dólares, por lo que presentaron 1.616 solicitudes en total. En igual proporción hombres y mujeres, se utilizaron perfiles equivalentes en materia demográfica, de ingresos, empleo e historial crediticio. Luego, se realizaron contactos directos con los ejecutivos seleccionados aleatoriamente para medir sus preferencias, antes y después de informarles que las mujeres en promedio son mejores pagadoras que los hombres.

“La evidencia es robusta para Chile, pero habría que hacer ejercicios similares para concluir que efectivamente hay discriminación en otros países”, indica Parrado, aunque añade que, en general, hay cierta evidencia de diferencias en otras zonas del mundo en el acceso, en los montos adquiridos y en las tasas de interés en desmedro de las mujeres. “Hay interés en poder replicarlo”, adelanta el economista sobre este estudio que contó con la colaboración de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La influyente académica Claudia Goldin, profesora de Harvard y especialista en brechas de género en el ámbito laboral, recomendó su lectura recientemente.

No es difícil encontrar experiencias de discriminación bancaria sufridas por las chilenas. Le sucedió a Marcela Jiménez, periodista, a mediados de los 2000. Con 32 años, trabajaba hacía una década y se desempeñaba en forma estable y con un muy buen sueldo en el aparato público. No tenía deudas y su banco sabía de su intachable comportamiento financiero. Pero le rechazaron un crédito hipotecario, pese a tener el dinero de cerca del 25% del valor del inmueble.

“Llamé al ejecutivo para pedir una explicación y me dijo que era una mujer soltera y, por lo tanto, irresponsable e impredecible. Que nadie sabía si el día de mañana me darían ganas de irme fuera de Chile. Me aconsejó que volviera cuando tuviera un marido que me respaldara y, a ojos del banco, fuera seria, solvente y estable”, relata Jiménez. “Es uno de los momentos de mi vida donde he sentido más fuerte la sensación de injusticia y discriminación”, recuerda la periodista chilena, que hasta ahora no ha tenido una nueva oportunidad para comprarse una vivienda.

La evidencia demuestra que los prejuicios no han disminuido con los años en el país sudamericano. La investigación, titulada De mal gusto: Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo, consideró una muestra de más de 600 agentes de bancos chilenos. “Dado que los créditos solicitados fueron asignados aleatoriamente a los aplicantes y que estos, a su vez, fueron asignados aleatoriamente a los ejecutivos, las diferencias en tasas de aceptación entre hombres y mujeres sólo pueden deberse a diferencias en las percepciones que tuvieran los ejecutivos sobre la capacidad de repago de los solicitantes”, señala Parrado.

Esta diferencia de percepción podría explicarse por un sesgo originado por la falta de información respecto de las características de los postulantes al crédito. Es decir, que los agentes no siempre cuentan con toda la información que desearían para poder predecir la capacidad de pago y riesgo de cada cliente hombre o mujer. Pero uno de los puntos fuertes del estudio radica en que se pudieron observar las preferencias de género por parte de los ejecutivos y, posteriormente, examinar si las diferencias en las tasas de aceptación de los préstamos provienen principalmente de ejecutivos con preferencias pro-hombre. Fue lo que permitió a los investigadores concluir la existencia de la discriminación de género en desmedro de las mujeres.

A los ejecutivos se les aplicó una encuesta donde implícitamente les preguntaban sobre sus preferencias sobre clientes hombres o mujeres. “Un 30% de ellos, declaran tener preferencias pro-hombre. Dentro de los ejecutivos varones, un 20% declara tener preferencias pro-hombre. Dentro de las mujeres, un 40% declara tener preferencias pro-hombre. No obstante, las agentes con preferencias pro-hombre no discriminan a las mujeres en acceso al crédito”, explica Parrado. “Todo el efecto de discriminación, por lo tanto, proviene de ejecutivos hombre con preferencias pro-hombre”.

Los agentes que más discriminan a las mujeres –los que significativamente le aprueban más créditos a los hombres– son los que generalmente prefieren carteras de clientes compuestas por más varones. Cuando se les pregunta por el principal problema que tienen al lidiar con clientas, contestan: “Son muy exigentes, requieren respuestas rápidas” o “las mujeres tienen dificultades para comunicarse”.

En Chile, las mujeres pagan más responsablemente sus créditos. De acuerdo a los datos de 2018 del Informe Anual de Brecha de Género de la SBIF, el 56% de la deuda crediticia de los hombres en 2017 estaba vencida de 0 a 90 días, es decir, un 12,5% mayor que la tasa de morosidad de las mujeres. El estudio del BID y el CAF entregó esta información a la mitad de los ejecutivos bancarios de la muestra para luego evaluar si quienes la recibieron mostraban menor discriminación hacia las clientas.

Hubo dos importantes conclusiones: no se produjo un cambio a favor de las mujeres y, peor aún, los ejecutivos que tienen preferencias pro-hombre aumentan su discriminación en contra de las mujeres luego de recibir la información. “Es decir, a aquellos ejecutivos con preferencias pro-hombre, al mostrarles el mensaje, en lugar de aumentar las aceptaciones de créditos solicitados por mujeres, terminan rechazando más créditos a mujeres”, señala Parrado. “Esto refuerza nuestra hipótesis de que la discriminación observada no es estadística, sino que tiene como origen preferencias de género”.

No solo las chilenas pierden con los prejuicios en su contra. Aunque el estudio se enfoca en los préstamos de consumo, si se realiza una extrapolación a todos los tipos de crédito –como los hipotecarios–, lo que las instituciones financieras dejan de prestar por la discriminación de género a sus clientas se calcula en unos 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, resolver el problema terminaría siendo un buen negocio para las mujeres, para la sociedad chilena, pero también para los bancos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/08/21/planeta_futuro/1598031773_127220.html

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Al mundo le faltan 142 millones de mujeres ‘desaparecidas’ por machismo

Por: Alejandra Agudo

El informe del Estado Mundial de la Población 2020 publicado por el UNFPA denuncia que hay 19 formas de violar los derechos de las mujeres y analiza en profundidad tres de ellas: los feticidios de niñas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil

Las llaman «las desaparecidas». Son las que no llegaron a nacer porque fueron víctimas de feticidio femenino o murieron tempranamente porque sus padres desatendieron su alimentación y salud deliberadamente en su primera infancia. Por ser mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés), la agencia que se encarga de la salud sexual y reproductiva, calcula que hoy al mundo le faltan 142,6 millones de mujeres. Nacen menos de lo que es naturalmente normal (100 niñas por cada 106 niños) y fallecen de más en sus primeros años de vida. La preferencia por los hijos varones detrás de estas desapariciones es una de las 19 violaciones de sus derechos fundamentales que sufren las mujeres por el hecho de serlo, según este organismo. Desde el planchado de senos hasta las pruebas de virginidad. Pero en su informe anual del Estado de la Población Mundial 2020 se ha centrado en tres: la ya citada selección de niños, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

«Imaginen a una niña de 12 años que adora ir a la escuela, pero a la que sus padres un día le dicen que se ponga su mejor ropa y dos horas después la casan con su vecino que le triplica la edad. O una chica de 16 años a la que le mutilan sus genitales. Imaginen a una pequeña de cuatro que escucha a sus padres quejarse de que no tienen un hijo y que ella es solo una carga», pide Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, a un grupo de periodistas en la presentación por videoconferencia del informe titulado en esta edición Contra mi voluntad. «No nos hace falta imaginarlo porque son situaciones reales que ocurren miles de veces cada día en todo el mundo», agrega.

No fue una ficción paraJasbeer Kaur. Cuando tenía 25 años supo que estaba embarazada de trillizas. Tres niñas. «Ahora está prohibido pero, en aquel momento, te decían el sexo del bebé. La doctora se ofreció a practicarme un aborto porque consideró que sería difícil para mí criar a tres hijas Me explicó que el procedimiento era sencillo, similar a un parto. Por unos momentos tuve miedo, pero Dios me dio fuerzas para rechazar su oferta y dije que no», recuerda esta madre india 23 años después. Una decisión nada común que no gustó a su marido ni a sus suegros. «Ninguna niña había nacido en la familia de mi esposo en tres generaciones. Y dijeron que no iban a permitir que vinieran al mundo tres de golpe. Me dieron un ultimátum: aborta o vete», rememora Kaur. Y se marchó.

A pesar de que actualmente la revelación del sexo del bebé está prohibida en India para evitar los feticidios femeninos, tampoco algunos de los vecinos de Kaur en el Rajastán rural entienden aún hoy su decisión. «La gente aquí en mi pueblo a menudo me dice: ‘Pobrecita, deberías haber tenido al menos un hijo en lugar de tres hijas’. Y les digo: ‘¡Ahórrense esa basura! Soy mujer y estoy orgullosa de haber criado a estas chicas que ahora son adultas», relata. Pero esta madre es también un ejemplo vivo que todas las mujeres locales citan con orgullo, aseguran los autores del documento.

Sin embargo, la selección prenatal y posnatal de varones sigue muy extendida en India. De acuerdo con los datos analizados por el UNFPA, cada año se abortan selectivamente casi medio millón de niñas. Y una de cada nueve de las muertes infantiles de niñas menores de cinco años en el país son atribuibles a esta discriminación de género. India y China (666.300 feticidios femeninos anuales), son los mayores generadores de desaparecidas en el mundo. Y su balanza de sexos está muy descompensada con 112 niños por cada 100 niñas.

«Las mujeres no pueden esperar. Las chicas representadas en este informe no pueden esperar. Y sus derechos no deben dejarse de lado debido a la covid-19 o un huracán, ni por nada. Deben ser una prioridad. Es lo que exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]», reclama Kanem en una entrevista por teléfono. «Aun así, muchas no van a la escuela, no terminan la primaria y ni sueñan con la secundaria. Y sabemos que la educación es protectora frente a otras violencias. El matrimonio infantil o la mutilación genital femenina es una discriminación hoy, pero es un trauma para el resto de sus vidas. Y, por supuesto, lo es la preferencia de hijos», resume.

En opinión de Kanem es necesario preguntarse por qué en algunas culturas y territorios los progenitores prefieren tener hijos varones y se producen abortos selectivos de niñas. «Es irónico. Encontramos que muchos quieren chicos para que, cuando sean adultos, les mantengan. Pero a veces eso no sucede e incluso tienen problemas para encontrar esposa. A veces es por cuestiones religiosas o porque es el hombre el que hereda y perpetúa el nombre de la familia». Pero todo eso se puede cambiar, anota la doctora, si se repiensa la seguridad económica de los ancianos o se pone en valor que una hija educada también cuidará de sus mayores, por ejemplo.

Es posible acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil en 10 años

Para acabar con las prácticas dañinas contra las niñas y mujeres es necesario que las leyes y las políticas se traduzcan en acciones sobre el terreno, apunta Kanem. Y que las intervenciones que se desarrollan en las comunidades se puedan hacer crecer. «Algunos enfoques no son escalables. Entonces, si solo estamos haciendo dos y tres pequeños cambios en comunidades aquí y allá, es posible que no sean lo suficientemente potentes como para conseguir la transformación radical que necesitamos para lograr la igualdad de género para el año 2030».

Kanem cree que es posible alcanzar algunas de las metas establecidas en los ODS, sobre todo, acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil para 2030. Pero con más acción y más actores involucrados. «Es por eso que hago un llamamiento a los hombres; para que sean parte de la solución, para que defiendan los derechos de las mujeres», apela. «También creo que es importante no subestimar el papel que están jugando los jóvenes. Ellas exigen la igualdad».

Tienen motivos. Los datos publicados por el UNFPA demuestran que hay progresos en la lucha contra la ablación o el matrimonio infantil, pero más niñas se verán afectadas debido al crecimiento demográfico en el planeta. Este 2020, se estima que 4,1 millones de niñas serán sometidas a la mutilación genital. En total, 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a esta violencia. Hoy, en un solo día, 33.000 niñas menores de 18 años serán obligadas a casarse, en la mayoría de los casos con hombres mucho mayores que ellas. Se sumarán a los 650 millones de esposas que fueron forzadas a enlazarse antes de alcanzar la mayoría de edad.

Alejandra Teleguario, de 19 años, es una de esas jóvenes que ha dicho basta. Esta guatemalteca es «activista feminista por los derechos sexuales de las juventudes y mujeres» de su país y forma parte del Grupo Asesor de Jóvenes del UNFPA en Guatemala. Comenzó su defensa de los derechos de las niñas y adolescentes con 13 años al conocer a chicas jóvenes, incluso de su edad, en el Hogar Seguro del Estado que habían sido víctimas de violencia de género, agresiones sexuales y matrimonio infantil. «Algunos casos eran muy fuertes», recuerda. En 2015, el Código Civil de Guatemala permitía las uniones desde los 14 años ellas y 16 ellos. Y los cambios que se produjeron desde entonces dejaban la puerta abierta a los enlaces entre menores. Hasta 2017. Teleguario se siente parte de esa victoria. «Aunque todavía hay datos preocupantes, sobre todo en municipios donde predomina la pobreza extrema y persisten prácticas culturales que no han permitido defender completamente los derechos de niñas y adolescentes», advierte.

Miembro de los programas de jóvenes líderes de la organización Women Deliver, Teleguario está involucrada con diferentes organizaciones, redes y actividades para acabar con las prácticas nocivas que sufren las niñas en su país, especialmente los embarazos adolescentes. «Entre enero y mayo de 2020 se han registrado 46.863 en chicas de 10 a 19 años. Es una cantidad desorbitada teniendo en cuenta que desde marzo el país ha estado en cuarentena por la covid-19. Y es un tema tabú la educación en temas de sexualidad», explica.

También es tabú el aborto y no constan casos de feticidios femeninos en el país, pero sí hay preferencia por los varones. «Cuando se festeja la llegada de un bebé, la alegría es mucho mayor si es un niño. Cuando se enteran de que es una niña, hay rechazo en algunas comunidades. Las familias son numerosas y hay una distinción muy fuerte entre las oportunidades que se le dan a los hombres y las mujeres. No es secreto que en Guatemala y otros países de la región se prioriza la educación de los chicos, entre otros privilegios», detalla. «Ellas se quedan en casa ayudando a la madre con las tareas del hogar. Además del hecho de que todavía se sigue practicando el intercambio de hijas por objetos o animales».

Nacer niña es una misión difícil en muchos países. Y una vez en este mundo, la vida va a ser más dura, plagada de obstáculos y violaciones de sus derechos. El ritmo hacia la igualdad de género y la erradicación de estas prácticas es lento. Así lo ha señalado la ONU: el ODS 5 que llama a poner fin a todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres es el que menos ha progresado. «Es la década de la acción», apunta Kanem. «Y una estrategia para la acción concertada necesita una hoja de ruta, necesita un plan, necesita un acuerdo. Entonces, el estilo de debate combativo del feminismo puede ser productivo, pero el punto de ese debate debe ser: ¿qué vamos a hacer? Creo que las feministas, algunas de las estrategas más sabias y comprometidas del mundo, deben unirse para avanzar en esta agenda. Espero que defiendan la igualdad de derechos para las niñas, donde sea que estén. Y aunque se produzcan debates, aceptemos que una niña debe permanecer en la escuela, que tiene que estar bien preparada para el empleo y debe contar con la información para tomar decisiones sobre su cuerpo, su fertilidad y lo que quiere hacer para dar forma a su propio futuro», zanja la experta.

Y LLEGÓ LA COVID-19

Un informe del Fondo de Población de la ONU del pasado abril, advertía de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres. La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE UU) y la Universidad Victoria (Australia), desvelaba que, por cada trimestre de interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018. ¿Resultado? Habrá siete millones de embarazos no deseados en seis meses en 114 países de renta baja y media.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/29/planeta_futuro/1593424633_591329.html

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América Latina y el Caribe: Todas las oportunidades que se pierden por no tener salud sexual

Redacción:  El País

Millones de niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe ven incumplidos sus derechos sexuales y reproductivos. Merecen atención para no quedar a la zaga del desarrollo.

A pesar del progreso global hacia la igualdad de género en las últimas décadas, las adolescentes siguen siendo un grupo extremadamente vulnerable que se está quedando atrás. Se estima que 16 millones de niñas entre 15 y 19 años dan a luz cada año en el mundo, y hasta el 90% lo hace dentro del matrimonio­.

América Latina y el Caribe es una de las regiones donde las niñas y adolescentes todavía se enfrentan un mayor número de desigualdades. A pesar de los esfuerzos y una mejor visibilidad en los últimos años para alcanzar una mayor igualdad de género, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes siguen siendo un tema desatendido y están lejos de ser distribuidos de manera equitativa, tanto regionalmente como dentro de los países. Las adolescentes son un grupo particularmente vulnerable en lo que respecta a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

La adolescencia, definida como el período de 10 a 19 años, se caracteriza por importantes desarrollos físicos y psicosociales con un impacto relevante en su futuro. Sin embargo, la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes debido a modelos tradicionales, creencias religiosas e ideas de género desarrolladas históricamente a menudo conduce a matrimonios y uniones tempranas, y altas tasas de embarazo adolescente. Esto tiene un impacto significativo a largo plazo en el bienestar socioeconómico, así como en las oportunidades educativas y laborales para las mujeres jóvenes.

A pesar de una notable disminución general de la fertilidad en América Latina y el Caribe en las últimas tres décadas —de 3,95 nacimientos por mujer en 1980-1985 a 2,15 en 2010-2015—, la adolescente solo disminuyó mínimamente durante el mismo período y sigue siendo la segunda más alta del mundo después del África subsahariana. Además, ha sido la única región del mundo donde la fertilidad de las adolescentes menores de 15 años incluso aumentó ligeramente.

Sin embargo, estas tasas de fertilidad relativamente altas no afectan a todas por igual en América Latina y el Caribe:

Los números varían significativamente entre países y dentro de ellos. Según los informes actuales, hay 63 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15-19 años en América Latina y el Caribe, en comparación con los 42 que se producen en todo el mundo. Sin embargo, encontramos grandes diferencias regionales entre países de altos ingresos como Chile (41), donde la tasa de fecundidad adolescente se sitúa por debajo del promedio mundial, y países de ingresos medios bajos como Nicaragua y Venezuela (ambos 85), que duplican el promedio global.

Los datos también revelan que el embarazo entre adolescentes ocurre principalmente en los grupos de población más pobres y vulnerables de cada país. Las niñas de hogares en el quintil de riqueza más bajo tienen tres o cuatro veces más probabilidades de verse afectadas por un embarazo temprano, en comparación con las niñas del quintil de riqueza más alto. Otros factores de riesgo son la falta de educación primaria, la vida en áreas rurales o la pertenencia a una comunidad indígena.

El embarazo temprano obstaculiza el desarrollo, ya que a menudo resulta en la interrupción de la escolaridad, el aislamiento social y la inseguridad financiera, y por lo tanto perpetúa los círculos de pobreza y dependencia. Además, el embarazo adolescente está relacionado con graves consecuencias para la salud de la madre y el niño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que las complicaciones del embarazo y el parto continúan siendo la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años a nivel mundial.

Las tasas de embarazo no deseado entre las adolescentes bajarían en un 58% si se satisface la necesidad de planificación familiar de cada niña

Una de las principales razones de la alta tasa de embarazo adolescente es la necesidad insatisfecha de planificación familiar entre las niñas. De los 27,5 millones de niñas de 15 a 19 años que hay en América Latina y el Caribe, hasta nueve millones necesitan anticonceptivos porque están casadas o son sexualmente activas y no quieren tener un hijo al menos durante los próximos dos años. Solo el 62% de ellas tiene acceso a métodos anticonceptivos modernos, mientras que el otro 38% tiene una necesidad insatisfecha de anticoncepción. El mayor número de necesidades insatisfechas se encuentra en América Central (49%), seguido por el Caribe (40%) y América del Sur (34%).

La falta de métodos anticonceptivos efectivos conduce a un alto número de embarazos no deseados: datos recientes revelan que casi el 80% de los embarazos entre niñas de 15 a 19 años no son intencionales y aproximadamente la mitad de estos terminan en aborto. Debido a las leyes restrictivas del aborto en América Latina, una gran parte de esos abortos no son seguros y pueden tener graves consecuencias para la salud. Sin embargo, el aborto inseguro ocurre predominantemente entre las niñas más pobres y vulnerables, ya que los abortos seguros en clínicas privadas a menudo están relacionados con altos costes y, por lo tanto, siguen siendo un privilegio para los grupos más ricos.

Como muestran estudios recientes, las tasas de embarazo no deseado entre las adolescentes bajarían en un 58% si se satisface la necesidad de planificación familiar de cada niña, y reduciría significativamente las consecuencias, como abortos inseguros e involuntarios y muertes maternas.

En los últimos años, las desigualdades en el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos entre niñas y adolescentes se están volviendo cada vez más visibles en el debate sobre la salud pública en América Latina y el Caribe. En 2018, la Organización Panamericana de la Salud presentó el Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 2018-2030, que tiene como objetivo reducir las tasas de embarazo en adolescentes y promover el acceso universal a la anticoncepción, entre otro.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableció el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva como un objetivo, utilizando la tasa de fecundidad adolescente como indicador para medir el progreso. Sin embargo, se necesitan más datos y estudios para comprender mejor la dinámica y las causas multifactoriales de las desigualdades, si queremos alcanzar esos objetivos globales y regionales.

En este sentido, desde ISGlobal y junto con mis compañeras Anna Lucas y Clara Pons, estamos trabajando en un nuevo estudio sobre las desigualdades en las oportunidades de salud de mujeres y niñas en América Latina. Para ello, utilizaremos una metodología desarrollada por el Banco Mundial para medir las desigualdades, el Índice de Oportunidades Humanas, que también se aplicó en nuestro estudio anterior sobre las desigualdades en salud materna en África Subsahariana. Nuestro objetivo principal es contribuir, desde una nueva perspectiva, al análisis de la variedad de factores que inciden en la distribución desigual de los servicios de salud materna y reproductiva en la región, incluyendo entre los grupos de niñas y mujeres más jóvenes.

Ellas merecen atención y no deben ser dejadas atrás. Debemos priorizar sus necesidades y derechos en acciones regionales y globales para incluirlas en el progreso global hacia un mundo más equitativo.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/10/31/planeta_futuro/1572534379_073253.html

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España: 320 firmas de alumnos de un concertado no logran que las niñas puedan llevar pantalones largos

Europa/España/12 Septiembre 2019/El país 

Una parte de los 1.200 estudiantes recogieron firmas el curso pasado pero el centro no ha aceptado la petición

Las niñas, con falda. No hay más que hablar. Esa es la decisión que ha tomado el colegio concertado Santa María de la Hispanidad de Madrid, en el distrito San Blas-Canillejas, a pesar de que alrededor de 320 escolares recogieran firmas el curso pasado para pedir igualdad en la vestimenta. Esto es, poder llevar pantalones largos, como sus compañeros. Las chicas alegaban que en invierno pasaban frío, que se sentían observadas, que algunas tienen complejos y que al correr en el patio se les subía la falda. Ninguna razón ha pesado lo suficiente como para escuchar la petición de las menores y el Consejo Escolar del centro ha impuesto mantener las piernas al aire para ellas, y cubiertas para ellos.

A mediados del curso pasado, 320 alumnos de 1.200 que tiene el centro reunieron firmas para trasladar a la dirección una petición que preocupaba e indignaba a las chicas a partes iguales. Redactaron el escrito, lo elevaron a las altas esferas del centro y esperaron una resolución. El director, Pablo Carbajo, sorprendido por la petición y por que ésta saltara a los medios en mayo, no se cerró en banda y pospuso la resolución del entuerto para cuando finalizara el curso y se pudiera reunir el Consejo Escolar. Ahora, justo cuando ya han empezado de nuevo las clases, se ha conocido la decisión final de ese debate interno: como mucho se les facilita a las chicas una falda pantalón. De todas sus peticiones, a lo único a lo que se pone solución es al hecho de que se levante la falda. Pero las piernas seguirán al aire. Eso sí, en invierno se les permite llevar leotardos, medias o calcetines, “lo que ellas quieran”, decía una madre esta mañana en la puerta del colegio.

La polémica decisión ha provocado un pequeño terremoto en el colegio, donde hay matriculados niños desde los 3 hasta los 18 años, ya que los admite desde el primer ciclo de infantil hasta bachillerato. Las puertas del Santa María de la Hispanidad han abierto este lunes las puertas a un nuevo curso, y con él han llegado diferentes medios de comunicación entre los que había varias televisiones intentando recabar declaraciones de los estudiantes. La mayoría de padres con los que ha intentado hablar estaban sobre todo cansados del “acoso” al que han visto sometidos a sus hijos. También hay división de opiniones, mientras unos apoyan a las chicas que presentaron la petición, otros piensan que en realidad “ellas siempre quieren ir con falda” y que “si no están de acuerdo, que se cambien de colegio”.

Según explicó en mayo la dirección del centro a este periódico, el reclamo de los menores sorprendió al Ampa del colegio «por lo bien que habían cursado la petición». «Las niñas ven como discriminatorio el hecho de que no puedan llevar pantalón largo, hay muchas actividades del día a día en el colegio que no pueden hacer como el resto de compañeros», explicó entonces a la Cadena Ser una representante del Ampa, organización de padres y madres de los alumnos. Este lunes, la secretaría del colegio no daba abasto y aseguraba que el director se pondría en contacto con este medio para dar una explicación de la decisión. Todavía no lo ha hecho.

La Ley Orgánica 2/2006 de educación da autonomía a los centros para elaborar sus normas de organización y funcionamiento, por lo que les corresponde a ellos decidir si los alumnos deben hacer uso del uniforme y de sus características. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco de esta ley y asegura que no van a involucrarse en ningún caso ya que la decisión sobre el tipo de uniformes es únicamente responsabilidad de cada colegio y que los alumnos deben acatar estas normas. Además, añaden que los padres siempre conocen las normas de vestimenta del colegio antes de matricular a sus hijos.

Por su parte, desde el sindicato CC OO han querido dejar clara su postura: “La libertad de cátedra tiene un límite, como dice bien claro la Constitución, no se puede discriminar por razones de género, ninguna mujer debe estar obligada a trabajar con una determinada ropa, y mucho menos desde que son niñas”. “Creemos que el colegio debería haber escuchado a las familias, de hecho en su momento pensamos que iba a hacerlo, porque es una demanda social. Pero también echamos en falta una intervención de la administración educativa, porque deben garantizar la igualdad, y nos preocupa que esté ausente en estas cuestiones”.

El reglamento interno del centro aclara que las menores tienen prohibido el uso de faldas «demasiado cortas», y que, en caso de que se incumpla, «se puede prohibir la entrada a la infractora». También están prohibidos los pendientes, los piercing y los tatuajes dentro del recinto escolar. Tampoco se adapta a la normativa el pelo demasiado largo, los tintes, crestas, coletas.

Este lunes ha empezado el curso para los alumnos de primaria en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación y CC OO discrepan en el número total de profesorado en la educación pública y en el de las obras de los centros. Según el Gobierno regional, el curso 2019-2020 registra un ligerísimo crecimiento de la educación pública. Pero para CC OO, los números de alumnos no van acompasados con el profesorado y el sector está cada vez más precarizado.

LOS UNIFORMES, AHORA MÁS CAROS

Además de estar obligadas a llevar falda, este curso las alumnas solo pueden adquirirla en el colegio por un precio más alto que el año anterior, según ha informado la cadena Ser este lunes. Los nuevos uniformes de este año escolar tienen bordado el logotipo del centro, por lo que ya no se pueden comprar en cualquier supermercado. Según han señalado las familias a esta radio, antes la falda costaba unos 12 euros y ahora, la misma prenda con el bordado cuesta 40.

Ocurrió un caso similar en 2015 cuando una madre de un alumno de un centro de Boadilla del Monte interpuso una queja porque los uniformes eran muy caros y el único punto de venta donde podían obtenerse era el propio colegio, ya que la prenda venía bordada con el logotipo. Se trata de la misma situación que viven las familias de los alumnos del Santa María de la Hispanidad, cuyo aumento de precio llega a triplicar el del uniforme básico, sin logo. En este caso, el Defensor del Pueblo dictaminó «adoptar medidas que reduzcan el coste de los uniformes escolares en los centros sostenidos con fondos públicos, favoreciendo la libertad de las familias de adquirir uniformes básicos en el establecimiento de su elección y, en el caso de que el centro exija que el uniforme incluya logotipos, escudos u otros emblemas, favorecer la adquisición separada de dichos elementos.»

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2019/09/09/madrid/1568035022_700780.html

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Sudáfrica: Un oasis contra la transfobia

África/Sudáfrica/18 Julio 2019/Fuente: el país

Una veintena de escuelas de Ciudad del Cabo apoyan la educación inclusiva en un país en el que más del 50% de estudiantes son discriminados por su identidad de género. Visitamos una de ellas, modélica, de la mano de una de sus alumnas

Antes incluso de tener que enfrentarse a la necesidad diaria de identificarse a través del género, Alex ya era consciente de que no sería lo que por su cuerpo decían que tenía ser. “Con apenas 4 años ya empezó a expresar que quería ser una niña”, cuentan sus padres. Aunque nunca vacilaron a la hora de apoyar a su hija, el primer psicólogo al que acudieron les recriminó su postura. “Nos insistió en que la estábamos malcriando y nos advirtió de que no podíamos permitir que nos manejara”, continúa Marie, tan alta y de tez tan clara coma sus dos pequeñas. Todavía hoy es ese uno de los peores días de su vida. La receta propuesta contra la sexualidad de Alex pasaba por reforzar su conducta masculina: había que cortarle el pelo, vestirla con pantalones de chico y llevarla a un centro escolar cuya solución inclusiva pasaba por hacer que se cambiase en un cuarto de baño solo para ella.

Subrayar la diferencia en lugar de normalizarla.

Durante su particular guerra de los pantalones, Alex encontró la fórmula de vencer la censura. Se ponía las camisetas y chaquetas que le mandaban, pero en talla grande, como si fuesen vestidos. Hasta que aquel silencio administrativo acabó por desbordarse a sí mismo: no tenía sentido seguir forzándola a ser lo que no quería ser.

Solo que ya no se trataba exclusivamente de ella, sino que al encontrarse en edad escolar había que lidiar con compañeros, padres, profesores y burocracia administrativa. En una urbe marcada por la desigualdad social como Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde los cielos de hojalata de Khayelitsha comparten lienzo con las cometas de colores de Bloubergstrand, no resultó sencillo encontrar una escuela primaria para una niña como Alex. Hasta que dieron con un centro en el que aprender a convivir es tan importante como saber sumar o leer.

Un ajedrez gigante y pausas para salir a correr

Es la hora del recreo para los más pequeños y el patio está abarrotado. Los hay que quieren seguir con los cuentos, otros que prefieren corretear a su antojo y otros que piden que los lleven con los animales de la granja.

Martin apenas es capaz de articular una palabra. Pero sonríe. Y Sasha, la joven recién licenciada que se encarga de supervisar sus avances, ríe todavía más. Ellia, la profesora titular de la clase, ríe con ellos. “Es gratificante ver lo que va logrando”, señala Sasha. “Al principio era incapaz de comunicarse. Hace unos meses, Ellia y yo nos miramos y no nos lo podíamos creer: Martin estaba hablando”. El pequeño, que sufre dificultades de desarrollo, no recibió la atención especializada que requiere hasta que llegó aquí: hasta los dos años lo tenían en un sofá sin que nadie hablase con él.

El ajedrez gigante ubicado en el patio con el que los niños juegan.
El ajedrez gigante ubicado en el patio con el que los niños juegan. Pablo L. Orosa

En la escuela primaria de North Pinelands, la roja, como la conocen todos en el barrio, una zona de clase media cercana al hospital Vincent Pallotti donde los jubilados pasan la tarde jugando al tenis, Martin no es alguien especial. “Buscamos crear una educación real para que los chicos se preparen para la vida tal y como es, diversa”, subraya Ann Morton, directora del centro.

Su colegio propone un enfoque educativo alternativo, en formas y en fondo. Aquí los alumnos, algunos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tienen esterillas para estirarse y permisos controlados para salir al patio cuando están agobiados. Aquí los maestros no permanecen sentados tras un escritorio, sino que disponen de un atril desde el que dirigirse a la clase. Porque en realidad el objetivo es que los alumnos sean sus propios profesores: que busquen respuestas a las preguntas que ellos mismos se van formulando. Hoy, los de último curso no dejan de darle vueltas a los planetas solares.

El éxito de North Pinelands radica en su capacidad de ser real: no se trata solo de que los niños participen de la vida en la comunidad con excursiones a empresas y museos, sino que sea esta la que participe del día a día del colegio. “La escuela está abierta a cualquiera que quiera ayudar”, insiste Morton. Hay un bedel que toca la guitarra, varios asistentes que ayudan a quien quiere chapurrear español y personas con diversidad funcional encargadas de tareas de mantenimiento. Con un total de 450 estudiantes de primero a séptimo curso, la escuela cuenta con un equipo de apoyo con terapeutas ocupacionales y un logopeda, además de profesores especializados en música, arte y lengua xhosa y otra docena más de asistentes. A ellos hay que sumar otros profesionales, cuyo coste es sufragado por los padres, que se encargan de asistir a los alumnos con necesidades específicas durante las clases. Es lo que Sasha hace con Martin. En total, hay hasta 90 personas con labores docentes trabajando en una escuela en la que 46 alumnos requieren una asistencia adicional.

“Hay un enfoque médico de la diversidad, todavía presente en muchos centros educativos, en el que estos alumnos son separados. Para los profesores esta forma de trabajar es más sencilla porque crea grupos homogéneos, pero no es enriquecedor. Lo que nosotros pretendemos es que los niños crezcan aprendiendo unos sobre otros. Lo que va a detener la III Guerra Mundial no son los sobresalientes en matemáticas sino las habilidades para crear comunidad”, insiste Morton. Es por esto que la escuela de North Pinelands no es una escuela ordinaria ni tampoco una escuela para personas con necesidades especiales. Es simplemente una escuela inclusiva.

Educación transgénero, el penúltimo reto

Antes de las vacaciones de 2016, Alex anunció a sus compañeros que a la vuelta del verano ya sería oficialmente un niña. Y no hubo ningún trauma. Sus compañeros lo asumieron con naturalidad y ni uno solo de ellos se volvió a referir a ella como él. “Todo el proceso resulta más complicado para los adultos que para los propios niños, ellos lo aceptan con facilidad”, explica Ronald Addinall, psicólogo especializado de la Universidad de Ciudad del Cabo.

La escuela, que ya había conseguido con éxito la integración de personas con discapacidades físicas e intelectuales y de niños procedentes de entornos religiosos y socio-económicos diversos, llevaba meses trabajando en el que se ha convertido en el último penúltimo reto de la educación inclusiva: la de los menores transgénero. “Lo que hicimos fue pensar al revés: no en como integrarlos, sino en como podíamos adaptarnos los demás a ellos”, subraya Ann Morton. Se instauraron el uniforme unisex y los baños y los equipos deportivos mixtos. Pero sobre todo, la escuela realizó un importante esfuerzo de concienciación y formación dirigido a toda la comunidad educativa: se realizaron charlas con todo el personal, docente y no docente, y después fue comunicado a las familias. “Hubo dos que decidieron quitar a los niños de nuestra escuela. Con el resto no ha habido nunca —y ya han tenido más casos de transiciones de menores transgénero— ningún problema”, recalca la directora.

Después del hogar, “el colegio es el lugar donde los niños pasan más tiempo y donde socializan, por eso es importante que se sientan seguros y valorados. Resulta fundamental que el entorno escolar sea el adecuado y no se convierta en un lugar de miedo que dispare los problemas”, comenta Addinall, quien ha asesorado a más de 400 chicos en su transición de género y ahora colabora con una veintena de escuelas que avaladas por el Departamento de Educación del Western Cape Education Department apuestan por estos programas de educación inclusiva.

Según un estudio realizado en 2016 por Out LGBT, el 56% de las personas transgénero en Sudáfrica sufrieron algún tipo de discriminación durante su escolarización. Aunque el país es uno de los más avanzados del mundo en el la protección de los derechos de la comunidad LGTBI y fue el primero del continente en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, insultos, agresiones, violaciones y persecuciones forman todavía parte del día a día de quien tiene una orientación sexual diferente a la bendecida por la Iglesia. Lo más preocupante, subraya el informe, es que el 76% de las personas transgénero no denuncia los ataques sufridos.

“Gran parte de estos problemas se podrían solucionar creando mecanismos que juzgasen las responsabilidades de universidades y entornos laborales que incumplen la legislación que protege al colectivo trans”, apunta Sandile Ndelu, una de las integrantes del grupo Transgenderforum, que promueve la transformación de la universidad sudafricana. Aunque se alinearon inicialmente con el movimiento #RhodesMustFall (RMF), que exige la descolonización de los programas educativos, el movimiento Transgenderforum ha acabado por desmarcarse al entender que esta lucha estudiantil no incorpora más que de forma retórica sus reivindicaciones y deja a un lado la incorporación de la perspectiva de las identidades de género a los currículos lectivos o en el propio trato al alumnado.

Se centran en cuestiones simbólicas, como la instalación de baños mixtos, que “no hacen más que aumentar las diferencias sociales y de raza que existen entre los estudiantes transgénero”, subraya Ndelu. Mientras universidades vinculadas a la élite económica, como Witwatersrand o Stellenbosch, han podido realizar estas reformas, otros centros de mayoría afrodescediente como Fore Hare, UniZulu o WSU carecen de recursos para llevarlas a cabo.

Un proceso reversible hasta la adolescencia

Demostrada la eficacia de los modelos inclusivos, el reto ahora es hacerlos accesibles a todos. “Escuelas como Pinelands pueden ser un modelo, pero todos los centros pueden hacer pequeños cambios para lograr ser inclusivos con los menores transgénero”, apunta Addinall. Lo primordial es trabajar desde la base, tanto con los colegios como con las familias. “No cualquier niño por ponerse los tacones de su madre o vestirse de hombre quiere decir que esté en desacuerdo con su cuerpo. Todos pasan por una fase de experimentación de su identidad sexual”. Cuando este rechazo es consistente, prosigue el psicólogo, es cuando conviene apoyar la transición social: y cuanto antes mejor. “A medida que se acercan a la pubertad aparecen los cambios físicos que son los que suelen desencadenar los problemas y depresiones”.

Aunque a Alex todavía le quedan unos cuantos años para que comiencen los cambios hormonales, su madre no puede dejar de preocuparse. Llegarán los novios, la universidad, el trabajo…la vida lejos del programa de talento de su escuela y de unos compañeros que han crecido entendiéndola. En el resto del mundo todavía hay demasiada gente que no ha empezado a hacerlo. “Lo que va a venir”, asegura Marie, “es lo más duro”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/07/10/planeta_futuro/1562754585_137545.html

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Portugal acaba con la discriminación en el divorcio entre mujeres y hombres

Europa/Portugal/18 Julio 2019/Fuente: El país

Desde 1966, las portuguesas tenían que esperar 300 días para volver a casarse y ellos solo, 180

Si nada lo impide, el Parlamento portugués aprobara en su última sesión de la legislatura el fin de la discriminación de género para poder volver a casarse.

Desde 1966 el Código Civil hacía una distinción para que el hombre y la mujer que habían disuelto su matrimonio pudieran volver a casarse. El hombre tenía que esperar 180 días y la mujer, 300. La diferencia se justificaba por la presunción de paternidad –concepto jurídico que atribuye automáticamente al marido la paternidad del bebé–. De hecho, la mujer podía casarse en el mismo plazo que el hombre si presentaba un informe médico atestiguando que no estaba embarazada.

En un parecer enviado al Parlamento por la anterior fiscal general del Estado –en el largo trámite parlamentario ha habido relevo en el cargo–, Joana Marques Vidal señala que “actualmente existen mecanismos médicos legales que permiten la asignación rigurosa de la paternidad”. Para la jurista, “el plazo internupcial es discriminatorio y como tal injustificado e inadmisible”.

Desde hace dos años, el Partido Socialista más el Bloco de Esquerda intentaban modificar la ley, pero a la iniciativa no se sumaba el Partido Comunista (PC),fundamental para que la reforma siguiera adelante. También se oponían los grupos de centroderecha, Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Popular (CDS). Finalmente, se ha llegado a un consenso con PC y el PSD y en el último pleno de la legislatura, el día 19, se pondrá fin a la discriminación de la mujer en este capítulo.

Para llegar al consenso de todos los partidos, excepto CDS, se han eliminado los plazos. Cualquiera de los dos miembros del matrimonio podrá volver a casarse un minuto después de haber firmado los papeles del divorcio. Es la solución inicial que había ofrecido el único diputado del PAN (Personas Animales Naturaleza), pues el Bloco proponía igualar el plazo en 180 días mientras que el PS lo igualaba en los 30.

Pese a la opinión de la exfiscal Marques Vidal, se mantiene en el texto la presunción de paternidad por exigencia del PC y así ampliar el consenso de la reforma del Código Civil, que puede entrar ya en vigor en septiembre.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/07/12/actualidad/1562944412_806176.html

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