América del sur/Colombia/10 Enero 2019/Fuente: El tiempo
Según los expertos, el número tan reducido es el reflejo de las dinámicas de la sociedad.
En tiempos donde la equidad de género toma más relevancia, las universidades colombianas afrontan un hecho debatible: de 52 universidades acreditadas de alta calidad por el Ministerio de Educación, únicamente cuatro mujeres ocupan cargos de rectoría.
María Clara Rangel, en la Universidad el Bosque; María Victoria Mejía, en el Instituto Tecnológico Metropolitano (Medellín); Cecilia María Vélez, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Dolly Montoya, en la Universidad Nacional, son quienes hasta hoy ocupan cargos de dirección máxima en entidades educativas de educación superior.
Guía Académica habló con algunas de las protagonistas para conocer su punto de vista sobre el hecho y también consultó a una experta en temas de género e inclusión para que analizara el porqué de la baja participación de las mujeres al comando de estas instituciones.
Una revolución silenciosa
En general, el sector académico tradicionalmente ha sido liderado por hombres, sin embargo, cargos como el de las vicerrectorías o el liderazgo de ciertas facultades durante muchos años, les han abierto la puerta a las mujeres a nuevas posibilidades de posicionamiento en las universidades.
A veces para esos consejos no es tan fácil admitir que una mujer esté en la cabeza de las universidades, pero creo que cada vez más eso está cambiando
Según le dijo Cecilia María Vélez a guiaacademica.com, «en los últimos años he visto que han crecido las rectoras en las universidades. Es algo que ha pasado en esta revolución de género que se ha hecho en el país, es como en todo que van llegando las mujeres a los niveles más altos. Eso ha tomado tiempo, pero yo creo que se está dando».
Sin embargo, Vélez cree que en algunas universidades aún hay cierta oposición en los consejos directivos para que las mujeres lleguen a cargos directivos.
«A veces para esos consejos no es tan fácil admitir que una mujer esté en la cabeza de las universidades, pero creo que cada vez más eso está cambiando. A la larga, en instituciones de tradición, las mujeres han ganado terreno como profesoras, o vicerrectoras».
Y agregó: «Esta es una institución muy liberal (Tadeo), salvo algunos sectores muy tradicionales, que en el fondo hacen resistencia pasiva al liderazgo de una mujer, en general no he sentido una reacción importante. No me siento en una condición diferente a la de un hombre».
Respecto al tema, Claudia Lugo, coordinadora académica de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado e investigadora en temas de género, igualdad y desarrollo, aseguró que no es sorpresivo que aún haya cierta apatía en el sector educativo, ya que responde a las dinámicas mismas del país.
«Este hecho responde a dinámicas de poder entre hombres y mujeres, también a algunas dinámicas de discriminación y no solo pasa acá, pasa en muchas partes del mundo», afirmó.
¿Desigualdad?
Para Lugo, el hecho de que únicamente cuatro mujeres ocupen estos lugares en las universidades colombianas no es sorpresivo. Considera que es el reflejo de la sociedad colombiana, pero asegura que desde hace unos años todo viene cambiando.
Afirmó que la consolidación del liderazgo femenino es una cosa que está en construcción y que eso podría aportar visiones diferentes desde cómo las mujeres han vivido dentro de la academia y cómo se traduciría en hechos concretos.
«Estamos en un punto de inflexión, es importante que se hable de estos temas, se cuestionen, porque eso genera movimiento. Creo que cada día ese panorama irá cambiando, cada día habrá más mujeres representadas», recalcó.
Por su parte, María Clara Rangel, primera rectora de la Universidad el Bosque en 41 años, dijo que el progreso se ha venido dando muy rápido en los últimos años y que solo el tiempo y la buena preparación académica garantizan en el mediano plazo puestos de privilegio para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
«Evidentemente se ha notado con el transcurrir de los años una gran dificultad para las mujeres en asumir cargos directivos, por el estigma que existe acerca de las capacidades de liderazgo para la toma de decisiones«, manifestó.
Rangel también aseguró que las mujeres deben formarse y demostrar las capacidades intelectuales que tienen, y para esto hay que generar los espacios de participación para posicionarse, y ejercer el cargo con la rectitud, responsabilidad y compromiso que implica.
«Depende de la trayectoria y tradición de las universidades. En algunas será más fácil equilibrar la balanza, pero tomará tiempo romper paradigmas en las instituciones», concluyó.
Mientras el trabajo por la diversidad siga siendo anecdótico y restringido a unos pocos centros no podremos de verdad hacer frente a la violación de los derechos humanos que supone la LGTBfobia.
Los prejuicios LGTBfóbicos, como buen producto heteropatriarcal, tienen la perversa facultad de replicarse destructivamente, en una multiplicación viral que nos va consumiendo poco a poco, en una homofobia, tanto externa como interna, que nos convierte en una sombra de lo que realmente somos o podemos llegar a ser y sólo podemos salvarnos de ellos con una efectiva vacuna.
Para conseguir la vacuna necesitamos desmontar los prejuicios que nos impiden visibilizarnos como docentes LGTB, o como docentes aliados, para poder incluir de forma efectiva y real la diversidad afectivo-sexual y de género en nuestra práctica docente diaria. Porque mientras el trabajo por la diversidad siga siendo anecdótico y restringido a unos pocos centros donde nuestra voluntariedad consigue pequeños logros, oasis en medio del gran desierto del sistema educativo, no podremos de verdad hacer frente a la violación de los derechos humanos que supone la LGTBfobia y muches docentes y muchísimes más alumnes, seguirán sufriendo.
Mis principales antígenos para esta vacuna fueron los siguientes:
Prejuicio número 1: ¿Por qué tengo que visibilizarme si les heterosexuales no lo hacen? ¡Qué injusticia!
Pues sí, es así, y cuanto antes se asuma, mejor. El tener que visibilizarnos es una prueba de homofobia, es uno de los peajes que tenemos que pagar por no ser heterosexuales, es una injusticia, por supuesto, pero más injusto y sobre todo, más dañino es tener que esconderse de por vida. Este es el principal prejuicio que debemos desterrar, y uno de los más difíciles porque supone librarse de uno de los autoengaños más efectivos, el de la supuesta comodidad o facilidad para nuestras vidas si nos mantenemos invisibles.
Prejuicio número 2: Voy al instituto/escuela/facultad a dar clase, no a hablar de mi vida privada.
Otro prejuicio muy común, casi tanto o más que el anterior. Para el que la respuesta más obvia ya la escribió la histórica feminista Kate Millet, por la década de 1970, y es que “lo personal es político”. No se puede desligar, somos lo que somos en todos los ámbitos y el cómo somos y el cómo defendemos, o no, lo que somos, es personal pero
también afectará a nuestro entorno. En las aulas estamos constantemente transmitiendo construcciones de pensamiento, significados y creencias que configuran y determinan las relaciones sociales. Transmitimos todo un sistema de pensamiento, un curriculum oculto. No sólo transmitimos conocimientos.
Por ello, la educación nunca es neutral. Cuando no nos visibilizamos como docentes LGTB, cuando callamos, estamos enseñando miedo y vergüenza y ese será el referente que estará asimilando nuestro alumnado. Por tanto debemos tomar una importante decisión: ser un referente de miedo o un referente de valentía.
Prejuicio número 3: No me visibilizo porque no quiero que nadie piense que me puede atraer mi alumnado (sobre todo con alumnado menor de edad).
De entrada podría decir que este prejuicio es una solemne estupidez pero lamentablemente, hace mucho más daño y se le tiene mucho más miedo del que podría pensarse. Hay que decirlo alto y claro, a modo de mantra, si se tiene
interiorizado este prejuicio: la homosexualidad y la pedofilia son cosas totalmente diferentes y no existe ninguna base real que sustente la relación entre ambas. Sí existe, en todo caso, un imaginario colectivo que se ha construido para descalificar y agredir a las personas LGTB de modo totalmente cruel e irracional. Para empoderarse, librarse
de dicho prejuicio y desterrar el miedo, repetir el mantra varias veces al día hasta exorcizar semejante barbaridad.
Prejuicio número 4: No me visibilizo porque no quiero que me acusen de incitar a la homosexualidad.
Este prejuicio es similar al anterior, la ecuación conocimiento=incitación es una falacia absurda y sin sentido, pero ahí está, presente en el inconsciente colectivo. Bien, por supuesto, el conocer las cosas, el saber que existen múltiples posibilidades de afectos, deseos y géneros, no incita a nada salvo a que cada persona pueda encontrar el camino que más feliz le haga, entre todas las alternativas posibles. Nada más, es así de simple. No hay incitación alguna, del mismo modo, que si se asiste a una charla sobre drogas no se incita al consumo de drogas, ni dar a conocer el pasado bélico europeo incita a la guerra. Conocer la diversidad humana enriquece nuestro conocimiento, no conocerla, nos convierte en personas ignorantes, de mente cerrada y tendremos mayor probabilidad de seguir perpetuando los prejuicios LGTBfóbicos y, con ellos, el sufrimiento de muchas personas.
Prejuicio número 5: No me visibilizo porque no quiero sufrir LGTBfobia en mi centro de trabajo.
El antígeno contra este miedo no es otro que una dosis generosa de empoderamiento, para ello, ayuda mucho acercarse a asociaciones que defienden nuestros derechos, al activismo LGTB, rodearse de personas que ya lo han superado y fortalecer la autoestima para defender la propia dignidad y el derecho humano a amar y desear en
libertad y con orgullo. Como docentes tenemos mucha más capacidad para poder luchar contra la discriminación que el alumnado, nos guste más o menos, tenemos cierta “autoridad” que nos permite utilizarla precisamente para luchar contra la discriminación y el acoso, tanto el que nos pueda afectar directamente como el que pueda sufrir nuestro alumnado. Por tanto, empoderamiento, redes de apoyo mutuo y a por ello, ¡sin miedo!.
Prejuicio número 6: No trabajo la diversidad afectivo sexual y de género en el aula porque no quiero que piensen que soy LGTB.
La discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género tiene esta particularidad, el contagio del estigma y puede afectar tanto a profesorado como a alumnado. Es más habitual entre el alumnado y tiene que ver con la necesidad de pertenencia al grupo, el miedo a ser diferente, cuestiones sensibles, como sabemos, a
determinadas edades pero como adultes ya deberíamos tener superadas esas cuestiones. Como este prejuicio influye sobre todo al profesorado aliado, os pido, por favor, que no dejéis que os afecte, que os necesitamos y que vuestro alumnado os necesita. No es necesario ser parte del problema para formar parte de la solución porque tenemos la capacidad humana de la empatía.
Si no nos vacunamos, y ahora que comienza el curso es un momento perfecto, no podremos nunca decir que somos una sociedad evolucionada, seremos una sociedad estancada o incluso retrógrada ya que no podremos progresar nunca si no atendemos, si no respetamos y si no aceptamos plenamente la diversidad afectivo-sexual y de género en la educación formal.
Pakistán / 18 de noviembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: HRW
Los obstáculos incluyen la falta de inversión, tasas altas y discriminación
El gobierno de Pakistán no está brindando educación a una gran proporción de las niñas del país, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 111 páginas “‘Shall I Feed My Daughter, or Educate Her?’: Barriers to Girls’ Education in Pakistan” (“‘¿Debería alimentar a mi hija o educarla?’: Barreras a la educación de las niñas en Pakistán”) concluye que muchas niñas simplemente no tienen acceso a la educación, debido a distintas razones como la escasez de escuelas públicas, especialmente para niñas. Casi 22,5 millones de niños de Pakistán, un país con una población de poco más de 200 millones de habitantes, no asisten a la escuela, la mayoría niñas. El 32 por ciento de las niñas en edad escolar primaria no están escolarizadas en Pakistán, en comparación con el 21 por ciento de los niños. En noveno grado, sólo el 13 por ciento de las niñas todavía asisten a la escuela.
“El hecho de que el gobierno de Pakistán no esté proporcionando educación a los menores está teniendo un impacto devastador en millones de niñas”, dijo Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Muchas de las niñas a las que entrevistamos están desesperadas por estudiar, sin embargo están creciendo sin la educación que les ayudaría a tener opciones para su futuro”.
Human Rights Watch entrevistó a 209 personas para el informe, la mayoría de ellas niñas que nunca asistieron a la escuela o que no pudieron completar su educación, y a sus familias, en las cuatro provincias de Pakistán: Beluchistán, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab y Sindh. Human Rights Watch también entrevistó a padres, educadores, expertos y activistas, y visitó varias escuelas.
Entre los factores que impiden que las niñas vayan a la escuela, Human Rights Watch descubrió los siguientes: la falta de inversión del gobierno en las escuelas, la escasez de escuelas, los precios prohibitivos de las matrículas y los costos relacionados, el castigo corporal y el hecho de que no obligar a implementar la educación obligatoria. Human Rights Watch también detectó problemas de calidad tanto en las escuelas públicas como privadas de bajo costo, así como una falta de regulación gubernamental de las escuelas privadas y altos niveles de corrupción.
Además de estos factores dentro del sistema educativo, las niñas también se ven excluidas de la educación debido a factores externos que incluyen el trabajo infantil, la discriminación de género, el matrimonio infantil, el acoso sexual, la inseguridad y los ataques contra la educación.
El gobierno de Pakistán ha invertido consistentemente mucho menos en educación de lo que recomiendan los estándares internacionales. En 2017, Pakistán estaba dedicando menos del 2,8 por ciento de su Producto Interno Bruto en educación, muy por debajo del cuatro a seis por ciento recomendado, lo que deja al sistema educativo del gobierno con una financiación muy limitada. Las escuelas públicas son tan escasas que incluso en las principales ciudades de Pakistán, muchos niños no pueden llegar a una escuela a pie de manera segura en un tiempo razonable. La situación es mucho peor en las zonas rurales. Y hay muchas más escuelas para niños que para niñas.
Aisha, una madre de unos 30 años, vive con su esposo y sus seis hijos en un área de Peshawar donde la escuela pública para niños más cercana, que ofrece desde guardería hasta décimo grado, está a menos de cinco minutos a pie. La escuela pública para niñas más cercana está a 30 minutos caminando y sólo llega hasta quinto grado. La hija de Aisha dejó de ir a la escuela a los nueve años debido a la preocupación de sus padres por su seguridad a la hora de caminar a la escuela.
“Incluso los padres que no tienen educación propia entienden que el futuro de sus hijas depende de que vayan a la escuela, pero el gobierno está abandonando a estas familias”, señaló Gerntholtz. “El futuro de Pakistán depende de la educación de sus menores, incluidas las niñas”.
Existe un “cuello de botella ascendente” a medida que los niños, especialmente las niñas, se hacen mayores. Las escuelas secundarias son más escasas que las escuelas primarias, y las universidades tienen incluso menos capacidad, especialmente para estudiantes femeninas. Muchas niñas que completan el nivel superior en una escuela no tienen acceso a una escuela donde podrían pasar al siguiente nivel. A falta de un sistema adecuado de escuelas públicas, ha habido un crecimiento masivo en el número de escuelas privadas, muchas de ellas de bajo costo. Pero las familias pobres a menudo no pueden pagar las tasas de matrícula y el fracaso casi total del gobierno para regular y supervisar estas escuelas significa que muchas son de baja calidad.
El manifiesto del partido político del nuevo primer ministro Imran Khan promete importantes reformas al sistema educativo, incluso para la educación de las niñas. “Daremos prioridad al establecimiento y la mejora de las escuelas para niñas y proporcionaremos una ayuda económica a las niñas y mujeres para que continúen su educación”, dice el manifiesto. Además, se compromete a “implementar la agenda educativa más ambiciosa de la historia de Pakistán, que abarca la reforma de la educación primaria, secundaria, terciaria, profesional y especial”.
“El gobierno reconoce que la reforma educativa es desesperadamente necesaria y promete convertirla en una prioridad, especialmente para las niñas, lo cual es un paso positivo”, dijo Gerntholtz. “Esperamos que nuestros hallazgos ayuden al gobierno a diagnosticar los problemas e identificar soluciones para darles a todas las niñas paquistaníes un futuro brillante”.
Selección de testimonios de personas entrevistadas
Falta de inversión y escasez de escuelas públicas
“Les podría llevar si hubiese una escuela pública”
—Akifah, 28 años, madre de tres hijos de 10, 8 y 7 años. La familia se mudó desde una aldea cerca de Multan a Karachi hacía tres años, en busca de trabajo. No tuvieran otra opción que asentarse en un área donde sólo había escuelas privadas que la familia no podía permitirse y no había escuelas públicas al alcance.
“Mis padres dijeron ‘si te interesa lo suficiente puedes ir caminando’. Quien quisiese ir, iba. A mí me parecía demasiado lejos. El camino era solitario y aislado y ha habido casos de dos o tres secuestros en esa áreas (…) Pero entonces me di cuenta de que necesitaba estudiar así que convencí a mis padres y me hice amigos para poder ir juntos caminando a la escuela”.
—Asifa, 20 años, en Punjab, no fue a la escuela hasta los 9 o 10 años porque tenía que caminar 45 minutos desde su casa. La escuela sólo iba hasta octavo grado así que después de terminar se fue a vivir con su hermana en la ciudad donde podía cursar noveno y décimo grado.
“El Estado nunca se ha tomado en serio la educación; nunca se le ha adjudicado recursos adecuados en ningún estado. El problema son las prioridades del gobierno: la educación no es una prioridad y no le dedican el presupuesto necesario”.
—Director de una organización no gubernamental dedicada a los derechos de las mujeres, en Punjab.
“[T]odas las madres quieren que sus hijos reciban una educación, pero no hay un sistema público que proporcione los servicios”.
—Directora de una organización comunitaria, en Karachi.
Discriminación de género en la provisión gubernamental de escuelas
“Si hay 10 escuelas para niños, sólo hay 5 para niñas”.
—Un experto en educación de Pakhtunkhwa.
Pobreza y costo de la educación
“El gobierno no ayuda a los pobres. No podemos educar a nuestros hijos, no tenemos ni para comer nosotros mismos”.
—Rukhsana, 30 años, madre de tres niños sin escolarizar cuyo marido apenas puede trabajar debido a una enfermedad. La familia no puede pagar la matrícula escolar y demás costos relacionados, en Karachi.
“La escuela puede ser gratuita pero siempre hay necesidad de dinero para alguna cosa u otra. Copias, libretas, cada día hay un gasto nuevo. Sólo una mochila escolar ya cuesta 500 rupias [US$4,76]…. Cada día, cada día hay algo.
—Zarifah, una madre de cinco hijos sin escolarizar, en Beluchistán.
“Quería que mis hijas recibiesen una educación pero no pude ofrecérsela porque somos pobres. El salario de mi marido es de 12.000 rupias [US$114] al mes. A final de mes, siempre nos quedamos sin [dinero] y nos preguntamos qué hacer – ya no queda nada. Quiero una escuela para niñas de familias pobres.
—Halima, 38 años, en Karachi, madre de cinco hijas de 13 a 19 años. Ninguna ha estudiado durante más de uno o dos años. Su marido trabaja en una fábrica de chicles.
Cuestiones de calidad y corrupción
“Muchas veces el maestro llegaba tarde o ni siquiera se presentaba. Nos quedábamos allí sentados y luego nos íbamos a casa”.
—Hakimah, 17 años, en Karachi, describe su escuela primaria.
“Desde hace cinco años, todo el mundo tiene que pagar [para obtener un puesto docente en una escuela pública]. Vale la pena aunque sea sólo por el salario: es una inversión. Esto tiene un impacto sobre la calidad de la enseñanza: no hay enseñanza”.
—Director de una organización comunitaria, en Karachi.
“[Los inspectores] venían una o dos veces al año, sin avisar. Se quedaban más o menos media hora. Quieren te y que los entretengas. Tienes que complacerlos o dirán que tu escuela no es buena. Una vez hice esperar al inspector y se enfadó y se marcho y dijo: “Redactaré un informe negativo”. Mi colega fue a su casa y le dio 25.000 rupias [US$239] y nos dio un informe favorable”.
—Directora de una escuela privada describe la supervisión gubernamental de la escuela en Punjab.
Educación y matrimonio infantil están íntimamente ligados. Las niñas obligadas a casarse antes de tiempo suelen abandonar sus estudios mientras que aquellas que no van a la escuela ven multiplicarse sus opciones de ser víctimas del matrimonio infantil, por eso es tan importante fomentar la educación de las chicas, defiende Save the Children con motivo del Día Internacional de la Niña.
Según el estudio ‘Trabajando juntos para acabar con el matrimonio infantil’ realizado por la ONG, si todas las niñas del mundo terminasen la educación secundaria, se evitarían más de 50 millones de matrimonios forzosos para el año 2030.
Save the Children ha analizado el impacto que la educación puede tener en la vida de las niñas a nivel global, así como los avances que aún son necesarios para poner fin al matrimonio infantil y garantizar la educación de las jóvenes.
Aunque en la última década se han evitado aproximadamente 25 millones de matrimonios infantiles, ningún país en vías de desarrollo está actualmente encauzado a cumplir el objetivo de la ONU de eliminar esta práctica para 2030, ha resaltado la ONG. Esto significa que 134 millones de niñas serán obligadas a casarse de aquí a esa fecha. Solo en 2030 casi 10 millones niñas serán casadas, más de 2 millones de ellas menores de 15 años.
Completar la educación secundaria evitaría que 50 millones de niñas se casaran antes de tiempo
ALGUNAS FAMILIAS VEN EN CASAR A SUS HIJAS UNA SALIDA
«La combinación tóxica de pobreza y discriminación de género hace que muchas familias piensen que es mejor que sus hijas se conviertan en esposas y madres en lugar de tener acceso a la educación», ha denunciado la directora general de Save the Children, Helle Thorning-Schmidt.
Completar la educación secundaria evitaría que 50 millones de niñas se casaran antes de tiempo
«Cuando una niña es obligada a casarse, se están vulnerando sus derechos humanos de por vida. Esa joven estará expuesta a sufrir abusos, a convertirse en madre antes de estar emocional y psicológicamente preparada y sus hijos tendrán más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años», ha advertido.
Las investigaciones en la materia realizadas por Save the Children y el Banco Mundial han demostrado que aunque las reformas legales y las medidas políticas son importantes para poner fin al matrimonio infantil y para mantener a las niñas en la escuela, es imprescindible que esas leyes y cambios lleguen hasta las familias y comunidades.
Completar la educación secundaria evitaría que 50 millones de niñas se casaran antes de tiempo
«Hemos visto cómo la educación y el empoderamiento de las niñas son la mejor manera de reducir los índices de matrimonio infantil. También hemos averiguado que la mejora en los ingresos de las familias da la oportunidad a los padres a mantener a sus hijas matriculadas en la escuela, en lugar de tenerlas trabajando en el campo para apoyar la economía familiar», ha destacado Thorning-Schmidt.
NEPAL COMO EJEMPLO DE QUE EL CAMBIO ES POSIBLE
Nepal es un buen ejemplo. El país sigue teniendo uno de los mayores índices de matrimonio infantil pese a que la práctica está prohibida desde 1963. Save the Children trabaja aquí con los gobiernos locales, líderes religiosos y de las comunidades, familias y niñas para concienciar sobre los peligros del matrimonio forzoso.
Gracias a sus actividades, que incluyen representaciones en la calle protagonizadas por niños y niñas, el número de matrimonios infantiles ha disminuido un 11 por ciento entre 2015 y 2017 en los lugares en los que opera Save the Children.
El director de la ONG en Nepal, Ned Onley, ha destacado que «esto demuestra que cambiar las normas sociales es importante». Según explica, están trabajando para convertir a los líderes de las comunidades en «colaboradores para que el cambio sea posible». «Dos de los líderes que colaboran con nosotros piden a los padres los certificados de nacimiento de sus hijas para saber si tienen la edad legal para contraer matrimonio», añade.
Por todo ello, Save the Children ha pedido a los gobiernos que aumenten sus esfuerzos para desarrollar e implementar planes de salud, educación y protección de las niñas.
«Estamos avanzando pero no lo suficientemente rápido. En el Día Internacional de la Niña instamos a los gobiernos a priorizar la lucha contra el matrimonio infantil, una de las principales barreras para el empoderamiento y la educación de las niñas en todo el mundo», ha reclamado su directora.
Los mandatarios de Francia, Canadá y Reino Unido han hecho un llamamiento este martes a los países de todo el mundo a impulsar los esfuerzos para educar a las niñas, advirtiendo de que podrían producirse «catástrofes» si no se permite un acceso a una educación de calidad para ellas.
Sin educar a las niñas, los países pierden productividad y corren el riesgo de la inestabilidad y el conflicto, han sostenido en un acto organizado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Más de 130 millones de niñas, muchas en países inmersos en conflictos o en regiones pobres de todo el mundo, no van a la escuela, según los datos del Banco Mundial, lo que supone una pérdida de 30 billones de dólares en ganancias y productividad.
La falta de educación pone a las niñas en riesgo de matrimonio infantil, problemas de salud, embarazos tempranos, desempleo y pobreza, advierten los expertos.
Pero el resto del mundo paga un precio también, en términos de potencial económico y estabilidad política, han sostenido los líderes participantes en el acto celebrado en Nueva York en favor de la educación de las niñas.
«Es una inversión. Si no lo hacemos, entonces nos estaremos preparando para catástrofes», ha sostenido el presidente francés, Emmanuel Macron. «Si no hacemos algo, otros tomarán las riendas de la agenda y habrá una crisis», ha prevenido.
La educación de calidad debe incluir estándares culturales y sociales que aborden la desigualdad de género, ha recalcado el presidente francés. En su opinión, el hecho de que «no se haya dado una educación adecuada» hace que hoy en día «estemos atrincherados en esos valores tradicionales en lugar de revocarlos».
En este sentido, la primera ministra británica, Theresa May, ha llamado a otros países a garantizar el acceso a doce años de educación de calidad gratuita para las niñas.
«Mejorar el acceso a la educación no es solo lo correcto, está también en el corazon del deseo de Reino Unido de impulsar el crecimiento económico, mejorar la estabilidad y reducir el conflicto en todo el mundo», ha asegurado May.
Garantizar una educación de calidad para todos es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por unanimidad hace tres años por los estados miembros de la ONU para erradicar entre otros la pobreza y la desigualdad para 2030.
«Cuando se empodera a la mujeres para que adopten mejores decisiones que las que se han tomado en el pasado, todos terminamos beneficiándonos», ha argumentado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
Miles de niñas embarazadas y madres adolescentes no asisten hoy a escuelas en África debido a políticas públicas punitivas o a la falta de leyes que permitan su reincorporación, tanto a nivel nacional como continental.
Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Tanzania siguen prohibiendo a las féminas en esa condición ir a los colegios públicos, pero más de una veintena de naciones tampoco cuentan con estrategias adecuadas de protección al respecto.
En junio, Burundi se unió al grupo donde prevalecen los impedimentos en ese sentido. Incluso, el Ministerio de Educación restringió el acceso a centros de enseñanza a los padres menores.
La normativa es contraria a la constitución del país y a muchas leyes nacionales, y socava los objetivos educativos del Estado, detalló el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Addis Abeba, Desta Gebrehiwot.
De hecho, la legislación burundesa contra la discriminación de género protege el derecho a volver a la escuela y aclara la obligación de los funcionarios de respetar el mismo y salvaguardar a las madres adolescentes del estigma y la exclusión social.
Algunos gobiernos que enfrentan altas tasas de embarazo entre los estudiantes han adoptado disposiciones muy pragmáticas para apoyar a las niñas en sus aspiraciones académicas, al tiempo que abordan las causas fundamentales de la concepción en edades tempranas a través de campañas de concientización ciudadana.
Por ejemplo, Gabón, Kenya y Malawi tienen políticas de ‘continuación’ o ‘reinserción’, que les exigen abandonar el curso lectivo pero brindan vías para retornar, siempre que cumplan con ciertas condiciones.
No obstante, incluso en estos países, la mayoría no se puede reincorporar debido a la aplicación inapropiada de las leyes, y un control deficiente del reingreso a la educación, refirió el sociólogo del Centro de Estudios Estratégicos, Bethlehem Asfaw.
Investigaciones sobre el tema encontraron que las adolescentes pueden quedarse fuera del plan de aprendizaje debido a la falta de conciencia entre maestros, funcionarios escolares y comunidades acerca del hecho de que pueden y deben volver a estudiar.
A su vez, se ven muy afectadas por las barreras financieras, la falta de apoyo de sus familias o diversos estereotipos, añadió Asfaw.
Los aspectos punitivos y perjudiciales de algunos mecanismos de reingreso, como largos períodos de baja por maternidad y complejos requisitos de aceptación, entre ellos certificación médica y cartas de autoridades, pueden disuadirlas de ponerse al día con el conocimiento, en opinión de observadores.
La Unión Africana (UA) a través de su Agenda 2063 -una estrategia de desarrollo económico y social para África- se ha comprometido a construir el ‘capital humano’ de la región, que denomina ‘su recurso más valioso’ mediante inversiones sostenidas en educación, incluida la ‘eliminación de las disparidades de género en todos los niveles’.
Aislarlas solo porque están embarazadas o casadas les niega la oportunidad de aprender y adquirir habilidades lucrativas para desarrollarse a sí mismas y a quienes dependen de ellas. Como uno de los países más pobres del mundo, Burundi debería estar capacitando a sus niñas, no impidiéndoles estudiar, destacó Gebrehiwot.
La UA, así como los Estados miembros, deberían instar a los responsables a revertir esas prohibiciones. El bloque comunitario necesita lanzar un llamado general con miras a aliviar la discriminación y conceder así la debida atención que el asunto amerita, sugirieron los especialistas.
La concepción y la crianza de los hijos son eventos importantes que cambian la vida. Muchas, a consideración de los estudiosos, son estigmatizadas o rechazadas, con poco o ningún apoyo a su alrededor. Son condenadas a un sufrimiento innecesario, que termina por truncar el sueño de prosperidad de toda una vida.
Más de 49 millones de menores de edad están fuera de la escuela primaria y secundaria en África subsahariana debido al compromiso marital temprano y al embarazo antes de alcanzar la adultez, según datos da Naciones Unidas.
Además, en esa misma área geográfica, el 40 por ciento de las niñas se casan antes de los 18 años, mientras 15 de los 20 territorios con las tasas más altas de matrimonio infantil en todo el mundo se encuentran en el continente.
La HB 658 de Ohio, que se aplica a todo el personal de la escuela, así como a los empleados de las agencias públicas de servicios para niños, también prohibiría la distribución de «materiales educativos» sobre la identidad de género sin el consentimiento expreso de los padres. El proyecto de ley también estipula que la negativa de los padres a permitir el tratamiento de la disforia de género no puede utilizarse como motivo para la eliminación de la custodia.
Particularmente controvertido es el mandato del proyecto de ley que los empleados de la escuela y la agencia «notifiquen inmediatamente» a los padres de cualquier niño que haya «exhibido síntomas de disforia de género o demuestre un deseo de ser tratado de manera opuesta al sexo biológico del niño».
No solo los estudiantes que son abiertamente trans, sino cualquier estudiante cuya expresión de género no se ajuste a las estrechas expectativas de la sociedad podría estar en riesgo.
¿Quién es el juez de qué género se le permite hacer qué? Si Jane se inscribe en la clase de taller, ¿recibirán sus padres una carta del gobierno? Si Jordan no quiere jugar al fútbol, ¿sus padres reciben una carta? ¿Qué pasa si Alex quiere asistir a una reunión del grupo de estudiantes LGBTQ? ¿Envía la escuela un correo electrónico a los padres de Alex? ¿Qué estereotipos se espera que cumplan?
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Los representantes del estado republicano Tom Brinkman y Paul Zeltwanger presentaron el proyecto de ley 658 en mayo en respuesta a un caso de Cincinnati en el que un juez otorgó la custodia de un adolescente transgénero a sus abuelos, debido a la negativa de sus padres a permitirle someterse a terapia hormonal. El adolescente había reportado sentirse inseguro en su hogar y ser forzado a sentarse y escuchar pasajes de la Biblia por horas.
La decisión del juez Sylvia Hendon se basó en gran medida en los testimonios de los médicos del Hospital Médico Infantil de Cincinnati, quienes aconsejaron que la terapia hormonal comience tan pronto como sea posible para reducir el riesgo de suicidio del adolescente.
Brinkman y Zeltwanger afirman que el objetivo de la ley es proteger los derechos de los padres. En una entrevista con el Cincinnati Enquirer , Brinkman afirmó: «Los padres tienen derechos sobre sus hijos hasta los 18 años, son responsables de ellos. No deberíamos quitarles esas responsabilidades a los padres «.
Una variedad de grupos ha expresado su oposición al proyecto de ley, incluidas las organizaciones de defensa LGBTQ y los sindicatos. Sus críticas se han centrado en los peligros potenciales para los estudiantes transgénero, así como en las limitaciones que impone el proyecto de ley al personal de la escuela.
Equality Ohio llama a HB 658«el último intento de los extremistas anti LGBTQ en Ohio de codificar una ciudadanía explícita de segunda clase para las personas LGBTQ».
La Asociación de Educación de Ohio (OEA), que representa a 125,000 maestros y personal de apoyo escolar, también se opone a la ley. La presidenta de la OEA, Becky Higgins, dijo que la legislación «es contraria a la creencia de la OEA de que todas las personas, independientemente de su orientación de género, deberían tener igualdad de oportunidades y garantizar un entorno seguro e inclusivo dentro del sistema de educación pública».
La American Counseling Association (ACA) emitió un comunicado diciendo que el proyecto viola su código de ética, «niega los derechos del cliente a la confidencialidad y ataca la base de un mandato clave para los consejeros: proporcionar asesoramiento a quienes lo necesitan y no tener otro lugar para girar «.
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Todos sus oponentes argumentan que HB 658 pone en peligro a los jóvenes transgénero al eliminar los apoyos sociales y exponer a los jóvenes a situaciones de violencia doméstica.
Las relaciones de apoyo con el personal de la escuela son una forma de disminuir el riesgo de suicidio entre los estudiantes trans. Como dice la ley ACA , «[A] la relación con un consejero profesional puede ser la única relación segura [con los estudiantes trans]».
Más allá de los riesgos de salud mental que causaría HB 658, los jóvenes trans también se verían en situaciones potencialmente peligrosas en el hogar. Un estudio de más de 27,000 adultos trans encontró que el 10 por ciento de las personas trans que fueron a sus familias sufrieron violencia por parte de un miembro de la familia, y el 8 por ciento fueron expulsados de sus hogares.
El riesgo de violencia doméstica por HB 658 puede ser particularmente grande porque la ley requiere que los padres que no tienen la custodia sean informados de la presentación de género de un niño. Esto incluye a los padres cuya custodia ha sido eliminada debido a casos anteriores de negligencia o abuso.
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Por otro lado, el proyecto de ley ha sido alabado por varios grupos conservadores. Pasando por alto las implicaciones transfóbicas, su retórica generalmente se enfoca en que los padres sean los árbitros finales en todas y cada una de las decisiones con respecto a la crianza de sus hijos.
Esta es la táctica tomada por Citizens for Community Values (CCV), un grupo socialmente conservador de Ohio Christian. Aaron Baer, el presidente del grupo, dijo que «puedes tener los puntos de vista que quieras sobre cuestiones LGBT y sobre todas estas cosas», pero que el problema mayor es la «infracción» del derecho parental de tomar decisiones en nombre de sus hijos.
[A] t el centro de este debate es la idea de que los padres están mejor equipados para actuar en el mejor interés de sus hijos que el estado. Las políticas que permiten al estado eliminar a los niños de sus padres debido a desacuerdos con su agenda sexual favorecida violan este principio fundamental y, en última instancia, ponen a los niños en mayor riesgo.
Aunque nominalmente reconoce que la intervención es a veces necesaria en caso de abuso parental, el FRC cuestiona la noción de que negarle a un hijo la opción de buscar la transición o someterlo a la terapia de conversión califica como abuso.
La narrativa general de derecha en estas varias declaraciones es consistente y familiar: se toman grandes molestias para afirmar que no tienen ningún problema con las personas trans o su transición, pero afirman que, en última instancia, depende de los padres decidir si esto es la decisión correcta para su hijo. En otras palabras, los derechos de los padres prevalecen sobre todos.
Por supuesto, estos derechistas tiran la mano cuando constantemente malinterpretan a las personas trans en sus declaraciones, se refieren a la cirugía de afirmación de género como «mutilación» y despliegan un furor descarado del baño en sus argumentos.
Pero incluso sin estos detalles reveladores y los motivos ulteriores obvios de este grupo, el resultado inevitable de consagrar los «derechos paternos» abstractos sobre los derechos de los niños en nuestra sociedad actual es claro: más abuso, más abandono, más trauma y muerte.
Estos conservadores saben muy bien el clima transfóbico en el que vivimos y el abuso que los menores de edad pueden enfrentar a manos de sus familias. No es una cuestión de ignorancia: el derecho simplemente juzga que estas son opciones aceptables para que los padres críen a sus hijos.
Los socialistas rechazan este modelo reaccionario de la familia , que niega a los niños (y típicamente también a las mujeres) su agencia, subordinándolos a los caprichos del jefe de familia.
Los expertos de derechas pueden tratar de pasarlo de contrabando bajo el eufemismo de los «valores familiares», que suena bien, pero es obvio cómo esta comprensión de los «valores» pone en peligro a los jóvenes trans. Necesitamos una sociedad que les brinde a los jóvenes su agencia para afirmar su género y que tomen las medidas de transición que consideren necesarias.
Si bien la oposición actual consiste en peticiones por Internet y llamadas para que los votantes se pongan en contacto con los legisladores estatales, puede ser necesario que haya una mayor resistencia si el proyecto de ley gana tracción. Dada la respuesta de la OEA, esto podría unir a los trabajadores de la educación con activistas LGBTQ y otros para luchar por los derechos de los estudiantes trans.
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