Distrito escolar único y cohesión social

Por: Enrique Díez

La educación es un derecho básico. Por eso el Estado está obligado a garantizar que todo niño y toda niña tenga acceso al mejor colegio público al lado de su casa.

Pero la ideología neoliberal pretende convertir los derechos, que ha de garantizar la comunidad social, en “elecciones”, como si fueran inversiones individuales. Plantea a las familias (a aquellas que tienen tiempo, recursos y disposición para ello) que se dediquen a buscar y seleccionar un centro educativo determinado, en un listado (en breve con puntuaciones en TripAdvisor y valoraciones de los usuarios), como si las familias fueran clientes y la educación un producto a la carta.

Las políticas educativas que apuestan por este modelo neoliberal de selección “a la carta” de centros, no confían en los profesionales de la educación pública, no confían en el sistema educativo público. En vez de apoyar la labor educativa que hacen los profesionales en todos los centros educativos, y dotarles de los recursos y medios necesarios para que mejoren constantemente, les ofrecen “competir” para ser “seleccionados”, en función de los intereses o las preferencias individuales de los consumidores/clientes. Como si el sistema educativo debiera organizarse según la demanda de los clientes y las leyes de mercado, como si la educación fuera un producto que se compra y se vende en un gran supermercado, y como si los clientes, por supuesto, “siempre tuvieran razón”. Es la lógica del mercado, aplicada a la educación.

Quienes defienden este modelo de selección piensan en la prioridad del interés particular de quien lo puede ejercer: “lo mejor para mi hijo o hija”, no en el interés colectivo y el bien común: “Lo mejor para todos los niños y niñas” y no solo el mío. Sin embargo, el derecho a una buena educación es un derecho del niño y de la niña, de todos los niños y niñas. No podemos convertir en un supuesto “derecho” la preferencia de selección, el interés individual y la ventaja competitiva. La “libertad de elección” apuesta por la lógica individualista y egoísta de la “ética del más fuerte” (quien tiene recursos y medios para ejercerla) y no por la lógica solidaria de la pluralidad, la convivencia y el bien común para todos y todas.

Esto es, ni más ni menos, que lo que se debate detrás del modelo neoliberal de “libre selección” que propone el “distrito único”.

Mientras que el modelo de organización territorial por distritos escolares parte de un enfoque solidario, que apuesta por la convivencia plural y la cohesión social, con “comisiones de escolarización”, en las que participan todos los sectores de la comunidad educativa, que se encargan de garantizar una distribución racional y equitativa de todo el alumnado en los centros educativos próximos a sus lugares de residencia.

Los estudios e investigaciones demuestran reiteradamente que el sistema de “selección de centro de distrito único” potencia la segregación y la desigualdad. Y que detrás de la mayor parte de las invocaciones a la “libertad de elección” de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase (Gimeno, 2010). La evidencia estadística (Fernández y Muñiz, 2012; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014; Rogero y Andrés, 2016) confirma que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”. El informe de la OCDE denominado Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.

De hecho, el distrito único no se plantea con la finalidad de mejorar el sistema educativo. Sino como una estrategia largamente añorada por la patronal de la enseñanza privada y concertada, dado que tienen sus colegios en zonas urbanas con numerosa población (pues en las zonas rurales el retorno del alto coste de inversión que supone un centro privado hace inviable el negocio), como forma de conseguir que sea la población la que se desplace a sus centros, pudiendo así filtrar y seleccionar la demanda.

Además, el distrito único empeora el sistema educativo y acaba justificando los recortes en educación. Las familias y el entorno social ya no se ven involucrados para reclamar la mejora del centro público de su barrio o zona, sino que cada uno buscará otro centro “mejor”, si pueden pagarse el desplazamiento y los costes añadidos. Si a esto sumamos la propuesta neoliberal de hacer rankings públicos de los centros educativos, como si de una liga de fútbol se tratara, se acaba generando un polarización cada vez mayor entre centros gueto sin recursos y centros élite con alta demanda, reproduciendo educativamente las diferencias socioeconómicas.

Sin olvidar que el distrito único supone un desarraigo de la infancia respecto al lugar donde vive, provocando que los niños y niñas tengan más dificultades para tener amigos en sus barrios, para poder jugar en la calle y relacionarse fuera del horario lectivo. Además, aumenta su dependencia para desplazarse al centro.

Por el contrario, la zonificación en distritos escolares facilita la coordinación entre profesorado y centros de una misma zona, vincula con el entorno y enseña a convivir en y con la diversidad en una sociedad mestiza y plural, que es un elemento esencial en la sociedad del siglo XXI. E, incluso, desde un punto de vista ecológico, reduce la necesidad de transporte, disminuyendo los problemas de movilidad urbana y de contaminación en las grandes ciudades.

En síntesis, el distrito único propicia una polarización social y sirve realmente para que sean los centros educativos (especialmente los concertados) quienes seleccionen al alumnado y para avanzar en el modelo mercantil de oferta-demanda entre centros educativos, que compiten por una clientela “selecta”, potenciando estrategias de marketing y competencia, en vez de colaboración y apoyo mutuo entre centros.

El Estado debe velar por el bien común y para que todos los centros atiendan al alumnado en condiciones de igualdad. No fomentar un mercado educativo competitivo, alentando una pedagogía del egoísmo y la insolidaridad.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/21/distrito-escolar-unico-y-cohesion-social/

Comparte este contenido:

Estados Unidos: Momento histórico para distrito escolar al nombrar primer superintendente hispano

14 Enero 2018/Fuente:MundoHispano/Autor: Lourdes Vazquez

Después de 100 años de existencia, el Distrito Escolar de Garland, al norte de Dallas, nombró a su primer superintendente hispano, Ricardo López.

El Distrito Escolar de Garland tiene una población en donde más del 50 por ciento de los estudiantes son hispanos. En la historia del distrito solo habido 10 superintendentes, incluyendo López, quien comenzó este mes.

“Yo quiero ser el ejemplo no solo para estudiantes hispanos, sino para todos los alumnos. Quiero que ellos pueden lograr lo que sea, sin importar sus circunstancias”, dijo López.

En el 2016, cuando ejercía en el distrito de Mission, López fue galardonado como superintendente del año, por parte de la asociación de administradores y superintendentes latinos de Texas (TALAS, por sus siglas en inglés). En el norte de Texas, por lo menos cuarto de los superintendentes son hispanos.

López enfatiza que para lograr el éxito en las aulas, todo empieza con los adultos, los maestros y administración.

“Yo soy solo una persona, pero cuando puedo conseguir lo mejor de los adultos, ellos van poder conseguir lo mejor de los estudiantes”, dijo López.

El superintendente explicó que parte de su trabajo es crear los equipos y sistemas para asegurar el éxito de los estudiantes. Además, López agrega que los padres hacen recaer una gran responsabilidad en los maestros para educar a sus hijos.

“En la comunidad hispana, la familia es prioridad, y a ellos les importa a más que nadie”, dijo López. “Ellos esperan que el maestro esté haciendo su trabajo. Entonces nosotros debemos honrar su confianza y también exigir lo mismo de sus hijos, sin importar sus circunstancias”.

n el estado de Texas el 52 por ciento de alumnos son hispanos, de acuerdo a la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés).

En el ciclo escolar del 2015-2016 se registraron 57, 418 estudiantes en Garland, de los cuales el 25.7 por ciento de alumnos estaban en un programa de educación bilingüe y el 26 por ciento en un programa para aprender inglés (ELL, por sus siglas en inglés).

López enfatiza que el saber dos idiomas es sumamente importante y explicó que a pesar de que el inglés es percibido como el idioma del poder, los estudios han demostrado que el saber dos idiomas, a la larga, es más grandioso.

“Yo quiero que los estudiantes no pierdan su identidad”, dijo López. “Quiero que los alumnos se puedan comunicar con sus abuelitos y quiero que sepan los dos idiomas.

Sin embargo, es importante tener una buena estrategia especialmente tomando en cuenta alumnos quien apenas llegaron al país, comentó López.

“No va ser fácil, pero es lo que padres deben participar”, dijo López.

Además, el superintendente tiene como meta aumentar la tasa de graduación al 95 por ciento y que cada estudiante se gradué con seis créditos universitarios. En el ciclo escolar del 2015-2016 el 91 por ciento de alumnos se graduaron de la preparatoria.

En el 2017 se inauguró el Gilbreath-Reed Career and Technical Center que se enfoca en instruir a estudiantes de la preparatoria para carreras técnicas, desde cursos culinarios hasta robótica.

“Los estudiantes quieren hacer lo que ellos aman, no lo que deben; en la vida real tenemos que hacer ambos”, dijo López. “Sin embargo, cuando pueden tomar clases en una carrera que les interesa mientras están en la escuela, los estudiantes se motivan”.

Fuente de la noticia: https://mundohispanico.com/ciudades/dallas-texas/momento-historico-para-distrito-escolar-al-nombrar-primer-superintendente-hispano

Fuente de la imagen: https://res.cloudinary.com/cmgverticals/image/upload/c_crop,g_n

Comparte este contenido:

Should you vote for Opportunity School District? Depends on how much you trust state’s charter school record.

By Maureen Downey

In this new essay from his blog, Apperson discusses reasons to vote for and against Amendment 1, the Opportunity School District.

Apperson graduated from New York University with a B.S. in finance and accounting and is pursuing a Ph.D. in economics from Georgia State University. I think both opponents and proponents of the Opportunity School District will consider this a fair analysis. Please note I could not reproduce the cool interactive charts Apperson created so I have repeated the link to his blog whenever he cites the charts. Go to Grading Atlanta to check out his charts.

In alerting me to his analysis, Apperson said, “I’m sure you are probably suffering from OSD fatigue at this point.”

While I’ve been hearing about the OSD from advocates and opponents on the front lines, I haven’t heard many “regular” Georgians raise the issue until this weekend when a half-dozen people asked me about it. I believe the blitz of pro and con TV commercials has increased awareness.  I even saw several yard signs around metro Atlanta.

With that, here is Apperson’s commentary:

By Jarod Apperson

Depending on which ad you’ve seen, Gov. Nathan Deal’s Opportunity School District is either a white knight coming to save public education or a headless horseman coming to pillage the state’s most vulnerable communities.

Such simplistic appeals are inevitable when the general population is asked to vote on an issue that is complicated and requires a great deal of background knowledge to engage with substantively.

As someone with expertise in this area, I feel comfortable saying that frankly we don’t know how this endeavor might turn out if it is approved. There is a real possibility the OSD will improve education, there is a real possibility it will have little impact, and there is a real possibility it will do harm.  An informed vote for or against the OSD depends on which of those possibilities you think is most likely and the extent to which you believe the state should take a risk.  Below I give my take on several key questions and lay out the best available evidence.  I will leave it to readers to weigh the evidence, which points in different directions, and reach their own conclusions about the OSD’s prospects.

What will the OSD do?

The gist: Turn over the management of selected schools from the local school district’s central office to a charter operator selected by an appointee of the Governor.

The detail: Voters will approve or deny the OSD by voting on Amendment 1, appearing on ballots statewide with the following language:

Provides greater flexibility and state accountability to fix failing schools through increasing community involvement. Shall the Constitution of Georgia be amended to allow the state to intervene in chronically failing public schools in order to improve student performance?

Anyone with knowledge of the OSD will recognize this statement fails to paint a clear picture of what the initiative hopes to do.  Based on this description, one could be forgiven for believing Amendment 1 hoped to raise student achievement by encouraging more community bake sales.  That’s not the plan.  But the overly genial language alone doesn’t mean it is a bad idea.

The authorizing legislation spells out more clearly the tools the state will have at its disposal when intervening in schools. They include managing the school directly, stipulating changes the local school district must make, shutting the school down, and selecting a charter organization to operate the school.  It is clear the governor’s preferred course is to select charter organizations to operate the schools, a model used in Louisiana and Tennessee, states that inspired the proposal.

Now that we are clear on what the OSD hopes to do, the most pressing question comes down to whether OSD-eligible schools will be better off or worse off managed by charter organizations. I’ll come back to that discussion in a moment, but first I want to talk a bit about the identification of OSD-eligible schools.

Does the OSD do a good job of identifying low-quality schools?

The gist: Sort of, but it more consistently picks up high-poverty schools than low-quality schools.

The detail: Each year, the state puts out a score it calls College and Career Ready Performance Index (“CCRPI”), which is mostly based on crunching standardized test scores different ways.  This metric forms the basis for schools being selected for the OSD. Any school that scores below a 60 for three years in a row becomes eligible.  One reasonable critique of CCRPI is it doesn’t do a very good job of comparing schools to their peers — other Georgia schools that serve similar students.

Instead, it systematically ranks schools with poor students low and schools with relatively rich students high.  In reality, there are low-quality and high-quality schools at all income levels. (See Apperson’s interactive chart here that presents a better measure of school quality and poverty for all schools in the state.  Highlighted schools are schools that rank in the bottom 6% (the share of Georgia schools that are OSD-eligible) of student growth relative to peer schools.

It is clear the variation in quality at the high-income end is just as wide as the variation at the low-income end. Because the OSD relies on CCRPI rather than the school quality measure presented above, schools deemed eligible tend to systematically be poor schools, rather than schools that have achieved the lowest academic gains relative to their peers. I have created the same chart of quality and poverty, but highlighted the OSD-eligible schools rather than the schools in the bottom 6%.

There is no school without at least 35% of students in poverty that qualifies for the OSD. In contrast, one out of every three schools with more than 60% of students in poverty is on the OSD list. So having a sizable share of poor students is essentially a prerequisite for being selected.  Still, the schools chosen do tend to be below average quality. They may not be the worst schools in the state (and some even have high growth!), but they average around the 28th percentile.

This discussion so far about school quality – as measured by both the CCRPI and my own approach – relies on test scores.  But we ultimately care about whether schools prepare students for successful lives, not whether they can score well on a bubble test at the end of third grade. That brings me to the next question.

Are standardized test scores good metrics for measuring school quality?

The gist: Generally yes, but not always.

The detail: Over the past five years, the relationship between test score gains and long run outcomes has been a topic of great academic interest.  The most compelling evidence suggests teachers and schools that are able to achieve high growth on test scores cause their students to succeed later in life. However, it is also possible for schools to raise test scores using means that do not impart the skills necessary for later success.

There have been three major papers presenting high-quality evidence that schools and/or teachers who are able to raise test scores ultimately cause their students to have better long run outcomes.  Chetty et al. (2014) shows that high-growth New York City teachers reduce teen childbearing, increase college going, and increase earnings at age 28. Dobbie &Fryer (2016) shows that a high-scoring Harlem school reduces teen pregnancy and incarceration rates. Argrist et al. (2016) finds that Boston charters able to raise test scores also increase four-year college going.

A fourth study finds more mixed evidence.  Dobbie &Fryer (2016) analyze Texas charter schools.  They find schools that negatively affect test scores also negatively affect four-year college enrollment and earnings (consistent with findings from the studies above). However, in contrast to the other evidence, schools that are able to raise test scores do not improve long-run outcomes.  One possible explanation the authors provide is that the high-scoring schools in the study may have focused too narrowly on tested skills, taking time away from the development of non-tested skills important for long-run success.

Collectively, these papers suggest test scores are a good proxy for whether schools and teachers are imparting the skills students will need to succeed; however, they also suggest it is possible for schools to achieve high scores without developing those skills.

If test scores are a meaningful measure of skill development and OSD-eligible schools do not now succeed at raising test scores (recall that they on average rank at the 28th percentile in quality), the logical next question is should we expect the schools to do any better if they were taken over by the OSD. Since the governor’s preferred intervention is to select charter operators, the answer hinges on the quality of those operators.

What is the evidence on how charter schools currently operating in Georgia affect standardized test scores?

The gist: Local charters are slightly above average, state charters are significantly below average, and within both groups there is a great deal of variation from school to school.

The detail: Georgia now has about 60 start-up charter schools that operate in grades tested annually (grades 3-8 take Milestones End of Grade Tests).  Before they opened, those schools were reviewed and approved by either the local school board (“Local Charters”) or the State Charter School Commission (“State Charters”).

On average, the charter schools now operating in Georgia are lower quality than traditional public schools. Much like traditional schools, the quality varies a great deal.  Some of the best schools in the state are charters.  Some of the worst schools in the state are charters. Go here to see the same chart of school quality and poverty we looked at before, but now local and state charters are highlighted.

If the OSD could ensure the charter operators it partnered with would achieve results similar to the four KIPP schools (all are 98 or above on the quality measure, compared to 28 for the OSD schools), voting for the amendment would be a no brainer.  But that is probably optimistic to say the least. Most charter applicants don’t come with a proven track record, making it tough for authorizers to ensure quality at the time charters are approved.

If instead, the OSD were to partner with schools similar to the average state-approved charter, schools taken over would likely end up achieving at even lower levels than they are today (State charters’ average quality is 12, even lower than the 28 for OSD schools).  For me, this uncertainty about quality is what causes the most skepticism of Amendment 1’s prospects.

Will the OSD charter operators be like the shining examples of what is possible (KIPP) or will they be subpar (like the average state charter)?

There are some reasons to believe the OSD charter partners will be more successful than state-approved charter schools. First, the funding will be higher. State approved charters are funded at a rate lower than most nearby traditional public schools, and they have to spend part of their funding on facilities. The OSD will fund schools like locally approved charters and give them facilities. Second, the OSD will be tasked with seeking out high-quality charter operators. Depending on how savvy the OSD leader is, he or she may find partners with proven track records elsewhere in the country.

On the other hand, there are reasons to believe the OSD charter partners will be of similar quality to the state-approved charter schools (i.e. worse than the OSD schools themselves). First, there is a limited pool of people capable of starting a high-quality charter.

If anything can be learned from the gap between the results from locally approved charters and state charters, it is probably that good charters tend to get approved locally. It takes an incredible amount of time and dedication to run a successful charter school.

My sense is the size of the high-quality charter school community is more constrained by the number of leaders capable of developing and implementing a strong plan than it is by local districts unfairly rejecting great proposals. If that’s indeed the case, the OSD will likely struggle to find great operators. Those out there are already opening local charter schools.  Second, it appears the OSD may be biting off more than it can chew.

The proposal would allow the OSD to take over up to 20 schools a year (the agency could elect to take over fewer schools). The scope of that potential undertaking is striking given there are only about 20 good charter schools in the whole state today and it took almost two decades to get here. The notion the OSD could open 20 schools of good quality in a single year seems tenuous. I would feel more comfortable if the plan was two per year, rather than 20.

At the end of the day, I think the governor has good intentions and wants to see the OSD-eligible schools improve for the kids who attend them. I don’t buy the narrative he is looking to exploit children to profit his friends (though I do think there are organizations out there who would like to profit from the initiative). I also believe there is plenty of room for improvement at OSD schools.

But I am less confident the OSD will partner with charter organizations capable of delivering that improvement.

If Georgia had a history of holding its charter schools to a high standard, I would feel more comfortable supporting Amendment 1. But with the mixed reality that exists today, supporting the amendment would require me to trust Georgia will raise the charter quality bar in the future, partnering with high-quality organizations.

If that is a risk you are willing to take, vote yes.

If instead you believe the state needs to demonstrate more consistent results from the charters already operating before taking on a new initiative, vote no.

This measure of school quality is the three-year average Student Growth Percentile, with controls for observable characteristics of the students at the school. School performance on this measure is then used to rank schools by percentile. Percentile ranks are helpful for intuitively discussing one school relative to others; however, they may overstate differences around the center of the distribution. Schools between the 40th and th 60th percentile in the state probably differ from each other in less dramatic ways than schools between the 80th and 100th percentile.  If you want to see more about how this is calculated, you can access the data and the STATA code here.

Tomado de: http://getschooled.blog.myajc.com/2016/10/16/should-you-vote-for-opportunity-school-district-depends-on-how-much-you-trust-states-charter-school-record/

Comparte este contenido: