Documento del Grupo Puebla

El Grupo Puebla exhortó al Gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, evitar la utilización del sistema judicial para perseguir al adversario político/electoral, luego de las movilizaciones sociales que paralización al país suramericano.

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) expresó su preocupación ante las detenciones, encarcelamiento y apertura de procesos contra funcionarios públicos, líderes y militantes de movimientos políticos y sociales no afines al gobierno, que se han sucedido desde el final del paro nacional de octubre.

En un comunicado, el CLAJUD -Consejo Asesor para temas jurídicos del Grupo de Puebla conformado por reconocidos juristas internacionales- indicó que el gobierno del Ecuador mantiene la dinámica represiva y la persecución política aumenta en el país desde el fin de las movilizaciones.

En el documento, el Consejo advierte que esta situación estaba presente incluso antes del paro nacional en Ecuador, con varias acciones que emprendió la administración de Moreno contra sus opositores políticos.

La organización recordó la persecusión contra el expresidente Rafael Correa, el encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, que cumple 25 meses en la cárcel, o la orden de detención contra uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño.

Esta persecución se agravó durante el Paro Nacional al imputarse al llamado “correísmo” la falsa acusación de orquestar un golpe de Estado, precisó.

La dinámica de persecución se ha extendido a los medios de comunicación no alienados con el discurso del gobierno, en concreto, la Radio Pichincha Universal (radio pública de la Prefectura de Pichincha), sostuvo el grupo de juristas.

La emisora fue suspendida de sus actividades tras un informe del Ministerio de Defensa, suspensión que ha sido considerada atentatoria contra los derechos fundamentales en una reciente sentencia en el marco de una acción de protección constitucional.

El consejo solicita al Gobierno ecuatoriano evitar la utilización del sistema judicial para perseguir al adversario político-electoral, respetar y asegurar la independencia de la Función Judicial.

En una serie de exhortaciones, el CLAJUD pide el Estado de Ecuador el cumplimiento con su obligación de respeto y garantía de los derechos humanos y evitar la difusión de discursos estigmatizantes y criminalizadores de la protesta y la disidencia política.

Además, de cumplir con su obligación de promoción de los derechos humanos tal y como están recogidos en la normativa nacional y supranacional y en este sentido garanticen los derechos políticos activos y pasivos.

Solicita al Gobierno ecuatoriano cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos y aseguren el cumplimiento del debido proceso, muy en particular respecto de casos en los que la acusación ponga en riesgo el pluralismo político y la democracia en el país.

El documentoe está firmado por:

Adoración Guamán Hernández, Baltasar Garzón Real,  Damián Miguel Loret, Caroline Proner, Elizabeth Gómez Alcota, Emilio Camacho Paredes, Enrique Santiago, Gisele Ribocom,  Gisele Guimaraes, Juárez, Tavares, Juan Martín Mena, Larissa Ramina, AMINA, María José Fariñas Dulce, Oswaldo Ruiz Chiriboga, Pedro Estevan Alves Pinto Serrano, y Roberto Manuel Carlés.