El médico Ennio Vivaldi, referente mundial en trastornos del sueño, lleva desde 2014 al frente de la estatal Universidad de Chile, el centro de estudios más importante y contestatario del país y de donde han salido algunas de las mentes chilenas más brillantes, como el nobel Pablo Neruda.
En un momento de máxima efervescencia, con un primer aniversario del llamado «estallido social» ensombrecido por graves desmanes, Vivaldi (Concepción, 1950) reflexiona en una entrevista con Efe sobre el rol de los estudiantes en la convulsionada política chilena y su «necesaria» implicación en el proceso constituyente que se abrirá en el país con el histórico plebiscito del próximo domingo.
Pregunta (P): Los estudiantes llevan desde 2006 en las calles, primero con la «Revolución Pingüina» a favor de una mejor educación pública y luego con las marchas de 2011. La ola de protestas del año pasado, las más graves desde el fin de la dictadura (1973-1990), la detonaron los secundarios, pero enseguida se unieron los universitarios, ¿puede el Chile de hoy entenderse sin sus jóvenes?
Respuesta (R): Una de las grandes fallas que tuvo el sistema político chileno en los últimos tiempos fue no haberles prestado la atención que requerían, los partidos dejaron de tener eco dentro de la juventud y eso que, en Chile, los jóvenes están muy politizados, incluso los estudiantes de educación media ya tienen afinidades políticas.
El desencanto hoy en día total. Hay un desacoplamiento entre la política formal y la juventud. Lo que estamos viendo es muy grave y es una desconfianza en la posibilidad de conversación. Es fundamental abrirnos a un debate a fondo sobre qué sociedad queremos construir. Es esencial que los jóvenes perciban que hay un camino. Si no somos capaces de mostrárselo, como ocurre ahora, nos encaminamos hacia una situación nihilista y trágica para todos.
P: Pese a esa gran desafección hacia la política y a la alta abstención que los jóvenes han mostrado en elecciones pasadas, ¿cree que saldrán en masa a las urnas para decidir si quieren reemplazar o no la actual Constitución, heredada de la dictadura?
R: Espero que lo hagan y los llamo fervientemente a ello: por favor, vengan a votar. No importa lo que voten, solo que lo hagan y que demuestren que están disponibles para un proceso de conversación y dialogo.
P: Usted se ha mostrado partidario del cambio constitucional y de que el nuevo texto lo escriba un órgano integrado totalmente por ciudadanos electos para ese fin, ¿por qué necesita Chile una nueva Constitución?
R: Es fundamental preservar el carácter pluralista de la institución y entender que la Universidad de chile no es una pieza de ajedrez en la política, aquí vienen alumnos, profesores y trabajadores de todas las ideologías. Dicho esto, yo en lo personal obviamente voy a votar por una nueva Constitución y por una convención constituyente. Hay que repensar el modelo de sociedad.
«LA EDUCACIÓN PÚBLICA FUE ARRASADA»
P: ¿Qué cambios requiere la educación superior chilena?
R: Nuestros universitarios son los más endeudados de Latinoamérica y el costo de la educación superior es uno de los más altos del mundo en comparación con los ingresos. En Chile, la educación pública fue arrasada. Mi forma de ver Chile está indisolublemente ligada a la educación publica. Tuve como compañeros de curso tanto a los hijos de pescadores como a los hijos de profesionales y eso genera cohesión nacional, identificación recíproca y la necesidad mutua de entenderse los unos con los otros. Cuando destruyes la educación publica, también estás destruyendo el cemento de la sociedad.
A los jóvenes ahora se les está diciendo que se endeuden porque así van a conseguir más plata en el futuro. Eso es quitarle todo el sentido a la educación universitaria y transformarla en una transacción económica.
P: Algunos expertos están alertando sobre las altas expectativas que hay sobre el cambio constitucional, pues es un proceso largo que no soluciona todos los problemas del país de la noche a la mañana, ¿cree que los estudiantes son los que más expectativas tienen y que, en ese sentido, podrían sentirse defraudados por la velocidad de los cambios?
R: Depende de si somos capaces de convencerlos de que, si ponen su inteligencia al servicio de un proyecto de desarrollo de la sociedad, este va a tener una repercusión real. Ese es el gran desafío.
P: En una entrevista decía hace algunos meses que el modelo de economía neoliberal instalado en la dictadura creó una sociedad individualista, que hace «apología del egoísmo», ¿han cambiado los chilenos en este último año de crisis social y pandemia?
R: Durante la dictadura se hizo un trabajo ingente por cambiar un país que en su naturaleza es solidario, lo demostramos constantemente con nuestra respuestas a los terremotos. Es tal el desastre al que nos ha llevado este sistema que la gente entiende que o hacemos algo todos juntos o no vamos a salir de esta.
En las marchas del año pasado hubo un encuentro muy hermoso, impresionante, entre gente de sectores de altos ingresos y comunas vulnerables. Creo que claramente hay un cambio. Es fundamental que demos señales de que este proceso va a significar que la gente va a poder hablar y que va a ser escuchada.
Pertenezco a la generación de los que en los años 80 vibraron con la revolución sandinista y la apoyaron activamente. El impulso progresista reanimado por la revolución cubana de 1959 se había estancado en gran medida por la intervención imperialista de Estados Unidos. La imposición de la dictadura militar en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976, la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia y el golpe de Augusto Pinochet en Chile contra Salvador Allende en 1973 fueron los signos más sobresalientes de que el subcontinente americano estaba condenado a ser el patio trasero de Estados Unidos, sometido a la dominación de las grandes empresas multinacionales y de las élites nacionales conniventes con ellas. Estaba, en síntesis, impedido de pensarse como conjunto de sociedades inclusivas centradas en los intereses de las grandes mayorías empobrecidas.
La revolución sandinista significaba el surgimiento de una contracorriente auspiciosa. Su significado resultaba no sólo de las transformaciones concretas que protagonizaba (participación popular sin precedente, reforma agraria, campaña de alfabetización que mereció el premio de la Unesco, revolución cultural, creación de servicio público de salud, etcétera), sino también del hecho de que todo esto se realizó en condiciones difíciles debido al cerco extremadamente agresivo de Estados Unidos con Ronald Reagan, que supuso el embargo económico y la infame financiación de los contras nicaragüenses (la guerrilla contrarrevolucionaria) y el fomento de la guerra civil. Igualmente significativo fue el hecho de que el gobierno sandinista mantuviera el régimen democrático, lo que en 1990 dictó el fin de la revolución con la victoria del bloque opositor, del que, además, formaba parte el Partido Comunista de Nicaragua.
En los años siguientes, el Frente Sandinista, siempre liderado por Daniel Ortega, perdió tres elecciones, hasta que en 2006 reconquistó el poder, manteniéndolo hasta hoy. Sin embargo, Nicaragua, como por lo demás toda Centroamérica, estuvo fuera del radar de la opinión pública internacional y de la propia izquierda latinoamericana. Hasta que el pasado abril las protestas sociales y la violenta represión llamaron la atención del mundo. Pueden contarse ya muchas decenas de muertes causadas por las fuerzas policiales y por milicias adeptas al partido en el poder. Las protestas, protagonizadas inicialmente por estudiantes universitarios, apuntaban a la displicencia del gobierno ante la catástrofe ecológica en la Reserva Biológica Indio Maíz, causada por un incendio y por la deforestación e invasión ilegales. Se sucedieron después las protestas contra la reforma del sistema de seguridad social, que imponía recortes drásticos en las pensiones y gravámenes adicionales a los trabajadores y los patrones. A los estudiantes se unieron los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.
Ante las protestas, el gobierno retiró la propuesta, pero el país estaba ya incendiado por la indignación contra la violencia y la represión y por la repulsa causada por muchas otras facetas sombrías del gobierno sandinista, que entretanto empezaron a ser más conocidas y abiertamente criticadas. La Iglesia católica, que desde 2003 se reconcilió con el sandinismo, volvió a tomar sus distancias y aceptó mediar en el conflicto social y político con condiciones. El mismo distanciamiento ocurrió con la burguesía empresarial nicaragüense, a la que Ortega ofreció sustanciosos negocios y condiciones privilegiadas de actuación a cambio de lealtad política.
El futuro es incierto y no puede excluirse la posibilidad de que este país, tan masacrado por la violencia, vuelva a sufrir un baño de sangre. La oposición al orteguismo cubre todo el espectro político y, tal como ha ocurrido en otros países (Venezuela y Brasil), sólo muestra unidad para derribar el régimen, pero no para crear una alternativa democrática. Todo lleva a creer que no habrá solución pacífica sin la renuncia de la pareja presidencial Ortega-Murillo y la convocatoria de elecciones anticipadas libres y transparentes.
Los demócratas, en general, y las fuerzas políticas de izquierda, en particular, tienen razones para estar perplejos. Pero tienen sobre todo el deber de rexaminar las opciones recientes de gobiernos considerados de izquierda en muchos países del continente y de cuestionar su silencio ante tanto atropello de ideales políticos durante tanto tiempo. Por esta razón, este texto no deja de ser, en parte, una autocrítica. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que pasa en Nicaragua? Ponderar las duras lecciones que a continuación enumero será la mejor forma de solidarizarse con el pueblo nicaragüense y de manifestarle respeto por su dignidad.
Primera lección: espontaneidad y organización. Durante mucho tiempo las protestas sociales y la represión violenta ocurrieron en las zonas rurales sin que la opinión pública nacional e internacional se manifestara. Cuando las protestas irrumpieron en Managua, la sorpresa fue general. El movimiento era espontáneo y recurría a las redes sociales que el gobierno había promovido con el acceso gratuito a Internet en los parques del país. Los jóvenes universitarios, nietos de la revolución sandinista, que hasta hace poco parecían alienados y políticamente apáticos, se movilizaron para reclamar justicia y democracia. La alianza entre el campo y la ciudad, hasta entonces impensable, surgió casi naturalmente y la revolución cívica salió a la calle asentada en marchas pacíficas y barricadas que llegaron a alcanzar 70 por ciento de las carreteras del país. ¿Cómo es que las tensiones sociales se acumulan sin que se noten y su explosión repentina toma a todos por sorpresa? Ciertamente, no por las mismas razones por las que los volcanes no avisan. ¿Puede esperarse que las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales no se aprovechen de los errores cometidos por los gobiernos de izquierda? ¿Cuál será el punto de explosión de las tensiones sociales en otros países del continente causadas por gobiernos de derecha, por ejemplo Brasil y Argentina?
Segunda lección: los límites del pragmatismo político y de las alianzas con la derecha. El Frente Sandinista perdió tres elecciones después de haber sido derrotado en 1990. Una facción del frente, liderada por Ortega, entendió que la única manera de retornar al poder era haciendo alianzas con sus adversarios, incluso con aquellos que más visceralmente habían hostilizado al sandinismo, como la Iglesia católica y los grandes empresarios.
Con la Iglesia católica la aproximación comenzó a principios de la década de 2000. El cardenal Miguel Obando y Bravo fue durante buena parte del periodo revolucionario un opositor agresivo al gobierno sandinista y activo aliado de los contras, llamando a Ortega víbora moribunda durante toda la década de los 90. Pese a ello, Ortega no tuvo pudor en aproximarse al cardenal al punto de pedirle en 2005 que oficiase el matrimonio con su compañera de muchos años, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país.
Entre muchas otras concesiones a la iglesia, una de las primeras en 2006 fue aprobar la ley de prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer. Esto, en un país con alta incidencia de violencia contra mujeres y niños.
Por otra parte, la aproximación a las élites económicas se produjo por la sumisión del programa sandinista al neoliberalismo, con la desregulación de la economía, la suscripción de tratados de libre comercio y la creación de sociedades público-privadas que garantizaban jugosos negocios al sector privado capitalista a costa del erario público. Se produjo también un acuerdo con el ex presidente Arnoldo Alemán, considerado uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo.
Estas alianzas garantizaron cierta paz social. Debe destacarse que en 2006 el país estaba al borde de la quiebra y las políticas adoptadas por Ortega permitieron el crecimiento económico. Se trató, sin embargo, del crecimiento típico de la receta neoliberal: gran concentración de riqueza, total dependencia a los precios internacionales de los productos de exportación (en particular café y carne), autoritarismo creciente ante el conflicto social causado por la extensión de la frontera agrícola y por los megaproyectos (por ejemplo, el gran canal interoceánico, con financiamiento chino), aumento desordenado de la corrupción, empezando por la élite política en el gobierno.
La crisis social sólo fue atenuada debido a la generosa ayuda de Venezuela (donaciones e inversiones) que llegó a ser una parte importante del presupuesto del Estado y permitió algunas políticas sociales compensatorias. La situación tendría que estallar cuando los precios internacionales bajasen, hubiese cambio de política económica en el principal destino de las exportaciones (Estados Unidos) o se evaporase el apoyo de Venezuela. Todo eso ocurrió en los pasados dos años. Mientras tanto, terminada la orgía de favores, las élites económicas tomaron sus distancias y Ortega quedó cada vez más aislado. ¿Puede un gobierno continuar denominándose de izquierda (y hasta revolucionario) a pesar de seguir todo el ideario del capitalismo neoliberal con las condiciones que este impone y las consecuencias que genera? ¿Hasta qué punto las alianzas tácticas con el enemigo se transforman en la segunda naturaleza de quien las protagoniza? ¿Por qué las alianzas con las diferentes fuerzas de izquierda parecen siempre más difíciles que las alianzas entre la izquierda hegemónica y las fuerzas de derecha?
Tercera lección: autoritarismo político, corrupción y desdemocratización. Las políticas adoptadas por Daniel Ortega y su facción crearon divisiones importantes en el seno del Frente Sandinista, y oposición en otras fuerzas políticas y en las organizaciones de la sociedad civil que habían encontrado en el sandinismo de los años 80 su matriz ideológica y social y su voluntad de resistencia. Las organizaciones de mujeres tuvieron un protagonismo especial. Es sabido que el neoliberalismo, al agravar las desigualdades sociales y generar privilegios injustos, sólo se puede mantener por la vía autoritaria y represiva. Fue eso lo que hizo Ortega. Por todos los medios, incluyendo cooptación, supresión de la oposición interna y externa, monopolización de los medios masivos, reformas constitucionales que garantizan la relección indefinida, instrumentalización del sistema judicial y creación de fuerzas represivas paramilitares. Las elecciones de 2016 fueron el claro retrato de todo esto, y la victoria del eslogan Una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria encubría mal las profundas fracturas en la sociedad.
De un modo casi patético, pero quizás previsible, el autoritarismo político fue acompañado por la creciente patrimonialización del Estado. La familia Ortega acumuló riqueza y mostró su deseo de perpetuarse en el poder. ¿La tentación autoritaria y la corrupción son una desviación o son constitutivas de los gobiernos de matriz económica neoliberal? ¿Qué intereses imperiales explican la ambigüedad de la OEA frente al orteguismo, en contraste con su radical oposición al chavismo? ¿Por qué buena parte de la izquierda latinoamericana y mundial mantuvo (y continúa haciéndolo) el mismo silencio cómplice? ¿Por cuánto tiempo la memoria de las conquistas revolucionarias opaca la capacidad de denunciar las perversiones que le siguen al punto de que la denuncia llega casi siempre demasiado tarde?
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
El periodista y escritor británico James Bloodworth trabajó infiltrado en Amazon y Uber para conocer la precariedad laboral de estas multinacionales. Hablamos con él
Por Analía Plaza
James Bloodworth tiene grabado a fuego su primer día de trabajo en un almacén de Amazondel tamaño de 10 campos de fútbol: el sonido de la sirena que marca la hora de comer, las interminables colas de trabajadores a la espera de atravesar el detector de metales, el tono amenazador de los vigilantes de seguridad, «muévete tío, no tengo toda la tarde», las peleas, el cansancio, la desolación… Por un momento pensó que todo aquello ya lo había vivido antes. «Así me había imaginado siempre que sería una cárcel por dentro», explica. Pero no. Era su nuevo trabajo: operario de almacén. Jornadas de casi 11 horas, 16 kilómetros de carreras entre estanterías cada día y salario mínimo. Bienvenido a Amazon.
Así arranca Bloodworth, periodista y escritor de 35 años, su libro ‘Hired: six months undercover in low-wage Britain‘, un relato demoledor y en primera persona de la realidad laboral detrás de gigantes tecnológicos como Amazon y Uber. «Quería explorar la precariedad, mostrar la realidad de los datos económicos y las estadísticas. Así que me fui a Rugeley», explica en conversación con Teknautas. En esta pequeña localidad de 18.000 habitantes al norte de Birmingham, Amazon posee uno de los mayores almacenes del país con más de 2.500 empleados. Bloodworth solicitó un puesto, le contrataron y lo que vio dentro le dejó tan perturbado que decidió vomitarlo todo en un magistral retrato sobre el cinismo de la ‘nueva economía’.
Seis meses infiltrado de operario en Amazon y casi tres de conductor en Uber le bastaron para «radicalizarse«. «Es imposible no salir cabreado de allí después de ver cómo tratan a la gente: como si fueran animales. Sucedieron tantas cosas inaceptables que me dije: tengo que contarlo. Y aquí estoy».
PREGUNTA. Lo que relata en su libro es tan crudo que a veces cuesta creerlo. Describe un ambiente laboral más parecido a una prisión que al almacén de una tecnológica.
RESPUESTA. Trabajar en Amazon fue mucho peor de lo que imaginaba. Sabía lo que era estar en un almacén, trabajé en uno antes de ir a la universidad, pero jamás me había encontrado con algo parecido. Por ejemplo, si querías ir al baño tenías que pasar por un control de seguridad. Los guardias eran bastante desagradables. Tenías que dejar tu móvil, el reloj, el cinturón… igual que en un aeropuerto. Había un aire continuo de sospecha sobre ti por temor a que robaras algo.
El periodista y escritor británico James Bloodworth
Luego imponen todo tipo de prohibiciones. No puedes correr por el almacén, pero si quieres cumplir tus objetivos, tienes que correr. Literalmente. No hay forma de lograrlos si no lo haces. En este sentido, es como estar en un internado o en una prisión. La realidad es que hacen todo esto porque quieren que haya una alta rotación de gente. La mayoría del personal de almacén son temporales con contrato de nueve meses. Te exprimen antes de que puedas ser permanente y tengas derechos laborales más amplios.
P. Compara trabajar en Amazon con la era soviética. ¿En qué se parecen?
R. En la propaganda. Los eslóganes de la era soviética eran del tipo «adoramos ir al trabajo cada día», «estamos todos muy felices con lo que hacemos”. La idea era imponer un universo retórico sobre la realidad para esconderla y suavizarla. En Amazon pasa algo muy parecido. Por ejemplo, nos llamaban a todos «asociados». En mi primer día me dijeron: «Jeff Bezos es un asociado, como tú». Da igual que él gane miles de millones de dólares y sus empleados sobrevivan con el salario mínimo.
Había un montón de situaciones como esta. Si perdías tu trabajo no te «despedían», te «dejaban ir». No podías llamar al almacén “almacén” delante de tu manager: tenías que decir «centro de aprovisionamiento». Nunca me había encontrado con algo parecido… fuera de los libros sobre la antigua URSS. O, bueno, cuando visité Cuba (risas). Ocurría lo mismo en Uber.
Todo el mundo tiene miedo a quedarse sin trabajo. Llega al extremo de que la gente prefiere no ir al baño para no perder tiempo
P. Asegura que Amazon monitoriza y vigila constantemente a sus trabajadores. ¿Cómo lo hacen?
R. Tienes que llevar encima un aparato en el que vas recibiendo instrucciones. Supongo que era un ‘manager’ quien las enviaba o igual estaban automatizadas, pero recibías mensajes del tipo “vas por debajo de objetivos, tienes que ir más rápido”. También medía cuántos productos cogías por hora. Si no estabas cumpliendo objetivos, alguno de los ‘managers’ se acercaba para advertirte. Durante mi primera semana vino uno a decirme que estaba en la banda inferior del 10% en términos de productividad. Nadie tiene forma de saber si eso es cierto o no, quizás era una forma de hacerme ir más rápido, pero fue extraño, yo pensaba que lo estaba haciendo relativamente bien. Me dijo que si no aceleraba me pondrían un punto de sanción disciplinaria. Si acumulas seis puntos, te despiden.
P. Por lo que cuenta, le pueden despedir hasta por ponerse enfermo.
R. Así es, y no importa que tengas un justificante del médico o avises con antelación. Te ponen el apercibimiento igual. A mi me lo hicieron. Cuando me puse enfermo, y estaba malo de verdad, llamé con tres horas de antelación a pesar de que en teoría basta con una hora. Les dije que me iba a ser imposible hacer un turno de 10 horas y media, les aseguré que podía llevar un justificante del médico, y me dijeron que no me molestara, me iban a poner el punto igual.
El interior de un almacén de Amazon. (Reuters)
Cuando regresé les comuniqué que me parecía tremendamente injusto. ¿Sabes qué me contestó el supervisor? “Esto es lo que siempre se ha hecho en Amazon”. Imagina que coges la gripe y tienes que estar cinco días fuera enfermo, entonces estás a solo un punto de perder tu trabajo. Si fichas unos minutos tarde por la mañana, lo mismo, te llevas un punto. Conocí a una mujer que me cóntó cómo una mañana se estropeó el bus de Amazon que lleva a los trabajadores al almacén. Todo el mundo en ese autobús se llevó una sanción de un punto por llegar tarde a pesar de que la culpa era de la propia compañía, no de ellos.
P. Más que un sistema de gestión de empleados parece un sistema diseñado para atemorizarlos.
R. Todo el mundo tiene miedo a recibir puntos y quedarse sin trabajo. Llega al extremo de que la gente prefiere no ir al baño para no perder tiempo. Recuerdo una tarde que un supervisor me dijo que estaba acumulando demasiado «tiempo ocioso». Era su forma de referirse al tiempo que usas para ir al baño.
Amazon trata a sus empleados como escoria. En el mejor de los casos sentías que te trataban como a un animal
Yo trabajaba en la planta superior de un almacén gigantesco. En todo el edificio solo hay dos servicios y están en la planta baja. Cada vez que vas tienes que pasar por seguridad, quitarte el reloj, el cinturón… Calculé que te lleva más o menos 7 minutos. Eso siendo muy, muy rápido. Pero si no, te puede llevar 10 o 15 minutos. Eso es lo que llaman “tiempo ocioso” y por lo que te amenazan con un punto disciplinario. Así que o dejas de beber agua o tienes un problema.
Portada del libro ‘Hired: six months undercover in low-wage Britain’.
P. U orinas en una botella. Eso también lo vio.
R. Sí, fue en un turno de tarde. Fui a una estantería a coger un producto y vi una botella de plástico de Coca-Cola, sin la etiqueta, con un líquido sospechosamente amarillo… era obvio lo que era. Lo vi y pensé que había que mencionarlo en el libro. Y no es tan sorprendente. Si puedes perder tu trabajo por ir al baño, mear en una botella no parece tan extremo.
P. Con jornadas de 10 horas y media y caminatas de 16 kilómetros al día Amazon también elimina los trabajadores menos productivos: no apto para personas mayores.
R. Si eres mayor, por encima de 50 o 60, o tienes sobrepeso, estás perdido. Un día vi cómo un ‘manager’ le echaba una bronca brutal a un empleado de al menos 60 años, humillándole, gritándole a la cara. Es lo que te ocurre en este trabajo si no eres joven y sano. Yo me considero una persona relativamente en forma, voy al gimnasio, estoy sano, y estaba en la banda inferior del 10% en productividad.
P. Todo suena a una especie de esclavitud moderna.
R. No iría tan lejos. Al final del día te pagan, no te pagan bien, pero te pagan algo. Y puedes irte cuando quieras. Pero sí diría que es deshumanizante. Amazon trata a sus empleados como escoria. En el mejor de los casos sentías que te trataban como a un animal. Ven a las personas como meras unidades de productividad. Es una especie de gestión leninista de los empleados: la idea de que por encima existe una élite, Jeff Bezos y compañía, que son los que mueven el mundo, y por debajo está la gente sobre el terreno a quienes hay que exprimir, sin importar su salud o bienestar.
Una trabajadora en un almacén de Amazon. (Reuters)
P. ¿Son legales estas prácticas laborales?
R. Lo son, aunque Amazon incurre en ilegalidades a través de sus agencias de contratación. Yo entré allí contratado por una agencia llamada Transline. Ellos jamás me dieron un contrato. Se lo reclamé muchas veces pero me decían que como era un trabajador de «cero horas» no tenía derecho a contrato. Es falso. Todos los trabajadores temporales deben tener por ley un contrato. En este caso era la agencia la que incurrió en irregularidades, pero es Amazon quien la contrata. En mi opinión la responsabilidad última de que esto ocurra es de Amazon.
Al final, me daba la sensación de estar trabajando al 100% para Uber. Con la diferencia de que había perdido todos mis derechos laborales
P. Usted trabajó en el almacén de Amazon en Rugeley, pero en el resto de Europa ocurren cosas similares. También en España. ¿Cómo es posible que las autoridades locales o nacionales no hagan nada para evitarlo?
R. La mayoría de los trabajadores temporales son inmigrantes. Muchos ni siquiera hablan bien el idioma local, la mayoría desconocen o no entienden las leyes laborales. Y también están más desesperados por encontrar trabajo, aceptan casi lo que sea. Muchos de mis compañeros de trabajo eran rumanos. Para ellos la alternativa a no trabajar en Amazon era mucho peor. Es muy fácil explotar a esta fuerza laboral. Además, Amazon tiene un poder brutal de presión. Cualquier autoridad local o político sueña con que se instalen en su ciudad: atraen muchos puestos de trabajo pero nadie se fija en las condiciones de esos puestos.
P. Después de Amazon trabajó casi tres meses como conductor de Uber en Londres. ¿Cómo fue?
R. Muy parecido: te deshumanizan igual y te tratan como basura, pero lo esconden. Empiezan creando este universo retórico en el que te permiten ser tu propio jefe, tener plena autonomía, no ser un empleado más, gestionar tu propio negocio al volante de un coche… A cambio de esta supuesta flexibilidad pierdes la mayoría de tus derechos laborales. No tienes derecho a salario mínimo, no te pagan si te pones malo, no te pagan las vacaciones… todo eso corre de tu cuenta.
Licencia de conductor de Uber de James Bloodworth. (Foto: J. B.)
Cuando fui a la formación inicial tras ser contratado, me dijeron que no podía seleccionar los viajes o trabajos que quisiera. Si Uber te envía un viaje, lo tienes que aceptar. Si no lo haces, porque te encuentras mal o el cliente está muy lejos y vas a perder dinero, te pueden acabar desactivando de la plataforma. Uber también te dice lo que puedes y no puedes decir a los clientes. Está prohibido hablar de política, deporte o religión. Si, como dicen ellos, es mi propio negocio, debería ser capaz de hablar de lo que me de la gana, vestir lo que me de la gana y escoger los viajes que quiera. Eso no ocurre.
P. Uber usa un sistema de puntación que recuerda a lo que hace Amazon con sus empleados.
R. Sí, cada vez que un cliente hace un viaje te deja una puntuación de entre 1 y 5 estrellas. Si tu puntuación cae por debajo de 4,4, que es muy alta, te avisan de que tendrás problemas. Primero te llaman para darte más formación, pero si sigues por debajo, te vetan temporalmente y luego de forma definitiva. Al final, me daba la sensación de estar trabajando al 100% para Uber. Con la diferencia de que había perdido todos mis derechos laborales.
P. ¿Cuánto ganaba como conductor?
R. Deduciendo todos los gastos rondaba el salario mínimo, unas 7,2 libras la hora [8,17 euros]. Con la diferencia de que las vacaciones o los días de baja por enfermedad te los tienes que pagar tú. No recuerdo el número de horas exactas que trabajaba, pero muchas veces eran más de 10.
P. Uber, Amazon, Deliveroo, Glovo, Just Eat… Todas tienen algo en común: la precariedad. ¿Son un inventazo o un engaño?
R. Todas estas ‘apps’ conectan a la gente entre sí y nos ayudan a hacer las cosas más rápido y más barato. Y eso es bueno. El problema es que usan la tecnología como excusa para impulsar otra agenda. Amazon, Uber y otras multinacionales están acabando con los derechos laborales adquiridos durante el último siglo. Y eso no se puede permitir.
*Tras la publicación de esta entrevista, Amazon ha remitido a El Confidencial un comunicado para exponer su postura: «Amazon ofrece un lugar de trabajo seguro y positivo para miles de personas en toda nuestra red europea, incluyendo España, con salarios y beneficios competitivos desde el primer día. Nos comprometemos a tratar a cada uno de nuestros empleados con dignidad y respeto.
No reconocemos estas acusaciones como una descripción real del trabajo en nuestros centros. Estamos orgullosos de haber creado cientos de nuevos puestos de trabajo permanentes en nuestros centros logísticos españoles en los últimos años. En Amazon ofrecemos buenos trabajos y un ambiente laboral positivo con oportunidades de crecimiento.
Contratamos empleados temporales para gestionar la variación en la demanda de los clientes. En general, los empleados temporales reciben el mismo salario inicial que los empleados permanentes de Amazon. Tenemos una variedad de iniciativas para ayudar a nuestros empleados en caso de que se pongan enfermos. Amazon se asegura de que todos sus empleados tengan fácil acceso a los baños, los cuales se encuentran a pocos pasos de donde están trabajando. Los empleados pueden usar el baño cuando sea necesario y no supervisamos las pausas que hacen. Amazon ofrece visitas a sus centros logísticos, puede visitar http://es.amazonfctours.com/ para inscribirse a un tour».
España/02 de Junio de 2018/Por: Salvador López Arnal/Rebelión
Casi no es necesario presentar a los autores. Los tres son profesores de filosofía. Carlos Fernández Liria de la Complutense, Olga García Fernández y Enrique Galindo Ferrández son profesores de secundaria. Militan ambos en las Mareas en defensa de la educación pública.
Además del preámbulo, son diez los capítulos del libro, más el apartado de conclusiones, un apéndice que evalúa el bilingüismo (inglés, castellano) y la bibliografía.
La dedicatoria es muy significativa del compromiso de los autores: a sus alumnos, a compañeros que han leído el manuscrito del libro y “a nuestros compañeros y compañeras de Mareas por la Educación Pública, por su lucha incansable y su valiosa amistad. También a todos los profesores y maestros que, como Daniel Nota, son un ejemplo para la escuela pública”.
Lo es también el título: “Escuela o barbarie”, una disyunción (excluyente) que, por supuesto, recuerda, con neta intención, el socialismo o barbarie de Rosa Luxemburg. El subtítulo tampoco está para adornar: “Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda”. Nada que decir de lo primero, conocemos y sufrimos sus programas, sus avances y sus agresiones; de lo segundo, de la necesidad de matices sobre ese delirio de la izquierda, diré algo más adelante.
La idea central de este libro muy recomendable, escrito con fuerza y convicción, se puede resumir tal vez del modo siguiente: es urgente y necesario defender la educación y la instrucción pública; existe, no es una neura ni una idea conspirativa fantasiosa, un auténtico plan de privatización de la enseñanza pública, de desmantelamiento paulatino de esta gran conquista ciudadana, de poner al servicio de las grandes corporaciones el sistema educativo de los países. En definitiva, de sustituir la instrucción pública por otra cosa muy distinta, basada en competencias, habilidades y demás ítems de la terminología (antipedagógica) al uso. Una ilustración de esto último: ¿Para qué sirve, dicen los partidarios de las TIC, aprenderse los ríos españoles de memoria o las capitales del mundo si no tenemos la habilidad de mirar sus nombres con el buscador de una gran corporación, de San Google por ejemplo?
Las virtudes del ensayo, cito las más relevantes teniendo en cuenta el espacio del que dispongo, son más que evidentes. Algunos ejemplos:
1. Claridad en la exposición. No hay pasajes oscuros. Lo que se piensa se dice a las claras, sin ocultaciones, de frente. Plantando cara cuando es necesario y, como se podrá comprobar, muchas veces es necesario. Cada vez más.
2. El tono no es siempre cortés pero no hay falta el respeto. Hay un pensamiento, ahora heterodoxo, que se quiere vindicar, marcando distancias y criticando posiciones que se piensan (y sienten) como erróneas o como muy serviciales en algunos casos.
3. La defensa de lo público, de la educación pública, es más que evidente y sostenida con una argumentación sólida y con convicciones por supuesto.
4. Se podrá decir que se habla con trazo demasiado grueso sobre la pedagogía, contra la pedagogía si se quiere. Un capítulo, el IX, muestra muchos matices y permite una mejor comprensión de las posiciones defendidas. La discusión que mantuvieron Carlos Fernández Liria y Luis S. Villacañas, incluida en el libro, enseña a todos.
5. Se dirá que los autores, como buenos filósofos que son, teorizan y teorizan, incluso que especulan, pero que apenas plantean programas alcanzables, no utópicos. No parece pertinente la crítica. Un programa con quince puntos no quiméricos, y con coste económico cero aseguran (tengo alguna sobre ello, pero es secundario ahora), se expone, con claridad y distinción cartesianas, esta vez en las páginas 373-375. Dos ejemplos: “10. Plan de rescate ciudadano vertebrado en tres ejes de actuación; ayudas para comedores escolares, becas para material escolar y subvención de transportes públicos”. 12. “Recuperación de los derechos laborales extirpados al profesorado, especialmente a los interinos”.
6. Las críticas al llamado Plan de Bolonia, en su momento no bien recibidas entre algunos sectores del profesorado por demasiado radicales o extremistas, quedan aquí recogidas y, visto lo visto, hay que darles la razón en la mayoría de sus observaciones. No estaban ciegos y mucho menos obnubilados por prejuicios izquierdistas
7. La independencia de juicio, la libertad de pensamiento, se muestra en muchos apartados del libro. Destacaré uno. Los autores, alguno de ellos, o todos ellos tal vez, formados en los escritos y en la filosofía de Louis Althusser, no tienen ningún problema en criticar y dejar muy mal parado el concepto o categoría de “aparato ideológico de Estado” atribuido a la escuela “althusseriana”. En su opinión, un auténtico disparate conceptual, de hondo calado político, refiriéndose a la escuela pública de los Estados democráticos (capítulo II, primeras páginas).
Siguiendo el espíritu del libro, conviene apuntar algunas críticas:
1. Falta, en mi opinión, aunque sé bien que no se puede hablar de todo, una mayor aproximación a los ciclos formativos, a la enseñanza llamada profesional que también es enseñanza. Si existe algún ejemplo de privatización, de colaboración servil con el mundo empresarial, ese ejemplo está relacionado directamente con la formación dual, con la barbaridad de horas de prácticas que tiene que realizar los estudiantes (unas 350 horas, cinco meses o más), con la inexistencia de una formación humanística básica en los ciclos y con la inculcación e intoxicación cultural-ideológica de una asignatura, “Economía e iniciativa emprendedora”, que, cuanto menos en Cataluña, es obligatoria en todos los ciclos. Neoliberalismo indocumentado en estado puro.
2. La crítica a la izquierda es, en algunos casos, demasiado general en mi opinión. De hecho, ellos mismos citan, con acuerdo y mucha admiración, a uno de esos activistas y pensadores de izquierda de los que todos hemos aprendido. Hablo, por supuesto, de Agustín Moreno. Por lo demás, hay otros autores de izquierda en nuestro país que también se han levantado contra la privatización de la enseñanza y contra su destrucción. Un ejemplo entre muchos posibles: Pilar Carrera Santafé y Eduardo Luque Guerrero, Nos quieren más tontos. La escuela según la economía neoliberal, Vilassar de Mar, El Viejo Topo.
3. No estoy seguro que los autores sean totalmente justos cuando se aproximan al debate Bueno-Sacristán de los años sesenta y setenta del siglo pasado en torno al papel de la filosofía en los estudios superiores y sobre las características esenciales de la propia filosofía y del filosofar. El opúsculo de Sacristán es un texto de intervención escrito en determinadas coordenadas políticas, culturales y filosóficas, fechado en 1967 (publicado en catalán al año siguiente), un artículo largo, digámoslo así, donde se plantea un nuevo programa filosófico para la enseñanza secundaria (no se apuesta por anular su enseñanza sino por su renovación) y universitaria que tiene muy en cuenta la realidad filosófica de España en aquellos momentos. De hecho, algunas formulaciones que los autores realizan en varios apartados del libro -una pedagogía real, reflexionada por los propios profesores, no por supuestos expertos en didáctica- recuerdan algunas aristas de la propia reflexión “sacristaniana”.
Prueba práctica de que Sacristán no menospreció la enseñanza de la filosofía en secundaria, una filosofía no cansina a la altura de las circunstancias que supiera a qué atenerse, es que él mismo la practicó, con diversas conferencias, cuando tuvo ocasión.
4. La crítica a Francisco Fernández Buey que los autores realizan en la nota 24 de la página 48 pide, incluso exige, también algún matiz. Cuando el autor de Por una Universidad democrática explica que fracasó la lucha por la democratización de la Universidad en los años setenta del siglo pasado porque se les impuso la “funcionarización” (de los PNN), no debe olvidarse que en aquellos momentos este movimiento universitario había elaborado otra forma de relación laboral entre el profesorado y la Universidad que garantizase su independencia y su estabilidad laboral, puntos sin duda centrales. Que fuera muy diferente de la “funcionarización” que entonces se conocía, que poco tenía que ver con el servicio público correctamente realizado y mucho con él a “mí no me toques ni me digas nada porque soy funcionario y tengo mucho mando en mi plaza”, no le resta valor sino que se lo añade.
5. Los autores usan a veces la expresión “propietarios” (aunque sea de plaza) para referirse a la situación ideal del profesorado. Si no, no queda otra que la dependencia y el servicio acrítico. Me da que otras formulaciones son posibles, incluso necesarias. Enseñantes, trabajadores de la enseñanza, por ejemplo, y con ello la posibilidad de un control público, ciudadano, de las prácticas profesionales, laborales, de algunos profesores titulares, algunos de ellos catedráticos, que viven esa propiedad de plaza como un “nadie me tose, aquí mando yo”.
6. Faltaría un índice nominal en las próximas reediciones y, en mi opinión, no estaría mal un glosario con los quince o veinte concepto básicos que manejan los autores.
Nada sustantivo en este apartado crítico. Lo esencial está en el importante y poblado haber de este libro filosófico, polémico sin duda, los autores son muy conscientes de ello, que argumenta con pasión razonada sobre la necesidad de cuidar con mimo un bien tan preciado como la educación e instrucción de la ciudadanía. Ha sido, sigue siendo, una conquista obrera, popular, ciudadana que no podemos arrojar a la cuneta, como tantos cadáveres de luchadores republicanos antifascistas. Bien mirado, también a ellos se lo debemos en gran parte.
Se me escapan mil temas más. No se puede hablar de todo… y es una lástima en este caso.
El libro lo merece.
No se lo pierdan. Pasen, lean y recomiéndenlo, si les parece.
Mientras persista un sistema donde pocos tienen capacidad para fijar precios y trasladar los costos de distribución de los combustibles al consumidor, la liberalización expondrá a los más vulnerables a precios más altos.
Las condiciones actuales de la economía mexicana no nos permiten lidiar con todas las consecuencias derivadas de políticas públicas mal diseñadas y/o enfocadas para beneficiar a unos cuantos. Esto ha quedado demostrado con la discusión respecto al alza de las gasolinas y muchos de los temas a su alrededor: la vulnerabilidad de las finanzas públicas, un Estado débil sin suficientes recursos fiscales para la provisión efectiva de bienes y servicios públicos, mercados de bienes de consumo básico altamente concentrados, elevados niveles de contaminación y otras consecuencias negativas del uso de combustibles fósiles, así como terribles deficiencias de infraestructura –particularmente en transporte público– que hemos arrastrado por años. Todo esto como resultado de un manejo equivocado e irresponsable de la política económica, energética y de planeación urbana en el país.
Como ejemplo de las consecuencias provocadas por decisiones equivocadas en las últimas décadas, tenemos que México ha pasado de ser del octavo al cuarto lugar en el consumo per cápita de gasolina en el mundo, al mismo tiempo que pasó de ser el sexto productor mundial a estar mucho más abajo del décimo lugar. Estas trayectorias, opuestas a las direcciones reales entre la oferta y demanda de combustible en nuestro país, reflejan negligencia por parte del Gobierno Federal. El crecimiento acelerado de la demanda de gasolina se debe a un crecimiento similar en el parque vehicular, producto de una falta de planeación urbana y una insuficiente infraestructura de transporte público. Mientras tanto, por años, el Gobierno y el Congreso han impulsado una crónica desinversión en las capacidades de refinación de Pemex, desmantelando poco a poco la empresa. Ejemplo de ello es que la última refinería que se construyó data de 1980 y su mantenimiento ha sido relegado. Igualmente, hace unos años la petrolera tenía una capacidad instalada para producir más de 1.6 millones de barriles diarios, mientras hoy produce poco menos de 400 mil barriles diarios; lo anterior representa tan solo entre el 36 y el 40 por ciento del combustible que empleamos –el resto es importado.
El actual alza de precios en la gasolina se debe, en buena medida, a la combinación de tres factores: la fuerte depreciación del peso dado que cada vez importamos más combustibles, el aumento en el precio internacional del petróleo y los enormes costos logísticos asociados a su distribución. Esto último es directa consecuencia de no haber desarrollado en el pasado, la infraestructura para el transporte y almacenamiento de combustibles que una economía como la nuestra requiere.
Durante las dos administraciones del PAN y el inicio de la actual administración del PRI, México contó con recursos petroleros extraordinarios: más de 400 mil millones de dólares de excedentes. Toda esa riqueza petrolera no se transformó en una modernización de nuestras refinerías, ni en mejor transporte público con mayor planeación urbana, ni en una transición energética que redujera la dependencia en los combustibles fósiles; tampoco fue parte de un fondo que permitiera costear las necesidades de inversión pública en momentos difíciles como los de hoy. Toda esa riqueza petrolera fue desperdiciada, pues se utilizó en diversas formas de gasto improductivo, haciéndonos heredar serios problemas en las finanzas públicas.
Ante todo lo anterior, es difícil pensar que existe una forma efectiva de disminuir el costo de las gasolinas en el corto plazo –además, habría que preguntarnos si es deseable o no por su impacto en el medio ambiente, el cambio climático y la salud de las personas–. En este contexto, es irónico que lo primero que se pretenda sea reducir su precio mediante la liberalización del mercado, obviando el hecho que no hay suficiente infraestructura de distribución para que exista competencia y el precio efectivamente baje.
Por el contrario, lo primero que se debe abordar es la concentración de mercados, pues mientras persista un sistema donde unos pocos tienen capacidad para fijar precios y trasladar los costos de distribución de los combustibles al consumidor, la liberalización expondrá a los más vulnerables a precios más altos en una amplia gama de productos. Las consecuencias de no hacerlo son significativas; en un país como México, con millones de personas bajo la línea de pobreza y otros millones en condición de vulnerabilidad, una repentina alza de precios en productos de consumo básicos puede terminar por empujarlos de la pobreza a la pobreza alimentaria o de la vulnerabilidad a la pobreza.
Por otra parte, cabe aclarar que la alteración del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas tampoco es una medida adecuada en el corto plazo. El impuesto no solo no es responsable por el alza en precios en esta ocasión, sino que su uso ha llegado a solventar hasta 53% de las pérdidas en los ingresos públicos tras la caída de los precios del petróleo. Ante esta gasolinización de las finanzas públicas, queda claro que la reducción del IEPS causaría aún más inestabilidad en el gasto nacional; esta vulnerabilidad evidencia, una vez más, los profundos defectos en las decisiones que han conducido la economía del país durante los últimos 15 años.
Por ello en Democracia Deliberada, #esto_hubiéramos_hecho:
Reducir la demanda de gasolina mediante el financiamiento y subsidio al transporte público masivo, y el fomento a una mejor eficiencia energética de los automóviles nuevos
Lo primero es posible mediante la utilización de la parte del IEPS correspondiente al impuesto por dióxido de carbono a la gasolina y diesel, cuyo monto recaudado en 2015 fue de aproximadamente de 7,700 millones de pesos. Solo como ejemplos: con estos niveles de recaudación anuales se podría continuar financiando la extensión de la línea 4 y A del metro de la Ciudad de México y terminar de fondear la construcción de la línea 3 del metro de Monterrey, ambas frenadas por los recortes presupuestales. Asimismo, esto tendría que financiar prioritariamente la integración del pago por transporte público en todo el país mediante un mecanismo único (tarjeta inteligente) que facilite el otorgamiento de subsidios focalizados a quienes más utilizan el transporte público.
Lo segundo se puede lograr al establecer una nueva meta de eficiencia energética para autos nuevos de 21 litros por kilómetro hacia 2020, superior a la adoptada por EUA y similar a la de China, aprovechando que este año se deben plantear los nuevos objetivos de la Norma de Eficiencia Vehicular 163. Esto debe venir acompañado de la publicación inmediata de una norma de eficiencia para vehículos de carga (NOM 044), y además asegurar que se mantiene, por tiempo indefinido, la prohibición de entrada a México de autos usados, debido a que incrementarían rápidamente la motorización del país, siendo por lo regular más contaminantes e ineficientes.
Reducir los impactos inflacionarios del gasolinazo, con la implementación de una transferencia a los más afectados
Ésta puede ser establecida mediante un seguro de desempleo, o bien, siguiendo la ruta de países que sustituyeron los subsidios energéticos por transferencias en efectivo universal (como por ejemplo se hizo en Irán). De igual forma, puede ser financiada mediante la suma de todos los ahorros enunciados por la administración pública como respuesta al gasolinazo y con la eliminación de los privilegios fiscales a las grandes compañías, las cuales han recibido miles de millones de pesos en devoluciones por parte de la administración de Peña Nieto. Asimismo, se debe combatir a los monopolios y oligopolios que también son responsables por la apreciación de bienes de consumo básicos.
Reducir la dependencia sobre las importaciones de gasolina, mediante la inversión en nuevas plantas y la reconversión de las refinerías existentes
Esto se puede financiar cambiando el régimen fiscal a PEMEX, para que los impuestos que se le cargan no sean tan altos y tenga posibilidades de reinvertir en la producción nacional.
Recaudar progresivamente, combatiendo el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales que privilegian a unos cuantos
Es cierto que el escenario no es sencillo; sin embargo, no es menos cierto que desde el Gobierno Federal se han emprendido acciones fiscales que han terminado por privilegiar a los más ricos por encima de los más desaventajados. La política tributaria guarda una estrecha relación con el combate a la desigualdad. Al respecto, FUNDAR reveló en su estudio Privilegios fiscales que la discrecionalidad que opera al momento de cobrar impuestos es una constante nociva: tan sólo en 2015, a 15 empresas se les canceló un monto superior a los 15 mil millones de pesos, más del doble de lo que se recaudó por impuesto de dióxido de carbono a los combustibles. Al final del día, esta práctica fomenta el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de quienes de por sí, no pagan sus impuestos correspondientes. Es decir, si de distribuir y compartir los costos se trata, el reparto es por demás injusto. Combatir el secreto fiscal en condonaciones y créditos fiscales sería un primer paso para recaudar y con ello financiar las medidas aquí expuestas, así como otras más.
En el complejo momento que atravesamos, hay quienes realizan propuestas irresponsables, como la idea del PAN de desaparecer la única secretaría enfocada a planeación urbana o realizar más recortes para disminuir la inversión pública y la capacidad del Estado. También, diferentes políticos de todos los partidos han planteado la eliminación de un impuesto que, si al menos en el corto plazo, da sostenibilidad a las finanzas públicas. Finalmente, otras posturas igual de irresponsables desde el PRI, obvian tanto los efectos sociales del gasolinazo, consecuencia de la inflación; como los efectos indirectos de implementar una liberalización de la gasolina en un mercado concentrado, lo cual dañaría aún más los ingresos de las ciudadanas y ciudadanos. Por ello y dado el panorama a futuro, quienes promuevan políticas irresponsables para la población serán nuestros adversarios políticos.
Chile / www.elmostrador.cl / 27 de Diciembre de 2016
Pascal Saint-Amas aseguró que todavía la carga impositiva del 20% es muy baja respecto del promedio de las economías desarrolladas, que es del 34% y si el país busca acercarse a ellas deberá ejecutar las medidas tendientes a subirla paulatinamente.
Pascal Saint-Amans fue asesor del Ministerio de Hacienda francés por casi diez años y en 2012 se incorporó a la OCDE, como encargado de temas tributarios. Chile pertenece al grupo de las economías más desarrolladas del planeta desde 2010 y en ese contexto el experto galo en asuntos impositivos ofreció una conferencia en el país.
Pascal Saint-Amans resumió la situación actual de Chile en esta materia, afirmando que para acortar la distancia en desigualdad es necesario subir los impuestos. «Chile es el país de la OCDE con la carga tributaria más baja, medida en el ratio de ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Y es uno de los miembros que tiene la mayor brecha de desigualdad.Claramente, ahí tienen un problema. Y esta complicación será resuelta -de una manera u otra- incrementando la carga tributaria. Cualquier paso en esa dirección es necesario», dijo en entrevista con Diario Financiero.
En este sentido destacó la reforma tributaria aprobada en este Gobierno. «Chile venía de una tasa de impuesto corporativo muy bajo, de 17% antes de la reforma, a 20%, que es bastante bajo si se compara con el promedio. Así que al combinar un incremento en la tasa de impuesto corporativo, pero aún con un sistema integrado que promueva la distribución de dividendos para que el impuesto personal sea efectivamente pagado, la reforma hace mucho sentido», afirmó, precisando que ahora todo esto «necesita ser probado, así que veremos qué pasa. Buena suerte para ustedes en términos de implementación, pero es algo que hace sentido», enfatizó.
Pascal Saint-Amans explicó que cuando la carga está bajo 20%, claramente hay un problema, ya que no se pueden financiar los bienes principales que están a cargo del Estado. «Ahora, la conexión no es absoluta, ya que cuando te vas al extremo del espectro, como Bélgica, Dinamarca y Francia, probablemente es muy alta la carga impositiva», ejemplificó
El economista precisó que «no digo que se deba incrementar sistemáticamente la carga tributaria, sino que cuando esta es muy baja y se quiere asegurar un cierto nivel de desarrollo, hay que aumentarla. Así que, en definitiva, creo que podemos decir que Chile es uno de los países que todavía necesita incrementar el peso de los impuestos en el PIB, eso de todas maneras», afirmó.
En otro tema, el funcionario cuestionó la posición que ocupan algunas personas, mayoritariamente abogados, como asesores tributarios, en el nuevo orden de transparencia que se busca implantar en los paises miembros, respecto del pago de impuestos.
«Uno de los mensajes de la OCDE, en el contexto del programa BEPS y de las medidas para aumentar la transparencia en el pago de impuestos, es que lo que los asesores tributarios hicieron durante años era legal. Pero ahora, será ilegal o imposible. Así que tienen que adaptarse al nuevo contexto internacional», sentenció.
Saint-Amans explicó, asimismo, que algunas de las cosas que hicieron eran legales, pero estaban al límite. No estén más al límite porque el escenario ha cambiado, y no solo en Chile sino en todo el mundo. Es un cambio de paradigma: la planificación tributaria agresiva era aceptada por todos en el pasado, pero ya no lo es. Así que si están involucrados en un esquema de planificación agresiva… buena suerte», concluyó.
Europa/España/04 de Septiembre de 2016/Fuente: La Razón
El ex ministro de Industria, José Manuel Soria, podría estar cerca de abandonar el retiro forzoso de la vida pública en el que se encuentra desde el pasado mes de abril, cuando se vio obligado a dimitir por su implicación en el escándalo de los llamados «papeles de Panamá». El Gobierno ha decidido proponer al ex diputado canario para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Así lo explicó ayer el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado, en el que señaló que la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir varios puestos que corresponden a España en varias instituciones internacionales de peso. Esta comisión es un organismo dependiente de Economía.
Empresas en Bahamas y Jersey
Soria vuelve a la palestra apenas cinco meses después de estar en el ojo del huracán, tras aparecer como administrador y secretario de varias firmas radicadas en paraísos fiscales como Jersey o Bahamas. Según los documentados destapados por el Consorcio de Periodistas de Investigación, Soria figuró como administrador, durante unos meses de 1992, en una empresa denominada UK Lines Limited y que fue inscrita en Bahamas por el despacho panameño Mossack Fonseca. Más tarde, el hermano del ex ministro fue nombrado administrador de esta compañía. La sociedad se disolvió en marzo de 1995, pocas semanas antes de que empezase la campaña electoral que llevaría a Soria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. El ex ministro negó en varias ocasiones su relación con dicha empresa, así como los vínculos de su familia con la misma y con otras sociedades relacionadas con paraísos fiscales, pese a que su firma aparecía en varios documentos.
Las negativas de Soria durante una semana chocaron con las continuas pruebas que aparecían relacionándolo con sociedades opacas. Finalmente, el pasado 15 de abril, Soria presentó su renuncia expresa a sus responsabilidades, tanto en el Gobierno como en el Partido Popular, además de entregar su acta de diputado.
El canario explicaba entonces su renuncia «a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a las explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995». Soria achacó esos errores a la «falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años». Reconoció además «el daño evidente que la situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual». Soria, que en un primer momento se había ofrecido a dar explicaciones ante el Congreso de los Diputados, finalmente no acudió a la cámara tras su renuncia.
Pese a su conexión con empresas en paraísos fiscales, Soria se postula ahora para un cargo en una institución que preconiza la transparencia. El año pasado, el puesto suponía una remuneración anual de 226.000 euros libres de impuestos. El empleo a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018. España comienza su turno en la silla que comparte con México, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El plazo para presentar candidaturas terminaba ayer y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 gobernadores del Banco Mundial.
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