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Michael McCabe: La educación es la mejor herramienta del Cuerpo de Paz estadounidense

Por: lahora.com.ec

El Director Regional del Cuerpo de Paz, con sede en Washington (EE.UU.) explica lo que hay detrás del reconocido programa de voluntariado.

Formar líderes es un reto para cualquier nación. Y más aún cuando el objetivo mayor es alcanzar la paz. El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos tiene metas claras, relacionadas con ese reto, que provoca un crecimiento personal en los facilitadores y en los beneficiarios.

También está el crecimiento de las comunidades, incluida la estadounidense. El relacionamiento profundo de miles de voluntarios hace que se disperse el conocimiento, el compañerismo, la tolerancia y la solidaridad.

Las buenas experiencias son innumerables dice Michael McCabe, director Regional del Cuerpo de Paz, con sede en Washington. El experimentado desarrollador de capacidades, de capacitación para jóvenes, de tecnología para el desarrollo, de desarrollo de alianzas entre el sector público y el privado, conversó con LA HORA sobre el reto en que se ha convertido la paz.

Llegó al país para festejar los 60 años de la presencia del Cuerpo de Paz en Ecuador y el retorno de los voluntarios para trabajar en nueve provincias, luego del inicio de la pandemia. Ellos estarán dos años en el país. Él habla sobre el esfuerzo implícito de reducir los conflictos a futuro. Un trabajo que toma años. Pero que es muy efectivo para sembrar solidaridad y tolerancia entre las personas y los países.

P: Cuerpo de Paz lleva una palabra muy pequeñita de tres letras, pero que tiene mucho significado: paz ¿Cómo interpreta esta situación o relación en este tiempo?

Vivimos en un momento clave a nivel mundial, en Ecuador, en Estados Unidos. La paz, en realidad, es un reto grande para todos. La filosofía del Cuerpo de Paz siempre ha sido: podemos construir la paz a través de la amistad y tratando de ver cómo formamos enlaces. Lo hacemos con los voluntarios del Cuerpo de Paz, con nuestro equipo en Ecuador, con nuestros socios en los ministerios, en las comunidades. Esto crea un entendimiento. El Cuerpo de Paz tiene tres metas. Uno, trabajar mano a mano en el desarrollo local con las comunidades y los voluntarios. Pero el número dos y tres tratan de formar enlaces de amistad a través del entendimiento entre las culturas. Y para nosotros estos son los que crean raíces fuertes para la paz.

P: ¿De qué forma han colaborado para conseguir estos dos últimos objetivos?

Celebrando los 60 años del Cuerpo de Paz en el país, son 60 años de amistad. Hoy celebramos el regreso de los voluntarios del Cuerpo de Paz que van a nueve provincias. Ellos trabajarán en escuelas de estas nueve provincias, van a convivir con familias de las comunidades y, en este intercambio, buscarán formas para mejorar su entendimiento de la cultura ecuatoriana y los ecuatorianos entenderán un poco más la cultura de los Estados Unidos.

P: ¿Cuál es la motivación que tienen usted y los voluntarios para hacer este trabajo?

La motivación de los voluntarios varía, pero para la gran mayoría ellos parte de reconocer que vivimos en un mundo compuesto de países, pero donde existen seres humanos. Para avanzar en educación y en el desarrollo humano tenemos que encontrar la forma de entendernos el uno al otro, y esto va más allá de nuestra comunidad, de nuestro país, hay que entender otros países. Ellos vienen con este espíritu de aprender, entender, compartir. Por eso la mayoría de ellos han salido de su hogar, de su familia, de su país, por dos años. Lo hacen para vivir junto con las familias de comunidades bastante humildes. Y ahí es donde realmente encontramos la solidaridad.

P: Cuando usted dice: encontramos la solidaridad. ¿A qué se refiere?

La solidaridad de aprender el idioma español o kichwa. Conocer cuáles son los retos que enfrentan las personas de las comunidades, y compartirlos. Pero lo más importante es la acción colectiva para mejorar la calidad de la educación, de salud. Trabajar con grupos juveniles y centros juveniles para formar, juntos, un capital humano.

P: Buscar la paz lleva implícito el evitar conflictos. ¿Trabajar en la educación sirve para evitar conflictos?

Sí. Tenemos programas en muchos temas para responder a la situación de la pandemia, en salud, juventud, en desarrollo económico y comunitario. Pero el programa más grande es la educación. ¿Por qué? Porque ahí hemos visto que hay una oportunidad de la vida, muy temprano, de formar, junto con los otros maestros, las nuevas oportunidades para los jóvenes. Entonces, nuestro rol aquí no es enseñar a los jóvenes, sino trabajar junto con los maestros e innovar en técnicas de mejoramiento de la enseñanza y las capacidades. De esta forma aprendemos juntos y, con solidaridad, mejoramos las capacidades de cada joven.

P: Hay personas que creen que prepararse para la paz es prepararse para un mejor futuro. ¿Hay casos exitosos en el trabajo que ha realizado el Cuerpo de Paz?

Cuando viajo siempre encuentro personas que son directores de escuelas, doctores, pueden ser taxistas, pero siempre recuerdan que tuvieron un voluntario del Cuerpo de Paz en la comunidad y que los ayudó a aprender. Hace poco estuve en un evento con embajadores de países del Pacífico. Cuatro de los ocho se pusieron de pie y comentaron que, cuando eran jóvenes, aprendieron a hablar inglés o matemáticas con los voluntarios del Cuerpo de Paz. En ese momento no sabían que ellos iban a ser líderes de su comunidad o de su país, pero ese intercambio les ofreció un entendimiento de esta relación entre países.

P: ¿Este proceso del que usted detalla ayuda a mejorar la seguridad de los países?

En un mundo donde a veces sentimos la polarización de personas por el temor de las diferencias, formar amistad, entendimiento y trabajar en temas de desarrollo local, entendiendo estas necesidades y prioridades, disminuye este sentido ‘del otro’ y forma este sentido de ‘nosotros’. Y eso puede bajar la tendencia para un conflicto.

P: ¿Puede dar ejemplos?

Sin duda. Mire, hemos trabajado en más de 140 países por 60 años. 240.000 voluntarios que han sido embajadores de su país. Y cuando regresan, pasan a ser embajadores, a ser congresistas, a ser maestros en escuelas en Estados Unidos. Ayudan a formar nuestro entendimiento sobre cómo queremos interactuar con otros países. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo, pero hay muchos otros.

P: El mayor ejemplo es dentro de su propio país.

Es un ejemplo. También encontramos que la formación de este sentido de compromiso, voluntariado, solidaridad, ha tenido un impacto en muchas comunidades donde hemos trabajado y eso es importante. Trabajar junto con los socios, como con las autoridades ecuatorianas, también. Aquí están formando su propio programa de voluntariado. Creemos que todos tenemos la oportunidad de contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. (JC)

Fuente e Imagen: https://www.lahora.com.ec/pais/la-educacion-es-la-mejor-herramienta-del-cuerpo-de-paz-estadounidense/

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Docentes de Ecuador se movilizan para exigir igualdad salarial

Han transcurrido 45 días y la equiparación salarial no ha sido publicada en el Registro Oficial», reclaman los educadores.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador realiza este miércoles una nueva jornada de movilizaciones en todo el país suramericano, mientras en Quito los profesores se reunirán en la Superintendencia de Bancos a las 14H00.

El gremio demanda que el Ejecutivo dé cumplimiento a la equiparación salarial que incluye las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El movimiento exige que el Gobierno publique en el Registro Oficial las reformas referentes a la equiparación salarial de los docentes; así como para rechazar «la criminalización de la lucha social y la política antipopular» del presidente Guillermo Lasso.

Los docentes denuncian que han transcurrido 45 días y la equiparación salarial no ha sido publicada por la presentación de recursos de parte del Ejecutivo.

La UNE asegura que las causas para las movilizaciones son «el no dar cumplimiento al dictamen realizado por la Corte Constitucional sobre la equiparación salarial; la continuidad en la elevación de los precios de los combustibles y el avance en la criminalización de la lucha social por parte del Gobierno”.

Denuncian que cinco de sus dirigentes han sido convocados por la fiscalía, junto con dirigentes del movimiento indígena, luego de los 18 días del paro nacional que vivió el país, lo que pone en evidencia “la verdadera actitud del régimen, que no es otra cosa que profundizar la conflictividad social”.

“La Corte Constitucional debe poner un alto al uso abusivo del derecho por parte de la Presidencia de la República. Esto significa ratificar el dictamen donde se declaró constitucional la equiparación salarial y se desecharon los pedidos del Ejecutivo”, apuntan.

Fuente de la información e imagen: https://telesurtv.net

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Revolución Juliana en Ecuador: derrota de la plutocracia

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil.

Este 9 de julio se recordó en Ecuador a la Revolución Juliana de 1925 y a los gobiernos de su ciclo histórico, que comprendió dos Juntas provisionales hasta marzo de 1926 y, de inmediato, el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Existe ahora una amplia bibliografía sobre el tema. Y en numerosos artículos, así como en varios libros, he abordado el tema a fin de entender tanto las lógicas históricas de aquel proceso, como su significado, alcances y límites (https://bit.ly/3RljQof).

La Revolución fue preparada por la Liga Militar de jóvenes oficiales. Fue el primer golpe de Estado institucional de las fuerzas armadas en la vida del país (realmente del ejército); pero los militares no tomaron directamente el poder ya que prefirieron encargar la administración del Estado a civiles, aunque bajo su tutela y respaldo. Inspirados en principios sociales (las influencias de la Revolución Mexicana y de la Rusa se extendieron y también hubo oficiales incipientemente “socialistas”) la motivación central fue anti oligárquica, pues entre 1912 y 1925, durante la “época plutocrática”, el país, en forma creciente, había caído bajo el dominio económico y político de una clase de hacendados, agroexportadores de cacao, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que manejaron los sucesivos gobiernos a su servicio. No existían impuestos directos, tampoco legislación laboral y los míseros recursos estatales, dependientes de los préstamos bancarios privados y otros ingresos insuficientes, impedían inversiones en bienes y servicios públicos.

El ciclo juliano fue una bisagra entre el siglo XIX-histórico y el siglo XX-histórico. Inauguró el papel del Estado en la economía, a través de varias instituciones: Banco Central (BCE), Contraloría, Superintendencia de Bancos, reordenamiento del Ministerio de Hacienda; por primera vez se fiscalizó a los bancos; se estableció el impuesto sobre las rentas personales, capitales y también utilidades; hubo reformas a las aduanas y los aranceles; se trató de impulsar la industria con medidas proteccionistas; además de la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de las Direcciones de Salud y de la Caja de Pensiones, fueron dictadas las primeras leyes laborales (contrato individual, jornadas máximas y descansos obligatorios, trabajo de mujeres, desahucio, jubilaciones, accidentes del trabajo), consagrados y ampliados por la Constitución de 1929 que, además, estableció los primeros lineamientos de algo parecido a una reforma agraria; fue reformada la educación secundaria y universitaria; pero se quedó corta la inversión pública, en una coyuntura desfavorable por la crisis del cacao, otrora el primer producto en las exportaciones del país. El julianismo ecuatoriano abrió el espacio político de la izquierda, por lo que pudieron fundarse el Partido Socialista (PSE, 1926) y el Comunista (PCE, 1931). Y sentó las bases para el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que solo se logró durante las décadas de 1960 y 1970. También es posible compararlo con movimientos de oficiales jóvenes como el que se produjo en Chile (1924) o con el Tenentismo en Brasil (1922-1927); pero está más identificado con los “populismos” clásicos que las ciencias sociales latinoamericanas han destacado en Brasil con Getulio Vargas, México con Lázaro Cárdenas o con la Argentina de Juan Domingo Perón. Sin duda la Revolución Juliana es el primer intento por crear una economía social, que incluso se anticipó, en buena parte, a las políticas del New Deal implementadas por el gobierno de F. D. Roosevelt (1933-1945) en los EEUU.

Las oligarquías ecuatorianas de la época y particularmente los banqueros, poco identificables como burguesías capitalistas en ascenso, reaccionaron en contra de los julianos. En Guayaquil, durante la primera junta, se dijo que “los serranos” querían llevarse el oro de la Costa y llegaron a organizarse “guardias cívicas” para defender la propiedad privada bajo los gritos de “Guayaquil independiente”. Según Luis N. Dillon, presidente de la primera junta provisional, el país estuvo al borde la guerra civil. Fue resistida la creación del BCE, fustigado el impuesto a las rentas -aunque pronto se aprendió a evadirlo- y continuaron las prácticas explotadoras del trabajo. Como no hubo continuidad del “modelo” juliano ni de sus políticas, entre 1931 y 1948 Ecuador pasó a vivir un ciclo de inestabilidad impresionante, con la sucesión de una veintena de gobiernos, aunque la corta dictadura del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938) retomó los ideales julianos y expidió el Código del Trabajo. Pero también, rápidamente, los grupos dominantes aprendieron a captar las instituciones julianas y a volcarlas a su servicio.

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil. Si se examinan las demandas de los grupos de poder económico y empresarial en el Ecuador del presente, podrá advertirse que el neoliberalismo como eje ideológico de sus planteamientos, disfraza los viejos ideales oligárquicos de la “época plutocrática” pre-juliana y que bien podrían esquematizarse en una serie de consignas: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, a las cuales se suman ahora: si al extractivismo, si a los tratados de libre comercio y si a las tan anheladas “privatizaciones”. Desde 2017 esos ideales fueron revividos bajo el manto de un modelo de economía empresarial-neoliberal -y ahora nuevamente plutocrática- que se supone como avanzada y moderna para el siglo XXI, que el país ya experimentó durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI. Las consecuencias eran previsibles, de modo que en los últimos cinco años se ha reconcentrado la riqueza, incrementó la polarización social, así como la conflictividad derivada del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, e incluso se han visto afectadas la institucionalidad del Estado y la vida democrática.

En el trasfondo descrito, Ecuador experimentó dos movilizaciones indígenas y populares en octubre de 2019 y julio de 2022, que desafiaron la marcha neoliberal del país. Tal como ocurriera durante la primera época plutocrática, desde el Estado se respondió con represión y criminalización de las protestas. Es incierto el camino futuro, actualmente sujeto a un férreo bloque de poder en cuyas filas han aparecido sectores clasistas y racistas. Sus élites económicas no están dispuestas a ceder en el modelo de economía que tanto les beneficia. En todo caso, tan solo dentro de tres años, Ecuador y sus fuerzas armadas seguramente celebrarán el centenario de una revolución que no solo dio continuidad a la Revolución Liberal Radical (1895), sino que se inspiró en ideales sociales y progresistas, que distinguieron un ciclo significativo para la historia contemporánea del país.

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«Guerra justa» contra los indios

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 hasta el 30 de junio de 2022, las expresiones de la vieja colonialidad, expresiones de la vieja colonialidad, que se creían superadas, han vuelto a hacerse presentes.Se trata de un fenómeno también presente en otros países latinoamericanos.

La conquista española en América encontró sociedades aborígenes en distintos grados de desarrollo. Los aztecas en Centroamérica y los incas en Sudamérica fueron las mayores civilizaciones. Abundan los estudios etnohistóricos sobre las comunidades nativas en ambas regiones, fundamentadas en vida y recursos comunes, bajo relaciones de reciprocidad. Los conquistadores, en cambio, buscaron constituir señoríos de tipo feudal, apropiándose de tierras y subordinando a las comunidades. Chocaron dos visiones culturales, pero finalmente triunfaron los “blancos”, tras librar una guerra brutal, destructiva y sin contemplaciones.

Durante la época colonial, la sociedad fue dividida en castas y los últimos estratos de la pirámide pertenecieron a los indios y a los negros esclavos. La vida comunitaria indígena logró mantenerse incluso porque sirvió para la sobrevivencia de todos sus miembros ante la continuidad y extensión de la toma de tierras, la apropiación de minas y el redoblamiento de distintos mecanismos de explotación del trabajo. Así quedaron marcados los cimientos de la diferenciación entre blancos dominantes, con una cúspide de familias terratenientes ricas, frente a la enorme masa de pobladores pobres, entre quienes los indígenas vivían en condiciones miserables.

Muy tempranamente se discutió sobre la naturaleza de los aborígenes y se concluyó que sí eran humanos. El problema, entonces, fue si la guerra y el sometimiento eran “justos”. La respuesta fue el Requerimiento (1512), documento que “legalizaba” la conquista si los aborígenes se resistían al cristianismo. Sin embargo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas (1484*-1566), quien había pasado largo tiempo en tierras americanas, logró denunciar ante el rey las atrocidades de la conquista y la terrible condición de las poblaciones sometidas. Gracias a ello, en España se expidieron las Leyes Nuevas (1542), que regularon el trabajo indígena a fin de evitar abusos y, sobre todo, suprimieron la encomienda de servicios (asentada sobre las ancestrales relaciones de reciprocidad comunitaria de los indígenas), que permitía el aprovechamiento del trabajo en beneficio del encomendero, a cambio de su protección y evangelización. Esas Leyes ocasionaron el “general incendio” en América. El conquistador Gonzalo Pizarro levantó a los encomenderos (1544), desconoció al virrey Blasco Núñez Vela y con su ejército lo derrotó en Quito, en la famosa batalla de Iñaquito (1546). Por primera vez, los partidarios del “Gran Gonzalo”, su “caudillo libertador”, plantearon independizarse para formar un reino aparte. Sin embargo, llegó “el pacificador” Pedro de la Gasca, quien finalmente liquidó la “rebelión de los encomenderos”, derrotando a Pizarro en Jaquijahuana (1548).

La polémica sobre la conquista adquirió magnitud filosófica y teológica. Otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) había opinado sobre la “guerra justa” para defender la conquista y sus ideas se difundieron. Escribió una obra titulada Democrates alter, sirve De justis beli causis contra indios, cuya publicación no fue autorizada en su época, de modo que se la conoció tan tarde como en 1892. De modo que en 1550 se convocó a la Junta o Controversia de Valladolid (se extendió hasta 1551) que, con la presencia de miembros del Consejo de Indias, del de Castilla, varios teólogos y un delegado papal, se realizó en el Colegio de San Gregorio. Su propósito fue el debate de las tesis de Las Casas y de Sepúlveda. Las Casas destacó la vida indígena, denunció ampliamente las barbaridades cometidas durante la conquista, la ruina en que habían quedado las poblaciones, los abusos, excesos y formas de explotación sobre el trabajo, la humillación y la miseria que agobiaba a estos seres humanos y la necesidad de protegerlos (su Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue publicada después, en 1552). Sepúlveda, quien jamás estuvo en América, defendió la “guerra justa” sobre poblaciones idólatras, a las que era necesario imponer el evangelio; consideró que los sacrificios rituales y el canibalismo tenían que ser erradicados; que el sometimiento era benéfico para transformar las almas y desechar costumbres bárbaras, que no provenían de la perversidad sino de la falta de conocimiento sobre la verdadera religión; y que los indios debían ser tratados como menores de edad, a los cuales había que conducir y vigilar. Desde luego, es imposible resumir aquí la riqueza y magnitud de ese debate. Por primera vez un imperio colonial encaraba su propia expansión. Las Casas se constituyó en el primer defensor público de los indígenas, Sepúlveda en el gran defensor de la conquista y el coloniaje. Pero nunca se expidió un fallo o dictamen final, de carácter oficial.

Casi cinco siglos más tarde de aquellos acontecimientos, ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 de junio hasta el día 30 del mismo mes (2022), las expresiones de la vieja colonialidad (término empleado por un amplio sector de investigadores sociales), que se creían superadas por la vida republicana y el progreso contemporáneo de la democracia, han vuelto a hacerse presentes. Se trata de un fenómeno igualmente vivido en otros países latinoamericanos donde existen comunidades indígenas y particularmente en México, Guatemala, Bolivia y Perú. El clasismo y el racismo fueron manifiestos pocos años atrás, durante la crisis política (2019) que vivió Bolivia. Se produjeron escenas traumáticas, porque los “indios de mierda” (con esas palabras se les trató) fueron humillados, perseguidos y reprimidos con barbaridad conquistadora. Durante el paro nacional reciente en Ecuador (pero también mucho antes, en el de octubre de 2019 y aún más atrás, desde la primera marcha indígena de 1990) indígenas y pobladores movilizados recibieron furibundos ataques. Lo más grave es que también provienen de las esferas oficiales del Estado. Enfilaron contra los “vagos”, “violentos”, “terroristas”, “salvajes”, “manipulados”, “golpistas”, “mariateguistas”; se llegó a decir que el “narcotráfico” los financiaba, que los “correístas” les patrocinaban y que habían llegado a Quito para destruir, saquear e incendiar. En la ciudad hubo manifestaciones “por la paz” en las que se gritó contra “los indios hdp” y sus dirigentes. La “guerra justa” de la represión, quedó en manos del “uso progresivo de la fuerza”, que se lanzó en varios barrios populares y en forma desalmada contra indígenas y pobladores que demandan justicia económica y mejor vida (circularon numerosos videos en redes sociales), mientras sectores “blancos” clamaban porque les “metan bala”. Todos demostraron carecer de comprensión y conocimientos sobre el mundo indígena y su historia.

La conflictividad y la polarización social que ha ocasionado la cultura del privilegio en favor del bloque de poder hegemónico en Ecuador, y que ha sido cultivada por el fanático interés de quienes desde hace cinco años revivieron un modelo de economía empresarial-neoliberal y ahora plutocrática, que solo ha demostrado consecuencias nefastas en América Latina, no tiene perspectivas de solución en el largo plazo. Si bien se logró un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE, el tema profundo del clasismo y del racismo entre elites ecuatorianas quedó intacto y se ha transformado en obstáculo para la edificación de una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia y Buen Vivir.

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En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalización a los luchadores

Por: Edgar Isch L.

Una acción delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresión popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constitución. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboración de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atrás, se puede recordar la injustificada y violenta represión a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represión a acciones pacíficas de la Unión Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconocía el derecho a la homologación salarial; el arresto, sin que se mire legalidad y razón, de jóvenes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintas momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobación, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protección a los policías, introduce normas que puede posibilitar que la Policía y las FFAA atenten contra los DDHH de la población civil en los contextos del legítimo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acción de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) planteó una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentación en diversos momentos. Hacen relación a la situación económica y social de las mayorías ecuatorianas, la oposición a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convocó a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del país.

El planteo logró rápido y creciente respaldo de los indígenas evangélicos (FEINE), las organizaciones campesinas indígenas y negras (FENOCIN), el Frente Popular, la UNE, el Seguro Social Campesino (FEUNASC), luchadores contra el extractivismo minero, pequeños productores agrícolas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras. Muchas de ellas añaden demandas propias que vienen de atrás y que, igualmente han sido negadas por el gobierno Allí están las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el FMI.

En el primer día, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo día crecieron en fuerza y número porque se añadió la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisión del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represión

En diciembre de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso tildó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de “anarquista” que buscaba acabar con la democracia y amenazó con enfrentarlo “con todo el poder del Estado” hasta que termine “con sus huesos en la cárcel”. También, en entrevista en el Palacio presidencial señalaría que “Él odia la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador…”.

En síntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco después de la una de la mañana del día 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un vehículo por una de las carreteras más usadas del país. A lo largo del día, los voceros del gobierno habían tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participación real y, por otro, hablando de cometimiento de delitos de todo tipo.

Así, la persecución permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detención. Según denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: “La detención es ilegal, arbitraria e ilegítima. Cuatro horas después de su detención su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a legítima defensa y tutela judicial. El dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, según quedó registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detención ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detención en indefensión constituye un trato cruel y degradante… Según se observa en videos grabados por la ciudadanía y difundidos en redes sociales, la detención se llevó a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes detuvieron el vehículo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detención, extrajeron al dirigente indígena. Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta… que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tránsito y Agencia Metropolitana de Tránsito”.

La propia Fiscalía General del Estado, a las 9h20 del día señalaba que conoció del arresto por las redes sociales y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente, el que llegaría más de una hora más tarde. Estas condiciones solo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso más agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de quién ejercía como Comandante de la Policía durante el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019. En marzo del año pasado la Defensoría del Pueblo denunció al gobierno de Moreno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos días, seis fallecidos por acción de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represión.

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuación de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha de presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompaña diciendo que las protestas distraen su actuación contra el narco tráfico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto último no lo plantean las organizaciones sociales y el propio Iza a los medios indicó que si había una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspendían las acciones.

Lucha creciente y más descredito gubernamental

Los días venideros anuncian mayor acción de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población, la misma que tiene a Lasso en unos de los niveles más bajos de aceptación que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su carácter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los medios de comunicación de tipo comercial. En Cotopaxi un policía fue agredido y se usa altos niveles de represión; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detención de manifestantes, según denuncia INREDH fueron también agredidas la noche del día 14.

En estas condiciones, rápidamente pueden cambiar las condiciones políticas y económicas del país. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no está en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los indígenas y de más sectores populares luchan por sus derechos.

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Ecuador: Represión contra el paro indígena

Por Eloy Osvaldo Proaño

En represalia por la movilización convocada por la más importante organización indígena de Ecuador y otras agrupaciones sociales, el gobierno reprime.

La primera jornada de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se saldó este lunes con algunos cortes de ruta, sin graves incidentes y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales, pero la detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en la madrugada del martes, cambió el escenario.

La Conaie, que inició el lunes 13 un paro nacional de carácter indefinido con una lista de 10 exigencias al gobierno, y que incluyó 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias, llamó a radicalizar la protesta tras detención de Iza.

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyen incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo y la suspensión de bombeo de una estación de extracción de petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.

El presidente Guillermo Lasso anunció que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos fueron detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes y ordenó la detención de Iza por parte de grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. El dirigente fue detenido a la una de la madrugada del martes 14 de junio, en el sector de Pastocalle, en donde había participado del corte de la E-35, la carretera Panamericana, en el sector conocido como El Chasqui.

“El día de ayer se produjeron actos vandálicos, que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso en su intervención grabada. “Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos”, añadió.

Los reclamos

Entre los principales reclamos de la Conaie está la suba del costo de vida, especialmente de los precios de los combustibles, el aumento del costo de la vida, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas como arroz, banana y leche y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. Con la represión el gobierno del banquero neoliberal Guillermo Lasso busca evitar que se repita la ola de masivas manifestaciones de octubre de 2019.

A su vez, la Conaie exige moratorias de deudas, que frene «la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera» y una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales». Junto a ello, demandan que se respeten derechos colectivos como los deeducación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta libre, previa e informada, y que no se privaticen sectores estratégicos.

Los manifestantes mantenían caminos bloqueados con neumáticos en llamas y barricadas levantadas con tierra, piedras y árboles en al menos siete de las 24 provincias ecuatorianas, incluida la andina Pichincha cuya capital es Quito, de acuerdo con el servicio estatal de seguridad. «Es nuestra manifestación contundente hasta que el gobierno escuche. Hemos visto que las políticas de Guillermo Lasso una vez más nos han afectado», declaró Manuel Cocha, dirigente campesino de Poaló.

En El Chasqui, en la provincia de Cotopaxi y antes de su detención, Iza rcchazó la apertura al diálogo ofrecida por el gobierno y criticó las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien el sábado había anticipado «una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, saqueos, secuestros de policías y militares».

El líder indígena reiteró el carácter pacífico de la movilización: «Aquí nadie ha salido a hacer vandalismo, aquí se ha salido a luchar sobre la violencia y el vandalismo económico que ustedes han impuesto», aseguró Iza, quien recordó que este paro indefinido fue convocado tras cumplirse el primer año de Lasso al mando de Ecuador y sin que dieran frutos los distintos momentos en los que el gobierno y la Conaie se han sentado en una mesa a conversar.

 Persecución y amnistía

La Asamblea Nacional concedió el 10 de marzo del 2022 una amnistía a 268 personas, en la que se incluía a dirigentes y miembros de la Conaie, que participaron en los hechos de octubre del 2019. De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre del 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.

Iza estaba dentro del grupo de los investigados por la protesta de octubre del 2019, cuando por 14 días la Conaie tomó Quito para exigir que se baje el precio de los combustibles. En esa época, Iza era el Presidente de la Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.

Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2022/06/14/represion-contra-el-paro-indigena-y-detencion-de-iza-en-ecuador/

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