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Las Autonomías Institucionales y la Educación

México / 2 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad

El debate sobre las autonomías institucionales (Banco de México, IFAI, INEE, Fiscalía Federal, INE, etc.) da cuenta de una de las necesidades y exigencias de la sociedad actual, en términos de ampliar los cauces democráticos y de dotar a las instituciones del Estado mexicano de mayor estabilidad o proyección transexenal, y consistencia en la producción y el manejo de la información y los conocimientos, entre otros factores.

Esto lo comento a propósito del interesante artículo “En defensa de la Autonomía”, publicado la semana pasada por el doctor Pedro Flores-Crespo, y dado a conocer en el sitio Educación Futura (19 de septiembre, 2018).

Hay cuatro tesis del doctor Flores-Crespo en su texto sobre la Autonomía que me llaman la atención y sobre las cuales pongo a consideración algunos comentarios, especialmente porque no solo se aplican a nivel institucional, sino también en los planos de la escuela, pequeños grupos y en lo individual.

El contexto: Flores-Crespo recuerda un comentario que él mismo publicara en 2017, sobre la autonomía de los grupos, las personas y las instituciones, mismo que retomó recientemente “a la luz del escarceo de un legislador (Martí Batres) del partido Morena por desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), lo cual generó un interesante debate en las “benditas” redes sociales. El cyber espacio vio desde los detractores que culparon a ese órgano constitucionalmente autónomo de la “violencia” generada contra los maestros hasta los defensores del instituto. Estos últimos reiteramos la importancia del instituto en función del cúmulo de información que ha generado desde 2002 y que no solamente se circunscribe a los resultados de la evaluación docente.”

Primera tesis: “El hecho de verificar y cuestionar la “verdad oficial” por medio de los datos y del conocimiento que generan los órganos autónomos es un baluarte de la democracia.”

Segunda tesis: “Un sujeto autónomo es ante todo un sujeto responsable”.

Tercera tesis de Flores-Crespo: “Reconocer la capacidad de desarrollo individual, escolar e institucional contribuiría a delinear una agenda educativa mucho más imaginativa que la que ha planteado el presidente electo (dar becas, multiplicar espacios de estudio formales o tener una visión bastante cándida del magisterio)”

Y agrega lo siguiente el profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro: “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí podría hacer historia si construye las bases y las condiciones para que, por ejemplo, los maestros de Educación Básica puedan trazar sus propias rutas de desarrollo profesional, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) los respalde para la consecución de ese fin. Además, al reconocer al docente como un sujeto responsable – y no sólo un recipiente de programas de buena voluntad -, puede proponer estrategias para quitarle a los maestros la tutela que les impone la burocracia sindical, la SEP, las secretarias (de educación) de los estados y la sobre ideologización de algunos colectivos.”

“Dejar de controlar desde el centro sería una bocanada de aire para nuestras universidades públicas que cada vez ponen más en entredicho su “autonomía” e independencia. Quizás la supresión de la autonomía universitaria por medio del control gubernamental ha impedido, en gran medida, el florecimiento intelectual y científico…” A este fragmento le agregaría lo siguiente: Y también sería una bocanada de oxígeno para nuestros subsistemas de Educación Básica y Media Superior.

Cuarta y última tesis: “Para finalizar diría que la noción de autonomía que suscribo aquí no significa autosuficiencia (“yo las puedo de todas, todas”). No estoy sugiriendo que las personas giramos ciegamente en torno a nosotros ni que el gobierno no es importante para el desarrollo de la autonomía individual, sino que hay una capacidad clave que el gobierno electo parece no advertir y de ahí su poca imaginación en la agenda educativa que propone.”

“Esperemos entonces que sepan escuchar, discutir y consideren a las personas y a las organizaciones escolares y universitarias desde otra perspectiva que los gobiernos neoconservadores no quisieron reconocer. Sí hay una buena oportunidad de “hacer historia” si se defiende y no se atenta contra la autonomía individual, escolar e institucional. Esto sí sería una verdadera transformación.”

Hasta aquí dejo las ideas centrales de la exposición de Flores-Crespo.

Lo que pienso al respecto, es que justamente uno de los problemas que enfrenta el régimen republicano, esto es, las instituciones del Estado moderno, que cuenta con una división de poderes y un esquema sui generis de órganos autónomos, como sistema democrático y representativo, al menos en las condiciones y con los actores políticos que participan en México, es el de la “partidización” en la composición de los órganos legislativos y, por lo tanto, en la elección o selección de consejeros de las juntas de gobierno de las instituciones de referencia. No hay que olvidar que es el poder legislativo, -federal y estatal en la mayoría de los casos-, el que toma las decisiones durante los procesos de nombramientos de miembros de dichas dirigencias. Entonces ¿el problema de la “autonomía institucional” está o no resuelto? ¿La autonomía o las autonomías institucionales están o no delimitadas, acotadas, minimizadas por los partidos políticos?

Tal como lo señalé en el espacio de comentarios al pie del texto de Flores-Crespo en Educación Futura: Considero que, si bien hay que reconocer que la tradición liberal, contraria a la tendencia conservadora en México, ha sido reivindicada por AMLO, otro problema latente está, sin embargo, en las tentaciones del morenismo de la Cuarta Transformación (4T) por reciclar el esquema político del «nacionalismo revolucionario» y, junto con ello, las prácticas antidemocráticas como el corporativismo, los procedimientos clientelares y el «Estado a toda costa benefactor», paternalista, además de burocrático, lo cual iría en contra de las autonomías (responsables) a distintos niveles: individual, grupal, escolar e institucionales.

Coincido con la idea de que al exceso de rigidez en el ejercicio de gobierno, le sucede la carencia de imaginación y creatividad. No creo que el Estado y su poder público centralizado, como “Ogro filantrópico” en la discutible analogía empleada por Octavio Paz, sea la solución a los grandes problemas nacionales, y menos aún al problema de la educación pública. Precisamente lo que se requiere, por el contrario, es menor presencia del Estado en la cosa pública, menores cargas burocráticas (procedimentales), y una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones y en los procesos educativos (en términos de aprendizajes) con sentido de autonomía y de responsabilidad. En eso coincido, sin embargo, aparece otro conflicto: ¿Cómo lograrlo?

Tampoco estaría a favor de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), por decreto y sin análisis, pero sí estaría de acuerdo con ejercer una valoración más crítica y autocrítica sobre su desempeño, como institución pública, desde 2002; y como órgano autónomo del Estado, desde 2013. Habrá que revisar, entre otras cosas, su estructura orgánica, la distribución y pertinencia de sus mandos directivos, medios y operativos, centrales y periféricos; así como sus atribuciones legales claves y el modelo de financiamiento con el que trabaja. Pero quizá lo más importante del INEE sea rescatar y fortalecer su función principal como institución encargada de jugar el rol de “evaluadora”, no solo de las acciones del gobierno, (para no ser comparsa de la SEP o “porrista” en materia de diseño y aplicación de las políticas públicas), sino de la marcha del sistema educativo nacional.

Cierro este breve comentario con un fragmento –porque lo suscribo-, del texto del propio doctor Flores-Crespo: “Si AMLO en verdad está preocupado por elevar la calidad de la educación y su justa distribución, podría sugerir que sean los niños, maestros y directivos quienes en sus propias escuelas discutan sus problemas y deliberen abiertamente estrategias para enfrentarlos dentro de un marco de aprendizajes común. Ante este ejercicio reflexivo, la SEP tendría que responder respetando su libertad y dotándoles de recursos y apoyo. Uno de estos apoyos sería precisamente la confianza que constituye un primer paso para formar personas y comunidades autónomas y responsables.”

Fuente del Artículo.

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/09/24/las-autonomias-institucionales-y-la-educacion

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Sudamérica: Gobiernos neoliberales coinciden en el recorte del presupuesto a educación sugerido por el FMI

Suramérica / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Sofia Quisbert / Fuente: Abyayala TV

A diferencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hace inversiones en proyectos de reforma educativa, sino que se enfoca en Programas de Ajuste Estructural (PAE) o sectorial (PAS). Sin embargo, según diversos analistas, estas políticas de ajuste tienen más impacto en la educación que los mismos proyectos, influyendo en la “oferta” y la “demanda” de los servicios.

En varios países de América Latina con el modelo neoliberal del FMI, la orientación fue la misma: privatización y descentralización, y posteriormente, eliminación del presupuesto y de las transferencia, participaciones federales, así como la subejecución de recursos, eliminación de políticas públicas y sociales relacionadas con bonos o incentivos productivos.

Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Argentina siguieron al pie de la letra la receta del FMI respecto al recorte del presupuesto en la educación e incentivó su privatización.

Ecuador

Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), marcharon el lunes por las principales calles de Quito, en Ecuador, en protesta por la reducción de recursos financieros para el período fiscal 2019 que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional para su aprobación, se evidencia un recorte de 145 millones de dólares.

Foto cortesía de RT

“Nuestra mejor arma es la educación pública y gratuita”, “contra la educación mercantil, está la organización estudiantil“, “la universidad no se vende, se defiende”, se leía entre los carteles que portaban los jóvenes.

Si no hay educación para el pueblo, no hay paz para el Gobierno“; “la lucha no tiene rostro, esto va por todos”; “educación pública resiste”; “la Universidad no se vende, se defiende”; “señor, señora, salgan a luchar para que sus hijos puedan estudiar”, gritaban una y otra vez los estudiantes durante la movilización.

Los manifestantes intentaron llegar a la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, sede del gobierno central, para entregar su denuncia al mandatario, pero un contingente de policías les impidió el paso. “Queremos pasar, solo a saludar”, se oía entre los cánticos.

Colombia

Este lunes, en paralelo a las negociaciones los estudiantes de diferentes lugares del país llegaron a Bogotá para protestar. Estuvieron hasta 14 días caminando para llegar a la capital colombiana y hacer visible sus demandas de incremento del presupuesto de las universidades públicas a 1,5 billones de pesos por año (unos $us 489.067.593), lo que representa por lo menos el 3,2 por ciento del presupuesto nacional anual.

 

 

El presidente de Colombia, Iván Duque, condicionó su participación en el diálogo con los estudiantes que están en paro desde el pasado 10 de octubre y que encontraron maneras creativas para dar a conocer sus demandas haciendo uso de, incluso, las Redes Sociales

Chile

El “invierno chileno” de 2011 fue la mayor movilización social que ha vivido este país desde el fin de la dictadura en 1990. Foto opendemocracy.net

El Gobierno de Sebastián Piñera, desde un inicio arremetió contra la educación y recortó el presupuesto en perjuicio de la población en los aspectos claves que fomentan el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Piñera recortó 32.000 millones de pesos en educación dejando a 14.000 estudiantes sin la Beca Bicentenario. Este recorte se suma a los 18.000 millones de pesos menos destinados a la educación superior que denunciaron las universidades agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado (Couech) y también las que pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch). Sumados ambos recortes, se trata de 50.000 millones de pesos menos destinados a Educación.

Brasil

© Foto : Cortesía de Silvia Letícia

El Producto Interno Bruto (PIB) del Brasilen la gestión de 2017 fue de $us 2,056 billones y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, Brasil gasta en educación pública cerca del 6% del PIB, un valor superior al promedio del 5,5% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Argentina (5,3%), Chile (4,8%) y Estados Unidos (5,4%).

El estudio cuestiona la eficiencia de las medidas de Bolsonaro en la Educación ya que en su programa de gobierno, Bolsonaro resalta que los gastos con educación en Brasil son comparables a los de países desarrollados, pero los resultados están entre los peores del mundo. Y propone una “reversión de la pirámide” de gastos para priorizar la educación básica.

Argentina

El gobierno de Mauricio Macri profundizó el desfinanciamiento de la educación pública desde que asumió el Gobierno. Tras el nuevo acuerdo con el FMI se trascenderá una mayor reducción del gasto público con un gran impacto que incidirá en la transformación global del trabajo docente, becas a estudiantes, entre otros.

Fuente de la Noticia:

Sudamérica: Gobiernos neoliberales coinciden en el recorte del presupuesto a educación sugerido por el FMI

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Los Escenarios de la Reforma Educativa 2018-2024

México / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Habrá con seguridad otros tantos componentes orientados hacia la transformación del sistema educativo, más finos y más específicos, entre los que destacan los siguientes aspectos:

La semana pasada comenté en este espacio los contenidos de un libro interesante, de reciente publicación, acerca de la “Reforma Educativa, a revisión…” (1). En un ensayo introductorio de ese texto, los autores afirman que las Reformas Educativasinducidas en México (no usan el término “impuestas”) por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fueron las que se caracterizaron por su orientación hacia el “cambio” (según un análisis comparativo y documentado), mientras que las “reformas” comprendidas entre los años 1994 y 2012, es decir, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, y Felipe Calderón, no hubo dichos “cambios”, sino, en todo caso, solo alcanzaron “estabilidad” sin demasiados cambios o cambios que impactaron levemente a la estructura y funcionamiento del sistema educativo nacional. (2)

A reserva de polemizar o no en relación con esa interpretación referida acerca de las “Reformas Educativas” del pasado, me pregunto ¿cuál será la profundidad del cambioque le dará el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador a la Educación Pública durante el período 2018-2024? ¿Cuáles serán los contenidos de la ola democrática mexicana (resultado de esa revuelta cívica iniciada en julio pasado), hacia el ámbito educativo, que es relevante en la ruta de transformación de la vida nacional?

Aquí lo que valdrá la pena verificar es si hay, en la agenda del nuevo gobierno de AMLO, un planteamiento integrador o no, acerca del problema educativo a resolver, en términos de “transformar de raíz” el sistema. A propósito de ello, surgen algunas cuestiones: ¿La idea del nuevo Plan o Acuerdo Educativo de la Cuarta Transformación (4T) incluye cambios al marco constitucional? ¿O solo se quedará en el ajuste leve, es decir, en simples enmiendas (o “parches” dicen algunos) a las leyes secundarias o específicas del sector?

El régimen político de la 4T tiene la opción de promover cambios o activarlos en varios niveles, siempre y cuando cuente con una base social que lo sustente y legitime. ¿Es suficiente o no el voto ciudadano expresado en las urnas en julio pasado?

Antes de emprender cambios al marco legal, considero que existen las condiciones propicias para promover, antes, un debate amplio y diverso entre distintos sectores de la sociedad mexicana, acerca de lo que en México entendemos o “debemos” entender por “calidad de la educación”; así mismo, será necesario y pertinente, a esta hora en que la viabilidad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se discute públicamente: ¿Qué entendemos por “evaluación de la educación” o por “equidad e inclusión educativas”, en términos de principios generales o como esquemas de orientación, que deben ser plasmados en el texto Constitucional?

Cabe resaltar que las modificaciones a los preceptos constitucionales, hoy, habrán de ser el resultado de una amplia consulta pública sobre dichos principios generales, en especial de aquellos que fueron modificados en 2013, y que sin duda habrán de orientar los derechos de los ciudadanos, así como precisar las obligaciones de las instituciones del Estado mexicano en materia de educación pública.

Otro escenario de decisiones importantes y que se avecinan en este proceso de transición 2018-2019, es el que se refiere a la equidad educativa, la inclusión y los diferentes componentes de actuación de las diferentes figuras educativas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos) en el ámbito de las prácticas cotidianas en las escuelas. ¿Cómo habrá de evaluarse el trabajo docente, de asesoría y directivo? ¿Qué dispositivos de capacitación y actualización estarán presentes en el momento en que se detecten necesidades de acompañamiento hacia estas importantes figuras educativas?

Habrá con seguridad otros tantos componentes orientados hacia la transformación del sistema educativo, más finos y más específicos, entre los que destacan los siguientes aspectos: Los salarios base, las prestaciones y los incentivos económicos que forman parte del paquete de reconocimientos al desempeño de docentes, directivos y asesores técnicos, (aspecto que reemplazó al Programa de Carrera Magisterial, establecido en 1992 y que operó hasta el año 2013-2014).

También quedarán pendientes temas como la definición o redefinición de los contenidos de los planes y programas de la Educación Básica y Media Superior (¿O ya está agotada esa discusión?). ¿Qué sucederá con los métodos de enseñanza y con los enfoques relativos a los campos de formación que se encuentran definidos en dichos planes y programas, a partir del enfoque general denominado “desarrollo de competencias”? ¿Qué sucederá precisamente con ese marco conceptual (del diseño curricular) que ha sido adoptado y usado durante los últimos años en México (el enfoque “competencial”), para diseñar el marco curricular común en EMS, así como de los planes y programas de estudio de la Educación Básica?

En fin, los escenarios de las políticas públicas para la Educación en México, que prevalecerán durante los próximos seis años, se tendrán que definir en los próximos meses, por ley, y deberán reflejarse en el Plan Nacional o Sectorial de Educación 2019-2024.

Queda a los distintos actores sociales involucrados en los asuntos de la Educación, estar atentos a las iniciativas que provengan del gobierno federal entrante, así como de la coordinación que éste tenga con los grupos parlamentarios, que ya están en posición de emprender cambios al marco legal, todo ello a efecto de empujar las políticas públicas educativas de la 4T, sin embargo, quedan todavía algunas dudas: ¿Cuáles son las prioridades educativas del régimen político que viene? ¿Están claramente identificadas las necesidades nacionales y regionales de México en materia educativa? ¿Con qué recursos públicos se cuenta para emprender dichas iniciativas de “cambio”?

Los escenarios próximos en materia educativa, sin embargo, están por construirse sobre la base de un nuevo código de entendimiento entre sociedad y gobierno; un tipo diferente de conversación en el cual lo que estará sobre la mesa no será el monólogo ni el “aplastamiento político del otro” –espero-, sino la posibilidad de abrir el diálogo hacia las distintas formas de contribuir al ejercicio pleno del derecho a la educación para todos los mexicanos.

 

 

(1) El libro es de Arcelia Martínez Bordón  y Alejandro Navarro Arredondo (coordinadores). “La Reforma Educativa a revisión: apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa 2018-2024”Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Agosto, 2018. (Comentado en SDP Noticias, del 14 de nov., 2018)

 

(2) “…Se identificó que la política educativa mexicana respondió a un largo periodo de estabilidad que inició con las modificaciones inducidas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, las cuales prevalecieron hasta la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, en 2012. Dicha estabilidad se mantuvo durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues hubo una continuidad en la política educativa o se presentaron cambios, pero muy marginales.” (Ver ensayo: “Para entender mejor la Reforma Educativa: estabilidad y cambio en el sistema educativo  mexicano”, de Erika Gómez Zamarripa y Alejandro Navarro Arredondo; en: Martínez y Navarro, obra citada, 2018, p. 40)

 

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/20/los-escenarios-de-la-reforma-educativa-2018-2024
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Chile: Formando profesores con sellos innovadores

Chile / 4 de noviembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Universidad Autónoma de Chile

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile lleva a cabo un proceso de reforzamiento de los elementos que distinguen a los pedagogos que se forman bajo el alero de esta unidad educativa que ofrece 7 carreras en la sede Talca, que incluye a   Pedagogía en Educación Parvularia, en Educación Básica, en Inglés, en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en Lengua Castellana y Comunicación, en Educación Física, y partir de 2019 se incorpora la carrera de Licenciatura en Artes Visuales, con la posibilidad de obtención de la pedagogía, que se suma para el proceso de admisión 2019.

La Decana de la Facultad, Dra. Cecilia Assael, planteó que el principal sello diferenciador de la unidad académica es la formación de un pedagogo que tenga competencias para trabajar en ambientes de alta complejidad. “Son profesores que tienen muy presente la importancia de trabajar en ambientes inclusivos y diversos, con herramientas para manejar la tensión que se produce entre la igualdad y la diferencia en la sala de clases. Son profesores que le dan mucha relevancia a la igualdad de oportunidades, pero que dentro de ese sello no pierden de vista la importancia del respeto y del enriquecimiento que conlleva la diversidad”, sostuvo Assael.

En ese contexto, la Vicedecana de la facultad en Talca, Dra. Marta Ríos, agregó que este sello permite que los futuros docentes conozcan y se inserten en distintos contextos educativos, ya sea por el ámbito geográfico -urbano o rural- o por dependencia -municipal, particular subvencionado o particular-. “Muchos de ellos vuelven a sus comunas de origen porque ahí es donde hay falencias de docentes, por lo tanto, la inserción laboral de los egresados de la facultad es bastante buena”, indicó Ríos.

A eso se suma un proceso de prácticas progresivas que realizan los estudiantes de pedagogía desde el primer año. Se trata de dos instancias de aproximación, cuatro de inserción y dos prácticas profesionales. “Los alumnos tienen ocho prácticas en pedagogía en las cuales tienen la oportunidad de insertarse en el contexto escolar para poder fortalecer, en primer lugar, la vocación profesional, y luego transitar por distintos contextos para que vean modos diferentes en que los profesores trabajan en distintas realidades”, precisó Ríos.

En ese sentido, la Decana de la Facultad de Educación adelantó que se trabaja un proyecto de fortalecimiento de la línea práctica en la unidad, entendiendo que los futuros profesores se forman desde el primer momento en la acción y en la reflexión. “La formación de un pedagogo no se hace solo desde la teoría, sino que se levanta y se genera desde el conocimiento de los contextos de los seres humanos que van a ser nuestro objetivo cuando seamos profesores, por lo tanto, las prácticas tempranas son absolutamente necesarias”, subrayó Assael.

Un tercer punto que se destacó fue el hecho de que casi la totalidad de los directores de las carreras de la Facultad de Educación tienen grado de doctor. “Me parece que esto es un elemento bien potente porque habla de agentes educativos que han tenido durante su trayectoria académica la inquietud no solamente recibir conocimiento, sino que han decidido estar en el lado de la producción de éste”, dijo Assael.

Al respecto, Ríos precisó que esa mirada permite potenciar tanto el área académica como la investigación, hecho que queda de manifiesto con la implementación de grupos científicos por áreas de interés en las carreras.

Finalmente, ambas autoridades destacaron los procedimientos de mejora continua de la unidad que permiten no solo enfrentar adecuadamente los procesos de acreditación sino también estar a la vanguardia respecto de los perfiles de egreso, las mallas curriculares y las competencias genéricas, disciplinares y profesionales.

Fuente de la Noticia:

Formando profesores con sellos innovadores

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¿Necesitamos un curso de DDHH en la educación chilena?

Chile / 21 de octubre de 2018 / Autor: Paulina Morles e Isabel Plaza / Fuente: El Mostrador

Por estos días se ha presentado un proyecto de ley que busca incorporar un curso sobre memoria y derechos humanos, de carácter obligatorio, en la educación básica y media. La iniciativa fue presentada por la diputada Carmen Hertz y ha recibido el respaldo de un espectro parlamentario que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, consideró dicho proyecto como innecesario, debido a que “eso ya es parte de lo
currículums y mallas que establece el Ministerio de Educación y no es necesario establecerlo a través de una ley”. El ministro tiene razón en parte, debido a que efectivamente el tema de los derechos humanos se encuentra contenido en los principios que fundamentan las bases curriculares de la enseñanza parvularia, básica y media, emanadas del Mineduc. Sin embargo, se equivoca al afirmar que no es necesaria una ley. Basta observar que sólo para la enseñanza básica y media se integra este contenido como parte de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), y si bien estos promueven que cada docente pueda vincularlos directa o indirectamente a su asignatura, ello no implica la incorporación de una didáctica adecuada para la formación docente. Vale decir, que los gobiernos de nuestro país han dejado en manos de sus educadores -a título individual- la responsabilidad de cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado en materia de educación y derechos humanos, sin entregarles las herramientas necesarias para su aplicación.

 

 

Toda esta discusión nos remite al campo de la Educación en Derechos Humanos (EDH) y como Observatorio de Educación en Derechos Humanos, nos parece importante precisar algunas ideas al respecto. Esto, tanto en términos jurídicos como teórico-conceptuales, metodológicos y ético-políticos.

En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.

«En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.»

En segundo término, cabe señalar que la EDH ha sido reconocida por Naciones Unidas como parte de los derechos consagrados a todo ser humano. En efecto, en 2011 se promulga la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, que establece en su artículo 1° que: “Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos”. Junto con ello, esta Declaración establece que la educación y la formación en materia de DDHH engloba tres líneas de acción: 1) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen; 2) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos; 3) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás (art. 2º, inciso 2).

En concordancia con estas orientaciones globales, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (el primero que ha tenido Chile en toda su historia republicana) incorporó como segundo eje de acción a la educación en DDHH, la que deberá cumplir con el siguiente objetivo: “Promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación en derechos humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la prevención de sus vulneraciones”. Cabe destacar además que el primer eje de este plan es la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad, y de la memoria histórica. Lo anterior puede ser claramente leído en relación con la necesidad de que la EDH incorpore entre sus contenidos nucleares el respeto por los derechos humanos, pero también la pasada experiencia dictatorial como ejemplo nítido de irrespeto a aquéllos. Cabe precisar que este plan fue presentado al país en diciembre de 2017, cuando ya finalizaba el gobierno anterior, correspondiendo su ejecución a la actual administración. Tarea ineludible si se tiene en cuenta el derecho internacional de los DDHH, que establece la existencia de sujetos de derechos y sujetos de obligación, esta última categoría aplicable a los Estados.

Un tercer aspecto a remarcar apunta a la pregunta que da título a esta columna, acerca de si requerimos o no un curso de DDHH en la educación formal. Teniendo en cuenta los elementos antes enunciados, la respuesta es afirmativa. Pero no sólo lo es en virtud de esas referencias. Nuestro quehacer como Observatorio de Educación en Derechos Humanos -en las áreas de docencia, investigación y extensión- nos ha permitido arribar a algunas constataciones preocupantes. Por una parte, que pese a estar DDHH incorporado como tópico obligatorio en las bases curriculares, ello no implica que se los aborde efectivamente en las aulas. Por otra, que en los espacios educativos en que así ocurre, tampoco se produce -necesariamente, aunque suene paradojal- como enseñanza de los derechos humanos, sino muchas veces enmarcado (¿enmascarado?) o indirectamente tratado en temáticas afines como ciudadanía, educación en valores, ética, entre otros. Más aún, que los dos puntos antes referidos se deben, en buena medida, a la discrecionalidad con la que se abordan los derechos humanos en la escuela (cuando se hace), muchas veces dependiendo de las cosmovisiones ético-políticas de los directivos y/o de los profesores. La formación en DDHH en las carreras de pedagogía es una tarea urgente e ineludible; por cierto, no sólo en áreas afines como historia y geografía o ciencias sociales, sino en todo el espectro de las pedagogías, de manera tal que los futuros educadores y educadoras puedan incorporar los derechos humanos en disciplinas como las matemáticas, la biología, las artes, los idiomas, entre otros.

Tal y como enunciamos al inicio de esta columna, la presencia de estos contenidos en las bases curriculares no conlleva una obligación de incorporar una didáctica ad hoc durante la formación docente, que permita a las y los futuros profesores experimentar un saber sobre, por medio y para los derechos humanos. De esta forma, es insuficiente de parte del Estado, a través del Mineduc, promover un objetivo para el que no se disponen las metodologías pertinentes.

En cuarto lugar, que los hechos conocidos y debatidos estos últimos meses, en torno a la violencia en los espacios educativos, son una muestra de lo urgente que es -hoy más que nunca- educar en DDHH. Para ello, es necesario trascender a las visiones punitivas y a las explicaciones cortoplacistas, como las contenidas en el Proyecto Aula Segura, que se agotan en los casos particulares. Estamos frente a manifestaciones de violencia estructurales -por cierto, no sólo por parte de estudiantes- que responden a una forma de interacción social amparada en profundas condiciones de desigualdad y exclusión. Frente a todo esto, un curso obligatorio sobre derechos humanos permitiría supervisar su efectivo cumplimiento, revisar los contenidos trabajados a su amparo y contribuir a una cultura de la paz. Y a este respecto cobra sentido la propuesta de la destacada educadora peruana Rosa María Mujica, quien atribuye a la educación en derechos humanos los siguientes objetivos, entre otros: i) Promover el desarrollo de actitudes, valores, conductas y comportamientos como el respeto a la persona, la solidaridad, justicia, libertad, igualdad, tolerancia, participación y otros, para contribuir a la construcción de una cultura democrática; ii) Promover la participación responsable en la vida social y política y en las instituciones y organizaciones sociales.

Entonces, decimos sí a una asignatura obligatoria sobre DDHH. Pero requerimos mucho más. No solo
necesitamos enseñar DDHH en la educación formal, sino también en la informal y en todos los espacios posibles donde los derechos humanos requieran ser conocidos, difundidos y promovidos como requisito indispensable para una sociedad democrática, en donde para cada sujeto la dignidad humana sea una realidad. Requerimos, en definitiva, de una ley integral en materia de educación y formación en derechos humanos.

Fuente del Artículo:

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/10/16/necesitamos-un-curso-de-ddhh-en-la-educacion-chilena/
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En Paraguay, unas 2.500 escuelas funcionan con 50 alumnos o menos

Paraguay / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Última Hora

 El MEC anunció un programa de capacitación para unos 3.000 maestros en plurigrados para estas instituciones que funcionan dispersas en todo el país. Plan de cierre de estos centros continúa, afirman.

Datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dan cuenta de que funcionan en todo el país 2.500 instituciones educativas públicas, cada una solo con 50 alumnos o menos. Este contexto se da principalmente en el sector rural, con algunas excepciones en zonas urbanas donde hay dramas de infraestructura. En centros escolares de este tipo prima la modalidad de enseñanza en plurigrados.

Básicamente en esta modalidad un profesor imparte lecciones a niños de varias edades en el mismo espacio; en algunos casos, de diferentes ciclos de la Escolar Básica.

Los contenidos son diferenciados de acuerdo al grado o curso y los ciclos.

Para el mes próximo, la viceministra de Educación, María del Carmen Giménez Sivulec, anunció que brindarán una capacitación exclusivamente a los docentes que practican la enseñanza de plurigrados.

Serán 3.000 los profesores que iniciarán estos cursos, que siempre según el ministerio, tienen hasta 85% de aprobación de los profesores que participan en algún grado de actualización curricular.

“Los plurigrados son una modalidad bastante importante en escuelas donde hay escasa cantidad de alumnos”, afirmó Giménez.

Un estudio de la cartera en el 2013, descubrió inclusive que el rendimiento de los chicos en este módulo era igual o mejor que los de clases más tradicionales.

Clausuras. Desde la entidad educativa indicaron igualmente que mantienen el plan de cierre de establecimientos con escasa cantidad de niños.

“La idea es que los municipios, por ejemplo, o las gobernaciones, se encarguen del transporte escolar en caso de que haya chicos que deban ser trasladados a zonas un poco más lejanas”, resaltó.

El plan de transportes ya se implementa en sitios del interior como Misiones.

“Siempre y cuando el niño no queda fuera del sistema, es una posibilidad el cierre, para que la atención se centre en instituciones más equipadas”, remarcó.

Giménez dijo además que la centralización permite un mejor uso de los recursos.

Sin embargo, comunidades y gremios docentes se oponen en gran parte a esta medida de clausurar las escuelas de gestión pública.

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep – Auténtica) denunció que este proyecto no suele ser consensuado con la comunidad que termina siendo afectada.

El desarraigo de los escolares, sus familias y el de los mismos profesores es otro de los puntos cuestionados por los sindicatos. Piden al MEC más diálogo al respecto.

Fuente de la Noticia:

https://www.ultimahora.com/en-paraguay-unas-2500-escuelas-funcionan-50-alumnos-o-menos-n1702647.html

ove/mahv

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Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

ove/mahv

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