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La Biblioteca de la Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos sobre inclusión de personas con discapacidad en el contexto educativo

En la Anáhuac contamos con el Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo desarrollar y coordinar políticas, prácticas y una cultura que garanticen la plena inclusión de las personas con discapacidad en la Comunidad Universitaria.

En ese sentido, y con el objetivo de difundir conocimiento, la Biblioteca de la Universidad Anáhuac México nos comparte artículos académicos de universidades, organismos e instituciones sobre inclusión de personas con discapacidad en el contexto educativo.

Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directores

En este artículo se analizan las estrategias que diseñan e implementan directores de bachilleratos públicos en México para promover servicios educativos inclusivos a jóvenes con alguna discapacidad.

 

Utilizando como marco analítico la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, elaborada por la Unesco y adoptada por las autoridades educativas mexicanas para el periodo 2012-2018, se examinan 76 testimonios de directores recabados a través de una encuesta en línea.

 

Los hallazgos muestran que estos recurren a una gama diversa de estrategias para fomentar una educación inclusiva; sin embargo, también es evidente que no disponen de los recursos necesarios para hacerlo cabalmente, pues las dependencias públicas a cargo de la política educativa no han transitado del reconocimiento del derecho a una educación inclusiva a la puesta en marcha de sistemas de financiamiento y acompañamiento que garanticen ese derecho en la práctica.

 

Con la finalidad de conocer de primera mano las actividades que realizan los directores/as de la educación media superior, así como los contextos donde ejercen sus labores y sus necesidades de capacitación, un equipo de investigadoras (en el que participó la autora de este artículo, Ivania de la Cruz Orozco) realizó un estudio exploratorio en 2017 con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 

A partir de datos provenientes de una encuesta a directores/as de educación media superior de escuelas públicas en México, se analizan dos aspectos de la inclusión educativa en sus establecimientos escolares: los estudiantes que, según los directores/as escolares, no se benefician de la educación inclusiva (en este caso, los estudiantes con alguna discapacidad) y las estrategias usadas por las figuras directivas para brindar a estos estudiantes el acceso a una educación inclusiva.

 

El primer tema hace referencia a cómo los directores/as definen y describen los eventos y situaciones que ameritan intervenciones para promover una educación inclusiva. El segundo refiere cómo el personal directivo de educación media superior implementa u opera estrategias de inclusión.

 

Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directores

Si bien en México se han hecho ajustes legales que reconocen el derecho a una educación inclusiva, independientemente de consideraciones físicas y sociales de los individuos, el discurso aún no se materializa en las escuelas. El análisis de testimonios de directores/as que trabajan con personas con discapacidad revela que el personal escolar reconoce su obligación de brindarles servicios educativos y desarrolla estrategias para garantizarles el derecho a la educación. Sin embargo, los directores/as aclaran también que no cuentan con las habilidades, conocimientos ni recursos para atender las necesidades y asegurar oportunidades educativas para todos.

*De La Cruz Orozco, I. (2020). Educación inclusiva en el nivel medio-superior: análisis desde la perspectiva de directoresSinéctica, 54, 1–15. https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2020)0054-008

Más información:
Comité de Accesibilidad para Personas con Discapacidad
Lic. Gloria Castañeda Fuertes
gloria.castaneda@anahuac.mx
Tel.: (55) 5627 0210 ext. 8329

Dirección de Biblioteca
Coordinación de Vinculación
Lic. Nancy Beatriz Medellín
nancy.medellin@anahuac.mx

Fuente: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Educacion-inclusiva-en-nivel-medio-superior-analisis-desde-directores

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Este es el panorama de la educación inclusiva en Colombia

América del sur/Colombia/Diciembre 2020/uniminutoradio.com.co/

Los estudiantes en condición de discapacidad se ven afectados por la falta de políticas que garanticen una educación inclusiva y de calidad, pero algunas universidades están trabajando para solucionar la problemática.

Daniel es un joven que tiene discapacidades múltiples: dificultad de escucha, pérdida del 70% de la visión y se moviliza con muletas. Daniel quería entrar a la universidad, pero el examen de admisión solo le ofreció dos opciones: lo presentaba en braile o en las condiciones estándar.

Pero Daniel no sabía braile, así que lo presentó como sus demás compañeros, el puntaje que obtuvo no fue suficiente para estudiar la carrera que quería, por lo se decidió por otra. Cuando se presentó en otras universidades, se encontró con barreras que le dificultaron tomar una decisión.

A pesar de todo, Daniel empezó su carrera, pero ahora sus docentes dictan las clases sin tener en cuenta que él no escucha, no ve ni puede movilizarse al mismo ritmo que los demás, pero prefiere guardar silencio con la excusa de “No molestar al docente”, Daniel piensa que su proceso de formación no es el mejor y cree que es mejor abandonar sus estudios y emprender en un negocio.

Este joven es la representación de 180.743 estudiantes con discapacidad en todo el país, de los cuales sólo el 5.4% alcanza el nivel de educación superior, quienes se enfrentan a retos mayores a los de un estudiante promedio, ya que en Colombia todavía hay problemas de accesibilidad, concienciación, articulación, vinculación laboral, entre otros, que no permiten un desarrollo integral en la educación.

Retos a los que se enfrentan los estudiantes en condición de discapacidad

La coordinadora de acompañamiento integral de la Universidad Nacional, Lizeth Marín, expresa que en la algunos estudiantes no se identifican como personas con alguna discapacidad por miedo a ser rechazados lo que dificulta el acceso a unos derechos como el de acceder a materiales especiales que contribuyan a su proceso de aprendizaje.

Marín expresa que hay barreras en el acceso tecnológico para aquellos estudiantes, falta adaptar los contenidos a sus necesidades, no hay suficientes adecuaciones en la planta física para mejorar su movilidad y todavía hay un reto para ampliar la perspectiva educativa hacia las singularidades de los estudiantes.

“El sistema piensa cómo facilitar el proceso de admisión, crear espacios de integración para dialogar sobre sus necesidades, descubrir talentos y reconocer que la discapacidad no es una deficiencia”, opina la coordinadora.

Estudiantes en condición de discapacidad. Tomado de Pexels.

Aspectos a fortalecer en las universidades

En relación con lo anterior, la docente investigadora de la Universidad Autónoma de Manizales, Carmen Ávila asegura que todavía falta capacitar a las instituciones para acoger a la población, mejorar los canales de comunicación de la universidad, empoderar a los colectivos para eliminar el temor de ir a la universidad, entre otras.

Por lo cual, su imaginario de educación inclusiva de calidad es aquel en el que se respeta y valora la diversidad, se garantizan oportunidades para participar con equidad y calidad, y se escuchan diferentes voces de personas con discapacidad para obtener resultados y soluciones a las problemáticas.

“Hay que crear un servicio de permanencia para reconocer y auto reconocer las condiciones de un diseño universal de aprendizaje y crear alianzas a través de espacios de diálogo”, afirmó la investigadora.

¿Qué están haciendo las universidades para solucionar la problemática?

Las instituciones de educación superior están trabajando para eliminar las barreras en la educación, un ejemplo de esto es la División de Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales que, según el vocero Jose Herrera, está trabajando en el acondicionamiento físico de la institución para mejorar la movilidad de los estudiantes.

Adicionalmente, busca eliminar prejuicios en el entorno frente a la realidad de estos estudiantes, realizan procesos de adaptación para el cumplimiento de sus metas personales, familiares y académicas, ofrecen flexibilidad curricular efectiva en los sistemas de evaluación que atienda necesidades especiales, reconocen las potencialidades de estos estudiantes, entre otras acciones.

“Hemos podido hacer un trabajo articulado, precisamente para darles mucho más acceso a todas las posibilidades que la universidad va ofreciendo a través de las 9 políticas para el bienestar estudiantil”, afirmó Herrera.

Por su parte, la Corporación Universitaria Minuto de Dios brinda un acompañamiento integral, académico
y social, como proceso de inclusión en el aula, han implementado talleres de lengua de señas para
la comunidad educativa en general e incluyeron una electiva de lengua de señas, así como también disponen de audiolibros, ascensores de uso exclusivo y señalización en braile.

Económicamente hablando, la universidad otorga una beca que cubre el cien por ciento de la matrícula para aquellos estudiantes con alguna discapacidad de modo que el dinero de los estudiantes sea destinado al pago de un interprete o compañero quien debe acompañarlo en cada espacio
académico.

Educación inclusiva. Tomado de Pexels.

Claves para fomentar una educación inclusiva

Así mismo Gilma Rojas, adscrita a la coordinación de Desarrollo Humano y Salud Integral de la Universidad del Quindío, sugiere a los docentes proponer actividades que tengan en cuenta la necesidad de estos estudiantes, ya que el sistema universal de educación todavía se queda corto.

Además invita a los demás estudiantes a que salgan de su zona de confort, de modo que dentro del aula también se fomente la integración de los estudiantes que tienen alguna discapacidad con los demás, de modo que se transformen los imaginarios para cambiar paradigmas entorno a la discapacidad.

Fuente: https://www.uniminutoradio.com.co/este-es-el-panorama-de-la-educacion-inclusiva-en-colombia/

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El momento para una educación de calidad, inclusiva, transformadora

Por: Giulia Pizzuti

  • La pandemia ha puesto bajo todos los focos las dificultades que enfrentaba el sistema educativo, ya fuera por el acceso a la educación de calidad e inclusiva, o para la continuidad en el sistema de miles de alumnas y alumnos que son expulsados por diferentes motivos. Este puede ser un buen momento para dejar atrás inercias de un sistema demasiado cercano al siglo XIX.

Desde el principio de la pandemia, hemos asistido a numerosos debates sobre las consecuencias y los aprendizajes generados por la COVID-19. Sin embargo, es ahora cuando se está manifestando con más claridad cómo las medidas tomadas para paliar sus consecuencias están afectando a la vida de las personas a medio plazo. En algunos ámbitos más que en otros es más fácil conocer y medir el impacto que están teniendo las políticas impulsadas por las administraciones. No es este el caso del sistema educativo. La falta de una base de datos centralizada para hacer seguimiento de la cantidad y el uso de las ayudas económicas que reciben los centros escolares y la ausencia de protocolos homogéneos para garantizar las medidas de seguridad a la hora de “volver al cole” son algunos de los elementos que están impidiendo una valoración real sobre cómo están funcionando las medidas implementadas para asegurar el derecho a la educación de calidad, inclusiva y para todas las personas junto al derecho a la salud de la comunidad educativa.

Estas son algunas de las razones por las que se ha impulsado la iniciativa Cole Seguro, lanzada por Plataforma de Infancia y Political Watch con el objetivo de proponer una herramienta de vigilancia ciudadana para conocer el funcionamiento y la eficacia de las políticas impulsadas por las administraciones a la hora de garantizar el derecho a la educación durante la pandemia. Como se evidencia también en el “Comunicado de la Red de educadores y educadora para una ciudadanía global ante la situación de la educación por la COVID”, las instrucciones recibidas están siendo profundamente cuestionadas por la sociedad civil y por la comunidad educativa, tal y como demuestran la ola de comunicados y protestas que desde julio han sido convocadas por sus distintos actores.

La situación que estamos viviendo resulta todavía más preocupante si se consideran los retos a los que se enfrentaba el sistema educativo ya antes del principio de la pandemia. En el encuentro organizado por Espai Sociedad Oberta para presentar y dar a conocer los primeros resultados recogidos en el marco de la iniciativa Cole Seguro, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, remarca que “somos el país con la tasa de abandono escolar temprana más alta de la Unión Europea (que en 2019 alcanzó el 17,3% mientras que la media en la UE es el 10,2%) y con uno de los índices de segregación escolar más amplio. Tenemos una tasa de repetición altísima como solución al fracaso y tenemos datos de dificultad para la educación digital muy altos: casi un millón de niños y niñas no tienen acceso a las tecnologías necesarias (equipamiento informático o conexión) para acceder a internet”.

Contando con que España es uno de los países más afectados por la COVID-19, resultan aún más impactantes los datos que la sitúan en la cola europea en cuanto a digitalización de la enseñanza y al profesorado español como el que menos incentivos recibe para incorporar la enseñanza digital en sus actividades didácticas (OCDE, 2020).

Estos datos resaltan la urgencia de tomar medidas adecuadas para revertir la tendencia que relaciona la procedencia socioeconómica de un niño o niña con la posibilidad de poder acceder y disfrutar del derecho a la educación. Además, nos recuerdan que garantizar el derecho una educación inclusiva y de calidad no supone sólo la digitalización de la escuela, sino también su adaptación a los desafíos que una ciudadanía global ha de enfrentar.

En este sentido, sigue pendiente una firme apuesta por una educación que consiga incorporar tanto en las aulas como en las políticas de los centros escolares contenidos, metodologías y enfoques para hacer de la educación una herramienta de transformación social dirigida a generar conocimientos y valores útiles para enfrentarse a los retos de la realidad actual y facilitar el impulso de un modelo social, político y económico respetuoso con todas las personas independientemente de su origen, sexo y orientación sexual.

Israel García Bayón, profesor en el IES Murillo (Sevilla) remarca que “todas las medidas que se anunciaron a principio del curso escolar tienen como denominador común la falta de la inversión necesaria para cumplir con el derecho a una educación de calidad y para todas las personas y, además aludiendo a la autonomía de los centros, se ha delegado en sus equipos directivos y docentes la seguridad en los mismos y el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, desde el principio de la pandemia se han activado distintas iniciativas para facilitar desde la experiencia docente y en el marco de la Educación para una Ciudadanía Global que se siga apostando por una enseñanza de calidad, inclusiva, equitativa y transformadora”. Con el objetivo de reforzar y compartir estas iniciativas, la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global organizará el 12 de noviembre el encuentro online “Escuela pandémica para tiempos de mudanza. Propuestas y reivindicaciones”. Mientras, la Red sigue elaborando recursos y materiales para trabajar con el alumnado en formato online o presencial distintas temáticas, entre ellas los ODS, la igualdad de género, las migraciones, el cambio climático y los derechos humanos.

Los grandes retos de la educación siguen siendo similares a los que existían antes de la pandemia que, sin embargo, los ha evidenciado y acentuado. Quizás en esta ocasión nos encontramos con más fuerza frente a la posibilidad de quedarnos con los métodos e inercias de la escuela del s. XIX y de apostar por una educación de calidad, inclusiva, transformadora, capacitada en facilitar la construcción de personas críticas y comprometidas con la construcción de una realidad más justa y sostenible.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/29/el-momento-para-una-educacion-de-calidad-inclusiva-transformadora/

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El rol del entrenamiento docente para una educación inclusiva

Por: Paola Villafuerte


Nuevo reporte de la UNESCO resalta la importancia de preparar a las profesoras y profesores para la implementación del aprendizaje equitativo en el aula.

Los períodos de crisis suelen acentuar las grietas de desigualdad que están presentes en nuestros círculos sociales. Ocurre ahora en el sistema educativo, donde la pandemia ha tenido repercusiones delicadas en el balance equitativo del aprendizaje. Desde la diversidad de género, familias, nacionalidades, religiones, discapacidades y lenguajes de nuestros estudiantes, las instituciones deben asegurarse de ofrecer métodos de docencia que aseguren aulas inclusivas.

La UNESCO explica que una educación con estas características significa que “todos los estudiantes, sin importar quiénes sean, pueden aprender juntos en la misma escuela”. Conceptos como este se tornan trascendentales a la hora de ofrecer una currícula de calidad que aborde contextos sociales distintos, como para los miles de estudiantes que no cuentan con una red a internet eficaz o para quienes el apoyo de tutores no es una opción disponible.

El artículo, Teaching, Learning and Inclusive Education: The Challenge of Teachers’ Training for Inclusion, menciona que esta pluralidad de circunstancias “requiere una atención educativa adecuada, […] por lo que se debe volver hacia la diversidad como tema clave para la educación de todos los estudiantes”.

Un aprendizaje de este tipo necesita profesoras y profesores capaces de identificar estos elementos para, a partir de ahí, ofrecer un rango abierto de opciones educativas para cada alumno. Esta preparación requiere de instituciones dispuestas a ofrecer un entrenamiento constante y retroalimentación valiosa que permita integrar nuevas habilidades pedagógicas al salón de clases.

“Si no se adoptan medidas urgentes y no se incrementan las inversiones, la crisis del aprendizaje podría convertirse en una catástrofe educativa”, explica la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, en el comunicado donde se afirma que “para reforzar la resiliencia del profesorado en tiempos de crisis, todos los docentes deberían adquirir las competencias digitales y pedagógicas necesarias para enseñar a distancia”.

El papel de la formación docente en la educación inclusiva

A pesar de lo indispensable que es la formación docente, expertos aseguran que entre directivos instituciones de países de ingreso medio y alto, se dedica menos de la cuarta parte del tiempo a tareas y reuniones relacionadas con los planes de estudio y la docencia. La Hoja informativa sobre el Día Mundial de los Docentes 2020, informa que el porcentaje más alto se registra en Shanghái (China), con un 27 %, y el más bajo en los Países Bajos, con un 11 %. Además, se conoce que son pocos los casos en los que a los profesores de estos países se les otorgue un mentor.

Recordemos que estos y muchos otros países se comprometieron en el 2015 a la Agenda  2030 impulsada por las Naciones Unidas, que establece en su cuarto ODS (objetivo de desarrollo sostenible) asegurar sistemas de educación inclusivos. Aunque se han logrado culminar algunos objetivos, aún hay un largo camino por recorrer. Si las instituciones desean hacerle frente a la brecha equitativa que se ha aventajado durante la crisis sanitaria de este año, es primordial secundar sistemas que sean un soporte sólido para nuestras profesoras y profesores.

“Si no se adoptan medidas urgentes y no se incrementan las inversiones, la crisis del aprendizaje podría convertirse en una catástrofe educativa”.

El pasado 5 de octubre, la UNESCO publicó el nuevo documento ‘Enseñanza inclusiva: preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos’. Aquí se afirma que sólo cuatro de 10 países tienen políticas que aseguren una capacitación a sus docentes en materia de inclusión, por lo que se exhorta a los directivos acoplarse a medidas necesarias para avanzar en estos índices.

Además, dentro de aquellas instituciones donde sí existen estas políticas, suele no mencionarse a profundidad el tipo de prácticas que se llevan a cabo para asegurar un aprendizaje equitativo: el análisis realizado para el Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 basado en PEER afirma que sólo un tercio del 10 % de los países mencionados anteriormente, cuentan con recursos informativos sobre este entrenamiento.

Este seguimiento es incluso menos accesible en aquellos países donde muchos docentes no han recibido ni siquiera un entrenamiento básico. Es bajo estas circunstancias que otros factores menoscaban aún más el rendimiento de las y los profesores.

En Madagascar, por ejemplo, se afirma que la proporción de alumnos por docente es de 240:1. Un hacinamiento en las aulas de tal grado no permite un acercamiento personal y hace aún más difícil la unión en el aula. “La elevada proporción de alumnos por docente calificado, que da lugar a clases con gran número de alumnos, disminuye  la capacidad de  los docentes al reducir el tiempo dedicado a cada alumno”, explica el documento de la UNESCO.

Por otro lado, la inclusión educativa en las instituciones no debería reducirse a un número limitado de entrenamientos especializados en uno o dos grupos estudiantiles particulares, sino acoplarse como un fundamento docente. Incluso cuando esta herramienta suele enfocarse en abordar el aprendizaje de alumnos con discapacidad, se afirma que “los estigmas persistentes, el diseño escolar poco propicio y la falta de formación docente y materiales de aprendizaje adecuados sobre educación inclusiva dificultan aún más su acceso a la escuela y al aprendizaje”.

No obstante, la UNESCO hace una mención pertinente a los avances realizados para la implementación de políticas y programas educativos centrados en la equidad e identidad de género. En países latinoamericanos como Chile, Colombia y Ecuador se han elaborado contenidos transversales de esta materia dentro de sus políticas para el entrenamiento docente.

Mecanismos de apoyo

Un desarrollo como el anterior es sólo posible si los cuerpos de profesoras y profesores cuentan con un respaldo activo de directivos e instituciones. Los marcos jurídicos y normativos que las integran deben ser cimentadas en un apoyo pedagógico inclusivo. Además, es imperativo que las aulas estén equipadas con material de aprendizaje diversificado para las necesidades de los estudiantes.

El mismo documento mencionado hace hincapié en el rol crucial que ejercen los auxiliares docentes, directores y coordinadores para su desarrollo profesional. Su colaboración dentro de un ambiente educativo que propicie la inclusión también en estas áreas representa una herramienta unificadora para el mismo tipo de clima que se desea trasladar al aula.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/entrenamiento-docente-educacion-inclusiva

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España: ‘Quererla es crearla’, una campaña por la educación inclusiva

Europa/España/Octubre 2020/eldiariodelaeducacion.com

  • En la víspera del comienzo de la tramitación parlamentaria de la Lomloe, un colectivo anónimo ha comenzado una campaña para reivindicar la necesaria apuesta por la inclusión en la futura ley.

nte el próximo trámite parlamentario de la LOMLOE el jueves 15 de este mismo mes, el surgimiento de esta campaña quiere ser un recordatorio público de que, pese a la necesidad de inversión y el enorme esfuerzo que va a
requerir por parte de todos los sectores implicados, la nueva ley no puede desaprovechar la oportunidad de iniciar un proceso irrevocable que garantice la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado sin segregación de ningún tipo».

Así termina el comunicado de prensa enviado esta mañana desde la campaña ‘Quererla es crearla’, organizada por un grupo anónimo que intenta influir en la concienciación de que la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo es un imperativo con el que la sociedad debe comprometerse.

Para ejemplificarlo, han realizado un vídeo en el que el grupo repasa algunas de las injusticias y luchas por la consecución de diferentes derechos de colectivos a lo largo de la historia. Desde los generados para terminar con la esclavitud y la segregación racial, los relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos laborales de la clase trabajadora o los referidos a la infancia.

En el caso de las personas con discapacidad y la lucha contra la segregación educativa y social, el colectivo asegura que «no surge de un idealismo infundado, sino que se asienta en el derecho internacional, y particularmente en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad».

Un texto que fue suscrito por España en 2008 y cuya primera década como parte del ordenamiento jurídico se celebró con la «condena» por el incumplimiento sistemático del mandato a la educación inclusiva. Algo que, hace pocas semanas, volvió a ocurrir con el caso concreto de Rubén, un joven que tras 10 años de litigio con las administraciones ha visto reconocidos sus derechos.

Más allá del vídeo, se ha puesto en marcha una web en la que el colectivo recoge información y documentación útiles para, según fuentes de la organización, «ser una herramienta útil para aquellas personas o colectivos que estén en lugares en los que se pueda disputar el derecho a la educación inclusiva».

En sus secciones puede encontrarse bibliografía en relación a la inclusión de personas con discapacidad en los entornos educativos, así como referencias a la legislación, nacional e internacional, vinculada a este asunto.

En la creación del colectivo y la campaña han participado «familias, profesionales de la educación y de la investigación educativa de toda España» que han preferido mantenerse en el anonimato para «evitar los prejuicios o conflictos más relacionados con organismos que con ideas».

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/14/quererla-es-crearla-una-campana-por-la-educacion-inclusiva/
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Entrevista a Verónica López Leiva: “La inclusión transforma la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables”

Entrevista/América del sur/Chile/eldiariolaeducacion.com

Faltan 10 años para que se agoten los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hay países, como Chile, que aún tienen deberes por hacer, por ejemplo, en materia de educación inclusiva. El avance en este desafío es, precisamente, el motor que mueve desde hace cuatro años el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Mediante el trabajo colaborativo de distintas universidades, el proyecto estudia las lógicas de inclusión y exclusión en el sistema educativo chileno “a través de un enfoque transdisciplinario”, en palabras de su directora Verónica López Leiva. Psicóloga de profesión, López encabeza un equipo de más de una docena de investigadores dedicados a analizar las prácticas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles.

El concepto de inclusión con el que trabajan desde el Centro de Investigación abarca un enfoque muy amplio. ¿En qué se basa?

El trasfondo teórico tiene que ver con la reconceptualización en las ciencias sociales del concepto de la otredad y la diferencia, no solo respecto a la situación de personas con discapacidad, sino también en otros ámbitos como la identidad de género, las minorías étnicas, etc. Sin embargo, es cierto que referentes teóricos importantes vienen del campo de los estudios de la discapacidad que señalan que no es la persona quien tiene una discapacidad, sino que la discapacitamos.

¿Cómo se pueden trabajar estos ámbitos desde la escuela?

Desde sus inicios y desde su función social, en nuestros países, que tienen una historia de independencia, la escuela ha intentado hacer patria, a través de un enfoque con fines muy nacionalistas, para generar una mini sociedad, una mini patria dentro de la comunidad. Es decir, reproducir el papel del Estado a través de la escuela y, generalmente, el Estado es más excluyente que inclusivo. Por eso, primero la escuela fue solo para niños –niños de la elite–. Eso ha ido cambiando en el mundo. En Chile, por ejemplo, este año celebramos el centenario de la primera Ley de Educación Obligatoria para la enseñanza de 1º a 4º básico [de los 6 a los 10 años].

¿En qué punto está Chile, respecto a otros países de América Latina, en la inclusión escolar de niños y niñas de pueblos originarios, discapacidad o diversidad sexual?

Si lo miramos en términos de cobertura, Chile tiene muy buenos números porque más del 90% de los niños está escolarizado. Pero dentro del 10% que falta están sobre todo aquellos con discapacidad, de origen étnico en situación de ruralidad, etc. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad se escolarizan en escuelas regulares o especiales hasta 8º básico [14 años]. Pero menos de un 10% de los estudiantes con discapacidad ingresa luego a la educación media [14 a 18 años], aunque esta es obligatoria. El último estudio de discapacidad que salió en Chile señala que un estudiante con discapacidad del estrato socioeconómico más alto tiene un nivel de escolaridad y rendimiento más alto que una persona sin discapacidad del estrato más bajo. En este país todo está muy marcado por la desigualdad socioeconómica. Este carácter altamente segregador y excluyente de la sociedad chilena se replica en la escuela.

¿Qué obstáculos han identificado para la inclusión en el modelo educativo chileno?

Hay tres nudos críticos a partir de los cuales hemos definido nuevas líneas de investigación y hacemos incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Uno es la lógica de la rendición de cuentas [a través de pruebas]. Hay un problema respecto a cómo definimos la calidad de la educación porque se hace mediante un examen estandarizado a nivel nacional que se realiza anualmente, conocido como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). La prueba define unas áreas estratégicas que suelen ser lenguaje y matemáticas, que se transforman en áreas de riesgo: si te va mal pierdes mucho y si te va bien ganas mucho. Eso hace que dejes fuera el resto de áreas y a los niños que les va peor en las estratégicas. Este es un factor importante de exclusión y segregación.

¿Y los otros dos?

El segundo es un sistema de financiamiento basado en la lógica de voucher, una financiación no basada en la educación, sino en un sistema de subvención a demanda que acaba tratando a los padres como clientes. En Chile, las escuelas no reciben financiamiento por ser escuelas, necesitan tener niños y que estos asistan regularmente para que el Estado les entregue dinero. Ahora, con la pandemia, el Ministerio de Educación insiste en el retorno a los colegios y, si bien hay algunos argumentos que son ciertos, como la importancia de la presencialidad, uno se pregunta si eso no tiene que ver con el sistema de financiamiento, porque en la medida que las escuelas no tienen niños asistiendo no reciben la subvención, que son una de las puntas de las anclas del sistema educativo neoliberal. El tercero es confundir la integración con la inclusión, es decir, pensar que la inclusión tiene que ver con niños diferentes a mi hijo pueden entrar [a ser parte de un colegio], pero que se las arreglen solos. Eso es integración, porque la inclusión –como constructo político– aboga por la transformación de los sistemas educativos: transforma los currículums, la gestión, la organización, las prácticas pedagógicas y la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables.

Hay centros educativos que optan por separar al alumnado que convive con una discapacidad, o a niños, niñas y niñes trans, por ejemplo. ¿Es posible trabajar con un enfoque inclusivo desde ahí?

Esta discusión tan propia del mundo de la discapacidad, hoy se traslada al mundo trans y a otros. Por ejemplo, a pesar de que en Chile tenemos nueve etnias reconocidas, oficialmente, no está considerado un país plurinacional. No se reconoce más que la lengua española y eso tiene efectos respecto a la educación multicultural porque el Estado no obliga a aprender las lenguas de estas etnias. Algunas escuelas en el sur, como en La Araucanía, dicen tener proyectos educativos interculturales pero, en realidad, son escuelas con una mayoría de niños mapuche. Al final, lo que termina produciéndose es una segregación porque los niños están en un contexto donde, socialmente, sus pares son iguales a ellos. La inclusión tiene que ver con la gestión de la heterogeneidad: de credo, identidad de género, visión política, origen étnico, etc. Es cierto que este niño puede estar victimizado, ser víctima de bullying o incluso intentar un suicidio, pero es el dilema de siempre. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que atienden solo estudiantes que conviven con una discapacidad o que se definen e identifican como trans. Ahí se plantea la discusión entre el deber del Estado y el bien común de la sociedad versus el interés de los padres y lo que es mejor para ese niño o niña.

¿Qué han observado en materia de educación inclusiva durante esta pandemia y en el contexto de la emergencia sanitaria que aún atravesamos?

En relación a la inclusión educativa en contexto de pandemia han sido muy evidentes las diferencias que se producen por la brecha digital. Entre el 80 y el 90% de los estudiantes con niveles socioeconómicos más altos del sector oriente [más acomodado] de Santiago tienen acceso a un ordenador con buena conexión a Internet; en cambio, en el sector poniente [más vulnerable] eso no llega al 30%. Los niños no tienen ordenador, ni buena cobertura en algunos sectores. Hay otros países como Paraguay, Uruguay o Argentina que están trabajando para disminuir esa brecha digital de forma rápida y en Chile esto no ha ocurrido. Uno hubiera esperado más para disminuir la brecha digital de forma más rápida.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/08/la-inclusion-transforma-la-creencia-sobre-quienes-pensamos-que-son-los-ninos-mas-educables/

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La ONU vuelva a «sentenciar» a España por no llevar a cabo la educación inclusiva

El despropósito ha sido la nota general en los últimos diez años en la vida de Rubén Calleja y de sus padres, Lucía Loma y Alejandro Calleja. Llevan una década batallando con las administraciones, tanto educativa como judicial, para que el Estado se haga responsable de la educación en un centro ordinario de este joven de 21 años.

La última etapa de este viaje la pasaron cuando Rubén fue matriculado en un centro de educación especial para realizar un ciclo formativo de FP. La familia, tras años de lucha, recurrió y exigió a la Administración que el chico pudiera realizar estos estudios en un centro ordinario.

Durante la visita del Comité de la ONU que hace seguimiento de la implantación en los estados de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que dio lugar a la «sentencia» que aseguraba que España inclumple sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva, comenta Alejandro Calleja que se les abrió la puerta a la posibilidad de denunciar la situación a la que se han visto sometidos en los últimos 10 años.

En el momento en el que Rubén comenzó el 4º año de educación primaria empezaron, también, los problemas. Coincidiendo con un cambio de tutor en su grupo. Han pasado los últimos años entre tribunales de distinto orden intentando que la Consejería de Educación de Castilla y León matriculase al joven en centros ordinarios y mantuviese los apoyos necesarios. La batalla ha sido tal que esta familia ha llegado a verse denunciada por abandono familiar, algo que critica duramente el Comité de Naciones Unidas, al exigir la escolarización en un centro ordinario.

El dictamen

Alejandro Calleja define el proceso en el que han estado metidos hasta ahora y que culmina con este dictamen, como un juicio. Ellos, el joven y sus padres, han sido la parte denunciante. El Estado, la denunciada. Y después de muchas idas y vueltas de respuestas de cada cual a los requerimientos del Comité (el juez en este caso), por fin parece haber un final.

La ONU le da un plazo de seis meses a España para responder a las conclusiones y recomendaciones que les lanzan. La primera, indemnizar a la familia, además de asumir todas las costas de los juicios por los que han pasado en desde 2010. Y no son pocos.

Pero no solo. No es la parte económica la que más preocupa a Alejandro, que atiende a este medio por teléfono. Para este padre, primero está la esperanza de ser una llamada de atención a las administraciones educativas para que tomen nota de que la inclusión ha de hacerse o si no, hay consecuencias. Es básico que se tomen las medidas necesarias para que sea efectiva, empezando porque el texto de la ley presentada por el Ministerio de Educación en el Congreso se deshaga del artículo 74 que da carta de naturaleza a la existencia de centros de educación especial y aulas específicas. Algo que ya denunciara el Comité en el año 2018.

En cualquier caso, el dictamen asegura que el Estado tiene obligación de indemnizar a la familia, así como de garantizar que Rubén podrá acudir a un centro ordinario para cursar sus estudios de FP. También está obligado a investigar los malos tratos y discriminaciones que la familia ha denunciado en varias ocasiones ante la Fiscalía de Menores de Castilla y León y «asegurar que se depuren responsabilidades a todos los niveles».

El Comité también «castiga» al Estado obligando a reconocer públicamente «la violación de los derechos del niño Rubén (sic) a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor, lo que conllevó consecuencias morales y económicas».

Finalmente, condena a España a «publicar el presente dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población».

Además de esto, también se lanzan una serie de recomendaciones como son la modificación de la legislación actualmente vigente para que se «elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias».

También que formule una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias para promover una cultura de inclusión en la enseñanza general; «adopte medidas para considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general»; que se elimine «totalmente el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza».

Desde el Ministerio de Educación aseguran que el Estado, tanto Gobierno como comunidades autónomas, «debe actuar para que no haya ni un solo caso de persona que quiera escolarizarse en el sistema ordinario y no pueda hacerlo porque no existan los recursos necesarios». E insisten, a pesar de las recomendaciones del Comité de la ONU, en que «eso es lo que propone la Lomloe». A pesar de esta declaración, dicho texto legal sigue dando cabida, por un lado, a la existencia y escolarización en centros de educación especial, así como da carta de naturaleza a que sigan existiendo aulas específicas dentro de los centros ordinarios. Ambas posibilidades son consideradas por el Comité como una doble vía que segrega al alumnado, es decir, contrarias a la inclusión educativa.

Historia de un despropósito

El tutor de Rubén comenzó a plantear problemas para que el chico estuviera en su aula y comenzó a insistir a la familia con la necesidad de que lo matriculasen en un centro de educación especial. En aquel momento el niño estaba matriculado en el colegio público Antonio González de Lama, en León. Hasta entonces Rubén había contado con el apoyo en el aula de una asistente técnico educativa.

Esto ocurría en septiembre de 2009. En diciembre se realizó un informe prisocpedagógico que aseguraba que el chico tenía un “trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador” y a partir de enero, el centro educativo solicitó la intervención del Equipo Especifico de Conducta, de modo que una trabajadora social comenzó a hacer seguimiento del caso y a dar pautas a la familia y al centro educativo.

En septiembre de ese 2010 comenzó 5º de primaria, con un nuevo tutor. Hasta octubre no contó con la asistente técnico educativa que había tenido hasta la fecha ya que, dice el dictamen de la ONU, «el tutor Z. no lo consideró necesario». Tras la insistencia de la familia, la técnico pudo acceder al aula aunque, insiste el organismo internacional, «el tutor mantuvo una actitud negativa hacia el asistente y no colaboró con ella».

Además de estos hecho, y de que la familia aseguró que varios docentes se mostraron reacios a que Rubén siguiera en el colegio, la dirección del centro no tómo ninguna medida al respecto.

En diciembre de 2010 la trabajadora social realizó una evaluación positiva de Rubén en todas las áreas (sensorial, de motricidad, de autonomía personal, de comunicación y de habilidades específicas), y recomendó el cambio de centro a uno de similares características por las dinámicas que se habían impuesto alrededor de su permanencia en el colegio. Ese mismo mes se realizó un dictamen de escolarización, sin consentimiento de la familia, en el que se hablaba de «brotes psicóticos», «comportamiento perturbador» y retraso evolutivo «asociado al síndrome de Down». «Dicha terminología -dice el dictamen de la ONU- es más propia de la psicología clínica que de un informe psicopedagógico y, por su especialidad, las autoras del mismo no estaban capacitadas para efectuar esas apreciaciones».

En marzo de 2011 se realiza un nuevo dictamen. Los padres de Rubén mostraron su disconformidad con el primero, entre otras cosas porque no recogía las situaciones de maltrato sufridas por el menor en el centro. Situaciones que tampoco aparecían en este segundo y que empujaron, de nuevo, a la famlia a plasmar su disconformidad. El documento pedía la escolarización en un centro de educación especial.

En el mes de mayo, Alejandro y Lucía acudieron a la Fiscalía de Menores de León para denunciar un caso de maltrato y discriminación contra Rubén durante los cursos  2009-2010 y 2010-2011. La Fiscalía archivó la denuncia y en junio la Dirección Provincial de Educación autorizó la escolarización en un centro de educación especial.

En septiembre (2011), los padres interpusieron un recurso por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el juzgado de León. Querían impugnar la decisión de matrícula en el centro especial porque se estaban vulnerando el derecho a la igualdad en relación al derecho a la educación (artículos 14 y 27 de la Constitución) y el derecho a la integridad moral de Rubén (artículo 15). En junio de 2012 el juzgado desestimó el recurso.

En setiembre de ese año, los padres recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Solicitaron la anulación de la sentencia anterior y exigieron el derecho de Rubén a estar en un centro ordinario. Alegaron que el tribunal no había tenido en cuenta, entre otras cosas, las situaciones de maltrato, la incongruencia entre el dictamen psicopedagógico de escolarización y el de la trabajadora social y que había hecho caso omiso al informe de un psicólogo clínico que aseguraba que los problemas de conducta del chaval tenían relación con «la falta de apoyo educativo y al contexto discriminatorio y de hostilidad sufridos por Rubén». En marzo de 2013, de nuevo, el tribunal desestimó el recurso de la familia.

A pesar de las complicaciones para los padres de Rubén, insistieron. En abril acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia del Superior de Justicia. Un nuevo rechazo en marzo de 2014. Y en mayo de 2013, además, denunciaron, de nuevo, ante la Fiscalía la discriminación y los abusos y aportaban nuevas pruebas recogidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia: dos madres de compañeros de Rubén hablaron en aquel entonces de amenazas sufridas por el niño de boca de su tutor. En octubre, la Fiscalía insistió en mantener archivada esta causa.

Para rizar el rizo de una batalla judicial que parecía no tener fin, la Fiscalía Provincial de León denunció la decisión de la familia de Rubén de no escolarizarlo en el centro de educación especial al que lo enviaron desde la Dirección Provincial de Educación. Pretendía condenarlos por «abandono familiar». Mientras se decidía la cuestión, el juzgado exigió una fianza de 2.400 euros a la madre y otros tantos al padre. Fueron absueltos en abril de 2015.

Mientras tanto, la familia acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronunciase sobre la posibilidad de una violación del artículo 14 del Convención Europea de los Derechos Humanos y que se condenase al Estado a abonar a la familia la suma de 100.000 euros en concepto de daños morales. El Tribunal declaró inadmisible la demanda.

Hasta hace unos días. Cuando la familia conoció el fallo del Comité de la ONU. Dicho Comité había conocido de primera mano su caso cuando realizaba la investigación que terminaría en la condena a España en 2018 por violar sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva.

Según cuenta Alejandro Calleja, «nos abrieron la puerta» a esta nueva vía de denuncia. No dudaron en cruzarla. Con el dictamen en la mano, y aunque el Estado tenga ahora seis meses para contestar por escrito, este padre, reconocido junto a su mujer, por la Unesco por su defensa del derecho a la educación inclusiva, espera «que sirva de ejemplo» a otras administraciones, tanto de justicia como educativas. Si no se sigue la senda inclusiva, «hay consecuencias».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/21/la-onu-vuelva-a-sentenciar-a-espana-por-no-llevar-a-cabo-la-educacion-inclusiva/

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