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España: Las familias de la pública exigen la gratuidad de las extraescolares en la jornada continua

 04 de Febrero 2018/Fuente: elmundo/ Autor:D.MOLTÓ
  • Educación utiliza la ‘hucha’ de los centros para pagar las extraescolares
  • La Confederación de Madres y Padres de la Pública rechaza la posibilidad de ofrecer actividades no gratuitas y dice que las instrucciones «llegan tarde»

Padres y madres de escuelas públicas representados por la confederación Gonzalo Anaya recriminaron este jueves a Educación que abra la puerta a que los centros con jornada continua puedan poner en marcha actividades extraescolares no gratuitas.En un comunicado, criticaron el enunciado de la normativa que «no se ajusta a nuestro concepto de escuela pública, en la que todo el alumnado tiene que tener los mismos derechos si queremos conseguir una enseñanza democrática».

Tampoco se mostraron convencidos con la solución planteada por la norma para evitar la discriminación de acceso a algunas actividades por motivos económicos y que pasaría por aportar ayudas a los niños y niñas según la distribución de las becas de comedor. «Nos ponemos en el papel de los escolares que no se quedan en el comedor habitualmente y cuyos recursos socioecómicos también pueden ser demasiado bajos para pagar actividades extraescolares», apuntaron.

Otra posibilidad contemplada por Educación es que los centros decidan en los consejos escolares si es necesario cubrir el coste de las actividades de algunos niños sin recursos. «Esto nos hace plantearnos con qué criterios se van a tomar esas decisiones y qué baremos se van a aplicar», apuntaron desde la Gonzalo Anaya.

La confederación expuso además su malestar por la fecha de publicación en el Diari Oficial de las instrucciones para la jornada continua que, en su opinión, «llegan tarde». Aseguraron que muchos centros ya han celebrado los consejos escolares extraordinarios para aprobar los proyectos de jornada escolar para el próximo curso, sin tener sobre la mesa las instrucciones oficiales.

También ayer la portavoz de Educación del Grupo Popular en las Cortes, Beatriz Gascó, afirmó que la instrucción sobre extraescolares es «una nueva chapuza» del conseller de Educación, Vicent Marzà. A su parecer, las normas «limitan las actividades extraescolares y obligan a los centros a abonarlas con fondos propios». Pero el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, defendió que las nuevas instrucciones establecen un procedimiento «sencillo» para «evitar burocracia nueva» y asegurar que ningún alumno quede excluido por razones económicas. Recordó que es la Conselleria la que paga «el conjunto de los gastos de un centro, incluyendo las actividades extraescolares».

Desplante a Marzà

Por otro lado, los representantes de la Gonzalo Anaya fueron los únicos que acudieron a la Mesa de Padres y Madres, cita que rechazaron el resto de confederaciones autonómicas de padres y madres: Covapa (en la que están integradas AMPAS de la escuela pública) y Concapa (que representa a la concertada)

El motivo del desplante al conseller Marzà es, según explicó Julia Llopis, presidenta autonómica de Concapa, el «desprecio de la Conselleria de Educación a un órgano de representación tan importante como la Mesa de Padres, que funciona en la Comunidad desde 1995».

Y es que los dos únicos temas del orden del día -el decreto de inclusión y el proyecto de decreto de curriculum de Bachillerato- son asuntos que la Conselleria ya ha tratado en otros foros, como el Consejo Escolar de este mismo miércoles o la Permanente del Consell, la semana pasada. «Si ya está todo pactado y no vamos a poder elevar propuestas en las mismas condiciones que otros actores, como los sindicatos, ¿qué sentido tienen?», preguntó Llopis, quien cuestionó la legalidad de la Mesa de ayer atendiendo a motivos de quorum.

Fuente de la noticia: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/02/02/5a735fb122601d6e3d8b45fa.html

Fuente de la imagen: https://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/20

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Argentina: Se profundiza la brecha de desigualdad entre universidades públicas y privadas

Argentina/03 de Febrero de 2018/La Izquierda Diario

Lo reveló un informe privado de la Universidad de Belgrano. El aumento de graduados en instituciones privadas en los últimos 20 años fue del 338% mientras que en las públicas fue de un 137%.

El dato surge de un estudio con datos oficiales elaborado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

En 1995 había 86 universidades e institutos, ahora son 131. A su vez, la creación de instituciones privadas proliferó de la mano de las políticas educativas de los diferentes Gobiernos de las últimas dos décadas.

Alieto Guadagni, autor del informe, sostuvo que una de las principales razones por las cuales crece el número de graduados en universidades privadas, en detrimento de las públicas, tiene que con el nivel socioeconómico de los estudiantes. “Cuanto más alto el nivel socioeconómico más alta la graduación. Eso viene de la escuela secundaria”

Por otro lado, apenas uno de cada cien jóvenes provenientes del quintil más pobre se recibe en la Argentina logra recibirse de la universidad.

Estos datos no llaman la atención si tenemos en cuenta la pauperización y falta de prioridad presupuestaria que tiene la educación pública en Argentina. La realidad es que desde los 90 todos los Gobiernos mantuvieron las condiciones de precariedad estructural en la que se sustenta la universidad pública: con miles de docentes ad honorem, falta de oferta horaria, en pésimas condiciones edilicias, etc.

Por otro lado, la juventud sigue siendo uno de los sectores de la sociedad más golpeado, porque miles de jóvenes siguen desempleados o trabajando de manera precaria y flexibilizada, situación que también fue históricamente ignorada por los Gobiernos de turno.

Desde que asumió Cambiemos han sido varios los ataques hacia la educación pública, con recortes y políticas de vaciamiento sobre un sistema en el cual el 90% del presupuesto solo alcanza para el pago de salarios.

Como contrapartida aparece el incentivo a las universidades privadas, que busca poner al servicio de las ganancias empresarias la investigación y formación de los jóvenes. De esta manera, el conocimiento aparece como una mercancía más.

Sin embargo, si bien es cierto que estas políticas no son novedosas, también lo es que su ejecución plena fue obstaculizada por la fuerte tradición de movilización y lucha que la docencia universitaria y el movimiento estudiantil.

Durante el año pasado se puso de manifiesto con el conflicto educativo nacional, que los únicos interesados en defender la educación pública y de calidad son los estudiantes, docentes y trabajadores, frente a la posibilidad de que esta termine siendo una variable más de ajuste a los trabajadores y la juventud por parte del Gobierno.

Resulta fundamental recuperar esas experiencias para enfrentar con el conjunto de la clase trabajadora la ofensiva reaccionaria del actual Gobierno.

Fuente: http://laizquierdadiario.com/Se-profundiza-la-brecha-de-desigualdad-entre-universidades-publicas-y-privadas

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Argentina: Educación pública en la Ciudad: debate por el presupuesto, problemas de infraestructura y falta de vacantes

Argentina/05 de Febrero de 2018/Ámbito

En la Ciudad de Buenos Aires, según registros oficiales, hay algo más de 1.800 establecimientos de educación pública, entre jardines maternales, escuelas primarias, secundarias y terciarias, incluidas las especiales. A ellos asisten unos 350.000 alumnos. A pesar de ser uno de los distritos con mayores recursos económicos del país, la educación estatal en territorio porteño tiene varias deudas no resueltas, como problemas de infraestructura, falta de vacantes y de maestros, y conflictos con tintes políticos y sindicales. 

Para los gremios docentes existe un problema central que deriva posteriormente en todo lo demás: el presupuesto educativo en la Ciudad, aseguran, se redujo en una década de un 30% de participación del PBI a 18,8%. Según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (Cgecse), a 2015 el Gobierno porteño destinaba 24,8% de su presupuesto al área, uno de los porcentajes más bajos del país, donde el promedio es 32%. Sin embargo, el gasto por alumno era el sexto más alto. Para este año se aprobaron en la Legislatura recursos por $ 40.000 millones, que si bien es más que en 2017, el incremento está por debajo de la inflación y de la evolución salarial para este año que supera el 22%. Es decir, en términos reales la inversión que se destinará en 2018 será inferior.


La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña.

Consultada al respecto por ámbito.com, la ministra de Educación Soledad Acuña, desacredita esa acusación: «Es una forma distinta de analizar el Presupuesto. Ellos hablan de proporción, de cómo se reparte el total, pero eso no es comparable. Nosotros hablamos de números absolutos. El Presupuesto real, en términos nominales creció 16%. Cuando miran la proporción los sindicatos lo están haciendo mal porque cuando sumás más servicios al Presupuesto de la Ciudad, como ocurrió con los subtes y la Policía, es lógico que la participación en el total se achique. Nuestro presupuesto real, sacando inflación y demás, fue aumentando en los últimos 10 años».


El titular de UTE-Ctera, Eduardo López.

«Hay una campaña de descolarización, es la campaña del desierto educativa. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desprecia a la escuela pública, ataca a los maestros porque educamos, y ellos quieren mano de obra barata para las empresas», dispara Eduardo López, líder de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), en diálogo con este medio. Acuña refuta: «Al sindicato kirchnerista le respondo, porque no es el único sindicato de la Ciudad y no es la mayoría los que piensan eso, son posturas partidarias y cosmovisiones distintas que tenemos. Nosotros más allá de lo que decimos podemos demostrarlo con hechos concretos».

A diferencia de lo que opinan los gremios, la socióloga Susana Decibe, exministra de Educación durante la segunda presidencia de Carlos Menem, opina que no ve «una política contraria a la educación pública». «Comparativamente las escuelas públicas porteñas han tenido ventajas con el resto del país. Sin embargo, no estamos en la mejor etapa de la educación del país. Hay como un estancamiento donde hay una pelea más ideológica que racional sobre la orientación de los problemas reales que tiene la escuela, sobre cómo trabajar, cómo organizar los contenidos. Esa pelea ideológica impide un salto cualitativo en la educación. Y la Ciudad no es ajena a esto», sostiene.

• Infraestructura 

Al repasar López las deudas de la Ciudad en materia educativa estatal, uno de los primeros puntos que surge es la falta de infraestructura necesaria, que deriva además en que cada año quedan miles de niños y jóvenes sin lugar en el sistema estatal. Para este año los gremios estiman que no menos de 12.000 chicos quedarán marginados de los pupitres públicos. Algunos, los que puedan, irán a escuelas privadas; otros perderán el año. En diálogo con ámbito.com, Acuña afirmó que aún no puede precisar cuál será el resultado de la inscripción, pero que la falta de vacantes se produce por un «traslado de demanda» de la escuela privada hacia la pública, y que lo único que no fue cubierto al 100% fue el nivel maternal. Pese a que los gremios critican que la Educación redujo su participación en el Presupuesto porteño, uno de los más altos del país, la ministra ratificó el compromiso de que cuando concluya el período 2016-2019 se habrán construido 52 escuelas, principalmente en la zona sur de la Ciudad, por un total de casi $ 6.500 millones.

Desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, cuando el hoy presidente Mauricio Macriasumió la jefatura porteña en 2007, se registró un crecimiento de casi 7% de los alumnos de la escuela pública, según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece). Pero esa mayor matriculación es relativa. En primer lugar porque lo mismo ocurrió en prácticamente todas las provincias y con porcentajes mayores en algunos casos. Y además porque hubo un aumento aun superior en las escuelas privadas. Así, la matrícula común pasó de representar el 50,9% del total a 48,5% en 2015. Con otro agregado: donde se sumaron más alumnos al sector público fue en los niveles inicial y terciario, mientras que hubo una disminución en primaria y secundaria.

Respecto a la falta de infraestructura, un caso que se conoció en los últimos días de diciembre pasado es el de tres escuelas que funcionan en el Polo Educativo de Retiro, en Avenida Antártida y Letonia. El Ministerio de Educación porteño resolvió el desalojo y reubicación «temporaria» de esos colegios, con la promesa de que allí se construirá un nuevo edificio. La polémica surgió porque a parte de esos alumnos pretenden llevarlos a un galpón ubicado en el interior de la Villa 31, que según las familias y los gremios está en una zona de conflicto entre bandas delictivas. Y además, aún acondicionando el lugar, su capacidad alcanzaría para cubrir sólo al 60% de los estudiantes. El proyecto contempla que otra parte se traslade a aulas conteiner, aunque las obras no estarían listas para el inicio de clases. Los padres que se oponen acudieron a las autoridades, a la Justicia, y realizaron protestas contra el traslado; pero al menos por ahora sus quejas no han tenido respuesta.

Acuña salió al cruce y defendió la obra al sostener que cuando concluya será «el edificio educativo más grande de la Ciudad». Ratificó que el traslado es «transitorio por un año», y sostuvo que el lugar donde serán trasladados los alumnos está perfectamente acondicionado y que no está en una zona insegura. Además, afirmó que quienes se oponen son «algunas familias que trabajan y están militando con el sindicato en el mismo partido político», en alusión al kirchnerismo.

Las aulas conteiner no son nuevas. Estas de Retiro se sumarían a las que ya funcionan en barrios como La Boca, Villa Soldati y Mataderos. Y si bien cuentan con equipamiento para que los estudiantes puedan estudiar en buenas condiciones, para López el problema es otro. «La escuela es un espacio simbólico de educación, de juego, de contención. Esto es una estructura anti educativa», sentencia, al tiempo que remarca que incluso la instalación y el acondicionamiento de las aulas conteiner resultan ser más caros que la construcción de edificios educativos.

• Faltan docentes

Otro de los grandes problemas que tiene la educación en la Ciudad es la escasez de maestros. Según los gremios faltan unos 2.000 y cada año quedan sin cubrir más de 1.000 horas cátedra.Para paliar esa situación, en los últimos meses se profundizó recurrir a estudiantes de nivel avanzado que, pese a no haber terminado aún la carrera, comenzaron a dar clases. También se dispusieron «listas de emergencia» para convocar a docentes de instituciones privadas y de otros distritos. En medio de esto, el gobierno de Rodríguez Larreta lanzó un plan para construir una universidad de formación docente que, sostienen los gremios, contempla el cierre de los 29 profesorados que existen en la actualidad. «Estamos de acuerdo con la universidad, pero no con el cierre de los profesorados. Tiene que ser complementario, no suplementario», aclara López. Para el líder de UTE la iniciativa tiene más que ver con una cuestión económica de reducción de gasto en la Ciudad, que una estrategia para mejorar la calidad educativa. El rechazo es tal en la comunidad docente que hasta el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, le pidió al jefe de Gobierno, en una carta firmada por varias organizaciones que se verían afectadas, que retire el proyecto. Acuña, sin embargo, afirmó que en ningún momento se contempla el cierre de los profesorados y que la iniciativa será discutida a fondo en la Legislatura.

Uno de los componentes que pueden explicar la falta de estudiantes para la carrera es la cuestión salarial. Según los datos que detalla la Cgecse, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, a junio del año pasado un docente porteño con 10 años de antigüedad, y varios adicionales, ganaba algo menos de $ 15.000, por debajo del promedio del país. En Córdoba, por ejemplo, ese mismo profesional percibía algo más de $ 20.000. En la última paritaria los gremios acordaron un aumento de 21,5% con cláusula gatillo, que ahora con una inflación que superó ese porcentaje esperan que se active. Y para 2018 anticipan que no aceptarán poner un tope de 15% como pretende la Casa Rosada para las discusiones salariales. La negociación de este año además se verá empapada por el decreto que días atrás le quitó a los sindicatos nacionales, en especial el mayoritario Ctera, la potestad de discutir un sueldo base para la actividad. Pese a lo que dicen los gremios, Acuña aseguró que hasta la semana pasada ninguno de los 17 sindicatos había presentado formalmente ningún pedido para que se revea el salario y evitó anticipar cuál será la oferta para este año.

• Calidad educativa

El año pasado, un conflicto que generó la reacción de los alumnos y derivó en el retorno de las tomas de colegio como forma de protesta, fue el de la denominada «Secundaria del Futuro», una reforma que, entre sus puntos más resistidos, plantea que los jóvenes del último año realicen prácticas profesionales no rentadas en empresas privadas. Pese a que el impulso a la iniciativa sufrió un freno, la ministra Acuña aseguró a este medio que seguirán adelante y que este año se comenzará a aplicar en 19 colegios. «Las prácticas educativas son para aquellos chicos que este año arrancan primer año, y cuando lleguen a quinto recién harán las prácticas. Tenemos armado el modelo, lo seguimos trabajando, y vamos a seguir incorporando las sugerencias y todas las propuestas que se hagan a lo largo de las mesas de trabajo que se van a realizar durante el año. Pero estamos convencidos que es un modelo necesario, que los chicos tienen que pasar por una instancia donde todo lo aprendido en el campo teórico de la escuela pueda aplicarse», sentenció.

«La propuesta de reforma de la escuela secundaria creo que es una idea general en la dirección correcta, pero sin mucha profundidad y elaboración en su base teórica, y con una intención de implementación torpe», sostiene el especialista Juan María Segura, consultado por este medio. Y sobre la situación general de la educación, reflexiona: «El sistema de enseñanza pública de la Ciudad es el que está mejor dotado de recursos de todo el país. Con este marco, debería tener una calidad de aprendizaje que no se verifica ni en las pruebas Aprender ni en las pruebas internacionales PISA. Por lo tanto, aun cuando en la comparativa con las otras jurisdicciones el sistema porteño mida bien, está a mitad de camino de su potencial. Considerando que el sistema está gobernado por el mismo signo político desde hace más de 10 años, creo que es sintomático que semejante nivel de gasto público por alumno redunde en mejoras de aprendizaje tan tenues en una década».

Respecto a las pruebas Aprender, un análisis por materias que realizaron alumnos de todo el país, los resultados de los jóvenes porteños estuvieron entre los más destacados. Sin embargo, para López eso no representa necesariamente una mejor calidad educativa. «La mayor parte de las pruebas estandarizadas no tienen en cuentan los contextos integrales y formativos, como desde dónde arrancó el alumno, si va a jornada simple o completa, si come bien, cuál es su situación social y familiar, etc», explica. Aclara que los gremios están «totalmente a favor de la evaluación», pero que debe hacerse con otros parámetros, como los que plantea Unicef y no la OCDE. «Los economistas serán bárbaros en economía, pero de educación no saben nada», argumenta. En cambio, Decibe considera que «es imprescindible un sistema de evaluación externo a la escuela. Es la única manera de tomar decisiones de política educativa».

«Hay problemas muy concretos, como resolver problemas matemáticos o comprender textos, que no tienen que ver con las necesidades del mercado. El problema es que el sistema no está siendo efectivo en algo que es fundamental. Ahora bien, la propuesta de hacer la oferta educativa menos fragmentada es una idea que tenemos los que venimos trabajando desde hace años en educación, y que no logramos que se debata porque todo el mundo se siente amenazado. Hay que organizar distinto el contenido y enfrentar a los jóvenes a problemas, y a partir de allí tomar los conocimientos de distintas disciplinas para resolverlos», considera Decibe.

Por último, una cuestión que reclaman tanto familias como docentes es la implementación de la jornada completa obligatoria para todos los niveles. «Para nosotros es lo mejor, la extendida es un parche porque no pueden dar respuesta a una solución pedida por todos», señala López respecto a que la Ciudad presentó en 2016 el programa que prolonga la jornada diaria de clases algunas horas por semana.

«Nuestro país posee un ciclo escolar breve en cantidad de horas. El problema, si se desea avanzar en una mayor escolarización, es que hacen falta más escuelas, pues hay muchos edificios escolares que alojan 3 y hasta 4 turnos de alumnos de jornada simple por día», analiza Segura. Pero agrega: «Los niños deben aprender mejor, y no necesariamente eso se logra con más horas y días de clase. Es un debate profundo y urgente, y no se repara con la política ‘más es mejor’. En la práctica, llevamos 15 años dándole más recursos al sistema nacional de enseñanza escolar, y los resultados no mejoraron. Esto mismo sostiene la OCDE al verificar que el aumento del gasto en educación del 20% de sus países miembro no fue acompañado por una mejora equivalente en los aprendizajes».

Por su parte, Decibe opina: «Para mí lo ideal es que haya una escuela donde tenés concentradas las actividades como están en la jornada de 4 o 5 horas, y que después la escuela siga abierta para todos aquellos chicos que necesiten un seguimiento, ya sea que necesitan porque tienen problemas de aprendizaje o porque no hay nadie en su casa para quedarse con ellos y necesitan actividades. No todos los chicos están para un régimen de todo el día».

Fuente: http://www.ambito.com/910820-educacion-publica-en-la-ciudad-debate-por-el-presupuesto-problemas-de-infraestructura-y-falta-de-vacantes

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El falso debate sobre la LOMCE

España / 1 de febrero de 2018 / Autor: Silvia R. Court / Fuente: El Diario

Las movilizaciones masivas y las expectativas de millones de personas reclamando la derogación de la LOMCE se desvanecieron.

La marea verde ocupó las calles recobrando la palabra robada por el Gobierno estatal y por algunos Gobiernos de distintas comunidades autónomas. En todos los territorios del Estado español se crearon foros de debates con análisis sobre las consecuencias que traería para la Educación pública la implantación de dicha Ley. Asimismo se plantearon alternativas concretas y globales que desgranaban cada uno de los aspectos perniciosos de la LOMCE, defendiendo el carácter público, laico y democrático de la Educación. Se reclamaba un modelo y sistema educativo que garantizara el derecho universal a una educación pública y el principio de igualdad de oportunidades.

Aquella bocanada de aire fresco esparcida por todos los rincones en los ámbitos educativos abrió puertas a la esperanza: era posible tumbar la LOMCE tras las elecciones generales, atendiendo al compromiso contraído por la gran mayoría de los partidos políticos y sellados en sus programas electorales. Mientras tanto, se empezaba a fraguar un pacto por una nueva Ley educativa consensuada con la participación de los distintos agentes educativos. Se sucedieron diversos borradores e intercambios en encuentros a nivel estatal.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Cabría señalar en primer término que actualmente es una realidad la implantación de la LOMCE. Este tema podría ser objeto de análisis en otro artículo de opinión.

El PP logró centrar el debate en la paralización de las reválidas –que no en su derogación-, mientras se profundizaba en una política de recortes dirigida a desmantelar la educación pública y a empeorar las condiciones laborales y profesionales del conjunto del profesorado. Se acometía una brutal embestida contra la labor docente y el alumnado, por un PP más débil que antes pero rodeado de fuerzas políticas que o bien consentían la puesta en práctica de la LOMCE, o respondían reclamando “medidas que amortiguaran dicho impacto”, o delegaban en una comisión parlamentaria la elaboración de una Ley alternativa. Una minoría siguió apostando por vertebrar ese pacto educativo fuera del Parlamento español, pero con poca capacidad de respuesta, ya que la marea verde quedó disuelta. Había perdido la batalla de impedir que la LOMCE entrara en los centros educativos. Una marea verde que se encontró en un callejón sin salida, exhausta, después de innumerables huelgas y movilizaciones sin obtener resultado alguno.

El PP logró imponer la Ley Wert y parece haberse naturalizado su aplicación en los distintos territorios del Estado español. En lo que respecta a Canarias nos encontramos con un Gobierno –el de Coalición Canaria- que no cuestiona cada paso que da el PP y que practica un seguidismo fiel a sus dictados.

Desde hace un año se constituyó una Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y en estos días el debate se centra en cuál ha de ser el sistema de voto para introducir modificaciones o para derogar la LOMCE. Todos los grupos parlamentarios hacen sus recuentos y sumas proponiendo algunos una mayoría cualificada, otros una mayoría absoluta o una unanimidad como sistemas de voto.

No parece que ese sea el debate que más preocupe a los agentes del ámbito educativo ni tampoco la vía, si no se implican en las propuestas alternativas también las organizaciones sindicales, sociales y las comunidades educativas y si finalmente no se deroga la LOMCE y tan solo se introducen pequeños cambios en la misma, como pretenden, entre otros, el PP y Ciudadanos.

¿Y el Gobierno de Canarias? En esta legislatura no se ha posicionado de un modo explícito ni Coalición Canaria ni la Consejería de Educación respecto a la LOMCE. Sin embargo, prevalece su mutismo y la aceptación implícita de la misma.

La Ley Canaria de Educación (LCE) se elaboró y aprobó entre otras razones para que sirviera de muro de contención frente a la LOMCE. Sin embargo, la interpretación sesgada que está haciendo el Gobierno de Canarias de la LCE está sirviendo para reforzar los postulados y la filosofía de la LOMCE.

La derogación de la Ley Wert es una necesidad imperiosa e inaplazable. El servicio público educativo está en peligro.

Fuente del Artículo:

http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/falso-debate-LOMCE_6_732536747.html

Fuente de la Imagen:

http://www.iuelviso.org/9-de-mayo-huelga-general-de-educacion-contra-lomce

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En Venezuela 75% de los estudiantes están en la educación pública

Venezuela/29 enero 2018/Fuente: Correo del Orinoco

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este miércoles que la educación pública en Venezuela cubre al 75% de la matrícula escolar de manera gratuita y con calidad.

“Quiero recibir de ustedes todas las propuestas, que hace la comunidad, que hacen los docentes, que hacen los estudiantes para mejorar sustancialmente desde ya, la educación pública, gratuita y de calidad que tiene el país y que cubre el 75% de la matrícula escolar nacional”, expresó el jefe de Estado desde el Poliedro de Caracas donde se realizó un encuentro nacional con el magisterio.

En vista de esta amplia cobertura, el presidente Maduro solicitó a la comunidad educativa del país a sumar propuestas en el área para la construcción del Plan de la Patria 2019-2025, proyecto que está siendo debatido por el pueblo en más de 3.500 asambleas que se desarrollan en el territorio nacional.

El mandatario instó a los docentes a ser generadores de conciencia para continuar las políticas en materia social que desde la Revolución Bolivariana se ejecutan para la protección del pueblo.

Maduro recalcó que son las maestras y maestros del país los que pueden despertar la conciencia del pueblo y explicar lo que significa la continuidad de la Revolución Bolivariana y sus logros sociales, frente a la continua amenaza que representa la oligarquía y el daño que causaría al país si llegaran a volver a la Presidencia de la República.

100% DE ESCOLARIDAD

“Debemos llevar la matrícula escolar de la educación inicial, de la educación primaria y secundaria al punto más alto. Para el ciclo 2019-2025 tenemos que lograr educación 100% a nivel educación inicial y primaria para todos los niños del país”, sostuvo Maduro.

El Presidente llamó a “convertir las comunidades educativas en un gran centro de construcción de la nueva sociedad. Una nueva escuela para tener una nueva sociedad y al hombre y la mujer nueva en el niño, la educación en valores”.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/en-venezuela-75-de-los-estudiantes-estan-en-la-educacion-publica/

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El fin de la libertad de enseñanza

Panamá / 25 de enero de 2018 / Autor: Eustiquio Chanis / Fuente: La Prensa

El artículo 94 de nuestra Constitución Nacional garantiza la libertad de enseñanza en nuestro país, en donde, por un lado, el sector privado tiene derecho de crear centros de enseñanza particulares con sujeción a la ley, y por otro lado, los padres de familia tienen el derecho de escoger una educación con un formato distinto al de la educación oficial. No obstante, las políticas populistas de los dos últimos gobiernos han conculcado este derecho al promulgar decretos ejecutivos que, cual bombas de tiempo, han explotado señalando erróneamente como culpables a los colegios particulares que, ante el silencio culposo del Ejecutivo, han servido como chivos expiatorios para mitigar la frustración de los padres de familia.

En Panamá, contrario a lo que ocurre en otros países de América, la educación particular aún está al alcance de las clases populares y de la clase media, pues no es difícil encontrar escuelas con mensualidades desde $40 en adelante; sin embargo, estos colegios accesibles irán desapareciendo paulatinamente, no solo porque se hace insostenible su mantenimiento con los costos actuales, sino por la intransferibilidad de estos costos a los segmentos de mercado de menor ingreso. En otras palabras, los colegios particulares con colegiaturas más baratas son los más vulnerables y los primeros que irán desapareciendo, afectando primero a las clases populares.

De 2009 a 2018, el salario base de los docentes se ha incrementado 150%. Siendo los centros educativos organizaciones que utilizan mano de obra intensiva, resulta devastador para el sector educativo particular, pues la planilla docente representa más del 80% de la planilla total y hasta el 70% de los gastos totales. Durante ese mismo período, el salario mínimo se ha incrementado 120% para los colegios del interior y hasta 83% para los colegios de la capital, lo que se suma al efecto inflacionario sobre el sector. Las consecuencias ya comienzan a sentirse con la desaparición confirmada de algunos colegios particulares del país.

Los exagerados aumentos no tienen relación alguna con el mejoramiento de la calidad, pues no es un secreto el grave deterioro que sufre la educación en nuestro país, especialmente en el sector oficial. Las malas decisiones tomadas con criterios populistas para el sector educativo oficial y la equiparación que establece el Código de Trabajo en su artículo 236, han terminado arrastrando al sector particular hacia un elitismo forzado e inconsulto que coarta el derecho del padre de familia de tener la opción de elegir el modelo educativo que considere más apropiado.

Al percatarse de su error, el Ministerio de Educación (Meduca) tímidamente aplaude como soluciones el aumento de la beca universal y la tardía diferenciación legal de los profesores de cátedra completa y maestros de horario regular en el sector particular, sin percatarse de que los nuevos aumentos en las colegiaturas anulan la inclusión de nuevos estudiantes en el beneficio de la beca universal y que las nuevas leyes no tienen efecto retroactivo, por lo que, aunque corrigen hacia el futuro, no anulan el daño ya causado. Nos preocupa que en este año preelectoral se dé un nuevo aumento docente, que no tenga efecto alguno en la calidad de la enseñanza, que no se consulte con el sector particular ni con los padres de familia que se verían afectados. Esto ya ha ocurrido en el pasado, aunque ahora sellaría un legado de mediocridad para la educación de Panamá y le daría el tiro de gracia final a un sector particular ya moribundo.

Estamos entre los 15 países con peor distribución del ingreso según el índice GINE. Dejarles a las grandes mayorías una única opción, no solo agrava la inequidad, sino que abre las puertas para que cualquier oportunista que llegase al poder pueda utilizar el sistema educativo con intenciones doctrinarias y dogmáticas.

Antes de que el daño a nuestro sistema educativo sea irreversible, resulta imperativo que el próximo aumento a los docentes esté condicionado al mejoramiento en la calidad de la educación de nuestro país, con medidas que sean cuantificables; urge reconocer la importancia del sector educativo particular, que con su sola existencia le quita un peso significativo al Estado; necesitamos eliminar incertidumbres que crean inseguridad jurídica y promover, mediante incentivos, su desarrollo, según lo manda nuestra carta magna en su artículo 101, eliminando, por ejemplo, las inequidades otorgando exoneración de impuesto sobre la renta a los colegios laicos, tal como lo reciben hoy las universidades privadas y los colegios de corte religioso.

Por el bien de nuestra democracia es hora de que el populismo ceda el paso al estadismo.

Fuente del Artículo:

https://www.prensa.com/opinion/fin-libertad-ensenanza_0_4945755478.html

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Puerto Rico: Positivo el desarrollo de un índice escolar

Puerto Rico/25 enero 2018/Fuente: El Nuevo Día

Líderes académicos destacan que se deben analizar las razones que explican las brechas que hay en el desempeño de los estudiantes.

Transformar el sistema de educación pública de Puerto Rico es una tarea que, por tradición, se les ha dejado a los maestros, directores escolares, empleados del Departamento de Educación y hasta a los alumnos.

Pero, para hacer los cambios necesarios, es imperativo incluir a más personas, principalmente a los padres y encargados de los cientos de miles de estudiantes que atienden las escuelas.

Los padres, madres y encargados son aliados importantes del sistema educativo, pero en ocasiones son figuras que no participan de la toma de decisiones, ya sea por falta de interés o porque no existen espacios para que se involucren, reconoció la secretaria de Educación, Julia Keleher.

Uno de los retos es lograr que todos los miembros de la comunidad escolar -estudiantes, maestros, padres y personal no docente, entre otros- tengan derecho a reclamar que su escuela sea de excelencia, sostuvo la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.

En ese escenario, el lanzamiento del Índice de Desempeño Escolarpermitirá que formen parte de la toma de decisiones en el ámbito escolar, sostuvo el cofundador de la organización sin fines de lucro ABRE Puerto Rico, Arnaldo Cruz.

“Queremos que los padres sepan cómo está la escuela de sus hijos, si está bien, si está mal. Que puedan comparar y decidir”, sostuvo Cruz al hablar del proyecto que desarrolla esa entidad en colaboración con el Departamento de Educación.

Aunque la intención original de ABRE era desarrollar un instrumento que utilizara varios indicadores para medir la calidad de una escuela -tales como aprovechamiento académico, asistencia estudiantil y de maestros y seguridad escolar-, esto no se pudo concretar, reconoció Cruz. En el camino, se dieron cuenta que Educación tiene información incompleta o datos que no permiten hacer una comparación directa entre planteles, explicó.

“Si vemos los incidentes en una escuela, que es un indicador que se supone que registre los casos de ‘bullying’, las peleas, los cortes de clase, de 1,200 y pico de escuelas que había (para el año escolar 2016-2017), nada más se reportaron 200 incidentes. Eso no es real, no es posible, así que no podíamos confiar en esa información”, indicó Cruz al enumerar las razones por las cuales descartaron algunos elementos.

Por ello, el Índice solo se basará en los resultados que obtienen los estudiantes de nivel elemental y superior en las pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META). El objetivo es crear un sistema que permita darle una nota a cada escuela pública, de forma que los padres sepan la calidad de cada plantel, sostuvo Cruz.

El uso exclusivo de los resultados que obtienen los alumnos en pruebas estandarizadas es una movida controvertida, reconocieron Keleher y Cruz. Pero es lo mejor que se tiene, indicó la secretaria.

Como antesala a la publicación del Índice, que se prevé pueda ser dentro de un mes, ABRE realizó un informe sobre las disparidades entre las notas que obtienen los estudiantes y los resultados en META, el cual este diario reseñó ayer.

“El que haya personas mirando lo que es el desempeño escolar, que se esté desarrollando un índice de desempeño, es un paso importante. Necesitamos que esta sea una discusión más amplia y que nos sirva para hacer otros análisis. Por ejemplo, me parece importante que miremos esas escuelas que tienen más de un 70% de estudiantes con A y B y más de 70% de estudiantes proficientes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo han logrado?”, destacó la exsecretaria de Educación y principal oficial ejecutiva de Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO), Odette Piñeiro.

Las razones para esto debe ser motivo de un análisis exhaustivo de la agencia, pero la presidenta de la Asociación de Maestros destacó que un elemento importante es que los alumnos no comprenden la importancia de las pruebas estandarizadas y, por ende, las completan de forma descuidada.

Asimismo, Sara Hernández, de la Fundación Wildflower Schools y colaboradora del Instituto Nueva Escuela, que trabaja con escuelas de corriente Montessori, resaltó que los datos revelan que las escuelas Montessori y las especializadas obtienen mejores resultados de aprovechamiento académico. Las filosofías educativas de este tipo de centro educativo no solo se enfocan en temas de interés para los estudiantes, sino que fomentan una amplia participación de los padres y la comunidad en el proceso de enseñanza, añadió.

Es por esto que mejorar el aprendizaje no es un ejercicio que solo se dará dentro de los salones, argumentó Adalexis Ríos, directora ejecutiva de Aspira.

“Es importante atender al niño de forma holística, tenemos que fomentar actividades extracurriculares, que los estudiantes discutan temas que les interesen y que, más allá de memorizar, sepan cómo aplicar los conceptos que aprenden, que puedan solucionar problemas, que sean estudiantes capaces de comunicarse, de (tener) pensamiento crítico y, de esa forma, mejoremos su desempeño académico de forma integral”, expresó Ríos, quien ha sido parte de la Mesa de Trabajo para impulsar un Plan Decenal de Educación.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/positivoeldesarrollodeunindiceescolar-2392114/

 

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