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La educación tiene que ser una prioridad, apunta presidente argentino

América del Sur/Argentina/16 Julio 2020/prensa-latina.cu

El presidente argentino, Alberto Fernández, apuntó hoy que la educación debe ser una prioridad al presentar el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, que beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes.

En total el plan incluye 63 nuevas obras en 47 universidades nacionales, que permitirá extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional en 19 provincias más la capital argentina.

Desde la Residencia de Olivos, el mandatario reivindicó la educación pública tras señalar que de allí han salido grandes hombres y mujeres de este país, entre ellos sus premios Nobel.

El camino que tiene que abrazar Argentina es la educación pública, dijo el mandatario tras recordar que esta nación fue pionera en la región en esta materia y muchos trabajaron para llegar a ese nivel como Manuel Belgrano o Domingo Faustino Sarmiento, quienes siempre supieron que en el conocimiento estaba el futuro.

Tras resaltar que el destino de las naciones debe estar directamente vinculado al conocimiento y al saber, pues tiene que ver con el futuro, el gobernante celebró que con este plan se le pueda dar un mejor estándar a más de un millón y medio de estudiantes. Eso, dijo, es apostar al futuro.

Durante el acto estuvieron presentes los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y los rectores de las universidades nacionales que forman parte de este programa.

Al tomar la palabra, el titular de la cartera de Educación reafirmó que esto es un paso fundamental para profundizar el desarrollo de la investigación en las universidades y ampliar los derechos al acceso a la educación superior.

La respuestas a los grandes desafíos que tiene Argentina en la etapa pos pandemia, están en nuestras aulas y en los institutos de investigación, expresó.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=381935&SEO=la-educacion-tiene-que-ser-una-prioridad-apunta-presidente-argentino
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OVE entrevista a Silvana Sáez Valladares: «Nuestro sistema educativo se orienta por una prueba de medición que cuesta al Estado chileno US$ 22.561.000»

Entrevista realizada por Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina 

En esta oportunidad entrevistamos a Silvana Sáez Valladares de Chile- Valparaíso, quien lleva una lucha por la autonomía y el protagonismo de las y los docentes en su país.

Es directora de Educación Valparaiso, profesora de Estado en Inglés. Magíster en Dirección y Gestión Escolar de calidad, diplomado English for Law, Nashville State Community College. Asignación Excelencia Pedagógica 2006, miembro de la Red Maestros de Maestros del Mineduc 2007, profesora Supervisor de la Universidad de Minnesota. Supervising teacher of the English Language Teaching Assistant Program of the University of Minnesota, Morris.

 

Silvana, cuéntanos un poco tu historia de vida y como llegaste a sindicalismo magisterial

Nací en una familia de condición de pobreza extrema, en una comuna del interior de la región de Valparaíso. La precariedad de mi vida sumado a la experiencia bestial de  la dictadura de Pinochet me llevó a la militancia política con apenas 14 años, iniciando así un camino de resistencia al tirano sin mirar los riesgos que eso suponía, sólo me movilizaba hasta hoy  la convicción que la democracia debía ser parte de mi experiencia de vida para la transformación política para un país con mayor justicia social.

Por estas razones fui parte de la organización estudiantil y poblacional durante esos años de dictadura. La tarea gremial la  inicie luego de egresar de la Universidad como profesora de Inglés, siempre en lógicas no sólo de reivindicación como trabajadora sino  al mismo tiempo me inicié en la profundización del trabajo político técnico buscando disputar modelos o formas de hacer educación pública, razón por la cual desde la convicción del protagonismo y autonomía que nos debe el sistema a los docentes, he insistido en la apropiación de la institucionalidad educativa para su transformación.

 

¿Y a la gestión en la dirección de educación como llegas? ¿Como parte de un proyecto político de transformación?  ¿Cuáles son las ideas centrales de ese proyecto?

Valparaíso genera el 2016 un movimiento político amplio que lleva a la elección de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso, este movimiento ciudadano surge como organización fuera de los partidos o movimientos políticos existentes. La definición de la alcaldía ciudadana emerge entonces como necesidad de una nueva gobernanza que establezca identidad y vinculación con los que habitan la ciudad para la mejora de condiciones globales como ciudad.

 Dentro de las atribuciones del nuevo alcalde está nombrar direcciones que puedan materializar lo propuesto a la ciudad en su campaña electoral, es así como dejo la Dirección de la escuela que gestionaba hasta entonces ,para hacerme cargo de levantar un equipo de profesionales que concrete el desafío de hacer de otra manera educación pública en Valparaíso.

Este proyecto político de transformación del gobierno local busca una gestión transparente, con mayor grado de democratización con vinculación y desarrollo hacía los territorios de la ciudad.

El programa abierto de la Alcaldía ciudadana pone al centro los ejes que deben sostener el trabajo de educación pública para la ciudad, siendo éstos el punto de partida de una gestión educativa que busca el co diseño de un modelo de educación pública que pone al centro la trayectoria de vida y escolar de nuestros estudiantes, eliminando lógicas de fracaso escolar.

 

¿Cuáles consideras que son los elementos más significativos de la crisis educativa en Chile?

Nuestro sistema educativo es altamente gerencial, se orienta sólo a resultados estándares levantados desde la aplicación de una prueba de medición censal que cuesta al Estado chileno  US$ 22.561.000. La prueba Simce ha destruido el sentido de la educación promoviendo la presión, tensión, agobio y castigo a quienes no logran los estándares definidos por ley, amenazando con cierre de escuelas por esta razón. Nuestro sistema público  de educación posee una de las segregaciones más altas, incluso es mayor que la segregación habitacional, primera política pública de la dictadura para concentrar a la clase trabajadora en barrios segregados por condición de clase.

La Educación pública o Municipal en Chile representa sólo el 35% de la matrícula, dejando  todo el resto de estudiantes en establecimientos escolares pertenecientes a privados, quienes reciben dineros del Estado en forma de subsidio o voucher, fomentando así la competencia por estudiantes, pues cada uno representa un aporte fiscal a un privado quien levanta un establecimiento educacional como cualquier negocio.

 

 

Silvana, ¿consideras que la formación docente se corresponde a los actuales retos que enfrentan los y las docentes? ¿Cuáles deberían ser las reelaboraciones en materia de formación inicial y continua de les educadores?

 Reafirmo las definiciones de Naomi Klein, no podemos volver a la normalidad pues estábamos en crisis. Eso es muy cierto en educación pública, hemos estado por décadas en una profunda crisis de los sistemas educativos, agudizada por las orientaciones de la banca internacional que propicia las reformas educativas desde los ’80. En Chile coincide con la instalación de una de las Dictaduras más sangrientas de América Latina, la que impone restricciones al magisterio en la función docente, dejando atrás la libertad de cátedra y creando roles de supervisión y control de los docentes. Sumado a la desaparición, tortura, exoneración y encarcelamiento de cientos de maestros y maestras.

Todo este escenario construye un contexto de subordinación del ejercicio docente que se manifiesta en una formación inicial que solo entrega herramientas para la reproducción del sistema, sin validación profesional, dejando fuera al docente de la política que debe implementar, invisibilizando su protagonismo.

En tiempos de crisis cuando se juegan las concepciones de la vida y el mundo, donde la ideología entonces polariza las acciones, los vacíos políticos en la formación inicial docente, toda vez que el acto de generar conocimiento en sí mismo es una acto político, son claramente visibles, pues la cultura escolar vuelve rápidamente al miedo por la falta de contenidos y control de los estudiantes mediante normas y evaluaciones objetivas, sin poner a centro la vida y su reafirmación.

Desde Chile, un modelo de profundización del capitalismo, inhumano por cierto, las urgencias en la formación inicial como continua deben poner al centro la discusión sobre el rol profundamente social de la institución escolar. Se necesita reconocer, elaborar y construir política docente que garantice el derecho a la educación, con una educación que nazca desde los niños y niñas, que esté a su alcance y que posibilite una trayectoria educativa sin fracaso como experiencia de vida.

Recuperar la autonomía profesional supone entonces que seamos co protagonistas en la formación docente, quienes hacen educación pública deben ser parte de la formación, el ir y venir de la academia y el gremio docente es un imperativo, se deben bajar los límites entre la escuela y la universidad, el propósito es el mismo, mayor justicia social para los nuestros.

 

¿Qué ha significado la crisis del COVID-19 para el magisterio chileno? ¿Considera que el COVID-19 y las medidas que se adoptaron en materia educativa afectan al derecho a la educación?

Siguiendo mi comentario anterior, la crisis de la educación pública, ya la estábamos viviendo y hoy con una pandemia estamos profundizándola. Nuestras autoridades han generado políticas de improvisación sanitaria generando una masificación del contagio del virus, agudizando con actuaciones mediáticas que hacen creer que se mejora la condición para luego volver a la alarma pública y a la instalación del miedo por la falta de seguridad sanitaria y de la violencia y desesperación por alimentación. Mejor escenario para ir intentando borrar la experiencia de revuelta social del año anterior que tuvo al país y al gobierno ad portas de cambio político que necesitamos.

Este escenario pone al magisterio en un punto de inflexión, reproduce la política curricular que busca cobertura de contenidos o se reinventa y genera acciones que mantengan el vínculo y demuestran que la escuela no tiene muros que la confinen si la tarea es aprender o acercarse al conocimiento. En la mayoría de las experiencias, lo segundo se empieza a manifestar con más fuerza, a los docentes nos importa más la vida que un resultado, este año nunca será perdido si sobrevivimos cuidándonos entre todos.

En esta misma línea nuestros profesores han comenzado a generar acciones de solidaridad para ayudar a los estudiantes y sus familias, comienzas las ollas comunes, los bancos de alimentos, las campañas de dinero para pagar arriendo de las casas de los estudiantes, medicamentos etc pero sin olvidar que la solidaridad es una acción que busca reducir el sufrimiento y la carencia, pero  no se olvida que estas condiciones mínimas de humanidad son responsabilidad de los Estados  y son ellos quienes deben responder.

En tanto no estén resueltas las necesidades básicas como derecho, no existen condiciones de derecho a la educación ni antes ni menos hoy. Que todos tengan acceso a una educación no es equivalente a tener el derecho garantizado, pues ningún estudiante puede fracasar en el trayecto de vida que se juega en la escuela, las condiciones de apoyo, acompañamiento de esa trayectoria deben ser expresión de ese derecho, esas condiciones no han estado nunca. Para nuestros estudiantes, todo.

De más está decir que en Chile la constitución de Pinochet garantiza la libre elección de la educación, no el derecho a la misma. Este marco institucional explica la lógica de responsabilidad individual de ese ejercicio de la elección, como si los pobres alguna vez han podido elegir como vivir sus vidas.

 

A partir de su experiencia docente y gremial cuales serían algunas de las propuestas alternativas en la actual coyuntura del magisterio americano.

Creo profundamente que erradicar la estandarización como eje de la política de educación en el mundo y en particular en América, puede dar pie al resurgimiento de la autonomía docente. Identificar todas las pruebas estandarizadas  que provocan la alteridad de las comunidades fracturando la vida de nuestras escuelas para generar un plan de activismo permanente contra la estandarización brutal e inhumana. Denunciar como el mercado simplifica la acción educativa para hacer creer que si el aprendizaje no se mide no existe, generando grandes negocios de transnacionales como Santillana, Pearson, Oxford, SM etc. gastando millones de dólares que se niegan a las escuelas para diseñar sus proyectos contextualizados, dialógicos y transformadores.

Son estos momentos donde se enfrentan dos maneras radicalmente opuestas de mirar la educación, una que busca cuidar, acompañar y garantizar la vida de nuestros estudiantes, y otra que busca su fracaso, su exposición y su muerte.

Tenemos la esperanza intacta y cada día sigue siendo, Continuar.

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Paraguay: Estudiantes y docentes, en movilización permanente contra recortes

América del Sur/ Paraguay/ 14.07.2020/ Fuente: www.ultimahora.com.

Gremios de estudiantes secundarios, universitarios, docentes y funcionarios de educación se declaran en estado de movilización permanente contra recortes y en defensa de la educación pública.

Diferentes gremios de estudiantes, docentes y funcionarios se declararon en movilización permanente para defender el presupuesto de educación pública ante cualquier tipo de recortes, como también para exigir mayor inversión en el sector y defender una educación pública, gratuita y de calidad.

Desde el Frente Nacional en Defensa de la Educación Pública emitieron un comunicado en el que piden que la educación no pague la crisis de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Así también, mencionan que todo el sector se congregó como respuesta a las políticas de ajuste económico y recorte presupuestario del Gobierno Nacional, que afectará a toda la comunidad educativa.

Asimismo, señalan que a raíz de la pandemia del coronavirus las autoridades se vieron obligadas a replantearse las políticas de Estado, pero no se considera la problemática en educación y, por el contrario, se realizan recortes cuando que el sector pide mayor inversión.

«Esta crisis no la puede cargar el sector educativo, menos aún cuando los sectores económicos más privilegiados no han aportado absolutamente nada para enfrentar la crisis. Mientras el Gobierno Nacional priorice el pago de las deudas con más deudas, al tiempo que desfinancia la educación y la salud de nuestro pueblo, la crisis no podrá ser superada», exponen.

Entre tanto, refieren que la pandemia deja en evidencia la crisis del modelo educativo vigente y la necesidad de discutir la construcción de uno nuevo y que tenga participación democrática de todos los sectores de la educación.

«La brecha digital existente en educación escolar básica, media y superior, los inminentes recortes a las becas de las universidades públicas y el pago de aranceles que no ha cesado a pesar del difícil contexto en que estamos, ha obligado a la deserción de una cantidad alarmante de estudiantes», sostienen.

Entre otras cosas, manifiestan que la falta de cumplimiento del acuerdo firmado para la instalación de la carrera docente y el salario básico profesional por parte del Gobierno deja de lado el cumplimiento con el magisterio hasta este momento.

«De la misma manera que hace 44 años, no existe crecimiento vegetativo natural en el sector administrativo del MEC. Esto es el reflejo de un plan para la educación que no sirve», detallan.

Finalmente, alegan la ausencia del Estado en las necesidades educativas como la política alimentaria, vislumbra las fallas de un modelo educativo que ya está obsoleto y que no se considera un gasto, una inversión estratégica a corto, mediano y largo plazo.

Fuente de la noticia: https://www.ultimahora.com/estudiantes-y-docentes-movilizacion-permanente-contra-recortes-n2894405.html

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Entrevista a Jairo Torres Oviedo: «Gratuidad en universidades públicas costaría $677 mil millones». Colombia

Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.

SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?

J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.

SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?

J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.

SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen? 

J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?

J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.

SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/es-posible-la-educacion-superior-gratuita-entrevista-al-presidente-del-sue/683724
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A combatir el control y reforma educativa de la Junta Fiscal

Por: Emilio Nieves Torres

El reciente plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal el 27 de mayo de 2020 incluye un control directo del Departamento de Educación y la imposición de una reforma educativa. El Plan Fiscal no hace referencia a la Ley 85 de 2018 que recoge la visión de reforma educativa de la actual administración gubernamental. Por el contrario, pretende imponer política pública en el Departamento de Educación.

Para el inicio del próximo año escolar 2020-2021, la JCF le exige al DE crear un plan post COVID-19 de regreso a la escuela y un Task Force para reabrir las escuelas y para la educación a distancia. Es decir que el plan elaborado por el Secretario de Educación y discutido con algunos sindicatos, está sujeto a lo que establezca la Junta. Incluso le señala al Departamento de Educación que hay que hacer reformas curriculares y superar la barrera digital educativa.

La Junta pretende imponer su reforma educativa en la cual establece como prioridad la enseñanza de inglés porque, bajo su filosofía, el trabajador que domina el idioma inglés tiene mejor salario. Con esta premisa discriminatoria, asigna $1.5 millones para adiestramientos a maestros de inglés. Es decir, la Junta se inserta en la política pública del DE para impulsar como prioridad la enseñanza de inglés, como si no fuera parte del currículo la enseñanza del inglés y español. Desconocen o se resisten a aceptar que la defensa de nuestro vernáculo no está sujeto a los dólares, sino a nuestra cultura. Están inconformes con la realidad de que solo el 20% de la población es bilingüe. La verdad es que, si hay que utilizar inglés en asuntos laborales, el puertorriqueño lo asume con éxito. Pero parece que el mensaje de la Junta al gobierno es que, si han fracasado en el proceso de asimilación, ellos van a establecer la ruta.

Por otro lado, la Junta promueve el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), lo cual excluye las bellas artes como plantea el DE con el enfoque STEAM. No conforme con esto, para establecer el control absoluto de la educación pública, le exige al Departamento de Educación definir sus metas y un plan estratégico a 5 años (2022 al 2027) el cual tiene que ser discutido con la Junta.

Ante estas intenciones y otros señalamientos que hace la Junta al DE, ¿cuál va a ser la postura del Secretario de Educación y la Gobernadora ante la intervención de la Junta para establecer política pública? No es suficiente demandar en el Tribunal a la Junta y simultáneamente someterse a la misma. Hay que confrontar a la Junta.

Junta y bipartidismo coinciden en la visión neoliberal de la educación

El Plan Fiscal aprobado establece como filosofía educativa la visión neoliberal. En esto coinciden con el bipartidismo. Indica que en los grados de kínder a duodécimo los estudiantes deben desarrollar las destrezas necesarias para lograr una economía autosuficiente y que se integren a la fuerza laboral. Esto puede parecer correcto. Incluso podemos pensar que es la filosofía que nos conduce a un país autosuficiente e independiente. Sin embargo, se fundamenta en la visión individualista en la cual se descarta la visión comunitaria en la que se forjan los principios de participación democrática, solidaridad y resiliencia. La Junta y el bipartidismo en su ejecución excluyen la dimensión social de la educación. Ignoran la visión constructivista y liberadora de la educación en la cual el estudiante desarrolla conocimientos a través de procesos de construcción social activa. Tampoco les importa implantar el “derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” (Constitución de PR Art 2, sección 5)

También coinciden en la visión neoliberal en la cual se promueve la competencia entre escuelas y se utilizan fondos federales para justificar la federalización y la privatización de la educación. La Junta promueve en su plan fiscal la competencia entre escuelas ofreciendo $100,000 a 70 escuelas (10 de cada región educativa) que desarrollen un proyecto de innovación educativa. Este incentivo niega el esfuerzo que desarrollan todas las escuelas (con las limitaciones particulares) e intenta imponer la visión neoliberal de que compitan y sobreviva el más fuerte. Hay escuelas que tienen unos proyectos innovadores porque son escuelas especializadas o las condiciones económicas que rodean la escuela le son favorables. Todas las escuelas pueden desarrollar proyectos de innovación educativa, pero las limitaciones administrativas, tecnológicas y socioeconómicas impiden competir en igualdad de condiciones. Además, las escuelas no existen para competir, sino para educar y compartir las experiencias exitosas. Sin embargo, la Junta, por su naturaleza estrictamente fiscal, pretende imponer medidas neoliberales creando las condiciones para cerrar o privatizar escuelas.

A esto se añade que el organismo federal separó $71.5 millones del presupuesto entrante para pagar incentivos a empleados públicos y agencias si cumplen los requisitos que determine la Junta. En el caso del Departamento de Educación, impone un incentivo de $1,500 a directores escolares y $5,000 por escuela si cumplen con reportar mensualmente la asistencia de maestros y estudiantes. Esta es una información inherente al funcionamiento de las escuelas que no requiere de bonificaciones, sino de medidas que reduzcan o eliminen las deficiencias administrativas y tecnológicas que afectan el salario de los trabajadores y que impiden un registro de asistencia efectivo para maestros y estudiantes.

Esta repartición de dinero representa el intento de la Junta de justificar su intención de establecer política pública y de generar opinión pública a su favor, ante el evidente rechazo del pueblo a su política de austeridad.

Reto a los defensores de la educación pública  

Todo esto representa un enorme reto para las organizaciones magisteriales y las comunidades escolares en defensa de la escuela pública y su autonomía administrativa, docente y fiscal.

Estas medidas de la Junta no atienden los problemas fundamentales que han incidido en el aprovechamiento académico de los estudiantes: centralización, politización y burocratización del sistema educativo. Por otro lado, la estrategia del bipartidismo ha sido la federalización y la privatización. La Junta coincide con esta estrategia y busca darle continuidad.

La federalización consiste en definir un currículo que responda a la visión federal y neoliberal de medir el proceso educativo exclusivamente a base del idioma (español e inglés) y las matemáticas. Las ciencias, la historia, las bellas artes, la salud, los cursos vocacionales, la educación física, entre otros no se miden con las pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas, META, PISA). El éxito o fracaso de un sistema educativo se ha medido con dos criterios que impone la visión neoliberal: idioma y matemática. Este es el mayor fraude con el que tenemos que romper para definir nuestra filosofía educativa y nuestro currículo para luego medir resultados de forma integral, sin estar atados a fondos federales cuyos beneficiarios principales no son los estudiantes, sino las compañías privadas.

La privatización de escuelas públicas se ha traído a Puerto Rico mediante dos estrategias fracasadas en los Estados Unidos: escuelas charter y vales educativos. La ironía es que el argumento principal para justificarlas es que las escuelas y colegios funcionan de forma autónoma y eso mejora el aprovechamiento académico. Precisamente lo que establecía la derogada Ley 149 de 1999 era la implantación de la autonomía escolar: administrativa, docente y fiscal. La resistencia a este cambio vino de las estructuras gubernamentales y sus representantes políticos en las regiones educativas y distritos escolares.

La otra ironía es que, aunque las leyes aprobadas reconocen al maestro como el principal recurso, es el menos escuchado. Tenemos impulsar las propuestas de maestras(os) que reclaman la autonomía docente que permite construir currículo con los estudiantes, crear y elaborar propuestas de desarrollo social, cultural y económico; la autonomía administrativa para tomar las decisiones de organización escolar que mejor respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y su comunidad; la autonomía fiscal para una sana y transparente administración de los fondos que responda a las prioridades de la comunidad escolar.

Las organizaciones magisteriales, las comunidades escolares y el pueblo tenemos que rescatar la educación publica realizando las acciones pertinentes. Una de ellas es exigir a todos los candidatos a puestos públicos a que asuman posición ante la Junta de Control Fiscal. O la sacan o se someten a su voluntad de gobernar en Puerto Rico. No hay espacio para términos medios o tibios.

Fuente: https://www.claridadpuertorico.com/a-combatir-el-control-y-reforma-educativa-de-la-junta-fiscal/

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ÚLTIMA HORA: Venezuela es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación a través del FOVEDE

São Paulo, 25 de junio de 2020

 

Dr. Luis Bonilla-Molina

Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorado en Sistemas de Evaluación de la Calidad Educativa

Integrante del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación

 

Distinguidos compañeros del FOVEDE:

 

 

En nombre del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), tengo el agrado de comunicarles que el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE) es, a partir de ahora, formalmente miembro de la CLADE, ya que la documentación que nos fue enviada como parte del proceso de solicitud de integración a la membresía señala la plena consonancia de principios institucionales y políticos del FOVEDE con nuestra Campaña.

 

 

Les mando un cordial saludo,

 

Camilla Croso

Coordinadora General

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

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Costa Rica: Sindicatos de las universidades públicas rechazan informe de Comisión del FEES

Redacción: CR Hoy

Los sindicatos de las universidades públicas de Costa Rica rechazan categóricamente el informe de mayoría de la llamada “Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas en Relación con la Administración del Fondo Especial de la Educación Pública (FEES)”, Expediente Legislativo 21.052, y denuncian ante la sociedad costarricense el intento de un grupo de diputados para aprovechar la integración de dicha comisión como una excusa para atentar contra la autonomía universitaria y el modelo de educación superior pública del país.

Al respecto, aseguran que lo que los diputados llaman una “investigación” seria sobre el accionar de las universidades públicas y el cómo utilizan sus presupuestos (FEES), no pasa de ser una burda conspiración, que no considera un análisis con un mínimo de rigor académico, científico y profesional (como debería ser en una comisión del primer poder de la República), sobre la veracidad de sus conclusiones.

De acuerdo con los representantes de los gremios sindicales, “este dictamen está basado, además, en una serie de prejuicios y juicios de valor de un grupo de personas que no cuentan con respaldo técnico ni formación alguna que les permita presentar una investigación y un análisis serios, objetivos y éticos, obtenidos de un método riguroso, del cual se colijan conclusiones claras y apegadas a la realidad. En lugar de lo mencionado, contamos con un grupo de políticos de turno, con ínfulas de investigadores, y una agenda clara en cuanto a menoscabar las universidades públicas con el fin de desfinanciarlas, supeditándolas a los intereses político-electoreros de los partidos políticos, así como a los intereses egoístas y hegemónicos del gran empresariado, que pretenden convertir a las universidades en maquilas de tecnócratas formados, cual autómatas, para servir al gran capital”.

Insisten en que es inaceptable una “investigación” cuyo desarrollo parte de ideas preconcebidas y sustentadas en información seleccionada a conveniencia para “respaldar” sus turbios intereses, lo cual no solo genera desinformación, sino que expone una falacia sobre la realidad del quehacer universitario y atenta contra la verdad histórica, al borrar el aporte de las universidades públicas, en cuanto a constituirse en los mayores agentes de cambio y movilidad social de nuestra sociedad: tal contribución se da no solo al permitir que miles de estudiantes, becados en su gran mayoría, provenientes de colegios públicos, de zonas rurales y representantes de los estratos de menor ingreso, se conviertan en profesionales críticos que aportan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, sin dejar de lado que en las universidades públicas se realiza más del 80% de la investigación científica de Costa Rica, cuyo impacto es transcendental y directo en la sociedad, el cual repercute tanto en las diferentes instituciones públicas y privadas del país, como en las comunidades, a través de la transferencia tecnológica, la extensión y la acción social, tal y como se ha hecho, más que evidente en la actual coyuntura de emergencia sanitaria. No en vano, las universidades públicas costarricenses ostentan lugares de honor, a nivel latinoamericano y mundial, precisamente, por el trabajo comprometido de miles de trabajadores y sus aportes al desarrollo del conocimiento y de la sociedad en general.

“Con su informe, dicho grupo evidencia su completo desconocimiento acerca de cómo funciona la universidad pública al servicio de la sociedad y del país, así como del sistema de educación superior público de Costa Rica. Su limitada visión y su evidente mala intención les permite verter criterios retrógrados en contra de la formación humanista, crítica e integral que las universidades públicas ofrecen a sus estudiantes, al tiempo que evidencia su inclinación por el conocimiento técnico e inmediato como el único que interesa al país, lo cual se corrobora en ese informe con afirmaciones como la siguiente: “Las universidades deberían estar generando un valor público que sobrepase las necesidades estudiantiles y que, además, esté al servicio de la ciudadanía” ¿No les es evidente el valor público de las universidades?”, señalan.

Los representantes de los gremios universitarios reconocen “la difícil situación que enfrenta el mundo entero y dentro de este, nuestro país, estamos claros que, para salir de esta situación de crisis, se requiere mayor inversión en las instituciones emblemáticas del Estado Social de Derecho, especialmente en el sector educación, y, dentro de este, en la educación superior pública. Ya las trasnochadas recetas neoliberales de recortes presupuestarios y privatización de la educación han demostrado su efectividad, para sumergir a los países en las mayores crisis que podamos recordar. En este sentido, la actual Asamblea Legislativa se ha dedicado a recortar, de forma inconstitucional, el financiamiento de la educación, tal y como ha sucedido en los últimos años, a lo que cabe agregar que NUNCA se ha respetado el mandato constitucional de la asignación del 8% del PIB para la educación pública de calidad que merece este país”.

En este informe, los legisladores recomiendan que que las universidades públicas pasen a la caja única del Estado, lo cual -según representantes universitarios- limita la independencia financiera de las universidades, al violentar la autonomía financiera, además de que, de forma reiterada, se afirma que las universidades deben generar sus propios recursos -algo que,afirman, ya sucede- y suplir el FEES con recursos propios, lo que implicaría una privatización de la educación superior pública.

“Reconocemos, además, que en estas circunstancias difíciles, las universidades deben evolucionar hacia mayores estados de eficiencia, eficacia y pertinencia, tal y como históricamente lo han hecho, pero esto debe ser asumido desde el marco del respeto absoluto de la autonomía, independencia y libertad de cátedra de estas instituciones. Las universidades públicas están comprometidas con un proceso de revisión y autoanálisis permanente, con el fin de prestar un servicio óptimo a la sociedad que así lo demanda: un contexto en el que se impulsen mayores procesos de regionalización, vinculación con el sector productivo y los planes de desarrollo, entre otros, como forma de ser cada vez más pertinentes para la sociedad, sin perder con ello, la autodeterminación y la libertad que le otorga la autonomía constitucional y el deber del Estado de financiar la educación superior pública”, indican en un pronunciamiento.

Las universidades públicas no pueden ni deben, politizarse o someterse a los intereses mezquinos de los grupos económicos que buscan maximizar sus ganancias a costa de las instituciones y servicios públicos del país.

Los representantes sindicales universitarios hacen un llamado al estudiantado universitario y a los trabajadores que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de Consejo Nacional de Rectores (CONARE) “para defender la educación superior pública del país como un derecho supremo de la sociedad costarricense y, de igual manera, solicitamos el apoyo de todos los egresados que se han visto beneficiados del sistema público que les permitió formarse, establecerse y contribuir con la sociedad y a la población en general: hacemos un especial llamado para que, de forma crítica y objetiva, se sopese y valore los alcances e importancia de la educación, investigación, extensión y acción social pública de calidad”.

De igual forma, alertan a la población, en general, “para que no se deje engañar ante este burdo intento de desprestigiar y destruir a las universidades públicas, baluartes en la construcción de la Costa Rica solidaria e inclusiva, construida a partir de la década de 1940, por aquellas mentes visionarias que, con gran acierto, concibieron que estas instituciones solo podían cumplir con su misión histórica, si eran dotadas del mayor rango de autonomía y libertad posible, así como del financiamiento adecuado, para que, además de ser instituciones democráticas, se convirtieran en instituciones democratizantes”.

Finalmente, los sindicatos de las universidades públicas de este país enfatizan su misión en cuanto a velar por el cumplimiento de los objetivos y los compromisos que la sociedad costarricense ha depositado en nuestras instituciones y en nuestros funcionarios: estamos al servicio de Costa Rica.

Fuente: https://www.crhoy.com/enterese/sindicatos-de-las-universidades-publicas-rechazan-informe-de-comision-del-fees/

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