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La educación superior en Colombia, un derecho desfinanciado

Álvaro Martín Moreno Rivas | Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Si en 2023 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en vez de usar recursos del presupuesto hubiera utilizado la emisión de bonos de deuda pública para cumplir con sus obligaciones del Fondo de Estabilización de los precios de los Combustibles (FEPC), hoy se podrían atender sin mayores dificultades las contingencias que enfrenta el sector educativo, que de hecho es lo que se ha venido haciendo parcialmente desde junio de este año. De los $20,5 billones programados, el Gobierno nacional contempla pagar $7,8 billones con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y los restantes $12,7 billones con bonos de deuda (TESB).

Ahora bien, es interesante comparar las reacciones de las autoridades y de la sociedad en general a dos eventos que se podrían considerar como isomorfos, es decir que pueden tener la misma forma fenoménica, pero obedecen a naturalezas diferentes.

Cuando un banco o un grupo de bancos empiezan a manifestar problemas de liquidez –esto significa que las reservas de caja en efectivo no alcanzan para responder a las demandas de sus clientes–, inmediatamente se prenden las alarmas y las entidades de vigilancia y regulación activan todas las medidas para conjurar la emergencia, conteniendo la corrida de depósitos y preservando el sistema de pagos, que es un “bien público”. Un gran banco no puede cerrar.

Por el contrario, si una o varias universidades públicas se ven impedidas para cumplir los compromisos de su nómina con los trabajadores y profesores, y se declaran incapaces de realizar los pagos de las cuentas vencidas, apenas si se escuchan algunas declaraciones lacónicas, y los órganos de vigilancia y control no activan automáticamente las acciones y los correctivos del caso, subsanando el contratiempo de corto plazo.

Los rectores anunciarán que la situación puede durar más de lo previsto y que se requerirá vender rápidamente algunos activos, antes de que se restablezca la normalidad. Mientras tanto, el “bien común” del conocimiento y el derecho fundamental de la educación superior se interrumpe. Una gran universidad pública sí puede cerrar.

Los sucesos que ocupan el interés de algunos analistas y entidades de control como la Contraloría General de la República, que solicitó atención urgente a los faltantes de caja de tres importantes universidades públicas del país (Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y Universidad del Cauca), son apenas el síntoma de una crisis estructural del sistema público de educación superior, cuyo origen se encuentra en la arquitectura privatizadora de la Ley 30 de 1992.

Los ponentes y legisladores de principios de los noventa le apostaron a un esquema de autofinanciamiento de las IES públicas. Las reglas presupuestales definidas en los artículos 86 y 87 buscaron contener el crecimiento ordenado y sostenido de las universidades estatales –hoy IES del Sistema Universitario Estatal (SUE)– reservando el espacio del mercado a la iniciativa privada.

Las exigencias de mayor cobertura, de promover la internacionalización, de mejorar la calidad, de ofrecer nuevos programas de pregrado y posgrado, junto con las crecientes demandas de recursos para la investigación y la contratación de profesores con altos niveles de cualificación, obligaron a las IES públicas a movilizar sus limitados recursos para incrementar los ingresos mediante la venta de servicios en el mercado.

Sin embargo los problemas no se pudieron resolver, acarreando otro tipo de tensiones que debilitaron a las comunidades académicas. Mientras tanto los desbalances financieros siguieron aumentando con el tiempo, convirtiéndose en verdaderas “cargas de profundidad”. Se habla de que el desequilibrio ya sobrepasa los $18 billones.

En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.En la vigencia de la Ley 30 de 1992 las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Este proceso no es específico para Colombia. Los años noventa se pueden considerar como el giro hacia lo que Joaquín Brunner y otros expertos han definido como el capitalismo académico, caracterizado por la mercantilización de la educación superior, la privatización y la introducción de los métodos de gestión empresarial a las IES públicas, cercando los bienes comunes del conocimiento e imponiendo nuevas restricciones al financiamiento público del lado de la oferta. Las universidades tuvieron que diversificar sus fuentes de recursos, eso sí, priorizando las actividades con las mayores tasas de rendimiento pecuniario en desmedro de aquellas que no son valoradas por el mercado.

Desde las orillas más conservadoras se defendió la idea de que la educación superior no era un bien público, y por ende que su financiamiento debería ser una especie de joint venture (alianza estratégica) entre el contribuyente y el estudiante. Aunque se reconoció la existencia de externalidades positivas y beneficios a terceros para la educación superior (aumento de la productividad, movilidad social, convivencia pacífica, reducción de la delincuencia, innovación, etc.), primó la idea del capital humano –un activo con altas tasas de rendimiento intertemporal– para justificar los esquemas de financiamiento privado (como los créditos contingentes al ingreso) y promover la provisión del servicio de educación superior por medio de las fuerzas del mercado.

Como siempre, el caballito de batalla para los privatizadores fue la retórica del subsidio cruzado: como los hijos de los pobres no tienen las mismas posibilidades de ingresar a la educación superior pública, los contribuyentes estarían subsidiando a los vástagos de los ricos, sin merecerlo, un argumento cuya retórica técnica justifica el fin del Estado de bienestar y la llegada de la austeridad fiscal.

En el gráfico 1 se muestra la estructura de propiedad de las instituciones universitarias de varios países de América Latina en 2023.

Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.Gráfico 1. Instituciones universitarias de América Latina, 2023. Fuente: Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda). Educación superior en Iberoamérica. Informe 2024.

Como se puede observar, en solo 4 países de la muestra las IES públicas dominan a las privadas. Argentina, Ecuador y Venezuela son los tres países que muestran un mayor peso estatal en el mercado de la educación universitaria, caracterizados además por formar parte del primer ciclo de gobiernos progresistas de América Latina, en los cuales se introdujeron medidas para recuperar el carácter de bien público de la educación superior. Los restantes países conservan los arreglos normativos e institucionales de las reformas neoliberales de primera y segunda generación que se iniciaron con la ola del Consenso de Washington.

Después de 30 años de vida de la Ley 30 de 1992 el modelo privatizador ha tenido un relativo éxito en Colombia. Las IES privadas han venido ganando espacio político y una mayor participación en el mercado. Los programas Ser Pilo Paga y Generación E les permitieron acceder a recursos de financiamiento público, sin que ello implicara aumento de costos, dados los excesos de capacidad instalada que se mantenían ociosos.

Por el contrario, la IES públicas siguieron experimentado un desbalance estructural que se ha ido ahondando con el tiempo sin que se logren las coaliciones ganadoras en la lucha legislativa por un cambio de la Ley 30 de 1992. En el gráfico 2 se presenta el desequilibrio estructural entre los gastos de funcionamiento e inversión y los recursos provenientes del Presupuesto Nacional definidos en los artículos 86 y 87 de dicha ley.

Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.Gráfico 2. Desbalance estructural de las finanzas de las IES públicas según el índice de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento. Fuente: SUE (2022), cálculos propios.

El debilitamiento financiero de las IES públicas es el síntoma de un inadecuado modelo de gestión privada tanto para el gobierno de un bien común como el conocimiento, como para garantizar el derecho fundamental a la educación superior.

Como lo expresa Ugo Mattei en su manifiesto por los bienes comunes de 2013:

El saber crítico, en efecto, no se produce en ambientes competitivos. Prospera en comunidades solidarias, tendencialmente igualitarias, dispuestas a ver los problemas desde la perspectiva de los perdedores de los procesos sociales y no a reproducir la retórica de los vencedores. El saber crítico no puede tener patrones. No puede prestarse a esconder la verdad para proteger los intereses de los financiadores. Como todo bien común, el saber crítico debe ser defendido por todos contra cercamientos que solo sirven a los intereses de unos pocos.

https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-educacion-superior-en-colombia-un-derecho-desfinanciado

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La academia chilena: Los desafíos para incorporar la Perspectiva de Género en la Educación Superior

Por : Carla Fica Chueca
Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Un año más que conmemoramos a quienes se dedican a la docencia, sea secundaria o universitaria. Un año más donde la fatiga invisible post pandemia sigue dejando huella, tanto, desde la cotidianeidad convulsionada en la sala de clases, como la falta de avances concretos en el reconocimiento a la carrera docente. Este es un escenario que se vive a lo largo de Chile e impacta violentamente a la educación pública y privada. Esta última, centrada en el reciente caso de Marcela Cubillos, con su ya conocido sueldo de 17 millones de pesos, que la Universidad San Sebastián (USS) pagaba a la exministra por labores de docencia e investigación. Pero sin quedarnos en mezquindades políticas, ni menos, desde la superficialidad de la problemática, es que es relevante dar cuenta que ese monto de pago, son casi 34 sueldos mínimos, que fácilmente podrían ser sueldos de 34 trabajadoras o trabajadores de una Pyme de menor tamaño.  

Por otro lado, el caso Cubillos es algo que sin lugar a dudas deja a las Instituciones de Educación Superior en la mira, ya que según una reciente publicación de la oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, más del 80% de las personas con doctorado en Chile trabaja en la educación superior. De esta, más de dos tercios recibe sueldos inferiores a 3 millones de pesos. Así, a diferencia de Cubillos, la mayoría del personal académico universitario está integrado por  expertos con formación de postgrado, y que se encuentran en estratos bajos o medios de un sistema de castas que posee deudas históricas con las bases que sustentan la investigación y la enseñanza superior en el país. 

En relación a lo anterior, fue imposible no consultar a la destacada académica e investigadora Dra. Vania Figueroa IpinzaDirectora InES Género y CT Género, Coordinadora de Vinculación de Investigación Aplicada de la Universidad Autónoma de Chile, quien muy tajante señala que: “La enorme brecha salarial entre Marcela Cubillos y las investigadoras con doctorado es una bofetada a la integridad académica. Mientras la gran mayoría de las académicas trabajan incansablemente, generando conocimiento y formando a las futuras generaciones, otras obtienen beneficios desproporcionados. Esta situación no solo es injusta, sino, que también desincentiva a las mujeres a seguir carreras académicas”. 

Lo anterior, no deja más que en evidencia solo una parte del problema, la educación superior no es ajena a la discriminación interseccional de género. A pesar de que el número de mujeres que ingresan a la academia ha crecido significativamente en las últimas décadas, persisten importantes disparidades en términos de representación y oportunidades. Según estudios recientes, aunque las mujeres constituyen más de la mitad de los graduados universitarios a nivel global, su presencia en posiciones de liderazgo académico es mucho menor en comparación con los hombres. En algunas de las áreas de alta demanda, como las ingenierías, las ciencias exactas y la tecnología, las mujeres siguen estando subrepresentadas, lo que pone de relieve una profunda desigualdad de género que comienza en la etapa formativa y se prolonga a lo largo de toda la carrera académica. 

Uno de los mayores obstáculos para las mujeres en el mundo académico es el techo de cristal, un fenómeno que impide su ascenso a posiciones de poder y decisión. A pesar de tener las calificaciones necesarias, muchas profesoras encuentran dificultades para acceder a cargos de gestión como rectorías, decanatos o jefaturas de departamento. Este desequilibrio tiene un impacto directo en la toma de decisiones dentro de las instituciones académicas, ya que las perspectivas y experiencias de las mujeres no están adecuadamente representadas en los espacios donde se definen las políticas y estrategias institucionales. A lo anterior, se suma la segregación horizontal, que se refiere a la concentración de mujeres en ciertas áreas del conocimiento tradicionalmente asociadas con los roles de género femeninos, como las ciencias sociales, la educación y la salud, mientras que los hombres dominan las áreas tecnológicas, científicas y de ingeniería. Esta segregación perpetúa estereotipos de género y refuerza la idea de que ciertas disciplinas son inherentemente masculinas o femeninas, lo que limita las opciones de desarrollo profesional para las mujeres y contribuye a la desigualdad salarial. 

Sobre lo anterior, al consultar a la Dra. Pamela Caro Molina directora del Centro de investigación Aplicada en Familia, Trabajo y Ciudadanía, CIELO, en UST y Directora del FDI “Transversalización del enfoque de género en la Universidad Santo Tomás: modelo de gestión integral para el fortalecimiento de la institucionalidad, mecanismos y cultura de igualdad de género en sus 13 sedes”. Nos señala que: “En la actualidad siguen persistiendo brechas importantes en el sistema, de allí la importancia de avanzar en acciones específicas en las universidades. Como indica la Política Nacional de Igualdad de Género en la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Ministerio de Ciencias (2021), promover la igualdad de género en la ciencia tiene un gran valor pues aporta a la calidad de las investigaciones y permite aumentar las posibilidades de encontrar talento y creatividad.” 

En ese contexto,  durante el 2024 una de las Instituciones de Educación Superior que se adjudicó el InES Género, fue la Universidad Santo Tomás. Consultamos a quien lidera el proyecto la Dra. Pamela Caro Molina, y nos comenta que: “Para la Universidad Santo Tomás es muy importante la adjudicación del concurso InES Género de ANID en el año 2024, cuyo objetivo general es fortalecer las capacidades institucionales en la universidad para la transversalización de la perspectiva de género en la I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimientos de base científica tecnológica) mediante la implementación de un Plan de Desarrollo para todas sus sedes que contemple mecanismos, procesos, estrategias y resultados que disminuya las brechas de género, promueva el cambio cultural hacia la igualdad sustantiva, fomente la mayor participación de las mujeres en ciencia y avance en la incorporación del enfoque de género en las investigaciones” 

Para finalizar, el conmemorar la labor de quienes dedican su vida a la enseñanza y la investigación, también nos lleva a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan, especialmente desde una perspectiva de género. En la educación superior, las profesoras se encuentran con obstáculos que limitan su desarrollo profesional y su bienestar personal, desde la falta de representación en puestos de liderazgo hasta el acoso sexual y la discriminación de género. Superar estos desafíos requiere un compromiso institucional firme con la equidad de género y la creación de políticas y prácticas que promuevan la inclusión y el respeto en todos los niveles de la academia. 

En definitiva, trabajar hacia una educación superior más equitativa no solo beneficiará a las profesoras, sino también a toda la comunidad académica. Al garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y reconocimiento que sus colegas hombres, se fortalecerá la calidad de la educación y se avanzará hacia una sociedad más justa e igualitaria. 

https://www.elmostrador.cl/braga/yo-opino/2024/10/30/la-academia-chilena-los-desafios-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-la-educacion-superior/

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Impactos del neoliberalismo en la Educación Superior post pandemia

Por: Fernando J. Gómez*

La pandemia de Covid-19 aceleró la virtualización de la Educación Superior en Argentina, exponiendo de manera más cruda las tensiones preexistentes en el sistema universitario. Sin embargo, puede verse que este cambio forzado hacia lo digital no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una reestructuración más amplia, donde la universidad pública enfrenta una precarización creciente: recortes presupuestarios, salarios docentes insuficientes y la fragmentación del trabajo académico.

En este nuevo contexto, en el que una parte importante de los vínculos físicos se han desplazado hacia plataformas digitales, surgen interrogantes sobre el futuro del trabajo docente y la naturaleza de los programas educativos que emergen en este espacio. Este texto propone explorar cómo la virtualización ha modificado las relaciones en el ámbito académico, ahondando en las implicaciones de un sistema educativo que, cada vez más, se encuentra influenciado por un ideal eficientista y neoliberal. Este proceso no sólo ha transformado las condiciones estructurales del trabajo docente, sino que ha impactado profundamente en las relaciones interpersonales que forman parte del tejido académico.

Docencia universitaria: del aula al aislamiento digital

La multiplicidad de vínculos que se crean en la vida universitaria, tradicionalmente cultivados en los espacios de encuentro entre clases y durante las pausas, ha sido desarticulada por la virtualización. Estos espacios de interacción no son un mero excedente, sino parte esencial de la experiencia universitaria, donde se construyen redes de apoyo y solidaridad. La deshumanización del vínculo docente-estudiante en las plataformas digitales no sólo refleja un cambio tecnológico, sino que es el resultado de un proceso de alineación con las lógicas neoliberales que valoran la productividad sobre la reflexión crítica. En este contexto, los docentes enfrentan no sólo el aislamiento emocional, sino una fragmentación creciente de sus condiciones laborales.

El individuo, confinado en el entorno digital, no sólo pierde el contacto humano directo, sino que la relación con el otro se transforma en una competencia, un reflejo de la lógica mercantil. Sin la presencia del cuerpo que sostiene la mirada y su reflejo subjetivo, el semejante, sin el espacio común donde se comparte una historia, queda un vacío preocupante. En ese sentido resulta auspiciosa la multitudinaria asamblea de semanas atrás en la Plaza San Martín, y otros espacios de encuentro que también tuvieron lugar en esos días.

La productividad exigida en este entorno, disfrazada de una interpelación global por la pandemia, se inscribe, en realidad, en el mandato interno de la autoexigencia neoliberal. Esta transformación está afectando gravemente a los miles de docentes universitarios en Argentina, quienes enfrentan un panorama de mayor precarización laboral, aislamiento emocional y condiciones de trabajo fragmentadas.

En la actualidad, las universidades públicas se enfrentan a un dilema crucial: defender su rol como formadoras de pensamiento crítico o ceder ante la mercantilización de la educación. Las recientes movilizaciones docentes en todo el país reflejan esta lucha por condiciones laborales dignas, salarios justos y el rechazo a políticas de desfinanciamiento.

La incertidumbre es una construcción estratégica

La incertidumbre que envuelve la virtualización y el cambio en las dinámicas de enseñanza no parece ser casual; es, en algunos casos, una construcción estratégica para introducir un modelo educativo despojado de sus raíces críticas y transformadoras. Recientemente, hemos sido testigos de ataques mediáticos y fake news que buscan deslegitimar a la Universidad Nacional de Rosario, alimentando un discurso de desprestigio que socava su función pública. Estos incidentes son parte de un esfuerzo más amplio para minar la confianza en la educación pública, promoviendo una narrativa que la presenta como obsoleta o ineficiente. En este sentido, la desconexión física es también una desconexión simbólica del sentido profundo de la educación como un espacio de encuentro.

Cuando no existe el espacio físico en el que se encuentran los cuerpos, al no existir los lugares comunes en los que se goza de la presencia del otro, todo el juego de la corporeidad desaparece; ¿se pierde la posibilidad de empatizar con el otro, que entonces se transmuta en una línea finita y distante de ceros y unos que no precisan de la escucha o de la compañía?

Universidad crítica

En los sistemas educativos, y especialmente en el contexto universitario, la historia nos muestra que las estructuras formativas no son estáticas, sino que están en constante autoalteración. La enseñanza de la crítica, entendida no sólo como análisis de lo que es, sino también como apertura hacia lo que puede ser, sigue estando presente, aunque a veces parece desdibujarse en un mundo que cambia rápidamente. La velocidad con la que se suceden los cambios en la sociedad, comparables a la propagación del Covid-19, nos desafía a repensar los modos en que la Universidad responde a las demandas del presente.

En este contexto, ¿cómo podemos asegurar que la transformación tecnológica no sacrifique las relaciones humanas que son fundamentales para el aprendizaje? ¿Hasta qué punto las medidas que promueven la virtualización acelerada de la enseñanza reflejan una auténtica mejora educativa y no una estrategia para reducir costos? ¿De qué forma se puede lograr un equilibrio entre las exigencias tecnológicas y la defensa de los derechos laborales de los docentes, especialmente en un escenario de crecientes desigualdades? Y, ¿cómo podemos seguir fomentando el pensamiento crítico en un entorno que tiende a fragmentar y a debilitar los vínculos sociales que lo sostienen? La mercantilización de la Educación Superior, como parte de una estrategia neoliberal más amplia, se presenta bajo un discurso de modernización que, en realidad, busca despojar a las universidades de su papel transformador. Como en otras épocas de crisis, se busca reducir la educación a una herramienta técnica al servicio de intereses privados, erosionando el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento. Discurso de modernización y mercantilización: Carpe diem.

Desde Lacan, el psicoanálisis desconfía del Discurso Universitario, al cual interpela. Al menos en Argentina esta interpelación es mutua. No se puede plantear un absoluto respecto de los claustros de la Universidad pública. Aquí podría ser que el árbol tape el bosque, pero debe arriesgarse lo siguiente: sobre los estudiantes como consumidores, su propio imaginario lo relaciona con la Universidad como lo haría con una estructura más del mercado. Habrá siempre una serie de dispositivos que le permitirán constituirse como un profesional, por ejemplo, de la salud. Se observa como la principal sujeción del individuo a los poderes instituidos, la imposibilidad de cuestionarlos.

Se ha dicho que el neoliberalismo logra mercantilizar terrenos que estaban excluidos de lógicas economicistas, el genoma, los bienes comunes, los bienes intangibles de la humanidad; sus memorias. Y actúa de tal modo que encuentra fuerzas locales mediante las cuales coloniza lo real. Transformando lentamente sentidos actúa también con especial énfasis en los momentos de crisis (que también sabe y suele producir). ¿Será que más pronto de lo que pensábamos el poder sólo se podrá medir en el número de subordinados que obedezcan a los grises burócratas sin alma encargados de aceitar los engranajes de un purgatorio en eterna decadencia?. El orden meritocrático.

Revolución: la propiedad del conocimiento

El conocimiento, pilar fundamental de la educación, atraviesa una profunda crisis en el contexto actual de virtualización acelerada. Los cambios impulsados en gran parte por la pandemia han llevado a un modelo educativo que, influenciado por las lógicas del mercado global, amenaza con desplazar el rol crítico de los docentes como facilitadores del pensamiento reflexivo y del debate. Este giro hacia una educación cada vez más instrumentalizada, marcada por la reducción del conocimiento a contenido digitalizado, pone en peligro la naturaleza misma de la educación como herramienta de emancipación y transformación social. La pregunta central que surge en este escenario es: ¿de quién es el conocimiento que circula y se transmite en este nuevo paradigma? Más allá de ser un espacio para la construcción colectiva, el conocimiento corre el riesgo de ser privatizado y controlado por intereses corporativos y tecnológicos, donde los estudiantes y docentes quedan relegados a funciones pasivas.

Esta tendencia deshumaniza el proceso educativo, transformando el conocimiento en un recurso comercializable, moldeado por dinámicas de eficiencia y productividad. En un contexto de creciente tensión social y política, en el que las disputas por el control de los recursos –incluido el saber– se intensifican, repensar nuestra relación con la educación se vuelve urgente. No podemos permitir que el conocimiento sea apropiado como una mercancía más, susceptible de caer en manos de quienes buscan controlar su distribución.

Debe preservarse como un bien común, accesible y generador de cambios profundos, capaz de contribuir a la construcción de sociedades más equitativas y conscientes.

*Psicoanalista, psicólogo, Doctor en Psicología; Docente en Facultad de Psicología UNR

Impactos del neoliberalismo en la Educación Superior post pandemia

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Chile: Boric anunció un proyecto de ley para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y el alivio parcial de deudas

Con condonación parcial y eliminación del CAE, Presidente busca cumplir compromiso de campaña

El alto costo de condonar universalmente el CAE y las dificultades de que una iniciativa así pasara por el Congreso, obligaron al Ejecutivo a estructurar una condonación parcial, pero que, de ser ley el proyecto que ingresará hoy al Parlamento, beneficiará de manera inmediata a 75 mil deudores.

Tal como lo anticipó durante la tarde del lunes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el Presidente Gabriel Boric anunció que a primera hora de este martes ingresará al Congreso el proyecto de ley que pondría fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que fijará un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES (Financiamiento Público de la Educación Superior).

Si bien no es la condonación universal que se había planteado como un compromiso de campaña por el Mandatario, el Ejecutivo sí ingresará una iniciativa que cumpla en parte con las expectativas de un sector del oficialismo. Aunque de manera parcial, porque de 1 millón 200 mil deudores, solo 75 mil se verán beneficiados de manera inmediata (de ser aprobado el proyecto) con la condonación total de su deuda.

Pero el centro del anuncio fue poner fin al CAE y ofrecer una alternativa de financiamiento para la educación superior: “Es una tarea urgente y necesaria”, recalcó Boric.

En lo sustancial, el Jefe de Estado anunció que habrá condonación para todos, pero no por igual. Es decir, el proyecto de ley anunciado establece lineamientos para condonar la deuda, dependiendo de factores que define el proyecto e, incluso, planteó que el Ministerio de Educación deberá revisar caso a caso. Además, anunció que el nuevo sistema de financiamiento que deja fuera a la banca, que dará paso a uno de contribución por parte de los beneficiarios, será contingente al ingreso.

“El objetivo esencial de esta ley es ofrecer una solución a los miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el CAE. Y es que hoy el CAE es un problema para todo Chile: para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo, para aquellos que ni siquiera pudieron terminar sus estudios y aun así están endeudados, y también lo es para las arcas fiscales”, afirmó en su alocución el Presidente.

Según detalló el Primer Mandatario, la iniciativa tiene tres objetivos: “Condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas; reorganizar la deuda, que quede en términos razonables para aquellos que aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo con un nuevo instrumento de Financiamiento Público de la Educación Superior”.

Objetivos del proyecto

“Todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda”, dijo el Presidente. En este sentido, explicó que “este porcentaje se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha”.

De esta forma, recalcó, se ayudará a los deudores de menos recursos, se reconocerá a quienes han pagado responsablemente y se incentivará a la regularización de aquellos que aún tienen pagos pendientes.

También anunció que se ayudará con la reorganización de la deuda. Es decir, si luego de la condonación inicial aun queda parte por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas. La primera implica que se pondrá fin al crédito quienes puedan pagar el 75% del saldo de la deuda. La segunda implica que se reprogramará este saldo con cuotas proporcionales a los ingresos, con un tramo exento de pago y cuotas que no puedan superar un tope a determinar de los ingresos.

Pero eso no es todo, porque para quienes ya pagaron su CAE, el mandatario también tenía considerados beneficios. “Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones”, agregó.

En caso de que la iniciativa se transforme en ley, el Presidente Boric anunció que “solo como punto de partida más de 75 mil personas quedarán con su deuda totalmente saldada” y “miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago”. Añadió que aquellas personas que tengan el ingreso mínimo o inferior no tendrán obligación de retribuir el crédito.

Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)

“Este consiste, básicamente, en que quienes estudien con este nuevo sistema cursarán su carrera sin pagar aranceles, solo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos”, destacó el Mandatario al anunciar el nuevo sistema que reemplazará al CAE. Se trata del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

“La gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse, como ocurre hoy con el sistema de créditos universitarios, eliminando de esta manera el estrés asociado al pago o la adquisición de deudas durante esta etapa importantísima de la vida”, indicó el Jefe de Estado.

De acuerdo con el anuncio, el FES se pagará “un año después de incorporados al mundo laboral”. A partir de ahí, “la o el beneficiario comenzará a realizar una retribución que permitirá a otros estudiar en el futuro, que no podrá ser en ningún caso superior a un 8% de sus ingresos y por un período proporcional al tiempo de su estudio. En régimen, este sistema implicará un gasto fiscal significativamente inferior al que actualmente el Estado desembolsa por CAE”, dijo el Presidente.

“Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, aumentaremos los estándares de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía sepa cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y chilenas”, añadió.

Finalmente llamó a los parlamentarios a que en tiempos de desconfianza ciudadana con las instituciones y la política “debemos demostrar que somos capaces de hacernos cargo de los problemas concretos que más golpean a las familias chilenas, en este caso el endeudamiento. Y que somos capaces de ponernos de acuerdo en función de un bien común, mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas. Solo así nuestras instituciones recuperarán el respeto y aprecio de la ciudadanía”.

Reacciones al anuncio de fin al CAE

Para el diputado Juan Santana (PS), integrante de la Comisión de Educación, el anuncio del envío del proyecto al congreso “es un cambio absoluto de enfoque, porque la banca y los créditos ya no serán parte de la educación superior. La nueva regulación anunciada por el Presidente de la República no entiende al estudiante como un deudor, concepto completamente impropio en el ámbito educativo, e incorpora una retribución que estará sujeta a la situación en la que se encuentra cada persona que accede a este mecanismo”.

En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que “esta es una buena noticia para más de 1 millón y medio de familias y estudiantes que se endeudaron para poder estudiar. Y, por lo mismo, también es una buena noticia para los recursos del Estado que se despilfarraron por largo tiempo por un mal sistema que finalmente solo hacía que el Estado les pagara a los bancos los intereses, los sobreprecios, y lamentablemente los estudiantes aun así, con todo ello, se seguían endeudando”.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN), también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que el Presidente Boric “anuncia un proyecto que solamente beneficia a 75 mil personas de un universo de más de 1 millón de deudores. Es decir, otra promesa incumplida de este Gobierno. La verdad es que este sistema FES deja muchas dudas y pocas certezas en cómo se va a financiar”, dijo.

El Mostrador

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La calidad del profesorado en la educación superior: un reto mundial. Unesco

Francesc Pedró.

Director UNESCO IESALC

 

En este Día Mundial de las y los Docentes, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior quiere aportar su contribución sobre uno de los desafíos más persistentes y cruciales en la educación terciaria: la calidad de la enseñanza universitaria.

 

Durante más de un siglo, la mejora de la enseñanza universitaria ha sido una aspiración constante de los reformadores educativos en todo el mundo. A pesar de numerosas iniciativas —desde la introducción de evaluaciones estudiantiles hasta la implementación de tecnologías educativas innovadoras— la calidad de la enseñanza sigue siendo un punto débil en muchos sistemas de educación superior a nivel global.

 

Mientras que la investigación académica ha florecido, convirtiéndose en un pilar de la reputación institucional, la enseñanza a menudo queda relegada a un segundo plano. Esta disparidad plantea una paradoja fundamental: las instituciones diseñadas para educar a menudo no priorizan la calidad de la enseñanza en sí misma.

 

Los estudiantes de todo el mundo coinciden: la calidad de la enseñanza es crucial para su experiencia educativa. La investigación respalda esta percepción, demostrando que el aprendizaje activo y participativo produce mejores resultados que los métodos pasivos tradicionales. Sin embargo, la implementación de estas prácticas efectivas sigue siendo un desafío global.

 

Varios factores contribuyen a esta situación:

Sistemas de incentivos que priorizan la investigación sobre la enseñanza.

Falta de formación pedagógica adecuada para los docentes universitarios.

Métricas de evaluación institucional que no reflejan adecuadamente la calidad de la enseñanza.

Recursos limitados para la observación y mejora sistemática de las prácticas docentes.

En este Día Mundial de las y los Docentes, hacemos un llamado a la comunidad educativa global para reimaginar y revitalizar la enseñanza universitaria:

Reevaluación de prioridades: instamos a las instituciones y a los gobiernos a reconsiderar cómo se valora y recompensa la excelencia en la enseñanza.

Inversión en desarrollo docente: abogamos por programas robustos de formación pedagógica para docentes universitarios, adaptados a los contextos culturales y educativos diversos.

Métricas significativas: proponemos el desarrollo de sistemas de evaluación que capturen genuinamente la calidad de la enseñanza, más allá de las métricas tradicionales.

Colaboración internacional: alentamos el intercambio global de mejores prácticas en enseñanza universitaria, reconociendo y aprendiendo de la diversidad de enfoques en diferentes culturas.

Empoderamiento estudiantil: recomendamos involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de mejora de la enseñanza, valorando sus perspectivas y experiencias.

Mejorar la calidad de la enseñanza universitaria es un desafío complejo que requiere un esfuerzo sostenido y colaborativo a nivel mundial. En un momento en que la confianza pública en la educación superior está disminuyendo en muchas partes del mundo, centrarse en la excelencia docente no es solo una necesidad educativa, sino también una imperativa social y económica.

El Día Mundial de las y los Docentes nos recuerda el papel crucial que desempeñan los educadores en la formación del futuro global. Al priorizar y mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, no solo enriquecemos la experiencia educativa de millones de estudiantes, sino que también fortalecemos la base del progreso social, la innovación y el entendimiento intercultural. Por esta razón, desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior haremos todo cuanto esté en nuestras manos para favorecer el desarrollo de capacidades de las instituciones de educación superior para favorecer el apoyo pedagógico a los docentes y acompañarlos en su compromiso con la innovación pedagógica.

La calidad del profesorado en la educación superior: un reto mundial

 

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«Necesitamos políticas para promover el acceso a la educación pública superior»

Por: Karina Batthyány

Hoy quiero sistematizar el tema de la Educación Superior, las Universidades Públicas y sus desafíos actuales, ya que atravesamos una coyuntura particular en nuestra región marcada por encrucijadas de distintos fenómenos en lo político, lo social y en materia económica. Por eso, es imprescindible profundizar la reflexión crítica sobre la educación superior pública universitaria, sus alcances, limitaciones y retos tanto a nivel nacional como regional, partiendo de la base de defenderla como un derecho humano.

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018 se manifestó de manera muy clara en este sentido: el acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico son fundamentales para garantizar los derechos humanos básicos. Además, ¿por qué limitar ese derecho humano solamente a algunos niveles como el primario y el secundario sin incluir la educación universitaria?

La CRES 2018 también planteó que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad sin distinción social, de género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía. Y desde la CRES se afirmó: “Instamos a los Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo”.

Desde la década de los 80, en nuestra región latinoamericana y caribeña, la educación superior es objeto de un proceso de mercantilización creciente a nivel local e internacional. Aún en los países con una fuerte tradición de universidad pública, gratuita y laica, todavía no se ha logrado discutir el financiamiento de la educación superior de manera sustentable y sigue siendo parte de un nicho de mercado o negocio privado por fuera de la planificación del financiamiento público.

Entonces, tenemos que insistir en el reconocimiento del carácter de bien público y social de la educación superior como un derecho humano. Pero en la actualidad hay dificultades para implementarla por parte de los estados, como también en la posibilidad efectiva de todos y todas, los ciudadanos y las ciudadanas, de ejercer ese derecho en su vida concreta y cotidiana.

A su vez, observamos adversidades financieras y económicas en los países de la región, que ponen en cuestión el derecho humano a la educación superior pública con una característica estructural, en términos de desigualdad, en la insuficiente inversión en los sistemas educativos y formación de calidad.

La educación superior como un derecho humano se conecta con otro tema más amplio que es el derecho a la educación en el proceso de formación a lo largo de toda la vida. En este punto hay algunos dilemas importantes dentro del marco de la educación pública superior que está pendiente resolver en nuestra región, como las políticas concretas para promover el acceso equitativo a ella.

Allí tenemos tres elementos en términos de funcionamiento de las economías. El primero es que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo a nivel de ingresos y riqueza. La expansión de la demanda en educación superior es motorizada por egresados y egresadas de la educación media que pertenecen a hogares de sectores bajos. Por lo tanto, no pueden acceder a la educación privada y en la medida que no hay suficiente oferta de educación pública superior ven truncadas sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel superior. En varios países de América Latina, la ampliación de la oferta de vacantes en educación superior, tiene más lugar en el sector privado que en el público.

En segundo lugar, tenemos la cuestión de género en el sistema universitario y la igualdad de género en la educación superior. En los últimos años, dentro de las estructuras universitarias latinoamericanas y caribeñas tenemos programas, grupos y estudios feministas. Además, encontramos un crecimiento interesante en términos de carreras, institutos y equipos que ampliaron las agendas de investigación y renovaron perspectivas metodológicas en este sentido. Esto no quiere decir se hayan superado las inequidades de género al interior de las universidades públicas, sino que adquirieron más visibilidad y hoy cuestionan los procesos de producción y circulación del conocimiento, así como también las estructuras y las configuraciones institucionales en materia de carrera docente y participación en los espacios de toma de decisiones dentro de las universidades.

Por último, está la cuestión de cuál es el papel de la ciencia abierta en la producción y la circulación del conocimiento y cómo es su evaluación en las decisiones de la estructura docente, investigación y espacios universitarios. Desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), estamos trabajando para promover alternativas en la evaluación y la circulación del conocimiento, así como la producción en materia de investigación, que también contemplen las desigualdades asociadas a la posibilidad de acceso en términos de estructura universitaria. Reconocemos la necesidad de avanzar sobre acuerdos regionales y compromisos institucionales a nivel nacional y regional en el acceso al conocimiento sin ningún tipo de barrera y que los resultados de investigación estén disponibles para todos y para todas y modificar la forma en que se evalúa el conocimiento y las trayectorias individuales y colectivas de investigación.

En ese sentido, lo que hoy está en disputa a nivel regional es la concepción del conocimiento como bien público con políticas de acceso abierto, con la promoción de un discurso académico y político que considere la producción de conocimiento y sus realizaciones como parte del capital social para la emancipación de nuestros países. En otras palabras, está en juego cómo valoramos el conocimiento científico y cómo, a partir de esas temáticas, podemos construir sistemas más equitativos y democráticos. Estos debates contribuyen a diseñar modelos educativos que no solamente actualicen la relación entre investigación, docencia y extensión desde un marco de cooperación regional y abierta a las comunidades no universitarias, sino también recuperen otras formas de conocimiento para generar diálogos más enriquecedores en el sistema de educación superior en general y las universidades en particular.

A nivel regional, estamos atentos y atentas a los procesos de inestabilidad política en varios países que amenazan directamente el desarrollo del conocimiento en las universidades y las instituciones de investigación, ya sea por medio de restricciones presupuestarias o restricciones a la libertad académica e intelectual.

En definitiva, la educación y todos los niveles educativos deben convertirse en un derecho para todos y todas. CLACSO es un espacio de encuentro de las voces críticas que construye conjuntamente alternativas para colocar en el centro la discusión de la educación superior pública universitaria como un derecho humano en América Latina y el Caribe y fomentar cada vez más la democracia, la solidaridad, la interdependencia, el pensamiento crítico y el pensamiento transformador. En nuestra Conferencia #CLACSO2025 en Colombia, daremos continuidad a una iniciativa que comenzamos en México #CLACSO2022 en el  marco del Foro de Rectores y Rectoras, para discutir los desafíos que el espacio universitario latinoamericano y caribeño enfrenta en la actualidad.

– Siguiendo tu reflexión, pienso qué difícil es ver que los países cambian sus políticas relacionadas con las universidades públicas frente a los cambios de períodos gubernamentales y no mediante políticas de Estado a lo largo del tiempo, particualrmente en términos de fondos universitarios…

– Lamentablemente, estamos acostumbrados y acostumbradas a esos vaivenes en nuestra región, que ponen en cuestión los avances en la concepción de la educación superior como un derecho y un bien público, más allá de las voluntades concretas de los gobiernos de turno en nuestros países latinoamericanos.

Además, en muchos casos, las universidades públicas son un blanco de ataque de algunos sectores ideológicos a nivel regional y mundial, que buscan convertir a la educación superior en una mercancía y no en un derecho, recortando y reduciendo al mínimo la existencia de estos espacios. En CLACSO, siempre estaremos en el lugar de la defensa de la universidad pública como un elemento central, entre otras cosas, para el fortalecimiento democrático y la construcción de ciudadanía en nuestros países.

https://www.clacso.org/necesitamos-politicas-para-promover-el-acceso-a-la-educacion-publica-superior/

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Petro a nuevo MinEducación: ‘tiene la misión de lograr un resurgir de la gratuidad y la cobertura de la educación pública superior’

“Usted tiene la misión central de lograr, en el poco tiempo que nos queda, que haya un resurgir de la gratuidad de la educación pública superior y de la cobertura de la educación pública superior”.
Con estas instrucciones, el presidente Gustavo Petro Urrego posesionó este martes al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a quien le encomendó la tarea de expandir las sedes públicas universitarias en todo el territorio nacional.
Además, le planteó el reto de “romper dentro de su Ministerio y, quizás, romper dentro de la sociedad colombiana” las deficiencias de la educación superior que convierte a los colombianos “en obreros y obreras de un sistema, en donde unos hacen las ganancias y los demás trabajan para ellos”.
Le pidió al nuevo ministro Rojas “garantizar que haya un salto en la calidad y cantidad de la educación pública en Colombia”.
Y se preguntó: “¿Por qué la educación pública? Porque es la que va a dos terceras partes de la juventud y la niñez colombiana” y, “¿eso qué implica? Que por primera vez haya un presupuesto que se invierta en sedes públicas de la universidad”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Petro-a-nuevo-MinEducacion-tiene-la-mision-de-lograr-un-resurgir-de-la-gratuidad-y-la-cobertura-de-la-educacion-publica-superior–202424758
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