Bogotá y el país están en deuda con la educación tecnológica y para el empleo

Por: Ángel Pérez.

En Colombia la educación orientada al empleo, de manera especial la educación técnica y tecnológica, nunca gozó de prestigio y consideración social, como sí ocurre en países como Alemania, donde se le considera una vía fundamental para la formación de los jóvenes, que permite mejoras para la población en temas como: ingresos, calidad de vida y productividad de la economía.

En el país la ruta de vida que las familias, el entorno social y las escuelas ayudan a inculcar a los niños y los adolescentes se enlazaron sobre el ideal de lograr que los estudiantes de la educación básica y media fueran profesionales a cualquier costo, en Colombia el 60% de la educación universitaria es privada (2017, SNIES-MEN).

Este hecho, desafortunado para el desarrollo del país, en parte se explica porque el desarrollo tecnológico y la incorporación del conocimiento al empleo nunca fueron una prioridad del Estado, tampoco una exigencia y preocupación fundamental de los empresarios y menos una prioridad de las familias.

Desde la perspectiva de las empresas, con bachillerato o menos están satisfechas, estas se conformaron y funcionan con escasa productividad y bajos costos operativos. Acá no se requieren tecnólogos, menos los demanda el empleo informal y tampoco la economía ilegal o asociada al narcotráfico. Además, si el mercado ofrece profesionales mal formados y baratos pero que pueden remplazar a un técnico o un tecnólogo ¿cuál es el problema? A no ser que los empresarios se preguntaran si esos profesionales están satisfechos, si trabajan con pasión o ayudan a mejorar productividades.

La economía permite que las unidades productivas, tanto urbanas como rurales, funcionen con salario mínimo o menos, el 81% de los trabajadores en Colombia gana en promedio un salario mínimo mensual vigente, lo que se asocia a bajas productividades y mala calidad del empleo.

Luego cambiar este escenario sobre la formación de los jóvenes con estos antecedentes culturales, sociales y económicos no será fácil. Por tal motivo, hay que celebrar acciones como la elaboración del Informe de  la Educación Orientada al Empleo (EOE), en las 23 principales áreas del país, que presentó el programa Bogotá Cómo Vamos.

El informe destaca que la “EOE se ha constituido en una alternativa de formación para aquellas personas que no pueden acceder a la educación superior universitaria, por lo cual se percibe como una educación que se recibe más por necesidad que por elección”.

Y es que la educación técnica y tecnológica es la cenicienta de la educación superior; tanto así que la educación técnica está en extinción, en 2010 representaba el 6% del total de la matrícula de la educación superior y en el año 2017 esta participación disminuyó a 4%; en cambio la educación tecnológica ha mantenido su pequeña contribución, 27% de la matrícula total, durante los últimos 7 años. La formación en tecnología en esencia la cubre el SENA, 71% del total de la matrícula, 658.579 estudiantes (datos SNIES-MEN).

De acuerdo con el informe, en las 23 principales áreas del país, el 61.6% de las personas entre 25 y 64 años tienen título de bachillerato o de educación superior. En Bogotá esta proporción es del 67.8%, al discriminar por niveles de formación, el 37% son bachilleres, el 10.9% técnicos y tecnólogos y el 19.2% tienen formación universitaria o de posgrado.

Según el informe de la EOE, la distribución de los programas tecnológicos ofrecidos por áreas del conocimiento, para el año 2018, muestra que los tres más importantes son: economía administración y contaduría, con el 41%; ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con el 33,6%; y bellas artes con el 13%.

En 2016 se graduaron 39.484 estudiantes en educación técnica y tecnológica. Sin embargo, en 2017 se registraron 604.631 vacantes en el Servicio Público de Empleo en Bogotá, de las cuales el 29% (175.625) correspondían a demandas de técnicos y tecnólogos. En 2016, el ingreso laboral promedio de los técnicos en Bogotá fue $1.268.309, mientras que para los tecnólogos el ingreso promedio fue $1.354.853, para comparar el salario mínimo en ese año era de $689.454.

Así mismo, en la ciudad la tasa de ocupación para personas con formación técnica y tecnológica es superior al 85,5%, 7,8 puntos por encima de la tasa para las personas con bachillerato (77,7%). El informe sobre la formación en EOE señala que en 2017 el porcentaje de quienes no estudian ni participan en el mercado laboral (los NINI), en las 23 principales ciudades y áreas del país fue 23,8%; en Bogotá la cifra de los NINI es más baja, 19,5%, cerca de 350.000 jóvenes entre 18 y 24 años, las mujeres representan alrededor del 65% del total de los NINI.

Las cifras anteriores sustentan la necesidad en Bogotá y en el resto del país de elaborar una política pública para fortalecer la EOE. No hay duda de que en la Ciudad existe espacio para incrementar la formación técnica y tecnológica. El problema es que esta debe ser pertinente a las necesidades e intereses de cada ciudad, ¿qué es lo que las empresas están necesitando? y ¿qué quieren estudiar los jóvenes?; en este sentido debe ser claro que programas en tecnología vinculados a áreas como economía, administración y contaduría están saturados. Así mismo, la EOE debe ser de buena calidad y se requiere el compromiso de los empresarios para promover y ayudar a las instituciones que ofrecen los programas de EOE.

Por último, Bogotá y las demás secretarías de educación deben exigir al Sena mejorar la calidad de sus programas. Además, deben realizar ajustes a la educación media, el rendimiento académico y la orientación escolar son medulares al ingreso de los estudiantes a los programas de educación superior, el 42% de los bachilleres de Bogotá en el año 2018 tenían menos de 17 años. ¡Futuros alcaldes no se puede desaprovechar esta oportunidad, hay que hacerlo bien!

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/bogota-y-el-pais-estan-en-deuda-con-la-educacion-tecnologica-y-para-el-empleo-por-angel-perez/271663
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Colombia no quiere educar a los pobres

Por Germán Manga

La movilización que impulsan las 32 universidades públicas para que se atienda la grave crisis económica que enfrentan, subraya la urgencia de que el nuevo gobierno emprenda los profundos cambios que necesita la educación en Colombia.

Cada año 300.000 colombianos, en su mayoría pertenecientes a las familias más pobres, terminan bachillerato y no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la universidad.

En nuestro país la educación gratuita y de alta calidad es un derecho universal, pero solo en la letra de la colección de sueños irrealizables que es nuestra Constitución Política. Solo 33 por ciento de los niños menores de 6 años, reciben educación inicial. De cada 100 que ingresan a primaria apenas 39 terminan el bachillerato. En la dura realidad, el único camino asegurado para recibir educación -sobre todo de calidad- en Colombia, es ser rico, poderoso, tener influencias y contactos, o ser excesivamente afortunado, casi tanto como los que se ganan las loterías o el Baloto.

Pocos conocen mejor esa realidad -sus motivos profundos, sus duras expresiones, sus trágicas consecuencias- que los rectores, los profesores, demás trabajadores y alumnos de las 32 universidades públicas que hay en el país, 85 por ciento de cuyos estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3-.  Por eso están organizando una gran movilización el próximo 10 de octubre. Nada más prioritario ni urgente en la agenda colectiva que enderezar el rumbo de nuestro maltrecho y abandonado sistema educativo.

El gran deterioro del funcionamiento y de las finanzas de las universidades públicas viene de la Ley 30 de 1992, que ató el crecimiento de los presupuestos al índice de Precios al Consumidor, lo cual generó un creciente desfase entre los ingresos y el valor de las obligaciones en calidad y cobertura. También les congeló la planta de profesores y las obligó a financiar parte de sus actividades con recursos propios.

25 años después, el resultado en lo económico es desastroso. En 1993 los aportes de la nación a las universidades públicas representaban 73 por ciento sus recursos y para el año 2016 habían disminuido a 48 por ciento. Por ese motivo las universidades que se encargan de educar a la mayoría de los colombianos más pobres están en la ruina, con buena parte de sus edificios, aulas y mobiliarios deteriorados, equipos obsoletos, enormes carencias en recursos educativos y un cúmulo de obligaciones y necesidades que hasta ahora no logran atender. El Sistema de Universidades Estatales SUE reporta a la fecha, un déficit de 434.874 millones de pesos para terminar de cumplir las obligaciones de este año y un desfinanciamiento acumulado de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones de pesos en inversión.

La Reforma Tributaria de 2016 incluyó posibles soluciones a esta crisis y destinó recursos que después fueron desviados al Icetex y 4 billones de pesos al programa Ser Pilo Paga. El remedio terminó por agravar la enfermedad.

El panorama en cuanto a educación técnica y tecnológica es aún peor. Debería ser la instancia clave para articular la educación con las necesidades del desarrollo, para formar para el trabajo a centenares de miles de colombianos marginados del sistema educativo pero el gobierno apenas destina a la educación técnica superior, el equivalente a la cuarta parte de la inversión que reciben las universidades.

Nuestra educación técnica es una de las más atrasadas del continente en cuanto a cobertura y calidad. Por falta de recursos, de voluntad política, de responsabilidad con los estudiantes colombianos, integrar el sistema de educación terciaria (técnica, tecnológica y universitaria) como lo plantean las normas, no pasa de ser una quimera. Tampoco ahí hay oportunidades para los colombianos más pobres. Para los que más necesitan.

Lo sorprendente y loable es que, aún en condiciones tan adversas, las universidades públicas han cumplido cabalmente su labor. Más de la mitad cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad y, con base en generar recursos propios, han alcanzado logros tan sobresalientes como aumentar en 124 por ciento la cobertura entre los años 2000 y 2018. Además de que la mayoría de sus estudiantes son los colombianos más pobres, las universidades públicas son las únicas que están presentes en las regiones más vulnerables del país.

Por todo lo anterior es crucial que el Estado y toda la sociedad pongan fin a la indolencia y a la indiferencia frente a este tema que acapara las claves del progreso y de un futuro mejor para los colombianos. El nuevo gobierno debe asumir con máxima seriedad el reto de atender la crisis -no solo de las universidades públicas- y emprender los profundos cambios que necesita la educación en Colombia -en presupuestos y organización, en currículums, en calidad, en cobertura, en inversión en ciencia y tecnología, en formación de maestros, etc., etc.-. Seguimos muy rezagados respecto de los demás países de nuestra región y del mundo y la meta de ser en el año 2025 “el país más educado de Latinoamérica” no pasa de ser un mal chiste.

Oportuna la movilización de las universidades públicas que ojalá logre la atención y el respaldo de la población. Como hay que apoyar a la ministra María Victoria Angulo en la abolición del programa Ser Pilo Paga. Es indefensable que un país como el nuestro, con uno de los menores porcentajes de inversión en educación superior de América Latina, destine a un club de universidades de élite, -para educar 40.000 estudiantes de ese programa-, el mismo presupuesto que destina a universidades estatales para atender más de 600.000. Intensivo, arrogante, impúdico al respecto, el lobby de la Universidad de los Andes, en defensa de las rentas de esa figura “hecha en casa” que perpetúa los privilegios con base en mantener a las mayorías en la ignorancia. “Por la plata baila el mono” dice el refrán, algo que por lo visto también es verdad en algunos sectores de la educación superior.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/problemas-de-la-educacion-superior-en-colombia-columna-de-german-manga/585735
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