América del norte/México/18 Octubre 2018/Fuente: El país
Iberobecas, una iniciativa del Ministerio de Educación, aglutina datos sobre 15.000 programas de más de 200 instituciones de España y México. El objetivo es expandirla al resto de la región
Disponer de toda la información sobre becas en Iberoamérica a golpe de click. Precisamente con ese objetivo y el de potenciar la movilidad estudiantil, nace Iberobecas, una iniciativa del Ministerio de Educación español que pretende ser la mayor plataforma de este tipo en la región. El portal, presentado este jueves en Ciudad de México, cuenta ya con datos sobre 15.000 becas, ofrecidas por más de 200 instituciones en España y México, y líneas de crédito blando para financiar los intercambios.
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La iniciativa busca enmendar la dispersión informativa en este ámbito; las piezas sueltas formarán ahora parte de un mismo rompecabezas. «Los jóvenes mexicanos tenían poco conocimiento sobre las posibilidades de becas en España, más allá de las grandes universidades», ha explicado el consejero de Educación de la Embajada de España en México, Enrique Cortés. «Hay mucho más que Madrid y Barcelona». Con ese diagnóstico como base, Iberobecas quiere poner en valor las oportunidades que ofrecen también universidades pequeñas y fundaciones, a menudo fuera del radar.
Casi la mitad de becas que aglutina el portal son para estudios de posgrado, seguidas por las orientadas a doctorados y a licenciaturas, aunque también se incluyen programas para prácticas profesionales. En un primer momento será la Consejería de Educación la encargada de actualizar el buscador con la información de las nuevas convocatorias, pero a medio plazo el objetivo es que sean las propias instituciones educativas quienes lo hagan.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública mexicana y la Organización de Estados Iberoamericanos, se ha lanzado en México por la dimensión del país, el de mayor población de habla española en el mundo. Actualmente, según datos de la Consejería, España es el primer destino de los mexicanos que van a cursar estudios de grado en el extranjero – en 2017, se concedieron 10.000 visados para estudiantes. En cambio, el flujo en sentido inverso es todavía reducido; por cada 6 estudiantes mexicanos que van a España, solo un español emprende el viaje en dirección contraria. En este sentido, Iberobecas puede ayudar a potenciar el interés de los estudiantes españoles por dar el salto. «Dar más información sobre la realidad mexicana es clave», ha asegurado Cortés.
Aunque se estima que las instituciones de México y España ofrecen dos terceras partes de las becas que existen en el ámbito iberoamericano, Cortés ha señalado el potencial «escalable» de la iniciativa y la intención de incluir los programas del resto de países de la región.
El mandatario señaló que esperan obtener mayores recursos para esta cartera.
AméricadelSur/Colombia/Colprensa
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reconoció este miércoles que faltan recursos para la educación superior y aseguró que entiende a los jóvenes que están protestando este miércoles por su defensa en todo el país.
“Hemos hecho la tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado, pero faltan recursos y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Entiendo sus reclamos, y los entiendo porque quieren tener esa educación pensada en la cuarta revolución industrial”, dijo el presidente.
El mandatario aseguró que el Gobierno, durante sus ocho semanas ha hecho las operaciones necesarias para liberar recursos y para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia, que son alrededor de $4 billones.
De acuerdo con el presidente, el Gobierno tiene dificultades para satisfacer todos los anhelos en el tiempo que lleva su mandato y se comprometió a beneficiar la educación con el proyecto de reactivación económica que adelantan.
“El año entrante vamos a darle gratuidad en educación a 80 mil jóvenes y espero que al final del período podamos tener 400 mil. Espero darle más recursos a la universidad pública”, señaló Duque.
El jefe de Estado agregó que sería irresponsable acabar con ser Pilo Paga e indicó que el Gobierno va a pagar hasta el último matriculado de ese programa.
América del sur/Colombia/11 Octubre 2018/Fuente: Semana
Cientos de miles de estudiantes y profesores se tomaron las calles de todo el país en una jornada sin antecedentes recientes en Colombia. Más allá del reclamo por mayores recursos para la educación superior pública, lo sucedido este miércoles puede tener más efectos.
Colombia vivió una jornada histórica. Este miércoles, estudiantes y profesores universitarios de las principales ciudades del país salieron a la calle a marchar para exigir al gobierno nacional mayores recursos para financiar la educación superior pública en Colombia. Por lo menos, ese era su propósito.
La manifestación, convocada y liderada por el Movimiento Estudiantil Colombiano, contó con el apoyo de universidades privadas y movilizó a cientos de miles de personas en el país. En Bogotá se estima que 45.000 personas salieron a la calle y se concentraron en la plaza de Bolívar. El principal reclamo era el incremento a 4,5 billones de pesos el presupuesto para las instituciones de educación superior pública para 2019.
A pesar de algunos episodios de vandalismo, especialmente en Bogotá, la marcha de los estudiantes de este 10 de octubre se desarrolló en calma, despertó mucha solidaridad, y hasta transcurrió entre fiesta y carnaval. Una jornada que sin duda dejará varias lecciones.
1. En el presupuesto, la pelea es peleando y la plata no alcanza Al interior del gobierno, la pelea por la distribución del presupuesto de 2019 ha sido muy dura e incluso ha provocado tensiones entre varios ministros y el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Cada uno de los ministros ha tenido que ir a ‘pelear’ las asignaciones para el próximo año, pues el gobierno tomó la decisión de mantener el presupuesto de 259,7 billones de pesos que había dejado listo el gobierno Santos. El debate que se viene es muy duro si se tiene en cuenta un gran problema: el Estado está desfinanciado en cerca de 25 billones de pesos pues los gastos programados para el año entrante superan los ingresos previstos, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
2. Cumplir “los anhelos” de los estudiantes es casi imposible
El presidente Iván Duque contestó casi de inmediato a las protestas de los estudiantes. “Yo entiendo la angustia de muchos jóvenes. Y entiendo sus reclamos”, dijo el primer mandatario. A pesar de que en esta oportunidad, el presupuesto de Educación ha sido el más alto de la historia, las cifras no son suficientes. En esta oportunidad, con 41 billones, el sector supera a otros que tradicionalmente se han llevado los mayores recursos del Estado como defensa (33,53 billones), salud y protección social (32,29 billones) y trabajo (28,52 billones). Sin embargo, el presidente reconoció que “tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en ocho semanas de gobierno. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado. Pero faltan recursos”. La discusión de más presupuesto para las universidades llega en un momento difícil para la economía y ad portas de una reforma tributaria. La ministra María Victoria Angulo dio una buena noticia en el debate este miércoles en el Congreso: al presupuesto de 3,8 billones de pesos proyectado para las universidades públicas en 2019 se suman ahora estos nuevos recursos, lo que implica que recibirán el próximo año 4,3 billones de pesos. Las universidades, por su parte, piden más de 15 billones, que es la brecha histórica que consideran se les adeuda.
3. Se vienen tiempos de apretarse el cinturón
La situación económica del país llevó al gobierno a pedir a cada una de sus entidades apretarse el cinturón y ajustar los gastos del próximo año, porque en últimas, el gobierno tendrá que administrar lo mejor posible el presupuesto. Esto implica que en todas las carteras, incluida la de Educación, las restricciones presupuestales son grandes. Este miércoles, durante la discusión del presupuesto del próximo año, los congresistas y el gobierno se pusieron de acuerdo para aumentar en 500.000 millones de pesos la asignación para las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuiría así, según la ministra de Educación: 223.000 millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior pública; otros 55.000 millones se destinarían para funcionamiento, 121.000 millones para el ejercicio anual de gratuidad y 101.000 millones para la línea de excelencia y méritos.
4. Los problemas de las universidades vienen de décadas atrás
La magnitud de las protestas estudiantiles permitió que por primera vez en mucho tiempo las cifras de la educación superior se pusieran sobre la mesa, y que fuera evidente la deuda histórica que tiene el país con estas. La principal explicación de la desfinanciación que viven se debe a la Ley 30 de 1992. Esta determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más de 611.000 estudiantes. Con esto, mientras los ingresos de las universidades públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero. Como bien le explicó el rector de la Universidad del Atlántico a SEMANA, las cargas se han desbalanceado. En el caso de esa institución, en 1993 tenían 5.913 estudiantes y hoy, 24.619. Eso significa un crecimiento de 316 por ciento. Sin embargo, en materia presupuestal recibían en 1993 52.538 millones, y hoy 129.233 millones. Es decir, un crecimiento de 124 por ciento.
5. La plaza pública sigue vigente…
No es la primera vez ni será la última que las movilizaciones sociales sean capitalizadas por dirigentes políticos. Pescar en río revuelto es un lugar común entre los políticos, y las marchas y los paros son especialmente terreno fértil para ese propósito. Desde días, incluso semanas atrás, fueron numerosos los congresistas que apoyaron la manifestación e invitaron a una masiva y pacífica movilización. De forma oficial, partidos políticos –especialmente de izquierda- como el Polo Democrático, Alianza Verde, Unión Patriótica, que históricamente han acompañado paros campesinos, huelgas de trabajadores, o toda clase de protestas sociales fueron los primeros en solidarizarse con la causa de la universidad pública y anunciaron su presencia en la calle. El hilo conductor entre los reclamos de unos y el rol de estos partidos políticos es la oposición al gobierno. Por eso, los dirigentes que este martes caminaron varios kilómetros en la marcha, al lado de los estudiantes, eran precisamente de estos partidos. Este miércoles se vieron caras reconocidas como las de Jorge Robledo y otros congresistas del Polo; Angélica Lozano, Antonio Sanguino de los Verdes; Aída Avella de la UP, por citar algunos. Era lógico que políticos de los partidos tradicionales no iban a ser bien recibidos si se asomaran a las calles.
Que los políticos traten de conectarse con la movilización espontánea es una conducta legítima. De hecho el objetivo de las organizaciones políticas es precisamente ser el puente entre la calle y el poder, los que originalmente deberían ser los encargados de tramitar los reclamos del ciudadano con los que manejan las riendas de la nación. Y aunque el escenario natural pueda ser el Capitolio, el ideal es la plaza pública.
6. …y Petro sigue siendo el rey
Y es allí, en la plaza pública, donde Gustavo Petro se mueve como pez en el agua, o si se hablara en términos deportivos, donde juega de local. Desde la semana pasada enviaba mensajes invitando a las “ciudadanías libres” a sumarse a la marcha de los estudiantes, y este miércoles se asomó en la plaza de Bolívar donde fue el político más aclamado, entre otras porque los demás no se acercaron a la tarima instalada para que intervinieran los líderes del movimiento estudiantil. Era lógico que tras una campaña presidencial tan reciente, en la que encarnó la imagen de la “esperanza” frente a lo que llaman el establecimiento, su presencia iba a ser saludada. También porque muchos de las reclamos de los estudiantes de la universidad pública los había enarbolado en el debate electoral, así como en el resto de su trayectoria política.
Pero en su caso, volvió a traducir una manifestación ciudadana como un respaldo a su figura, por lo que fue criticado. Una fotografía en medio de la multitud, mientras se acercaba a la tarima de la plaza de Bolívar fue rechazada por los propios manifestantes, que se opusieron a cualquier intento de hacer política con la marcha.
De hecho, los mismos estudiantes, en su gran mayoría, fueron los primeros en atajar cualquier intento de sacar provecho político con la manifestación, y aunque la marcha tenía como claro objetivo elevar una voz de protesta al gobierno y a sus políticas en materia de educación, el presidente Iván Duque también pretendió sintonizarse con ese mensaje en su discurso al cierre de la jornada: “La educación es de todos, no es de izquierdas ni de derechas”.
7. Las redes sociales sí logran mover a los colombianos
Aunque los estudiantes siempre han salido a protestar, sus clamores se escuchan hoy más que antes gracias a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Durante todo el día, las tendencias de esas redes sociales giraron alrededor de la marcha. Una vez más, se demostró que la idea de que la indignación que se vive en las redes sociales no se traduce en hechos reales, se desvaneció. Miles de jóvenes se agolparon en las calles con el mismo clamor. A eso se suma que gracias a este megáfono la participación que tienen los políticos es más visible, y por eso la intervención de muchos congresistas en las manifestaciones, que también era usual en el pasado, tiene hoy más eco. Por otro lado, se volvió a demostrar que los mensajes originales suelen calar y permiten que los mensajes de causas históricas como la corrupción hace unos meses o como la educación esta semana, lleguen a personas que antes no se movilizaban. En esta oportunidad, Daniel Samper puso de nuevo la agenda con un video en el que él y la actriz Esperanza Gómez compartieron sus reflexiones sobre este problema.
8. La discusión de Ser Pilo Paga no se ha acabado
Uno de los primeros pulsos que tuvo el gobierno Iván Duque fue respecto al supuesto fin de Ser Pilo Paga. El presidente salió a desmentir esa interpretación y aclaró que lo que hará es reformular ese programa.»La cobertura exige que nosotros podamos incluir más universidades públicas en un programa de gratuidad y decirles a las universidades privadas que también pongan», había dicho en uno de sus talleres comunitarios. Sin embargo, ese anuncio generó malestar entre las universidades privadas que tendrán que hacer ajustes para acomodarse a la nueva realidad de recibir menos dinero del Estado. La universidad pública, por su parte, resiente mucho que esos cuantiosos recursos que se habían destinado a esas instituciones, habrían podido subsanar gran parte del problema que viven ahora. Se calcula que el Estado le girará a los centros privados 2 billones de pesos más, para que los alumnos que fueron beneficiados puedan finalizar sus carreras. La clase empresarial, que había sido gran defensor de los pilos, también le ha pedido a Duque que este se mantenga. Por eso, en la pelea del presupuesto, el programa será un eje central. La ministra anunciará el nuevo plan el próximo 20 de octubre.
9. El dilema está entre cumplirle al pasado y apostarle al futuro
El problema del sector educativo se explica en que si bien existe un alto presupuesto, la mayoría está comprometido en rubros diferentes a las universidades públicas. Cerca del 70 por ciento va para financiar la educación básica y media y solo el 10 por ciento del total tiene como destino la educación superior. Esto significa que en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro. En términos generales, el 95 por ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión. El rubro de pensiones supera los 9 billones de pesos.
10. Educación versus defensa, los tiempos cambiaron
Gran parte de la explicación de que el país viva esta discusión con tal intensidad es que llegaron otros tiempos. Luego de la firma del proceso de paz, muchos temas que no tenían prioridad se convirtieron en el eje de la discusión del país, como sucede en cualquier democracia en la que no existe el conflicto armado. La educación es quizás el sector en el que se vive con más intensidad ese giro. El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Martínez, por ejemplo, propone quitarle un billón de pesos a defensa y pasárselo a educación, ciencia, tecnología y medioambiente. “Seguir aumentando presupuesto para defensa en un contexto diferente no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista”, dice. Esa misma tesis fue la que sostuvo Gustavo Petro en su intervención en la plaza de Bolívar. El argumento de gastar más en la educación del futuro que en la guerra del pasado inspira y convoca a muchos.
América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el compromiso de garantizar el acceso pleno a la educación superior, gracias a las políticas implementadas durante las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.
A través de un mensaje en la red social Twitter, el mandatario destacó los avances alcanzados en el sector educacional tras la llegada al poder de la Revolución bolivariana en 1999.
‘Los logros alcanzados en materia universitaria durante dos décadas de Revolución son únicos, en contraposición a la privatización de universidades públicas en países con sistemas capitalistas y neoliberales. ÂíEn Venezuela, el derecho a la educación está garantizado!’, aseguró el jefe de Estado.
Maduro precisó en una reciente alocución desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) que en los últimos 20 años el Gobierno de Venezuela fundó 45 centros de altos estudios de carácter público.
A propósito del comienzo esta semana del período lectivo 2018-2019 en la educación superior, el presidente venezolano indicó que la matrícula en ese nivel de enseñanza asciende hoy a más dos millones 853 mil estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al curso anterior.
Señaló el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana.
Significó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.
Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.
El problema de fondo radica en que la forma de distribuir los recursos para universidades e instituciones técnicas y tecnológicas nunca cambió. ¿Hay forma de superar esta crisis?
Es cierto que el sector educativo cada vez tiene más peso en el presupuesto. Con el paso de los años ha aumentado el monto de recursos que se destina a esta cartera, de modo que entre 2010 y 2018 la inversión general para la educación pasó de 20,8 billones a 37,5 billones y por primera vez se destinaron más recursos para la educación que para la defensa.
Sin embargo, el sector sigue en déficit. Frente a la realidad, los recursos siguen siendo insuficientes y eso se traduce en dificultades financieras para las instituciones educativas públicas, que las han llevado a pedir auxilio y a manifestar su descontento.
Rectores, docentes y estudiantes saldrán a marchar este 10 de octubre en todo el país. Su argumento es que el déficit presupuestario de las universidades públicas es de 3,2 billones de pesos (solo para poder cumplir con el pago de docentes y gastos administrativos) y de 15 billones si se quiere mantener la calidad e infraestructura.
Pese a que sí hay un claro problema de desfinanciación, la falta de inversión se explica por varias razones que van más allá de la cantidad de recursos que se destinan en el presupuesto. Semana Educación lo explica.
Cobertura
A pesar de que la cobertura para el caso de las universidades públicas aumentó 284 por ciento entre 1993 y 2016, pues pasaron de tener 159.218 estudiantes a 611.800, los aportes que le da la nación a las entidades territoriales se continúan calculando sin tener en cuenta este crecimiento. ¿Por qué? La Ley 30 de 1992, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC). Eso quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año.
Vea en video las 10 razones por las cuales salen a marchar las universidades públicas
A eso se le suma que el presupuesto nacional asignado a educación superior pasó de destinar a las universidades públicas 55,7 por ciento en 2002 a 37 por ciento en 2016. Por lo tanto, Fernando Noreña, coordinador de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE, asegura que “la fórmula establecida en la Ley 30 de 1992 ha conllevado a que las transferencias de la nación hayan disminuido significativamente en la financiación de los presupuestos de las universidades públicas, teniendo que financiar el resto con recursos propios, lo que representa un riesgo de operación para estas”.
Los ajustes
Del total del presupuesto que la nación gira a las universidades, el rubro que más ha incrementado son los servicios personales, debido al aumento de cobertura, al sistema salarial y prestacional docente (Decreto 1279 de 2002); además, por el cumplimiento de sentencias en materia prestacional para docentes ocasionales, catedráticos y administrativos. Esto ha llevado a que las universidades, para atender los gastos de funcionamiento, “tengamos que reducir costos disminuyendo la participación de los docentes de planta, pasando en un promedio general de 75 por ciento de profesores de planta en 1993 a solo 34 por ciento a la fecha. Los docentes ocasionales son el 27 por ciento y los de cátedra, el 3 por ciento”, explica Noreña.
A esto se le añade un factor que hace más presión a las universidades, según Javier Botero, especialista de Educación Superior para Latinoamérica del Banco Mundial: “El salario va incrementando si los profesores de planta se forman en doctorado, maestría o si realizan alguna especialización, ya que estas premian con incrementos salariales la formación docente”.
A la fecha, 52 por ciento de los maestros de planta tiene maestría, 37 por ciento tiene doctorado, 8 por ciento especialización y 3 por ciento solo cuenta con formación universitaria. Pero, además, las universidades también están obligadas a otorgar puntos salariales si sus profesores de planta producen artículos científicos. “El Decreto 1279 de 2002 fue una medida que obviamente ha incrementado la producción científica, pero a costa del presupuesto de las universidades porque es un rubro que los aportes de la nación no reconoce”, expresa Botero.
¿Y la calidad?
Ahora, todo este esquema de financiamiento que no da abasto tiene un elemento adicional que no se ha tenido en cuenta. En este momento, el sistema universitario, en palabras de Noreña, no tiene presupuesto para mejorar las brechas de calidad de sus instituciones. Eso quiere decir que están atados de manos en cuanto a proyectos de infraestructura física, tecnología, bases de datos, etcétera, pues son temas que requieren inversiones adicionales periódicas que no están planteadas en ninguna parte.
Efectivamente, para cerrar esas brechas de calidad, el SUE realizó un estudio en el que se asegura que para que las universidades actualicen y fortalezcan sus estándares de calidad, se necesitan alrededor de 15 billones de pesos. “Le planteamos al gobierno la importancia de tener estrategias de inversión que nos ayuden a mitigar la problemática. De esas conversaciones nació en 2015 el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE”, explica Noreña.
A partir de este impuesto ya existente y planteado en la Reforma Tributaria como Impuesto a la Renta y Complementarios, se dispuso alrededor de 325.000 millones de pesos anuales para realizar inversiones que empezaron a generar un impacto muy positivo en las IES desde 2015. Sin embargo, estos recursos comenzaron a destinarse prioritariamente a programas de créditos y becas. Según Noreña, “en la presente vigencia, solo se asignaron a las universidades públicas 100.000 millones de pesos de 650.000 millones recaudados, es decir 12,7 por ciento; el resto se invirtió en becas y créditos”. Para el presupuesto de 2019, a la fecha no existe partida en el anteproyecto de presupuesto que hace trámite en el Congreso de la República.
Eso mismo ocurrió con los recursos del 40 por ciento de medio punto del IVA establecidos en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 para el financiamiento de la educación superior pública, por el cual las IES públicas esperaban recibir cerca de 460.000 millones, tal como lo estableció la ley. Sin embargo, de allí se obtuvieron 195.000 millones de pesos que han permitido financiar parte de las necesidades descritas, pero los 270.000 millones restantes fueron nuevamente destinados a costear programas de becas-crédito.
¿Cómo siguen aguantando?
A pesar de que el gobierno saliente facilitó esta adición presupuestal para suavizar la falta de recursos, la comunidad académica asegura que aún son insuficientes, pues su evolución es inminente. Necesitan presupuesto para el impulso a la investigación, la formación de sus docentes, los programas de movilidad e internacionalización y la ampliación de la oferta educativa, en especial de doctorados.
Pero si las universidades están en bancarrota, ¿cómo siguen funcionando? Según Botero, es muy probable que las instituciones de educación superior estén haciendo las cosas mejor. Es decir, que ahora sean más eficientes y más profesionales con la manera de administrar y gestionar el recurso. “O que, por otra parte, ese déficit no sea del todo real, porque entonces no habrían aguantado más de 20 años”.
Sin embargo, algunos rectores consultados dicen que se han mantenido gracias a otras fuentes de financiación. Por ejemplo, las estampillas prouniversitarias que son impulsadas por los departamentos y aprobadas por el Congreso para invertir en infraestructura. En el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por medio de esta estampilla recibió 1 por ciento de los contratos del Distrito hasta 2018, eso significó 200.000 millones de pesos más. “Ahora, con la nueva estampilla, contamos con el 1,1 por ciento, pero esta vez se incluyó a la Nacional”, explicó Ricardo García, rector de la Distrital. Los otros recursos provienen de servicios de consultorías y de otras estrategias que no representan una fuente permanente.
No todos los departamentos tienen los mismos recursos que Bogotá. Por lo tanto, algunos de los expertos consultados aseguran que es necesario revisar el esquema de financiación de la educación superior. No obstante se requiere un cambio de raíz, es decir, reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de hacer una ampliación de la base presupuestal: el IPC más un porcentaje adicional. Pero, aunque esta es una discusión necesaria, es escandalosa, ya que al tocar esta ley se abre la puerta a otros cambios más difíciles de abordar como la calidad y la autonomía universitaria. Esto quedó demostrado con la propuesta de reforma fallida del expresidente Juan Manuel Santos en 2011.
A la luz de un nuevo gobierno, Botero asegura que este esquema que hoy asfixia las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas se puede reformar sin tocar la Ley 30. Por el momento hay una propuesta, que será presentada en los próximos meses por el Banco Mundial ante el MEN, tiene como objetivo hacer más eficientes los recursos e incrementarlos. Aunque Botero prefirió no dar más información por el momento, es claro que el sistema no da espera. Las manifestaciones ya se han empezado a sentir.
América del sur/Venezuela/11 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina
El Gobierno de Venezuela inauguró hoy la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, para sumar 45 centros de altos estudios fundados en las últimas dos décadas por la Revolución bolivariana.
La nueva institución docente contará con una matrícula de mil 200 alumnos en régimen presencial y más de 20 mil en la educación a distancia, informó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo).
A propósito del comienzo este martes del período lectivo 2018-2019 en el nivel universitario, el jefe de Estado destacó la apertura del enclave docente, de carácter público y gratuito, para formar profesionales con vocación de servicio.
Indicó el mandatario que la referida universidad experimental incluye las carreras de gestión de operaciones satelitales, especialización en automatización, gestión y robótica, interoperabilidad y diseño de datos.
Maduro subrayó la importancia de potenciar instituciones de este tipo para colocar al país a la cabeza de la innovación y alcanzar la independencia tecnológica.
El presidente de Venezuela anunció que este martes comenzó el curso escolar en las universidades del país, con una matrícula total de dos millones 853 mil 520 estudiantes, saldo superior en cinco puntos porcentuales respecto al período lectivo anterior.
Recordó el mandatario que el 78 por ciento del estudiantado cursa sus carreras en las 69 universidades públicas existentes en la nación sudamericana, 45 de ellas fundadas en las últimas dos décadas por el Gobierno revolucionario.
Precisó además que Venezuela invierte en el sector educacional el 7,5 por ciento del Producto Interno Bruto y el 10 por ciento del presupuesto global.
Maduro abogó por mantener la inversión pública en todos los niveles de enseñanza, así como alinear la formación de profesionales con las necesidades del desarrollo económico de la nación sudamericana.
IU recoge de esta manera el guante tras el comunicado dado a conocer el pasado miércoles por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en el que demandan también esta nueva norma orgánica.
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, explica que esta formación “se suma a la demanda de la comunidad universitaria como Uni-Digna, el Foro de Sevilla y tantos otros colectivos que reivindican una Universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente”.
“Estamos manifiestamente en contra -afirma- de la mercantilización y la privatización propiciadas por las políticas neoliberales y conservadoras que han convertido las universidades en empresas expendedoras de títulos, han devaluado la función docente y han sumido en la precariedad más absoluta a una parte muy considerable del profesorado”.
Ante la demanda concreta de la Conferencia de Rectores solicitando ‘a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la Universidad española en el frontispicio de su acción política’, IU responde “situándonos frente al enfoque cada vez más neoliberal y menos universal y científico de la Universidad. Nos unimos al clamor de la comunidad universitaria para reclamar otra Universidad Pública posible, entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural, científica y profesional”, en palabras de Díez.
Izquierda Unida plantea y asume este decálogo de mínimos de cara a concretar esa nueva Ley de Universidades consensuada con la comunidad universitaria:
1. Gratuidad: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizándola en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas. Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.
2. Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario consensuado que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida y siempre a través de una universidad pública.
3. Acceso libre y gratuito a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros.
4. Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas y garantizando una formación global, polivalente, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la humanidad.
5. Sistema generalizado de becas-salario que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.
6. Autonomía y autogobierno democrático universitario: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos empresariales centrados en costes y rendimientos, potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma colegiada de decisiones y la electividad de sus cargos. Se debe equilibrar la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, incrementando el peso del estudiantado y del PAS. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…
7. Mejora de las condiciones docentes y de investigación: Supresión de la contratación precaria y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico y una investigación rigurosa.
8. Formación didáctica como docentes: Formación didáctica inicial obligatoria para el profesorado universitario novel de 60 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas que se tendrá en cuenta en los procesos de promoción. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa de la ratio alumnado-profesorado.
9. Evaluación justa de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u ‘Open Science’ para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo ‘Horizonte 2020’. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la acción formativa del profesorado.
10. Garantizar una financiación pública de la docencia y de la investigación en las Universidades Públicas del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue o se supedite a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor.
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