El Señor Bladimir Ortiz expuso la experiencia de la Red Interamericana de Educación Docente: Docentes de calidad, Educación de calidad en el 8vo Foro Internacional de Diálogo de Políticas Docentes. En esta oportunidad continuamos publicando las sintesis de las exposiciones que se dieron en tan importante reunión organizada por el grupo de trabajo permanente de docentes de la Unesco.
A continuación pueden ver el esquema de la exposición del Sr. Ortiz en el siguiente link:
La Internacional es la mas grande agrupación de sindicatos de docentes en el mundo. En el 8vo Foro Internacional de Diálogo de Políticas Docentes realizado en México, del 14 al 18 de Marzo de 2016, bajo el auspicio del International Teacher Task Force, el Sr. Dennis Sinyolo de la IE realizó la siguiente intervención:
Ver en el link
Publicado originalmente en el Blog Contrapuntos de El Pais
Hace 40 años comenzaba una de las más brutales dictaduras de la historia latinoamericana.
Las dictaduras suelen ser indulgentes sólo para definirse a sí mismas, para narrar sus supuestas conquistas estabilizadoras, su perversa y asesina vocación por el orden, su obsesión macabra por el silencio y su sepulcral pulsión para subordinar la vida al imperio del terror. Esta, la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976, se autoproclamó “Proceso de Reorganización Nacional” y arrasó la Argentina, 40 largos, dolorosos y heroicos años atrás.
Las dictaduras esconden sus brutalidades, pretenden maquillarlas con eufemismos de redención y sangrientas promesas de libertad. La dictadura argentina dejó miles de muertos, 30 mil desaparecidos, centenas de niños y niñas expropiados por torturadores, por policías, militares y civiles asesinos que hicieron del secuestro de la infancia uno de sus crímenes más repugnantes, una de sus perversiones más inconfesables. La dictadura argentina dejó miles y miles de exiliados, familias destruidas, personas iguales a Ud, a mi y a cualquier otra, sumergidas en el sufrimiento y en el dolor más infinitos, si es que hay un límite o una medida para el sufrimiento y el dolor humanos. La dictadura dejó un país destruido, arrasado por el atraso, por la mentira y el oprobio, herido por la vergüenza y marcado por la ignominia, pero dispuesto a renacer, a revivir y a superarse. Un país capaz de crearse a sí mismo, a inventarse una vez más, como tantas otras, sabiendo que le podían haber robado casi todo, menos su dignidad.
Y la Argentina se reinventó, construyendo su democracia, como todas las que conocemos, incompleta, defectuosa e imperfecta, pero que supo defender en las calles, movilizando a los que siempre habían luchado para conquistarla y a los que aprendieron a defenderla, sabiendo que de ella dependía su futuro de esperanza y libertad.
No siempre es fácil ni quizás sea necesario reconocerle a un país su capacidad para superar la barbarie, para regresar del abismo del horror. Sin embargo, cualquiera que tenga la osadía de entender lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 40 años, deberá tener también la capacidad de no perder de vista la complejidad, los intersticios y curvas, las opacidades y claroscuros del proceso de afirmación de una identidad nacional que debió reponerse del brutal genocidio comandado desde su propio Estado.
La Argentina renació y lo hizo gritando “Nunca Más”. Se atrevió a hacer lo que pocos países hicieron con sus genocidas: los juzgó y los condenó. Hizo también después, lo que muchos países hicieron con sus genocidas: los perdonó sin otra justificación que la de proclamar el triunfo de la impunidad. Más tarde, empecinada en rehacerse a sí misma, hizo lo que ningún país probablemente tuvo el coraje de hacer: deshizo la impunidad, se recompuso del nocaut que el silencio le había propinado a la verdad, y con la valentía que esgrimen los que no se conforman con el falso perdón de la historia, volvió a condenarlos. Y lo sigue haciendo, aún hoy, 40 años después, por asesinos, por expropiadores de niños y niñas, por genocidas, por haber usado el Estado como instrumento de terror, por haber violado en todos y cada uno de sus actos, la base que debe sustentar una república democrática: los derechos humanos.
No creo que la Argentina deba ser considerada mejor que cualquier otro país por hacer de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia uno de los pilares de su nueva identidad como nación soberana. Sin embargo, si se multiplicara su ejemplo en el combate a la impunidad, podría ayudar, y mucho, a que América Latina fuera una región más justa.
La Argentina que juzgó y sigue juzgando a los genocidas y dictadores, rememora hoy los 40 años del golpe militar de 1976, en un contexto especial. Pocos seguramente imaginaron que una parte de los homenajes a la lucha contra la dictadura fueran realizados por el gobierno de un partido conservador, el PRO, formado por dirigentes que poco y nada han hecho en la lucha contra la dictadura, que ha expresado su decisión de enfrentar con mano dura las manifestaciones populares y que cuenta con el apoyo de una de las fuerzas políticas democráticas que promovió el histórico juicio a las juntas militares que comandaron la última dictadura militar, el Partido Radical de Raúl Alfonsín. Menos aún, quizás nadie haya imaginado que un día tan emblemático en la lucha por los derechos humanos, sería recordado en la Argentina por la visita del presidente Barack Obama, primer mandatario de un país que, hasta la llegada de Jimmy Carter a la presidencia, apoyó, promovió y dio la cobertura internacional necesaria a todas las dictaduras latinoamericanas. Un país que carga sobre sus espaldas la oprobiosa historia de un continente que vivió bajo la violencia de los golpes de estado y la intervención militar externa buena parte de sus más de 200 años de independencia. ¿Quién hubiera dicho que sería Barack Obama el que, ante el mundo, recordara nuestros muertos, paseando en silencio por el Parque de la Memoria, a orillas de ese río inmenso e inmutable, donde centenas de argentinos y argentinas fueron lanzados desde aviones militares con el apoyo o la complicidad de la Casa Blanca?
El gobierno norteamericano ha prometido desclasificar los documentos que ponen en evidencia las relaciones entre ese país y la dictadura argentina. El Vaticano, también. Surgirán así nuevas y valiosas evidencias acerca de cómo se construyó la arquitectura de un Estado asesino. Pruebas que servirán para hacer justicia y no olvidar. Quizás, cuando estos documentos se conozcan, el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano pedirán perdón al pueblo argentino por la violencia cometida y porque no siempre evitaron que se llevaran a cabo las atrocidades que le costaron la vida a miles de ciudadanos inocentes. O quizás no dirán nada, aunque la información desclasificada ayudará a seguir exigiendo el necesario castigo a todos los culpables, dentro y fuera del país. Las violaciones a los derechos humanos no pueden prescribir porque, cuando lo hacen, la impunidad se institucionaliza como un perverso y macabro salvoconducto que protege a los homicidas e inmuniza a las sociedades del horror que deberían generar los delitos cometidos.
Hoy, mientras Barack Obama esté viajando a la ciudad de Bariloche, rodeada de lagos y montañas de una belleza incomparable, centenas de miles de argentinos y argentinas saldrán una vez más a la calle a gritar “Nunca Más”, Irán a la Plaza de Mayo, a las plazas de cada ciudad y de cada pueblo, junto a las Abuelas y a las Madres de la esperanza, a exigir que los golpes y las dictaduras jamás se repitan en la Argentina ni en ningún otro sitio. Marcharán, sabiendo que la justicia no es necesaria sólo para reparar las heridas, sino fundamentalmente para evitar que la barbarie vuelva a repetirse. Caminarán, juntos, tomados de la mano, abrazados, como siempre lo hicieron, soñando con un país mejor, con el país que ellos, sus hijos y sus hijas merecen. Marcharán hacia el futuro, iluminados por la memoria.
Posdata: Rindo aquí homenaje a tres grandes intelectuales a quienes he tenido el honor de suceder en la dirección del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Aldo Ferrer, Enrique Oteiza y Francisco Delich. Ellos comandaron CLACSO durante los sucesivos golpes de estado que tuvo América Latina entre 1967 y 1983. Hace ya 50 años, CLACSO fue creada a instancias de la UNESCO como una institución que debía contribuir con la cooperación académica y el desarrollo de las ciencias sociales en el continente. Las dictaduras e intervenciones militares impidieron que se cumpla plenamente esta función, aunque hicieron de CLACSO una organización internacional que, aprovechando su relativa inmunidad, con sus programas y acciones, permitió salvarle la vida a centenas de intelectuales que escapaban de la persecución dictatorial en sus propios países. Fueron años difíciles y peligrosos, en los que Ferrer, Oteiza, Delich y sus equipos de trabajo cumplieron una valiente e imprescindible función. No fueron, claro, los únicos. La historia de nuestras dictaduras es también la historia del heroismo de los que lucharon contra ellas, defendiendo la vida y la libertad. Nuestros países han cambiado mucho. CLACSO, también. Sin embargo, somos herederos y deudores del coraje y de la convicción con que ellos lucharon por permitirnos llegar hasta aquí. Fueron esos los años en que aprendimos que si las ciencias sociales no sirven para luchar por la memoria, la justicia y la verdad, corren el riesgo de transformarse en cómplices de la opresión. Hoy, CLACSO marchará y se movilizará, como siempre, en defensa de la democracia, los derechos humanos y la igualdad.
Prensa PNUD/ Marzo 2016 /
En la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, se llevó a cabo una rueda de prensa y la presentación formal del proyecto para la restauración y conservación ambiental de la Cuenca Alta del Río Cojedes, implementado por el Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas (IVACEA), financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ESRI Venezuela y en alianza con la Alcaldía de Montalbán, la Fundación Hoffmann Salud Integral y la Asociación Europea Caribeña, de Constanza, Alemania.
La Representante Residente a.i. del PNUD, Maribel Gutiérrez, dio inicio a la actividad señalando que “este proyecto nos ha dado una gran noticia, como lo es el hallazgo de nuevas especies, pero sobre todo este estudio nos llama a la reflexión sobre el trabajo que hay que realizar para que estas nuevas especies puedan permanecer en su hábitat natural y para lograr un manejo efectivo de esta cuenca. Precisamente, ahora que estamos siendo llamados a desarrollar una mayor conciencia del uso de los recursos hídricos, este proyecto presenta cómo el resguardo de un cauce de agua implica un beneficio a diversas escalas: humanas, de flora y de fauna, de todo un sector”.
La presentación del proyecto estuvo a cargo de Andrés Eloy Osorio, Presidente del IVACEA, Arnaldo Ferrer, investigador de Fundación La Salle y Máximo Sánchez, Coordinador nacional a cargo del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, quienes destacaron que los esfuerzos del proyecto se han concentrado en el diagnóstico de las principales causas que han mermado la producción hídrica de la Cuenca Alta del río Cojedes, que se extiende por 3 estados: Carabobo, Cojedes y Yaracuy, incluye 5 municipios y ocupa un área de 276.000 hectáreas, para diseñar medidas que contrarresten las actividades predatorias que han tenido un impacto negativo en la producción de la cuenca y de esta manera en la calidad ambiental de las comunidades que se surten de este caudal.
Al respecto, Arnaldo Ferrer señaló que una de las principales causas que han generado la degradación de los bosques y así de la biodiversidad del sector han sido la deforestación y quemas de terreno para los cultivos y el pastoreo de ganado, hecho que repercute en el daño de los suelos y su vegetación.
Por su parte, Andrés Eloy Osorio destacó que a través de estudio realizado se identificaron 119 familias y 330 especies, de las cuales se reportan cinco endémicas, tres raras y una exótica, estas últimas reportadas solo en muy pocos lugares del planeta; además del hallazgo de cinco potenciales nuevas especies, de las cuales 2 están amenazadas de extinción, 1 en peligro de extinción y 1 vulnerable; las cinco especies nuevas incluyen 2 anfibios, un reptil, una planta y un pez.
Según lo señalado por Arnaldo Ferrer, estas especies aún se encuentran en análisis y bajo el cotejo de rigurosidad científica correspondiente para proceder a realizar su anuncio académico-formal como nuevas especies ante el mundo científico.
Máximo Sánchez, informó sobre el apoyo otorgado por el PPD, FMAM y el PNUD, a través de la implementación del proyecto Permacultura, Centro de Ecodesarrollo Socio-Productivo-Comunitario en el Municipio Montalbán en alianza con la Fundación Hoffmann Salud Integral, para la implementación de acciones locales concretas para la remediación de los impactos ambientales en esta cuenca y contribuir a su restauración y conservación.
Estas acciones se centran en el empoderamiento de los habitantes de estas localidades, quienes son los que pueden lograr el objetivo de la restauración ambiental de la cuenca para la conservación del agua. El proyecto contempla programas de educación, capacitación y adiestramiento en prácticas de permacultura y agroecología (agricultura de bajo impacto), producción de energía desde el reciclaje, la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, técnicas de bioconstrucción y el desarrollo de otras prácticas sustentables.
En la actividad también estuvo presente una representación del municipio Montalbán (Cojedes), encabezada por el Concejal José Leonardo Salazar y principales aliados lugareños de la investigación, quienes agradecieron al IVACEA y PPD-FMAM-PNUD por las acciones realizadas e informaron sobre la devastación que se está generando en la zona y la necesidad de contar con mayor apoyo de parte de las autoridades, organismos y actores competentes para alcanzar la restauración de este valle.
Resumen: Estudios realizados por la Asociación Canadiense de Educación, demuestran
un mejor desarrollo estudiantil en aquellos distritos en los cuales la
incorporación de manera descentralizada de Padres y miembros de las
comunidades a la toma de decisiones cotidiana en la administración de
escuelas, se ha logrado establecer con éxito.
Evidence suggests decentralization from provincial and territorial
governments to local school districts may not be sufficient to improve
achievement and that increased autonomy for communities and teachers is
necessary to improve schools and learning. Decentralization works if local
players are given the resources and empowerment to attain increased student
achievement.
When decentralization encourages increased local participation in school
management, it improves accountability and responsiveness to student needs
and fosters better use of resources, thus improving conditions for
students. It is argued that the gap between government officials and
schools is just too great to enable speedy and informed decisions. Closer
parent-school partnerships can also improve learning in both the classroom
and home environments. This parent collaboration can elicit commitment to
self-made decisions and greater accountability on thepart of teachers and
principals who are better able to make the best decisions for improving
school operations and learning.
Fuente: www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/files/cea_facts_on_ed_3_decentralization_v1.pdf
TheWashingtonPost/16-03-2016/ Por: Valerie Strauss
Resumen: Mas de 100 investigadores de la educación en California se han unido en un llamado para poner fin a las pruebas estandarizadas, debido a que consideran que no existe evidencia convincente para apoyar la idea de que los estándares estatales comunes mejorarán la calidad de la educación en los niños y su rendimiento, por el contrario, carecen de validez, fiabilidad y equidad. En este sentido, la Alianza de Investigadores de California para la equidad de la educación, representada por un grupo de investigadores de la educación superior (Universidad de Stanford, UCLA, Universidad de California en Berkeley), publicaron recientemente un informe en el que se describen las preocupaciones en torno a las normas básicas y las evaluaciones a las que son sometidos millones de estudiantes en California y otros estados del país, donde expresan que las pruebas causan daños a los estudiantes al no propiciar ni promover pensamiento crítico ni
aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que incide en la disminución de tasa de graduación, el bajo rendimiento y la elevación de los índices de deserción escolar. Por su parte, la iniciativa Common Core Estándares se ha convertido en una cuestión política, donde los candidatos presidenciales han opinado sobre su consecución o eliminación, como fuerte de promesa electoral; lo cierto es que el informe redactado por el equipo de investigadores se inclina por explicar que la educación basada en estándares, nunca ha demostrado ser eficaz.
Se hace alusión, también que la nueva ley de educación, devuelve por parte del gobierno federal a los estados una buena cantidad de poder en el terreno educativo para la formulación de políticas que había sido utilizada por el gobierno de Obama de una forma sin precedentes.
Es importante, reseñar de esta noticia que California adoptó los Estándares Estatales Comunes desde 2010 y optó por alinearse con uno de los consorcios de prueba multi-estado financiados por la administración, que produce un
sistema de prueba conocida como la SBAC. Este grupo, así como la Asociación para la Evaluación de la preparación para universidad y carreras (que produjo evaluaciones PARCC), contratado con empresas de pruebas lidederes,
incluyendo A Perarson, el Educational Testing Service y CTB de la McGraw-Hill, con el fin de desarrollar nuevos exámenes, los cuales fueron tomados por los estudiantes en la primavera de 2015, con su consecuente
fracaso en los resultados, con indicadores por debajo de las competencias que debían adquirir. Además que el costo de la aplicación de las evaluaciones de la CCSS es alta e injustificadas, debido a que la concentración de esfuerzos y recursos financieros para lograr su acometida,ha desplazado otras prioridades como: reducción de clases, la
formación de profesores de calidad, la apertura de programas de artes, apertura a las ciencias, reemplazo de equipos de tecnología, entre otros.
More than 100 education researchers in California have joined in a call for
an end to high-stakes testing, saying that there is no “compelling”
evidence to support the idea that the Common Core State Standards will
improve the quality of education for children or close the achievement gap,
and that Common Core assessments lack “validity, reliability and fairness.”
The California Alliance of Researchers for Equity in Education, a
statewide collaborative of university-based education researchers, recently
released a research brief (see in full below below) describing concerns
with the Common Core standards and the assessments being given to millions
of students in California and other states around the country this spring.
What the Common Core tests are — and aren’t
The researchers, from public and private universities in California —
including Stanford University, UCLA, and the University of California
Berkeley — say that the Common Core standards themselves do not accomplish
what supporters said they would and that linking them to high-stakes tests
actually harms students. The brief says:
Although proponents argue that the CCSS promotes critical thinking skills
and student-centered learning (instead of rote learning), research
demonstrates that imposed standards, when linked with high-stakes testing,
not only deprofessionalizes teaching and narrows the curriculum, but in
so doing, also reduces the quality of education and student learning,
engagement, and success. The impact is also on student psychological
well-being: Without an understanding that the scores have not been proven
to be valid or fair for determining proficiency or college readiness,
students and their parents are likely to internalize failing labels with
corresponding beliefs about academic potential.
More specific to California: a recent study on the effects of high-stakes
testing, in particular of the CA High School Exit Examination (CAHSEE),
found no positive effects on student achievement and large negative
effects on graduation rates. The authors estimated that graduation rates
declined by 3.6 to 4.5 percentage points as a result of the state exit-exam
policy, and also found that these negative effects were “concentrated
among low-achieving students, minority students, and female students.”
The Common Core State Standards initiative has become a political issue,
with Republican presidential candidates, including front-runner Donald
Trump, repeatedly saying that if they become president, they will get rid
of the Core. In fact, no president can do that with executive power. While
the Obama administration supported the development of the Core and dangled
federal dollars in front of states to “persuade” state legislatures to
adopt the standards, 45 states and the District of Columbia each separately
went ahead and approved the math and English standards (though some later
decided to repeal or replace the standards). The administration provided
two multi-state consortia with some $360 million in federal funds to
develop new Core-aligned standards tests, which states could choose to
join. The federal government can’t directly dictate to a state what
standards and curriculum it must use.
Early in the development of the Core, there appeared to be little
controversy and bipartisan support. But after implementation began several
years — and was botched in many places — concern began to grow from across
the political spectrum, for different reasons. Some educators and
researchers questioned the way the standards were written (whether, for
example, there was any or enough input from working teachers) and some
criticized the content of the standards, especially for young children.
Some critics said standards-based education has never been shown to be
effective, and others felt the administration’s involvement usurped local
authority. Tea party members and even the Republican National Committee
jumped onto the anti-Core bandwagon, accusing the administration of a
federal takeover of public education, extreme right-wing rhetoric that clouded
a real discussion about the Core.
Donald Trump is wrong about Common Core — but he’s not the only candidate
who is
The administration’s support for the Core was one of the issues that
propelled critics to accuse the U.S. Education Department of micromanaging
local education issues and pushed Congress to finally move, last December,
to pass a successor bill to the widely disliked K-12 No Child Left Behind
law. The new law, the Every Student Succeeds Act, sends back from the
federal government to the states a good deal of education policymaking
power that had been used by the Obama administration in an unprecedented
manner.
The brief also says:
Overall, there is not a compelling body of research supporting the notion
that a nationwide set of curriculum standards, including those like the
CCSS, will either raise the quality of education for all children or close
the gap between different groups of children. Therefore attaching
high-stakes testing to the CCSS cannot be the solution for improving
student learning.
Yet, with the CCSS comes even more testing than before, and based on those
test scores, any number of high-stakes decisions may follow, all of which
are decisions using scientifically discredited methods, namely, the use of
value-added modeling that purport to attribute gains in test scores to such
factors.
California adopted the Common Core State Standards in 2010 and chose to
align with one of two multi-state testing consortia funded by the
administration. California signed up with the Smarter Balanced Assessment
Consortium, which produced a testing system known as the SBAC. That group,
as well as the Partnership for Assessment of Readiness for College and
Careers (which produced the PARCC assessments), contracted with leading
testing companies, including Pearson, the Educational Testing Service, and
CTB/McGraw-Hill, to develop the new exams. In 2013, California began
pilot-testing the SBAC exams, and in spring 2014 conducted widespread field
testing. Later that year, high-stakes summative and interim standardized
SBAC tests were administered; in spring 2015, several million students took
the SBAC, and, as predicted a majority of students failed.
The brief says:
Testing experts have raised significant concerns about all (SBAC, PARCC,
Pearson) assessments, including the lack of basic principles of sound
science, such as construct validity, research-based cut scores, computer
adaptability, inter-rater reliability, and most basic of all, independent
verification of validity. Here in California, the SBAC assessments have
been carefully examined by independent examiners of the test content who
concluded that they lack validity, reliability, and fairness, and should
not be administered, much less be considered a basis for high-stakes
decision making. When asked for documentation of the validity of the CA
tests, the CA Department of Education failed to make such documentation
public. Even SBAC’s own contractor, Measured Progress, in 2012 gave
several warnings, including against administering these tests on computers.
Nonetheless, CA has moved forward in full force. In spring 2015, 3.2
million students in California (grades 3-8 and 11) took the new,
computerized Math and English Language Arts/Literacy CAASPP tests
(California Assessment of Student Performance and Progress). The tests were
developed by SBAC, and administered and scored by Educational Testing
Service. Scores were released to the public in September 2015, and as many
predicted, a majority of students failed (that is, were categorized to be
below proficient). SBAC itself expected that pass rates would go down, and
would be particularly low for certain groups, including English-language
learners (who make up over 22% of the enrollment in CA public schools),
whom SBAC predicted would see an approximately 90% fail rate.
The impact in California of high-stakes assessments (CCSS or otherwise) is
not hard to predict. A compelling body of research exists on problems with
high-stakes testing that range from the scientific discrediting of
high-stakes testing to the disparate impact of high-stakes testing that
further widens educational inequities.
The research brief also cites these concerns:
The cost of implementing the CCSS assessments is high and unwarranted. The
CCSS testing costs for CA are estimated at $360 million dollars in
federal tax dollarsand $240 million dollars in state funds for three years
of administration and scoring. The CA general fund appropriation for pupil
testing in the 2014-2015 school year was $126,850,000. In practical terms,
this means that standardized testing has taken precedence over other
priorities such as class size reduction, quality teacher training
and retention, programs in the arts, adequate science and technology
equipment, and keeping neighborhoodschools open.
The technology and materials needed for CCSS assessments require high
and unwarranted costs. Much of these additional costs relate to
the computer-based assessments, which requireupgrading equipment
(computers, headphones, keyboards), bandwidth (for data-heavy tests
that include videos, animated graphics, and interactive charts), and
technical support in a short period of time, which means that
already-struggling schools will be disproportionately impacted.
The technology requirements raise concerns not only about cost, but also
about access. The CCSS assessments involve computer use not only for
the actual assessments, but also for the practiceassessments, and both
require that students have connectivity, computer access, and
computer familiarity. As such, CCSSassessments favor middle- and
high-income students who typically have easier access to technology,
Internet connectivity, and keyboard practice both inside and outside of
school.
The CCSS assessments have not provided for adequate accommodations for
students with disabilities and English-language learners, or for adequate
communication about such accommodations to teachers.
The researchers include a list of recommendations, including taking a new
look at appropriate standards and assessments, and placing a ban on
high-stakes testing until specific questions about proper accountability
for schools and students and teachers have been addressed.
Fuente: www.informador.com.mx Autor: Manlio Fabio Beltrones
Hay ya 100 mil sitios públicos en el país con acceso a internet.
El líder nacional del PRI dijo que los jóvenes deben participar en la revolución digital.
Al evaluar con sus colaboradores los primeros resultados de la convocatoria sobre la iniciativa Internet para Todos, dijo que la propuesta consiste en emprender acciones para lograr que se haga realidad lo aprobado en la reforma en materia de telecomunicaciones y su ley reglamentaria.
Además, que «se cumpla con el derecho de los mexicanos a tener acceso a servicios de internet y banda ancha, tecnologías de la información y a la sociedad del conocimiento, en todo el territorio nacional».
Beltrones Rivera comentó que actualmente existen 100 mil sitios públicos como parques, edificios administrativos y hospitales, donde miles de mexicanos ya pueden conectarse gratis a Internet, y la meta es llegar a 250 mil.
«También está pendiente aprovechar la red de fibra óptica para que los servicios de telefonía e Internet lleguen a todo el país», señaló el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un comunicado.
Se trata de exigir que se cumpla la ley, tanto en la oportunidad de los servicios como en su calidad, pero también de construir propuestas, como la de los jóvenes emprendedores del Bajío que nos comunicaron que están llevando Internet a comunidades rurales donde las grandes compañías no llegan.
Por eso decimos que la expansión de la red representa una oportunidad para impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad, lo que hace inaceptable que la mitad de los mexicanos no tenga acceso a la red en la actualidad.
Refirió que a pocos días de haber anunciado la iniciativa Internet para Todos, han recibido comentarios, críticas, adhesiones y propuestas de los ciudadanos que piden resultados en diversos rubros como salud, educación y empleo.
«Hemos dicho que los priistas estamos trabajando duro para que la economía crezca y que la iniciativa Internet para Todos es una herramienta óptima para acelerar resultados en todos los campos», expresó.
Añadió que representa una vía para poner al alcance de niños y jóvenes, materiales y contenidos educativos de calidad mundial; ofrece oportunidades para que jóvenes emprendedores innoven sus negocios e, incluso, para llevar servicios médicos con nuevas modalidades.
«Se trata, en síntesis, de que cada mexicano se integre a la revolución del siglo XXI, la revolución digital, y así lo hemos comentado a nuestros interlocutores en las redes sociales», concluyó Beltrones Rivera.
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