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España: Crece la presión contra los informes psicopedagógicos que derivan alumnado a centros de educación especial por segregadores

Europa/España/09 Julio 2020/eldiariolaeducacion.com

La plataforma Frente por la Diversidad y la Inclusión, creada por familias de alumnado con discapacidad y diversidad funcional, envían un escrito a las administraciones educativas, el Defensor del Pueblo, los partidos políticos y varias salas de la Fiscalía para que se modifique la normativa relativa a los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización que envían a chicas y chicos a centros de educación especial y aulas específicas en centros ordinarios, como las aulas TEA.

Hace una semana el Frente por la Diversidad y la Inclusión, un movimiento generado por familias de niñas y niños con diversidad, redactaron, con la ayuda del abogado Juan Rodríguez Zapatero, un escrito que han enviado al Ministerio de Educación, a las consejerías de las comunidades autónomas, a los partidos políticos del Congreso d los Diputados, al Defensor del Pueblo y a varias salas de la Fiscalía de Estado denunciando la situación generada por los informes psicopedagógicos y los dictámentes de escolarización que envían a estos menores a centros de educación especial y a aulas específicas en centros ordinarios.

Este es solo unos de los problemas que se exponen en el documento que argumenta, apoyándose en los informes de la ONU y del Comité de seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que los informes forman parte de un sistema que segrega sistemáticamente al alumnado con necesidades educativas especiales desde una óptica médica de la discapacidad, en vez desde la óptica educativa, que tendría que tener en cuenta, más allá de las dificultades de aprendizaje de estas personas, cuáles son los apoyos necesarios para que el sistema ordinario diera la respuesta necesaria para todos y cada uno de ellos. «Deben centrarse en fijar las necesidades educativas y en función de las mismas determinar los ajustes razonables y medidas de apoyo que procedan», recoge el documento.

«Los dictámenes (de escolarización) y los informes (psicopedagógicos) tienen un enfoque clínico, comenta Juan Rodríguez Zapatero. Un enfoque clínico superado por la Convención (de Derechos de las Personas con Discapacidad)» en los que se utilizan elementos más propios de la psicología clínica, como test de inteligencia o pruebas psicométricas, que de la orientación educativa, explica el abogado.

También afirma que en ellos «se destacan los déficits y los rasgos de la discapacidad de los alumnos, estigmatizan al alumno y no son dictámenes» centrados en la orientación educativa. «No son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU».

El Frente por la Diversidad y la Inclusión es una iniciativa que surge de las familias. Yolanda Monreal es madre de un chico con diversidad que ya en el verano de 2019 comenzó a hablar con otras familias de la necesidad de enfrentar la situación que hoy por hoy se vive en todo el Estado en relación a la escolarización de personas con discapacidad. A finales del año las cosas comenzaron a coger velocidad e, inicialmente, pensaron en presentar una demanda colectiva primero, contra el Ministerio y, después, contra las consejerías de Educación, en relación al incumplimiento de la Convención y a la educación inclusiva como un derecho que no se estaba cumpliendo. Pero las demandas colectivas, en educación, no son posibles.

Monreal comenta a este periódico que por este motivo decidieron presentar el escrito en el que denuncian el uso de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización como herramientas para la segregación que omiten los instrumentos que la Administración debe poner en juego para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado. «Con estos informes y dictámenes, asegura, fastidian la vida de tantos niños y, por ende, de sus familias». Esta activista critica la manera en la que la administración trata los casos («con una prepotencia y sin nigún miramiento, sin empatía hacia las familias ni los niños. Lo tratan de una manera tan fría, como si los niños fueran números».

Estos documentos no son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU

Dictámenes e informes

Tanto los informes de los equipos de orientación, como los dictámentes de escolarización que de ellos terminan por salir, dice el escrito, «sirven para legitimar resoluciones y actuaciones discriminatorias y de segregación educativas».

Entre las críticas que el documento hace de las informes psicopedagógicos están el hecho de que dependen de la subjetividad de quienes los realizan; que se apoyan en un modelo clínico de entender la discapacidad y no en un modelo más educativo; que se centra en los déficits del estudiante y no en los apoyos y ajustes que el sistema educativo debe poner sobre la mesa; no expresan por qué no puede darse la escolarización en algún centro ordinario ni habla de si se han agotado o no las posibilidades de inclusión.

El escrito enviado la semana pasada señala también la nulidad de estos informes y cómo vulneran algunos preceptos como el artículo 14 de la Constitución española («Los españoles son iguales ante la ley…») o el 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad «cuando deniegan ajustes razonables o deciden escolarizar alumnos con diversidad funcional en centros de educación especial o en unidades especiales en centros ordinarios, alegando como pretexto que los recursos existentes no lo permiten».

Otro de los argumentos que esgrimen contra estos documentos institucionales es el hecho de que no se toma en consideración la opinión ni la experiencia de las famlias de estas chicas y chicos, así como el hecho de que no se realizan en el contexto en el que el alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra en el momento de hacerlo. Tampoco se hace caso de las evaluaciones que las familias, en no pocas situaciones, encargan a personal no adscrito a la Administración educativa.

El texto es claro y crítico, dado todo lo descrito: «No pueden servir de fundamento o justificación a resoluciones administrativas, acordando la escolarización de alumnos con discapacidad en centros educación especial o en unidades especiales o aulas específicas en centros ordinarios».

A por una ley de educación inclusiva

Aprovechando que por fin la Lomloe ha comenzado su andadura en el Congreso, el colectivo también quiere incidir en que todas estas cuestiones se tengan en cuenta en la nueva ley de educación desde el primer momento. Como explicábamos hace unos días, la ley sigue manteniendo el artículo 74 de la LOE que da carta de naturaleza a la segregación en centros de educación especial, así como en aulas específicas en centros ordinarios, más allá de la polémica provocada por la cláusula adicional 4ª en la que algunos colectivos y partidos políticos leen el cierre de aquellos centros especiales. Rodríguez Zapatero asegura que sobre dicho artículo 74 es sobre el que habría que actuar par que se derogue, «porque es el que permite el sistema dual».

En dicha ley, defienden desde el Frente, debe definirse la educación inclusiva en los parámetros que defiende Naciones Unidas. Además, debe incluir una cláusula de no rechazo, en virtud de la cual, la elección de las familias por un centro ordinario debe ser suficiente y supone que las administraciones educativas no pueden negarse a que así sea.

A esto habría que sumar que el futuro texto legal deber dejar meridianamente claro que las administraciones serán responsables de poner en juego todos los apoyos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva, así como garantizar la participación de familias y alumnado en el proceso de escolaridad.

Para Rodríguez Zapatero es el momento, ahora que empieza el trámite de la Lomloe, para acometer los cambios necesarios. «Reformar la legislación en este terreno y lograr una adaptación plena de la legislación autonómica y estatal, de nuestro sistema educativo sería lo adecuado» a la Convención.

Años de incumplimiento

En 2008 el Estado se adhirió a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que lo que en ella se dice ha de formar parte del cuerpo jurídico y legislativo. Pero han pasado 12 años y todavía muchas familias y menores están esperando que esa transposición de la norma llegue a la realidad.

Hacerlo implicaría, no solo que los centros de educación especial se reconvirtiesen en centros de recursos y formación, sino que las aulas específicas en los ordinarios también tendrían que desaparecer. Así lo indicaba tambiél el dictamen del Comité de la ONU que le dio un tirón de orejas a España hace tres años.

Uno de los escollos principales, más allá de la pelea entre quienes forman parte de la comunidad educativa de los centros de educación especial y quienes defienden la inclusión con todas sus consecuencias, está en el importante desembolso que tendrían que hacer las administraciones educativas, estatales y autonómicas, para hacer posible la inclusión de todo el alumnado. Infraestructuras escolares, materiales didácticos y de aprendizaje, adaptación de las metodologías, formación del profesorado (al inicio y durante toda la carrera), así como la contratación de profesionales de diferentes ámbitos, de apoyo, docentes, que tendría que realizarse.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/07/crece-la-presion-contra-los-informes-psicopedagogicos-que-derivan-alumnado-a-centros-de-educacion-especial-por-segregadores/

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Zapatistas: lecciones de auto-organización comunitaria

Por: Anya Briy

 

A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.

Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.

A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.

Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.

Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado «Celebración de la Vida», que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.

Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio «otro mundo».

Las personas son las que deciden

En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.

Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es «mandar obedeciendo», lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.

Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.

Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano «malo». Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.

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El mapa es cortesía de Maël Lhopital, voluntario de DESMI.

Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.

Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.

La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.

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El subcomandante Moisés está haciendo una declaración en la celebración del aniversario, rodeado por el resto del CCRI-CG, el cuerpo más alto del EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comando General). | Foto: Anya Briy

Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno «malo», los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.

Sistema de justicia

El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.

Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.

La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.

Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:

«Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.»

El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.

Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.

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Dance festival as part of the month-long program, called “Celebration of Life”: members of a Zapatista community are enacting life after 1994. Signs say “Education,” “Health,” and “Collective Work.” | Photo: Anya Briy

Educación

El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados «promotores de la educación», principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.

Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.

El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como enlenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades,citado por Bruno Baronnet:

«Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).»

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Los jóvenes zapatistas están representando su vida antes de 1994, pretendiendo beber cerveza y sosteniendo un cartel con el nombre de un reciente programa de ayuda gubernamental, Sembrando Vida. | Foto: Anya Briy

Cuidado de la salud

Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.

El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.

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Mujeres zapatistas que salían de una clínica ubicada en el caracol Morelia, donde se realizó el encuentro internacional de mujeres, que también forma parte del programa de un mes y el aniversario. | Foto: Anya Briy

En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.

Producción: Para Todos Todo, Para Nosotros Nada

El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.

Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.

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María, miembro de una comunidad zapatista, compartió su experiencia y comprensión de muchos aspectos de la lucha zapatista, incluido el compromiso con el trabajo colectivo. | Foto: Anya Briy

Otro mundo es posible

Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados ​​en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.

A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.

Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.

Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/zapatistas-lecciones-de-auto-organizacion-comunitaria/?fbclid=IwAR3RkUmt5ai-u8YNgQdTJWOFJHnM_P5kIgPgly7FTgBfqOAJiUqvo818uHM

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Gobierno se opone a ley que eleva presupuesto de Educación en Perú

El gobierno de Perú manifestó hoy, Día del Maestro en el país, su oposición a una reforma constitucional que dispone elevar de 3,8 a seis por ciento del producto interno bruto (PIB), el presupuesto anual de la educación.

 

La ministra de Educación, María Antonieta Alva, adelantó tácitamente el veto, al afirmar que la reforma aprobada por el Congreso es un obstáculo en la reforma educativa y afecta el presupuesto en una situación de pandemia por la Covid-19.

‘Cualquier medida que incremente directa o indirectamente el gasto público, tiene impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Perú y transgrede la Constitución, que señala claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto’, agregó.

El parlamento alega que tiene facultades para legislar sobre el presupuesto nacional y aprobó por amplia mayoría la reforma, que quedó pendiente de una segunda votación que la ratifique, en la nueva legislatura a iniciarse esta semana.

El porcentaje fijado corresponde al reclamado por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep), que considera necesario el incremento para desarrollar la educación y superar la crisis en la que se debate.

Por otra parte, el gobierno vetó una ley aprobada por el Congreso de la República que sanciona el acaparamiento y la especulación de precios durante la actual pandemia, prácticas que afectan los precios de las medicinas requeridas para atender a pacientes de Covid-19 y hasta del oxígeno medicinal.

El rechazo argumenta que esas maniobras constituyen ‘una conducta lesiva y reprochable socialmente que se presentará a diario, los sujetos que la cometen solo podrán ser sancionados o procesados por ello si el Estado previamente a su realización la definió, a través de una ley, como prohibida y por tanto merecedora de una sanción’.

La norma modifica los códigos Penal y de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar con penas de cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción.

El gobierno plantea que no hay evidencia ‘que demuestre que las medidas administrativas que protegen el libre mercado han fallado’, pese a la especulación denunciada por la prensa.

Alega que el delito de acaparamiento fue anulado por el gobierno neoliberal de Alan García en su último gobierno (2006-2011) por contravenir al ‘régimen de economía social de mercado’, establecido por la constitución neoliberal de 1993 y el de especulación no se aplica por carecer de tipificación.

Fuente de la noticia: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379606&SEO=gobierno-se-opone-a-ley-que-eleva-presupuesto-de-educacion-en-peru

 

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Venezuela: Federaciones de educación piden respuesta al Ministerio

América del Sur/ Venezuela/ 07.07.2020/ Fuente: www.laprensalara.com.ve.

«Indiferenciadesinterés indolencia«, así es como inicia un comunicado emitido por las Federaciones de Educación en Venezuela, donde resaltan que los docentes con lo que ganan no pueden ni siquiera comer ante los bajos sueldos que devengan.

En uno de los párrafos del comunicado, señalan que los docentes adscritos al Ministerio de Educación están en una situación crítica, pues el profesor con mayor jerarquía cobra un millón 600 mil bolívares, mientras que la canasta alimentaria se ubica en 55 millones de bolívares y eso los coloca en una situación de extrema pobreza.

El comunicado también resalta que los beneficios que los docentes tenían como seguro HCM funerario quedaron en el olvido y que a eso se le suma la dificultad para adquirir medicinas. También esperan la revisión inmediata de las tablas salariales para que les cancelen todas las deudas que hasta el momento se suman a un 280 % que quedó pulverizado.

A eso se le añade que por la pandemia los docentes están confinados en sus casas y no cuentan con las herramientas ni para dar una clase a distancia. «Estamos sin recursos tecnológicos, sin recursos económicos ni efectivo para movernos a comprar comida«, expresan las federaciones.

Fuente de la noticia: https://www.laprensalara.com.ve/nota/18354/20/07/federaciones-de-educacion-piden-respuesta-al-ministerio

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Panamá: Meduca publica ‘currículo priorizado’ para el reinicio de clases a distancia

Centro América/ Panamá/ 07.07.2020/ Fuente: www.laestrella.com.pa.

El Ministerio de Educación (Meduca) publicó el ‘currículo priorizado’ que utilizaran los profesores para los alumnos de preescolar, media, profesional y técnica en el reinicio de clases a distancia.

En el portal http://moodle.educapanama.edu.pa/ se encuentra los “módulos o guías básicas” para los grados de preescolar, primaria, premedia, primaria multigrado y educación premedia multigrado.

Las materias varían dependiendo de qué nivel educativo se encuentre el alumno, sin embargo existen materias que se incluyen en todas las guías básicas: inglés, ciencias naturales, español y matemática.

También se incluyen módulos para jóvenes y adultos que estén cursando la educación primaria, secundaria. Además de apoyos didácticos para para los bachilleres diurnos y nocturnos.

Para José Cambra, miembro de la Asociación de Profesores (Asoprof) el currículo educativo panameño sufre de un “atraso espectacular y eso no se resolvió con el currículo priorizado”.

“Es un currículo conservador como era antes de la pandemia, lo es ahora, no es nada modernizante. No se aprovechó destacar la labor de los afrodecendientes, ni de las mujeres”, criticó el docente.

De acuerdo con el sociólogo Alonso Ramos existen otros factores que no se evalúan como acceso a internet y las condiciones de precariedad de las familias de la mayoría de los estudiantes en Panamá.

“El currículo priorizado no acabará con las desigualdades del sistema educativo”, remarcó Ramos a La Estrella de Panamá.

El Meduca anunció que se retomarán las clases a partir del 20 julio, a distancia, en los colegios estatales y en los centros particulares que se encuentran sin ofrecer actividades escolares por la pandemia de la covid-19.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó del lanzamiento de la plataforma de «educación virtual 100% local» que será utilizada en el país para el retorno a clases a distancia el próximo 20 de julio.

La primera fase de la plataforma, denominada ‘ESTER’, implica dotar de equipos a estudiantes y docentes de media, con especial atención de los 32,476 graduandos de 230 escuelas.

Fuente de la noticia: https://www.laestrella.com.pa/nacional/200703/meduca-publica-curriculo-priorizado-reinicio-clases-distancia

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Universitarios en Paraguay se movilizan contra recortes presupuestarios

América del Sur/ Paraguay/ 07.07.2020/ Fuente: mundo.sputniknews.com.

Universitarios de Paraguay anunciaron que realizarán una movilización nacional el próximo 23 de julio a fin de evitar mayores recortes presupuestarios al sector de la educación superior, informó la prensa local.

Según el diario La Nación, los universitarios instaron a todos los sectores de la educación a sumarse a la movilización en contra de los recortes presupuestarios, los que se dieron como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Los universitarios defienden el presupuesto de la educación y exigen mayor inversión para el sector.También piden la creación de una comisión permanente para consolidar un proceso de educación superior y organización estudiantil.

A finales de junio, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) protagonizaron una protesta frente al Rectorado, donde denunciaron un recorte de 1.500 millones de guaraníes (219.637 dólares) que debían destinarse a más de 1.000 becarios en la pandemia.

El recorte aplicado por Hacienda corresponde al 50% del rubro para becarios.

Fuente de la  noticia: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202007071091999581-universitarios-en-paraguay-se-movilizan-contra-recortes-presupuestarios/

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Educación virtual de calidad para todos

Por: María Del Carmen Aceña. 

 

La semana pasada la ministra de Salud y el director de la Coprecovid brindaron una conferencia de prensa. Realmente no fue nada alentador ver las proyecciones de los nuevos contagios de la pandemia de Covid-19, afirmando que agosto será el peor mes. Genera mucha ansiedad no contar con una hoja de ruta que tenga planes tanto para reactivar la economía como para abrir los servicios. Además de la salud y el empleo, tengo una seria preocupación por la educación pública. Difícilmente, los niños, niñas y la mayoría de los jóvenes tendrán educación presencial durante el resto del año.

Hace más de 10 años se planteó en el Ministerio de Educación -Mineduc- la importancia de no solo cambiar los contenidos, sino utilizar la educación virtual como un medio para el aprendizaje. Lamentablemente, en las últimas tres administraciones se dio mayor peso a los aumentos salariales masivos del personal que a invertir en el futuro de los estudiantes.

Sin embargo, considero a esta crisis como un motor de transformación educativa en el país. A pesar de que se implementó un nuevo currículo nacional base, se mantiene el modelo de enseñanza tradicional que no permite desarrollar muchas de las destrezas de este siglo. Aún se basa gran parte en el aprendizaje de memoria, la instrucción activa del docente y la recepción pasiva de conocimientos de los estudiantes. Coincido con el equipo del Ministerio de Educación sobre la importancia de cambiar las experiencias de aprendizaje para que los estudiantes se motiven a aprender y desarrollar las habilidades para tener éxito en esta época; sin embargo, esto requiere mejorar sustancialmente la gestión pública.

El BID señala que las habilidades del siglo XXI se pueden agrupar en tres: a) cognitivas, b) de función ejecutiva y c) las socioemocionales. Cognitivas se refiere a mínimas, como lectura y escritura, técnicas, digitales y pensamiento crítico. Las de función ejecutiva buscan la flexibilidad mental, el autocontrol, la autorregulación y la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Por último, las socioemocionales son: motivación, autoestima, perseverancia, adaptabilidad, compromiso, empatía y tolerancia. En esta era el maestro se convierte en un orientador, pues según los expertos, el conocimiento se duplica cada tres meses.

“¿Qué opina de cambiar drásticamente la educación en Guatemala? ¿Cómo damos este salto a la educación virtual?”

La biblioteca más grande del mundo se llama Google y muchos estudiantes aún no cuentan con acceso a toda una era de la información y un mundo virtual. Es el momento de llevar la tecnología a las aulas. Solo por medio de su uso se podrá llevar educación a los alumnos y además desarrollar las habilidades digitales para que sean partícipes de la revolución tecnológica. Además, se democratizaría la información, llegando a todos los rincones del país. Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación -TIC-, el docente podrá fomentar el aprendizaje personalizado y activo, la continuidad del aprendizaje fuera de lo formal y el desarrollo de las nuevas competencias. ¿Cómo logramos contar con dispositivos e internet y llevar la educación virtual a todos? Será de aprovechar estos momentos.

Hay mucho que aprender de otros países, inclusive localmente varios lo están haciendo. Se puede armar un equipo integrado por personas capaces y experimentadas que apoyen al ministerio. Se requerirá de un equipo técnico multidisciplinario que presente un plan con acciones concretas y presupuesto. Contar con el asesoramiento de personalidades como Luis von Ahn y Marcos Andrés Antil sería de gran utilidad. Cada día la tecnología es más barata. Se necesita de un dispositivo por estudiante (aproximadamente Q300 es el costo de una tableta). Adicionalmente, una computadora para cada maestro, cuya inversión sería alrededor de Q2,500. Se tendrá que diseñar contenidos y plataformas específicas.

Respecto al acceso a datos e internet, está pendiente la subasta de la frecuencia de cuarta generación (4G) que urge realizar para apoyar este plan. Además, contar con un equipo de soporte tanto de los dispositivos como al software al servicio de los estudiantes. La estrategia partiría de priorizar algunos grados en la primaria (los últimos tres) y toda la secundaria. En menos de tres años se tendría cubierto todo el país. El cálculo para llevar a cabo esta estrategia inicialmente es de alrededor de 700 millones de quetzales, lo equivalente al 4% del presupuesto actual del Mineduc.

Este año se pueden usar los rubros destinados al Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -Padep/D-, libros de texto, el bono de fin de año del maestro y ahorros. Adicionalmente, debe invertirse en la capacitación y formación inicial del docente con esta nueva perspectiva. Se requiere de un sistema de reclutamiento de docentes basado en el mérito, la excelencia y que sea muy competitivo, cuya mejora en su remuneración sea por carrera y no por pactos colectivos. Un perfil que se acople a las necesidades de la sociedad del conocimiento. Maestros que aprenden por sí mismos, investigan, orientan y aman la enseñanza. Educadores de vida que guían a los alumnos a convertirse en mujeres y hombres de bien y de éxito en la vida, en el trabajo y en su comunidad. En Perú lo están haciendo. Bajo la iniciativa “Aprendo en casa” han distribuido alrededor de un millón de tabletas y computadoras para los establecimientos.

En las zonas rurales, sin acceso a internet ni electricidad, los alumnos reciben un cargador solar y en las escuelas con energía eléctrica y buena conectividad, se les dota de un plan de datos. Será necesario contar con una visión a nivel nacional que sirva de norte, en el cual docentes, funcionarios, políticos, sociedad civil, fundaciones, universidades y empresarios estén de acuerdo. Y para que trascienda gobiernos, se requiere una institucionalidad fuerte y técnica que garantice la continuidad y su presupuesto. ¡El momento es ahora! ¿Qué opina de cambiar drásticamente la educación en Guatemala? ¿Cómo damos este salto a la educación virtual? ¿Le gustaría ser parte de esta transformación digital?

 

Fuente del artículo: https://www.publinews.gt/gt/opinion/2020/07/05/educacion-virtual-de-calidad-para-todos.html

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