Educación

Por: Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas.

Los días posteriores al alzamiento popular ocurrido en Chile el 18 de octubre, han sido de permanente lucha y protesta, donde se han evidenciado grandes avances en los niveles de conciencia de la clase trabajadora que han dejado con poca capacidad de respuesta al gobierno reaccionario. Hemos presenciado el burdo intento del gobierno de mostrarse cercano al movimiento social, posterior a la masiva marcha del 25 de octubre que sólo en Santiago movilizó a más de un millón de personas, y a miles en las distintas regiones del país. Piñera destacó el carácter pacífico de la movilización y se atrevió a señalar que habían escuchado y entendido las demandas del pueblo y que trabajarían en dar solución a ellas por medio de la aprobación de la agenda social impuesta la semana pasada. Posteriormente, hace un llamado a retomar la “normalidad” mediante gestos como el retirar a las fuerzas militares de las calles y levantar el estado de emergencia, reafirmando que no renunciará a su cargo, y cumplirá su mandato hasta que culmine su periodo de gobierno.

Sin embargo, las medidas presentadas por el oficialismo han sido insuficientes, e incluso podemos considerarlas burlescas para el conjunto del pueblo, no fue suficiente el congelamiento de tarifas de la luz hasta el próximo año, tampoco el aumento del sueldo mínimo a $350.000 mensuales, sobre todo si es sin tocar un pelo al empresariado, potenciando el subsidio estatal con dinero que, en definitiva, sale de los bolsillos del mismo pueblo. Estas medidas no hicieron más que provocar que se encienda aún más la rabia de las y los organizados, que han respondido con más fuerza, manteniendo la protesta popular en las calles de los principales territorios del país. No obstante, donde continúa la protesta, continúa también la represión del Estado, y todos los días nos vemos enfrentados a escenarios de violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales de carabineros, reflejado en un aumento sostenido el número de heridos/as en las distintas manifestaciones callejeras que se han convocado, preocupa, por sobre todo, la gran cantidad de personas con lesiones oculares. Por otro lado, también nos hemos enfrentado a violentas detenciones en casas de dirigentes sociales, y a complejas situaciones de abuso propinadas, tanto por militares como por carabineros, a compañeras y compañeros que han sido detenidos y llevados a comisarias, sitios que se han convertido en verdaderos centros de tortura. Por suerte se ha podido romper el cerco comunicacional, y diversos medios de información populares y alternativos han logrado dar a conocer masivamente estas situaciones, lo que ha permitido que el pueblo y la clase trabajadora identifiquen claramente y sin medias tintas cuál es su enemigo y los intereses que este defiende. Esto ha contribuido a debilitar a los sectores vacilantes y abraza-pacos que emergen en medio de los estallidos sociales, empujando a los distintos sectores del pueblo a tomar una clara posición de clase, lo que implica un claro avance en los niveles de conciencia de clase.

Comprendiendo lo anterior, consideramos que esta reciente semana de movilizaciones se ha caracterizado por la organización de esfuerzos más conscientes en torno a avanzar desde el espontaneísmo e improvisación de los primeros días del alzamiento popular, a acciones de protesta más elaboradas y planificadas, mediante mecanismos de autodefensa y ofensiva popular más complejos, como por ejemplo las acciones de sabotaje menor a AFPs, farmacias y/o bancos. Pero también han proliferado instancias donde la clase trabajadora y el pueblo se vuelven a reunir para discutir acerca de sus necesidades e intereses, volvemos a ver las ollas comunes en las poblaciones, iniciativas similares a los “comprando juntos” y una serie de actos culturales convocados por organizaciones sociales, sindicales y políticas en los distintos territorios, lo que ha permitido el levantamiento de distintos pliegos de demandas reivindicativas y políticas como poner fin al sistema de AFPs e instalar la demanda de pensión básica igual al ingreso mínimo, un sueldo mínimo de $500.000, una jornada de trabajo de 40 hrs., sin flexibilidad laboral, el fin a los honorarios en el Estado, terminar con el lucro en la salud y la educación, protección a la maternidad y sala cuna universal sin discriminación y para todas las trabajadoras, un aborto seguro, libre y gratuito, entre otras reivindicaciones del pueblo que se han escuchado con fuerza durante estos días.

Sin embargo, ante estos avances de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, el gobierno ha respondido no sólo con una política del terror en las calles, sino también con una serie de estrategias institucionales que buscan poner paños fríos al alzamiento popular. Dentro de estas medidas se enmarca el tan bullado cambio de gabinete que se llevó a cabo el día lunes 28 de octubre, el que se da en un ambiente más bien festivo, en medio de abrazos y agradecimientos a las y los personeros del gobierno que serían removidos de sus puestos como consecuencia de la crisis desatada, pero que sin embargo, no logró generar mayor eco en el pueblo organizado. Este cambio de gabinete, más bien cosmético, fue casi una sillita musical ministerial debido a que se trato más de reubicaciones que de cambios reales en las carteras, al punto que las remociones más esperadas no sucedieron, y el presidente decidió blindar a los cuestionados ministros de transporte y salud que continúan en sus puestos, al igual que la displicente ministra de educación.

En el caso del Ministerio del Trabajo, se instala quien fuera la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, licenciada en historia y abogada, sin militancia partidaria pero con herencia DC, especialista en el área previsional y en seguridad y salud laboral. Su perfil independiente le ha permitido desempeñarse en la Superintendencia de Seguridad Social desde el 2005 al 2014, sobreviviendo al paso de los distintos gobiernos de turno, hasta que se convierte en subsecretaria de previsión social durante el actual gobierno de Piñera. En su rol como subsecretaria encabezó el proyecto de reforma a las pensiones, haciendo permanentes llamados a su aprobación, e insistiendo en la urgencia del proyecto para que el 2020 ya se comience a pagar el pilar solidario propuesto. Además, la actual ministra ha expresado una clara postura en contra del retiro de los ahorros previsionales que ha sido impulsado por parte del pueblo movilizado y es la responsable de la Ley de Cotización Obligatoria que hoy perjudica a miles de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan a honorarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Por otro lado, la definen con un perfil dialogante y con buen muñequeo político, en ese sentido asumirá un importante rol en el desarrollo del proyecto de las 40 horas, una tarea que su predecesor, Nicolás Monckeberg, no logró resolver ya que se vio envuelto en una seria de polémicas producto de sus equivocas declaraciones públicas , como “la rebaja de las cuarenta horas afectaría a las jornadas especiales de trabajo, por lo que los futbolistas chilenos no podrían haber jugado la copa América debido a su régimen laboral”, o “si un trabajador en vez de las 9 de la mañana, llega a las 7.30, se va a demorar 20 minutos a la pega y va a llegar a su casa por lo menos, una hora y media antes, porque no se va a ir a la hora del taco”, por lo que fue generando un rechazo generalizado en la población, provocando su salida de la cartera del trabajo. Según las últimas declaraciones de la nueva ministra, su centralidad estará en la agenda social presentada por el presidente por lo que sus prioridades serán las pensiones y el ingreso mínimo garantizado.

En el caso de Hacienda, el ingeniero Ignacio Briones es quien toma la conducción del ministerio. Este militante de Evopoli formó parte del primer gobierno de Piñera en el año 2010, desempeñándose como coordinador de finanzas internacionales. Sin lugar a dudas su perfil académico y tecnocrático lo llevaron a ser considerado el reemplazante de Felipe Larraín (quien fuera su profesor en la Universidad Católica) en esta estratégica cartera de gobierno. Briones se caracteriza por ser un acérrimo defensor del sistema neoliberal, planteando cuestiones tales como que la automatización es una oportunidad para el empleo o que “no toda desigualdad es injusta”, defendiendo los intereses y privilegios de los ricos y poderosos.

Con respecto al Ministerio de Economía, el ingeniero Lucas Palacios (UDI) toma la cartera, reemplazando a Juan Andrés Fontaine, quien permaneció solo 4 meses en el cargo. Palacios cuenta con una vasta carrera política, se desempeño como Concejal de la comuna de Puente Alto, además de ser subsecretario de Obras Públicas en los 2 mandatos de Piñera. Con respecto al nuevo rol que desempeñará como ministro, ha expresado que hará todos los esfuerzos para restablecer el sistema económico del país, centrando su discurso en los daños sufridos por las pequeñas y medianas empresas en estos días de movilizaciones, señalando que esto tendrá un efecto en el aumento del desempleo en el país, por lo que el gobierno ya anuncio, dentro de su agenda social, un proyecto de ayuda a las pymes al que denominaron “Levantemos tu pyme”. Sin embargo, no debemos olvidar, que la tasa de desempleo en el país iba en aumento previo al alzamiento popular, del mismo modo que la tasa de consumo iba a la baja.

Con respecto a los otros ministerios, se puede señalar que el protagonismo adquirido por la ex Intendenta de Santiago, Karla Rubilar, quien durante el estallido social apareció permanentemente en televisión criminalizando la protesta, destacando las acciones pacifistas y respaldando las diferentes medidas impulsadas por el gobierno, mostrándose empática y cercana a la ciudadanía, le permitió alcanzar el puesto de la Vocería de gobierno. Del mismo modo, quien también logró posicionarse en medio de la crisis fue Gonzalo Blumel que fue removido desde la Segpres hacia el Ministerio del Interior, donde reemplazará al primo del presidente, Andrés Chadwick (una evidente jugada para protegerlo de una posible acusación constitucional), y quien reemplaza a Blumel en Segpres es Felipe Ward, que se desempeñaba como ministro de Bienes Nacionales. Por otro lado, una vez más, Cecilia Pérez sobrevive a la crisis, y al ser removida como vocera de gobierno es designada como la nueva ministra de Deportes, por último quién reemplaza a Felipe Ward en Bienes Nacionales, es el falso y traicionero líder estudiantil, Julio Isamit, quién además cuenta con un historial moroso que ha tratado de mantener oculto.

Lo cierto es que hasta ahora el gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de contener o dar respuesta a la movilización, y ante la nula capacidad de retornar a la normalidad y la creciente presión internacional, se vio obligado a suspender la Cumbre APEC y la COP25 que se iban a realizar en nuestro país durante los meses de noviembre y diciembre respectivamente, donde se reunirían los principales líderes imperialistas para decidir una vez más sobre el futuro de nuestros países. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Senado está discutiendo la aprobación del TPP11, otro acuerdo interempresarial que limita la autonomía de los países que adscriban a dicho tratado, en ese sentido, y a pesar de que la no realización de la APEC y la COP25 en nuestro país implico una derrota para el gobierno, ya que ve fuertemente afectada su imagen hacia el exterior, sabemos que las discusiones de estos encuentros impactarán de todas formas en la política nacional, repercutiendo directamente en las condiciones de vida de toda la clase trabajadora.

Respecto de las posibles salidas a este conflicto, han emergido una serie de propuestas e iniciativas que buscan descomprimir el movimiento social Por un lado la oposición ha buscado alternativas que le permitan capitalizar el descontento popular expresado en las calles y dentro de estos podemos identificar a los sectores que tienen representación en el Congreso, y que oportunistamente, resucitaron propuestas de reformas constitucionales de antaño, intentando así poner al Congreso como espacio para encausar la demanda por una nueva constitución. El “proceso constituyente” impulsado en el congreso inicia el día martes 29 de octubre, siendo encabezado por el presidente del senado, Jaime Quintana (PPD) y el presidente de la cámara de diputados, Iván Flores (DC), que en términos concretos lo que han hecho es recoger distintas propuestas para la nueva constitución, las que serán discutidas mañana durante todo el día definiendo el seguir en la Cámara de Diputados.

No obstante, el oficialismo se desmarcó del proceso impulsado por el poder legislativo, haciendo un llamado a los diputados/as y senadores/as a escuchar las demandas de la ciudadanía y dejar de conversar entre ellos, a pesar de que no descartan la posibilidad de implementar en algún momento una asamblea constituyente o un proceso para levantar una nueva constitución. En ese sentido, el gobierno se ha comprometido a convocar a un “dialogo inicial” en el corto plazo (en unos 60 o 90 días), además de presentar un mecanismo para incorporar a este proceso los cabildos que ya se están implementando en algunas comunas del país. Esto ha generado rencillas al interior de los poderes del Estado y los partidos del Bloque en el Poder, que se muestran erráticos en cuanto al mecanismo a implementar para un proceso de reforma constitucional que ya se ve como inevitable para responder al descontento popular.

Sin embargo, al interior de la oposición se despliegan otras estrategias, como la que presenta el ala más progresista, expresada en el PC y algunos sectores del Frente Amplio, que han levantado la denominada “Mesa de Unidad Social”, desde donde están impulsando el levantamiento de “cabildos” ciudadanos que tienen como objetivo validar las propuestas programáticas que ya fueron elaboradas por los partidos, posicionando la necesidad de un cambio constitucional mediante la Asamblea Constituyente. Junto con ello, este sector apuesta por la instalación de interlocutores/as y voceros/as del movimiento social, político y sindical, pretendiendo posicionar distintas organizaciones sociales y sindicales de conocido historial burocrático y una larga experiencia traicionando los intereses de la clase trabajadora y demandas del pueblo, tales como la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, la Coordinadora No + AFP, la CONFUSAM, la CONFECH (y en particular la Fech), que arrastran problemas de legitimidad producto de sus estrategias de conciliación de clases durante estos 30 años de pseudodemocracia. En definitiva, los oportunistas de siempre están instalando la asamblea constituyente como estrategia de posicionamiento de las principales figuras de sus organizaciones burocráticas, entreguistas y traidoras del pueblo, buscando la cooptación de las demandas sociales en miras a fortalecer posiciones institucionales, como lo han venido haciendo hace años en los distintos espacios de conducción que han ocupado.

Ahora bien, a esta propuesta de asamblea constituyente se han sumado también algunas organizaciones sociales, sindicales y políticas de carácter más crítico, e incluso algunas con perspectivas clasistas, que aseguran que hoy existirían las condiciones necesarias para plasmar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo en una nueva constitución. En ese sentido, han emergido algunas posiciones tales como que las asambleas territoriales y cabildos convocados serían el primer paso para la articulación de la clase trabajadora, y que posteriormente se encontrarían en condiciones de llevar adelante una asamblea constituyente en igualdad de condiciones con el Bloque en el Poder.

Sin embargo, como Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT, a pesar de reconocer la importancia del despertar de las conciencias de los miles de trabajadores y trabajadoras, que ya cansados de los abusos salieron a las calles a exigir condiciones de dignidad, creemos que la actual coyuntura no puede llevarnos a pensar que han cambiado las condiciones del periodo, por lo tanto no existen condiciones para disputarle, al reformismo y al Bloque en el Poder, las definiciones fundamentales de una nueva constitución para Chile, menos aún si esto se lleva a cabo mediante mecanismos creados por aquellos que ocupan los sillones del poder. En ese sentido, consideramos que este proceso constituyente apuntará más bien a un reacomodo de los dueños de la riqueza y el poder, permitiendo darle una nueva legitimidad a sus formas de dominación, explotación y opresión, fortaleciendo el modelo económico capitalista-neoliberal chileno, sin cambiarlo radicalmente, ya que el principal objetivo que persigue el cambio constitucional hoy, no es mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino que se ha convertido en un intento desesperado por descomprimir el movimiento social en pie de lucha. La historia nos ha demostrado que la clase trabajadora no tiene nada que ganar en los espacios institucionales creados por el Bloque en el Poder, y por lo tanto se vuelve una tarea urgente que la clase trabajadora y el conjunto del pueblo, levanten sus propios espacios de construcción política, en ese sentido nuestro llamado es a formar parte del polo social anticapitalista convocado por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, que apunta a la articulación de las distintas organizaciones populares, sociales y sindicales que comprenden que la causa principal de nuestras precarias condiciones de vida es el capitalismo, y que debemos combatirlo con todas nuestras fuerzas.

Por otro lado, consideramos que en el mundo sindical, una tarea urgente es el fortalecimiento de los sindicatos desde las bases y el levantamiento de nuevos sindicatos clasistas y combativos en los sectores donde no exista organización, apuntando a una necesaria articulación en la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras. Del mismo modo se vuelve necesaria la formación y autoformación de dirigentes y dirigentas clasistas que disputen al sindicalismo burocrático y conciliador que es hegemónico en el país, trabajando siempre bajo los principios del anticapitalismo, la solidaridad efectiva de clase, la democracia sindical desde las bases, la independencia de clase, la autonomía sindical y el antipatriarcado. Esto debe reflejarse en acciones concretas, como la realización de asambleas sindicales periódicas, donde se den discusiones abiertas respecto de la situación de movilización del país, donde se puedan debatir y difundir pliegos de demandas propias de la clase trabajadora, tales como el sueldo mínimo de $500.000, la derogación del Código Laboral de Pinochet, el fin al sistema de AFP, la jornada de 40 hrs., sin flexibilidad laboral (que fue recientemente discutida en la comisión de trabajo, aprobando su implementación con una gradualidad de 5 años para las pymes y de 1 año para las grandes empresas), el contrato único en el Estado, el rechazo a la reforma laboral Piñera-Bachelet, entre otras. Además de instalar la necesidad de sumarse a las jornadas de paralización nacional autoconvocadas y articularse con las organizaciones sociales y populares de los territorios donde estén instaladas las empresas o lugares de trabajo.

A levantar las demandas de la clase trabajadora y el pueblo

A conformar el Polo Social Anticapitalista

Por un sindicalismo clasista y combativo

Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas AIT

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262295