El embarazo adolescente se ha convertido en una de las crisis más acuciantes de Venezuela, con graves consecuencias para la salud de las jóvenes madres y sus hijos , así como para el desarrollo social del país. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela presenta una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, lo que ha generado una alerta mundial sobre la situación.
Ana María Figuera, experta en salud reproductiva del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), destacó que la educación integral en sexualidad es fundamental para prevenir embarazos no deseados en la adolescencia. «Es necesario romper con tabúes y proporcionar información clara y accesible a jóvenes y adolescentes sobre su cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos, y los métodos anticonceptivos», afirmó Figuera.
Por su parte, Ángel Alfonso, de la Asociación Civil Niña Madre, alertó sobre la estrecha relación entre el embarazo adolescente, la pobreza y la violencia sexual. «Muchas de estas jóvenes se convierten en madres a muy temprana edad como consecuencia de abusos y explotación», señaló Alfonso.
Un problema de salud pública
Denuncian que las consecuencias del embarazo adolescente son múltiples y devastadoras. Las jóvenes madres suelen abandonar sus estudios, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa el ciclo de pobreza. Además, los bebés nacidos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer, prematurez y complicaciones durante el parto.
La alta tasa de mortalidad materna en Venezuela, especialmente entre las adolescentes, es un reflejo de la gravedad de esta problemática. Según Alfonso, la tasa de mortalidad materna en el país es una de las más altas de la región.
¿Qué se está haciendo?
Organizaciones como el UNFPA y la Asociación Civil Niña Madre trabajan para abordar esta problemática. A través de programas de educación sexual, distribución de métodos anticonceptivos y atención integral a las jóvenes madres, estas organizaciones buscan empoderar a las adolescentes y brindarles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, alertab que los desafíos son enormes. La crisis económica, la falta de acceso a servicios básicos y la desintegración del tejido social han agravado la situación, por lo que resaltan que es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales para hacer frente a esta problemática de manera integral y sostenible.
Los embarazos de niñas y adolescentes continúan imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos, cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las escuelas.
El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.
“No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.
La influencia de grupos de presión
Sectores conservadores, aglutinados en “Por nuestros hijos”, una versión hondureña del movimiento regional “Con mis Hijos no te Metas”, se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la “ideología de género”, como el populismo conservador internacional llama a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.
Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las “campañas de desinformación” en torno a esa ley hondureña
La última de las marchas en favor de “la familia y la niñez”, la realizaron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”: Zuleyma Beltrán.
Esos grupos “apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo, que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones”, añadió García.
El Código Penal de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo consentimiento por parte de la niña.
En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.
“Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes”, acotó García.
En los países de América Central, con unos 50 millones de habitantes, prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación sexual y reproductiva.
El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de “vuelva al Congreso” legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.
Zuleyma Beltrán, de 41 años, narró la experiencia vivida cuando quedó embarazada a los 15 años por no tener educación sexual apropiada en El Salvador. Un segundo embarazo desembocó en una emergencia obstétrica que la llevó a la cárcel en 1999, una realidad por la que pasan muchas mujeres salvadoreñas. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
“No sabía qué era un condón”
Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no siempre se cumplen.
Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de 50 % entre 2015 y 2022.
Sin embargo, “es preocupante ver a El Salvador como uno de los 50 países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10-14 años”, refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.
Entre las niñas de 10 a 14 años, señaló el documento, la tasa de embarazo ha bajado un 59.6% al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por cada 1000 niñas en 2015 a 1.9 en 2022.
El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador agregó que el país “necesita acelerar aún más el paso, adoptando políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las niñas de 10-14 años y las adolescentes de 15-19 años”.
Esas acciones tienen que estar basadas “en evidencia”, citó el informe.
Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras, rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar embarazada cuando era una adolescente de 15 años.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”, aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.
Y agregó: “Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia”.
Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.
Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de hasta 30 años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre por igual.
“El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con ellas, solo les ofrece la cárcel”, añadió.
Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y reproductiva en las escuelas.
“Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral en las escuelas”, acotó.
Ni fórmula para bebés
En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes embarazadas, para aliviarles la dura carga.
Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.
“Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar esas medias”, afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde la capital, Ciudad de Guatemala.
Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, “son niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad forzada”.
Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas alrededor 500 000 niñas menores de 14 años, y la cantidad se incrementa al incluir a las de hasta 19 años.
“Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación”, subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de 14 años.
Agregó: “La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”.
Patriarcado y capitalismo
Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la violencia sexual, entre otros.
“El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público”, aseveró la guatemalteca Barrios.
Aseguro que la vida de una niña de 10 años queda truncada al salir embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico, “para criar hijos y estar en la casa”.
Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un “sistema de opresión” que se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.
“Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema (capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida”, comentó la abogada.
Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de 9 años sobre sexualidad.
“Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada”, acotó.
“No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí”, dijo.
Divulgar información científica basada en derechos humanos sin sesgos religiosos es uno de los mecanismos, dicen expertos, para reducir el embarazo precoz
El embarazo adolescente y la alta mortalidad materna del país debido en parte a que la gestación y el parto son de alto riesgo, mientras más joven sea la madre, son dos de las consecuencias de una educación sexual con falencias y vacíos de información.
En los últimos 13 años, 169 niñas y adolescentes de hasta 17 años han muerto durante el embarazo, el parto o puerperio, defunciones que ocurren mientras están embarazadas o dentro de los 42 días siguientes al parto, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el periodo 2008-2020.
El embarazo adolescente y la alta mortalidad materna del país debido en parte a que la gestación y el parto son de alto riesgo, mientras más joven sea la madre, son dos de las consecuencias de una educación sexual con falencias y vacíos de información.
En los últimos 13 años, 169 niñas y adolescentes de hasta 17 años han muerto durante el embarazo, el parto o puerperio, defunciones que ocurren mientras están embarazadas o dentro de los 42 días siguientes al parto, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el periodo 2008-2020.
Recién a partir del actual año lectivo hay un mayor contacto con algunas clases en línea. Una docente de ciencias naturales (asignatura en la que se trata la educación sexual) de octavo, noveno y décimo año de educación básica, en una institución fiscal del norte de Guayaquil, cuenta que los refuerzos digitales no llegan a todos, ya que, por ejemplo, 35 de 50 estudiantes finalmente se conectan en promedio.
“En la clase sobre las bacterias y virus optamos este año por explicar sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. La desventaja es que no todos se pueden conectar y no es lo mismo interactuar virtualmente que de forma presencial. Al verlos de frente uno se da cuenta de que quieren preguntar algo y no se atreven, entonces como docentes se da la pauta para que lo hagan. Al verlos en la pantalla es más difícil, pero igual hacen sus preguntas”, dice.
Lo lamentable, agrega, es que estos temas aún son tabú dentro de algunos hogares, pese a que hay menores que ya tienen actividad sexual desde que tienen los trece años de edad.
Un aspecto positivo es que desde este año tienen de nuevo la posibilidad de adaptar sus contenidos a partir de los ejes temáticos que se plantean para cada nivel de estudio. Estos se imparten a través de clases digitales en las que se usan más recursos, como videos disponibles en internet que dan cuenta de los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo.
“Les hice ver el caso de un menor mexicano de 14 años que se contagió del VIH(virus de inmunodeficiencia humana que provoca el sida), en su primera relación sexual. Esto da apertura para hablar sobre las otras enfermedades de transmisión sexual y los riesgos”, señala la maestra.
En los establecimientos educativos privados, la educación sexual se ha impartido en línea desde el año pasado durante el confinamiento por la pandemia. Alison López, coordinadora académica de la Unidad Educativa Lemas en el norte Guayaquil, dice que las preguntas fluyeron incluso de forma escrita a través del chat de las plataformas.
“El año anterior hicimos un proyecto sobre cuáles eran los cambios en la parte emocional con el paso de la niñez a la pubertad (en la educación básica superior). Todo lo manejamos tal como se hacía cuando estábamos de forma presencial, tratamos de que el cambio fuera de forma y no de fondo con el uso de herramientas tecnológicas cooperativas”, asegura.
Un aspecto positivo de las clases en línea, agrega, es que los menores más tímidos han planteado sus interrogantes a través de los juegos lúdicos digitales que se usan, lo que no ocurre en forma presencial.
Los profesores de ciencias naturales reconocen que de por sí es complejo tratar el tema de la educación sexual con los estudiantes. Los contenidos más relacionados con la sexualidad se imparten desde quinto año de educación básica hasta que en séptimo se ve la anatomía del sistema reproductor masculino y femenino y la fecundación.
Un docente de una institución privada que prefirió la reserva de su nombre indica que las preguntas son variadas y previsibles, lo que da la oportunidad de prepararse. “Son sobre el uso del preservativo, cómo se forman los gemelos y el proceso de desarrollo del feto. En mi caso sí es un poco incómodo cuando las niñas me preguntan sobre su primer periodo de menstruación que en unas se da a los once o doce años de edad, entonces quieren saber la razón de esas diferencias”, señala.
Teresa Borja, sexóloga y docente de la Universidad San Francisco de Quito, asegura que la educación sexual es un comportamiento que se aprende poco a poco desde el inicio de la vida. “Desde que los padres tocan con suavidad el cuerpo, con cariño, te van nombrando las diferentes partes del cuerpo, y tocan de manera calmada, respetuosa, amorosa, serena, todo eso va formando tu sexualidad”.
El aprendizaje empieza en la familia, en la comunidad y sigue en los establecimientos educativos. “En estos dos últimos años desde el punto de vista educativo ha sido un gran retroceso, pero ya se está en camino de un encuentro más personal (con la presencialidad en el aula)”, afirma la especialista.
La estrategia de educación sexual del Estado abarca entregar la información según los distintos niveles de educación como un eje transversal en las asignaturas, sobre todo en la de ciencias naturales. “El programa en sí de enseñanza es bueno, pero creo que ya se debe dar en una materia propia desde el primer año de educación porque hay abusos sexuales que se empiezan a dar desde los primeros años, cuando tienen siete, ocho y nueve años de edad”.
Una de las fallas, añade, es la no generación de relaciones interpersonales respetuosas. “Enseñarles a aprender a cuidar no solo el cuerpo sino la mente y el desarrollo emocional, eso es básico para un buen desarrollo sexual, trabajar con ellos desde el cariño, la paciencia y el cuidado”.
Otra arista es inculcar el derecho igualitario de las personas sin importar el género, edad, creencia religiosa, nivel educativo o capacidad económica. Esto implica “tener la capacidad de respetar todas las formas que se presenten desde la sexualidad, hay personas que tienen intereses sexuales diferentes que mientras no sean contra el otro, deben ser respetadas”, puntualiza Borja.
El aprendizaje en la clase específica debería incluir, manifiesta, las relaciones y los derechos humanos y el respeto por la igualdad. “Es un problema social por resolver, entonces se necesita entrenar personas que tengan esta habilidad de ir cubriendo estos contenidos con capacidad de enseñar. Personas dedicadas a esta área de educación de la sexualidad y la afectividad, como bien la llaman, porque no solo debe quedarse en la parte sexual sino de forma amplia”.
La guía para prevenir los embarazos adolescentes debe incluir la enseñanza de que tener un niño no es solo una función biológica del cuerpo, menciona Borja. “Hay una función afectiva, social, cultural. La cantidad de años que se necesitan para dominar una cultura compleja como la actual no se alcanza durante la adolescencia. Los chicos de 18 y 19 años todavía necesitan de apoyo de sus padres para culminar la universidad, es complicado tener un niño tan pronto”.
La educación sexual es una herramienta también para reducir el machismo y prevenir posibles casos de violencia y abuso sexual contra los niños y adolescentes. “El menor de edad no debe ser introducido a una sexualidad tan precoz sin darse cuenta de las consecuencias. Para eso se necesita ir educando a los padres, a los docentes, a los niños, con el fin de prevenir los embarazos”, asegura.
Uno de los impactos es el círculo de pobreza que se genera cuando se trae un ser sin tener los recursos económicos para su crianza y cuidado. “Primero empezar por el respeto al cuerpo y una vez que se tome la decisión de qué hacer con su sexualidad hay que darle información sobre cómo pueden vivirla sin embarazarse. Hay que proporcionar toda la información sobre el consentimiento sexual y luego viene la decisión de tener o no tener hijos a través de métodos anticonceptivos para los hombres y mujeres”, indica Borja.
En una zona rural de Yaguachi se detectó en 2003 un caso de abuso sexual a una menor de 14 años, luego que sufriera un ataque de epilepsia en el aula. La menor estaba en segundo año de educación básica, en la modalidad de nivelación, ya que se retrasó en su escolaridad por su condición de salud.
La profesora que trabajaba en ese entonces para una fundación cuenta que la menor fue trasladada a Guayaquil tras uno de sus ataques y durante la revisión detectaron que había sido violada. “Lo más grave es que cuando la psicóloga del hospital le preguntó si había sentido un golpe o dolor, la niña respondió con naturalidad que su papá y hermano estaban con ella y que creía que lo hacían para demostrarle cariño. Esto fue denunciado y manejado por los directivos, pero la madre de la niña decía que él era su esposo y que no podía hacer nada”, recuerda la docente.
La historia evidencia cómo en ciertas comunidades se normaliza el abuso sin denunciarlo, pese a que mantener relaciones sexuales con un menor es un delito, enfatiza Brown.
“En muchas comunidades del país se considera normal que niñas de 14, 15 y 16 años sean madres. En algunas se normaliza incluso que existan familiares o parientes muy cercanos que tengan relaciones sexuales con ellas. En Ecuador, la norma es clara: mantener relaciones sexuales con menores de edad es un delito y no existe el consentimiento informado”, asegura la funcionaria.
De ahí que la estrategia al respecto esté en proceso de revisión y cambio, asegura Brown.
Una embarazada no puede ser obligada a dejar sus estudios
El protocolo en la educación pública ante los casos de embarazos adolescentes incluye que la estudiante entregue cada semana tareas específicas que da el docente cuando esta se ausenta por tres meses debido al periodo de lactancia. Ella también debe ser derivada al centro de salud más cercano para el control prenatal y que acceda después del parto a métodos anticonceptivos.
“Los padres de la embarazada pueden llevar y entregar las tareas cada viernes al docente”, afirma una profesora fiscal que tuvo contacto con niñas de 14 años embarazadas cuando laboraba en 2019 en un establecimiento público de Fertisa, en el sur de Guayaquil.
Allí conoció a una de décimo año que había quedado embarazada durante el periodo previo de las vacaciones. “Me dijo que si hubiera conocido sobre la anticoncepción no estaría en gestación y que su madre nunca le habló al respecto. Fue muy penoso. Se trataba de una alumna con buen rendimiento académico, lo que se mantuvo luego del parto”.
Su pareja que estaba en el mismo año fue cambiada de paralelo para evitar las miradas curiosas del resto de estudiantes. “Siendo buena alumna, quedó embarazada”, cuenta la docente que le decían. “Era una adolescente sobreprotegida, entonces se cansó y se fue con el enamorado que tenía y quedó embarazada”, agrega.
La menor logró terminar sus estudios ya que su madre cuidaba a la hija, de la que el padre, de la misma edad de ella, no se hizo cargo. (I)
«¡No estás embarazada!»: Deiglis respira aliviada al escuchar la noticia. Tiene 17 años y ya es madre de una bebé de cinco meses. Otro hijo no está en sus planes pero no tiene dinero para comprar anticonceptivos, impagables para la mayoría en Venezuela.
El embarazo precoz en este país viene de la mano de la pobreza, disparada por la crisis. En barriadas y pueblos rurales es cada vez más común ante la ausencia de educación sexual y reproductiva, y mucho menos dotación pública de métodos de contracepción.
Deiglis, por ejemplo, tomó tres buses para llegar al ambulatorio de la ONG Médicos Sin Fronteras en la localidad de Vidoño (Azoátegui, este) para recibir de forma gratuita un implante hormonal subcutáneo, que la protege de otro embarazo por cinco años.
«No tengo dinero para comprar uno, es muy caro», dice a la AFP esta chica entre dientes -el tratamiento cuesta en el mercado 10 dólares, cuatro veces el sueldo mínimo.
El ambulatorio «Amigos para la salud», manejado en su totalidad por MSF, se enfoca principalmente en jóvenes vulnerables como Deiglis.
«Disponemos de cinco métodos anticonceptivos: condón femenino, condón masculino, tabletas combinadas, inyecciones de progesterona y los implantes, que tienen una duración de cinco años», detalla Lucía Brum, referente médica de MSF.
– «Bastantes adolescentes» –
Para recibir el dispositivo, Deiglis se somete a una prueba rápida para descartar un nuevo embarazo.
Es un requisito obligatorio porque en Venezuela el aborto es ilegal y solo está permitido si es indispensable para salvar la vida de la madre. Las penas por esta práctica van de seis meses a dos años de prisión.
«¿Tu última relación sexual fue con o sin protección?», pregunta la enfermera Érika Fernández con tono maternal mientras toma la historia de Deiglis, que responde en voz baja.
«Es fuerte, me impresiona mucho las menores de edad», dice la enfermera de 41 años, que no puede contener las lágrimas cuando habla de las niñas embarazadas que acuden a este ambulatorio, construido sobre una pequeña colina rodeada de árboles frutales.
«Son tratamientos sumamente costosos, la gran mayoría que nos llega nos refieren que no tienen dinero para comprar ningún tratamiento de estos», explica.
El poder adquisitivo se desvaneció en Venezuela, país que transita su octavo año de recesión y cuarto de hiperinflación, donde el dólar se ha impuesto como moneda de facto.
Una caja de tabletas anticonceptivas oscila entre 10 y 25 dólares, mientras que una inyección ronda los 11 dólares, montos a los que muchos no llegan con el trabajo de un mes.
«O como o compro mi método anticonceptivo», dice María Caraballo, una maestra de secundaria de 26 años, madre de un bebé de ocho meses y que recibe una inyección cada tres meses para evitar una nueva concepción.
En su aula, cuenta, ha visto «bastantes adolescentes de 13, 14 años embarazadas». «A muchos padres les da pena sentarse a hablar con sus hijos», sostiene Caraballo, que además de la inyección recibe cuatro preservativos para su esposo.
Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), sostiene que un sondeo hecho entre octubre y diciembre de 2020 por la ONG reveló que un 60% de las niñas encuestadas respondió que su información sobre métodos anticonceptivos «era nula».
– «Mucha ayuda» –
El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que existe un «problema» con el embarazo precoz, aunque no se divulgan cifras oficiales sobre este fenómeno.
Un informe del Fondo de Población de la ONU, publicado en 2019 con datos oficiales, habla de 95 nacimientos por cada 1.000 de madres adolescentes de entre 15 y 19 años.
«Para 2019 se ubica como el tercer país con mayor tasa de fecundidad adolescente sólo detrás de Ecuador (111) y Honduras (103), y muy por encima del promedio regional (62)», señala el texto.
Y la alarmante estadística responde principalmente a la falta de educación sexual, una constante en las jóvenes que atiende la enfermera Fernández, quien viste guantes, tapaboca, bata y gorro quirúrgicos para protegerse del covid-19.
De las más de 10.082 consultas de salud sexual y reproductiva atendidas por «Amigos para la salud» en 2020, 30% involucraron a adolescentes.
Las embarazadas adolescentes «requieren de mucha ayuda», explica. «Tengo que pasar a su madre» a la consulta, «se orienta a la mamá y la hija».
El ambulatorio a veces no se da abasto con los pacientes que llegan de poblaciones vecinas, prueba de los problemas de atención en el sistema público de salud, colapsado por la pandemia.
«Cerca de donde yo vivo no atendían mucho a las embarazadas», señala Deiglis, que llegó a «Amigos para la salud» por recomendación de amigas y sale ya con su implante. «No hay trabajo para mantener a otro niño».
En un informe, la ONU advirtió que la maternidad temprana es una fábrica de pobres en la región.
El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles 11 de noviembre.
«El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina», señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).
Los efectos de esos embarazos precoces «son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales», añade el documento.
«El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina», dice a la AFP Federico Tobar, asesor regional del Unfpa.
El estudio titulado ‘Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe’, analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado.
Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio.
Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares más que aquellas que son madres antes de esa edad.
Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas.
No usan condones
Según Unfpa, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.
República Dominicana (100,6 por cada 1.000), Nicaragua (92,8), Guyana (90,1), Guatemala (84), Guyana francesa (82,6), Venezuela (80,9) y Panamá (78,5) presentan las tasas más altas.
De los seis países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala (84), seguido de Ecuador (77), México (66), Argentina (64), Paraguay (60) y Colombia (57).
Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales.
En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia Unfpa.
«La mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos», lamenta Tobar.
Gastos millonarios
El estudio también detalla los costos que implican para los países latinoamericanos el tratamiento de los embarazos en adolescentes.
Unfpa advierte sobre la pérdida de ingresos que supone para los estados, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario.
Los seis países del informe «tienen un costo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana de alrededor de 1.242 millones de dólares, lo que equivale a 0,35% del PIB de estos países», afirma Tobar.
El informe detalla que en 2018 los seis países estudiados dejaron de recaudar 746 millones de dólares en impuestos, unos 110 dólares por mujer, ya que las madres adolescentes pagan menos tributos y tienen menor consumo debido a sus condiciones sociales y laborales.
«Si consiguiéramos prevenir el embarazo adolescente todos ganan, gana el Estado, el sistema de salud, la recaudación, pero fundamentalmente ganarían las mujeres y sus hijos porque estamos asumiendo que la gran mayoría de esos chicos van a vivir bajo la línea de pobreza», declara Tobar.
Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.
Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.
La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.
Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.
A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.
Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.
Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.
América del Sur/Ecuador/27-12-2019/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
Actualizar y adaptar los contenidos educativos a la realidad y las necesidades que enfrenta la ciudad son tareas pendientes para los 20 establecimientos administrados por el Municipio, opinan dos expertos en educación y derechos de la niñez y adolescencia. Esto, para que los chicos tengan mejores herramientas para afrontar temas como drogadicción, embarazo precoz y acoso escolar y sexual.
“Quito tiene un sistema educativo municipal regido por las normas generales, pero no ha desarrollado proceso, con cierta autonomía, que le permita enfrentar, de mejor manera, problemas como el uso de drogras, el microtráfico, el acoso sexual, opina el representante del Foro de la Niñez, Manuel Martínez, quien aclara que el avance en estos temas debe darse de forma concertada entre las direcciones del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación.
La planificación de nuevos contenidos, según Martínez no solo debe apuntar a mejorar conocimientos, aptitudes y habilidades de los estudiantes, sino también a que haya un aporte al cambio en el comportamiento en relación a la ciudad, el respeto al ambiente y a la convivencia.
El representante del Contrato social por la Educación y exministro de Educación, Milton Luna, coincide en que se debe profundizar el modelo descentralizado de la educación, con el propósito que aporte más a la ciudad.
El secretario (e) de Educación, Rodrigo Arrieta, admite que autoridades nacionales y locales han dejado muchos de estos temas pendiente, pero aclara que la Secretaría tiene un limitado margen de acción para modificar los programas en sus establecimientos. “Hay un pénsum que el Ministerio nos exige, pero tenemos la potestad de hacer un cambio. Para este año pasamos de tres a cinco horas en inglés y programas de bilingüismo, pero también establecimos contenidos que desarrollamos con Bomberos en convivencia y seguridad en la ciudad, con Secretaría de Salud en mejorar la alimentación según nuestra realidad”.
Testimonio
Johnatan M., estudiante del Benalcázar, comenta que sí son efectivos los consejos de educación ambiental que han recibido en clases para que ellos e, incluso, sus familiares cambien de actitud frente a temas como el ahorro de luz o el agua. También respecto a generar menos basura y reciclar. En cuanto a tópicos de seguridad, dice que si han recibido charlas sobre el acoso sexual y escolar, la prevención de las drogas. Muchos de esos programas se hacen en convenio con la Policía Nacional y otras instituciones, pero considera que esos programas se podrían ampliar en la malla curricular.
El Concejo Metropolitano aprobó este año un presupuesto $60,26 millones para la educación municipal y la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte del Municipio. Gran parte de ese dinero se invertirá en el mejoramiento de ligas barriales. También se registran modificaciones en las asignaciones para cada centro educativoa. Lo que no se ha informado es qué programas académicos se priorizarán con ese dinero. (JCER)
Presupuesto
Cambios en centros educativos
Centro educativo 2019 2020 ($)
(millones)
Benalcázar 3,4’ 2,2’
Fernández Madrid 2,6’ 2,0’
Espejo 3,3’ 2,93’
Julio Moreno 1,4’ 1,32’
Bicentenario 2,09’ 1,93’
Lombeyda 1,38’ 1.31’
Quitumbe 2,15’ 2,0’
San Francisco 2,37’ 2,18’
Sucre 3,89’ 3,45’
Secretaría 8,9’ 40,9’ TOTAL 31,64’ 60,26’
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102295100/los-planteles-municipales-deben-adaptar-contenidos
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