Después de diez años de lucha, Blanca consiguió que su padrastro Claudio Dari sea condenado a 13 años de cárcel por abuso sexual infantil y que su progenitora reciba 12 años, por cómplice. Envuelta en el movimiento feminista, la joven quiere que su caso siente precedente para otrxs sobrevivientes.
Entre tanta injusticia, Blanca ofrece luz. Y no solo su nombre, de connotación clara, sino su sonrisa, su lucha, su empeño incansable. Luego de 10 años, Blanca -quien no se identifica con el apellido que porta legalmente- consiguió que la justicia condene a su padrastro, Claudio Dari, a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante por ser cometido por ascendiente y aprovechando la situación de convivencia; y a su madre biológica, Andrea Maldonado, a 12 años por ser participe necesario y cómplice de esta situación.
En el trayecto de esos diez años, desde que pudo enunciar los abusos hasta que recibió la sentencia de la justicia, Blanca se enfrentó a abogadxs, psicologxs y fiscales que ningunearon su caso y evidenciaron la falta de perspectiva de género. Pero también encontró lazos, nexos y contención en otrxs sobrevivientes de abuso sexual infantil, en la Red por la infancia, en los profesionales que la acompañaron y especialmente en su tía, quien creyó su el relato desde el primer momento y la ayudó a sobrevivir. Sin duda la Blanca que, a sus 14 años, se animó a hablar a pesar del dolor es totalmente diferente a la que, ahora a sus 24, ríe, gesticula y se emociona contando que la denuncia pública Thelma Fardín fue el mismo día que terminaron las audiencias del juicio.
Luego de años de insistencia Blanca consiguió la elevación a juicio de la causa en septiembre del 2017 pero el juicio se realizó finalmente el 10 y 11 de diciembre del 2018, en el Tribunal 1° de Trenque Lauquen, a 30 km de Pehuajó, donde se realizó la denuncia.
Durante el juicio Blanca contó con el testimonio de su primera psicóloga, quien le ayudó a detectar los abusos siendo una adolescente, de sus tíos -quienes la albergaron después del hecho- y el psiquiatra especialista en género, Enrique Stola. Sin embargo un hecho fundamental para la causa fue la aparición de una ex compañera de colegio de Blanca que en su infancia había sido testigo presencial de los maltratos y abusos. De las tres compañeras de colegio que reconocieron haber presenciado o escuchado el relato de la joven ella fue la única que se animó a declarar. Las otras dos optaron por abstenerse ante la presión social y las amenazas explícitas por parte de la acusada.
Durante las audiencias ambos imputados prefirieron no declarar, y en la instancia de los alegatos el abogado defensor aceptó la culpabilidad del acusado y solo optó por pedir una reducción de condena y la absolución de la progenitora. La sentencia tuvo como agravante el “robo de identidad” ya Dari se había presentado ante la ley como el padre biológico de Blanca, a sus seis años, dándole el propio apellido.
La sentencia tuvo lugar el jueves 27 de diciembre a las 13 horas. Con el acompañamiento de las colectivas de feministas de la zona y el canal de Trenque Lauquen transmitiendo en vivo Blanca recibió a sala llena el veredicto que tanto se hizo esperar. “Cuesta que se reconozcan los abusos intrafamiliares. Cuando aceptas o masomenos entendés lo que está sucediendo y podés contárselo a alguien, el otro generalmente no te cree. Por eso escuchar el caso de otra persona a la que le creyeron y se hizo justicia está re bueno”, expresa satisfecha.
“Con el tema del juicio recibí mensajes de chicas de Trenque Lauquen, Tejedor y Pehuajó contándome que ellas también habían sufrido abusos y no se habían animado a hablarlo. Las mujeres que se acercaron me hicieron sentir acompañada. Fue fundamental, porque en los pueblos hay una mentalidad más conservadora y las ideas del feminismo tardan más en llegar”, cuenta. “En las movilizaciones de ‘Ni una menos’ hay pocas personas y también es difícil expresar una opinión con el tema del aborto. En capital vos salís y sabes que hay un montón de gente que te acompaña, ahí como se conocen entre todos entonces el enfrentamiento es más cercano y más chocante”
Desde que abandonó la casa de su abuelo -donde se refugió seis meses luego de contar que sufría los abusos- Blanca nunca más volvió a Curarú, pueblo natal. Sin embargo viviendo con su tía en Pehuajó, un pueblo de aproximadamente 38 mil habitantes, debía estar pendiente constantemente de no cruzarse a su progenitora y su marido. “Después del juicio caminaba con una tranquilidad inexplicable” cuenta entre risas la joven que se siente aliviada de vivir en la capital porteña, donde se siente un número hermoso.
“En mi pueblo muchos me apoyaron pero hace diez años los recibían a ellos con total normalidad. Hasta el día de hoy hay parte de mi familia que dice que quiere saber la verdad y que se hagan justicia, incluso frente a tres jueces y tres psicólogos que ya emitieron su veredicto”
Entre noviembre de 2016 y febrero de 2018 el Programa Las Víctimas contra las Violencias atendió 2842 denuncias telefónicas por abuso sexual en todo el país, de las cuales 2094 (74%) correspondían a niñes o adolescentes. Frente a este panorama Blanca apela a seguir reuniendo sobreviveintes de abuso sexual infantil para formar grupos de contención, ya despues del camino recorrido sabe que la difusión de su caso puede poner el tema en agenda e incentivar a buscar a otres a que busquen ayuda.
“Con las colectivas de mujeres que me acompañaron tenemos ganas de empezar una red de psicólogxs, abogadxs, psiquiatras feministas, que contengan y acerquen las herramientas a lugares más pequeños que Buenos Aires. Cuando te juntas con sobrevivientes hay una empatía que no se puede poner en palabras, la simple presencia del otro significa yo te entiendo, te abrazo y te apoyo. Eso es fundamental, más en estos casos donde nos quieren hacer sentir que estamos solas”.
Vandana Shiva, física, filósofa, activista ecofeminista, nació en el valle de Doon, en el Himalaya. Sus padres eran parte del movimiento independentista de la India. A pesar de las dificultades por el hecho de ser mujer, estudió Física y luego Filosofía. En los años 70 se sumó al movimiento Chipko, constituido por mujeres que se abrazaron a los árboles del bosque para evitar que fueran talados. A fines de los 80 creó el movimiento Navdanya, para defender las semillas nativas frente a los transgénicos. Desde ahí creó comunidades de semillas para cuidar la vida y evitar su depredación. Formó la Universidad de la Tierra, que promueve la ciencia digna, la soberanía alimentaria, y alerta contra el impacto de las políticas de las corporaciones en el cambio climático.
Tuve la oportunidad de entrevistarla, cuando vino a la Argentina invitada a participar del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA). El diálogo comenzó a circular a partir del recuerdo de nuestra hermana Bertha Cáceres, líder del COPINH asesinada por cuidar del Río Gualcarque, junto a la comunidad lenca de Río Blanco.
Quiero rendir un homenaje a mi hermana Bertha, una luchadora por la tierra, quien hizo un sacrificio dando su vida. Pero su vida no fue dada voluntariamente, fue arrancada mediante la violencia. La tierra, toda la comunidad ecológica, y Bertha, se merecen justicia. Debe haber una Comisión Investigadora que sea independiente, no sólo limitada a los crímenes cometidos contra los activistas ambientalistas en Honduras, sino por toda la violencia perpetrada por las corporaciones, tomando a los gobiernos y convirtiéndolos en maquinarias de guerra contra sus propios ciudadanos. La vida de Bertha es un llamado a despertarnos. Debemos despertarnos, y exigir justica para el planeta, y justicia para Bertha.
El asesinato de Bertha ha sido un crimen contra una guardiana de la vida, y es parte de la criminalización de las mujeres defensoras de la vida. ¿Cómo analiza esta política?
El sistema político y económico, que tiene más de doscientos años de historia, el capitalismo patriarcal, se basa en la guerra contra la tierra, guerra contra las mujeres, guerra contra la vida. Por eso cuando mujeres como Bertha se levantan en defensa de la vida, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos de la gente, el sistema las criminaliza, porque es un sistema criminal. Criminaliza a quienes luchan en defensa de la vida. Vemos cómo se incrementa la violencia hacia las mujeres, porque el capitalismo patriarcal es la convergencia de codicia, de acumulación y de extractivismo, pero también es el miedo a todo lo que está vivo y libre. Y Bertha estaba de pie, por la libertad y la vida. Por eso generó miedo en aquellos que destruyen la tierra y destruyen a nuestras sociedades, a cualquier costo.
En estos años ha crecido la conciencia mundial sobre el cuidado de las semillas, de la tierra, de la vida, y por eso crece la lucha de los pueblos, de las mujeres, de las comunidades, pero también crece la militarización como respuesta a esas luchas. ¿Cómo piensa que debe ser la respuesta desde las comunidades, desde las mujeres, a la estrategia de militarización?
Creo que la primera respuesta frente a la militarización, debe ser entender sus raíces. El sistema se basa en la mentalidad de guerra patriarcal capitalista. Es un orden de guerra contra la tierra, contra el cuerpo de las mujeres, contra las economías locales y contra la democracia. Tenemos que entender las conexiones de estas formas de violencia. Tuvimos estados nacionales, que algunos se convirtieron en dictaduras, otros en democracias, pero que no eran extensiones del mundo global de las corporaciones. La globalización convirtió a los gobiernos en extensiones de su actividad corporativa, y por eso se volvieron estados corporativos. Es bastante evidente que cuando esos estados corporativos toman la vida de las personas, produciendo cáncer y malformaciones congénitas a los niños y niñas, minando nuestras tierras ancestrales, destruyendo nuestros territorios, convirtiendo a las personas en refugiados, la gente se va a levantar, la gente va a protestar, la gente va a hacer bloqueos.
Hoy estamos mirando como testigos el último paso de las corporaciones, convirtiendo a los estados nacionales primero en estados corporativos, y ahora en estados militarizados corporativos, cuando la violencia militarizada es el único camino que les queda para hacer frente a las personas que están tratando de defender la tierra y sus vidas, de una manera no violenta. Primero tenemos que exponer esta continuidad de poder y violencia.
¿Cómo respondemos a eso? Respondemos a través de la paz y de la no violencia, del modo más profundo. La primera parte es, realmente, en nuestras mentes y en nuestras conciencias, y en nuestras vidas, vivir en paz con la tierra. Ésa es nuestra mayor fuerza. La segunda es resistir la regla del miedo. El modo más efectivo de resistir el miedo es no tener miedo. Y continuar teniendo coraje, como tuvo Bertha. En este cultivo del no miedo, cultivar nuestra fuerza común, nuestras solidaridades, para estar juntos. Y finalmente reconocer que el sistema económico se ha convertido en un sistema de guerra. En lugar de cuidar y promover la vida, está eliminando la vida, y entonces está extinguiendo la vida de aquellos que están de pie por la vida. Tenemos que construir el más impresionante movimiento por la paz de nuestros tiempos, planetario, por la tierra, donde converjan el movimiento ecologista, el movimiento contra la militarización, el movimiento feminista, el movimiento por la justicia. Todos tienen que convertirse en uno.
Además del sistema de muerte que significa el capitalismo patriarcal, la mercantilización está generando vida sintética. ¿Qué piensa de estas formas de manipulación de la vida, aplicando conocimientos científicos?
La llamada manipulación de la vida por medio de la genética, yo la llamaría manipulación de la vida por medio de la guerra. Cualquiera que haga una biología realmente independiente, te dirá que tomar un gen de un organismo e implantarlo dentro de otro, tiene serias consecuencias. Conocer esas consecuencias es parte de hacer ciencia. Estas empresas, que no son científicas, tienen tres niveles. El primero, es que no entienden la vida. Porque la vida es una complejidad autoorganizada, y lo están tratando como un juego de ladrillitos. El segundo, es que están tramando supuestos que no reflejan cómo funciona realmente la vida. Está basado en un reduccionismo genético que funciona como un determinismo genético, que asume como si hubiera una molécula maestra, que da órdenes a todas las demás, y que todo lo que tenés que hacer es cambiar esa molécula de lugar. Pero no hay una molécula maestra en un sistema vivo. El tercer tema, es que no asumen la responsabilidad de las consecuencias. Los primeros científicos que crearon las técnicas de recombinación de ADN, pusieron fin a esto en 1972, asumiendo en una declaración que no podían saber las consecuencias, y que los científicos tienen la responsabilidad de entender las consecuencias antes de realizar acciones. Cualquier entidad individual o corporativa que cambie la fabricación de la vida, sin entender las consecuencias y sin tomar las responsabilidades de eso, está actuando de manera no científica. Lo que llamamos ciencia, es un proyecto patriarcal, para un momento corto de la historia. Es una ciencia reduccionista, basada en la dominación de la naturaleza. Es el conocimiento generado para la explotación.
Las feministas comunitarias, indígenas, campesinas, populares, en este continente, pensamos que la defensa de los territorios, es parte de nuestro proyecto de vida, y que el cuerpo es nuestro primer territorio a cuidar. En esta perspectiva, propuestas como la soberanía alimentaria, se integran en la lógica de lucha contra el capitalismo patriarcal.
Estoy de acuerdo. Todas las estructuras artificiales de conocimiento, se han basado en lo que he llamado el “apartheid ecológico,” separándonos de la tierra en nuestras mentes, ya que no podemos separarnos realmente de la tierra en nuestras vidas, porque estaríamos muertos. De esta idea de separación, viene la idea de que se puede sustituir los procesos de vida con materiales químicos y tóxicos. Entonces nuestro cuerpo no está vivo, no es de la tierra, es sólo una máquina, de la cual podés remover las partes y agregar moléculas sin que eso haga nada a nuestra salud. Puedes producir soja transgénica e imaginar que no hace nada a la vida, aunque mate a todas las bacterias en nuestro interior. Podés pretender que sustituís el azúcar natural por jarabe de alta fructosa, pero tu hígado se va a rebelar.
La soberanía alimentaria se basa en superar el apartheid ecológico, sabiendo que somos parte de la tierra. Somos el suelo, somos el aire, somos la semilla, somos el agua. Y la comida que cultivamos en la tierra, se convierte en nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestras células. La comida es la fuerza de la vida, es la red de la vida, y es la continuidad de la vida, de la tierra y de nosotros mismos. Es por eso que el territorio y el cuerpo se hacen cargo cuando producimos comida de la manera correcta y comemos la comida adecuada. Pero cuando no lo hacemos y dejamos de pensar concientemente en la comida, nos volvemos parte de este sistema de guerra. Aunque seamos un pequeño eslabón de la cadena, estamos ayudando a que permanezca. Es necesario ser conciente de esto. Si controlás el mercado de armas, controlás las guerras. Si controlás la comida, controlás la sociedad. Y si controlás las semillas, controlas la vida en la tierra.
La mayoría de las mujeres fuimos separadas de la tierra. Éste es un obstáculo para realizar esta cadena de vida.
Las mujeres y las comunidades indígenas fueron separadas de la tierra violentamente. Es la crisis más grande que estamos enfrentando. Porque estar en la tierra quiere decir ser guardianes y guardianas de la tierra. Nuestro desafío es, paso a paso, campo por campo, granja por granja, semilla por semilla, volver a la tierra. Eso está sucediendo en todas las partes del mundo donde la gente produce su propia comida. Es lo que yo estoy haciendo en la India con el Movimiento Navdany, porque aunque la tendencia sea remover a los campesinos y a las campesinas de su tierra, nosotras trabajamos para mantenerlas en su tierra, creando economías a través de las cuales puedan quedarse en la tierra.
Esas economías proponen estimular la biodiversidad
Claro. Esto es muy necesario, y en espacial en Argentina que vive en una esclavitud de la soja, donde los ciudadanos se encierran en sí mismos igual que los campesinos. El monocultivo daña la mente. Parte del problema que tenemos, es que hay demasiadas “soluciones individuales y globalizadas”. Tenemos que permitir que crezcan múltiples soluciones. Para poder salir de la esclavitud y producir la biodiversidad que necesita la tierra y necesitan las personas, es necesario crear asociaciones entre habitantes del campo y de las ciudades. ¿Por qué los productores se relacionan con Monsanto, y no con los habitantes de las ciudades? Porque el sistema está trabajando para aquellos que han creado este sistema totalitario, pero no está trabajando para las personas que trabajan la tierra. Este sistema ha roto los procesos ecológicos de la tierra, pero también las relaciones entre los pueblos. Tenemos que reparar este sistema roto. Cada persona creativa, puede trabajar por respetar los derechos de la Madre Tierra, y los derechos de la humanidad.
Fuente de la entrevista: https://desinformemonos.org/tenemos-que-reparar-este-sistema-roto-vandana-shiva/
Fuente de la imagen: https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2016/07/con-vandana-shiva-2.jpg
A principios de 1997 llegaban, como forma de protesta, cerca de 2.000 personas a Brasilia desde diferentes rincones del país. La ruta había sido larga, unos 64 días, durante los cuales algunos de los campesinos llegaron a recorrer más de mil kilómetros. Todos ellos se reunieron frente al Congreso junto con más de 100.000 simpatizantes que apoyaban la propuesta de una reforma agraria que redistribuyera de una manera justa la tierra. Al grito de ‘la tierra es de quien la trabaja’ el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) se consolidaba en aquella marcha como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica.
No hacía tanto tiempo había tenido lugar la famosa masacre en Eldorado dos Carajás, en la que durante una protesta que pretendía forzar al gobierno a asentar a unas familias de campesinos sin tierra, la policía militar cargó contra estos matando a 19 campesinos e hiriendo a 57. Conviene comprender qué hay detrás de un movimiento social que lleva casi desde los años 80 en activo y que mantiene un rol relevante como grupo de presión a pesar de los sustanciales cambios que ha atravesado tanto su organización interna como la sociedad en la que habita.
Las raíces del Movimiento Sin Tierra
Se podría decir que este movimiento conserva sus raíces en la desigual distribución de la tierra en Brasil. Ya durante la colonización portuguesa, la Corona había dividido entre varias familias el territorio sobre el que además tenían un derecho de propiedad hereditario y la posibilidad de beneficiarse de la producción agrícola que allí se trabajara. La contestación a esta desigual situación es también larga; a principios del siglo XVII, esclavos recién liberados o escapados se instalaban en tierras de manera ilegal, reproduciendo en Brasil sus aldeas originarias africanas a las que se llamó ‘quilombos’. De ahí que en numerosas ocasiones el movimiento se vincule intelectualmente con la superación de la esclavitud y la formación incipiente de una ciudadanía con derechos sobre la tierra.
Las reivindicaciones más modernas por un reparto equitativo de la tierra se gestan con la dictadura tras el golpe de 1964. Apenas unos días antes del golpe, el presidente João Goulart intentaba poner en marcha la primera reforma agraria en respuesta a las movilizaciones del noreste del país, que habían ido yendo en aumento desde el comienzo de la década de los 60. La llegada de los militares supuso un giro en la implementación de esta reforma, ya que estos iban a tomar otra dirección.
Los militares tenían el proyecto de modernizar el sector primario para exportar productos agrícolas, especialmente soja, y entrar así con fuerza en el mercado internacional. Pero el golpe estuvo en gran medida apoyado por las élites rurales y los militares se toparon con una poderosa esfera con intereses propios, por lo que a la modernización le acompañó la corrupción. Las políticas agrarias de la dictadura, aunque aumentaron la producción, fueron desarrollando tendencias clientelistas que favorecieron a los grandes propietariosy no siempre, como se preconizaba, a la productividad y al libre mercado. Asimismo, supusieron abruptos desplazamientos para los pequeños agricultores y los sin tierra, que se vieron obligados bien a emigrar a los países vecinos, bien a buscar suerte en las ciudades, aún a pesar del vertiginoso desempleo de los núcleos urbanos.
Junto con las medidas encaminadas a renovar el sector primario, los militares desarrollaron un plan energético para la creciente industria, para lo que se veía necesario la construcción de gigantescas centrales hidroeléctricas que de nuevo supusieron importantes desplazamientos en un momento de crecimiento poblacional. La expropiación de territorio a pequeños campesinos en el sur del país fue importante.
El desarrollo de una conciencia y activismo rurales en un momento tan represivo se debe, en parte, a la búsqueda de una alternativa al sindicato de campesinos apoyado y controlado por los militares, es decir, al intento de lograr una forma de organización fuera de las instituciones del régimen que denunciara los cuantiosos desplazamientos. Esta opción fue posible gracias al respaldo e impulso de la Comisión Pastoral de la Tierra.
Hasta el golpe militar, la Iglesia se había visto representada en las instituciones y era muy cercana al estado y a las élites, pero con la consecución del golpe se rompió dicha alianza. No hay que olvidar que la Iglesia apoyó en un primer momento el golpe militar, pero la debilidad de la Iglesia Católica en Brasil en ese momento, junto con el crecimiento de los poderes seculares y su falta de influencia, llevó a cambios internos por los que decidió cambiar su relación con la sociedad. Este giro también obedece a un incremento en el número de miembros progresistas en el seno de la Iglesia brasileña y al Concilio Vaticano II, con especial relevancia de la reunión regional que se celebró en Medellín y en la que numerosos obispos latinoamericanos expresaron su deseo de convertirse en la ‘opción de los pobres’.
En el caso particular de Brasil, la Iglesia Católica sirvió para legitimar el activismo rural e incluso cumplió una labor pedagógica crucial para la toma de conciencia de los campesinos. Numerosos miembros del clero buscaban generar una identidad religiosa y política combativa basada en muchos casos en la Teología de la Liberación. De hecho, ante las profundas transformaciones que tuvieron lugar en el campo por las políticas de modernización de los militares, algunos obispos, como los de la Amazonia, expresaban directamente una opinión contraria al sistema capitalista en conjunto, al que tildaban de envenenado. La base ideológica mezclaba el marxismo y el catolicismo, aunque con un concepto de clase que pretendía ser lo más amplio posible, e instaban a la población a tomar de conciencia de ello para variar su situación.
Además de una función ideológica, la Iglesia sirvió para organizar el movimiento y darle prestigio fuera de Brasil. Por un lado proveía de un servicio local, que movilizaba a la población, era un caladero de líderes y creaba vínculos comunitarios, y por otro, como institución internacional, conseguía apoyos y recursos de simpatizantes por el país y por el mundo. Curiosamente, el apoyo de la Iglesia y esta alianza se disiparían en la transición democrática del país, que no sobrevivió ni a la alianza de los movimientos rurales con el Partido dos Trabalhadores y con la CUT (Central Única dos Trabalhadores), ni al mayor peso del ala conservadora en la Iglesia brasileña con el Papa Juan Pablo II, con el que la Iglesia se alejaba de la visión de la Teología de la Liberación y adoptaba una postura conservadora.
No obstante, resulta hoy innegable la importancia del poso que dejó la Comisión Pastoral de la Tierra para la supervivencia del movimiento, no sólo a nivel ideológico, sino por las entidades organizativas que dejó, que refuerzan la identidad comunitaria y la importancia del papel de la educación como motor para el cambio y el activismo político. Cabe decir que una de las razones por las que este movimiento ha sobrevivido tantos años, es su robusta organización interna, sin perder por ello flexibilidad. Los peregrinajes que organizaba la Comisión Pastoral reforzaron su espíritu comunitario, y la importancia de la educación filosófica, además de la teológica, fue crucial para armar de contenido al movimiento.
Además de la organización interna, una de las señas de identidad de los campesinos sin tierra es la estrategia de ocupación de territorios improductivos para el asentamiento de familias. Esto empezó en 1979 cuando, inspirados por un economista del sindicato de campesinos, João Pedro Stédile, se ocupó un enorme territorio improductivo, la Hacienda Macali. Tras lograr su expropiación, este modus operandi se replicó durante los 80 y fue evolucionando desde esa primera ocupación: se realizaban acampadas en territorios como llamada al gobierno para negociar el asentamiento de familias en territorios baldíos, aunque no fueran obligatoriamente aquel donde habían acampado en un primer momento.
Esta táctica se mostró tan polémica como efectiva. La reforma agraria y el reparto equitativo de la tierra eran a menudo vistos como una cuestión marginal desde el gobierno, que respondía de forma parcial parcheando el problema y siempre en connivencia con la élite local y los grandes conglomerados empresariales de la industria agrícola. Las ocupaciones se realizaba tras una planificación meticulosa, buscando primero territorios improductivos, organizando los campamentos, asignando diferentes funciones a cada quien dentro de los mismos y elaborando rigurosos planes logísticos. A su vez, se planificaba una propuesta para negociar con el gobierno que había sido estudiada previamente por abogados del MST.
Papel en la transición y consolidación democrática
Oficialmente, el nacimiento del movimiento tiene lugar en el encuentro en Cascavel (1984) donde se reunieron líderes de diversos movimientos rurales de desplazados. En esta reunión se afianzó el nombre del movimiento, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y se fijaron una serie de puntos ideológicos que ambicionaban unir a movimientos diversos en su origen y características. Entre los puntos compartidos estaban el acuerdo de mantener una presencia a nivel estatal y el de conservar su independencia frente a partidos políticos.
La reunión de Cascavel coincide con el ultimo año de dictadura militar, en el que el MST se asienta como nueva fuerza a nivel estatal, adoptando la consigna ‘sin reforma agraria no hay democracia’. A pesar de haber promulgado su independencia frente a partidos políticos, con la transición democrática aparecieron con fuerza como actores políticos el sindicato CUT y el Partidos de los Trabajadores, que recibieron con brazos abiertos las peticiones del MST. Aunque debe matizarse que en ocasiones existieron debates internos sobre la pertinencia de que los campesinos compartieran espacio político con los obreros urbanos.
Durante la dictadura militar había tenido lugar una profunda renovación y modernización del sector agrícola, que había hecho crecer su producción a pesar del clientelismo. Los años 80 trajeron consigo la crisis de la deuda que azotó a toda la región latinoamericana, y que supuso el impulso de medidas neoliberales apoyadas por las entidades financieras internacionales. En el caso de Brasil, estas políticas favorecieron a la élite rural debido a la decisión del gobierno de impulsar las exportaciones de productos primarios para pagar la deuda a los acreedores. Esta élite consiguió, a pesar de las consignas de libre mercado, una enorme cantidad de recursos estatales, así como protección a nivel institucional. El estado también consintió la apropiación, considerada en muchos casos fraudulenta, de importantes terrenos en el Amazonas.
Las medidas neoliberales, junto con el impulso del sector agrícola, atrajeron inversión extranjera y se asentaron en Brasil grandes conglomerados empresariales que tenían gran poder e influencia sobre el precio de los productos, el mercado de semillas y el de pesticidas. Por citar los más conocidos encontramos a Monsanto, a Bayer o a Dupont. Estas grandes empresas conforman a día de hoy un gran lobby que, junto con las élites locales, controlan la industria agrícola del país y vetan propuestas encaminadas a una distribución más equitativa de la tierra. La sobrerrepresentación del la élite rural en el Congreso, la llamada ‘bancada ruralista’, controla la agenda política en este tipo de temas y deja poco margen de decisión en la materia a los poderes ejecutivo y legislativo.
El MST jugó un papel significativo en la transición democrática del país y se convirtió en un apoyo para el Partido de los Trabajadores. Durante este periodo sufrió profundas transformaciones internas relacionadas con la ruptura de su alianza con la Iglesia, que supuso un duro golpe tanto a nivel organizativo como ideológico: la secularización del movimiento dividió a muchos de sus miembros. Ello no impidió que se le diera una importancia central a la cuestión agraria en la nueva Constitución brasileña de 1988, en la que se instituye como principio general la función social de la propiedad y se imponen una serie de requisitos a las propiedades rurales.
Así, en el Artículo 184 del Capítulo III de la nueva Constitución, se establece la posibilidad de expropiar por interés social mediante justa indemnización, salvo en el caso de propiedades pequeñas y medianas, y de aquellas que se mantengan productivas. Asimismo, en el Artículo 186 se fijan una serie de requisitos para que una propiedad cumpla una función social, a saber, su aprovechamiento racional y oportuno, la utilización adecuada de los recursos naturales con atención al medio ambiente o el que favorezca al bienestar de propietarios y trabajadores y cumpla con las disposiciones de regulación laboral. Otro artículo que plasma las reivindicaciones del MST es el 191, según el cual aquel que sin ser propietario de un inmueble, urbano o rural, posea como suya una superficie de tierra no superior a 50 hectáreas por cinco años sin interrupción y la haya puesto a producir con su trabajo, adquirirá la propiedad.
Pese a los múltiples intentos de criminalizar el movimiento, tanto por parte de la prensa, como por parte de los poderes judicial y político, que en ocasiones buscaban tildarlo de antidemocrático e ilegal, éste ha logrado tener un papel crucial en la transición democrática, dando voz a las clases populares rurales, proveyendo de organización a las mismas y defendiendo derechos básicos. Se ha consolidado como un actor con capacidad de negociar con las autoridades públicas, apoyar campañas, impulsar reformas legislativas y ganar batallas legales para implementar de forma efectiva lo dispuesto en la Constitución.
En un país con las disparidades económicas de Brasil, que frecuentemente se traducen en un abismalmente menor acceso a los recursos políticos y judiciales de las clases populares, el MST ha logrado canalizar las demandas de un importante número de población y ha realizado una labor social apremiante, que era lograr tierras para miles de familias campesinas desplazadas. Es más, ha propuesto una amplia gama de políticas al poder ejecutivo para resolver las cuestión de la desigual distribución de la tierra en un país que posee, según informes del gobierno brasileño, el 22% de las tierras cultivables del planeta, y en el que a pesar del crecimiento industrial, el sector primario y la población rural siguen ocupando un puesto importante en los indicadores económicos y sociales. En el siglo XXI, apenas un 1,6% de los propietarios detentan cerca del 50% del territorio cultivable y más de 4 millones de familias siguen sin tierra, por lo que la circunstancia que dinamitó la creación de este movimiento está lejos de haberse superado.
La resiliencia del movimiento
Durante el primer periodo de gobierno de Henrique Cardoso (1995-1998) se produjeron numerosos asentamientos, de hecho es quizá el periodo político en el que más asentamientos se concedieron, en parte facilitados por la caída en los precios en las propiedades rurales en esos años. Sin embargo, durante la Administración de Cardoso, cayeron las ayudas a los campesinos, y los intentos de criminalizar al MST y sus estrategias de ocupación fueron en aumento, especialmente después de su reelección en 1998.
La conservadora prensa brasileña lo apoyó en su determinación de apartar al MST como actor en la arena política, y el movimiento pasó una época crítica durante la que muchos querían adivinar ya su final. A nivel internacional, el Banco Mundial secundó e impulsó iniciativas para un reparto de la tierra con el mercado como asignador de recursos, lo que minó aún más la labor de los sin tierra.
Con la victoria del presidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2003, muchos ‘rurales’ –como se les llamaba frecuentemente– celebraron lo que creían que iba a ser una nueva era para el reparto de la tierra y la reforma agraria. Los compromisos con la industria agrícola y el sector energético frenaron muchas de las promesas de Lula y terminaron por decepcionar a los sin tierra. Pese a que el viraje pragmático del PT se sintió como un abandono de los ideales socialistas que compartía con el MST, este presidente no buscó criminalizar el movimiento y éste volvió a conseguir apoyos después de la oscura época que supuso el ostracismo mediático de la administración anterior.
Con Dilma Rousseff el número de asentamientos de familias se ha estancado y gran parte de las asignaciones de territorios se deben a procesos que se iniciaron antes de su llegada al gobierno. Las disparidades se mantienen y la propia ministra de agricultura, Kátia Abreu, llegó a negar en una entrevista la existencia de latifundios en Brasil. El enfriamiento en la relaciones con el gobierno central del PT se une a un estancamiento tanto en la redistribución de la tierra, que sigue siendo profundamente desigual, como con nuevos problemas que afronta el movimiento en el desarrollo de los asentamientos hacia un modelo competitivo.
Stédile, un economista que se presenta como una de las pocas caras visibles del movimiento, explica los cambios que ha atravesado el sector agrícola desde los años 60. En sus inicios, las reivindicaciones de los sindicatos campesinos meramente buscaban que los grandes propietarios les cedieran tierra en la que cultivar, hoy existen otros temas que resultan cruciales para una reforma agraria justa. La modernización de la agricultura y la entrada del sector en un mercado global con una competencia feroz contra los grandes conglomerados empresariales, trae consigo otras cuestiones que requieren, a ojos del MST una reformulación: el acceso al capital, el proceso agro-industrial, el know-how, y el modelo tecnológico. Una reforma agraria verdaderamente redistributiva, supone la democratización de estas cuestiones y no lo que se ha entendido hasta este momento como tal, que es básicamente expropiar terrenos improductivos y cederlos a familias sin tierra.
Hasta ahora se ha parcheado el problema con expropiaciones y cesiones, pero la dificultad hoy es avanzar desde la fase de subsistencia a una de producción y entrada en el mercado. Esto es cada vez más difícil y aunque existen organizaciones y universidades que colaboran con el know-how, existen a menudo problemas relacionados con la capacidad de producción de ciertos terrenos, la especialización o la imposibilidad de competir en un mercado copado por las grandes empresas.
En suma, el MST es un movimiento social que ha sobrevivido a contextos poco amigables, desde su gestación en la dictadura militar, hasta las sacudidas de la conservadora prensa brasileña. Su aliado político, el PT, parecer haber cedido ante los aprietos de la Realpolitik y el MST se enfrenta hoy a la difícil de tarea de hacer un hueco al modelo cooperativo en un mercado de grandes conglomerados empresariales y de dura competencia a nivel internacional, debida en gran medida al proteccionismo que en otras regiones acolchona este sector. Veremos si en los próximos años el movimiento continúa a flote y mantiene la misma capacidad de transformación.
Con unas raíces enterradas en la religión hindú y otros factores históricos y culturales, la India mantiene hoy en día una estratificación que supone un obstáculo a superar para el ejecutivo indio. Tras la declaración de independencia que decía adiós al Imperio Británico, la población se sumergió en un conflicto social que sigue coartando los derechos humanos de millones de personas, con una cultura de castas, tribus y clases aún arraigada, por muchos artículos y garantías que pueda ofrecer el gobierno indio. El paso iniciado por Mohandas Gandhi para poner en evidencia la mala situación sufrida por las castas más bajas destaparía en la segunda mitad del siglo XX un puzle de difícil resolución: garantizar derechos y libertades para todo tipo de clases sociales, tribus y castas y la aceptación de las mismas. Cuando la posición que ocupa una determinada casta se ve sumida en la degradación de la dignidad humana a lo largo de los años, esto tiende a convertirse en cultura. Y es uno de los mayores peligros que residen en la sociedad india. Demostrado queda en actos violentos realizados por miembros de castas y comunidades más desarrolladas contra tribus desfavorecidas, que ven en las medidas contra la desigualdad tomadas por el gobierno un instrumento político con el que obtener mayor número de votos. Una inestabilidad social que la segunda mayor democracia del mundo no se puede permitir.
La semilla del árbol estratificado: raíces
El sistema de castas indio se trata de un sistema de estratificación social que fue evolucionando durante el tiempo, influenciado tanto por la religión hindú como por otras razas y culturas. Asimismo, éste sistema no es una entidad bien definida, sino varios grupos heterogéneos de personas que se fueron mezclando a raíz de los años. El sistema de castas indio tradicional tiene su similitud en el sistema ocupacional elaborado por Confucio, en el que se encontraban académicos, laboreros, artesanos y comerciantes. Una compleja amalgama de grupos sociales, entre los que se encuentran los clanes llamadosgotras, etnias y tribus llamados jatis y la jerarquía social definida por uno de los textos antiguos incorporados en sánscrito, el Rigveda.
En la antigua India, el término “casta” sería adjudicado por los portugueses, mientras que la palabra en sánscrito para éste sistema era varna. Un sistema que reparte tanto derechos como deberes y privilegios. Dividida la sociedad en cuatro secciones según sus labores, los grupos hereditarios dentro de los varnas fueron llamados jatis. Estos últimos darían representación inicial al grupo de comunidades, que proporciona un rol social a cada persona nacida en cada jati, con una endogamia predominante. Dentro de la religión hindú, se nace mediante la creencia de que todos los seres humanos somos creados de manera desigual. Según el texto antiguo Rigveda, los comienzos de la estratificación los encontramos en la representación de Brahma, deidad hindú venerada como creador del universo.
La sociedad india está basada en la manifestación divina de Brahma de los cuatro grupos que la conforma: de su boca salieron los profesores y sacerdotes, creando la clase brahmana: aquellos encargados de la educación y la enseñanza, así como labores religiosas –profesores, sacerdotes, etcétera–. También denominados los brahmins,desde la época colonial las autoridades británicas las dotaron de puestos influyentes dentro del clero. Hoy en día suelen ocupar puestos dedicados a las ciencias, los negocios y el gobierno; de sus brazos se materializaron guerreros y gobernantes, la casta kshatriya: quienes se adjuntan al servicio público, la administración, el mantenimiento de la Ley y la Defensa –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, gobernantes o funcionarios–. Hoy en día, predominan como propietarios de tierras y su influencia y poder ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Tocando el ámbito de la economía, los mercaderes y comerciantes surgieron de sus muslos, representando la casta vaishya: negociantes, empresarios, aquellos dedicados a la actividad comercial. Antiguamente agricultores y ganaderos, y al tiempo, propietarios de tierras, comerciantes y prestamistas. Asociados hoy en día a la clase media, representan el avance social, así como un quinto de la población total de la India. Y por último, de sus pies nacieron los laboreros y campesinos, oficios sin cualificación profesional; la casta shudra. Hoy en día, suelen pertenecer mayoritariamente al sector servicios.
Coexiste una última casta que no pertenece dentro del sistema varna. Los llamados “intocables” representan la clase más baja de la sociedad. Considerados poco más que animales, sus cometidos laborales rozan el límite de los derechos humanos más básicos, empleados donde las otras castas se lo permitan.
Romper con la historia de la discriminación: reconocimiento
La adopción de la constitución india y su puesta en marcha en 1950 anuló el anterior sistema de castas que imperaba desde hacía décadas. En concreto, el artículo 15, que consideraba ilegal la discriminación contra las castas más bajas. Sobre el papel se comenzarían a dar los pasos para evitar una forma de estratificación social propia de la Edad Media, pero en la práctica no hacía más que subrayar uno de los problemas más arraigados en la población india, provocando una oleada de violencia sobre los dalits, aquellos pertenecientes a las clases más bajas. A pesar de que la fuerza de éste sistema de castas no ha desaparecido completamente, el gobierno indio ha prohibido oficialmente la discriminación provocada por éstas, aplicando reformas en multitud de ámbitos. Gracias a figuras como la de Mohandas Gandhi, se han relajado leyes y reglas concernientes a la diferenciación entre castas, así como la mezcla de personas entre ellas.
Uno de los esfuerzos políticos más notables de Gandhi sería proveer de derechos y de un marco legal para los harijans (término que quiere decir “bendecido), los anteriormente denominados “intocables”, para favorecer su emancipación de otras castas, así como acercar la igualdad a todos los ciudadanos. Con el paso de los años, los harijans se mostraron más activos en materia política, adoptando el nombre de dalits. Éste último término obtendría una mayor aceptación que el de “intocables”, entendiendo que ofrecía un sentido degradante. “Dalit” puede ser traducido como “oprimidos”. El gobierno indio ha provisto a los dalit de mayores garantías laborales, así como una representación propia en el parlamento. A pesar de dichas medidas, estos siguen obteniendo menores oportunidades, tanto en materia educativa como laboral, que las demás castas.
La tensión entre castas y tribus no se disipa, manteniendo confrontaciones con las fuerzas del orden. Una de las más recientes es la provocada por la casta Patel, que encabeza desde el 2002 las protestas producidas en el estado de Gujarat –conforman el 20% total de su población–, uno de los núcleos industriales de India. Las protestas residen en la prohibición a la entrada a la universidad, lo que mantiene a las castas más pobres sin oportunidad para desarrollarse, así como un descenso en la industria de la pequeña y mediana empresa, cerrando nuevas oportunidades laborales. La casta Patel reclama acciones que corten con esta situación, así como ser incluidos en la clasificación OBCs (Other Backward Classes). La clasificación OBC incluye castas que, aun sin sufrir una exclusión total de la sociedad, han sido tradicionalmente las más desfavorecidas en materia social y económica.
La Constitución india ha prohibido la discriminación contra los dalit desde 1950, pero muchos de los 160 millones de personas que pertenecen a esta casta continúan viviendo en la pobreza. Otra de las consecuencias es la asociación de apellidos familiares con castas, heredando de padres a hijos la posición que esta mantenga en la sociedad. A pesar de estos factores, se recuerda la elección del presidente K. R. Naranyanan como un desafío a éste sistema. Nacido dentro de una de las castas más pobres al sur de la India, Naranyanan consiguió ser elegido como presidente y cumplir su mandato entre los años 1997 y 2002.
Uno de los problemas más crecientes que plantean los recientes incidentes es la falta de trabajo y de futuro para las castas más pobres. La comunidad Jat, una de las más numerosas dentro de la India –conforma un quinto del total de la población del país– es otra de las protagonistas dentro de la lucha por la igualdad y mayor representación, ya que abogan por mayor número de puestos de funcionariado accesibles para los grupos más desfavorecidos en la India.
En 1953 se daría el primer paso para tratar de identificar las clases más desfavorecidas. El llamado First Backward Class Commission, bajo la batuta del reformador social Kaka Kakelkar, entregó un informe con un listado de 2399 castas o comunidades poco desarrolladas. Dentro de esa cantidad, 837 de ellas fueron clasificadas como muy poco desarrolladas. A pesar de los resultados, el informe nunca se implementó.
La comisión Mandal y el descontento general: identificación
Establecida en 1979 por el Primer Ministro Moraji Desai, del partido Janata, con el firme propósito de identificar los estratos menos desarrollados en materia social y educativa y liderada por el parlamentario Bindeshwari Prasad Mandal, se propuso reservar asientos del parlamento para representar las castas más discriminadas, así como el uso de indicadores sociales –índice de desarrollo, edad de matrimonio, participación de la mujer en el mundo laboral–, económicos –valor medio de bienes familiares, préstamos adquiridos, fuentes de agua potable– y educativos –tasa de abandono escolar, tasa de matriculación universitaria– para determinar el nivel de atraso que sufrían dichos grupos.
En 1980, un informe de la comisión concluyó que las prácticas llevadas a cabo por la Ley India consiguieron garantizar una pequeña cantidad de puestos en el funcionariado y en universidades públicas para miembros de las OBC y las SCT (Other Backward Classes y Scheduled Castes & Tribes). Se recomendó aumentar la cuota de puestos garantizados de un 27% a un 49%. Ocho años más tarde, el Primer Ministro indio perteneciente al partido Janara Dal, Vishwanath Pratap Singh, recogió los resultados y recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal y comenzó a implementarlas en todos los estados indios. El porcentaje de puestos garantizados para las OBC (un 27%) y para las ST y las SC (22%) disminuirían el cómputo global de puestos no-reservados a un 50%.
Esta medida comenzaría a generar protestas en contra de la garantía de trabajo en el funcionariado por el simple hecho de nacer en un tipo de casta, en detrimento del mérito propio del candidato. A pesar de las reformas iniciadas para contrarrestar la situación sufrida por millones de personas, las protestas contra las cuotas garantizadas para las OBC y las SCT surgieron en Nueva Delhi, donde, en septiembre de 1990, un estudiante de la Universidad de Delhi se inmoló como protesta. Esta forma de reivindicación la seguirían más jóvenes en las ciudades circundantes, que verían ésta reserva de cuota injusta por la falta de mérito, alegando que dichas medidas estaban dirigidas a la obtención del voto de las OBC. La mala gestión de las protestas, que se extendieron por otros estados del país, sería uno de los motivos para la dimisión del presidente V.P. Singh.
Las protestas marcarían un punto fundamental entre los polos opuestos a la iniciativa de la Comisión Mandal, y la formación de grupos políticos de las castas pertenecientes al as OBC. El 16 de noviembre de 1992, la abogada Indra Sawhney interpuso una demanda judicial contra el gobierno, la Unión de la India, en referencia a la conceptualización de una OBC y la cuota de puestos reservados, que por entonces estaría excediendo el 50%. La Corte Suprema fallaría a su favor, reconociendo a las clases sociales menos desarrolladas como una categoría, añadiendo a las “castas” como factor identificador de clase social atrasada. Se reconoció la validez de la reserva del 27%, así como identificar aquellos que habían trascendido su condición de OBC, quedando excluidos de la reserva de puestos laborales. Se incluyeron nuevos criterios económicos, sociales y educacionales para limitar la cuota de puestos asegurados y hacer efectivo el 50%.
Un ejemplo de la poca diligencia del gobierno indio a la hora de abordar casos de discriminación contra dalits y castas más bajas es el referente a la masacre de dalits en Karamchedu, una villa situada en el estado de Andhra Pradesh. El 16 de julio de 1985, un conflicto entre dalits y terratenientes de una casta más alta, la Kamma, acabaría con 6 dalitsmuertos y otros 20 gravemente heridos. Tras una confrontación entre un sirviente y su terrateniente, la comunidad adinerada de Chowdary lo entendería como una revuelta contra ellos. Los terratenientes de las castas más altas se unirían para atacar a los dalits en todo el estado, tanto a mujeres como a niños. Perseguidos por toda la villa, tuvieron que huir al campo para salvar sus vidas. 159 personas fueron condenadas a cadena perpetua, pero la Alta Corte de Justicia de Andhra Pradesh decidió anular el juicio. El 24 de octubre de 1998, tras una petición especial a la Corte Suprema, motivó que el 19 de diciembre del 2008 se ratificaran las condenas impuestas en primera instancia. Únicamente el principal acusado, R. Anjaiah, sería condenado a cadena perpetua. Otros 29 acusados serían sentenciados a 3 años de cárcel.
Organizaciones internacionales ya advirtieron de los problemas causados por el sistema de castas y la continua degradación de derechos humanos que ocurren en múltiples estados de la India. En el año 2005, un informe de las Naciones Unidas hizo hincapié en la incapacidad del gobierno indio para detener la discriminación por castas que imperaba en el territorio. El Comité de las Naciones Unidas puso de manifiesto la cifra de 165 millones de dalits que continuaban enfrentándose a la segregación en escuelas y servicios públicos. A pesar de la protección legal y constitucional proporcionada durante 60 años, la discriminación seguiría presente. En marzo del 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU instó al gobierno indio a tomar medidas efectivaspara proteger a los dalits y a grupos tribales, quienes continúan sufriendo actos de violencia comunitaria. A pesar de exponer la poca voluntad de las autoridades locales para proveer de protección efectiva, el gobierno indio insistió que la casta no es similar a la raza, ergo la denuncia de discriminación de castas y tribus no era competencia del CEDR.
La edad media en el siglo XXI: el viento que no cesa
La conclusión que podemos sacar de la situación actual la podemos convertir en una comparación entre dos casos muy similares, con actores idénticos pero con fines totalmente diferentes. En primer lugar, Rajiv Goswami, un estudiante de la Universidad de Nueva Delhi, que se inmoló en 1990 como protesta por la implementación por parte del presidente, V.P. Singh, de las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal para reservar puestos a los dalit dentro de la Universidad. Ahora bien, el 17 de enero de este mismo año, Rohith Chakravarathi Vemula, un estudiante de investigación de la Universidad de Hyderabad, se suicidó en la habitación del hostal de un amigo como protesta por las condiciones que sufrían los dalit dentro del campus. Se les prohibió la entrada a hostales y áreas comunes en grupos, así como participar en las elecciones para la Asociación de Estudiantes. Al no poseer los medios necesarios para permitirse un hogar, comenzaron una huelga de hambre frente a la Universidad.
¿A qué queremos hacer referencia con esto? Al descontento demostrado por ambas caras de la moneda. Un grupo social más acomodado que ve como una injusticia la concesión de trabajo y educación para los más desfavorecidos; referencia también a la influencia que han tenido las castas durante siglos en este país. Imaginémonos si hubiéramos dejado atrás el sistema social propio de la Edad Media hace únicamente 50 años. Es impensable encontrar una solución real para este problema. La falta de concienciación que supone los asesinatos de miembros de clases más bajas, los conflictos entre tribus y castas, y la falta de sensibilidad y de acciones efectivas por parte de gobiernos locales –no nacionales–, hacen que al país que se le conoce como la democracia más grande del mundo se le pregunte cómo sigue siendo un “país desarrollado”. Un país desarrollado con una democracia que tiene a la población enfrentada los unos con los otros. Y descontado la problemática religiosa o el conflicto de Cachemira, sólo podemos suponer que la India es un cartucho de dinamita con la mecha encendida.
Voz suave de Irella Pérez es enfática cuando habla de la educación. Mueve las manos para ilustrar sus ideas como si de una clase se tratara. Esta inmigrante, oriunda de Nicaragua, a pesar de haber vivido en la comodidad, aprendió a ver los golpes de la vida como oportunidades.
Con una maleta y pocas pertenencias llegó a Estados Unidos, en 1986. En su país de origen, su padre fue gerente de un banco y su madre una secretaria ejecutiva. En medio de la revolución sandinista abandonaron su patria por lo que considera fue una persecución política.
“Era un caso de vida o muerte, nosotros no teníamos opción”, manifestó la doctora en Educación, graduada en el 2005 de la Universidad del Sur de California (USC), quien al llegar a Los Ángeles con apenas 15 años de edad vivió en un apartamento ‘single’, acomodado con tan solo dos colchones.
En ese pequeño espacio, compartido por cuatro miembros de su familia, comenzaron a reconstruir sus sueños. Su padre encontró empleo lavando platos, su madre en una fábrica; sin embargo, ellos vieron que sus hijos podían hacer la diferencia si se enfocaban en los estudios.
“La realidad es tan dura que la educación se pospone, [pero] es el peor error”, aseguró Pérez, al recordar que casi al establecerse en el Sur de California comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida y, en algún momento, llegó a tener hasta tres empleos a tiempo parcial.
Su maestría universitaria la obtuvo en 1998, año en el que comenzó a enseñar en escuelas públicas. Con una vida estable y cuatro hijos, de un día para otro su castillo se le derrumbó. Su esposo la abandonó. Al poco tiempo se le complicó pagar su casa y le llegó un aviso de desalojo.
“Parecía que todas las puertas se cerraban”, manifestó. En ese momento, el mayor de sus hijos tenía cinco años. Con las limitaciones, no siempre tenía para comer, pero encontró en las bibliotecas públicas un lugar para visitar con sus pequeños y, a veces, hasta galletas les daban.
Con la ayuda de sus padres, procuró proteger su salud mental. Asimismo, se dio cuenta que no era la única madre soltera.
La formación académica y el espíritu de lucha llevaron a Pérez, de 45 años de edad, a otro nivel. En el 2011 fue electa miembro de la junta escolar de Whittier y en el 2015 fue nombrada superintendente del distrito escolar de El Monte, puestos que a la fecha desempeña.
Después de pasar por el Colegio Comunitario de Pasadena, Irella recuerda que todavía no dominaba bien el inglés. “Me pasé un buen tiempo, porque me costó”, señala sin tapujos sobre su estancia en la Universidad Estatal de California en Long Beach, en donde obtuvo su licenciatura en 1995.
“El que quiere puede, si te enfocas”, advierte.
Cuando alguien le habla a Pérez de barreras, ella les cuenta por donde ha pasado, lo que le ha servido para ayudar a la comunidad. A los padres de familia aconseja que tracen metas educativas para los hijos, aunque sean poco realistas para los demás.
“Mi madre me dijo: ‘Tu vas a ir a USC’. Mire donde agarré mi doctorado décadas después”, rememoró, por eso sugiere también que se conecte a los niños con la lectura, el aprendizaje de uno o dos idiomas y la búsqueda de programas educativos que ofrecen las ciudades.
“No puedes estar tocando en la guitarrita la canción de ‘pobrecita yo’, no te va a servir de nada”, indica la educadora en relación a las dificultades que se tienen que enfrentar, pero que en ocasiones no se hace nada por buscar ayuda.
Con el paso del tiempo, Pérez se apropió del mensaje de sus padres y ahora es lo que transmite a la gente que la rodea, cada vez que tiene oportunidad. “La vida da vueltas y tienes que estar preparado, no te puedes rendir, tienes que salir adelante”, afirmó.
“En el camino hay piedras, pero cámbiate los lentes; acepta tu valor y quien eres, mira donde tienes los pies”, reflexiona la oriunda de Managua. “Creo en el poder de la educación, yo sabía que esa iba a ser mi arma”, concluyó la académica.
Fuente de la Noticia: http://www.hoylosangeles.com/noticias/local/hoyla-loc-inmigrante-encontro-en-la-educacion-su-arma-para-luchar-y-ayudar-a-la-comunidad-story.html
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