Estado de Emergencia

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¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar la omnipotencia de los gigantes farmacéuticos?

Rebelion

Por:  Marc Vandepitte 

En los últimos días ha habido mucho alboroto por el anuncio de Pfizer y AstraZeeca de que suministrarían menos vacunas de lo contratado en Europa. La decisión unilateral, el motivo trivial y la comunicación bruta mostraron una vez más las brutales relaciones de poder a las que estamos expuestos en el sector de la salud. ¿No es hora de que pongamos nuestra casa en orden?

“El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado
cuyo enorme poder no se puede controlar con eficacia incluso
en una sociedad organizada políticamente de forma democrática.”
Albert Einstein

A la merced de los monopolios

Nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años. Cada seis segundos alguien muere de COVID-19. La administración de una vacuna a una gran proporción de la población mundial es crucial para controlar esta crisis.

Sin embargo, la realidad es que dependemos casi por completo de unos pocos gigantes farmacéuticos para esta campaña de vacunación. Acaparan toda la producción, determinan los precios y se encargan de la distribución de las vacunas. Lo único que les interesa son las ganancias. Nuestros gobiernos solo observan pasivamente.

Puede que nos hayamos acostumbrado, pero en realidad es improbable e inaceptable que dependamos completamente de managers de empresas no elegidos, que además se guían por motivos económicos, para obtener medicamentos y vacunas que salvan vidas.

Una verdadera máquina de ganancias

La industria farmacéutica está muy concentrada y reinan unas diez compañías. Para la producción de vacunas la concentración es aún mayor: casi todo el conocimiento está en manos de sólo cuatro empresas: GSK, Johnson & Johnson, Pfizer y Sanofi.

Pocas industrias son tan mimadas como la industria farmacéutica. Casi toda la Investigación & Desarrollo se hace en laboratorios gubernamentales y universitarios, pagados por los contribuyentes. El sector también cuenta con créditos fiscales y otras concesiones financieras para cubrir posibles riesgos. Una vez que se desarrollan las drogas se pueden patentar. A los consumidores y al gobierno se les cobra entonces precios altos.

No es de extrañar que los gigantes de la industria farmacéutica tengan los márgenes de beneficio más altos de todas las industrias. Su rendimiento es 17,3 por ciento en comparación con un promedio de 11,5 por ciento en las otras industrias. A menudo se “olvidan” de pagar impuestos sobre sus altísimas ganancias. Sólo los cuatro mayores gigantes farmacéuticos están esquivando 3.800 millones de dólares en impuestos al año.

Si esas superganancias se utilizaran para la innovación y las inversiones, todavía se podrían defender. Desafortunadamente, lo contrario es cierto. Los gigantes farmacológicos están gastando más en el pago de dividendos y la recompra de sus propias acciones que en investigación y desarrollo. Además, casi una quinta parte de todos los beneficios van a marketing y publicidad. Por último, de toda la investigación y desarrollo en Europa, sólo una décima parte es verdaderamente innovador. El otro 90 por ciento son los llamados “medicamentos de imitación” (en inglés “me-too drugs”) o drogas que hacen pequeños cambios en una droga ya existente.

Aprovechar el estado de emergencia

Desde el brote de SARS en 2002, otro coronavirus, los científicos nos han advertido repetidamente de una nueva pandemia. En 2016 la Organización Mundial de la Salud colocó los coronavirus entre las ocho principales amenazas virales, que requerían más investigación. Pero las grandes empresas farmacéuticas se negaron a hacer ninguna investigación sobre eso porque no había expectativas de ganancias en ese momento.

Como resultado, el año pasado no estábamos preparados para la llegada del SARS-CoV-2, el más reciente coronavirus. Esta vez, sin embargo, los gigantes farmacéuticos sí estaban dispuestos a lanzarse a la investigación. De hecho, lo vieron como un una oportunidad única para obtener unos megabeneficios. Vacunar a todos los habitantes del mundo representa un mercado de varias decenas de miles de millones de dólares. Es algo que no querían dejar pasar, especialmente cuando los gobiernos están dispuestos a cubrir muchos riesgos y ayudar con generosos subsidios.

Dado el estado de emergencia y urgencia, pudieron hacer tratos ventajosos y secretos con los gobiernos desde su posición de monopolio. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas están protegidas de los posibles efectos secundarios negativos de la vacuna. El hecho de que el precio de las diferentes vacunas varíe entre 2 y 18 euros muestra que se hacen superganancias. Moderna, por ejemplo, anuncia unas ganancias para este año de 13.200 millones de dólares. Eso es 220 veces lo que tuvieron como volumen de negocios total el año pasado …

Bancarrota moral

Las primeras vacunas se desarrollaron a un ritmo récord. En sí mismo es algo bueno y incluso era necesario, aunque varias preguntas siguen sin respuesta (véase el anexo). Pero, el desarrollo de la vacuna es una cosa, su producción y distribución es otra. En los últimos días hemos visto que las cosas han ido mal en ese aspecto. Y no es una coincidencia.

Dada la escala y la urgencia del problema, se necesita una enorme capacidad de producción. Según el profesor Oertzen de la Universidad de Lüneburg, los fabricantes de vacunas tienen poco interés en aumentar rápida y masivamente su propia capacidad de producción. Si aumentaran su capacidad para abastecer a todo el mundo en seis meses, las instalaciones recién construidas estarían vacías inmediatamente después. Esto significaría un beneficio mucho menor respecto a las previsiones actuales, en las que las fábricas existentes producen durante años a su capacidad actual.

Tampoco tienen ningún interés en liberar la vacuna. Ahora los gigantes farmacéuticos mantienen en secreto los resultados de sus investigaciones, lo que significa que la producción de vacunas sigue en sus manos, pero también está restringida. Si compartieran su vacuna con otros productores, sería posible una distribución rápida y asequible de las tan necesitadas vacunas.

La falta de capacidad de producción no sólo afecta al personal sanitario de nuestros hospitales y a nuestros compatriotas. Afecta aún más a los habitantes de los países del Sur. Según la situación actual 9 de cada 10 personas en los países más pobres no serán vacunados este año. 50 expertos de nuestro país declararon en una carta común: “Además del sufrimiento humano que este retraso causará, le da al virus un tiempo adicional para propagarse y mutar”. El jefe de la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo está al borde de una “bancarrota moral catastrófica”.

El mercado falla

Hay tres maneras de evitar este fracaso moral. Podemos mimar aún más a los gigantes farmacéuticos dándoles subsidios adicionales y dándoles primas por entregas más rápidas. Probablemente no haya mucho ánimo para esta opción. Además reforzaría aún más el desequilibrio de poder.

La segunda opción: podemos levantar las patentes y compartir las vacunas con otras instituciones de investigación y empresas interesadas, con o sin pagos de compensación. Esa es la forma en la que la vacuna contra la gripe se ha producido durante los últimos 50 años. Eso debería ser lo mínimo.

Tercera opción, podemos ir aún más rápido y, como en una economía de guerra, podemos poner a las empresas a trabajar para proporcionar la producción necesaria. Esta vía es probablemente la única que garantizará una capacidad de producción suficiente. Fue la vía que eligió China masivamente al principio del brote para fabricar mascarillas, respiradores y otros equipos de protección. Es el camino que sigue hoy Estados Unidos. Recientemente, la administración Biden ha invocado la Ley de Producción de Defensa para obligar al sector privado a acelerar la producción y distribución de vacunas.

La cuestión de la lentitud de la producción y distribución de vacunas pone de relieve una vez más la incapacidad del sector privado y las fuerzas del mercado para aprovechar al máximo el potencial de producción existente y dar prioridad a las necesidades más urgentes. Eso ya quedó claro en el primer confinamiento cuando hubo una gran escasez de mascarillas y equipos para hacer pruebas.

Dos deberes para los gigantes farmacéuticos

Es indecente que las empresas farmacéuticas se aprovechen de una situación de emergencia para obtener grandes ganancias. El hecho de que estén causando un retraso en la campaña de vacunación en aras de las ganancias se podría incluso calificar de criminal.

Lo mínimo que les deberíamos exigir a esas empresas, además de la liberación de las vacunas, es que compartan sus superganancias. Eso es exactamente lo que pide Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur. Las ganancias deberían ir primero a Covax. Es un programa cuyo objetivo es proporcionar vacunas asequibles a los países del Sur. Además, estos fondos pueden servir para aliviar las desigualdades creadas como resultado de la pandemia.

Pero también debemos mirar hacia el futuro. El coronavirus está mutando y seguirá mutando. Aún no está claro si las vacunas actuales nos protegen contra estas mutaciones y en qué medida. En todo caso necesitamos algún tipo de vacuna universal contra el coronavirus que ofrezca suficiente protección contra todas las variantes posibles, y si es posible también contra Sars y Mers. Esto requiere una investigación fundamental.

Si la industria farmacéutica quiere mantener su credibilidad, tendrá que hacer algo al respecto. Y si no lo logra, nos tendríamos que preguntar si no sería mejor que el gobierno se haga cargo del sector. Hay demasiado en juego.

Anexo: preguntas sin respuesta

Debido a la corta duración de la fase de desarrollo, no se puede saber cuánto tiempo seguirá siendo efectiva la vacuna. ¿Bastará con una sola vacuna o habrá que hacerlo regularmente, como en el caso de la vacuna contra la gripe? Además, no se sabe (todavía) si la vacuna detendrá el contagio o si sólo lo reduce. Las primeras vacunas producidas fueron diseñadas principalmente para reducir al máximo los síntomas de COVID-19 y no para detener la infecciosidad. Tampoco se sabe aún si la vacuna es eficaz en todos los grupos de edad, incluidos niños y ancianos. Ni tampoco si es efectiva en personas con factores de riesgo subyacentes.

En Occidente se ha podido desarrollar una vacuna más rápidamente porque había y hay muchas más infecciones, lo que es beneficioso y necesario para el proceso de investigación. Los países asiáticos (o Cuba), por el contrario, necesitan mucho menos esa vacuna y por eso se pueden permitir el lujo de tomarse más tiempo para poner en marcha una campaña de vacunación. Mientras tanto, pueden aprovechar la experiencia adquirida en Occidente. En cierto modo, nos están mirando experimentar y están esperando para ver cómo nos va a nosotros.

Traducido del neerlandés por Sven Magnus

Fuente Original: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/01/21/vaccinatiecampagne-hoe-lang-gaan-we-de-almacht-van-de-farmareuzen-nog-dulden/

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América Latina: Las amenazas a las libertades civiles se intensifican por la Covid-19

Noticias
Fuente: opendemocracy

Civicus, la organización que monitorea el estado de la sociedad civil a nivel global, alerta sobre las amenazas a las libertades civiles que ha traído la pandemia por la Covid-19. El escenario es preocupante en América Latina. Aquí, un breve recuento del reporte.

En el reporte, Civicus llegó a cuatro conclusiones:

  1. El activismo cívico continúa organizándose durante la pandemia de la Covid-19 y la gente ha seguido movilizándose para exigir sus derechos
  2. Se han documentado múltiples violaciones de los derechos de protesta: se detiene a manifestantes, las protestas están siendo interrumpidas violentamente por los estados, que están haciendo uso excesivo de la fuerza.
  3. Continúan las restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información.
  4. Los estados están aprobando leyes de emergencia demasiado amplias y leyes que limitan los derechos humanos.

Todas y cada una de estas conclusiones se aplican especialmente en América Latina.

En abril hubo protestas en Chile en contra de la brutalidad policial, pero los/las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos, y 60 personas terminaron detenidas. En junio las protestas en Brasil del grupo Vidas Negras Importam fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma.

La sociedad civil siguió movilizada en Brasil. El reporte destaca que, en junio de 2020 “grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis del COVID-19 en Brasil. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en homenaje a las víctimas del COVID-19 en el césped frente a edificios clave del gobierno, e interpelaron al presidente Jair Bolsonaro por su negación de la gravedad de la pandemia”.

En Colombia hubo protestas en septiembre, caracterizadas por el uso extremo de la fuerza por parte de la Policía; hubo civiles muertos y detenidos y, aunque también hubo violencia por parte de algunos grupos de provocadores, la mayoría de los abusos vino por parte de la fuerza pública del país.

En cuanto a la libertad de expresión, Civicus denuncia que en Nicaragua varios periodistas y medios de comunicación fueron amenazados por criticar la gestión del gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, reporta Civicus “durante una conferencia de prensa, un coronel del ejército acusó a un periodista de manipular información y amenazó con que «había que hacer algo al respecto». Funcionarios gubernamentales han acusado a periodistas y medios independientes de promover «pandemias de miedo» a través de «noticias falsas» durante la crisis”.

Pero en Honduras, mientras tanto, el gobierno aprobó un decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia que restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura, garantizado por la Constitución hondureña. “Las asociaciones de medios”, reporta Civicus, “instaron al gobierno a revocar esta restricción. (…) A raíz de esta presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión”.

La situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando

También en Bolivia el gobierno aprobó un decreto que sancionaba a los «desinforman o causan incertidumbre» a la población durante la pandemia. Según el reporte de Civicus, “la legislación fue ampliamente criticada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación, quienes afirmaron que podría usarse para silenciar a quienes critican las políticas gubernamentales sobre COVID-19. La ley también se amplió para incluir un decreto adicional sobre sanciones penales. Sin embargo, en una medida positiva, luego de las críticas de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, la presidenta interina Jenine Áñez revocó los dos decretos”.

Pero la situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando en algunos casos como en Honduras, donde la introducción de toques de queda y restricciones a la circulación han provocado un aumento de los riesgos de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores. Las mujeres indígenas también han sido objeto de un mayor hostigamiento por parte de los agentes del orden. De manera similar, sigue el reporte de Civicus, “en Colombia, las restricciones de movimiento durante la pandemia han intensificado los riesgos para los líderes sociales que, por motivos de seguridad, necesitan variar sus movimientos”.

Y en cuanto al abuso de la emergencia sanitaria para aprobar leyes de todo tipo, solo en Colombia se han aprobado más de 39 decretos en este periodo. Un número alarmante.

Por último, Civicus alerta sobre grupos que quedan especialmente vulnerables a las externalidades generadas por la Covid-19. En varios países de la región, se pasaron medidas de restricción de la movilidad basadas en género, lo que ponía en peligro a las comunidades tránsgero y no-conformes al género (gender non-conforming).

La situación que reporta Civicus es alarmante, y puede ir empeorando.

Estaremos a la espera del reporte anual, para reportar las conclusiones desde democraciaAbierta.

Fuente e imagen:  https://www.opendemocracy.net/es/amenazas-libertades-civiles-intensifican-covid-19/

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Estado De Excepción Y Estado De Emergencia

Giorgio Agamben

Por: Giorgio Agamben

 

Un jurista al que una vez tuve algún respeto, en un artículo recién publicado en un periódico alineado, trata de justificar con argumentos que quisieran ser legales el estado de excepción declarado una vez más por el gobierno. Retomando, sin confesarlo, la distinción schmittiana entre una dictadura comisionada, que tiene por objeto preservar o restaurar la constitución actual, y una dictadura soberana que tiene por objeto establecer un nuevo orden, el jurista distingue entre emergencia y excepción (o, como sería más preciso, entre estado de emergencia y estado de excepción). El argumento, de hecho, no tiene fundamento en el derecho, ya que ninguna constitución puede prever su subversión legítima. Por eso, con razón, en su documento sobre Teología Política, que contiene la famosa definición del soberano como el que «decide sobre el estado de excepción», Schmitt habla simplemente de Ausnahmezustand, «estado de excepción», que en la doctrina alemana e incluso fuera de ella se ha impuesto como un término técnico para definir esta tierra de nadie entre el ordenamiento jurídico y el hecho político y entre la ley y su suspensión.

Recalculando la primera distinción de Schmitt, el jurista afirma que la emergencia es conservadora, mientras que la excepción es innovadora. «La emergencia se utiliza para volver a la normalidad lo antes posible, mientras que la excepción se utiliza para romper la regla e imponer un nuevo orden. El estado de emergencia «presupone la estabilidad de un sistema», «la excepción, por el contrario, su desintegración que abre el camino a un sistema diferente».

La distinción es, según todos los indicios, política y sociológica y se refiere a un juicio personal sobre el estado de cosas del sistema en cuestión, sobre su estabilidad o su desintegración y sobre las intenciones de quienes tienen la facultad de decretar una suspensión de la ley que, desde el punto de vista jurídico, es sustancialmente idéntica, porque se resuelve en ambos casos en la suspensión pura y simple de las garantías constitucionales. Cualquiera que sea su finalidad, que nadie puede pretender valorar con certeza, sólo existe un estado de excepción y, una vez declarado, no hay ninguna instancia que tenga la facultad de comprobar la realidad o la gravedad de las condiciones que lo determinaron. No es casualidad que el jurista tenga que escribir en un momento dado: «Que hoy nos encontramos ante una emergencia sanitaria me parece incuestionable». Un juicio subjetivo, curiosamente emitido por alguien que no puede reivindicar ninguna autoridad médica, y al que es posible oponerse a otros que son ciertamente más autoritarios, tanto más cuanto que admite que «las voces discordantes provienen de la comunidad científica», y que por lo tanto es en última instancia quien tiene el poder de decretar la emergencia. El estado de emergencia, continúa, a diferencia del estado de excepción, que incluye poderes indeterminados, «incluye sólo los poderes destinados al propósito predeterminado de volver a la normalidad» y, sin embargo, concede inmediatamente después, tales poderes «no pueden ser especificados de antemano». No es necesaria una gran cultura jurídica para darse cuenta de que, desde el punto de vista de la suspensión de las garantías constitucionales, que debería ser la única relevante, no hay diferencia entre los dos estados.

La argumentación del jurista es doblemente capciosa, porque no sólo introduce como jurídica una distinción que no es tal, sino que, para justificar a toda costa el estado de excepción decretado por el gobierno, se ve obligado a recurrir a argumentos fácticos y discutibles que están fuera de su competencia. Y esto es tanto más sorprendente cuanto que debe saber que, en lo que para él es sólo un estado de excepción, se han suspendido y violado derechos y garantías constitucionales que nunca se habían puesto en tela de juicio, ni siquiera durante las dos guerras mundiales y el fascismo; y que no se trata de una situación temporal, lo afirman con firmeza los propios gobernantes, que no se cansan de repetir que el virus no sólo no ha desaparecido, sino que puede reaparecer en cualquier momento.

Es quizás por un residuo de honestidad intelectual por lo que, al final del artículo, el jurista menciona la opinión de quienes «no sin buenos argumentos, sostienen que, aparte del virus, el mundo entero vive más o menos permanentemente en estado de excepción» y que «el sistema económico-social del capitalismo» no es capaz de hacer frente a sus crisis con el aparato del Estado de derecho. Desde esta perspectiva, admite que «la infección pandémica del virus que mantiene a sociedades enteras bajo control es una coincidencia y una oportunidad imprevista, que debe aprovecharse para mantener bajo control al pueblo de los subyugados». Deberíamos invitarle a pensar más detenidamente en el estado de la sociedad en la que vive y recordar que los abogados no son sólo, como desgraciadamente lo son desde hace tiempo, burócratas que sólo tienen que justificar el sistema en el que viven.

Fuente e imagen:  https://ficciondelarazon.org/2020/07/30/giorgio-agamben-estado-de-excepcion-y-estado-de-emergencia/

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Italia: Conte propone extender el «estado de emergencia»

Noticias

Europa/ Italia/ 28.07.2020/ Fuente: www.telam.com.ar.

Mientras que Italia registró hoy 11 víctimas por coronavirus tras cuatro días seguidos con cinco fallecimientos, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió hoy al Senado que prorrogue el actual «estado de emergencia» vigente hasta el 31 de julio a nivel nacional, con el que regula las medidas para hacer frente a la pandemia, ya que la enfermedad «continúa circulando».

«El virus continúa circulando. La prórroga del estado de emergencia es inevitable, y el horizonte es extenderlo hasta octubre», afirmó Conte en el Senado.

El premier confirmó así la intención del Gobierno que encabeza de extender el marco vigente para la lucha contra la Covid-19, con una fecha que se definirá en el Parlamento y que llevaría la prórroga hasta el 15 o el 31 de octubre, según informó el diario Repubblica.

El virus continúa circulando. La prórroga del estado de emergencia es inevitable, y el horizonte es extenderlo hasta octubre.”

GIUSEPPE CONTE

«La prórroga es necesaria para asegurar la continuidad operativa que se está desarrollando» en el país, justificó Conte, quien planteó que el comité técnico que lo asesora sostiene que «la situación internacional permanece preocupante«.

Hoy, tras cuatro días consecutivos con cinco víctimas diarias por coronavirus, el ministerio de Salud italiano informó 11 fallecimientos, que llevan el total desde el inicio de la pandemia a 35.123.

Además, en las últimas 24 horas hubo 181 contagios de la enfermedad, frente a los 170 informados ayer.

Conte visitó el Senado para trazar un balance de las medidas implementadas por su Gobierno desde la adopción del marco nacional de lucha contra la Covid-19, el 31 de enero de este año, y plantear los motivos por los que busca extenderlo.

Según informó un comunicado del Gobierno italiano, Conte seguirá con sus informes mañana, cuando visite la Cámara de DIputados, y luego anunciará la extensión del «estado de emergencia» hasta el 15 o el 31 de octubre, en base a la decisión parlamentaria.

Entre otras facultades, la medida que Conte se prepara a extender permite disponer el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos desde y hacia los países a los que considere en riesgo epidemiológico.

También hoy, los ministros de Salud, Roberto Speranza, y Educación, Lucia Azzolina, confirmaron la decisión del Gobierno de reiniciar las clases en todo el país y en todos los niveles el 14 de septiembre, tras al receso estival, y en línea con la fecha habitual del comienzo del ciclo lectivo.

«A fines de agosto se reunirá el Comité Técnico Científico para una evaluación final, pero nuestra prioridad es reiniciar y reabrir todas las escuelas, de todo tipo y grado», planteó Speranza en Radio Anch’io, al destacar la necesidad de que la vuelta a clases se haga «con total seguridad».

Azzolina, en tanto, afirmó en un informe ante la Cámara de Diputados que buscará iniciar las clases el 14 de septiembre, con un plan de seguridad que incluirá médicos de guardia en las instituciones educativas y la realización de test a los estudiantes.

Desde la primera víctima registrada en Italia, el 21 de febrero, murieron más de 35.000 personas en el país por coronavirus, aunque en los últimos cuatros días los fallecimientos se habían estabilizado en cinco diarios.

Con los nuevos contagios amesetados en el último mes tras haber sido uno de los mayores focos del mundo en marzo y abril, Italia apuesta ahora por reducir la importación de nuevos casos y controlar la situación epidemiológica del norte del país, especialmente en la región de Lombardía, en la que aún se concentra el 53% de los 12.609 positivos actuales.

Fuente de la noticia: https://www.telam.com.ar/notas/202007/495228-giuseppe-conte-italia-coronavirus.html

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Chile: Estallido social y represión en Chile: 3.535 detenidos, 1.132 heridos, 43 niños maltratados y 19 denuncias de violencia sexual

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El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

INDH suma 120 acciones legales por violaciones a los derechos humanos durante la crisis

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este lunes que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en Chile desde el viernes 17 octubre, cuando se iniciaron las protestas en el país.

Según el desglose del organismo, 106 de las acciones corresponden a querellas de distinto tipo: cinco son por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen una con connotación sexual. “Esa es la gravedad de la situación”, advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.

Bustos enfatizó que “aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos” y que, hasta el lunes, “de las situaciones observadas directamente por el INDH, constatamos más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas más de 1.100 han sido heridas, y de estas casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo”.

En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94 querellas por tortura.

La observación del INDH se ha llevado a cabo a través de la constatación directa que hacen sus funcionarios en centros de salud, comisarías, y manifestaciones.

El INDH publicó el catastro de acciones judiciales tras una reunión con un equipo especial de crisis de Amnistía Internacional, que está en el país para esclarecer casos de vulneraciones a los derechos fundamentales.

El sábado, el INDH ofició al Servicio Médico Legal (SML) y al Ministerio Público para aclarar las cifras de personas fallecidas desde que se aplicó el estado de excepción constitucional en el país.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/10/estallido-social-y-represion-en-chile-3-535-detenidos-1-132-heridos-43-ninos-maltratados-y-19-denuncias-de-violencia-sexual/

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Tres personas mueren quemadas en Chile en los disturbios que han forzado a suspender el alza del transporte

Noticias

América del Sur/ Chie/ 21.10.2019/ Fuente:univision.com.

Con Santiago y regiones aledañas militarizadas y en estado de emergencia amaneció Chile, al cabo de una semana de disturbios por la subida del pasaje del metro que en realidad reflejan otros malestares sociales

Tres personas han muerto durante el incendio provocado en un supermercado de Santiago de Chile durante la noche del sábado, informó la intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar.

«Carabineros y Bomberos se han encontrado dos cuerpos calcinados y otra persona en muy malas condiciones que fue trasladada a un hospital y lamentablemente también falleció», dijo Rubilar en una declaración de urgencia sobre los primeros fallecidos en el marco de las protestas.

La autoridad regional señaló que los cuerpos se hallaron una vez sofocado el fuego en el supermercado de la comuna de San Bernardo, provocado a lo largo de la noche de este sábado en medio de los disturbios, incendios y saqueos sucedidos por todo Santiago y otras ciudades del país.

La capital y regiones aledañas han sido escenario de violentas protestas contra la decisión de aumentar el precio de los pasajes adoptada a principios de mes por el presidente Sebastián Piñera, quien la noche del sábado anunció que se suspendería la medida. Piñera aseguró que buscará un acuerdo que proteja a los ciudadanos de los impactos de la subida del dólar en la fijación de tarifas.

Con esta medida, el gobierno busca neutralizar el detonante de las manifestaciones que desde el pasado lunes se suceden a diario y finalmente motivaron a la instauración de un polémico estado de emergencia que ha significado la salida del ejército a las calles para cumplir funciones de patrullaje.

Chile se militariza

El gobierno chileno declaró el estado de emergencia confiando al Ejército el control de la situación en Santiago, a la que el Gobierno sumó esta madrugada las regiones de Valparaíso, Concepción, las comunas de Coquimbo y La Serena, en la región de Coquimbo y la comuna de Rancagua, en O’Higgins.

En Santiago, durante la madrugada del domingo se desplegaron 1,500 militares más, hasta un total de 9,441, destinados en su mayor parte a controlar puntos estratégicos como el suministro de agua, luz, y cada una de las 136 estaciones de metro, que constituyen unos de los blancos principales de los manifestantes, que las han incendiado.

Las autoridades militares a las que se les designó el mando decretaron el toque de queda en Santiago, Valparaíso y Concepción hasta las 7:00 am, una medida que no impidió, aunque en menor número, que siguieran dándose saqueos en supermercados y centros comerciales.

Los actos violentos se descontrolaron este sábado y se replicaron en varias regiones del país, en especial en las cuatro para las que rige durante los próximos 15 días el estado de emergencia.

Las llamas prendían en supermercados, vehículos, autobuses e incluso iglesias, en una vorágine que parecía incontrolable y que ni siquiera el anuncio del presidente del país de que paralizará la subida del billete de metro, logró calmar.

Afectaciones en el transporte

Tras el estallido de la violencia y por la afectación de muchas estaciones, que fueron quemadas, el metro de Santiago decretó el cierre de todas sus líneas, y este domingo la empresa de autobuses urbanos de la capital suspendió el servicio hasta las 7:30 am.

Además, se cancelaron al menos 42 vuelos con salida y llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago.

Por otro lado, el paso fronterizo de Los Libertadores, principal vía terrestre entre Chile y Argentina, ubicado en Valparaíso, quedó cerrado tras comenzar el toque de queda en esa región.

Descontento social más allá del pasaje del metro

Muchos analistas aseguran que el descontento de parte de la sociedad por el sistema de pensiones chileno, administrado por empresas privadas, el coste de la salud, el deficiente sistema público de educación y los bajos sueldos en relación con el coste de la vida, emergió con las protestas por el precio del metro.

«Si no hay destrucción nadie nos escucha», dijo una persona de Rancagua, localidad al sur de Santiago, a una televisión chilena, citada por la agencia EFE, en las puertas de un concesionario de vehículos quemado.

«La gente está cansada de tantos abusos, solo queremos una marcha pacífica, queremos tener jubilaciones dignas y una educación buena para nuestros hijos y eso no se está diciendo», añadió otra mujer de la misma localidad.

El ejército en las calles de Santiago de Chile tras violentas protestas por el alza del metro (fotos)

 

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Aunque las nuevas tarifas del transporte entraron en vigor a principios de octubre, el viernes se produjo una manifestación masiva que terminó en choques con la policía en diferentes partes de la ciudad.
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Trabajadores chilenos llaman a huelga general tras protestas en Santiago

Noticias

América del Sur/Chile/20-10-2019/Autor y Fuente: www.telesurtv.net

Los trabajadores portuarios condenan la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado señalando que “la represión sólo obligará al pueblo a defenderse

La Unión Portuaria de Chile realizó este viernes un llamado a huelga general debido a las movilizaciones sociales que desde el lunes se están desarrollando en Santiago.

“Hacemos el llamado a estar alerta y a preparar el camino para que Chile, de una vez por todas, todos los trabajadores chilenos nos levantemos y organicemos una gran huelga general que haga tambalear a los dueños de Chile”, indicaron los trabajadores portuarios mediante un comunicado.

El grupo de trabajadores reiteró que “si bien hoy el epicentro de la protesta social es el alza del valor del pasaje de Metro en la capital, no podemos sino subrayar que esta rabia acumulada hoy se expresa por el rechazo al sinfín de injusticias sociales, económicas y laborales que afligen a la gente trabajadora y esforzada”.

En el documento, acusaron al gobierno de ocultar su responsabilidad política al «seguir financiando a quienes lucran con el transporte público» y de recurrir a «una represión policial digna de tiempos oscuros en la historia de nuestro país».

A su vez, los trabajadores portuarios condenan la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado señalando que “la represión sólo obligará al pueblo a defenderse y estaremos ahí para apoyarlos”.

El presidente chileno Sebastián Piñera decretó este viernes un estado de Emergencia en varias provincias del país, ante el caos que azotó y paralizó Santiago durante la jornada por el alza del precio de los pasajes del transporte público.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/trabajadores-chile-huelga-general-20191019-0001.html

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