Estigma Social

Liberia suspende la mutilación genital femenina por tres años

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El Gobierno acuerda con los líderes tradicionales detener hasta 2025 las actividades de la llamada ‘Sande’, la sociedad secreta femenina que opera en la mayor parte de su territorio y es responsable de la circuncisión de las niñas. En este país, junto a Malí, Sierra Leona, Chad y Somalia, la ablación no es delito.

Liberia suspenderá hasta 2025 la mutilación genital femenina (MGF). Un gran paso adelante para la defensa de los derechos de las mujeres en el país africano, uno de los cinco del continente –junto a Malí, Sierra Leona, Chad y Somalia– donde la MGF está muy extendida y sigue siendo legal, ya que no está tipificada como delito. Según Unicef, 200 millones de mujeres y niñas vivas en todo el mundo han sufrido la ablación, una práctica que consiste en la mutilación total o parcial de los órganos genitales femeninos de manera intencionada y, en la mayoría de casos, escudada en tradiciones ancestrales arraigadas en muchas comunidades.

El Gobierno liberiano anunció este lunes 21 de febrero el acuerdo para suspender la ablación de forma temporal (como ya hiciera en otras dos ocasiones anteriores, en 2012 y 2018), tras la firma de un documento con los principales líderes tradicionales. En él, avalado por la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y la ONU, se comprometen a parar todas las actividades de Sande, una sociedad secreta y exclusivamente femenina que opera en 11 de los 15 estados, y que es la responsable de la circuncisión de las niñas y adolescentes de un país de algo más de cinco millones de habitantes donde el 44% de las mujeres de entre 15 y 49 años están mutiladas, según la organización 28 Too Many.

Liberia es, junto a Malí, Sierra Leona, Chad y Somalia, uno de los cinco países del continente africano donde la ablación sigue estando muy extendida y es legal, ya que no está tipificada como delito
«No tienes que cortar a una niña para que se convierta en mujer”, expresó Laurent Delahousse, embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea en Liberia, tras la firma del documento, efectuada en Monrovia. A la ceremonia, en las dependencias del Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, también asistieron Zanzan Kawor, Jefe del Consejo Nacional de Jefes y Ancianos de Liberia (NACCEL en sus siglas en inglés) y Jewel Cianeh Howard Taylor, la actual vicepresidenta del Gobierno de Liberia.

La MGF, reconocida por Naciones Unidas como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, no produce ningún beneficio para la salud. La intervención puede provocar hemorragias graves, problemas a la hora del parto, complicaciones urinarias, infecciones y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

Aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial el anuncio, desde el pasado 6 de febrero, Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la prensa en Liberia se hacía eco de la noticia. Tras una conferencia, celebrada entre el 3 y 5 de febrero en Gbarnga, se alcanzó el acuerdo entre el Gobierno liberiano y el Consejo Nacional de Jefes y Ancianos (NACCEL), según contaba el diario GNNLiberia. “Mi trabajo me ha hecho comprender que solo la emisión de decretos y la firma de compromisos con nuestros líderes tradicionales es insuficiente para frenar la práctica”, aseguraba en esta reunión la ministra de Género, Infancia y Protección Social Williametta E. Saydee-Tarr. “Insistimos con ellos [los líderes] en que las tradiciones pueden y deben evolucionar. Cuando estas son ilegales y dañinas, deben cambiar”, expresaba Delahousse, también presente en estas jornadas. “A pesar de que en otras ocasiones la sociedad se han sentido frustrada por los retrocesos en esta materia, esperamos que este movimiento hacia adelante se mantenga”, añadía.

Sin embargo, Liberia aún no ha aprobado una legislación que prohíba la ablación de manera permanente. Por primera vez, en 2012, el Gobierno anunció el cierre de las actividades de Sande y dejó de emitir permisos a las zoe –las líderes espirituales de la sociedad secreta encargadas de la circuncisión del clítoris–, después de que esta práctica fuera denunciada en varios reportajes por la periodista Mae Azango, de FrontPage África, el diario más importante en Liberia.

En 2016 se propuso de nuevo la prohibición de la práctica en la nueva Ley de Violencia Doméstica, pero todas las referencias a la mutilación se eliminaron cuando se aprobó el proyecto en 2017, tras las muchas presiones de los grupos más conservadores con el argumento de que era una tradición cultural. Dos años después, en 2018, la presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, antes de ceder su cargo a George Weah, firmó la orden ejecutiva número 92 por la que prohibía la MGF en niñas menores de 18 años. Sin embargo, esta orden expiró un año después, en enero de 2019, y desde entonces volvió a ser legal. Hasta ahora.

El rito del horror y el negocio de las ‘escuelas del bosque’

La Sande, que paralizará sus actividades hasta 2025 según el nuevo acuerdo, es una sociedad secreta que se considera la guardiana de las tradiciones en Liberia, pero también en países vecinos como Costa de Marfil y Sierra Leona. Su poder se perpetúa a través de las llamadas escuelas del bosque, centros femeninos supuestamente educativos, permitidos y financiados por el Ministerio del Interior, donde se realizan los ritos de la ablación.

“No es la primera vez que se suspende la mutilación durante un período de tiempo en estos centros. Sin una ley, existe el riesgo de que todo vuelva a ser igual después de que acabe la prohibición…. Pero sí, es una buena noticia”, sentencia Emanuela Zuccalà, periodista y directora de La escuela del bosque, un documental que denuncia la impunidad de la que goza esta práctica en el país africano. “Es una película muy importante porque nos pone ante un rito muy cruel. Esperamos que nuestros diplomáticos y las relaciones con estos dos países –Liberia y Sierra Leona– pueda hacer que haya una ley contra la mutilación”, expresaba Emma Bonino, política italiana, minutos antes de la presentación de la cinta, el pasado 8 de febrero, en un debate organizado por No Peace Without Justice y auspiciado por el Parlamento Europeo, titulado Actuar contra la MGF en Liberia y más allá.

A través de la voz de varias activistas, entre las que se incluye una exzoe, el documental desbroza los entresijos ocultos de estos centros que preparan a las niñas para ser buenas esposas, para lo que, de manera indispensable, tienen que pasar por la cuchilla. “No es una escuela, es un lugar de humillación y sufrimiento”, asegura Mar Azango, frente a la cámara de Zuccalà. La reportera liberiana se infiltró en una de ellas para saber cómo funcionaban, haciéndose pasar por una madre: “Me dijeron que le llevase 10 lapa (falda tradicional), dos latas de aceite, dos sacos de arroz y 50 dólares (44 euros), y que entonces admitirían a la niña”, explica en el documental.

Otra de las protagonistas de la película, Mary T, de 29 años, confiesa que se negó a asistir a esta escuela del bosque cuando sus padres quisieron llevarla y ahora paga las consecuencias. “Si no eres miembro de Sande, no te consideran una mujer. La comunidad te abandona”. La presión social y el estigma que sufren las jóvenes que no van a estos centros es una losa para su futuro. “Las chicas salen del sistema educativo regular para entrar en estas escuelas. Puedes ver colegios enteros vacíos de niñas en una aldea”, explica en el debate posterior a la película Rugiatu Turay, activista por los derechos de las mujeres de Sierra Leona, país donde también es legal la ablación y está dirigida por la Sande.

“¿Cómo podemos reducir el número de niñas que llevan allí?”, se preguntaba Turay, que proponía crear “lugares seguros” para las mujeres que están a punto de sufrir la mutilación en estas escuelas, especialmente en las zonas rurales, donde el número de cortadas no se conoce, por la falta de datos ante el secretismo de esta organización. “Mis secuelas físicas y psicológicas me han hecho ponerme del lado de todas las mujeres y niñas, para que no sufran lo mismo. Con educación, sensibilización y financiación podremos acabar con ella”, añade Phyllis Nguma Kimba, exzoe y activista contra la ablación en Liberia.

La financiación, clave contra la ablación

Entre los 28 países africanos donde esta práctica está muy extendida, cinco de ellos no han aprobado aún una ley que la tipifique como delito –Sierra Leona, Somalia, Chad y Malí–, entre los que está Liberia, con la práctica suspendida, de momento, por tres años. “Estamos en un cruce de caminos, donde hay una sociedad dispuesta a cambiar y una clase política que también lo está. La Unión Europea debe defender los derechos humanos y condenar todo acción de politizar y controlar el cuerpo de las mujeres a través de la ablación”, aseguraba Delahousse, otro de los invitados al debate auspiciado por el Parlamento Europeo.

El cierre de las escuelas y las cuarentenas por la covid-19 no han ayudado a que la situación de riesgo de las niñas mejore. Antes de la pandemia, ya se estimaba que 68 millones de ellas estaban en peligro de sufrir la MGF entre 2015 y 2030. La prolongada interrupción de la educación por la crisis sanitaria amenaza con que haya un aumento de otros dos millones de casos más que podrían ocurrir durante la próxima década.

“Existe una necesidad urgente de acelerar la inversión para ponerle fin. Se necesitan unos 2.400 millones de dólares (2095 millones de euros) para eliminar esta práctica en 31 países”, calculaban la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, y la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, en una declaración conjunta al hilo del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. “Enfrentamos un desafío sin precedentes. Los esfuerzos globales deben mantener el impulso y aprovechar años de progreso para poner fin por completo a esta práctica dañina”, concluían.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-22/liberia-suspende-la-mutilacion-genital-femenina-por-tres-anos.html

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ONU: Los conflictos nunca deben ser escenarios de violación de los derechos de los niños

Noticias

El Secretario General de las Naciones Unidas afirmó este lunes que la forma en que se violan los derechos de los niños durante los conflictos es alarmante y dolorosa e instó a las partes de todos los escenarios de guerra a respetar y proteger esas garantías todo el tiempo.

António Guterres presentó su más reciente informe sobre niños y conflictos armados durante un debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre el tema.

Según ese reporte, el año pasado se violaron gravemente los derechos de unos 19.300 jóvenes afectados por combates en países como Afganistán, Siria y la República Democrática del Congo.

“No hay lugar para los niños en los conflictos y no debemos permitir que éstos pisoteen los derechos de los niños”, recalcó Guterres.

Explicó que el reclutamiento y el uso de los menores en hostilidades continúan siendo las principales violaciones, seguidas de asesinatos, mutilaciones y denegación del acceso humanitario.

“Además, surgieron tendencias nuevas y profundamente preocupantes, entre ellas el aumento exponencial del número de niños secuestrados y de la violencia sexual contra niños y niñas”, dijo.

Guterres citó también los ataques y saqueos constantes a escuelas y hospitales, así como la destrucción o uso con fines militares de estas instalaciones.

Niños Iraquíes reciben ayuda humanitaria al este de Mosul. Foto: UNICEF/Khuzaie
Niños Iraquíes reciben ayuda humanitaria al este de Mosul. Foto: UNICEF/Khuzaie

La pandemia dificulta el trabajo humanitario

En el debate participó también la directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), quien destacó el deterioro de las condiciones en que viven las personas en las zonas de conflicto debido a la pandemia de COVID-19.

“Esperábamos que las partes en conflicto desviaran su atención de la lucha entre ellos a la lucha contra el virus, como lo pidió el Secretario General de la ONU pero, como muestra este informe, el llamado no tuvo respuesta”, lamentó Henrietta Fore.

Añadió que, en vez de deponer las armas, las partes en conflicto siguen luchando, lo que dificulta que el acceso de los organismos humanitarios a los niños que viven en esas zonas.

“Los confinamientos y las limitaciones de viaje hicieron más difícil la de por sí desafiante tares de apoyar a estos niños, afectando nuestra capacidad para llegar a ellos apoyo vital”, acotó.

Del mismo modo, esas restricciones coartaron la labor de liberar a los niños de las filas de los grupos armados y desaceleraron el trabajo de localización y reunión de los niños con sus familias para empezar su reintegración a las comunidades.

Un niño soldado en la República Centroafricana. UNICEF/ Pierre Holtz
Un niño soldado en la República Centroafricana. UNICEF/ Pierre Holtz

Impacto invisible y duradero

El actor Forest Whitaker, activista de los derechos de los niños, fue otro de los oradores de la sesión, en la que afirmó que las violaciones que estos jóvenes han sufrido acarrean «impactos invisibles» duraderos, que incluyen meses o años de educación perdida.

“Esas brechas se convertirán en oportunidades reducidas”, recaló y añadió que, en muchos casos, serán limitados por el estigma social.

Whitaker es fundador de una iniciativa de paz y desarrollo que busca restaurar el vínculo entre los niños afectados por el conflicto y sus comunidades en Sudán del Sur, Uganda y otros países.

En su turno al micrófono, el ganador de un Oscar y enviado especial de la UNESCO para la Paz y la Reconciliación, relató que un ex niño soldado llamado Benson Lugwar se ha convertido en una figura respetada en su comunidad en el norte de Uganda.

Los jóvenes como él tienen un mensaje de esperanza y resistencia, subrayó.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/06/1493822

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La ley las protege, los datos las ocultan y ellas callan

Reseñas

Reseñas/Asia/Tailandia/11 Junio 2020/elpais.com

En Tailandia, el estigma social, las tradiciones y la inacción policial mantienen a muchas mujeres víctimas de violencia de género en silencio, mientras que la falta de estadísticas las invisibiliza

Después de romper con su esposo, Saifon trató de comenzar de nuevo. Acabó pagando con su propia vida. La granjera de 21 años de Nakhon Si Thammarat, una ciudad del sur de Tailandia, había comenzado a verse con otro hombre después de que su matrimonio se rompiera seis meses antes. Cuando su celoso exmarido se enteró, la apuñaló hasta la muerte en un brutal ataque que también dejó gravemente herida a su nueva pareja.

Nunca se sabrá con certeza por qué Saifon dejó a su esposo, pero los medios locales sugirieron tras su asesinato que el hecho de que la matara de una manera tan despiadada apunta que estaba tratando de escapar de un hombre violento. En Tailandia este tipo de casos, de hombres que agreden y matan a sus exnovias o exesposas, no son infrecuentes, aunque la magnitud del problema se subestima y rara vez se ha documentado, explican varios expertos sobre la materia en la Revista Internacional de Salud de la Mujer.

La doctora Henriette Jansen, investigadora principal del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) apunta esta falta de datos de violencia contra las mujeres. Hace ya 20 años de la encuesta que las autoridades realizaron para conocer la prevalencia de la violencia de género entre la sociedad. En aquel estudio, el 44% de las mujeres dijeron haber sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida y alrededor del 22% informó de que había sucedido en los últimos 12 meses.

“En Tailandia nunca se ha hecho otra encuesta nacional hasta la fecha y es importante darse cuenta de que es la única forma de obtener información sobre cuál es la proporción de mujeres que experimenta violencia. Todavía usamos viejas tasas de prevalencia para el país”, lamenta Jansen. Y los datos parciales de los que se dispone no arrojan información positiva.

El Ministerio de Justicia comunicó en julio de 2018 que la violencia en el ámbito de la pareja o expareja había ido en aumento año tras año en sus estadísticas. Durante los primeros siete meses de 2018, más de 360 mujeres y niños fueron víctimas de abusos en el hogar en este país de 69 millones de personas. De estos casos, el 83,6% se produjeron solo en el primer trimestre, de enero a marzo.

Los datos más recientes de la Administración Metropolitana de Bangkok, la capital de Tailandia, ciudad de 8,2 millones de habitantes, muestran que 1.115 mujeres fueron víctimas de violencia de género entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. El número se obtuvo de 11 hospitales y 68 centros de servicios de salud pública. Del total, el 33,75% de las víctimas estaban casadas y el 18,89% eran novias de sus agresores. No aparecen casos de ninguna exnovia. El 34,98% de las agresiones tuvo lugar en casa y el 27,09% en otros lugares.

Jansen subraya que si se suman los números de casos de violencia de los juzgados, la Policía y los centros de salud, se obtendrá solo la punta del iceberg. “Hace 20 años, la misma encuesta mostró que solo el 1% de las mujeres que había experimentado violencia en la pareja habían acudido a la policía. Los datos de los servicios oficiales no muestran lo que está sucediendo, son una gran subestimación”, advierte. En vista del hecho de que la mayoría no informa sobre la violencia, ella sugiere que no hay duda de que los datos, en realidad, “son mucho más altos”.

El pasado San Valentín, un hombre disparó y mató a su exmujer mientras trabajaba en una clínica de belleza en un centro comercial de Bangkok. La policía dijo que se habían divorciado una semana antes y él se había enfurecido tras ver en las redes sociales que alguien le había regalado un ramo de flores. Otra noticia reciente informaba de un caso en el que un marido celoso asesinó a un policía que había mantenido relaciones con su exesposa y después le cortó el pene y lo arrojó al fuego.

Jaray Singhakowinta, doctor en Filosofía y profesor adjunto de estudios de la sexualidad en la Escuela de Graduados de Lenguaje y Comunicación de Tailandia, dice que los medios locales se apoderan de estas historias y las cuentan de forma sensacionalista, aunque claramente existe un problema.

«Las dificultades económicas de Tailandia durante los últimos años y la creciente insensibilidad de las personas hacia la violencia contribuyen al aumento de los crímenes contra las mujeres», sugiere Singhakowinta. Los datos de la fundación Movimiento Progresista de Hombres y Mujeres (WMP), revelan que de los 623 casos de violencia de género contabilizados en 2018, 384 fueron asesinatos. Según sus estadísticas, además, estas cifras representan un incremento del 35,4% de las agresiones machistas respecto a 2016.

Los valores tradicionales de la familia tailandesa juegan un papel importante en esta situación, pues enfatizan una división clara entre los asuntos públicos y privados, alentando a las mujeres a guardar silencio sobre los problemas en el hogar y con sus parejas para mantener el honor de la familia. Algunos proverbios repetidos con frecuencia, incluso, desaconsejan intervenir en la vida amorosa de otras personas, para evitar que sus intenciones se malinterpreten y se les vea como la persona que intentó destruir la relación cuando la pareja finalmente se reconcilia.

Los valores tradicionales de la familia tailandesa alientan a las mujeres a guardar silencio sobre los problemas en el hogar y con sus parejas para mantener el honor de la familia

Phil Robertson, subdirector de la división de Asia de la organización Human Rights Watch, dice que “la vergüenza, el estigma social y la falta de interés o la capacidad de involucrarse por parte de la policía contribuyen aún más a que las víctimas estén realmente solas para hacer frente al problema y dependen de amigos o familiares para intervenir”.

Se suponía que esta situación cambiaría con la aprobación de la Ley de Víctimas de Violencia Doméstica de 2007 y la modificación del Código Penal. La citada ley comprende 18 secciones, muchas de ellas importantes para las víctimas, los perpetradores y los funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, la número cuatro establece que “quien realice cualquier acto de violencia doméstica irá a prisión durante un máximo seis meses, pagará una multa de 6.000 bahts (unos 172 euros), o recibirá ambos castigos”. La sección cinco, por otro lado, señala que una víctima de violencia doméstica o una persona que ha tenido conocimiento de que ha sucedido una agresión, “tendrá el deber de notificarlo a un funcionario competente para que pueda ejecutar esta ley”.

Antes de 2007, la ley penal no incluía la violación conyugal como un delito, por lo que las mujeres no estaban legalmente protegidas contra las agresiones sexuales por parte de su pareja. La violencia que ocurre en la esfera pública o es cometida por un maltratador no familiar, como los ataques sexuales y el acoso, se condena con el Código Penal.

Sin embargo, aunque la policía tiene más poder que antes para actuar, sigue siendo reticente a intervenir. Las leyes pueden haber cambiado, pero las actitudes no. Como resultado, señala Robertson, “los maltratadores y asesinos a menudo se salen con la suya y sus crímenes quedan impunes. Algunos perpetradores, incluso llevan el asunto un paso más allá al afirmar que sus actos violentos no deben ni considerarse delitos”.

Ruengrawee Pichaikul, directora del Instituto de Investigación de Género y Desarrollo de Tailandia, reconoce que el sistema de Justicia que trata con el problema de la violencia de género “está fallando, comenzando por la policía que no la incluye en su lista de delitos prioritarios”. La experta recalca que en el último informe disponible sobre violencia contra las mujeres del Departamento de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Familiar, de 2017, “no recoge ningún castigo a un maltratador en las estadísticas”.

De los 30.000 casos que Pichaikul estima que se dan realmente cada año, “el número de informes policiales se reduce a la mitad, y a un menor número de mujeres que buscan justicia en los tribunales, por lo que la impunidad es el principal problema”. Muchos casos, añade, acaban en una mediación entre la víctima y el maltratador.

Como explicó a un medio local en 2019 el coronel Ying Paweena Ekchat, un oficial investigador calificado, menos del 10% de las víctimas de violencia de género solicita el enjuiciamiento. Sittisak Wanachakit, vicepresidente de la Corte de Apelaciones, expresó en el mismo reportaje que por mucho que la ley de protección para las víctimas ya esté en vigor, pocos casos llegan a los tribunales y la mayoría de las personas no tienen ni siquiera acceso a la Justicia.

Katherine Gerson, investigadora para Tailandia de Amnistía Internacional, recuerda que en enero de 2017, “el Gobierno aprobó un proyecto de ley para reemplazar el de 2007”. De aprobarse, tras ser presentado a la Asamblea Legislativa Nacional para su consideración, cubrirá el acoso sexual, proporcionará medidas más integrales para combatir violencia doméstica y brindará una mayor protección a las víctimas.

Pese a los avances, y teniendo en cuenta la aceptación generalizada de la violencia machista entre la ciudadanía y las agencias gubernamentales, Tailandia todavía tiene «un largo camino por recorrer antes de que cese la violencia» contra las mujeres, concluye Robertson de HRW.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/05/12/planeta_futuro/1589299240_150276.html

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Contra la impunidad por las violaciones en la guerra de Bosnia

Noticias

Europa/Bosnia/16 Abril 2020/elpais.com

Mujeres bosnias, serbias y croatas, algunas de ellas víctimas, trabajan unidas desde 2003 para ofrecer todo tipo de ayuda a las miles de personas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto de los Balcanes

A pesar de ocupar los bajos de un edificio, la sede de la ONG Mujeres Víctimas de la Guerra pasa completamente desapercibida en un barrio de clase trabajadora en Sarajevo. No hay ninguna placa ni cartel en la puerta de entrada y una cortina cubre los cristales de las miradas de los curiosos, o de posibles atacantes. Dentro, en una humilde oficina, un grupo de mujeres valientes, algunas de ellas víctimas, proporciona desde el año 2003 todo tipo de ayuda a los miles personas que sufrieron cualquier tipo de violencia sexual durante la guerra que desangró Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995.

«Han profanado la tumba de una de las fundadoras y hasta siete u ocho veces ha habido ataques contra la residencia de nuestra presidenta. Pero el Ayuntamiento del pueblo no ha hecho nada para protegerla. En general, el trabajo de la asociación molesta a los políticos», explica Amela Hasecic, alma de la ONG e hija de su histórica presidenta. A partir de unas de 6.000 declaraciones, la entidad ha podido identificar a más de 2.700 agresores y a más de 10.000 mujeres violadas durante la guerra. Pero se calcula que el número real de víctimas de este tipo de agresión durante el conflicto bélico oscila entre las 20.000 y 40.000.

«En el caso del ejército serbobosnio, la violación fue utilizada de forma sistemática como un arma de guerra con el objetivo de destruir las familias y llevar a cabo una limpieza étnica. Soldados de otras etnias también cometieron este tipo de crímenes, pero por decisiones individuales «, comenta Amela Hasecic, una mujer de mediana edad y una mirada llena de determinación. Su madre, Bakira Hasecic, fue víctima de las tropas serbias en Visegrado, y su testimonio fue clave en alguno de los juicios celebrados en La Haya por parte del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia.

Si bien las fundadoras de Mujeres Víctimas de la Guerra fueron una treintena de bosníacas —término usado para referirse a las personas de religión musulmana en Bosnia—, pronto se sumaron a la iniciativa mujeres croatas y serbias. En un país en el que las tensiones entre los tres grupos mayoritarios, bosníacos, serbios y croatas, están aún a flor de piel, esta entidad ofrece un bello ejemplo de cooperación multiétnica. «La única división que cuenta es entre víctimas y criminales», es uno de los mantras de la ONG.

Terapia contra el estigma social

Entre las tareas de la entidad figura recopilar toda la información posible para conservar la memoria histórica, y por ello registran las declaraciones de cada nuevo miembro. También proporcionan asistencia material, psicológica y jurídica a las víctimas y a sus hijos. Muchas de las mujeres violadas decidieron abortar, otras conservaron sus hijos, pero las hubo que los dieron en adopción o se los quedó el agresor. Algunas fueron utilizadas como esclavas sexuales durante meses.

La entidad ha identificado a 62 de estos hijos perdidos, y si lo quieren las dos partes, facilita el reencuentro. Hasta ahora, lo ha hecho ya en ocho ocasiones. Además, ha apoyado a los chavales con becas de estudio y ayudas a la inserción profesional. Con el objetivo de eliminar el estigma social que sufren estos jóvenes, colabora con una asociación nueva llamada Hijos Olvidados de la Guerra, creada por la activista Anja Jusic. Ella misma nació fruto de un estupro.

«La terapia es muy importante, porque en una sociedad como la bosnia, muchas víctimas han sufrido una muerte psicológica. Solemos trabajar con grupos de diez personas, y nos encontramos una vez por semana durante cerca de un año. Pero claro, nos adaptamos a la necesidad de cada persona «, dice Besima Catic, una psicóloga que trabaja con este perfil de víctima desde el inicio de la guerra. La asociación incluye también unos 270 hombres víctimas de agresiones sexuales, que en algunos casos incluían mutilaciones.

«Con las mujeres, el objetivo es hacer desaparecer el sentimiento de culpa y vergüenza. El trabajo con los hombres es diferente. Se trata de hacerles entender que, pasara lo que pasara, no han perdido su virilidad. A muchos, las esposas los abandonaron», añade la psicóloga, que considera más difícil trabajar con los hombres víctimas porque les cuesta más hablar de lo sucedido.

Según Catic, un momento muy importante en el proceso de cura es la declaración ante un tribunal. Cuando la ONG cuenta con suficientes pruebas, presenta una denuncia a la fiscalía. Hasta ahora, ya se han celebrado docenas de juicios. «El solo hecho de encontrarse en un tribunal, y ver el agresor en el banquillo ya tiene un efecto curativo. Ayuda a retirar el sentimiento de culpa y confirma el estatuto de criminal del violador», sostiene la psicóloga.

Catic se encarga también de preparar psicológicamente a las mujeres para el difícil momento de tener que revivir en público el trauma. Gracias a la labor de entidades como esta, una resolución del Consejo de la ONU de 2008 reconoce la violación como «un crimen de guerra». En Bosnia, las víctimas reciben una pensión del estado de unos 250 euros mensuales.

Obstáculos legales en la lucha por la justicia

En 1993, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para investigar y juzgar a los principales sospechosos de crímenes de guerra. En total, procesó 167 personas y se iniciaron más de un centenar de juicios. A finales de 2017, el TPIY cerró sus puertas habiendo condenado a algunos perpetradores símbolo de la limpieza étnica, como Ratko Mladic, máximo líder militar serbobosnio. Ahora son los tribunales de los diversos Estados surgidos de la antigua Yugoslavia los encargados de continuar desempeñando esta labor. “El TPIY se ocupó de los casos más graves, los “peces gordos”. Los nacionales están juzgando a los cargos medios, y a los verdugos que implementaron las órdenes sobre el terreno”, explica Hikmet Karcic, investigador de Sarajevo especializado en crímenes de guerra.

Según algunos expertos, en general, el balance de estos dos años es muy negativo. “El negacionismo, revisionismo y continuo apoyo político a quienes cometieron crímenes de guerra significa que a menudo los Estados no quieren extraditar a sus nacionales. Se han firmado protocolos de cooperación regional, pero en la práctica hay a menudo más obstrucción que cooperación”, declaró hace unos meses a EL PAÍS Natalya Clark, profesora de la Universidad de Birmingam (Reino Unido), especializada en Justicia Transicional en los Balcanes.

Karcic coincide en señalar la falta de cooperación transnacional como el principal obstáculo para poner fin a la impunidad de los agresores: “Muchos de los acusados o sentenciados en Bosnia y Herzegovina cruzan a Serbia o Croacia. Se “esconden” allí, y se escudan en formalidades para evitar la extradición, como es el caso de Novak Dukic”. En cambio, hace una valoración más positiva del trabajo específico de los tribunales nacionales de su país. “Bosnia es el Estado con más casos abiertos, varios centenares. Pero es verdad que no todos los tribunales trabajan con la misma seriedad. En la República Serbia de Bosnia, donde todo el aparato judicial es serbio, es más reticente a abrir investigaciones”, asegura este joven fornido en un perfecto inglés.

Teniendo en cuenta que muchas violaciones en grupo tuvieron lugar en territorio de la actual República Serbia de Bosnia, la falta de cooperación de las autoridades judiciales es un problema grave. En algunos casos, ya sea por vínculos personales o amenazas, los acusados son absueltos. «Es por eso que pedimos que este tipo de crímenes se persigan en tribunales estatales, no en los provinciales … En un principio, solo nos dábamos por satisfechas con sentencias duras. Ahora, la mera condena, aunque sea a pocos años de prisión, ya nos parece una victoria», comenta Hasecic con aire resignado.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/27/planeta_futuro/1585322337_782761.html

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La infancia en Centroamérica está en peligro, según Save The Children

Noticias

Redacción: Notimérica

Save the Children ha lanzado este martes 6 de noviembre la campaña ‘Infancia en Peligro’ para alertar sobre la «potencial crisis humanitaria que podría llegar a materializarse en México y Centroamérica si no se toman medidas».

A través de historias grabados el pasado mes de agosto en Guatemala y México, la organización quiere dar voz a adolescentes, niños y niñas migrantes, que «no tienen otra opción que escapar de la violencia o el hambre».

Para ello, la ONG lanza la web www.infanciaenpeligro.org y se moviliza en redes sociales en favor de la infancia y sus familias durante su periplo hacia Estados Unidos. Además, está recogiendo firmas para instar a Estados Unidos a que garantice su protección y respete sus derechos.

«La violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, el Triángulo Norte de Centroamérica, es asimilable a la de un conflicto armado. Estos países conforman una de las regiones más violentas e inseguras del mundo. Si a ello se le suma la persistente pobreza o la crisis en Nicaragua, tengamos claro que no cesarán los desplazamientos de miles de personas que en busca de protección internacional y de una vida mejor», afirma el director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria la ONG, David del Campo.

La organización insiste en que se garantice la protección de los miles de menores que componen la ‘Caravana Migrante’ y se implementen medidas que aseguren en todo momento el interés superior de los niños y las niñas, incluyendo el derecho a no ser separados de sus familias.

Según recuerda esta ONG, las maras y las pandillas representan actualmente «verdaderos ejércitos» que reclutan niños, niñas y adolescentes para ejercer la delincuencia y estima que el número de los miembros de las maras equivale al 83% del total de efectivos armados en los ejércitos o el 89% de la policía de la región.

CONDENADOS AL ESTIGMA Y SEPARADOS DE SUS FAMILIAS

Alerta, además, de que, como ocurre habitualmente durante las entradas irregulares de México a Estados Unidos, quienes aspiren a cruzar se tendrán que poner en manos de los ‘coyotes’ para pasar la frontera, con el consecuente riesgo que conlleva para su seguridad. Si finalmente llegan a sus destinos, «tendrán que vivir bajo el estigma derivado del aumento de la retórica política que criminaliza a las personas migrantes en Estados Unidos».

La organización también mantiene su preocupación ante las medidas policiales que han llevado a que menores sean separados de sus familias de manera indefinida y retenidos en jaulas. Alerta también de que de que las niñas y los niños detenidos corren mayor riesgo de sufrir depresión y ansiedad, experimentan un mayor índice de intentos de suicidio o autolesiones y padecen trastornos de salud mental y problemas en su desarrollo.

Fuente: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-infancia-centroamerica-peligro-save-the-children-20181106155326.html

 

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