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Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”

Por: Thais Iervolino.

 

En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita

La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. 

Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.

En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.

Lee la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?

Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.

De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.

Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.

¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?

Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.

“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”

Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.

También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.

En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?

Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.

Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.

Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.

Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?

Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.

Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.

¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?

Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.

La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?

Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.

Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.

¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?

Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.

Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.

En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.

Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.

“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”

Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?

Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.

La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.

¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?

Aminta Navarro –  La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.

Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/

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CLADE: Fernanda Saforcada, El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado

Por: Thais Iervolino.

En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas

América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. 

Fernanda Saforcada: El incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Foto: conadu.org.ar

Esta constatación está presente en “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, investigación elaborada por el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de Argentina, en alianza con Internacional de la Educación (IE).

De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.

La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.

En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.

¡Buena lectura!

La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario? 

Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.

Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.

Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.

Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.

Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.

Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.

Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.

Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso.  Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.

En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.

Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.

“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”

Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.

Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.

En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.

Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.

Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.

En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.


El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización? 

Fernanda Saforcada – En términos generalescuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.

En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.

Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.

A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.

“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”

Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.

En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.

“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”

Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.

En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.


¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?

Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.

Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.

En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.

A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/

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La educación superior en Iberoamérica

Por: Juan Carlos Yáñez Velazco

¿Cuántos estudiantes, profesores e investigadores existen en Iberoamérica? ¿Cuáles son los progresos más notables en el cumplimiento del derecho a la educación superior? ¿Importa a los gobiernos el financiamiento de las instituciones educativas? ¿Cuánto se invierte en enseñanza superior? ¿Están ingresando más mujeres a las universidades?

En noviembre pasado se publicó el informe ‘Panorama de la educación superior en Iberoamérica. Edición 2019’, con el título Caracterización de los sistemas de educación superior y de acreditación universitaria, preparado por Ana Fanelli, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), a petición del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.

El informe contiene respuestas a las preguntas [y muchas otras] formuladas en el párrafo inicial, con una exposición de los principales resultados con base en las estadísticas comparativas de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, de 2010 a 2017. Se organiza en nueve secciones: contexto económico, demográfico y educativo; matrícula; cobertura; nuevos ingresos; graduados; internacionalización de la matrícula; personal académico; financiamiento e investigación y desarrollo.

En su conjunto, ofrece una mirada global a los rasgos que caracterizan la educación superior en Iberoamérica y Latinoamérica, ligando datos a las variables del desarrollo económico. Por eso, inicia con un capítulo sobre el crecimiento, resaltando que en general, entre 2010 y 2017, las economías de América Latina e Iberoamérica crecieron en promedio a un ritmo moderado. La tasa de crecimiento de América Latina fue de 3,6% anual promedio, resultado de la desaceleración y contracción de la actividad económica de la región que comenzó en 2011, como efecto de la caída del precio de las principales materias primas en el mercado internacional.

La situación económica de América Latina mejoró en 2017, por la recuperación del comercio internacional siendo el crecimiento promedio de 1,3%: “No obstante, este crecimiento se estima menor en 2018, cercano al 1,2%, en el marco de un contexto internacional que, para el 2019, augura una retracción de la dinámica de crecimiento tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes por la disminución del comercio mundial”.

Junto a estos procesos, ocurrió también una caída progresiva de la tasa de natalidad en varios países de Iberoamérica, con repercusiones en la población del grupo de edad para estudios universitarios, esto es, 18-24 años; por otro lado, mejoró la tasa de graduación del nivel medio y aumentó la matrícula universitaria.
En 2017 se estimó que la población en educación superior alcanzó los 30 millones de estudiantes, con un crecimiento promedio anual de 3,7%, y ritmos destacados de expansión en Perú, México, Ecuador, Colombia y Bolivia, mientras que disminuía en Cuba y Portugal.

Con excepción de Argentina y Cuba (que solo ofrece enseñanza pública), en los otros 15 países el crecimiento proporcional fue mayor en los sistemas de educación superior privada. Así, en 2017, la educación superior privada representaba la mayor parte en Chile (84,4%), Perú (74,7%), Brasil (73,3%), El Salvador (69,1%) y República Dominicana, superiores al promedio en América Latina (54%) e Iberoamérica (51,4%). Con menos del 21 por ciento de la matrícula en instituciones privadas tenemos a España (20,5%), Portugal (16,5%) y Uruguay (14,2%).

El informe pondera el interés individual para obtener enseñanza superior: “Se aprecia el esfuerzo realizado por las familias y los estudiantes financiando su inversión en capital humano en aquellos países en los cuales la matrícula del sector privado es muy importante y en los que se dispone de información sobre el gasto privado en educación superior, como son los casos de Chile y Colombia”.

También se aprecia claramente el rasgo del impulso a la educación de las mujeres, que representan más del 55% en áreas de “educación”, “ciencias sociales, periodismo e información” y “salud y bienestar”.

Con base en la conocida clasificación de Martin Trow, el informe advierte que Argentina, Chile, España, Perú y Uruguay se ubican en la etapa de “universalización”, al lograr una tasa bruta por encima del 50%; el resto, se colocan en el periodo de “masificación”, esto es, más de 15 pero menos de 50% de la tasa bruta. Honduras es el país más atrasado, con apenas el 16,2% en 2017.

La tasa bruta de educación superior en Iberoamérica se relaciona con el nivel de desarrollo económico, medido por el PBI per cápita, aunque Argentina, Chile, Bolivia y Perú tienen una tasa más alta de lo que correspondería, según el indicador del PBI.

Otra manera de medir el progreso es con la proporción de graduados por cada 10 mil habitantes en 2017. En promedio, en Iberoamérica fueron 61,1, con diferencias entre Chile, España y Costa Rica, con un promedio de 90, en tanto que Honduras, El Salvador o Bolivia tenían menos de 40.

La región no es atractiva en el mercado internacional de la movilidad académica. Con datos de 2017, era inferior al 0,6% de la matrícula, con la excepción de Portugal, que tenía al 8,1%.

En 2017 había poco más de 1,7 millones de profesores, el 45% de ellos mujeres, y menos del 12% con doctorado, con excepciones, de nuevo, de Portugal (6 de cada 10 eran doctores) y Brasil.

La inversión en educación superior como porcentaje del PIB era menor a 1,1% en 2017, inferior a los países de la OCDE en 2015, de 1,5%. Notables excepciones las de Chile y Colombia, donde, gracias a la inversión privada, la inversión se acercaba al 2%.

En la conclusiones, la autora del reporte destaca: “Dos tendencias parecen también vislumbrarse en los cambios de la educación superior: la presencia de estudiantes internacionales de ciclo completo y la oferta creciente de educación a distancia.”

Los anteriores son algunos de los datos más relevantes del documento. Delinean rasgos generales y exhiben la posición marginal de las regiones estudiadas frente a las más poderosas; también, los contrastes, atrasos y heterogeneidad. El mapa muestra claroscuros, avances notorios en la inclusión de mujeres pero rezago en la formación de profesores con la máxima habilitación académica, por ejemplo.

Quizá la nota sobresaliente es que una parte de los progresos de los sistemas educativos, especialmente en América Latina, están condicionados por un incierto desarrollo económico. ¿Será capaz la región de inyectar la energía necesaria a la economía para tener un mejor sistema educativo que, a su vez, propulse las variables económicas? ¿Y la políticas y los vaivenes, cuánto contendrán y cuánto impulsarán a los sistemas educativos en la década?

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/la-educacion-superior-en-iberoamerica/

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Clade: Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad

América del Sur/ Brasil/ 30.07.2019/ Fuente: redclade.org.

En América Latina hay diversas experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo. Conoce tres casos que resultaron en importantes logros y que pueden ser útiles para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

El documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, presenta experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo, la cual se enfocó en las acciones llevadas a cabo por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, así como por sus miembros en El Salvador y Haití, respectivamente: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT). 

En distintos contextos, con diversas acciones y estratégias, las iniciativas tienen como punto en común el objetivo de presionar por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, exigiendo de los Estados un financiamiento justo y adecuado para este derecho. Los tres casos resultaron en importantes logros y generaron valiosos aprendizajes, que pueden ser útiles para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. A continuación, conoce más sobre cada una de estas experiencias.

CLADE: ¡Financien lo justo!

La Campaña Mundial por la Educación (CME) lanzó, a inicios de 2017, un llamado a la acción por más y mejores recursos financieros para el cumplimiento del derecho humano a la educación.

La CLADE atendió a este llamado y, en conjunto con sus miembros en diferentes países, puso en marcha la movilización regional “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”.

Con la iniciativa, se buscó alertar para los retrocesos presupuestarios en la educación en distintos países de América Latina y el Caribe (AL&C). En ese contexto, la CLADE lanzó el “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C”, una plataforma virtual que compila datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región, referentes al período del 1998 al 2016.

Otras acciones desarrolladas fueron: la difusión de mensajes en eventos internacionales estratégicos; el apoyo y difusión permanentes a eventos, debates, acciones de incidencia y movilización, así como estudios organizados por los miembros de la CLADE; la realización de un diálogo virtual con estudiantes de la región, para discutir de qué manera las reformas educativas que se impulsan en distintos países afectan el derecho a la educación; y la realización de encuentros presenciales sobre financiamiento educativo y justicia tributaria en Argentina y Perú, así como una campaña de comunicación y movilización a través de las redes sociales sobre esta temática, desde una alianza de la CLADE con Latinidad y Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con miras a sensibilizar e informar la ciudadanía sobre la importancia de la justicia tributaria como forma de asegurar la sostenibilidad del financiamiento del derecho humano a la educación.

La campaña generó amplia visibilidad a las demandas de la iniciativa “¡Financien lo justo!” en el marco de la 72ª Asamblea de la ONU y de la Conferencia sobre el Financiamiento Educativo de la Alianza Mundial por la Educación (AME), donde los gobiernos reconocieron que el financiamiento es un elemento clave y señalaron la necesidad de aumentar los presupuestos educativos. En la Conferencia de la AME, 50 países en desarrollo de todo el mundo anunciaron el aumento de su presupuesto nacional educativo en 30 mil millones de dólares del 2018 al 2020.

El Salvador: 6% Sí, por la educación

La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), coalición de organizaciones y movimientos de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en El Salvador, desde su principio, en 2013, tomó el financiamiento educativo como su principal bandera de incidencia y movilización.

En el 2014, en el marco de las elecciones presidenciales, y con miras a incidir en los planes y propuestas de las candidatas y los candidatos, RESALDE desarrolló y lanzó el estudio “El financiamiento de la educación en El Salvador”, que demostró la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país para lograr un financiamiento adecuado. En base a sus hallazgos, la red desarrolló la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad.

En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.

Gracias a su labor de incidencia permanente y al diálogo respetuoso y constructivo que mantuvo con las diputadas, diputados y representantes del Ministerio de Educación, la RESALDE conquistó el apoyo de las autoridades a la campaña y para elaborar el anteproyecto de ley.

La iniciativa, así mismo, buscó informar a la población sobre la importancia de garantizar más recursos y mejor uso del presupuesto para la educación, estimulando la participación y movilización de la ciudadanía. Mensualmente, se han organizado reuniones y círculos de diálogo con la sociedad civil. En 4 años, se realizaron debates en 42 municipios.

“Hemos concientizado mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables de nuestro país, que ahora nos apoyan y reconocen como red aliada, además de un colectivo relevante en el país”, celebra Max Ayala, coordinador de Comunicación de RESALDE.

Haití: defensa de ley para regularizar el cobro de tasas escolares

En Haití, cerca del 80% de las escuelas son privadas. Además de las tasas de matrícula y mensualidades, las escuelas privadas cobran una tasa anual para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Frente a ese escenario, en el 2009, el ex senador de Haití, Kely Bastien, presentó un proyecto de ley para regularizar el cobro de tasas escolares por el sector privado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado en ese mismo año.

Sin embargo, la aprobación de la ley generó una amplia resistencia por parte del sector privado, haciendo que la Presidencia de la República no la publicara, postergando su entrada en vigor. Fue solamente en enero del 2017, luego de una insistente movilización popular, que la Presidencia decidió publicar el reglamento.

Para hacer frente a la resistencia del sector privado a la ley de regularización de las cuotas escolares, visibilizar el derecho humano a la educación y presionar por la aprobación y publicación de la ley, la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT), desde 2009, puso en marcha una serie de actividades de incidencia política y movilización social en todos los departamentos del país.

La divulgación de la ley a los distintos grupos de base que componen la membresía de la REPT, entre ellos sindicatos docentes, madres y padres en distintas partes del país; la realización de encuentros con comunidades educativas y movimientos sociales para presentarles la propuesta de ley; conferencias de prensa; y la organización de encuentros con parlamentarias y parlamentarios para presentarles recomendaciones de la sociedad civil e incidir por la aprobación de la ley, fueron algunas de las acciones desarrolladas.

“Nuestra estrategia fue crear a nivel nacional una opinión pública, primero, favorable al voto y, segundo, a la publicación de la ley. Eso se hizo en muchas zonas del país, para que muchas organizaciones hicieran públicas sus opiniones a favor de la ley, lo que contribuyó mucho a su aprobación”, afirma William Thélusmond, coordinador general de la REPT.

Cuando la ley fue finalmente publicada, la REPT realizó una masiva difusión de su contenido en todos los departamentos del país, y promovió encuentros con actores de la comunidad educativa y autoridades locales, exhortándoles a aplicar el reglamento. Solicitó también al Ministro de Educación y Formación Profesional que se pronunciara públicamente sobre la obligatoriedad de la aplicación de la ley, y demandó la creación de mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento de la norma.

Sobre la Publicación

Resultado de un esfuerzo permanente de la CLADE en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros, la publicación presenta casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/experiencias-de-lucha-por-el-financiamiento-adecuado-para-una-educacion-de-calidad/

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Ministerio Educación Israel retoma bajo presión financiamiento para el programa de educación de adultos para mujeres beduinas

Europa/Israel/haaretz.com/

El Ministerio de Educación quería detener su financiamiento, pero bajo presión, extendió el financiamiento por un año más. Sin embargo, no ha comprometido financiamiento por más tiempo.

El cierre programado fue informado por Haaretz , lo que llevó a que varios miembros de la Knesset realizaran consultas, después de lo cual el Ministerio de Educación cedió y acordó financiarlo por un año más, pero no hizo ningún compromiso más allá de eso. El programa está dirigido por la Asociación de Centros Comunitarios de Israel.

La iniciativa comenzó en 2012 como parte de un plan gubernamental de cinco años para mejorar las oportunidades para la población beduina del país. En agosto, la jefa del Distrito Sur del Ministerio de Educación en ese momento, Amira Haim, anunció que su ministerio ya no lo financiaría. Como resultado, no se aceptaron nuevos estudiantes y no se permitió que los que habían iniciado el programa progresaran para realizar un trabajo de curso más avanzado.

El miembro de la Knesset, Itzik Shmuli (Unión Sionista) presentó recientemente una pregunta parlamentaria sobre el tema. En respuesta, el viceministro de Educación, Meir Porush, quien no estaba familiarizado con el tema, admitió que su presupuesto era pequeño y que debería ser fácil encontrar financiamiento para ello. Unos días después, el Ministerio de Educación se comunicó con la Asociación de Centros Comunitarios y anunció que también continuaría con el programa este año. Se organizarán nuevas clases y los centros comunitarios locales están reclutando nuevos estudiantes.

El programa está abierto a todos los estudiantes adultos, pero está especialmente dirigido a mujeres beduinas que se vieron obligadas a detener sus estudios debido a dificultades sociales o económicas. Los estudiantes aprenden hebreo, inglés, árabe, matemáticas, educación cívica y el uso de computadoras. Los niveles de clase van desde lectura y escritura básicas hasta cursos que conducen a un diploma de escuela secundaria.

«Estamos agradecidos a todos los que han ayudado a abordar este problema», dijo Ziadana, pero agregó: «Financiar este programa por otro año no es suficiente. El programa requiere continuidad. Cualquier mujer que lo inicie necesita terminar cada fase para alcanzar su potencial «.

La residente de Rahat, Samia Elkrinawi, de 44 años y estudiante en el programa, dejó la escuela hace 30 años. Ella dijo que quería estudiar hebreo para poder abrir una instalación turística en su casa. “Estudié hebreo e inglés, pero el inglés no era suficiente. No tenia tiempo Quiero reanudar el curso «.

Fuente: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-ministry-changes-course-to-spare-adult-education-program-for-bedouin-women-1.6635912

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Cómo la Charter School Wars aportó a una carrera oscura en la 2da elección más cara de California

América del NOrte/EEUU/theintercept.com/

EL lobby de la escuela AUTÓNOMA DE CALIFORNIA está probando su influencia en la carrera por el Superintendente de Instrucción Pública, convirtiendo una elección para una posición estatal algo oscura en una batalla notablemente cara.

Más de $ 50 millones han ingresado al concurso entre dos demócratas para un cargo no partidista con poco poder legal. Para la perspectiva,  esto es más dinero recaudado que en cualquier carrera de la Cámara de los EE. UU. En este ciclo y en la mayoría de las carreras en el Senado, por no mencionar todas las otras razas en California, a excepción del gobernador.

La carrera, entendida en gran parte como una guerra de poder para el futuro de las escuelas charter de California, es el segundo intento por parte del lobby de las escuelas charter del estado para demostrar su influencia en este ciclo electoral. Los candidatos, Marshall Tuck y Tony Thurmond, insisten en que la carrera es mucho más que charters, que actualmente matriculan al 10 por ciento de los 6.2 millones de estudiantes de escuelas públicas del estado, aunque admiten que tienen diferentes visiones para los fondos financiados con fondos públicos y privados. escuelas. Eso es algo que sus fundadores también reconocen.

Tuck, un candidato por segunda vez para el puesto que nunca ha tenido un cargo electo, ha recibido el respaldo del San Francisco Chronicle, el San Jose Mercury News y el San Diego Union Tribune, entre otros. Está respaldado por el movimiento de escuelas autónomas, que ha gastado cerca de $ 30 millones en apoyo de su campaña. Tres individuos solos, el desarrollador de bienes raíces Bill Bloomfield, la cofundadora de Gap Doris Fisher y el capitalista de riesgo Arthur Rock, han otorgado un total de $ 11 millones.

La campaña de Tuck también ha recaudado más de $ 5 millones, algo que dice que desafía la idea de que fue comprado y pagado por el lobby chárter, que no dio dinero directamente a su campaña. “La gente se enfoca en los gastos independientes, pero yo voy por el camino opuesto. «Hemos recaudado dinero de más de 4,000 personas en contribuciones directas, que van desde altos ingresos a bajos ingresos, personas que apoyan los estatutos, personas que se oponen a ellos, y todo lo demás», dijo. «Las personas que me respaldan solo creen que las escuelas públicas no están funcionando para todos».

Thurmond, un miembro de la asamblea estatal que representa a una ciudad en el Área de la Bahía de San Francisco, trabajó anteriormente como profesor, trabajador social, miembro del consejo municipal y miembro de la junta escolar. Thurmond  cuenta con el apoyo de  The Sac Bee y Los Angeles Times, el Partido Demócrata del estado, la Asociación de Maestros de California y otros sindicatos. Ha recaudado cerca de $ 16 millones. La Asociación de Maestros de California es el mayor partidario de Thurmond, donando $ 8 millones a su campaña.

El interés del lobby de la escuela autónoma en Tuck no es sorprendente. Fue el primer presidente de la red de escuelas autónomas con sede en Los Ángeles, Green Dot, y luego se convirtió en el CEO fundador de la Alianza para las Escuelas de Los Ángeles, una colaboración entre la ciudad y el distrito centrada en mejorar las escuelas públicas de bajo rendimiento. También es miembro de la junta de Parent Revolution, un grupo de defensa de la elección escolar.

En una entrevista, Tuck dijo que la cantidad de dinero que se gasta en la carrera es refrescante y un cambio apropiado para un estado que ha desvalorizado la educación pública. «Hay 19 millones de votantes registrados en California, así que cuando das un paso atrás, eso realmente se reduce a alrededor de $ 2 por votante, lo que no parece ser una cantidad desagradable de dinero», dijo. “Creo que es bueno que finalmente tengamos muchos recursos enfocados en la educación en una carrera en todo el estado. En California, se requieren muchos recursos para comunicarse ”. Señaló que no se hizo ninguna pregunta sobre educación en el único debate para la carrera de gobernador de California.

Thurmond, a pesar de que también recaudó millones de dólares, fue más crítico con el flujo de dinero. «Realmente deseo que la cantidad de dinero que se gasta en esta carrera se proporcione a los estados y distritos escolares para educar a nuestros niños», dijo. «Creo que es un desperdicio. Ese dinero debería ir a cerrar la brecha de logros, preferiría verlo ir allí «. También criticó a los multimillonarios que» están gastando mucho dinero para apoyar a [Tuck] y denigrando a mí ya los niños a quienes serví en un nivel bajo Distrito de ingresos. Creen que saben más que los educadores, y sé que muchos de esos multimillonarios tienen fuertes sentimientos en contra de los sindicatos de docentes «.

LA Asociación de Escuelas CHÁRTER DE CALIFORNIA , una fuerza formidable en la política estatal, es consciente de que esta elección es una oportunidad importante para demostrar que su influencia tiene poder de permanencia. El lobby está respaldado por algunos jugadores clave, como el filántropo multimillonario Eli Broad y el CEO de Netflix, Reed Hastings, y ha flexionado sus músculos financieros en los últimos años, gastando más que los sindicatos de docentes, que históricamente han dominado la política educativa. Como informó EdSource , en 2015 y 2016, la Asociación de Maestros de California donó $ 4.3 millones a candidatos y comités políticos, mientras que la asociación chárter gastó más de $ 17 millones en candidatos estatales y locales.

En 2015, por ejemplo, el lobby chárter gastó  más de $ 2 millones para elegir a Ref Rodriguez como miembro de la junta escolar de Los Ángeles, lo que lo convirtió en el primer operador de escuelas chárter en unirse a la junta. En 2017, los defensores de la reforma educativa obtuvieron tres escaños más, lo que le dio a la junta directiva una escasa mayoría pro-charter  por primera vez en la historia . Las carreras de 2017 fueron las carreras de la junta escolar más caras en la historia de los Estados Unidos, con el lobby chárter que invirtió $ 9.7 millones para elegir a sus candidatos, junto a los $ 5.2 millones del sindicato.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles muestra a Ref. Rodríguez.  Rodríguez, el ex presidente de la junta escolar de Los Ángeles se declaró culpable el lunes 23 de julio de 2018, de reembolsar las contribuciones de la campaña a amigos y familiares y renunció a su cargo más reciente como miembro de la junta.  En virtud de un acuerdo con los fiscales, Rodríguez se declaró culpable el lunes de conspiración para cometer una contribución de nombre falso y cuatro cargos de delitos menores similares.  (Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles / LAUSD a través de AP)

Una foto sin fecha proporcionada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles de Ref. Rodríguez.

Foto: Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a través de AP

Sin embargo, la victoria del movimiento chárter fue efímera. En septiembre pasado, Rodríguez fue acusado penalmente de  lavado de dinero durante su campaña de 2015. El verano pasado, Rodríguez se declaró culpable de conspiración y renunció a la junta, una vergüenza vergonzosa para los defensores de los estatutos, y una que deja el equilibrio de poder de la junta escolar una vez más en el aire. Una  elección especial para ocupar su asiento está programada para marzo.

Los defensores de la Carta enfrentaron otra gran derrota este año  cuando gastaron $ 23 millones en respaldo de Antonio Villaraigosa para gobernador. Fue el mayor esfuerzo de gasto independiente para una primaria de gobernador en la historia de California y, a pesar de la ráfaga de avisos de ataques, Gavin Newsom ganó el concurso fácilmente. Se espera que el próximo gobernador juegue un papel importante en la configuración de la política de las escuelas autónomas del estado, y muchos observadores sintieron que el lobby chárter superó su mano al atacar a Newsom.

El gobernador saliente de California, Jerry Brown, recibió el apoyo del sindicato de docentes durante su mandato, pero en gran medida evitó colocar reglas más estrictas en los estatutos y evitó los debates sobre su futuro a largo plazo en el estado. (Sin embargo, el mes pasado, Brown firmó un proyecto de ley, en coautoría de Thurmond, que  prohibiría las escuelas autónomas con fines de lucro .  Vetó una legislación similar en 2015,  que  en su momento fue rechazada por la Asociación de Escuelas Autónomas de California. La asociación  apoyó la factura esta vez .)

Comparado con el gobernador, el Superintendente Estatal de Instrucción Pública tiene mucho menos poder sobre la política educativa, pero tiene una caja de jabón influyente que muchos esperan que sea importante ya que California proyecta su futuro en la educación pública. El superintendente estatal saliente, Tom Torlakson, ha hablado sobre la necesidad de modificar algunas de las políticas de autorización de las escuelas autónomas del estado.

Obtenido para hacer comentarios, la Asociación de Escuelas Chárter de California remitió las preguntas a EdVoice, una organización pro-chárter separada que se dice está manejando los medios de comunicación para la carrera del superintendente estatal. EdVoice no devolvió múltiples solicitudes de comentarios.

LA CARRERA SE HA calentado más en las semanas previas al día de las elecciones, con EdVoice  financiando un anuncio de ataque contra Thurmond que se centró en su tiempo como miembro de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa. El anuncio sugirió erróneamente que Thurmond había sido demandado personalmente por la American Civil Liberties Union y reprendido por el gobierno de Obama. «Tony Thurmond falló a los estudiantes a los que se suponía que debía ayudar», afirma.

En 2012, la ACLU demandó al distrito por las instalaciones escolares, y Thurmond, como miembro de la junta, fue nombrado acusado en la demanda. El anuncio, sin embargo, no menciona que otros cuatro miembros de la junta también fueron demandados, al igual que el superintendente y el superintendente asociado. En 2013, la Oficina de Derechos Civiles del gobierno de Obama publicó un informe que encontró que West Contra Costa no había respondido rápidamente al acoso sexual de estudiantes, aunque Thurmond no era miembro de la junta en este momento. Dijo que su campaña envió una carta de cese y desistimiento en respuesta al anuncio.

La presidenta del Grupo de Mujeres del Partido Demócrata de California también emitió una declaración en respuesta al anuncio, calificándolo de una explotación del movimiento #MeToo , mientras que el NAACP de California envió una carta a Tuck pidiéndole «usar mentiras y noticias falsas para difamar a líderes prominentes». de color «.

La campaña de Thurmond, por su parte,  ha estado publicando su propio anuncio engañoso ,  calificando a Tuck de «un ex banquero de Wall Street» y un «patrocinador pagado de las escuelas autónomas», que está «respaldado por el asesor de educación de Donald Trump y financiado por los mismos multimillonarios. detrás de Betsy DeVos «. El asesor al que se hace referencia en el anuncio es Bill Evers, investigador de la Institución Hoover de Stanford, quien escribió  un artículo de opinión en apoyo de Tuck en septiembre y formó parte del equipo de transición educativa de Trump. Pero el anuncio se acerca a una imagen de DeVos, confundiendo a los espectadores a pensar que la secretaria de educación misma apoyó a Tuck

Tuck envió su propia carta de cese y desistimiento a la campaña de Thurmond, calificando su anuncio de deshonesto por insinuar que estaba respaldado por DeVos y que estaba en la nómina del movimiento chárter.

Tuck le dijo a The Intercept que su campaña está sopesando si demandar por difamación, pero que sería un esfuerzo costoso, y tendrían que probar que el anuncio tenía daños a largo plazo. «Todavía lo estamos investigando activamente, y si pudiera demandar sabiendo que no nos costaría $ 50,000, lo haría mañana», dijo. «Es solo el cálculo financiero, pero no deberíamos normalizar la mentira de estar bien».

En esta foto tomada el martes 11 de septiembre de 2018, el asambleísta Tony Thurmond, D-Richmond, candidato a Superintendente de Instrucción Pública, aparece en un debate de candidatos organizado por el Sacramento Press Club en Sacramento, California. Thurmond se postula contra Marshall Tuck , un ex ejecutivo de escuelas charter.  (Foto AP / Pedroncelli Rico)

El asambleísta Tony Thurmond, D-Richmond, en un debate organizado por el Sacramento Press Club en Sacramento, California, el 11 de septiembre de 2018.

Foto: Rich Pedroncelli / AP

EN TÉRMINOS DE política educativa, las visiones de Tuck y Thurmond tienen algunas similitudes amplias . Ambos hablan apasionadamente sobre cómo terminar con la brecha de logros y servir mejor a los niños más necesitados del estado. Ambos  condenan el hecho de que California ocupa el lugar 44 en la nación en educación K-12, de acuerdo con el US News & World Report, y ambos quieren aumentar los fondos estatales para las escuelas, abordar la  escasez de maestros del estado y ampliar el preescolar.

Pero sus visiones para el crecimiento de las escuelas autónomas son sustancialmente diferentes. Si bien Tuck dijo que las escuelas chárter ineficaces deberían cerrarse más rápidamente y que debe haber una «responsabilidad y transparencia realmente sólidas» para las escuelas, él apoya la apertura de más charters en los vecindarios donde las escuelas públicas tradicionales están produciendo bajos resultados académicos. «No creo que debamos detener las escuelas autónomas a nivel estatal», agregó, aludiendo a un feroz debate en curso sobre si el estado debería intervenir para frenar la expansión de las escuelas autónomas.

Tuck enfatizó que, a pesar de su apoyo a los estatutos, «la gran mayoría del enfoque tiene que ser en las escuelas públicas tradicionales porque allí es donde está la mayoría de los niños». Dijo que su oponente ha pedido una «moratoria» en los estatutos, una término Thurmond fuertemente concursos. Prefiere la palabra «pausa».

Thurmond, por su parte, dijo que no quiere limitar la capacidad de abrir una nueva carta «que tiene mérito», pero que el estado debe ser más «intencional» sobre el crecimiento de la carta. «Como legislador, creo que debemos preguntarnos, ¿cuál es el punto de inflexión en el que perjudicamos a todo el público?», Dijo. Un estudio sobre el impacto de las escuelas autónomas, incluyendo «lo bueno, lo malo y desde el punto de vista de lo que podemos pagar, cuánto más podemos manejar», sería útil, dijo.

Tuck es escéptico sobre el uso de medidas de impacto financiero como una razón para detener nuevos charters. «Las finanzas deben ser un enfoque en cada decisión, pero no creo que si los charters aceptan niños adicionales, eso impida su capacidad para brindar una educación de calidad», dijo. «Solo tendría un impacto si no cambia su comportamiento en absoluto».

En esta foto tomada el martes 11 de septiembre de 2018, Marshall Tuck, un ex ejecutivo de escuelas charter que es candidato a Superintendente de Instrucción Pública, aparece en un debate de candidatos organizado por el Sacramento Press Club en Sacramento, California. Tuck se está oponiendo Asambleísta Tony Thurmond, D-Richmond.  (Foto AP / Pedroncelli Rico)

Marshall Tuck en un debate organizado por el Sacramento Press Club en Sacramento, California, el 11 de septiembre de 2018.

Foto: Rich Pedroncelli / AP

CON MENOS DE una semana hasta la elección, los dos candidatos continuarán luchando por sus calificaciones para dirigir las escuelas de California. Thurmond tiene los endosos más importantes, pero Tuck está gastando más que su oponente más de 2 a 1.

Una encuesta publicada el miércoles por el Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley encontró que Tuck lideraba a Thurmond del 48 por ciento al 36 por ciento, con la ventaja de Tuck «respaldada por el fuerte respaldo de los republicanos» y una mayoría de demócratas que apoyan a Thurmond. Los votantes independientes en la encuesta respaldaron a Tuck 5 a 3, mientras que el 16 por ciento de los votantes probables permanecen indecisos.

Mientras que Thurmond señala su permanencia en la política como una prueba de su experiencia y preparación para el trabajo, Tuck lo ha convertido en un político de carrera que no se opondrá al status quo. El Superintendente de Instrucción Pública del Estado «ha sido detenido por políticos durante el último cuarto de siglo», dijo Tuck al San Francisco Chronicle . «No se pueden resolver estos problemas con un grupo de burócratas en Sacramento».

«Estoy orgulloso de ser un político y un servidor público», dijo Thurmond. “El superintendente del estado tiene que trabajar con el gobernador y la legislatura, y tengo un historial de eso. Me encanta mi trabajo y podría quedarme en la asamblea si quisiera, pero quiero que mi legado político se trate de ayudar a los niños «.

Corrección: jueves 1 de noviembre de 2018.

Esta historia originalmente informó que el anuncio de Thurmond se emitió en respuesta a Tuck’s, pero se produjo antes.

Fuente: https://theintercept.com/2018/11/01/california-superintendent-of-public-instruction-charter-schools/

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Madrid es donde los alumnos de la educación pública salen más baratos

Redacción: El Confidencial

Un nuevo informe muestra que la tendencia en gasto ha sido ascendente en los últimos 15 años, pero no igual en todas las regiones. ¿Por qué la Comunidad aparece tan baja?

Si uno echa un vistazo al último informe sobre gasto educativo publicado por el veterano economista Ángel de la Fuente, Director Ejecutivo de FEDEA, se encontrará, de forma poco sorprendente, con que el gasto total por estudiante ha aumentado en todas las comunidades españolas durante los últimos 15 años. ¿En todas? No. Canarias ha experimentado un crecimiento negativo, es decir, destina menos dinero por estudiante que en el año 2000, el primero que se tiene en cuenta en la publicación. No es el único dato sorprendente. La subida del 29,5% de subida en La Rioja (la comunidad en la que más ha aumentado) contrasta con el bajo 8,7% de la Comunidad de Madrid, donde ha crecido en un grado muy inferior.

El informe llama la atención sobre los aparentemente llamativos datos de Madrid, muy por debajo de la media nacional (que se encuentra en un 17,2% de crecimiento). Además, dicha comunidad se encuentra en el último puesto del gasto directo por estudiante en el sistema educativo público en 2015, con un 86%: es la región donde los alumnos de la pública salen más baratos. Como recuerda el trabajo, “en la mayor parte de casos, la situación de las regiones en términos de sus niveles relativos de gasto por estudiante se ha mantenido bastante estable durante el período analizado”. Con la excepción de Canarias y Madrid, “que pierden 22 y 9 puntos respectivamente. Al otro lado del espectro están, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha, las que más lo han aumentado.

Hay, en definitiva, un abismo de casi 95 puntos entre Madrid y País Vasco en el gasto por cada estudiante de la pública: un coste de 4.069 euros en la capital por 8.547 euros en País Vasco, más del doble. El dibujo cambia un poco si, en lugar de fijarnos tan solo en los colegios de titularidad pública ampliamos el foco a todos los alumnos: en dicho caso, aunque el País Vasco seguiría estando en primer lugar (con un 144,8), pero Murcia y Andalucía superarían por abajo a Madrid con 90,2% y 86,9%, respectivamente. Este dato, que se obtiene dividiendo el gasto total por nivel y región por el número total de estudiantes, refleja “el coste directo para los gobiernos regionales de una plaza en un centro público de enseñanza”.

Como es obvio, a medida que el nivel educativo es más alto, más cara sale dicha plaza, aunque una en una universidad madrileña salga más barata (5.776 euros) que en un instituto de Navarra (7.462). El informe también señala que el peso del gasto privado es mayor en las regiones más ricas. La tendencia, en general, ha sido ascendente: “El resultado neto de todo ello ha sido un fuerte crecimiento del gasto real por estudiante entre 2000 y 2005, que se ha moderado apreciablemente entre 2005 y 2010 en la educación primaria y sobre todo en la secundaria pero no en la universidad, dando paso finalmente a un significativo recorte del gasto público por estudiante a todos los niveles entre 2010 y 2015 que se ha visto compensado solo en parte por un fuerte aumento del gasto privado”.

Lo que los datos desvelan

Gran parte de estas diferencias entre regiones se explica por la variación en la cuantía de los recortes ejercidos por cada comunidad en sus presupuestos educativos, aunque estos hayan sido generalizados: durante los años de la crisis (2010-2015), el descenso en el gasto fue común a todas las regiones, pero en distinto grado (del 20,5% de Castilla-La Mancha hasta el 2,1% de Extremadura). El informe, no obstante, también recuerda que durante dicho período el crecimiento del número de estudiantes ha sido constante, lo que se ha notado especialmente en el gasto universitario (y no tanto en el de primaria y secundaria), con un un crecimiento del 2,05% anual.

En las primeras posiciones sobresalgan País Vasco o Navarra, las dos comunidades con un régimen foral en su sistema de financiación

El trabajo también matiza que “las comunidades forales son las que presentan un gasto más elevado con diferencia (gracias a la elevada financiación de la que disfrutan), mientras que en los últimos lugares del ‘ranking’ en términos de gasto por estudiante suelen concentrarselas regiones del sur, a las que se suman Madrid y Canarias en la parte final del período”. Una división entre dos Españas que provoca que en las primeras posiciones sobresalgan País Vasco o Navarra, las dos comunidades con un régimen foral en su sistema de financiación.

La clave, por lo tanto, quizá haya que buscarla no solo en la cantidad de recursos que cada comunidad destina a materias educativas, sino también, en la importancia de tener un sistema de financiación propio. Como explica el analista especializado en educación Lucas Gortázar, en Madrid hay tres factores que hacen que la posición tan baja de la Comunidad de Madrid no le resulte “sorprendente”. Un de ellos es, de hecho, “la política fiscal de la comunidad con impuestos autonómicos bajos o inexistentes y, por tanto, menos recursos para servicios públicos”.

La reina Letizia visita un colegio de la localidad canaria de La Laguna. (Efe/Cristóbal García)

La reina Letizia visita un colegio de la localidad canaria de La Laguna. (Efe/Cristóbal García)

Además, añade Gortázar, Madrid es “una zona altamente urbanizada(con centros grandes y costes fijos bajos)”, lo que implica que, en principio, el coste por cada nuevo alumno que entra en el sistema sea menor. Por el contrario, las regiones con una alta proporción de escuelas rurales suelen ver disparados sus costes. Ello explicaría también la posición de Cataluña, otra región muy urbanizada, en los puestos más bajos de la lista. A ello hay que añadirle que en la Comunidad de Madrid las “transferencias del Estado son bajas por habitante respecto a la media”.

El caso de Canarias resulta también particularmente llamativo, al ser la única comunidad que ha retrocedido en el gasto respecto a lo gastado en el año 2010. Como recuerda Gortázar, “antes de la crisis en Canarias se produjo una reducción considerable del presupuesto. Durante dos o tres años afectó al número de profesores. Durante la crisis, el esfuerzo fue no seguir reduciendo”. Los datos señalan que, efectivamente, durante el período previo a la crisis, de 2000 a 2005, el crecimiento del gasto en Canarias fue el menor de todas las comunidades (un 6,3%), lo que explica en parte el saldo negativo al final del período.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-09-19/comunidad-autonoma-madrid-gasto-alumno_1615543/

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