China asignó 931.600 millones de yuanes (143.700 millones de dólares) para impulsar el desarrollo equilibrado de la educación obligatoria durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016-2020), informó el Ministerio de Hacienda.
El país distribuyó un total de 587.700 millones de yuanes bajo el mecanismo de garantía del gasto educativo obligatorio urbano y rural durante los últimos cinco años.
En 2020, unos 154 millones de estudiantes que recibían educación obligatoria estaban exentos de las tasas de matrícula y otros cargos en la escuela, mientras que a 25 millones de estudiantes de familias pobres se les ofrecieron subsidios de vida.
De 2016 a 2020, se asignó un total de 163.900 millones de yuanes para mejorar las condiciones de las escuelas en áreas pobres, incluida la informatización de la educación.
Durante el período, otros 103.000 millones de yuanes se distribuyeron a distritos piloto como incentivos en medio de los esfuerzos del país para mejorar el estado nutricional de los niños de las zonas pobres. Fin
Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/14/c_139809319.htm
El déficit global en el financiamiento de la educación podría alcanzar 200 000 millones de dólares anuales, como consecuencia de la crisis desatada por la pandemia covid-19 y en perjuicio principalmente de los países más pobres, señaló este viernes 4 un nuevo informe de la Unesco.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, el ODS 4 propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
“Generaciones enteras están en riesgo, en particular los más vulnerables. Si bien la educación es claramente una víctima de la pandemia, también es la solución para la recuperación a largo plazo”: Audrey Azoulay.
Frente a unas necesidades de financiamiento que la Unesco calcula en 509 000 millones de dólares anuales, los presupuestos nacionales presentaban un déficit de 39 000 millones ya en 2015 y su crecimiento año tras año permitió estimar ese faltante en 148 000 millones de dólares para 2020.
Con el impacto de la covid, principalmente con el cierre de escuelas este año, el plazo más corto para alcanzar las metas del ODS 4 y mejores normas de calidad en la educación, el déficit se incrementa en alrededor de 30 por ciento y se acerca a 200 000 millones de dólares, según la Unesco.
Por ello exhortó a todos los agentes que intervienen en la financiación educativa “a que no escatimen esfuerzos para dar prioridad a la inversión en la educación como bien público mundial”.
Como los ministros de Finanzas de las Naciones Unidas prevén debatir el 8 de septiembre sobre la financiación para el desarrollo en la era de la covid, la Unesco pidió dar prioridad a la inversión en educación para los países de ingresos bajos y medio-bajos.
La agencia recordó que el cierre de escuelas ha causado la pérdida de aprendizaje para millones de personas y “las soluciones de enseñanza a distancia simplemente no son una opción para al menos 580 millones de estudiantes en países de ingresos bajos y medios”.
Los costos aumentan con la necesidad de volver a matricular a los estudiantes, ofrecer programas de recuperación y maximizar las posibilidades de que permanezcan en la escuela.
Además, se necesitan inversiones adicionales para garantizar que los niños estén seguros cuando regresen a las clases y tengan acceso a instalaciones de higiene y aulas adicionales que permitan mantener el distanciamiento físico.
Estos programas y acciones añadirán entre 5000 y 35 000 millones de dólares a las necesidades de financiación.
La Unesco pidió a los países de ingresos bajos y medios-bajos que resistan la presión de recortar su presupuesto para la educación debido al difícil entorno fiscal, y que traten de dirigir una parte significativa de su presupuesto a las regiones y escuelas que se encuentren más marginadas.
También se dirigió a los donantes, destacando que solo 47 por ciento de la ayuda global a la educación básica y media se destina a los países de ingresos bajos y medio-bajos, donde más se necesita, y pidió dirigir esos aportes para apoyar países y regiones con desigualdades crónicas.
América del Sur/ Brasil/ 18.05.2020/ Fuente: redclade.org.
En posicionamiento público, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación defiende cambios en el proyecto de ley para nuevo fondo público de la educación nacional, con el objetivo de asegurar el financiamiento adecuado de este derecho
“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas de hecho comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.
Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que tiene lugar en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/brasil-financiamiento-de-la-educacion-no-puede-poner-en-riesgo-a-otros-programas-esenciales/
América del Sur/Colombia/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com
La ministra de Educación anunció este miércoles dos líneas de crédito para las instituciones educativas y los padres de familia. Dirigida a la educación superior, por otra parte, se dispuso alternativas de crédito desde Findeter y el Fondo Nacional de Garantías y un apoyo para el pago de matrículas.
La emergencia por el nuevo coronavirus ha afectado los bolsillos de los colombianos. La situación ha detonado una lluvia de peticiones, reclamos y faltas frente al tema del sostenimiento, financiación y costo de matrículas de jardínes, colegios y universidades por parte de padres de familia, instituciones y estudiantes. Es por eso que este miércoles, en medio de una transmisión presidencial, la ministra de Educación Maria Victoria Angulo ha anunciado una serie de alivios financieros amasados en compañía del Ministerio de Hacienda con el fin de apoyar la educación nacional.
Se trata de medidas para apoyar los distintos niveles de educación. Para los jardines y colegios privados, el ministerio dispuso una línea de crédito que «permitirá cubrir hasta el 90 % de la nómina, con un respaldo de la nación del 80 %, un periodo de gracia de 6 meses, y un plazo de pago entre 12 y 36 meses». Para este, la cartera destinó un billón de pesos. Asimismo, se creó un Fondo Solidario para la Educación dirigido para a los padres de familia también quienes podrán acceder a una línea de crédito para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.
Dentro de los alivios también están incluidas las instituciones de educación superior. Para ellas, se dispone una línea de crédito por 1.5 billones con garantía del 80 % del Fondo Nacional de Garantías. También, para aquellas instituciones privadas, una nueva línea de credito de Findeter por $200.000 millones. Dirigidas a los estudiantes, por su parte, el Gobierno dispuso $97.000 millones para apoyar las matrículas de estudiantes universitarios de estratos 1 y 2 y otros $650 mil millones para aquellos beneficiarios del programa Generación E.
A través del presidente de Icetex, el Gobierno anunció una ampliación del Plan de Alivios anterior en cuanto a tiempo. Se trata de la «disminución de intereses al IPC a todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que tengan un crédito educativo vigente y estudien en el 2020-2.» y un «período de gracia hasta diciembre de 2020. Este beneficio se podrá tomar simultáneamente con el de reducción de intereses. Se pasará de 35.000 beneficiarios actuales a 66.000». Otros alivios ya previstos continúan activos, la amortización de pagos que consiste en dividir en más tiempo la deuda ha sido acogida por 24.000 estudiantes. Otra es que ya no necesita codeudor para acceder a un crédito, 16.000 cupos adicionales están disponibles.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/gobierno-anuncio-nuevos-alivios-financieros-para-colegios-universidades-y-jardines-articulo-919386
América del Sur/ Ecuador/ 12.05.2020/ Fuente: redclade.org.
En nota pública, el Contrato Social por la Educación plantea acciones para contener retrocesos al derecho a la educación en el país durante la pandemia COVID-19
El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/ecuador-comunidad-educativa-rechaza-medidas-economicas-que-afectan-la-educacion/
En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita
La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE.
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.
De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.
Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.
¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.
“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”
Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.
También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.
Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.
Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.
Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.
Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.
¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.
La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.
Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.
¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.
Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.
En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.
Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.
Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.
“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”
Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.
La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.
¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro – La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.
Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/
En entrevista a la CLADE, investigadora habla sobre cómo América Latina y el Caribe es hoy una de las regiones del mundo con más estudiantes en universidades privadas
América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública.
De autoría de Fernanda Saforcada, Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, la investigación analiza las tendencias regionales hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
La CLADE conversó con una de las autoras, Fernanda Saforcada. Dividida en dos partes, la entrevista aborda algunos de los motivos por los que la región de América Latina enfrenta un contexto de “hiper privatización” de la educación superior. Así mismo, trae a la luz los conceptos que distinguen privatización de mercantilización, los acercamientos y alejamientos entre el proceso de privatización de la educación básica y el que afecta a la enseñanza superior y, sobre todo, la disputa de sentidos sobre la educación y cómo la privatización es política e ideológica, más allá de las cuestiones económicas.
En esta primera parte, el diálogo se enfoca en los motivos, trayectoria y concepciones del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior en la región.
¡Buena lectura!
La investigación afirma que América Latina, junto con Asia meridional, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales razones para este escenario?
Fernanda Saforcada – Asia Meridional Sur y América Latina y el Caribe son efectivamente las dos regiones más privatizadas, son las dos que superan el 50% de matrículas en el sector privado. Es decir, tienen más estudiantes en la educación superior privada que en la educación superior pública.
Esto toma dimensión cuando vemos números de otras regiones. En Europa, por ejemplo, solo el 13,7% de estudiantes están en el sector privado, en América del Norte solo el 28%. Ello nos da la dimensión de lo que implica pensar en más de 50% de estudiantes en el sector privado.
Las razones por las cuales se da esa hiper privatización tienen que ver con dos cuestiones comunes a nivel global. Por un lado, la educación superior se expandió muy notoriamente entre los 1990 y la actualidad. Por otro lado, hubo un decrecimiento de los recursos públicos en algunos casos, y de congelamiento de estos recursos, en otros casos.
Cuando digo que hubo una expansión de la matrícula, estoy hablando que la matrícula triplicó: alcanzó el 300%, en números globales, el incremento de las matrículas de la educación superior en América Latina.
Los motivos, en principio, son dos. Uno tiene que ver con los propios procesos sociales de crecimiento de escolaridad y distinción social o de prestigio, de búsqueda de certificaciones de mayor nivel. Es lo que han llamado inflación de títulos. Es decir, las personas buscan el título de educación superior porque esto supuestamente les hace una diferencia. La otra cuestión es que en los años 1990 hubo una expansión de la escolaridad secundaria muy notoria por el crecimiento de la matrícula y que luego se consolidó con la sanción de leyes que establecen la obligatoriedad de la escuela secundaria en la mayor parte de los países, en los primeros años de este siglo. Eso también generó un volumen mayor de jóvenes que terminan la secundaria y buscan acceder a la educación superior.
Esta presión por mayor acceso a la educación superior convivió con políticas neoliberales en los 1990, que generaron un desfinanciamiento de la educación superior pública. Claramente, la curva de financiamiento a la educación superior, si en los 1990 era decreciente, en este siglo fue creciente con muchas diferencias de un país a otro.
Sin embargo, este crecimiento de fondos no llegó a cubrir lo necesario en términos de reconstruir lo debilitado en los 1990 por falta de recursos. Tampoco alcanzó para responder al crecimiento de la demanda.
Esta tensión entre mayor demanda por educación superior y recursos insuficientes se resolvió de dos maneras. Por un lado, se incrementaron o profundizaron los procesos de selectividad en el ingreso a la universidad. Es decir, frente a la mayor demanda, lo que se hizo fue poner más barreras para el acceso. Por el otro, la introducción o el aumento de aranceles.
En esto, Argentina fue una excepción. No generó procesos de selectividad y sostuvo la gratuidad de la universidad pública. Sin embargo, respondió a esta mayor demanda y menor cantidad de recursos con la precarización del trabajo de las y los docentes.
Otra cuestión fue lo que muchos autores llaman mercantilización de lo público. La situación de falta de recursos forzó a las universidades públicas a desarrollar modalidades de auto-financiamiento, que pueden darse a través, como dije, del incremento de aranceles a las y los estudiantes, o de la introducción de aranceles donde no había. También, a través de la venta de servicios para sectores privados, para el sector productivo, como forma de buscar otros modos de captación de recursos, dado que el Estado no llegaba a cubrir lo necesario.
“Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública”
Este es un paquete en relación a la tensión entre más demanda y menos recursos – o recursos no proporcionales a esa demanda. La otra pata es que las y los estudiantes, en la medida que no acceden al sector público o que el sector público se debilita mucho, van al sector privado.
Fundamentalmente, el incremento de las matrículas en el sector privado, en términos numéricos, viene muy de la mano con la profundización de los sistemas de selectividad en el acceso a la educación pública. Esta situación es concomitante al proceso de expansión de las universidades privadas de relativamente bajo costo.
En las universidades privadas de bajo costo, hay matrículas bastante más económicas que en las privadas más tradicionales. Así, concentran una gran cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no logran acceder al sector público porque los procesos de selectividad son muy severos. Generalmente, para poder pasar por esos procesos, hay que acceder a algún tipo de curso pre-universitario que es pago y no lo pueden pagar. O, inclusive, porque no pueden hacerse cargo de los aranceles cobrados por la educación pública.
Por otro lado, en la medida en que las universidades públicas aparecen debilitadas de alguna manera, hay estudiantes que van a las universidades privadas de élite o tradicionales porque piensan que allí van a recibir una mejor formación.
Esta situación produce el fenómeno de la privatización enmarcado en un contexto de hegemonía neoliberal. Estos impulsos se dieron muy fuertemente en los 1990, en un contexto neoliberal en el cual, además, había políticas públicas educativas científicas y culturales que construyeron simbólicamente el imaginario de que lo privado era mejor.
En el contexto de los gobiernos post-neoliberales, si bien es cierto que hubo políticas activas de fortalecimiento de lo público, no lograron frenar la tendencia al crecimiento absoluto y relativo del sector privado. Entonces, en los países con gobiernos populares, progresistas, hubo un gran fortalecimiento de lo público y políticas fuertes de expansión y de fortalecimiento de lo público, pero el sector privado también siguió creciendo.
El estudio analiza la privatización y la mercantilización de la educación universitaria. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los conceptos de mercantilización y privatización?
Fernanda Saforcada – En términos generales, cuando hablamos de los procesos de privatización de los servicios públicos, hablamos de cómo empresas públicas pasan a ser gestionadas y usufructuadas por el sector privado. Es decir, se habla de pasar a manos particulares o a la esfera privada, instituciones del sector público.
En el caso educativo, es diferente. Si bien eso se observa en algunos casos, no es lo más común. Las formas más comunes de privatización han sido, por un lado, el crecimiento de lo privado porque el Estado se achica en su oferta de educación pública y eso genera el terreno para el crecimiento del sector privado, tanto en cantidad de instituciones como en cantidad de estudiantes. A veces, inclusive se impulsan políticas que estimulan de alguna manera la expansión del sector privado.
Cuando hablamos de privatización, hay que mirar quién financia y quién ofrece la educación. En los formatos tradicionales privados, quien financiaba era la família, y quien ofrecía educación era una institución privada o particular. A partir de los 1990, esa unidad se rompe y lo que aparecieron son formas de privatización que combinan el financiamiento público con la gestión privada, o el financiamiento particular con gestión pública.
A eso también agregamos el currículo y su privatización, la cual se da cuando, por ejemplo, se contrata una empresa para definir un diseño curricular. Puede ser que la escuela sea pública, financiada con fondos públicos, pero en este caso quien define los contenidos que se enseñan es una institución privada.
“Hablamos de privatización en la expansión del sector privado, en que hay más graduadas/os en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización cuando la universidad pública tiene que gestionarse y funcionar como si fuera una empresa. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes”
Cuando hablamos de mercantilización, hablamos sobre cómo ciertos aspectos, dimensiones, procesos y procedimientos del ámbito público empiezan a funcionar con lógicas mercantiles. Un ejemplo muy claro es cuando se introduce la modalidad de competencia dentro del sector público para distribuir fondos públicos, pero con una lógica que es poner a competir las instituciones entre sí. Eso es introducir una modalidad del mercado para regular un aspecto de lo público.
En el caso de las universidades, hablamos de privatización para referir a la expansión del sector privado: hay más instituciones privadas, más estudiantes en instituciones privadas y más personas graduadas en el sector privado. A su vez, hablamos de mercantilización para referirnos a cómo cuestiones de lo público funcionan con lógicas del mercado, como por ejemplo, la situación de que las universidades públicas venden servicios y se gestionan o funcionan como si fueran empresas. En términos del derecho a la educación, las dos cosas son preocupantes.
“Garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común”
Cuando pensamos el derecho a la educación como un derecho individual, formal, jurídico, que puede ejercerse o no, puede ser que se tramite a través de la educación privada. Ahora, si pensamos que el derecho a la educación es un derecho social, que debe ser garantizado al conjunto del colectivo social, y que debe ser definido en términos del bien común, la única forma de responder a ese derecho es a través de la educación pública y del sentido de lo público. El sentido de lo público, no como espacio abierto a cualquiera, como una plaza o un café, sino en la manera en la que históricamente se configuró el sentido de lo público en la educación, que es de pensar lo público como el bien común.
En ese sentido, garantizar el derecho a la educación como un derecho social implica pensar en la educación pública con toda la amplitud, radicalidad y complejidad que entraña una educación pública e igualitaria para todas y todos. Una educación que albergue las pluralidades y las diferencias, y que garantice y se oriente por el bien común.
¿Hay algún país de la región que se destaca en términos de privatización universitaria en la región? ¿Por qué?
Fernanda Saforcada – Hay algunos países que claramente se destacan. Chile, por supuesto, pues tiene el 85% de las matrículas universitarias en el sector privado. Brasil es uno de los que tiene índices más altos también, con el 73% de las matrículas universitarias en el sector privado. En seguida, vienen: Perú con 72%, y Puerto Rico y El Salvador, con 70%. Estos cinco países son los que tienen una situación de mayor profundización de la privatización.
Tenemos muy instalada la idea de que lo justo es cuando las cosas son equivalentes, entonces pareciera que es justo hablar de un 50% de las matrículas en el sector privado, y el otro 50% en el sector público. Pero, cuando hablamos de educación y derechos, eso no es lo justo.
En términos de garantía de derechos, igualdad, justicia social y de construcción del bien común, uno esperaría que la gran mayoría de estudiantes e instituciones estuviera en el sector público. Como decía, hay cinco países en nuestra región que tienen el 70% o más de sus estudiantes en el sector universitario privado, y esa situación es la más extrema de la privatización. Pero tenemos también países en los que el 40% de estudiantes, o más, están en el sector privado, lo que también es muy preocupante.
A su vez, en Cuba, el 100% de las instituciones universitarias son públicas. Le sigue Uruguay, donde el 86% de las instituciones pertenece al sector público.
Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-el-55-de-la-educacion-superior-en-america-latina-pertenece-al-sector-privado/
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