Page 4 of 7
1 2 3 4 5 6 7

Salud infantil puede afectarse por planes de ajuste del FMI

Junio de 2017/Fuente: Estrategia y Negocio

Los programas de austeridad del FMI en los países pobres pueden afectar la capacidad de algunas familias de garantizar la buena salud de sus hijos, concluyó un estudio científico publicado el lunes.

Realizado por seis académicos, el estudio publicado en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) de Estados Unidos se suma a una amplia literatura que hurga en los posibles efectos perjudiciales de la ortodoxia fiscal promovida por el Fondo Monetario Internacional en los países del sur.

Compilando los datos recogidos en 67 países en la década de 2000, el estudio rechaza las hipótesis de una «relación directa» entre un deterioro de los indicadores de salud y los planes del FMI, que da préstamos a los Estados a cambio de programas de saneamiento de sus finanzas públicas.

Pero el estudio identifica, sin embargo, los «efectos contradictorios» que la acción del Fondo tendría en la salud de los niños.

«Las intervenciones del FMI buscan incrementar la estabilidad económica, lo que conlleva efectos benéficos para la población. Pero, al mismo tiempo, las medidas de ajuste impuestas por el FMI disminuyen los efectos protectores de la educación de los padres en la salud infantil», escriben los autores, que enseñan en Cambridge y Oxford, en el Reino Unido.

Claramente, los hogares donde el jefe de familia tiene al menos un nivel de educación primaria están por lo general más en condiciones de satisfacer las necesidades de sus hijos en términos de acceso al agua, nutrición o vacunación.

Sin embargo, según el estudio, esta capacidad se reduce en los países bajo la asistencia del FMI, especialmente en las zonas rurales.

De acuerdo con los investigadores, la presencia de padres escolarizados reduce el riesgo de desnutrición infantil en 38% en tiempos normales, pero sólo 21% cuando el país es rescatado por el Fondo.

La diferencia reside en particular, según los investigadores, en los recortes del gasto público exigidos por el FMI que «comprimen los salarios» y provocan la pérdida de oportunidades de empleo, y el riesgo de reducir «la utilidad (…) de una educación básica» a la capacidad de los padres de garantizar mejor la salud de sus hijos.

De acuerdo con el estudio, los planes del FMI son en cambio beneficiosos en cuanto a que reducen el riesgo de que los niños se vean privados de una vivienda digna o del acceso a servicios de saneamiento, en el medio urbano.

Contactado por la AFP, el FMI aseguró que el estudio fracasa de «un modo muy claro» en establecer un vínculo de causalidad entre los planes de ayuda y la salud infantil.

«Nuestros análisis nos muestran que el gasto público en educación aumentó significativamente en los países de bajo ingreso que ejecutan programas apoyados por el FMI», dijo una portavoz del organismo en un correo electrónico a la AFP.

Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1071448-330/salud-infantil-puede-afectarse-por-planes-de-ajuste-del-fmi

Comparte este contenido:

España: Medio millón de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios

España/Mayo de 2017/Autor: Ferran Barber/Fuente: Público

“Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

Si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.

“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.

En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.

El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.

Juicio político

Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.

Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT de Catalunya.

Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.

Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.

La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

Los estudiantes, durante la ocupación del campus de Bellatera de la UAB.

El entierro se prolongó durante 31 días, pero sólo a partir de la tercera semana se cerraron las puertas de las instalaciones para impedir el acceso de los trabajadores, a modo de medida de presión y a imitación de lo que habían hecho recientemente otros activistas en la Universidad de Barcelona contra los que, sin embargo, no hubo represalias. A mediados de mayo de 2013 y sin que la policia interviniera en el desalojo, los estudiantes abandonaron el edificio de vacío.

Ni hubo concesiones, ni se produjeron detenciones o se abrieron expedientes, pero al cabo de los días, Silvia Carrasco, se presentó en unas dependencias policiales como vicerectora de Estudiantes para presentar una denuncia contra uno de los imputados, Oriol Guerra, a quien responsabilizaba especialmente del escrache del que había sido víctima. Esta denuncia fue ampliada posteriormente en una segunda demanda interpuesta por el rectorado de la UAB, que adjuntó un documento de 600 páginas donde se detallaban pormenorizadas descripciones de las actividades de la oposición, “producto del espionaje”.

La ficción que, a juicio de la defensa, construyó la rectoría con la ayuda de Carrasco y de varios becarios venía a asegurar que existía un entramado criminal compuesto por las secciones sindicales del profesorado precario y los trabajadores de servicios y la administración, asi como por la CGT, el Sindicat d’Estudians dels Paisos Catalans (cercano a la izquierda independentista catalana) y los Colectivos Asamblearios de la Universidad y la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC). Fue también en esas denuncias donde se propocionaba el listado de los 27 participantes en la ocupación que finalmente van a ser procesados, de acuerdo a una petición del fiscal que, según los imputados, asume a pies juntillas “el constructo fantasioso de la rectoría para represaliar por la vía judicial cualquier intento no tutelado de disidencia”.

El juez acepta los argumentos del fiscal

En palabras de Ermengol Gassiot Ballbé, “el listado de 27 incriminados presentado por Carrasco y posteriormente asumido por la rectoría y la fiscalía incluía a dos estudiantes señalados de cada facultad, lo que viene a confirmar la voluntad política que tenían los denunciantes de decapitar el movimiento estudiantil endureciendo la represión de los movimientos sociales en los campus. Esto es una tendencia general en todo el estado español, donde vienen produciéndose de forma sucesiva un goteo de denuncias contra los líderes estudiantes de protestas en universidades del País Vasco, Lleida o Cantabria, entre otras. Es obvio también que cargaron contra la CGT debido a la fuerza y la representatividad que el sindicato anarquista ha ido cobrando entre el profesorado precario de las universidades barcelonesas”.

Entre las prácticas franquistas que en opinión de los imputados utilizó contra ellos el anterior equipo rector de la UAB se hallaba la utilización de fondos públicos para espiar las actividades públicas de los líderes más señalados sirviéndose de los servicios universitarios de seguridad. “La universidad identificó y estigmatizó a algunos de nosotros, mientras trataba de extender la falsa idea de que algunos profesores entre los que me cuento nos servíamos de los campus para fabricar kale borroka y arrojar a los estudiantes contra el sistema”, precisa Gassiot Ballbé.  Incluso el modo en que la fiscalía estructuró su escrito de acusación guarda semejanzas con el del sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco”.

A la defensa de los 27 encausados le ha sorprendido que el magistrado de Cerdanyola del Vallés haya aceptado los argumentos del fiscal en su acto de apertura oral del juicio, aunque el juez Claudio Alejandro Montero Fernández era ya bien conocido por otros polémicos autos anteriores, como el que dictó el 27 de septiembre de 2012 ordenando el desalojo de la masía de Can Piella en un plazo de diez días, contradiciendo así la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Girona, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, que en su día dictaminaron que ese tipo de litigios relacionados con la ocupación de fincas abandonadas deberían dirimirse por la vía civil.

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya. FOTO CEDIDA

Vista exterior de la furgoneta quemada del secretario general de la CGT de Catalunya.

Por otro lado, en el transcurso de las movilizaciones que se han llevado a cabo contra el juicio desde la primavera de 2013, resultó quemada la furgoneta personal de Ermengol Gassiot, cuando permanecía estacionada en la población de Terrassa. Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, tan sólo un día después de una protesta contra el procesamiento judicial de los 27 activistas. Gassiot ignora las razones de los hechos o si, en verdad, se hallan vinculadas con su participación en este caso. De lo que no alberga duda alguna es que el vehículo fue quemado deliberadamente en represalia por alguna de sus actividades anarcosindicales. Los 4.000 euros en los que se cifró el valor del vehículo fueron recogidos en tan sólo unas horas mediante una campaña de crowdfunding organizada en beneficio de Gassiot.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html

 

Comparte este contenido:

Venezuela: BID dejaría de financiar proyectos académicos

Venezuela/02 de mayo 2017/Autora: Teresa Casique/ Fuente: El Nacional

La salida de la OEA “sustrae al país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, afirma la Cátedra de Derecho de la UCAB.

Al cabo de los dos años que toma el trámite de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), Venezuela dejará de tener acceso al financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece para la realización de diversos programas y proyectos de investigación académica. Así lo expresó Carlos Trapani, abogado y coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

Hay dos niveles en juego: por un lado, Venezuela tiene compromisos contraídos con algunos países del hemisferio que en su calidad de acuerdos bilaterales no deberían sufrir ningún tipo de problema. Pero las que sí parece que serían afectadas son las personas que tenían adelantados trámites para llevar adelante estudios o programas utilizando para ello el codiciado sistema de becas de la OEA. De todos modos, hay que indicar que el país está en el deber de honrar obligaciones relacionadas con estos programas si los mismos exceden los dos años.

En la Comisión Interamericana existe un programa de pasantías que funciona administrado por la OEA. Allí los jóvenes graduados en Derecho tienen la experiencia de una práctica profesional en el área de los derechos humanos. Toda esta actividad se interrumpiría con la cesación de Venezuela como Estado miembro de ese ente, precisó.

Se impone recordar que en su pronunciamiento del 27 de abril, la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello advirtió que esa decisión del gobierno “priva a los venezolanos del derecho, previsto en el artículo 31 de la Constitución de la República, de recurrir ante los órganos regionales de protección, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos, conculcados por el Estado”.

Fuente de la Noticia:

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/bid-dejaria-financiar-proyectos-academicos_179756

Comparte este contenido:

Banco Mundial aprueba US$55 millones a Nicaragua

Nicaragua/17 abril 2017/Fuente: La Prensa

Se prevé que millón de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en Nicaragua se beneficiarán.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó este jueves un préstamo por US$55 millones para el proyecto Alianza para la Calidad Educativa de Nicaragua, que se ejecutará durante cinco años.El financiamiento se otorga a través de la Agencia Internacional de Fomento (AIF) y es reembolsable a un plazo de 20 años, incluyendo un período de gracia de cinco años.

Mediante un comunicado oficial, el organismo multilateral informó que “un millón de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en Nicaragua se beneficiarán de mejores prácticas docentes e infraestructura con la implementación” del crédito.

Con el proyecto se darán cursos de formación continua y acompañamiento pedagógico a unos 52 mil educadores en servicio, indica la comunicación.De su interés: Nicaragua depende de crédito externoAdemás se impartirá a los docentes entrenamiento enfocado en género y de desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, reforzado con evaluaciones de aprendizaje y de desarrollo infantil. “Además, estudiantes y docentes recibirán materiales didácticos, lo que asegurará la disponibilidad de instrumentos de trabajo en el aula”, añade la comunicación.Se prevé beneficiar directamente a casi 50 mil estudiantes con escuelas rehabilitadas o ampliadas. Asimismo, se contempla desarrollar “nuevas normas y protocolos para la construcción de escuelas a nivel nacional, que incorporarán los más altos estándares para reducir la vulnerabilidad ante inundaciones, marejadas ciclónicas y terremotos”.Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua, expresó mediante el comunicado que “este proyecto se enfoca en el fortalecimiento de la calidad educativa en Nicaragua, como un pilar clave para dar sostenibilidad a visibles progresos observados en los últimos años”.

Fuente: http://www.laprensa.com.ni/2017/04/14/economia/2214768-banco-mundial-aprueba-us55-millones-nicaragua

Comparte este contenido:

CLADE preocupada por baja en Financiamiento de Educación en la Región

www.laprensagrafica.com/24-02-2017

La meta es alcanzar el 6 % del PIB, pero este año El Salvador tuvo una disminución en su presupuesto en comparación a 2016.

aunque los países de América Latina y el Caribe se comprometieron desde 2014 en destinar el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está preocupada porque se observa un retroceso en varios países en ese aspecto, entre ellos El Salvador.

Camila Crosso, presidenta de la CLADE, mencionó que en una reunión de ministros de Educación efectuada en Lima, Perú, en 2014 se hizo un reconocimiento de un mínimo del 6 % del PIB para educación, en preparación de la cumbre mundial que adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015.

Sin embargo, la mayoría de países de América Latina y el Caribe tiene menos de ese porcentaje para educación y los que están más cerca pueden tener un regreso. “En mi país en este momento el gobierno en ejercicio cambió la Constitución para congelar el gasto educativo y corregirlo apenas a nivel inflacionario. En concreto eso implicó para Brasil una pérdida enorme de recursos y el cambio constitucional es para 20 años, es un cambio de una generación, es grave”, dijo.

En el caso de El Salvador el presupuesto de educación respecto al PIB ha disminuido en los últimos años, actualmente es 3.39 %, el año pasado fue de 3.44 %, en 2015 fue de 3.47 %, en 2014 tuvo 3.49 % y en 2012 tuvo 3.56 %.

“Sabemos que es un escenario difícil, hay mucha presión por más recursos en el área de seguridad; pero defendemos desde CLADE que la inversión educativa es fundamental y habilita todos los otros derechos humanos, ayuda a superar todas las cuestiones de seguridad”, expresó Crosso.

De ahí que destacó la campaña que realiza la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) “6 % Sí por la Educación”, que desde 2015 trabaja porque haya un aumento progresivo de la inversión en educación.

Junto con RESALDE, la CLADE presentó ayer el informe “El Derecho a la Educación en América Latina”, donde se destacó no solo la necesidad de mejorar la inversión en educación, sino también en avanzar en otros temas importantes, como lograr los 12 grados de escolaridad. En promedio, en Latinoamérica solo la mitad de los jóvenes alcanza a finalizar la secundaria y en El Salvador cuatro de cada 10 estudiantes terminan el bachillerato.

Uno de los aspectos que afecta la continuidad educativa es la inseguridad, que para 2015 habría hecho que unos 16,000 estudiantes dejaran las aulas y otra cantidad similar en 2016.

“Hay muchas razones y muchos puntos que uno podría tratar de por qué se van los chicos, pero los más fuertes están en el tema de violencia, en el tema de migración interna o al exterior y también en el tema de pobreza, en el tema de no sentir que la educación me llena para poder salir adelante”, dijo Rosa Virginia Sánchez, responsable de Educación de Fundación Educo, miembro de RESALDE.

Dijo que de acuerdo con un diagnóstico hecho por el Consejo Nacional de Educación (CONED), el 64 % de centros educativos públicos se encuentra en comunidades en alto riesgo, el 21 % carece de servicios básicos y 60 % de las aulas necesita reparaciones.

Sin embargo, agregó que dentro del CONED se establecieron mesas de trabajo y se priorizaron desafíos a atender en educación y que se incluyó la atención de la primera infancia.

Otro tema que preocupa a la CLADE es que todavía existe mucha discriminación en el tema de género en el sistema educativo.

Fuente:http://www.laprensagrafica.com/2017/02/24/nas2402-presidenta-latinoamerica#sthash.GCv3CSIQ.dpuf

Comparte este contenido:

Surinam implementará programa para rehabilitar y revitalizar el centro histórico de Paramaribo con apoyo del BID

Surinam/Enero de 2017/Fuente: BID

Surinam pondrá en marcha un programa de rehabilitación urbana en Paramaribo con el apoyo de un préstamo de US$20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la revitalización socioeconómica del centro histórico de la ciudad al atraer nuevos residentes y actividades comerciales; restaurar el valor de su patrimonio cultural; reducir la congestión del tráfico; y fortalecer el marco institucional para su gestión sostenible.

Paramaribo, la capital de Surinam, tiene 243.556 habitantes que equivalen al 45 por ciento de la población del país. El centro histórico, con 48 hectáreas de núcleo principal y más 100 hectáreas de zona de amortiguación, fue declarado en 2002 como un sitio del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta concentración de edificios y monumentos de patrimonio histórico y cultural, así como sitios urbanos, tiene un importante potencial para contribuir al desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad. Sin embargo, la zona se ve afectada por un deterioro físico, social y económico que menoscaba ese potencial y constituye una amenaza para su estado físico poniendo en riesgo su designación por la UNESCO.

El programa renovará los espacios públicos y rehabilitarán edificios patrimoniales y creará nuevos modelos de vivienda con alternativas de alquiler para una población de ingresos mixtos, además de desarrollar nuevas estrategias de negocios con participación del sector privado. “El diseño de los proyectos adoptará un enfoque de infraestructura climáticamente inteligente para integrar los aspectos de adaptación y mitigación,” dijo Jesús Navarrete, jefe del equipo del proyecto del BID.

También se financiará el fortalecimiento de la Fundación para el Patrimonio Histórico de Surinam (Suriname Built Heritage Foundation) y la creación de instrumentos de planificación clave para guiar el proceso de revitalización sostenible del centro histórico.

El crédito del BID de US$20 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en LIBOR.

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-01-25/rehabilitacion-urbana-centro-historico-en-surinam,11703.html

Comparte este contenido:

Uganda cerrará escuelas financiadas por Bill Gates y Mark Zuckerberg

África/Uganda/27 Noviembre 2016/Fuente y Autor:lr21

La Corte de Justicia de Uganda ordenó el cierre de las escuelas privadas de bajo costo financiadas por los magnates de Microsoft y Facebook, Bill Gates y Mark Zuckerberg.

Una batalla legal acaba de comenzar entre estudiantes, profesores y padres de familia contra las autoridades legales de este país africano, ubicado en el centro del continente, entre Kenia y El Congo.

La decisión del tribunal supremo ugandés afecta al Bridge International Academies (BIA), una institución financiada por Bill Gates y Mark Zuckerberg, y en el edicto se calificó a la institución de “insalubre y subcalificada”. Todos los recintos deben ser cerrados en diciembre de este año.

12.000 niños sin educación

El ministro de educación de Uganda, Huzaifa Mutazindwa, afirmó al medio CNN que las guarderías y escuelas primarias a cargo de esta institución no estaban autorizadas, y que los maestros no estaban calificados y carecían de un currículo que los hiciera capaces de hacerse cargo de labores pedagógicas.

Un total de 12.000 recibían educación en BIA, consorcio que tiene 63 campus educativos en todo el país a los que se les permitirá cerrar el año lectivo 2016. En todo África, BIA tiene más de 400 instituciones educativas, pero solamente se estarán viendo afectadas las que estén en territorio ugandés.

El director de BIA en Uganda, Andrew White, afirmó que “hay mala información y alegaciones muy serias que carecen de fundamento. El ministro no ha mostrado voluntad a concedernos una audiencia”.

La presidenta de grupo internacional de defensa de la educación “Global Campaign for Education (GCE)”, Camila Croso, afirmó que las escuelas de BIA son “totalmente inadecuadas e inaceptables”. Agregó que son instituciones que “lucra con las necesidades de los pobres”.

BIA emitió un comunicado de prensa en el que alegaron que sus instituciones sanitarias están en buenas condiciones y que la mayoría de sus profesores están calificados y registrados.

Fuente de la noticia: http://www.lr21.com.uy/mundo/1313394-uganda-bia-bill-gates-zuckerberg-escuelas-cierran

Fuente de la imagen:http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2016/11/bia-uganda.jpg

Comparte este contenido:
Page 4 of 7
1 2 3 4 5 6 7