Formación a las familias

Europa/España/7 de febrero de 2017/Fuente: el mundo

¿Qué quiere la educación valenciana para sí misma? A esta pregunta da respuesta el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana (CECV), el máximo órgano consultivo y de participación de la comunidad educativa dependiente de la Conselleria de Educación. Con la vista puesta en la elaboración de la futura ley valenciana de educación y con la base de una resolución aprobada por unanimidad de las Cortes Valencianas en 2015 -que señalaba el fracaso y el abandono escolar como los principales retos a abordar-, el Consejo Escolar acaba de presentar su propio Decálogo con 343 «propuestas de acción». Toda una serie de ideas y planteamientos que buscan sacar del letargo al sistema educativo valenciano.

El alumno como «ciudadano y protagonista» es el primer epígrafe del documento. Toda una declaración de intenciones que se aprovecha para reivindicar la necesidad de «crear mecanismos que ayuden a superar las situaciones que puedan derivar en abandono escolar». En este sentido, se demanda atención para el alumnado «con barreras» para el aprendizaje y su mayor participación «en la etapa postobligatoria en los centros financiados con fondos públicos».

Otra de las demandas tiene que ver con la inclusión de la participación como «competencia del currículum», así como la atención a la educación «no formal» o la reducción de las ratios de alumnos en las aulas para favorecer esa participación. También se considera fundamental tener en cuenta la opinión de los estudiantes con «encuestas periódicas», crear un «órgano defensor» del alumnado o promocionar las asociaciones estudiantiles «con incidencia fuera de los centros».

Sobre el papel de la familia hay que debatir mucho igualmente. Se aboga por el «diseño de objetivos educativos comunes entre profesorado y familias que marquen la corresponsabilidad en la educación», pero se exige en paralelo «mejorar las condiciones estructurales de las familias para que puedan ofrecer unos entornos favorables de socialización» (ayudas económicas individuales, más educación infantil…).

Además, desde la propia escuela debe ofertarse formación a las familias, pero también se constata que el profesorado debe poder saber identificar a aquellas familias «con alguna dificultad en la gestión de la educación de sus hijos». Y, evidentemente, se demandan recursos materiales y humanos para poder hacerlo. La universalización del servicio de comedor, que se pide mantener independientemente de cuál sea la jornada escolar (continua o partida), es otra de las reivindicaciones.

Por otro lado, concebir el centro educativo como «espacio de convivencia» pasa por contemplar las llamadas inteligencias múltiples, acabar con las barreras arquitectónicas en el diseño del colegio o instituto, organizar también la educación Especial por etapas, ceder espacios de gestión propios al alumnado o potenciar las asociaciones de ex alumnos.

En cuanto a las condiciones de trabajo del profesorado, el documento pide de nuevo reducir las ratios, pero también un «estudio serio sobre las plantillas de profesorado actuales» y la incorporación al aula de nuevos perfiles profesionales (trabajadores y educadores sociales, mediadores escolares o profesionales sanitarios). La reducción de horas lectivas, la elaboración de un estatuto del docente y la mejora de las condiciones laborales de los interinos completan la lista de propuestas.

Por otro lado, se defiende la necesidad de mejorar la formación inicial del profesorado: exigir una titulación de grado superior a los educadores de Primaria o revisar el máster de Secundaria para adecuarlo a la realidad del aula.