La misión de la OEA sobre la violencia política contra las mujeres en Argentina: «Hostigamiento, ataques e impunidad»

Por: Mariana Carbajal

«El ataque a Cristina Kirchner no vino del vacío»

La misión tuvo por objeto analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país. El grupo de expertas advirtió sobre los discursos de odio y cómo pavimentaron el atentado contra CFK.

 

“Los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y portadas de medios” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner “pavimentan la situación” que desembocó “en el atentado contra su vida: el ataque no vino del vacío”, consideró en una entrevista con Página/12 la abogada peruana Marcela Huaita, presidenta del Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), al finalizar este viernes la visita oficial al país, que se extendió por tres días, para investigar la problemática de la violencia contra las mujeres en la vida pública y política Argentina.

El intento de magnicidio contra CFK fue uno de los casos abordados. “El tipo de imágenes con las que la representan en portadas de medios y en redes sociales constituyen violencia política por razones de género y naturaliza este tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos otro atentado más reciente contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y a una concejala en Bolivia directamente la han asesinado. Esto es algo muy grave que le hace daño a la democracia y a la sociedad. Hay que frenarla”, advirtió la experta.

Por la tarde, durante una conferencia de prensa, en un hotel del centro porteño, Huaita leyó el comunicado elaborado por la delegación del Comité de Expertas, en el que destacaron que los casos de violencia política contra mujeres en el país “no son hechos aislados” y dejaron un extenso pliego de recomendaciones a los tres poderes y a los medios de comunicación.

La delegación pudo evidenciar –expresó Huaita– que “el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”.

Además subrayó que “estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática”. En este sentido, señaló las asimetrías a nivel nacional y provincial, en especial en los procesos de administración de justicia. “En algunos casos, los resortes de atención e investigación de estas violencias pueden ser menos o más eficientes, dependiendo del nivel de tolerancia, aceptación y desarrollo de los mecanismos institucionales para combatir la violencia”, apuntó.

El impacto de la impunidad

–¿Cómo analiza el rol de los medios de comunicación? –le preguntó luego este diario a Huaita.

–Los medios van naturalizando estos discursos de odio. Esta violencia es un reflejo de la discriminación hacia la mujer. Los medios deben mirarse a sí mismos.

–¿Con qué impresión se va?

–Hay dos frases que hemos escuchado en las distintas reuniones que hemos mantenido que me impactaron: las mujeres se sienten solas y tiene miedo. Es una cuestión bastante potente, porque más allá de que hay normas e instituciones, no están funcionando. Los partidos políticos no están apoyando a sus propias militantes y esto se da en las provincias y a nivel nacional. Las mujeres hemos ocupado espacios pero los sentimos propios. Siguen sintiendo que no tienen respaldo y esto le hace daño a la democracia y es un mensaje que va calando en las nuevas generaciones. Hemos conquistado espacios, hemos llegado para quedarnos, pero necesitamos que haya un cambio cultural, que todos tenemos que construir.

“No son hechos aislados”

“Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad”: con estas cuatro palabras la delegación resumió su visión de la problemática que encontró en el país. En los tres días que duró la misión técnica, realizada a pedido del Gobierno, mantuvieron diversas audiencia privadas, entre ellas con la vicepresidenta CFK, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y dos de las “Ramonas Atrevidas”, las dirigentas catamarqueñas del radicalismo, sancionadas por la propia UCR por impugnar a un candidato denunciado por acoso y abuso sexual en esa provincia norteña.

El Comité de Expertas advirtió que “la impunidad” que rodea a estos hechos “tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones”. Y consideró que, de acuerdo a los testimonios recogidos, los mecanismos institucionales existentes en el país “no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político”.

La delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política “no son hechos aislados”, que se trata de “una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación”, dijo Huaita, al encabezar la rueda de prensa.

“Los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local”, agregó la experta peruana.

Principales preocupaciones

A lo largo de las reuniones mantenidas con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación, el Comité de Expertas destacó que pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, “a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política”.

También escucharon a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala que expuso la persecución judicial que viene sufriendo en Jujuy la militante social encarcelada.

Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias que mantuvieron “coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían”, dijo Huaita. Además, agregó, “los diferentes testimonios escuchados apuntaron a que la violencia política contra las mujeres se ha visto exacerbadas por medios de comunicación y a través de redes sociales”.

Especial preocupación generó también al Comité “la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura”.

La visita

La misión estuvo conformada además por las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero. Estuvo junto a la delegación la experta independiente argentina, la abogada rosarina Susana Charotti.

En los tres días que duró la visita, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; también con diputadas, senadoras y representantes de partidos políticos.

Además tuvo encuentro con representantes de la sociedad civil, la academia y mujeres periodistas víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión.

“Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático”, destacó Huaita.

Al respecto, el Comité consideró “importante” recordar que “esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos, quienes a menudo son objeto de victimización ulterior debido a estereotipos de género perjudiciales y negativos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Silenciamiento, ausencia de condena pública e impunidad

 

El Comité llamó la atención sobre el hecho de que existe “un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política”.

También dijo que en los casos donde convergen diferentes interseccionalidades como las condiciones de mujeres indígenas o las representaciones de las militancias por los derechos de las mujeres lesbianas o trans, “se evidencia que el racismo o el desconocimiento de estos derechos facilitan la falta de esclarecimiento de las denuncias”.

Fragilidad institucional y desconfianza

A pesar de la percepción de que existe una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres en el país, con leyes que han supuesto importantes avances, “según la información recibida por el Comité se desprende que hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia”.

Por otro lado, a través de los diferentes testimonios recibidos, Huaita dijo que el Comité constató que los mecanismos existentes “no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político”.

“La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia. En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad”, dijo Huatia.

Recomendaciones

A la luz de las observaciones preliminares que punteó Huatia en la conferencia de prensa, el Comité de Expertas, en ejercicio de su mandato y en cumplimiento de las obligaciones y estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, solicitó al Estado de Argentina implementar las siguientes recomendaciones iniciales:

Al Estado Argentino

1. Incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” dentro del boque de constitucionalidad. No tiene rango constitucional todavía.

Poder Ejecutivo

El Comité destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las iniciativas que se están desarrollando para la atención de las violencias contra las mujeres. Pero frente a “la gravedad de los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas” consideró necesario “la implementación de medidas urgentes” tendientes a:

  1. Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos;
  2. Incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres;
  3. Desarrollar acciones para la investigación y recopilación de estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación
  4. Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia en la vida política debido a múltiples factores de discriminación como sexo, edad, raza, etnia y posición económica, entre otros, y diseñar las medidas para prevenirlo;
  5. Generar una revisión en colaboración con el órgano electoral, y el órgano contra la discriminación mediante un escrutinio estricto, de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluyendo los sistemas normativos y prácticas culturales, que puedan tener un impacto discriminatorio y violento contra las mujeres en la política.
  6. Desarrollar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia, así como de prevención e información sobre las rutas de atención y denuncia en casos de violencia en el ejercicio de los derechos políticos.
  7. Promover el cumplimiento efectivo de lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de violencia contra las mujeres en la vida política.

Al Órgano Electoral

  1. Establecer un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas y sanciones aplicables ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que conozcan;
  2. Fortalecer la capacidad de generar estadísticas sobre violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas;

Al Órgano Legislativo:

Incorporar dentro de su reglamento, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política e incluir acciones disciplinarias entre pares para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones.

  1. Implementar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
  2. Actuar de manera inmediata y con la debida diligencia contra actos y discursos violentos en el ejercicio de la actividad parlamentaria que menoscaban la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin discriminación.

A los Órganos Judiciales y Ministerio Público:

  1. Actuar con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las víctimas, la investigación expedita de los actos de violencia, la sanción y reparación y no repetición.
  2. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia en la vida política su derecho a todas las garantías establecidas en la legislación nacional de violencia contra las mujeres.

A los Medios de Comunicación:

  1. Promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política;
  2. Generar políticas internas con los medios de comunicación y las empresas de redes, así como códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar entorno a sus impactos en las personas y la sociedad. En este sentido, las políticas deberán estar orientadas tanto a quienes habitan hoy el espacio digital, como a niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro.
  3. Eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política.
  4. Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género.
  5. Promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral.

Fuente de la información e imagen: https://www.pagina12.com.ar

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La universidad, un proyecto cultural frágil

Por: Miguel Ángel Casillas

Las universidades surgieron en Europa en el siglo XII como entidades especializadas en la producción y difusión de los conocimientos. Así llegaron al continente americano, con la conquista y las colonias. Con las independencias nacionales se fueron configurando los sistemas de educación de muy diversas maneras, asociando a las universidades con el desarrollo y el avance político de las sociedades. En América Latina además de la enseñanza y la investigación, se incorporó desde principios del siglo XX a la difusión cultural como una función específica de las universidades.

A lo largo de su historia, las universidades han tenido que luchar por defender su autonomía para pensar, investigar, debatir, enseñar, y divulgar sus conocimientos con libertad. La independencia y la autonomía se han defendido siempre frente al poder: el poder económico de terratenientes, empresarios, comerciantes y banqueros; el poder religioso y de las iglesias; y el poder político de los príncipes, los tiranos, los partidos y los gobernantes. El problema del conocimiento científico es que no puede ser limitado por ninguna ideología ni por religión alguna, porque no sostiene verdades eternas, porque todo lo cuestiona, porque se alimenta del rigor, la objetividad y la crítica.

En América Latina y específicamente en México la defensa de la autonomía es un problema recurrente, las universidades y el resto de las instituciones de educación superior, son frecuentemente objeto de intervenciones de cualquier índole. En este artículo quisiera resaltar tres casos de orden político:

En Chihuahua, en el contexto del anterior gobierno del PAN, en el seno de la Universidad autónoma, se venía desarrollando un muy importante y significativo proceso de reforma académica que, con amplia participación de la comunidad, generaba una nueva forma organizacional transitando del viejo sistema de las facultades hacia divisiones interdisciplinarias; de la enseñanza tradicional hacia un nuevo modelo educativo que incluía el uso intensivo de las TIC, la valoración de los derechos humanos y el desarrollo de una conciencia ambiental que ha sido referencia hasta de la UNESCO. En el contexto del nuevo gobierno del PAN, fue desplazado el rector y se ha generado una situación de involución en la que se ha determinado una vuelta al pasado, a los viejos planes de estudio en el antiguo sistema de facultades.

En Guadalajara no son infrecuentes los conflictos entre la Universidad y el campo político a lo largo de su historia. En la actualidad, la Universidad lleva desarrollando un largo movimiento de defensa de su patrimonio que es ejemplar. En el contexto de la pandemia, el gobierno decidió utilizar fondos económicos por muchos millones de pesos que estaban destinados a la Universidad para financiar un hospital. Desde entonces, cada vez con mayor participación de estudiantes y profesores, con mayor intensidad en sus demandas, el clima político en Jalisco se degrada y la Universidad sostiene su largo movimiento de defensa por recuperar su patrimonio.

La fragilidad de estas instituciones no sólo es un problema nacional, la Universidad de San Carlos en Guatemala ha sido objeto de una intervención directa del campo político sobre su vida institucional. Violando todas las reglas y sofisticados procesos que tiene la Universidad para renovar su rectoría, a espaldas de la comunidad, con apoyo de la policía y de golpeadores, se ha impuesto a un nuevo rector ligado a las cúpulas de siempre.

El sometimiento de la vida universitaria por parte de cualquier poder que no sea el académico supone una victoria pírrica de los gobernantes, las iglesias o los dueños del dinero, que siempre resulta contraproducente para las sociedades y los pueblos. Estos poderes pueden en efecto subordinar a la universidad y hasta someterla, pero si ya era un absurdo por querer contravenir a su naturaleza, en el contexto de la sociedad del conocimiento es casi un suicidio para cualquier estado o país.

Las universidades son instituciones sociales frágiles, que requieren ser conservadas y protegidas para que puedan realizar sus funciones y desarrollar su vida institucional sin intervenciones, con libertad, con la fuerza que dan los argumentos y la crítica académica, con sus formas colegiadas para la gestión y el gobierno. Para poder consolidarse, necesitan de apoyos financieros y respeto a su vida interna, necesitan libertad para pensar y para poner cualquier idea en entredicho.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-universidad-un-proyecto-cultural-fragil/

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