Europa/España/01.11.2016/Autor y Fuente:http://www.elmundo.es/
EL fracaso del Gobierno en la gestión de la política educativa se va poniendo en evidencia conforme corre el calendario. Con el curso escolar ya empezado, los alumnos aún no saben si tendrán que realizar las reválidas ni, en tal caso, de qué contenidos tendrán que examinarse. Es la última consecuencia de la oportunidad perdida por un Ejecutivo que, aun disfrutando de una cómoda mayoría absoluta, desperdició esta ocasión inmejorable para poner fin a una de las principales debilidades estructurales de nuestra democracia.
Por una parte, José Ignacio Wert no sólo demostró su incapacidad para consensuar una ley con la comunidad educativa y las principales fuerzas políticas parlamentarias, sino que abandonó su cargo meses antes de que entrase en vigor la polémica Lomce. Pero su sucesor en el cargo, Íñigo Méndez de Vigo, en lugar de intentar solucionar la situación, aprobó a finales del pasado mes de julio un real decreto que daba vía libre a uno de los puntos más contestados: las reválidas. Para esas fechas, el ministro ya sabía de la imposibilidad tanto técnica como política de que se implantasen este año las polémicas evaluaciones en todas las comunidades. Técnica, porque así se lo hicieron saber los responsables educativos de las CCAA, tanto por la falta de personal como de los recursos necesarios. Y política, porque el Gobierno estaba en funciones y el PP carecía ya de los suficientes apoyos parlamentarios para mantener en vigor una ley ante la que muchos gobiernos autonómicos se habían declarado insumisos. Desde que el PP perdió la mayoría absoluta en las elecciones del 20-D, la Lomce era una ley muerta.
Prueba de ello es que el Ministerio de Méndez de Vigo aún no ha redactado la orden ministerial que debía desarrollar el real decreto de julio y que muchas CCAA han reaccionado a la inacción del Gobierno preparando ya, en colaboración con las universidades, la reválida de 2º de Bachillerato, que este curso sustituye a la Selectividad.
Es más, tal y como publicó ayer este periódico, la portavoz de Educación de Ciudadanos ha reconocido en el Congreso de los Diputados que el ministro había pactado con su grupo una moratoria en la aplicación de la Lomce para dejar en suspenso las reválidas de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato mientras se llega a un Pacto de Estado por la Educación. El acuerdo, que ha sido desmentido por el Ministerio, confirmaría que el Gobierno, en lugar de hacer cumplir una ley que, con todas sus deficiencias, debería operar en todo el Estado, estaría utilizando la Educación para facilitar acuerdos concretos con otras fuerzas parlamentarias. Y eso sí que no es de recibo, porque una cuestión tan de vital importancia para el país no puede quedar a merced del mercadeo político.
España se juega mucho en este tema. Nuestro país año tras año aparece en los últimos lugares de los principales rankings internacionales y el actual sistema educativo presenta unos índices de abandono escolar inadmisibles. El buen funcionamiento de la democracia depende también de que el Estado ayude a conformar una ciudadanía bien formada e instruida, capaz de pensar por sí misma y desarrollar un espíritu crítico y constructivo. Pero además, nuestra economía necesita contar con emprendedores y trabajadores competitivos capaces de adaptarse a las exigencias de un mercado laboral cada vez más globalizado.
Si finalmente Rajoy es investido presidente en los próximos días, deberá enfrentarse de manera urgente y prioritaria al actual despropósito educativo. El nuevo Gobierno no puede volver a fracasar en la búsqueda de un gran pacto por la Educación que comprometa a todos los partidos.
Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2016/10/23/580ba62446163f0b6f8b460d.html
Imagen: http://www.slgdigital.es/img-noticias/foto440_1.jpg