México: Un panorama de la violencia en Baja California

Por: Sárah Eva Martínez Pellégrini Y Juana Isabel Vera López*

De acuerdo con el Índice de Paz México 2020 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), por segundo año consecutivo Baja California se ubica en el primer lugar de violencia en el país, lo que la convierte en la entidad federativa menos pacífica de México, seguida por Colima, Quintana Roo y Chihuahua. A esta situación se agrega el hecho de que la “paz” estatal sufrió un deterioro para 2019.


Baja California registró una calificación del 4.572, notablemente superior al promedio nacional del 2.914, y casi cuatro veces superior a Yucatán, la entidad con el mejor índice de paz, con un 1.272. La importancia de revisar la posición del estado tiene que ver con los impactos de la violencia y por tanto la ausencia de paz en los aspectos de salud, económicos y de cohesión social, es decir, como afecta de manera negativa a la calidad de vida y las posibilidades de mejora de la sociedad bajacaliforniana.

Esta discusión es particularmente relevante en momentos como los actuales, en los que la pandemia ha modificado las dinámicas personales, familiares y sociales, y sin duda ha generado un ambiente de incertidumbre e inseguridad que pueden profundizar sustantivamente parte de los factores promotores de los hechos y actitudes violentas.

Según los datos del informe del Índice de Paz México 2020, el impacto económico de la violencia per cápita 2019 en Baja California, fue de 72 mil 409 pesos constantes de 2019 (IEP, 2020: 50), mientras que a nivel nacional está en 36 mil 129 pesos. Además se especifica que el costo mayor deriva del aumento de homicidios.

El cálculo del Índice de Paz México resulta de gran utilidad debido a que es un indicador que desagrega los tipos de la violencia en cuatro categorías con dinámicas específicas:1) violencia política, 2) violencia oportunista (considera la extorsión y el robo), 3) violencia interpersonal (incluye las agresiones, delitos sexuales y violencia familiar) y 4) conflictos de cárteles, crímenes relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales. Estas diferencias por tipos permiten identificar mejor el origen y las posibles intervenciones para corregir la evolución de la paz y en qué factores fundamentar la construcción social de la misma.

Con base en los resultados obtenidos en el informe, se tiene que “el impacto económico de la violencia en México se calculó en 4.57 billones de pesos (US$238 mil millones) en 2019, cifra equivalente a 21.3 por ciento del PIB nacional” (IEP, 2020: 3), teniendo los delitos con violencia un costo de 1.43 billones de pesos (31.3 por ciento del impacto total).

El impacto económico de los delitos con violencia pasó de 1.2 billones de pesos en 2015; a 1.43 billones de pesos en 2019. Este tipo de violencia no solo afecta económicamente sino también en la salud de las personas y sus familias.

Dentro de los cinco indicadores que conforman el Índice de Paz, nos parecen particularmente relevantes para dibujar un proceso de construcción de una sociedad pacífica, los datos sobre la categoría de delitos con violencia que mide el número de delitos de este tipo por cada 100 mil  habitantes, ajustado por la cifra negra. Estos delitos incluyen el robo, el asalto, la violencia sexual y la violencia familiar.

En particular la violencia sexual y la familiar, que son los tipos que aparecen con mayor incidencia podrían considerarse indicadores de la existencia de una violencia subyacente en el entorno de los sujetos desde su ámbito familiar que deteriora las posibilidades de tener ciudadanos con una cultura de paz, tolerancia y respeto. En este sentido estarían debilitándose de manera estructural los pilares de la paz positiva (“actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas” (IEP, 2020: 62)).

En un análisis diacrónico, desde 2015 a la fecha, las tasas de violencia sexual y violencia familiar han aumentado en 55.8 por ciento y 59.5 por ciento, respectivamente (IEP, 2020: 27). En este indicador se encuentran registradas la violencia sexual y familiar que permite un primer acercamiento a un fenómeno relativamente poco estudiado como lo es la violencia y acoso escolar, que, de ser atendido de forma temprana, prevendría el aumento de comportamientos violentos.  Parece oportuno plantear una opción de intervención desde la propia escuela para tratar de mitigar este penoso y costoso primer lugar de Baja California.

En este contexto se realizó un levantamiento de información en el contexto de las actividades del CONVID-Colef (Alianza estratégica para el desarrollo de las regiones y el sector vitivinícola) en escuelas secundarias en los cinco municipios de Baja California. En este trabajo participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente para vincular los resultados con los actores con posibilidades de intervención.

Los principales resultados obtenidos de una muestra en escuelas urbanas y rurales de los cinco municipios de Baja California apuntan que un 12 por ciento de los alumnos de secundaria sufren violencia escolar y un 7.8 por ciento bullying o acoso (violencia repetida con ocurrencias semanales). Se encuentran grandes diferencias dentro de las escuelas ubicadas en zonas problemáticas y las que no lo están. En total estaríamos hablando de un 20 por ciento de estudiantes violentados en su entorno escolar.

Distinguiendo por tipos de violencia, un 12.5 por ciento de los estudiantes de secundaria violentados manifestaron ser objeto de violencia psicológica, un 18.4 por ciento de violencia física y un 7.3 por ciento de ciberviolencia. En el caso de bullying estos porcentajes pasan a ser de 11.1, 11.9 y 2.9, respectivamente. Observando la distribución por municipios, las tasas mayores de violencia se identificaron en las escuelas de Rosarito, seguidas por Ensenada y las más bajas en Tecate. El análisis de la muestra por género no presenta deferencias sustantivas entre mujeres y hombres.

Con estos datos muy generales parece pertinente plantearse que esa proporción de uno de cada cinco jóvenes violentados es significativa, ya que además de una víctima hay un victimario, y que en ambos son susceptibles de reproducir patrones violentos en etapas posteriores de su vida contribuyendo al deterioro de sus situaciones personales, de sus familias y de su comunidad.

Por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés), se realizan programas de capacitación en las entidades para apoyar a las instancias encargadas de aplicar la ley para proteger a las víctimas de violencia sexual y violencia familiar. Otra estrategia son los programas dirigidos a jóvenes en todo el país, ofreciéndoles alternativas de justicia, de manera que sean medidas preventivas para evitar caigan en el círculo de delincuencia y encarcelamiento (IEP, 2020: 96). Sin embargo, nos parece importante abordar el problema desde los escolares de una forma más sistemática y estructurada precisamente para sentar de manera sólida las bases de una paz positiva que facilite la cohesión social y el desarrollo integral.

*Saráh Martinez. Doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en temas de desarrollo económico, sistemas productivos locales, competitividad y planeación y evaluación de políticas

*Juana Isabel Vera. Doctora en Ciencia Política y Administración Pública en El Colegio de Veracruz. Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en temas de Políticas públicas y Desarrollo Regional

Fuente e imagen:  CIMAC Noticias

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Procesan 110 mil traslados de escuelas privadas a estatales en Perú

América del sur/Perú/28 Mayo 2020/prensa-latina.cu

El Ministerio de Educación procesa 110 mil pedidos de traslado de escuelas privadas a públicas, una de las consecuencias del impacto económico y social de la crisis causada por la Covid-19 en Perú.
Los pedidos provienen de familias que, ante el confinamiento y la suspensión de las actividades económicas por la epidemia de Covid-19, quedaron sin salarios ni ingresos, fruto de emprendimientos que les permitían pagar colegios privados para sus hijos.

El ministro de Educación, Carlos Martín Benavides, confirmó que se presentaron 110 mil solicitudes al cierre del registro de transferencia o matrícula excepcional, sobre todo en Lima Metropolitana, las regiones sureñas de Arequipa y la norteña Piura.

Indicó que la evaluación está en proceso y se espera contar con el informe de las escuelas sobre la disponibilidad de vacantes para recibir nuevos alumnos, a fin de ubicar a los niños y adolescentes trasladados.

La asignación de escuelas, precisó, tomará en cuenta la zona de residencia del alumno y otros factores, y los traslados se comunicarán a los padres del 7 al 21 de junio, quienes deberán comunicar su aceptación en 24 horas.

Benavides dijo que el Ministerio considera la posibilidad de establecer dos turnos de estudios si no hubiera vacantes suficientes para los 110 mil alumnos. En las últimas semanas se registraron cientos de protestas ante escuelas privadas laicas y religiosas, de padres de nivel socioeconómico medio y bajo que al perder sus fuentes de ingresos, exigen una rebaja del 50 por ciento en el pago mensual de colegiatura.

Solo algunos centros docentes cedieron a la demanda y otros aceptan rebajas mínimas, pero la mayoría amenaza con la expulsión de los alumnos si los padres no pagan.

Las familias argumentan para el reclamo, además de su imposibilidad de pagar, que las escuelas están cerradas y ofrecen solo unas horas de enseñanza por Internet, por lo que el servicio que ofrecen no se cumple totalmente.

El Ministerio de Educación se abstuvo de intervenir en el conflicto, debido a que no puede hacerlo por la política de libertad de mercado y precios, establecida por la Constitución.

No obstante, dispuso que las escuelas privadas informen a los padres sobre sus costos para negociar una salida, lo que motivó la airada protesta de las empresas propietarias.

Las escuelas privadas de nivel socioeconómico medio-bajo y bajo proliferaron en las últimas décadas por la desatención al desarrollo de la educación estatal y la caída de su nivel, y se convirtieron en un atractivo negocio.

El exalcalde del municipio limeño de San Juan de Lurigancho, actualmente preso por corrupción, invirtió el dinero acumulado en una cadena de escuelas privadas en esa jurisdicción.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369099&SEO=procesan-110-mil-traslados-de-escuelas-privadas-a-estatales-en-peru
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Argentina: Organizan el 3er. Congreso sobre Problemáticas Nacionales Actuales

América del Sur/Argentina/24 de septiembre de 2016/www.lavozdelpueblo.com.ar
El viernes 14 de octubre se realizará en el aula magna del CRESTA el tercer Congreso Provincial sobre Problemáticas Nacionales Actuales. La actividad contará con la disertación de profesionales especialistas en los distintos temas a abordar.

La propuesta es organizada por el Grupo de Extensión Investigación Tres Arroyos (GEITA), la comisión Encuentro Indígena de Tres Arroyos y el propio CRESTA. El encuentro es abierto a todo público y contará con el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Social.

El objetivo de este congreso -indicaron desde la organización- es tratar en detalle ciertas problemáticas del presente a la luz de los conocimientos teóricos para que toda la ciudadanía logre reflexionar sobre determinadas decisiones tomadas por el sector político.

De esta manera, el encuentro pretende lograr un acercamiento del ámbito académico a la sociedad. Cabe recordar que esta propuesta es organizada, impulsada y llevada adelante por profesionales de nuestra ciudad que buscan aportarle a la comunidad -a través de reconocidos especialistas- miradas y profundos análisis en torno a problemáticas vigentes que se registran en nuestro país.

Deudas Sociales Pendientes al final del Bicentenario; Procesos de democratización, autoridad y conflictividad en la escuela secundaria; La evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos 20 años; y Energía, Eficiencia, Renovabilidad y Almacenamiento son los nombres de algunas de las charlas que podrán apreciarse durante la jornada.

«Es importante habilitar espacios donde la ciudadanía participe y tenga conocimiento acerca de las evaluaciones de los impactos económicos, sociales y ambientales que ocasionarán tales decisiones ya que, en general no se dispone de la información adecuada para tomar posición sobre los costos y beneficios de estas propuestas», se informó a través de un comunicado.

Tomado de: http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota-43632-organizan-el-3er.-congreso-sobre-problematicas-nacionales-actuales

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