Guatemala, el país centroamericano donde 14 niñas quedan embarazadas todos los días

 

Ser niña en Guatemala ya era complicado antes de la llegada del coronavirus.

Pero el riesgo de terminar siendo víctima de la violencia sexual solamente ha aumentado con la pandemia.

Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años resultaron embarazadas el año pasado en el país centroamericano.

Esto es un promedio de 14 al día.

Y el observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción de Derechos de la Niñez (Ciprodeni) también registró 111.216 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años.

Esto equivale a más de 12 embarazos adolescentes por hora, en su inmensa mayoría también atribuibles a la violencia sexual, como destaca el secretario ejecutivo de Ciprodeni, Otto Rivera.

«De acuerdo con la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, sostener relaciones sexo-genitales con cualquier persona menor de 18 años es tipificado como violación», explica Rivera.

«Y en el contexto de la pandemia este tipo de delitos es todavía más severo», le asegura a BBC Mundo.

Multiplicar por tres

Por lo pronto, las cifras de Ciprodeni hasta el mes de julio de este año recogen 2.289 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y 51.548 para el grupo de edad de 15 a 19.

Mientras que el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) ya sumaba 77.847 embarazos infantiles y adolescentes al 16 de septiembre.

Niñas en Guatemala
Pie de foto, Muchas niñas guatemaltecas son víctimas de la violencia sexual.

El confinamiento -que según Rivera está exponiendo a más menores a más riesgo- puede sin embargo haber afectado la detección de muchos otros embarazos, por lo que las cifras reales podrían ser más altas.

Ciprodeni, por ejemplo, dice ya haber detectado una reducción en el número de denuncias por violencia intrafamiliar en los últimos meses.

«En el mismo marco de la pandemia se incrementaron los casos, sabemos de casos, pero al mismo tiempo se redujeron las denuncias, porque los órganos jurisdiccionales no funcionaron en el horario habitual», asegura Rivera.

 

Y el secretario ejecutivo de la coordinadora también comparte una hipótesis de trabajo que hace todavía más evidente la gravedad del problema de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia guatemaltecas.

«En Ciprodeni estimamos que solo una niña o adolescente de cada tres que son abusadas o violadas resulta embarazada«, le dice a BBC Mundo.

«En otras palabras no es que en lo que va del año se haya abusado o violado a 77.847 niñas y adolescentes. Eso lo tenemos que multiplicar por tres», sugiere Rivera.

«Vidas silenciadas»

Esas cifras explican por qué la investigadora de Flacso Guatemala Ana Lucía Ramazzini se refiere al problema como «otra epidemia».

Pero Ramazzini destaca además el impacto biológico, social y psicológico que esa violencia, y los embarazos que produce, tienen sobre niñas y adolescentes.

Madre adolescente en Brasil
Pie de foto, Los embarazos infantiles y adolescentes a menudo tienen indeseados efectos psicológicos.

Durante una investigación suya de 2015, por ejemplo, nueve de cada 10 adolescentes embarazadas entrevistadas dijeron haber dejado de estudiar y de participar en espacios de organización comunitaria.

Y más recientemente Ramazzini coordinó una investigación sobre la relación entre embarazos no deseados y suicidios en Guatemala, un problema que cree no está recibiendo la atención que se merece.

Según la socióloga guatemalteca, en el país no hay cifras confiables sobre el tema, porque «cuando llega muerta un mujer en edad fértil no se le hace la prueba de embarazo».

La investigadora, sin embargo, logró establecer que, en 2017, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes en el departamento de Alta Verapaz habían sido de mujeres embarazadas.

Mientras que en países como El Salvador una investigación de 2006 encontró que el suicidio fue la tercera causa de muerte materna, especialmente entre las adolescentes.

«Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo de suicidio tres veces mayor que las adolescentes que no están embarazadas», le dice Ramazzini a BBC Mundo.

Con pocas opciones

Los testimonios recogidos para la investigación «Vidas sesgadas» evidencian los riesgos para la salud mental de los embarazos no deseados productos de la violencia.

Pero la interrupción de los mismos no está contemplada en la legislación guatemalteca.

Protesta contra el aborto en Guatemala
Pie de foto, La legislación Guatemalteca no contempla el aborto en casos de violación.

«Hubo un proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y uno de los artículos iba en ese sentido, pero fue rechazada en el 2018«, explica Ramazzini.

Y para Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, es altamente improbable que esta opción se legalice.

«Aquí hay un actor muy importante que son las iglesias y las iglesias no son partidarias de los abortos«, le dice a BBC Mundo.

Gómez, sin embargo, asegura que el Estado guatemalteco sí reconoce el impacto de este tipo de embarazos sobre la salud mental de niñas y adolescentes.

«Con las niñas que hemos tenido nosotros bajo protección en nuestros albergues, una de las principales acciones que se hacen es sensibilizar. Y todas han decidido tener a ese bebé», ofrece como ejemplo.

Manos con bebé
Pie de foto, Guatemala tiene una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más alta de América Latina.

«¿Y qué pasa si esa niña no quiere tener a su bebé? Para eso existe una institución en Guatemala que se llama la Comisión Nacional de Adopciones», agrega.

«En discusión»

Gómez destaca además la existencia de una Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que considera clave para confrontar el problema.

Pero también reconoce que la misma «todavía está en discusión», a pesar de que Guatemala lleva años con una de las tasas de fecundidad infantil y adolescente más altas de la región latinoamericana.

Joven guatemalteca
Pie de foto, Guatemala lleva años con elevadas cifras de embarazos en niñas y adolescentes.

Y ese retraso retrata las diferencias de opiniones sobre la forma de encarar el problema que seguramente ha limitado la capacidad de respuesta de Guatemala.

Para Ramazzini, por ejemplo, un elemento clave detrás de los altos índices de embarazo infantil y adolescente es la falta de una efectiva educación integral en sexualidad, un tema que sin embargo todavía es considerado tabú por muchos sectores.

«En nuestro país se piensa que educar en sexualidad es solo educar en sexo y relaciones sexo-genitales, cuando estamos hablando de una educación integral en sexualidad que es clave para la vida», lamenta Ramazzini.

«Tiene que ver con relaciones de respeto, con compromisos a largo plazo, con consentimiento, con identificar estas relaciones de violencia, con desmontar esta idea de ser hombre que pasa por apropiarse de los cuerpos de niñas y adolescentes», explica.

Niñas en Guatemala
Pie de foto, La falta de una educación sexual integral es parte del problema.

Según Ramazzini, en el Ministerio de Educación de Guatemala existe desde hace años una estrategia sobre el tema.

«Pero hay muchas resistencias. Hay sectores antiderechos y de oposición que se niegan a que esto se implemente», le dice a BBC Mundo.

Y, para mientras, el número de niñas y adolescentes embarazadas crece y crece.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54484133

 

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Libro: La Escuela Plataforma de la Patria

La Escuela Plataforma de la Patria

Adriana Puiggrós

CLACSO

«Muchas de las ideas aquí expuestas son simples hipótesis, en tanto otras están confirmadas por una dura realidad que aqueja a franjas muy significativas de la infancia y la adolescencia de nuestra región. He preferido usar en esta oportunidad el lenguaje que surge de la libre asociación de ideas, antes que el académico, porque ello me permitió decir y contradecir, afirmar y dudar, mantenerme todo lo posible en la frontera entre el pasado, el presente y el futuro, al menos en mi imaginación. Así también, me permití interrumpir o alternar el estilo argumentativo con algunos de los recuerdos y anécdotas que afloraron mientras escribía. He usado el lenguaje de género cuando resultó oportuno, y el tradicional en muchas ocasiones, lo cual me hizo sentir libre….» (La autora)

Descargue este interesante libro aquí:  http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191205024740/La-escuela.pdf

 

Fuente de la Información: CLACSO / Biblioteca en Acceso Abierto

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Cuba: Congreso Mundial-Países debatirán los desafíos para calidad educación

Cuba/30 de enero de 2017/Lístín Diario

Delegaciones de diferentes países del mundo se reunirán a partir de este lunes en La Habana, Cuba, para debatir los desafíos y perspectivas de la calidad de la educación, así como en la formación docente.

El Congreso Mundial Pedagogía 2017 se celebrará en Palacio de las Convenciones de La Habana, del 30 de enero al 3 de febrero, organizado por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe (AELAC).

Entre los principales temas que se debatirán se citan La educación en valores y ciudadana por una cultura de paz, El desempeño profesional del docente en el perfesionamiento y transformación de los sistemas educativos y La tecnología de la información y la comunicación en la educación.

Además, Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y sostenible, Educación ambiental para el desarrollo sostenible y la prevención de desastres, Organización y administración de las instituciones educativas y Atención integral a la infancia y la adolescencia.

También se analizarán la integración escuela-familia-comunidad por un desarrollo sostenible, Alfabetización y Educación de jóvenes y adultos y La Formación técnica y profesional de calidad, entre otros.

Fuente: http://www.listindiario.com/la-republica/2017/01/29/452176/paises-debatiran-los-desafios-para-calidad-educacion

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Argentina: Menos derechos para la infancia, más violencia institucional para la sociedad. Comunicado del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia «EDUARDO BUSTELO»

América del Sur, Argentina, 15 e enero de 2017. Fuente y Autor: Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia «EDUARDO BUSTELO»
Comunicado:»Menos derechos para la infancia, más violencia institucional para la sociedad.»
“La infancia y la adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva ya que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones los niños, niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no “ocupa” ningún rol social, ni productivo estratégico, ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen “poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y es por esa “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central, para proteger y promover sus derechos”
Eduardo Bustelo

Los abajo firmantes sostenemos que la ausencia de políticas destinadas a la protección de la infancia de parte del gobierno de Macri en su primer año de gestión, se agrava aún más con su iniciativa de bajar la ¨edad de imputabilidad¨, por la que se pretende que los pibes de 14 años puedan ser perseguidos y encarcelados.

Este retroceso legal expone a la Argentina, al descrédito, la condena y las sanciones internacionales, como ya ha sido advertido claramente este Gobierno en los últimos meses por diversos Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos.

El Estado Argentino está obligado por imperativo constitucional y convencional, al rechazo a la baja de la edad mínima penal, sustentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU con rango Constitucional desde el año 1994.

El Comité de Derechos del Niño postula que la edad mínima de responsabilidad penal se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años-; y por imperio del principio de no regresividad, deben evitarse bajas como surge de la propuesta veraniega que de modo “espasmódico” emite el gobierno nacional a raíz de un hecho doloroso al comenzar un año electoral.
Y por si esto fuera poco, el gobierno de CAMBIEMOS con la iniciativa que analizamos, desconoce los consensos alcanzados de los que también fueron partícipe en su oportunidad entre la Nación, las Provincias y la CABA en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de Julio de 2015. Aquella Acta Acuerdo destaca que la política estatal para una nueva ley penal juvenil, entre otros criterios señala que, “la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos”.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Justicia pone en evidencia su carencia de autoridad política para impulsar debates de tal envergadura, debido al profundo desconocimiento de los antecedentes históricos que la Argentina registra en este tema.

Denunciamos la contradicción con el principio del ¨interés superior del niño¨ que esconde la propuesta del Ministro de Justicia Germán Garavano, que generaría una arquitectura institucional basada en la penalización de niños, niñas y adolescentes que roza lo inconstitucional.

Sabemos que no son hechos aislados, quieren terminar con la construcción política de esta década basada en la ampliación de los derechos sociales y ciudadanos para imponer un modelo de ajuste económico neoliberal. La vulnerabilidad no es un efecto no deseado del ¨sinceramiento¨ del mercado sino una condición del control y la represión al servicio del poder concentrado.

Alertamos a la sociedad sobre este nuevo intento de la derecha conservadora argentina de imponer una agenda pública que asocia delito y adolescencia, buscando aplicar el Código Penal a personas menores de 16 años.

Nuestra historia social es rica en políticas, herramientas y construcciones sociales destinadas a abordar problemáticas infanto-juveniles. No es que no debe hacerse nada con los menores de 16 años involucrados en comisión de delitos, sino que las intervenciones deben estar organizadas en el marco de un sistema de políticas públicas que privilegie las medidas socio-educativas alternativas al encierro; que sea especializado como requiere un adolescente en proceso de desarrollo; que ponga su prioridad en la prevención, para evitar las transgresiones penales y promover la reintegración de aquellos que cometieron infracciones. Es imperioso contar con una norma que, además, no permita imponer castigos en nombre de la protección.

Consideramos que el Régimen Penal Juvenil vigente debe ser modificado. Coincidimos con lo señalado por los organismos de Derechos Humanos, lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún organismo de Derechos Humanos, tampoco UNICEF, mucho menos quienes trabajan con chicos y chicas reclaman o concuerdan con reducir la edad de punición penal.

Sabemos que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil y del supuesto impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables. Tampoco existen argumentos racionales que indiquen que para salir de la “tutela” del actual Régimen Penal Juvenil se deba necesariamente “bajar la edad de imputabilidad”. Existe en ese razonamiento –enarbolado algunas veces desde una supuesta perspectiva progresista- algo de extorsivo: el costo de obtener un régimen legal respetuoso de garantías para los chicos y chicas -dejando atrás la Ley Nº 22.278 de la Dictadura. El jurista chileno, Julio Cortés Morales, lo describió con lucidez: “Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias, o a lo menos difíciles de conciliar”.

Nuestra experiencia histórica enseña que el gobierno está haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para reducir la violencia social y el delito. No confrontar claramente esta política regresiva y represiva que postulan Macri y Garavano allana el camino de la violencia institucional y nos aleja de la paz en nuestra patria, donde las víctimas además son también los niños y niñas de los sectores populares.

El cinismo de esta propuesta hacia el “piberío pobre” es un reflejo de la concepción económica neoliberal de un Estado desertor y otra cara es la desidia que han demostrado en la sub-ejecución presupuestaria en áreas de salud, empleo, políticas sociales y educación; que pone en evidencia la absoluta ausencia de compromiso del Gobierno de Macri con los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. La reciente desarticulación de políticas y programas destinados a la inclusión desde el Ministerio de Educación es una evidencia de lo señalado.

Un proyecto de país sensible a los intereses populares, jamás debería privar a la infancia de sus derechos, ni incrementar la violencia estatal contra la adolescencia que el propio modelo excluye.

Con este Comunicado expresamos nuestra posición e invitamos a colegas, especialista, organizaciones sociales y colectivos comunitarios a sumar sus voces e ideas.

Adhesiones al Comunicado “Menos derechos para la infancia, mas violencia institucional para la sociedad” del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO
El Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia EDUARDO BUSTELO comparte su postura sobre el proyecto del Gobierno de CAMBIEMOS sobre la pretensión de «bajar la edad de punibilidad» a 14 años.Acceder al Comunicado desde:
http://observatorioinfanciabustelo.blogspot.com.ar/2017/01/menos-derechos-para-la-infancia-mas.html
Fuente noticia: http://observatorioinfanciabustelo.blogspot.com.ar/2017/01/menos-derechos-para-la-infancia-mas.html
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