Argentina: Menos derechos para la infancia, más violencia institucional para la sociedad. Comunicado del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia «EDUARDO BUSTELO»

Los abajo firmantes sostenemos que la ausencia de políticas destinadas a la protección de la infancia de parte del gobierno de Macri en su primer año de gestión, se agrava aún más con su iniciativa de bajar la ¨edad de imputabilidad¨, por la que se pretende que los pibes de 14 años puedan ser perseguidos y encarcelados.

Este retroceso legal expone a la Argentina, al descrédito, la condena y las sanciones internacionales, como ya ha sido advertido claramente este Gobierno en los últimos meses por diversos Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos.

El Estado Argentino está obligado por imperativo constitucional y convencional, al rechazo a la baja de la edad mínima penal, sustentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU con rango Constitucional desde el año 1994.

El Comité de Derechos del Niño postula que la edad mínima de responsabilidad penal se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años-; y por imperio del principio de no regresividad, deben evitarse bajas como surge de la propuesta veraniega que de modo “espasmódico” emite el gobierno nacional a raíz de un hecho doloroso al comenzar un año electoral.
Y por si esto fuera poco, el gobierno de CAMBIEMOS con la iniciativa que analizamos, desconoce los consensos alcanzados de los que también fueron partícipe en su oportunidad entre la Nación, las Provincias y la CABA en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de Julio de 2015. Aquella Acta Acuerdo destaca que la política estatal para una nueva ley penal juvenil, entre otros criterios señala que, “la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos”.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Justicia pone en evidencia su carencia de autoridad política para impulsar debates de tal envergadura, debido al profundo desconocimiento de los antecedentes históricos que la Argentina registra en este tema.

Denunciamos la contradicción con el principio del ¨interés superior del niño¨ que esconde la propuesta del Ministro de Justicia Germán Garavano, que generaría una arquitectura institucional basada en la penalización de niños, niñas y adolescentes que roza lo inconstitucional.

Sabemos que no son hechos aislados, quieren terminar con la construcción política de esta década basada en la ampliación de los derechos sociales y ciudadanos para imponer un modelo de ajuste económico neoliberal. La vulnerabilidad no es un efecto no deseado del ¨sinceramiento¨ del mercado sino una condición del control y la represión al servicio del poder concentrado.

Alertamos a la sociedad sobre este nuevo intento de la derecha conservadora argentina de imponer una agenda pública que asocia delito y adolescencia, buscando aplicar el Código Penal a personas menores de 16 años.

Nuestra historia social es rica en políticas, herramientas y construcciones sociales destinadas a abordar problemáticas infanto-juveniles. No es que no debe hacerse nada con los menores de 16 años involucrados en comisión de delitos, sino que las intervenciones deben estar organizadas en el marco de un sistema de políticas públicas que privilegie las medidas socio-educativas alternativas al encierro; que sea especializado como requiere un adolescente en proceso de desarrollo; que ponga su prioridad en la prevención, para evitar las transgresiones penales y promover la reintegración de aquellos que cometieron infracciones. Es imperioso contar con una norma que, además, no permita imponer castigos en nombre de la protección.

Consideramos que el Régimen Penal Juvenil vigente debe ser modificado. Coincidimos con lo señalado por los organismos de Derechos Humanos, lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún organismo de Derechos Humanos, tampoco UNICEF, mucho menos quienes trabajan con chicos y chicas reclaman o concuerdan con reducir la edad de punición penal.

Sabemos que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil y del supuesto impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables. Tampoco existen argumentos racionales que indiquen que para salir de la “tutela” del actual Régimen Penal Juvenil se deba necesariamente “bajar la edad de imputabilidad”. Existe en ese razonamiento –enarbolado algunas veces desde una supuesta perspectiva progresista- algo de extorsivo: el costo de obtener un régimen legal respetuoso de garantías para los chicos y chicas -dejando atrás la Ley Nº 22.278 de la Dictadura. El jurista chileno, Julio Cortés Morales, lo describió con lucidez: “Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias, o a lo menos difíciles de conciliar”.

Nuestra experiencia histórica enseña que el gobierno está haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para reducir la violencia social y el delito. No confrontar claramente esta política regresiva y represiva que postulan Macri y Garavano allana el camino de la violencia institucional y nos aleja de la paz en nuestra patria, donde las víctimas además son también los niños y niñas de los sectores populares.

El cinismo de esta propuesta hacia el “piberío pobre” es un reflejo de la concepción económica neoliberal de un Estado desertor y otra cara es la desidia que han demostrado en la sub-ejecución presupuestaria en áreas de salud, empleo, políticas sociales y educación; que pone en evidencia la absoluta ausencia de compromiso del Gobierno de Macri con los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias. La reciente desarticulación de políticas y programas destinados a la inclusión desde el Ministerio de Educación es una evidencia de lo señalado.

Un proyecto de país sensible a los intereses populares, jamás debería privar a la infancia de sus derechos, ni incrementar la violencia estatal contra la adolescencia que el propio modelo excluye.

Con este Comunicado expresamos nuestra posición e invitamos a colegas, especialista, organizaciones sociales y colectivos comunitarios a sumar sus voces e ideas.