Hasta hace algunos meses Esteban Ciarlo trabajaba 40 horas semanales en la Facultad de Agronomía como profesor adjunto de la cátedra de edafología, una disciplina que estudia los suelos en relación con el crecimiento de las plantas. Pasó de esa carga horaria a una dedicación simple de 10 horas para poder tomar otro empleo. “La verdad es que el desfinanciamiento que hay en la universidad es tremendo y todo lo que es investigación se frenó”, cuenta.
Cómo él, cada vez más profesores de universidades públicas reducen sus horas o renuncian a sus cargos por los bajos salarios y en algunas facultades las partidas ya alcanzan al 13% del plantel docente. La tendencia genera incertidumbre por la calidad educativa hacia adelante, pone en peligro la continuidad de investigaciones y plantea un “panorama desolador” a futuro, según coincidieron autoridades académicas y profesores consultados por elDiarioAR.
El aumento de las renuncias es mayor entre los docentes más jóvenes, que pueden cobrar hasta cuatro veces más en el exterior o en el sector privado. En el otro extremo de la escala, también crece la deserción entre quienes están en edad de jubilarse, una situación que vacía a las universidades del personal con más trayectoria.
“Sin ningún lugar a dudas, la preocupación más urgente con la cual vamos a iniciar el 2025 es la recomposición salarial pendiente del año 2024”, advierte Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas de Argentina.
El atraso salarial trae como consecuencia el incremento de renuncias docentes, “un fenómeno que se da en todo el país, pero se ve mucho más en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Santa Fe porque hay más variedad de potenciales empleadores”, precisa Moriñigo.
“Es muy penoso perder a profesores que uno los viene formando desde hace mucho tiempo y que, por cuestiones coyunturales, tengan que irse”, agrega el presidente del CIN, que también es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
Más de 130 renuncias en Exactas de la UBA
A lo largo del 2024, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) renunciaron en total 135 profesores y auxiliares, lo que representa el 13% del plantel docente, según datos que esa casa de estudios le brindó a elDiarioAR.
“Es un número muy grande y se nota una tremenda deserción. Dependiendo de las disciplinas, va cambiando el perfil de adonde se fueron. Algunos pasaron a la industria, otros a universidades privadas o partieron del país”, explica el decano de Exactas, Guillermo Durán. Y continúa: “Los sueldos de nuestros profesores investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que los sueldos que pueden llegar a ganar en países como Chile, Uruguay o Brasil. Y la calidad de nuestra gente es muy buena, entonces tienen oportunidades en todos lados”.
Las áreas más afectadas de la Facultad son las que están vinculadas con computación y química. A contramano de la deserción de sus profesores, Ciencias de Datos es la carrera con mayor cantidad de inscriptos de Exactas desde sus inicios en 2021.
“La situación es espantosa. En cuarenta años de democracia no hubo un ajuste sobre la universidad y la ciencia tan salvaje como el que hizo este Gobierno en un año”, remarca Durán. “Por el momento, estamos haciendo todo lo posible para mantener la oferta académica tal cual estaba sin tener que cerrar cursos, pero por supuesto que estas partidas en masa provocan una disminución de la calidad”.
Cierre de inscripciones
Una de las instituciones que se vio obligada a modificar la oferta académica es la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que cerró las inscripciones para 2025 en las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Informática porque no hay docentes para cubrir todos los cursos que se necesitarían si se sumarán nuevos estudiantes.
“A los docentes de esos rubros les conviene trabajar en el sector privado y la demanda de inscriptos a esas dos carreras es muy elevada, por lo que se priorizó que quienes ya están cursando puedan seguir haciéndolo”, informaron desde la UNQ a este diario.
Alejandro Díaz-Caro es docente de la Licenciatura en Informática de la UNQ y en octubre de este año emigró a Francia para investigar en lenguajes de programación para la computación cuántica en el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales (Inria, por sus siglas en francés).
“Mientras pueda voy a seguir dando clases virtuales para la UNQ porque es mi manera de ayudar a que la carrera se mantenga”, cuenta a elDiarioAR por teléfono Díaz-Caro, a unos 11.000 kilómetros de distancia. “Siempre fue difícil competir contra los salarios de la industria, pero ahora las condiciones se deterioraron tanto que nos estamos yendo todos y eso hace que la carga para los que quedan sea más grande. Es una situación bastante catastrófica”, agrega.
El investigador ya había vivido en Francia cuando hizo su doctorado y posdoctorado, pero regresó a la Argentina en 2014 gracias al programa Raíces del entonces Ministerio de Ciencia, que promovía la repatriación de científicos.
“Volví con la intención de crear un grupo de investigación y hacer ciencia en Argentina. En diez años formé un montón de estudiantes y ahora tener que bajar la persiana de repente e irme es muy feo. No es lo que hubiese querido”, afirma y explica que tomó la decisión de emigrar porque el Gobierno suspendió los financiamientos para las investigaciones.
En ese sentido, Díaz-Caro apunta que tampoco se abren llamados para pedir financiamiento al exterior, como hizo durante los últimos años para obtener fondos de la Unión Europea. “Entonces, no es una cuestión de ahorrar plata, sino que hay una intención clara del Estado de que no hagamos más ciencia”, apunta.
“Admiro muchísimo a los que decidieron quedarse y pelearla desde adentro, pero creo que eso no es gratis. Pelearla desde adentro significa dedicar gran parte de tu esfuerzo y tu tiempo a pelear para que el sistema científico no se caiga, en lugar de hacer investigación”, concluye.
La profundización del conflicto
Después de un año con paros docentes, tomas de facultades, clases públicas y dos marchas universitarias federales contra el ajuste que aplica el Gobierno de Javier Milei sobre la educación superior, el conflicto, lejos de solucionarse, se expande en el tiempo.
Ya en octubre la Facultad de Agronomía de la UBA había advertido sobre la renuncia de 30 profesores “altamente calificados”, que configuraban alrededor del 10% del plantel. Ahora, la problemática se profundiza porque al menos 15 docentes solicitaron la disminución de su dedicación exclusiva.
“Pidieron tener una dedicación part time y el resto del tiempo se dedican a la actividad privada, con lo cual estamos perdiendo cerebros y capacidades. Se trata de una tendencia peligrosa para sostener el rol fundamental de la universidad que es la investigación”, resalta la decana de Agronomía, Adriana Rodríguez.
Entre los docentes que redujeron este año su dedicación está Esteban Ciarlo, quien pasó de trabajar 40 horas semanales en la facultad de Agronomía a tener una dedicación simple de 10 horas para tomar otro empleo. Ciarlo, profesor adjunto de la cátedra de edafología, dice que en sus 26 años como docente nunca hizo un paro hasta este año. “No es que yo era el único que no hacía paros, no se usaba en la facultad porque es muy apolítica. Pero este año cambió”, enfatiza y remarca que nunca vio un ajuste similar.
“También nos sentimos muy discriminados por la forma en que se trataba a la comunidad universitaria y por esta idea errónea de que los docentes bajamos línea subestimando a los alumnos. Eso nos empujó a todos a movernos”, continúa Ciarlo, quien espera algún día volver a tener dedicación exclusiva porque asegura que la facultad es como su casa.
Durante el 2024 el sueldo de los docentes universitarios “perdió más del 50%”, según alertó esta semana el gremio de la Conadu Histórica, que reclama la reapertura de paritarias. Hoy un salario de cargos iniciales está “en $420.000 de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, afirmó la secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti.
Asimismo, el salario de los docentes universitarios sufrió el mayor recorte dentro del sector público, de acuerdo a un informe elaborado por el centro de investigación Fundar con motivo del primer aniversario de la presidencia de Milei.
Menos profesores y laboratorios más vacíos
“Tuvimos alrededor de 30 renuncias de docentes a lo largo del año. Es un número que está por arriba de la media de los años previos y ha aumentado significativamente en los docentes más jóvenes, de hasta 35 años”, detalla a elDiarioAR el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, Pablo Evelson.
También advierte sobre otro fenómeno: “Los docentes se empezaron a jubilar apenas pueden. Tenemos un aumento en las jubilaciones de las mujeres a partir de los 60 años, o sea que hay deserción en los niveles más bajos y en los más altos de la escala”.
La partida de los docentes más jóvenes se profundiza por la suspensión del ingreso a la carrera de investigador del Conicet y por la interrupción del pago de subsidios a los laboratorios de las facultades. En la FFyB, el ajuste afecta investigaciones que buscan dar respuesta a problemas de salud de la población, como el desarrollo de vacunas, kits diagnósticos o medicamentos para enfermedades desatendidas.
“El panorama es bastante desolador porque además no hay ningún indicio de que las autoridades nacionales tomen seriamente la caída del salario”, agrega el decano. Y advierte: “Si la situación permanece, prevemos una disminución muy grande en los distintos estamentos de recursos humanos de la universidad”.
Hacia una consulta popular
Si bien las autoridades académicas consultadas concuerdan en que los salarios docentes son el tema más grave de cara al próximo ciclo lectivo, advierten que la cuestión de los gastos de funcionamiento tampoco está resuelta porque el Congreso no aprobó un nuevo presupuesto para 2025.
Para encontrar una alternativa, el Consejo Superior de la UBA firmó la semana pasada una resolución donde solicita a la Cámara de Diputados convocar a una consulta popular vinculante para aprobar la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre.
El lunes pasado el Ministerio de Capital Humano anunció que “la inversión universitaria para 2025 es la tercera más alta del presupuesto nacional”. Sin embargo, los 4 billones de pesos previstos están apenas por encima de la mitad de los 7,2 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir las necesidades del sistema.
“Esperamos que el Gobierno haga el esfuerzo y genere todas las condiciones políticas para que durante enero y febrero pueda trabajarse en una oferta que empiece a recuperar salarios respecto a la inflación porque de eso depende cómo arrancará el año”, concluye Moriñigo.
DTC
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