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El hambre y la violencia crecen en Brasil

Dos fenómenos se agravaron de manera contundente en Brasil a lo largo de los últimos tres años: el hambre y la violencia practicada por las fuerzas de seguridad pública.

La suma de la inflación, que se mantiene por encima de los 12% al año, a la pérdida de poder adquisitivo de manera general pero especialmente aguda en las capas de menor poder adquisitivo, que gira alrededor de los 10%, hizo que 36% de las familias brasileñas – lo que significa más de la mitad de la población total, de 212 millones – hayan entrado en lo que analistas y especialistas llaman de “inseguridad alimentaria”. Es decir, desde insuficiencia de alimentos en bases mínimas hasta directamente hambre.

Ese cuadro se acentuó principalmente a partir de 2021. Si en 2014 el número de familias en estado de “inseguridad alimentaria” en sus diferentes niveles rondaba la casa de 17%, a fines de 2021 había saltado para 36%. Y con eso supera el promedio mundial, que es de 35%.

Entre los 20% que conforman la parte más pobre de los brasileños, 75% dicen que en 2021 faltó dinero para comprar comida.

Los datos corresponden a encuestas realizadas antes de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, lo que provocó un nuevo –y fuerte– incremento en los precios, especialmente combustible y alimentos.

Si a lo largo de siete meses de 2021 el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro concedió “auxilio de emergencia” a poco más de 39 millones de familias, ahora llega a 17 millones 500mil, o sea, menos de la mitad.

Además del hambre, otro fenómeno creciente bajo Bolsonaro alcanza, de manera dramática, precisamente a la parte más pobre de los brasileños: la violencia de las fuerzas de seguridad en las villas miseria cuya población aumentó significativamente con la debacle económica.

Esta semana hubo otra masacre en una “favela” suburbana de Río, con la muerte de 23 personas.

Desde agosto de 2020, o sea, en menos de dos años, al menos 330 civiles fueron muertos en 74 supuestos enfrentamientos entre supuestos criminales y fuerzas de seguridad pública solamente en Río.

La repetición de “supuestos” se justifica: parte substancial de los muertos no tenía ningún tipo de registro criminal, y es difícil imaginar un “enfrentamiento” como el más reciente, en la villa miseria de Cruzeiro, en que 23 habitantes murieron y ninguno de los más de 150 policías fue herido.

En este último caso, de los 23 muertos 16 fueron identificados. De ellos, siete –casi la mitad– no tenían ningún antecedente criminal. Uno de ellos era un joven de 16 años, muerto por una cuchillada, y no por tiro.

Otra víctima era una peluquera de 42 años, alcanzada dentro de su casa por una “bala perdida”, nadie sabe si disparada por narcotraficantes o por la policía. Otro fusilado era un ex militar de la Marina, que trabajaba en un negocio en la “favela”. No había arma alguna al lado de su cadáver.

Ha sido la segunda mayor masacre en Río. La anterior ocurrió en 2021, también en una “villa miseria”, y dejó 28 muertos. Entre las víctimas se encontraban narcotraficantes, pero parte considerable era de habitantes, todos trabajadores y en su mayoría negros.

Otra acción brutal de la policía –grabada en vídeo que circula por todo el país– ocurrió en Umbaúba, en el estado de Sergipe, en el nordeste.

El conductor de una moto, que padecía de esquizofrenia, fue tumbado por policías militares. Agredido, fue atado y tirado al baúl de una camioneta de la patrulla. Su esposa se acercó y, a los gritos, contó a los uniformados que el marido era enfermo.

Como el prisionero se agitaba en la baulera, los agentes dispararon spray de pimienta dentro del vehículo todo cerrado para “calmarlo”. Resultado: el hombre de 38 años murió sofocado.

Frente a la masacre de Río, Bolsonaro –un incentivador del armamentismo que destrozó el ya complicado sistema brasileño de seguridad pública– elogió a los “héroes” que garantizaron la paz de “los hombres de bien”, criticó a los medios de comunicación por no compartir su aplauso y prometió mantenerse vigilante.

Ya con relación al ciudadano sofocado en el baúl de un patrullero dijo que antes de comentar iba a “averiguar” lo sucedido.

Parece que a ninguno de sus asesores e hijos les ocurrió enseñarle el vídeo del asesinato cometido por los policiales.

Así es que negros y pobres que habitan las villas miseria seguirán bajo la eterna amenaza de muerte por agentes de seguridad pública que no hacen más que fusilar en lugar de prender culpables mientras diezman inocentes. Todo siempre bajo el aplauso presidencial.

Fuente: https://rebelion.org/el-hambre-y-la-violencia-crecen-en-brasil/

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Aumento salarial para los maestros: entre igualdades y desigualdades

Por: Abelardo Carro Nava

Aún tengo fresco en la memoria, el recuerdo de aquel día de 2016, cuando el ex Secretario de Educación de nuestro país, Aurelio Nuño, se reunió con maestras y maestros que presentaron un “examen” mediante el cual se valoró su desempeño docente en el aula y escuela. Este mecanismo, según se dijo, era el medio a través del cual se daría un paso trascendental para lograr la tan anhelada “calidad” educativa que tanto necesitaban los estudiantes, como si un examen fuera el único elemento o factor que permitiría cumplir tal sueño.

En dicha reunión, acudieron docentes de toda la República Mexicana y, desde luego llamó mi atención, la intervención de una profesora del estado de Chihuahua porque, cuando este ex funcionario público le dio la palabra, sin más ni menos dicha docente le expresó de manera clara y contundente, que en este momento y en ese recinto se encontraban docentes de todo el país, no maestros de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, solo maestros.

El aplauso surgió espontáneo, pues clasificar a maestras y maestros como “idóneos” o no “idóneos”, “destacados” o “insuficientes” solo por el hecho de haber obtenido un resultado que no valoraba lo que en un salón de clases ocurría en una jornada de 6 y 8 horas, no era lo más sensato ni la mejor política.

El clamor por un trato justo, igualitario y equitativo, no se hizo esperar en los días, semanas y meses subsecuentes; de hecho, propios y extraños tomaron este evento como una ferviente posibilidad para exigir un trato digno hacia todos los trabajadores de la educación.

No es un asunto menor afirmar que, las palabras expresadas por esta profesora, de inmediato tuvieron un impacto mediático de importantes magnitudes y consideraciones pues, hasta ese momento, no había existido algún foro público, de esta naturaleza, en el que un docente expresara su sentir de la forma en que ella lo hizo.

Sentir y pensamiento que, debo decirlo, sino fue generalizado, sí gozó de la aceptación y aprobación de buena parte del magisterio que, indiscutiblemente, cuestionó desde el 2013 la puesta en marcha de una política evaluadora de su quehacer profesional, cuyo carácter punitivo quedó demostrado a lo largo de esos años evidenciando, con ello, el desprecio hacia una de las profesiones más nobles que pueden existir en este mundo.

Pasados los años llegó un régimen diferente a Palacio Nacional; desde luego, muchos de los errores cometidos por el gobierno peñanietista, en materia educativa, fueron capitalizados por diversos actores políticos contrarios a esta ideología de corte neoliberal; el hambre y sed de justicia de esa parte inconforme del magisterio rindió los frutos esperados, y el carácter punitivo de la evaluación se eliminó de las leyes reglamentarias en 2019. Justicia, igualdad y equidad, al igual que en el 2013, de nueva cuenta aparecieron en los discursos y en algunas de las leyes que hasta este momento se encuentran vigentes en nuestro país porque, según se dijo, las maestras y los maestros son agentes del cambio educativo y de la transformación social; sin embargo, en los hechos, por ejemplo, aún se mantiene prácticamente el mismo esquema evaluativo para ingresar al magisterio, para promocionarse o para ser reconocido. ¿Qué cambió entonces?, ¿dónde quedó esa justicia, esa igualdad o esa equidad?

Y, si esto no fuera suficiente, la política de aumento salarial de los trabajadores de la educación, con excepción de lo que hemos visto y conocido en este año – y sobre la cual abordaré unas líneas más adelante –, prácticamente se ha mantenido entre un 3 y 4 por ciento a largo de estos años; hecho que indudablemente ha golpeado directamente el poder adquisitivo de éstos pues, por donde quiera que se mire, dichos incrementos no han superado la inflación en los años en que se han propuesto y aceptado.

En estos días, este tema desde luego que ha dado pie al análisis, reflexión, crítica o argumentación de diversos actores educativos y no educativos; desde luego, veo y leo voces a favor y en contra de la decisión tomada por el gobierno lopezobradorista debido a las altas expectativas que generó el anunció que se realizaría el 15 de mayo de este año; fecha en la que se celebra el Día del Maestro en nuestro país y que ha sido empleada por los distintos gobiernos para construir una imagen positiva a su favor puesto que, tal pareciera que este “logro” presupuestal, debe agradecérsele y no exigírsele o demandársele mejores condiciones laborales, profesionales y salariales. En fin.

En cuanto al tema del incremento salarial de este año, éste alcanzó el 5.3% global, retroactivo al 1º de enero de 2022; 3.5% al salario y 1.8% en prestaciones de los docentes de educación básica, Especial, Inicial, de Educación Media Superior y Superior, así como para el personal de Apoyo y Asistencia a la educación. Nada nuevo bajo el sol si consideramos los incrementos de años y gobiernos anteriores y en el que, desde mi perspectiva, permea esa imagen de igualdad señalada pues, en tal concepción, este ha sido el mismo aumento para todos los trabajadores de la educación. Igualdad, por donde quiera que se mire.

Sin embargo, el rubro que causó una polémica de considerables magnitudes, fue la nueva política salarial impulsada por este gobierno debido al aumento escalonado del 3%, 2% y 1% para aquellos que ganan menos de 20,000 pesos mensuales, de acuerdo a los siguientes niveles: a) menos de 10,000 mensuales, 3%; b) de 10,000 a 15,000 mensuales, 2%; y de 15,000 a 20,000 mensuales, 1%; política en la que, como parece obvio, permea un sentido de equidad que no debe soslayarse, pues si consideramos que ésta alude a darle mayores recursos a quienes menos tienen, tal concepción se sostiene porque, como sabemos, en nuestro intricado Sistema Educativo, hay varios miles de trabajadores de la educación cuyo salario es mejor a 10,000 pesos mensuales. ¿Qué responsabilidad han tenido estos trabajadores de la educación para que perciban ese salario si las políticas contractuales han sido establecidas por los mismos gobiernos y aprobadas en los espacios legislativos y de hacienda conocidos? Es más, si revisamos las políticas de estímulos salariales impulsadas desde la década de los noventa, nos daremos cuenta de que éstas no han favorecido a todo el gremio quienes, es cierto, gozaron de la posibilidad de participar voluntariamente en el programa de carrera magisterial o en los procesos de promoción hasta nuestros días vigentes. Entonces, ¿es responsabilidad de un trabajador ganar el salario que gana porque no ha decidido participar en esos esquemas de promoción? En absoluto porque, no hay que perder de vista que al ser una profesión de estado que depende directamente del estado en estos temas una vez que se ejerce, la obligación es de ese estado para proporcionar las condiciones laborales, profesionales y salariales dignas que le permitan a este trabajador, por un lado, realizar su actividad contando con las mejores condiciones en sus espacios escolares, pero también, con un salario digno que retribuya toda la labor que realizan a diario en sus escuelas y comunidades.

Qué bueno que haya permeado un sentido de equidad en esta política gubernamental, qué malo que aún permee la desigualdad en dichas políticas porque, recordando las palabras de la profesora expuestas al inicio de estas líneas, no hay maestras ni maestros de primera ni de segunda ni tercera categoría, todos son maestros y punto. ¡Vaya dilema! Porque en búsqueda de la equidad la igualdad no se sostiene, pero en la búsqueda de esa igualdad la inequidad se sostiene.

En suma, si estamos hablando de que tal anuncio fue un acto de justicia hacia quienes menos salarios tienen, la apreciación es correcta; sin embargo, también es correcto y entendible ese sentimiento de injusticia hacia quienes han jugado con las reglas del juego que todos, absolutamente todos los gobiernos – incluyendo el actual régimen – han impuesto con la finalidad de acceder a un mejor salario.

En consecuencia, tales acciones con matices de equidad se quedan en eso, en unas acciones que, por el momento, son aplaudidas o abucheadas pero que no resuelven el problema de fondo por lo ya expuesto.

Desde mi perspectiva, urge transformar el Sistema Educativo – y desde luego el económico – desde adentro para que las políticas de equidad e igualdad encuentren un equilibrio lo más cercano a eso que tanto ha demandado el magisterio a través de los años: justicia. Para nadie es desconocido la enorme brecha existente entre funcionarios, en todos los regímenes, con sueldos exorbitantes y maestros con salarios menores a 10,000 pesos.

Con negritas:

También llamó mi atención la algarabía con la que una senadora de nuestro país aplaudía el anunció del presidente del 15 de mayo sobre dichos aumentos escalonados; sí, una senadora con un sueldo mensual que no ve un maestro reflejado en sus bolsillos. Qué fácil es hablar, aplaudir y alegrarse desde el privilegio… ¿y si un senador ganará lo mismo que un maestro o maestra?, ¿por qué no, dicha senadora, propone que todos los senadores ganen lo mismo que un profesor? Me gustaría verlo.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org
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Marina Echebarría Sáenz : Shanghai y la crisis del sistema de externalización

El confinamiento de la macrourbe china paraliza su puerto, el mayor del mundo. Gigantes como Apple, Xiaomi y Tesla se han visto obligados a paros parciales

Todos los días nos acercamos a nuestros comercios y al consumir, sin darnos cuenta, consumamos auténticas proezas. Raramente pensamos en la tecnología y en la planificación que implica que nuestras estanterías estén llenas de uvas de Chile, carne irlandesa, trigo ruso, lino africano o teléfonos made in China. Raramente nos detenemos a pensar que nuestro móvil utiliza metales procedentes de Zaire, Ruanda, Bolivia, Rusia…, que todos estos componentes han sido enviados en trenes y barcos a China, donde han sido ensamblados en macrofactorías y posteriormente embarcados a su vez y distribuidos por todo el planeta. Hemos normalizado vivir en ciudades que importan más del 94% de sus insumos desde más de 100 kilómetros de distancia y en las que la más mínima falla, unas estanterías vacías durante unos pocos días, se convierte en una ofensa a nuestro modo de vida, un síntoma de desorden y caos social. Exigimos (coléricamente) el abastecimiento continuo.

Desde hace poco más de un cuarto de siglo nos sostiene una compleja cadena de extracción, producción, logística y distribución. Una cadena que en realidad es una red, en la que se extraen materias primas de países africanos o latinoamericanos, se transforman en productos en las fábricas del mundo (China, India, Bangladesh, Corea…) y se distribuyen mayormente en el occidente europeo y norteamericano. Todo este entramado se sostiene por una hiperproducción en lugares claves como China, por mano de obra barata en países como Bangladesh, Vietnam, China, y por un tráfico marítimo que incrementa sus volúmenes exponencialmente cada año. El “milagro” económico se basa en el aprovechamiento de los costes más baratos en cualquier espacio del mundo y en una circulación continua de los recursos. Es por eso que en Europa hemos asistido al cierre progresivo de nuestras fábricas y a su traslado a países más económicos para las grandes corporaciones: la externalización. Somos rentistas financieros, países de servicios o productores sobrecualificados, pero ya no somos la Europa industrial del siglo XX. Ya tuve ocasión de reflexionar con ustedes sobre la llamada crisis de suministros, en realidad, los síntomas de que toda esta red comienza a llegar a sus límites y no puede prometer un crecimiento perpetuo. Es en este contexto en el que asistimos a los cuellos de botella o al fallo de los eslabones débiles del sistema, como el provocado por el cierre de Shanghai.

Lo habrán oído, el Gobierno chino ha cerrado la mayor parte de Shanghai por la expansión de la covid en la macrourbe. Hablamos de más de 26 millones de personas confinadas en lo que es uno de los núcleos centrales de la producción y logística de la cadena de suministros mundial. El cierre, lógicamente, ha afectado al puerto de Shanghai-Yangshan, el mayor del mundo: más de 24 kilómetros de instalaciones y muelles que dan entrada y salida a más de 52 millones de contenedores TEU cada año. Shanghai procesaba en febrero el 20% del tráfico mundial de contenedores cada día.

El 19 de abril, cerca de 506 barcos portacontenedores gigantes, decenas de petroleros y un gran número de graneleros y barcos mineraleros esperaban su oportunidad de cargar o descargar en las aguas cercanas al puerto. Un mero síntoma de lo que estaba ocurriendo. Tras decretar el cierre parcial de la ciudad a finales de marzo y el cierre total el 15 de abril, los trabajadores de las principales macrofactorías y los trabajadores portuarios fueron confinados en sus centros de producción. Es decir, para varios millones de trabajadores la burbuja de confinamiento no es su hogar, sino su empresa, en la cual quedan anclados para que continúe la cadena de producción y exportación, muchas veces en condiciones de salubridad y vida cercanas a la esclavitud. Tesla corp. anunció que procedía a poner duchas y a garantizar tres comidas al día a sus trabajadores, lo que nos da un indicio de que no todas las factorías o instalaciones están cumpliendo con este “estándar” de humanidad. Aun así, el transporte terrestre no circula normalmente, por lo que las factorías de producción de gigantes como Apple, Xiaomi, Tesla y otros se han visto abocadas a paros parciales. Los barcos asumen incrementos de demoras de un 75%, días de retraso, lo que a su vez supone un aumento de los fletes, los seguros marítimos, los pagos por estadía en los muelles, las operaciones de estiba y el propio sostenimiento de las tripulaciones. Miles de contenedores refrigerados con productos perecederos o con químicos peligrosos se acumulan, constituyendo una amenaza creciente. Pese a todos los esfuerzos, el número de contenedores en espera es un 195% mayor que en el mes de febrero y la desviación a otros puertos no es solución, porque las fábricas están ahí, deseando verter en las bodegas sus excedentes. Ninguna flota de transporte terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la avalancha de demanda procedente de Shanghai.

Ninguna flota terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la demanda procedente de Shanghai

Algún día nos llegarán los relatos de qué ha supuesto para los trabajadores de Shanghai este confinamiento. Qué precio humano ha tenido que sigamos recibiendo nuestros teléfonos y televisores. Pero, de momento, en los núcleos financieros de Occidente se hacen cuentas sobre lo que nos va a costar el cierre de Shanghai. Las agencias internacionales más prestigiosas ya nos explican que sólo la gran ciudad china podría aportar de un 1 a un 2% de inflación anual a la economía global. Lo que es más difícil saber es si alguien está haciendo cuentas sobre si el sistema de externalización es sostenible. Sobre si es razonable continuar concentrando la producción lejos de su destino, alargando las líneas de transporte, incrementando el volumen de los puertos hasta el infinito y dependiendo de unas líneas de suministro que, al final, son frágiles y pueden verse afectadas por circunstancias imprevisibles: un barco atascado en el canal de Suez, una epidemia en una ciudad, una guerra o una catástrofe natural, quizás. Nuestro ingenio para resolver de manera eficiente el problema de poner una manzana en su supermercado quizás debería comenzar a considerar con más humildad nuestros límites y pensar que la naturaleza está ahí para recordárnoslos. Mientras tanto, asistimos al espectáculo de un atasco en el mar de China.

Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil.

Fuente: https://rebelion.org/shanghai-y-la-crisis-del-sistema-de-externalizacion/

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Argentina: Confirman que el Consejo del Salario se reunirá el 16 de marzo

El Gobierno comunicó oficialmente que el 16 de marzo próximo será la fecha de la convocatoria al Consejo del Salario, la reunión en que funcionarios, gremialistas y empresarios definirán cuáles serán el porcentaje del aumento del mínimo a los salarios y las prestaciones por desempleo.

Una hora antes se reunirá la Comisión del Salario Mínimo y Prestaciones por Desempleo, para determinar el nuevo monto del haber mínimo y de las prestaciones por desempleo.

La convocatoria fue formalizada a través de la Resolución 1/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.

La reunión será el miércoles 16 de marzo a partir de las 15, mediante plataforma virtual. Se prevé que en ese debate se resuelva cuál será el monto del salario mínimo que en la actualidad es de 33 mil pesos para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

El monto significó un incremento anual de del 52,7 por ciento. En tanto que para los trabajadores jornalizados el valor de la hora es de 165 pesos, según la Resolución 11/2021 del 27 de septiembre del año pasado.

El ingreso mínimo sirve de referencia para los trabajadores informales y en el transcurso de 2021, fue ajustado en dos oportunidades, producto de la inflación.

En tanto, en la actualidad el monto mínimo por desempleo es de 9.167 pesos mínimo y 15.278 de máximo.

El gobierno nacional anticipó que la pauta de aumentos salariales para el sector formal trepará al 40 por ciento este año, pero con cláusulas de revisión en función del costo de vida. Ese porcentaje está por encima del 33 por ciento de inflación proyectado en el Presupuesto Nacional para 2022, que no fue aprobado por el Congreso.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/405686-confirman-que-el-consejo-del-salario-se-reunira-el-16-de-mar?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1646426867

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Salarios vs inflación

Por: Mario Hernández

Octubre fue el mes en el que fueron activadas la mayor cantidad de cláusulas de revisión. Numerosos gremios “lograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan al 50%, cifra similar a la inflación interanual pero que, a su vez, debería estar por encima de la inflación acumulada que se verá en 2021.

Entre otros casos, durante este mes la rama indumentaria textil firmó revisiones que llevan su acuerdo a cerca del 55% anual, los plásticos firmaron en torno del 53%, la UOM (metalúrgicos) reabrió su acuerdo para llevarlo apenas por encima del 50%, AOMA (mineros) revisó en torno al 48%, y Satsaid (nuevas tecnologías), el único gremio que este mes firmó su paritaria anual para 2022, en 45% pero con revisiones a mediados del año próximo.

El último dato correspondiente al relevamiento de salarios de la economía que realiza el INDEC, informa que en agosto 2021 los salarios totales registran un aumento de 49,1% respecto de agosto 2020.

El ajuste del poder adquisitivo de los salarios se puede observar en el aumento de rubros de importancia relativa como transporte, alimentos y prendas de vestir, los cuales registraron un aumento en ese mismo período, 62,3%, 52,4% y 53,4%, respectivamente, señala Martín Calveira, investigador del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral. 

Descontada la inflación, los salarios totales se redujeron en 2,3% en el período agosto 2020-agosto 2021 debido a que la inflación minorista de ese mismo período fue 51,4%, precisa Calveira.

Al desagregar la evolución, “el sector privado no registrado tuvo nuevamente una mayor pérdida real debido a que el aumento respecto de agosto 2020 fue solo 35,8%”. Por otro lado, el sector privado registrado mostró una evolución interanual de 53% y los salarios del sector público un 50,9%.

Yendo más atrás en el tiempo, “desde el inicio del confinamiento, se observa un crecimiento del 55,7%. No obstante, ajustado por la inflación del mismo período es -7%, es decir, un ajuste real de los salarios que se suman a la caída del PIB y un mayor desempleo”.

Noviembre llegó con aumentos

Las subas en alquileres, expensas, GNC, colegios; entre otros, también contribuirán -junto a otros factores- a acelerar el ritmo de la suba del nivel general de precios que en los primeros 9 meses del año acumulan un 37%

Alquileres: Para aquellos inquilinos que firmaron contratos en noviembre del 2020, deben afrontar este mes la suba anual que se determina -a partir de la Ley de Alquileres- por un índice combinado (50 % evolución y de salarios y 50 % precios) que elabora el Banco Central. Se estima que teniendo en cuenta el IPC interanual, la suba pueda alcanzar el 50%.

Según los datos relevados por zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires «El alquiler de un 2 ambientes en la Ciudad se ubica en $ 43.899 por mes, 3.0% por encima del mes previo. En 2021 acumulan suba de 43.1%, levemente por encima de la inflación.»

El portal inmobiliario sostiene que «en los últimos doce meses el precio medio de alquiler (nuevos contratos) acumuló suba de 51.8% levemente arriba de la inflación (51.1%) y de ajuste de los contratos existente firmados hace 12 meses (49.5%).»

Expensas: las expensas tendrán una suba de hasta 10% en noviembre. La misma esta empujada por las paritarias del sindicato de encargados de edificios (SUTERH) que llevarán el 32% acordado a un 44,8% de ajuste anual.
Eso se debe a que los salarios de los encargados de edificio tienen una fuerte incidencia dentro del valor de las expensas.

GNC: El precio del metro cúbico del gas natural comprimido (GNC) aumentará 1 peso, para venderse a un promedio en todo el país de $47 en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera el valor del gas en boca de pozo pasará de 14% al 14,5%. El último aumento de este combustible se había aplicado en agosto de este año y fue entre $2 y $3.

Colegios: se trata de los colegios privados que reciben subsidios estatales y fueron autorizados para incrementar sus cuotas. Luego de las revisiones paritarias a docentes, los colegios privados aumentarán de un 3% a un 4%.

Telefonía móvil: sin la autorización del ente regular, Enacom, las empresas de telecomunicaciones aumentarán hasta 10% en noviembre. Las empresas siguen aumentando a su antojo mientras existe una judicialización del decreto 690. En los primeros nueve meses del año las subas acumuladas en telefonía, internet y televisión rondan el 49 %, mientras el Enacom había autorizado para el año en curso subas de hasta un 30 %.

Crecen los márgenes de ganancia de empresas oligopólicas

Por David Cufré 

La decisión del Gobierno de establecer precios máximos por 90 días para una canasta de consumos esenciales abroqueló al establishment empresario, la prensa dominante y la oposición de Juntos por el Cambio en contra de la medida. “La culpa de la inflación no es de los empresarios”, aseguró María Eugenia Vidal. “Es de la emisión monetaria”, interpretó, lo mismo que Martín Tetaz, que la acompaña en la boleta. Horacio Rodríguez Larreta pronosticó que la intervención estatal terminará en “desabastecimiento”, igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman. A tres semanas de las elecciones, la pelea por los precios dejó a la luz la diferencia radical de enfoques entre oficialismo y oposición, pero sobre todo lo crucial que son los comicios para fortalecer la defensa de las mayorías populares o dar impulso a la arremetida conservadora.

Techint, Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra son protagonistas principales de la pulseada por la inflación. En el primer semestre del año lograron “una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad”, gracias a su poder de mercado para imponer condiciones a otros actores de las cadenas productivas y a los consumidores. Así lo advierte un documento elaborado por Cifra, el centro de investigación económica de la CTA, a propósito del debate sobre las causas de la aceleración de precios.

El caso Techint

“Ternium Argentina (Techint) declaró utilidades netas por el 40,1 % de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando en el mismo período del año anterior había registrado pérdidas contables de -1,5 %”, revela el informe. “Se trata de un nivel muy superior a los buenos registros de 2019, cuando había obtenido un 10,5 % de utilidades sobre ventas”, compara. Es decir, el holding de la familia Rocca se anotó primero en la lista de empresas que recuperaron ganancias a costa de descargar fuertes aumentos en el precio del acero a las industrias que lo utilizan como un insumo clave. Eso genera un efecto cascada que recae en definitiva sobre los consumidores.

La crisis histórica que causó la pandemia, cuyo impacto se minimiza en el debate político, tanto por parte de la oposición como por sectores que supieron votar al Frente de Todos y ahora se manifiestan decepcionados con su actuación, generó una disparada de precios a nivel internacional.

“La energía, los alimentos y los minerales treparon en dólares 82,1 %, 29,4 % y 35,3 %, respectivamente, entre los primeros 8 meses de 2021 e igual período del año anterior. Es tan claro que la economía argentina no está aislada de estas circunstancias internacionales como que la inflación doméstica no se agota en ellas”, destacan Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, autores del documento de Cifra.

El componente local de esa presión inflacionaria a nivel global se expresa en las distorsiones que se advierten en los precios relativos. “Esto se pone de manifiesto en que los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron muy por encima de los precios minoristas durante los primeros 9 meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites, con un alza del 111,3 %, sustancias plásticas (92,6 %), cereales y oleaginosas (90,7 %), productos siderúrgicos (70,9 %) y minerales no ferrosos (54,9 %)”.

Como consecuencia de ello, indica el informe, los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. “Ramas con elevados niveles de concentración económica aceleraron el traslado de los precios internacionales a los internos en detrimento de los salarios y de las empresas que actúan en sectores más atomizados. Prueba de ello es también el elevado incremento de los insumos difundidos”, explica el documento.

“Aluar pasó de -6,7 % a 8,8 % de utilidades sobre ventas entre el primer semestre de 2020 y el mismo lapso de este año”. El aluminio es otro insumo fundamental para la industria y la construcción.

Molinos y Loma Negra

En la rama alimenticia, una empresa testigo en la formación de precios es Molinos Río de la Plata. “Después de un buen primer semestre en 2020, aumentó su rentabilidad de 2,9 a 3,6 % en igual período de este año”, precisa. La compañía del grupo Pérez Companc rechazó la fijación de precios máximos sobre 69 productos y es protagonista de las discusiones con la Secretaría de Comercio por la aplicación de esa medida.

Finalmente, la productora líder de cemento en el país, Loma Negra, pasó de un registro negativo de 6,2 % en la primera mitad de 2020 a utilidades sobre ventas del 5,5 % en igual lapso este año.

“En los casos de Aluar, Molinos Río de la Plata y Loma Negra, la recomposición de su rentabilidad en el primer semestre de 2021 es significativa respecto a 2020, pero se mantiene por debajo de los buenos resultados del primer semestre de 2019, donde el ajuste en los salarios y la capacidad diferencial de formación de precios provocó un aumento de los márgenes de ganancia”, aclara el documento.

Distribución regresiva del ingreso

Otro dato que explica la necesidad del Gobierno de poner un freno por lo menos transitorio a la suba de precios en la canasta básica es que el sector empresario en general está aumentando su participación en la distribución del ingreso, a costa de los trabajadores. “La situación con las empresas oligopólicas no se trata de casos aislados, ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó del 48,2 al 53,1 % entre el primer semestre de 2020 y 2021”, puntualiza el informe. “Estas son las causas del endurecimiento de la política de control de precios”, concluye.

Movilizar por el control de costos, precios y distribución de productos de la canasta familiar

*»Molinos”, “Arcor” y otros grandes oligopolios de la producción de alimentos en el país, han tenido tarifas congeladas, el dólar frenado, los salarios devaluados, cobraron ATP y subsidios del Estado.

* Sin embargo, se niegan a detener las remarcacionesde los precios de los artículos que integran la canasta familiar.

*¡Enfrentemos el saqueo empresario contra el pueblo trabajador!

1- Solicitamos la implementación de congelamiento de precios (con valores anteriores a las subas desmedidas).

2- Control popular de costos, precios y distribución de los productos de la canasta familiar.

3- Las organizaciones sindicales y populares debemos tomar esta política en nuestras manos.

Rosario, 20/10/2021

Comisión Gremial – Centro Cultural de La Toma

Trabajadores de la salud 

En una asamblea multitudinaria, SIPROSAPUNE FESPROSA (Neuquén) definió un paro de actividades desde este lunes 8 al viernes 12 en repudio al atropello que tuvieron por el archivo antidemocrático de su Proyecto de ley. Las manifestaciones comenzaron el lunes con una marcha e instalación del acampe permanente en Casa de Gobierno de Neuquén.

Al respecto, el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa y sus veinte regionales elevaron una nota al gobernador Omar Gutiérrez para exigir que se revea la decisión de su gobierno y el bloque legislativo del oficialismo de archivar el proyecto de carrera profesional sanitaria que venía tratándose con amplio consenso en la Legislatura provincial.

“Dicho proyecto era una herramienta para defender los derechos de los trabajadores profesionales de la salud pública y defender el full time como arma para combatir el pluriempleo, el que ha causado enfermedad y muerte entre los trabajadores de salud afectados a la lucha contra la pandemia”, sostuvieron.

Y agregaron: “La carrera era, a su vez, un elemento de libertad sindical donde la voz de los profesionales no estaba mediada por una burocracia sindical decadente que solo piensa en cómo mejorar la recaudación para su beneficio, olvidándose de la defensa de los trabajadores y del sistema público de salud. Neuquén es hoy bandera nacional para todos los colectivos de trabajadores de la salud pública. De no reverse la situación el plan de lucha se profundizará con apoyo nacional”.

En tanto, el lunes también hubo manifestaciones en Tucumán a cargo de SITAS Fesprosa. La misma comenzó en el Hospital Padilla, donde reclaman el acceso a la información en el manejo de Recupero de Costos, y exigen que los aumentos salariales sean en blanco.

Por su parte, en Río Negro, ASSPUR Fesprosa convocó a un paro y movilización para el jueves 11 en reclamo por mejoras salariales y laborales, y el reconocimiento del sindicato en la mesa paritaria. La concentración comenzará a las 12:00 en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, donde estarán presentes la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, y el secretario general, Jorge Yabkowski.

En Buenos Aires, CICOP Fesprosa del Hospital Posadas realizó su primera asamblea presencial tras la pandemia y votó por unanimidad un plan de lucha por el pase a planta permanente, el reconocimiento de antigüedades, y la defensa del sector de enfermería. El jueves 11 a las 12:00 realizarán una ronda para sostener los reclamos.

También el jueves 11, en Santa Fe, SIPRUS Fesprosa movilizará hacia la Casa de Gobierno para exigir nuevamente que se cumpla la sentencia judicial que ordena la reglamentación del artículo 25 de la Ley 12.501 que establece la Enfermería es una profesión de alto riesgo, y la instrumentación de la Ley 13.968 que establece que las y los enfermeros con título de grado son profesionales de la salud.

Por su parte, el jueves de 10 a 14:00 habrá una carpa sanitaria y acto en la Plaza de la Municipalidad de San Martín encabezada por CICOP.

La Asociación bonaerense de profesionales de la salud también realizará un paro de 24 horas el viernes 12, con marcha a La Plata en rechazo a la decisión tomada hace unas semanas por el gobierno bonaerense de otorgar un aumento salarial insuficiente por decreto.

Después que el Presidente Alberto Fernández se comprometiera a apoyar la convocatoria a una paritaria nacional de salud, dirigentes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se reunieron con autoridades del ministerio de Salud para comenzar a dar pasos en este sentido, quienes aseguraron que existe “una predisposición favorable para concretar lo solicitado”.

La semana pasada el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se reunió con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina. Desde la Federación (con la presencia de María Fernanda Boriotti, Jorge Yabkowski, Noemí Alemany y César Dell Alli, entre otros) se insistió en la necesidad de convocar a la paritaria nacional de salud, avalada por el Presidente en la reunión realizada hace diez días en la Casa Rosada. Al respecto, Medina sostuvo que se están llevando a cabo conversaciones con las máximas autoridades de las carteras de Salud y de Trabajo, “existiendo una predisposición favorable para concretar la convocatoria solicitada”. Desde Fesprosa se insistió “en la necesidad perentoria de dar pasos concretos en esa dirección”.

Luego la delegación sindical abordó la agenda del decreto 1133, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para los trabajadores de la salud. Según informaron desde la Federación, el viceministro aseguró que “habiéndose solucionado el problema salarial de los residentes nacionales, la prioridad pasaba a ser el pase a planta y la resolución de las antigüedades no reconocidas”.

En cuanto a los planteos respecto de la situación de crisis en el Hospital Sommer, desde el Ministerio aseguraron estar en conocimiento de la situación pero no haber recibido planteos gremiales para desplazar a la dirección del hospital. En este sentido, Medina se comprometió a citar en los próximos días al director ejecutivo del hospital Gustavo Marrone, ante lo que Fesprosa “manifestó la voluntad de participar activamente en la solución de la crisis institucional” de la institución.

Finalmente, representantes del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune-Fesprosa) describieron “la crítica situación de anestesia en la provincia, planteando la necesidad de que el Ministerio nacional y el Consejo Federal de Salud se impliquen de manera activa en la concreción de políticas que frenen la ambición corporativa de las sociedades de anestesia”. Ante esto, el Ministerio manifestó su acuerdo general, afirmando que en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) “se están elaborando normativas para que sea el Estado quien regule el ingreso y la formación de los especialistas en anestesia”.

El martes 2 de noviembre, residentes y concurrentes nucleados en la Asamblea CABA se movilizaron una vez más frente al ministerio de Salud de la Nación por el mal manejo en la adjudicación de vacantes para ocupar cargos formativos de concurrencias en el sistema de salud público porteño.

Según informaron, durante el fin de semana les comunicaron a 150 profesionales de salud de las carreras de Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social que los puestos ya tomados podían sufrir modificaciones por un error de sistema. “Se trata de profesionales que dispusieron sus horarios y organizaron sus agendas en base a las concurrencias tomadas, ya firmaron y entregaron papeles, ya están insertos en distintos equipos de trabajo, y sin embargo frente a esta instancia de adjudicación podrían perder dicho puesto”.

En el Garrahan, 35 enfermeros de CABA y de Nación habían tomado una residencia y con esto quedaron desafectados. Con los concurrentes de CABA pasó lo mismo. “Lo que nos dijeron desde el Ministerio es que lo resolvieron de esta manera, que se vuelvan a adjudicar los puestos. Esto lo que trae es que residentes como los del Garrahan queden sin puesto y que se modifiquen todos los ingresos de los concurrentes”.

El sistema de salud público porteño cuenta con más de 3.000 residentes y concurrentes. 1.440 de ellos son parte del programa de concurrencias, dependiente del ministerio de Salud, orientado a profesionales ya recibidos en distintas áreas que realizan capacitación de posgrado en la práctica concreta de los hospitales. Cumplen con veinte horas semanales que se dividen en cinco de formación y quince de atención directa. A diferencia de la residencia, donde se trabaja a tiempo completo y con guardias, los concurrentes no perciben remuneración ni cuentan con ART u obra social.

A esto se suma el reclamo por los recortes que hubo en CABA durante la pandemia en los puestos de concurrencia. Según denunció la asamblea en la movilización pasada, se recortaron más del 50%, pasando de 344 a 153 puestos. Esto fue aún más impactante en 2019, cuando pasaron de 519 a 153 lugares.

“Lo que pedimos hoy en reunión con el ministerio de Salud de la Nación fue que abran más cupos, sobre todo porque el sistema de salud viene bastante colapsado y hace falta más personal. De esta manera se sostendrían los puestos de los que ya comenzaron a trabajar. También solicitamos una reunión con las autoridades de CABA para pedirles esto”.

A su vez, agregaron: “Lo malo de esta decisión también es que muchos de estos concurrentes ya iniciaron tratamientos, y con estos movimientos la gente ve modificados sus procedimientos y se cambian equipos de trabajo. A nosotros nos afecta porque nos estamos formando, pero afecta mucho más a la gente porque se termina atrasando mucho la atención en los hospitales”.

Previo al brote de la pandemia de Covid, la Asamblea ya denunciaba la falta de personal en los hospitales. “Durante la pandemia, esto quedó muy a la vista. Ahora, que todavía seguimos en pandemia, esto se nota mucho más porque la gente quedó asustada y con secuelas. Lo que pasa es que ahora, al menos en los hospitales de CABA, hay entre cuatro y cinco meses de espera para atenderte, hay pocos turnos, gente que viene y hace fila desde las cinco de la mañana. Y todo esto es porque falta gente para atender”, finalizaron.

Mientras, la Asamblea CABA sigue exigiendo la reunión con el ministerio de Salud de la Ciudad para solucionar la problemática de las adjudicaciones. De no haber novedades, se evaluarán más medidas a tomar.

Docentes 

Martes 9/11 PARO de media y terciarios y concentración a las 15:00 frente a la Legislatura

Rechazamos la propuesta del gobierno plasmada en el acta firmada por las burocracias sindicales que generará mayor inestabilidad laboral y el cese de miles de docentes.

Reclamamos:

– Titularización masiva y fotográfica.

– Restitución de las Juntas de Clasificación y Disciplina con sus funciones históricas.

– Regularización de los concursos anuales.

-Defensa del Estatuto docente contra las reformas flexibilizadoras.

Organicemos asambleas en todas las escuelas para impulsar las medidas de acción.

Por una asamblea unificada de toda la docencia de CABA.

Llamamos a los sindicatos y a toda la docencia que rechace este acta infame a parar y movilizarse para profundizar el plan de lucha.

Ningún acuerdo de espalda a la docencia.

Impulsemos actividades de visibilización en puertas de diferentes medios de comunicación.

ADEMYS

Entre agosto y septiembre, el gobierno provincial y el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, lanzaron el programa +ATR, que consistía en designar a miles de docentes en escuelas primarias y secundarias de PBA para el «acompañamiento de las trayectorias 2020». El programa tenía como objetivo que los estudiantes terminen la trayectoria 2020 frente a las dificultades que esta enfrentó (pandemia, poco acceso a la tecnología que el gobierno nunca se encargó de garantizar, con faltas de dispositivos en los hogares, sin acceso a internet, tareas de cuidado 24-7, etc.).

Obviamente, estos cargos ya daban indicios de ser la antesala de la reforma laboral: una contratación con fecha de inicio y cese, un período de vacaciones desde el 20 de diciembre al 3 de enero, ningún tipo de licencias por enfermedad o causas particulares (solo contempla maternidad o licencia por ART) y trabajar los sábados.

Todo esto en un paquete de 20 horas semanales, a contra turno, en una resolución poco clara respecto a las tareas que se desarrollarían. El sueldo de una maestra de grado (contemplando la antigüedad) sin los bonificantes por institución (es decir, la desfavorabilidad/ruralidad): $48.505.

El viernes, cuando se pudo acceder al couli, la gran mayoría de la docencia se encontró con sueldos que rondan entre $33.000 y $40.000, netos. Solo algunas excepciones, mínimas, cobraron el sueldo correspondiente.

En el sector de auxiliares, la gran mayoría no cobró un peso del programa +ATR, que otorga un pago mensual de $5.800 para trabajar 6 horas los días sábados. Es decir, que por hora abonan $241. Además, estas sumas se pagan en negro sin posibilidad de faltar por enfermedad, es decir, quitan derechos. En los hechos, significa profundizar la precarización y la flexibilización laboral.

Despidos en empresas del sur del país 

La principal empresa de servicios petroleros del país, San Antonio Internacional (SAI), controlada por el fondo de riesgo Lone Star, informó que pagará sueldos en cuotas e impulsa retiros voluntarios entre sus trabajadores.

El secretario general de los Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, dijo: “Hay un sobrante de trabajadores en la compañía, unos 260 entre Comodoro y Santa Cruz”.

La medida de la empresa SAI abarca a operarios petroleros de todo el país, entre los que se cuentan alrededor de 1.500 trabajadores de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 650 trabajan en Santa Cruz y 850 en Comodoro Rivadavia, sobre un total de 3.400 operarios en todo el país. La compañía depositó el jueves 4 de noviembre un anticipo del 70 % de los salarios correspondientes a octubre, mientras que el resto sería complementado en la semana del 15 de noviembre.

San Antonio es una empresa clave en la industria, tanto en yacimientos convencionales como en Vaca Muerta. La firma presta servicios de equipos de torre, de perforación, workover y pulling. También brinda servicios que los pozos necesitan durante su etapa de terminación y mantenimiento, tales como cementación, estimulación y fracturas, entre otros.

José Lludgar agregó: “Hay un sobrante de trabajadores y la compañía está haciendo todos los esfuerzos por sostenerlo, pero cada vez es más difícil”.

Esta declaración pone de manifiesto el acuerdo del sindicato y la empresa en el plan de retiros voluntarios que impulsa SAI. Lludgar agregó: “Esto significa aproximadamente 60 personas en forma directa e indirecta, y después en Santa Cruz se da algo en mayor medida, porque hoy para poder resolver esta situación necesitaríamos que levanten cinco equipos, con lo que serían casi 200 personas las que estarían sobrando allí”.

Recordemos que tras abrir a comienzos de julio de 2020 un plan de “retiros voluntarios” (despidos encubiertos), YPF, la sociedad anónima con mayoría estatal y un 49% de accionistas privados, apuntó a los convenios colectivos de trabajo. Se trata de un plan de ajuste a nivel nacional que combina la reducción de la planta de trabajadores con la flexibilización laboral para quienes continúen trabajando.

Lo más riesgoso es que, aprovechando la pandemia, YPF pretende avanzar en la flexibilización laboral, profundizando el camino de la adenda al Convenio colectivo para Vaca Muerta en 2017, luego de la cual aumentaron las muertes en los yacimientos, como sucedió este 2021 en Comodoro Rivadavia.

La receta es empeorar las condiciones de trabajo para alcanzar la “productividad”, estableciendo dotaciones máximas de personal para cada tipo de operación, y tiempos máximos para cada tarea. Esto aumentando la polivalencia funcional y la sobrecarga de tareas por cada trabajador o trabajadora.

San Antonio Internacional, la empresa más importante de servicios petroleros de Argentina, toma esta medida en este momento donde el precio del petróleo está en sus niveles más altos de los últimos años, un barril a 85 dólares, y donde la industria petrolera viene recuperando la producción a los niveles previos a la pandemia en la cuenca del golfo de San Jorge y con producción récord en Vaca Muerta. Es decir, crisis en el sector no hay.

El lunes 1° hubo una nueva movilización desde la planta de Brightstar hasta la planta de Mirgor en Ushuaia (T. del Fuego), para reclamar una alternativa que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y la operatividad de la planta. Brightstar fabrica celulares para importantes empresas y el año pasado fue adquirida por Mirgor, que controla la familia Caputo. Los delegados aseguran que la empresa se mantiene firme en adelantar las vacaciones a partir de la próxima semana y puso las indemnizaciones a disposición, sin proyectar la reapertura de la empresa.

La delegada Estefanía Robledo señaló que “la situación es muy crítica, no tenemos avances en las discusiones con la empresa. De hecho, la postura de la empresa sigue siendo la misma. El día viernes la audiencia, en el ministerio de Trabajo, fracasó porque no llegamos a ningún acuerdo. Lo que ellos sostienen, e insisten, es el cierre de la planta, la salida anticipada del personal de vacaciones y como posterior el cierra de la planta pagando la indemnización a todos los trabajadores y las trabajadoras”.

Por el lado de operarios y operarias, dijo que la pretensión es “mantener la planta operativa, en primera instancia, y sostener la totalidad de los puestos de trabajo”. Sobre la posibilidad de que el personal sea convocado, si la planta se pusiera operativa nuevamente, la delegada de la UOM aclaró que solamente expresó la empresa “en la audiencia del ministerio de Trabajo que, si en algún momento, hipotéticamente, la planta vuelve a producir; habría personal que podría volver a convocarse. Ahora, eso no contiene al total de los compañeros y las compañeras, porque se refieren a que serían evaluados de acuerdo a la performance, de acuerdo al ausentismo y de acuerdo a los parámetros que ellos manejan”.

“La realidad es que, hoy por hoy, un compañero o una compañera que presenta un certificado médico porque se lesionó acá adentro o porque tiene alguna enfermedad inculpable o si tiene que salir a hacer un trámite o por un turno médico, para la empresa todos estos casos son compañeros o compañeras ausentistas”, remarcó Estefanía Robledo.

Robledo señaló que ellos se encuentran “abiertos a discutir la alternativa que nos proponga la empresa, para transitar esta situación, siempre que no sea obviamente el despido de los trabajadores. Del lado de la empresa no hubo avances o propuestas, nosotros hablamos con el gobernador Gustavo Melella acerca de la posibilidad de fabricar una serie de notebooks y demás, como para ir transitando este tiempo hasta que se recomponga la situación de Brightstar, pero no hubo avances por diferentes razones y no pudimos arribar a una propuesta”, expresó.

La delegada señaló, más adelante, que “del lado de las trabajadoras y los trabajadores de Brightstar nosotros queremos seguir apostando a Tierra del Fuego, queremos seguir habitando la provincia, queremos seguir trabajando. Acá hemos construido una vida y no nos queremos ir, pero la única propuesta que nos trajo la empresa -inicialmente- fue trasladar a un grupo reducido de compañeros, que eran alrededor de 30 personas, a Buenos Aires para fabricar computadoras allá. Y la verdad es que, para nosotros y para la totalidad de compañeros y compañeras de planta, no ha sido una opción viable porque nosotros queremos seguir habitando en la provincia y ser trabajadores de Brightstar”, ratificó.

En horas de la tarde, los trabajadores y las trabajadoras de Brightstar, acompañados por la conducción de la UOM y por el Congreso de Delegados de la Seccional, marcharon hacia la planta reclamando alguna propuesta alternativa que sirva para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

La Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso realizó el domingo un corte por 12 horas de la Ruta Nacional 3. Reclaman que el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, cumpla con el fallo de la justicia que obliga a reincorporar a guardavidas apartados ilegalmente en marzo de este año y exigen la inmediata intervención del gobernador Axel Kicillof. «Se convoca por Whatsapp a los guardavidas que prestarán servicio desde 15 de noviembre sin informar salarios ni condiciones de trabajo. El Plan de Seguridad Acuática presentado por el municipio es un blanqueamiento de la precarización laboral: se pasa de cinco kilómetros de cobertura de guardavidas a solo 2,5 kilómetros; de 75 guardavidas fijos a 35; el horario de cobertura de la temporada pasada era de 10 a 20 y ahora será de 12 a 18; una sola movilidad acuática para todo Monte Hermoso y ninguna para Sauce Grande; un solo Defibrilador Externo Automático (DEA) para todo Monte Hermoso y Sauce Grande; los puestos de guardavidas pasan de 22 a 12 (en caso de que haya menos gente se reemplazan a los guardavidas y a los puestos por carteles)», denuncian.  

Más despidos 

Edgardo Llano, Secretario General de Apa, sostuvo que «la empresa Gol decidió despedir a toda su planta de empleados excepto a la gerencia. Tuvimos reuniones con ellos pero no tienen argumentos, solo aducen que es una decisión de la casa matriz en Brasil. Nosotros acordamos una reducción de los salarios de un 25% mientras no hubiera vuelos por la pandemia, en simultáneo Gol recibió el apoyo del gobierno a través del ATP y REPROS para sostener los puestos de trabajo«. «Ahora que se restablecen los vuelos turísticos vienen con esto, que se inserta en el plan de flexibilización aérea que planteó el macrismo a través del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y hoy vuelven a intentar los senadores de Cambiemos planteando la modificación de los convenios colectivos de trabajo».

La conciliación obligatoria fue decretada por el ministerio de Trabajo que, ante la denuncia que hizo APA, intimó a la empresa a dejar sin efecto los despidos y al gremio a no tomar medidas de fuerza por 15 días. Sin embargo Llanos advirtió que «vamos a utilizar todas las herramientas legales para impedir los despidos y cuando podamos vamos a tomar medidas de fuerza, para impedir que la empresa vuele hasta encontrar una solución satisfactoria, es decir, con los trabajadores adentro«, y recalcó que «en esta situación de crisis mundial del trasporte aéreo y en la previa a las elecciones este conflicto es muy perjudicial para todos, por lo que exigimos una mesa de diálogo y negociación para encontrar alternativas urgentemente».
La empresa no vuela desde marzo, pese a que algunas rutas permanecieron abiertas porque priorizó los vuelos en Brasil y los países donde se le permitía volar sin restricciones. Con la apertura al turismo extranjero ahora pretende contratar a empleados más baratos, «algunos debajo del salario mínimo», aseguró Edgardo Llano. Y agregó que «esto es un hecho grave que viene orquestado desde Brasil, pero lo más grave es que una de las terciarizadas que pretenden usar es de uno de los empresarios que estuvo preso por la causa de Southern Winds en la que se demostró que traficaba cocaína a Europa». Algunos de los implicados son Matías Miret, los hermanos Juliá y Julián Cook, responsable de Fly Bondi. Esos son algunos de los antecedentes de la empresa terciarizadora Fly Sec que quieren contratar para poner a operar los vuelos.

Por último Edgardo Llano manifestó que «los trabajadores siguieron trabajando como voluntarios durante la pandemia para que el país siguiese conectado con el exterior, recibiendo insumos sanitarios y vacunas. Colaboraron mucho con el país. Nosotros tenemos un gran compromiso con ellos, logramos mantener los salarios, hemos cumplido con preservar los puestos de trabajo y seguiremos haciéndolo».

Más de 300 trabajadores de Mondelez contratados temporalmente piden no quedar en la calle y Trabajo media con la empresa por suplencias.

Se trata de más de 300 obreros y obreras contratados durante la pandemia en la Planta Pacheco de la alimenticia Mondelez. “Vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción” expresaron en una carta abierta y pidieron no quedar sin trabajo en este contexto. Desde el ministerio de Trabajo extendieron la Conciliación Obligatoria para analizar opciones pero aclararon que no se trata de despidos porque habían sido contratados por tiempo fijo. Ofrecen suplencias para intentar amortiguar el conflicto.

La carta de los trabajadores dice: «Todos vinimos a trabajar de lunes a lunes para sacar la producción, que en su gran mayoría era para su exportación. Muchos ya superamos más de cinco meses de antigüedad, algunos fueron contratados directamente por más de tres meses, otros tuvieron varias renovaciones llegando a los siete meses, y otros están llegando al año.»

«Nos dijeron que vendrá otra inspección, pero nosotros no queremos que nos digan cuantas líneas andan. Nosotros solicitamos que le exija a Mondelez que cumpla con la ley y nos efectivice porque ya superamos el tiempo de contratación«, agregaron y cerraron pidiendo que no se permita que Mondelez los deje en la calle.

Jujuy 

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma (SOEAIL) demandó a la empresa azucarera jujeña por $ 24.500.000, más intereses, en concepto de “aportes sindicales retenidos y no pagados” durante los diez años que van entre 2008 y 2018.

Según estimaciones de especialistas, la empresa estaría debiendo más de 85 millones de pesos sólo por este concepto, pero además se calcularon deudas con el fisco por otros 903 millones de pesos y con las obras sociales de los trabajadores por algo más de 326 millones de pesos. La demanda presentada denuncia que también fueron perjudicados directamente los haberes jubilatorios futuros, así como los montos que percibieron algunos trabajadores que recibieron indemnizaciones por despido.

Desde el gremio denuncian que “para bajar costos laborales, la empresa presionaba a los trabajadores dentro de la puja distributiva” para aceptar acuerdos dañosos, que no incluían los aportes correspondientes. En la demanda se agrega: “Se le solicitó a Ledesma a que realice los pagos omitidos pero se negó sistemáticamente”. Luego remarcan que durante el período señalado, la empresa “aumentó su tasa de ganancia y la cantidad efectivamente ganada a costa de los trabajadores y del sistema de seguridad social”.

De acuerdo a lo informado, durante esos 10 años “el ingenio pagó casi un tercio del salario de sus trabajadores” como sumas no remunerativas y eso “hizo que la empresa Ledesma S.A.A.I. omita el ingreso de los aportes y contribuciones obligatorios; por las sumas no remunerativas abonadas por la empresa a sus trabajadores. Esa Deuda que es propia, y otra parte como agente de retención (art. 38 Ley 23.551)”, motivo por el cual el gremio reclama “la cancelación de los pagos omitidos”, a los que la empresa se niega rotundamente a reconocer la evasión y subsanarla. Con ello, Ledesma SAAI habría violado el artículo 103 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) y el Convenio N° 95 de la OIT dispone que por la prestación de servicios, cada trabajador debe recibir una remuneración.

Este tipo de prácticas, recuerda el SOEAIL no sólo es contraria al marco legal nacional e internacional sino que la práctica se sostuvo en momentos que no eran de crisis económica, destacando que Ledesma sólo comenzó a pagar los aportes completos en 2018, cuando se le notificó la intención de avanzar con una demanda. Rafael Vargas, secretario General de SOEAIL, explicó que con el dinero adeudado se podrían resolver los problemas que atraviesa la obra social del sindicato e incluso saldar las deudas que mantiene con el hospital estatal, que ya inició demandas judiciales al respecto.

Un documento rubricado por el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, sostuvo que el Ejecutivo jujeño incumplió acuerdos firmados con los trabajadores luego del cierre de la mina que, de forma imprevista, determinó la empresa Glencore, propietaria de ese yacimiento.

Al ratificar los incumplimientos de los acuerdos firmados por el gobierno jujeño en Mina Aguilar, el sindicalista sostuvo que afectan la salud y la seguridad, ya que faltan ambulancias y medicamentos y «no hay garantías para quienes realizan mantenimiento»

Bancarios

La Asociación Bancaria sostuvo la necesidad de avanzar hacia una normalización de la actividad del sector, en la actual etapa de “vacunación masiva, testeos y otras medidas de prevención” que han permitido ingresar en un momento de recuperación de la economía. En ese sentido, plantean la importancia de revisar medidas aplicadas por los bancos en el momento de emergencia sanitaria, como la atención con turnos, el cierre de lugares de atención o el desaliento a la atención personal por caja, recuperando las condiciones laborales previas, rechazando cualquier recorte de puestos de trabajo y garantizando una atención al público más completa.

Desde el gremio encabezado por Sergio Palazzo explicaron que estamos en un escenario de “normalización de la economía” que “necesita mantener recaudos sanitarios y reflejar cambios respetando los derechos de las personas”, lo que en el caso del sector bancario implica los “de la actividad financiera, los del público y de los trabajadores que la sostienen”.

Después de reconocer que fue acertada la decisión de atender con turnos, para reducir las posibilidades de contagio de coronavirus, La Bancaria denuncia que “esa medida fue complicada por la decisión de cerrar al público sucursales, reducir los espacios para atender a los usuarios e incentivar en exceso el desaliento a la atención personalizada por caja que, por seguridad o necesidades puntuales, los usuarios reclaman”.

Al respecto, ejemplifican con el caso de los bancos Santander y Supervielle, que consideran “representativos de una tendencia generalizada”, que aprovecharon la coyuntura sanitaria para avanzar con un cierre de espacios de atención al público que involucra a entre 90 y 100 sucursales, afectando severamente la atención.

En este sentido, confirmaron que, después de haber realizado gestiones “en todos los ámbitos” para que se revierta el cierre de sucursales, el gremio realizó una presentación al Presidente del Banco Central “para que se dé por finalizado, con las medidas de prevención apropiadas, el requisito de previa adjudicación de turnos para la atención de los usuarios”, considerando que este pronunciamiento del Central es “imprescindible” ya que “los bancos demoran decisiones coherentes con la recuperación de la actividad económica” buscando sostener la reducción de costos que le implicaron la entrega de turnos y el teletrabajo.

Además del cierre de sucursales, el gremio de Palazzo denunció que los bancos también están “imponiendo” retiros, con lo que “reducen la estructura física del sistema financiero, trasladando costos a las bancarias y bancarios”. Respecto del teletrabajo, denunciaron que las entidades no sólo no están cumpliendo adecuación a la nueva ley, sin compensar gastos de energía, conectividad e infraestructura que ocasiona la realización de labores en el hogar, sino que “aceleran, sin importar la seguridad y la calidad de la atención, tercerizaciones en todas sus áreas, para pagar menores salarios e incumplir con la normativa propia de la actividad”.

“Poco les importa la calidad del servicio que deben prestar, los derechos de usuarios y trabajadores, la necesidad de normalizar la actividad. Están en una arremetida, donde –como siempre y sobre todo en el sector privado– sólo importa ajustar para mejorar la rentabilidad”, concluyeron.

Repartidores 

El lunes 8 se realizará un nuevo paro de repartidores. La convocatoria será en el Obelisco a las 9:30 y se movilizarán hasta el ministerio de Trabajo.

Reclamarán por el aumento de las tarifas, seguro contra accidente, claridad en el pago de la tarifa y contra la precarización laboral que imponen las aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya. Bajo el lema #yonoreparto, levantan la consigna de “basta de precarización”.
Es la segunda acción de una serie de tres, que comenzó con el paro internacional del 3 de noviembre y seguirá con un pausazo el próximo viernes 12.

Entre las reivindicaciones del paro se destacan también: el aumento de tarifa en días de semana, el aumento de tarifas por kilómetro, métricas acordes y transparentes, seguro por celular y vehículo, entre otras.

Condena contra la movilización popular

El lunes, en horas de la tarde en Comodoro Py (CABA), se leyó la sentencia contra los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz, en un fallo condenatorio, al servicio del paquete de reformas antiobreras contra las que se alzaron en diciembre del 2017 miles y miles de trabajadores y jubilados.

César Arakaki y Daniel Ruiz fueron llevados a la Justicia en represalia a la inmensa movilización popular del 14 y 18 de diciembre, que puso en riesgo la aprobación de la reforma jubilatoria macrista, y bloqueó el avance sobre otras reformas antiobreras, como la laboral, que el gobierno tenía en cartera.

Las abogadas defensoras de Arakaki, Liliana Alaniz y Claudia Ferrero, integrantes de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), señalaron que el fallo del juez Ríos sigue exactamente las pretensiones de la fiscalía, que buscó durante todo el proceso obtener una condena ejemplar para aleccionar a los activistas y luchadores que se manifiestan contra las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos patronales.

La condena dictada por el juez implica tres años y cuatro meses de prisión efectiva para César Arakaki y tres años para Daniel Ruiz, quienes aún permanecerán libres hasta que haya sentencia firme. La defensa ya anunció que apelará este fallo arbitrario y que se intensificará la lucha por la absolución de ambos luchadores perseguidos y judicializados.

César Arakaki declaró: “Hoy al juez le dije ´yo vengo de una familia de inmigrantes trabajadores de la que estoy orgulloso, aportaron 30 años para tener una jubilación digna´. Yo fui el 18 de diciembre a la plaza porque tenía que estar ahí. Junto a las trescientas mil personas que había. Con las detenciones y los juicios quieren meter la reforma laboral. Con mi condena, condenan a los que se movilizaron y a las futuras movilizaciones sociales que van a venir. Es contra la movilización popular. Vamos a seguir con esta lucha todos los días de mi vida.”

Represión en Chaco

La policía de Chaco reprimió a los trabajadores de la compañía de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) quienes en conjunto con integrantes del sindicato de Obras sanitarias Chaco (SOSCH) y al Corriente Sindical Jorge Weizs se encontraban realizando una manifestación frente a la Gobernación para exigir el blanqueo de trabajadores adscriptos y aumento salarial. La policía desalojó la protesta y detuvo a uno de los manifestantes que ya se encuentra en libertad. «Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio de Trabajo y el Directorio de la empresa se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino.

«Hoy nos movilizamos y la policía sin leer ningún protocolo, sin mediar, avanzó desalojando la calle y llevando a un trabajador detenido. El compañero fue liberado pero esta es la respuesta del Gobierno de Capitanich junto con el Gobierno nacional ante la situación de los trabajadores del SAMEEP, porque lo que viven ellos sucede con miles de trabajadores en el país, mientras el Gobierno renegocia como pagar una deuda externa que no fue contraída por el pueblo trabajador. El reclamo es pedir el blanqueo y un salario acorde a la canasta básica y no de hambre como los que tenemos los chaqueños, junto con condiciones dignas de trabajo», explicó Nadia integrante de la Corriente sindical  Jorge Weizs.

«Los trabajadores de SAMEEP en conjunto con el Sindicato SOSCH hace años viene luchando por el blanqueo de más de 500 trabajadores adscriptos que el gobierno hizo entrar en un Ministerio, pero su servicio lo prestan en la empresa hace más de trece años. Al no estar blanqueados no tienen un montón de beneficios y derechos, ya que están precarizados. En este sentido desde el 2016 se vienen organizando y luchando por el blanqueo de los trabajadores. En estos seis años tres trabajadores, adscriptos y de planta, perdieron la vida por las malas condiciones en las que trabajan en una empresa estatal donde la mayoría de los presidentes que pasaron por ese directorio antes de invertir y levantar la empresa, que es esencial para el Chaco porque maneja el tema del agua y las cloacas, la fundieron y ocupan la caja de la empresa para la campaña política y electoral. Mientras los trabajadores están aquí bajo la lluvia exigiendo un derecho que hace años les vienen negando. Toda la semana nos movilizamos porque en septiembre el Gobernador (Capitanich) con el ministerio y el directorio se comprometieron a blanquear a los trabajadores mediante un decreto que saldría en noviembre. Ya vamos cinco días del mes y no hay ninguna señal que el decreto esté en camino. Con la Coordinadora que nuclea a varias organizaciones en Chaco, nos movilizamos desde el lunes 1° para exigir que el decreto salga lo antes posible».

Elecciones sindicales

Este 26, 27 y 28 de octubre fueron las elecciones del SUTNA para elegir Comisión directiva nacional y las Comisiones ejecutivas de las seccionales de San Fernando, Merlo y Lavallol. Además se eligió la representación de la delegación de Córdoba.

Los resultados marcaron un claro triunfo de la Lista Negra, con el 73% de los votos a nivel nacional. La Violeta, que responde al ex dirigente Pedro Wasiejko (dirigente de la CTA de los Trabajadores y presidente del Astillero Río Santiago), tuvo un fuerte retroceso, consiguiendo el 20,5%. De perder el gremio por 100 votos en 2016, ahora lo perdió por 1.400.

La lista Roja-Granate-Marrón, que lleva a reconocidos dirigentes, delegados de base y activistas de los conflictos del 2008 y la recuperación del Sindicato, presentó su propia lista en la seccional San Fernando (FATE) y a nivel nacional llamó a cortar boleta para que no vuelva nunca más la lista Violeta a dirigir el Sutna.

La Negra también ganó las elecciones seccionales, incluyendo la de Lavallol (Firestone) que estaba en manos de la burocracia Violeta, al igual que la delegación Córdoba. El retroceso de la Violeta incluye la mala elección de las listas referenciadas en el Frente de Todos en las seccionales, como en San Fernando (Azul y Blanca).

La Negra ganó adhesión con los dos últimos acuerdos salariales conseguidos por los trabajadores del Neumático, que implicaron ganarle a la inflación. También con la reciente efectivización de un sector de contratados y tercerizados.

Con la presencia de varias organizaciones solidarias, el mediodía del viernes 5 se realizó una movilización hacia las puertas del ministerio de Trabajo y luego un acto, acompañando la denuncia que presentó una delegación de ferroviarios de la Lista Multicolor junto a sus abogados, para lograr que el Ministerio falle en contra de la escandalosa proscripción que intenta imponer la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria (100% oficialista) contra la lista que aglutina a toda la oposición. La movilización fue el resultado de una importante reunión de solidaridad que se realizó el martes anterior, cuando se votó dirigirse a la cartera laboral bajo las consignas “abajo la proscripción, no a la lista única de la Verde y Sasia, sin oposición no es elección”.

La convocatoria fue encabezada por las listas Naranja (que integra el MAC, Movimiento de Agrupaciones Clasistas) y la Gris (parte de la CSC, Coordinadora Sindical Clasista), acompañados por activistas de la oposición a la Verde.

Fueron parte de la jornada representantes de importantes organizaciones obreras y agrupaciones sindicales y juveniles, destacándose la presencia de los principales referentes de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (Bordó Nacional) Rubén “Pollo” Sobrero (secretario Gral. de la UF Haedo), Edgardo Reynoso y Mónica Schlotthauer (quien es además diputada nacional del Frente de Izquierda por IS-FITU); además de Jorge Toledo por el SUTNA-Llavallol (sindicato del Neumático), agrupaciones de distintos gremios que son parte del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (como la Marrón de Coca Cola, Naranja Petrolera de Shell, Marrón de docentes, entre otros), de la Red de Precarixs e informales, otras que forman parte de la Corriente Sindical Clasista como la Naranja Portuaria, la corriente 18 de Diciembre y una delegación de familias de Guernica que luchan por vivienda y trabajo digno. Entre las personalidades del arco político se destacó Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda PTS-FITU y una delegación del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).

Luego de que fueran recibidos en el ministerio de Trabajo los referentes de la Lista Multicolor, se realizó un acto donde tomaron la palabra ferroviarios de las listas convocantes, y luego representantes del sindicalismo combativo que se hicieron presentes.

La Lista Multicolor está conformada por todas las agrupaciones ferroviarias opositoras al oficialismo: Bordó, Gris, Naranja, Turquesa y Púrpura. Desde que se conoció la proscripción, comenzó una lucha por impedir que se consume un fraude, con una campaña de solidaridad a la que vienen adhiriendo cientos de organizaciones, personalidades, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios.

Los trabajadores de la contratista MCM del Ferrocarril Roca llevan meses exigiendo que se respete su derecho a ser parte de la planta permanente.

El Gobierno les había prometido pasarlos a convenio para equiparar el salario, ya que hoy la “equiparación salarial” que tienen es a través de bonos no remunerativos. Bonos que, además, se terminan en diciembre con lo que en enero volverán a cobrar lo que cobraban antes, aproximadamente la mitad de lo dicta el convenio para un puesto efectivo.

A su vez los propios trabajadores denuncian que la patronal de MCM los está persiguiendo, los sanciona y los cambia de lugar, flexibilizándolos muchos más.

El reclamo expresado el martes 2 fue para exigirle al Gobierno que deje de maniobrar y engañarlos, ya que llevan una “negociación” de casi tres meses en los que no se avanza en un programa de pase a la planta permanente del Ferrocarril Roca.

En un comunicado difundido en las últimas horas del lunes, los trabajadores afirmaron: “nuevamente nos vemos obligados a tomar medidas de fuerza. La empresa MCM no respeta el convenio colectivo de trabajo en vigencia. El Estado y Sofse hacen de mediadores donde no hay buena predisposición y otros intereses de parte de la tercerizada. Este es un aviso para el público usuario que seguramente si no concilian las partes se vea afectado el servicio parcial o totalmente en los próximos días”.

El viernes 5 se presentó la lista del FURS, para defender el SUTE recuperado (Mendoza). El frente se conformó con las agrupaciones Marrón Silvia Núñez/Lista Marrón, 9 de abril/Lista Bordó e independientes de toda la provincia. Esta lista presentó las candidaturas para mantener la conducción provincial y conformó listas en 17 departamentos. El frente se encuentra encabezado por Mirtha Faget y Laura Espeche, y es para destacar que hay una amplia mayoría de compañeras mujeres al frente de estas listas en las secretarías y departamentos. Buscarán darle continuidad a la experiencia que comenzó en el 2017 de un sindicato democrático, independiente de los gobiernos, abierto, con perspectiva de género y sin privilegios.

Las listas están compuestas por trabajadoras y trabajadores de la educación, delegadas y delegados de sus escuelas, que durante estos cuatro años fueron parte de democratizar los debates y asambleas de las escuelas, organizar el fondo de huelga, frenar la ley neoliberal de educación del Director General de Escuelas, José Thomas, y conquistar la reglamentación de licencias por violencia de género.

El SUTE recuperado durante la pandemia organizó la ayuda a celadores y celadoras, los más postergados por los gobiernos y llevó adelante las consejerías de género acompañando a las compañeras en el momento más difícil que implicó el aislamiento. Una política basada en la convicción de poner en pie un modelo de sindicato que en lugar de abrazarse con los gobiernos, lo hizo con otros sectores de trabajadores y movimientos sociales, como en la defensa del agua y la Ley 7722, y el acompañamiento a las luchas de vitivinícolas, trabajadores y trabajadoras de la salud y de barrios populares por urbanización.

El 12 noviembre es el día que vence el plazo para que la Junta Electoral oficialice las listas y comience la campaña electoral.

Los pasados martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre se llevaron a cabo elecciones a delegados de ATE en la Municipalidad de Rosario, con una concurrida participación en 7 secretarías de la misma (recordemos que ATE tiene afiliados en las 16 secretarías del municipio). Desde 2004 se viene desarrollando un proceso de sindicalización en todo el municipio, pero es durante estos últimos años que se ha acrecentado la participación y agremiación del personal municipal de distintas secretarías dentro de la ATE. Estas elecciones contaron con el voto de cerca de 250 empleados, eligiéndose 25 delegados en las Secretarías de Control y Convivencia, Salud Pública, Ambiente y Espacio Público, Deportes y Turismo, Intendencia, Concejo y Oficina del Consumidor, además de la elección por primera vez de una Junta Interna en Desarrollo Humano y Hábitat.

El lunes, las y los trabajadores de GPS se movilizaron a las puertas de su sindicato UPADEP para ser escuchados por la conducción de su gremio. Exigen elección de delegados en GPS Aeroparque y Ezeiza, que se encuentran vencidas hace meses y no las convocan. Además, denuncian: “Esto tiene el agravante de que han consumado un fraude en GPS Ezeiza donde ocultaron la convocatoria y no dejaron presentar candidatos opositores a la conducción actual”.

“Exigimos a la directiva del sindicato que se ponga al frente de la lucha por paritarias que le ganen a la inflación. En lo que va del año sólo recibimos un 15% de aumento, congelando en los hechos nuestro salario como hicieron durante todo el 2020”, declaraba Martín Brat delegado de base con mandato vencido.

Por su parte, Luciano Corradi, también delegado de base mostraba el contexto que existe en el rubro aerocomercial: “El ajuste y los despidos son la moneda corriente en los aeropuertos, recordemos el caso LATAM que sus trabajadores siguen peleando, y últimamente los despidos en GOL dónde la conducción de UPADEP tiene responsabilidad”. Y agregaba: “Ese ajuste se da con la excusa de la pandemia a pesar de que los trabajadores no dejaron de trabajar ni un sólo día y este año la operatoria aérea está prácticamente regularizada”.

Como conclusión Martín agregaba: “Toda esta situación que vivimos en GPS es un ataque a nuestro salario que se combina con no permitir elección de delegados en las bases donde justamente recuperamos hace años la Comisión interna con compañeros que venimos dando pelea por el salario y por las condiciones de trabajo, donde siempre realizamos asambleas por turnos junto a todos los compañeros. Esa es nuestra fuerza y eso es lo que les molesta”.

Pasaron 30 años 

La Coordinadora por el Resarcimiento del Programa de Propiedad Participada realizó el miércoles 3 una Jornada nacional de lucha, con movilización al Congreso y en otros doce puntos del país. La Coordinadora nuclea a ex trabajadores de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), del Correo Argentino y de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Reclaman a legisladores y legisladoras que traten las leyes S-66/21 y S-67/21, que permitiría que los ex empleados de las privatizadas puedan cobrar una indemnización, tras la fallida Ley de Reforma del Estado, que habilitó las privatizaciones en los 90 y planteaba un programa de participación de los y las trabajadoras en el paquete accionario, que nunca se aplicó.

La Ley de Reforma del Estado del año 1989 permitió la privatización de empresas públicas, como así también la fusión y disolución de las mismas. Por otra parte, planteó un Programa de Propiedad Participada (PPP), que implicaba que un porcentaje del paquete accionario de las empresas quedaría en manos de sus trabajadores. En su artículo 21, la Ley establece: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta a privatización’, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un ‘Programa de Propiedad Participada’. También define a los sujetos adquirentes (art. 22), entre los que se encuentran “los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”.

Sin embargo, tal programa nunca fue aplicado y los ex trabajadores de las empresas ENCOTEL, ENCOTESA, Correo y Segba reclaman que se traten los proyectos de ley de reparación presentados al Congreso de la Nación, que impulsa la senadora Silvina García Larraburu, que se hallan en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación de Trabajo del Senado a la espera de ser tratados.

Rosanna De Pascale, una de las trabajadoras despedidas del Correo, explicó: «somos cerca de 20.000 trabajadores del Correo y 16.000 de Segba. Estamos hablando de 36.000 a 40.000 empleados. Queremos un resarcimiento económico porque ni siquiera encontramos el 14% del que estamos hablando. No dicen sobre qué es ese porcentaje en ningún lado, los sindicatos se encargaron de que desaparezca todo, porque como siempre, ellos llegaron a arreglos internos que no llegaron a los empleados».

Matías Cremonte elegido presidente de la ALAL 

El abogado argentino Matías Cremonte fue elegido por unanimidad para ocupar la estratégica presidencia de Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). La flamante designación en el organismo, que mantiene estrechos lazos con la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cobra trascendencia en un contexto en el que en la Argentina se proponen, como parte del calendario electoral, reformas laborales regresivas.

Cremonte fue durante dos períodos presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de la Argentina (AAL) y es, además, abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Federación Aceitera. No será el único argentino en la nueva conducción: una vocalía será ocupada por María Paula Lozano, actual vicepresidenta de AAL.

“La región sufre una avanzada de los gobiernos de derecha. En la Argentina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió una ley local que se arroga la facultad de revisar las sentencias de la Justicia Nacional, un hecho grave que movilizó a abogados, jueces y trabajadores de la Justicia en su contra porque representa una restricción al acceso de los trabajadores a la Justicia”, afirmó Cremonte.

Un proyecto de ley en contra de los derechos de las personas que trabajan

Por Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) en rechazo al proyecto que prevé que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revise las sentencias de la Justicia Nacional del Trabajo. 

Ante la presentación del proyecto de ley sobre digitalización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solapadamente, se introdujo en unos de sus artículos, la posibilidad que Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise las sentencias de la Justicia Nacional, como tribunal de alzada. Una maniobra inconstitucional.

La CABA no cuenta con un poder originario sino derivado del Congreso Nacional en el art. 75, inc. 2º, párrafo tercero, y asignado por la propia Constitución Nacional, en cuanto se refiere a la ley convenio para la distribución entre la Nación, las provincias «y la Ciudad de Buenos Aires».

La legislación exclusiva del art. 75 inc. 30, para la CABA no puede regir en los territorios provinciales. El Congreso de la Nación tiene la facultad exclusiva de legislar para el territorio de la Capital de la Nación (ver art. 75, inciso 30). En tal sentido, esa potestad derivada no varió respecto a la que reconocía el texto de 1853.

La Capital de la República Argentina se encuentra bajo la jurisdicción nacional, tanto las «personas» y las «cosas» que se hallen bajo la jurisdicción nacional, en lo legislativo, en lo político y en lo judicial (arts. 75, inc. 30 y 88, y cláusula transitoria séptima).

A los expedientes que tramitan por la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, se aplica la legislación de fondo prevista en el artículo 75, inciso 12 de la CN. En dichos trámites se encuentran involucrados derechos de fondo que colisionarían con una justicia local que se encuentra limitada a lo que decida el Congreso de la Nación.

La competencia pertenece a la justicia federal o provincial según los casos previstos en el artículo 116 de la CN, que no contempla una tercera posibilidad para el ámbito de la Ciudad que permita a dicha jurisdicción la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 75, inc. 12. En la CABA queda limitada a cuestiones sobre faltas y contravenciones, materia contenciosa administrativa y tributaria local.

Sin perjuicio, de la sospecha de crear un “fórum shoping”, lo cierto es que en concreto se crea una nueva instancia para la justicia nacional del trabajo, con la dilación que ello significa. El tan castigado fuero laboral, con la injustificada demora en la tramitación de designación de jueces laborales, la ruina edilicia y las incomodidades que genera. Hemos asistido a la paralización de la justicia del trabajo por la pandemia, sin que se resuelva, adecuadamente, con nuevas tecnologías para facilitar el trabajo remoto ante la pandemia. A pesar, de este estado de crisis, no se ha garantizado la celeridad de una administración de justicia a la altura de las circunstancias. Es aún más grave, la existencia de recursos económicos millonarios para afrontar este problema con el “Fondo Anticíclico”. Sin embargo, esa suma se encuentra congelada, a disposición de los miembros de la Corte, y sólo sigue acumulando intereses para el sistema financiero.

Es esa Corte, que en diciembre de 2015 se pronunció en la causa “Corrales”, luego “Nisman” y finalmente en “Bazán” cerrando el círculo tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA resolviera como superior común de la justicia nacional, los conflictos de competencia. En abierta violación al art. 24, inciso 7 del Decreto Ley 1285/58. Avasallando la ley 24.588 que es una reglamentación directa del art. 129 de la Constitución Nacional, expresamente dispone que será una ley del Congreso Nacional la que decidirá sobre el tema.

Sin embargo, la Legislatura porteña, que tiene jurisdicción en cuestiones de contravenciones y de falta, según el art. 8 de la ley 24.588, no ha sido modificada. Es decir, este proyecto que se intenta viene en línea con los criterios que ya la Corte diseñó y que no son ajenos a los pronunciamientos que hemos visto en contra de los trabajadores y en favor de las empresas y que retroceden a la época de la Corte automática de Menem. Existe una clara tendencia política para eliminar los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se intenta avanzar sobre los poderes del Congreso de la Nación en abierta violación a la Constitución Nacional.

Es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar también las decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida.

Fuente: https://rebelion.org/salarios-vs-inflacion/

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Argentina: Provincias activan rounds docentes y buscan ahuyentar gatillo y huelgas

América del Sur/ Argentina/ 18.02.2020/ Por: Silvina Kristal/ Fuente: www.ambito.com.

Las negociaciones tienen un anclaje marcado por incertidumbres nacionales (sin paritaria federal resuelta, ni presupuesto ni pautas macroeconómicas) y por el sostenido retroceso de los recursos propios. Crece el lote de distritos que explora esquivar subas por inflación, en línea con la Casa Rosada.

sólo poco más de dos semanas del inicio de clases previsto para el 2 de marzo en buena parte del país, arrancó la grilla de negociaciones de los gobernadores con los gremios docentes locales, en un escenario signado por la falta de pautas nacionales, la apuesta -en un número creciente de distritos- a esquivar la aplicación de la cláusula gatillo, y la estrechez de cuentas, potenciada por el sostenido retroceso de las recaudaciones provinciales.

Se trata de una pulseada clave, porque marcará el ritmo para el resto de las discusiones de sueldo con los gremios. Un buen resultado, o al menos consensos mínimos, permitirán garantizar un normal inicio del ciclo lectivo, sin huelgas.

El calendario de rounds con los maestros incluye, entre otras paradas:

  • este jueves, la primera reunión de la Comisión Técnica Salarial bonaerense en el distrito que gobierna Axel Kicillof; el primer encuentro de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, con los sindicatos (sobre condiciones laborales, aunque podría incluír un apartado salarial), y el del gobierno del misionero Oscar Herrera Ahuad;
  • el viernes, el debut de la paritaria con los maestros santafesinos en el distrito del peronista Omar Perotti, la negociación con la santacruceña Alicia Kirchner y la reanudación de la discusión docente con la administración del chubutense Mariano Arcioni, y
  • el lunes, la pulseada del sector con dos gobiernos peronistas: del chaqueño Jorge Capitanich (este jueves será recibido en Buenos Aires por el ministro de Educación, Nicolás Trotta) y el sanjuanino Sergio Uñac.

Un creciente número de gobernadores advirtió en los últimos días que exploran ofertas salariales que esquivarán la aplicación de la cláusula gatillo. Ello, en línea con el posicionamiento de la administración de Alberto Fernández de alentar acuerdos cortos -de corte probablemente trimestral- con sumas fijas, para evitar subas automáticas atadas a la inflación por su impacto indexatorio de la economía.

Esto ya lo dijo el Presidente: en Argentina no hay más cláusula gatillo”, sentenció en las últimas horas sin medias tintas el peronista tucumano Juan Manzur, tras una protesta de estatales por la suspensión de esa herramienta.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, disparará hoy la paritaria con los docentes locales. Será sobre condiciones laborales, aunque podría incluir un apartado salarial.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, disparará hoy la paritaria con los docentes locales. Será sobre condiciones laborales, aunque podría incluir un apartado salarial.

En sintonía, la ministra de Trabajo de Kicillof, Mara Ruiz Malec, planteó en las últimas horas la necesidad de trabajar en la “salida del gatillo” y remarcó que “no están dadas las condiciones o los datos para cerrar un acuerdo largo”.

Y desde Santa Fe, la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, enfatizó que “la cláusula gatillo es una metodología, pero no es la única”. “Vamos a analizar otras formas de actualizar sueldos”, agregó la funcionaria de Perotti.

En el caso bonaerense, la cita con los maestros será este jueves en La Plata, a las 15 (condiciones laborales) y 16.30 (salarios), pero sin presencia a priori de ministros ni de secretarios generales.

En el primer encuentro del pasado lunes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) trazó un primer guiño, aunque atado a resultados. “Planteamos que queremos un mecanismo que, se llame cláusula gatillo o como se llame, permita que los docentes le ganemos a la inflación”, dijo el titular de Suteba, Roberto Baradel.

Pero en buena parte de los distritos los gremios anticiparon que, a priori, pretenden que se mantenga la aplicación del gatillo, al que ven como una conquista para defender el poder adquisitivo de sus salarios.

El telón de fondo es incómodo: está signado por las urgencias de cuentas de los gobernadores, en el marco de un sostenido retroceso de la recaudación por el enfriamiento de la actividad económica.

Además se suma la ausencia de pautas nacionales clave, ligadas a:

  • la aún irresuelta paritaria docente federal (que definirá el piso salarial de los maestros a nivel país, y el nivel de transferencias nacionales para sostener ese punto de partida),
  • la falta de un presupuesto nacional 2020 aprobado (con la consecuente incertidumbre en torno a los parámetros macroecómicos para este año y el nivel de remesas a las provincias) y
  • el interrogante en torno a cómo se resolverá la negociación por la deuda externa argentina, vital para la salud de las arcas nacionales.

“Esperamos la paritaria nacional; hay conversaciones, pero la paritaria marcará los posibles aumentos”, aseguró el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. Y advirtió: “La recaudación de enero tuvo una merma de $ 400 millones, por eso miramos los números con preocupación”.

Fuente de la noticia: https://www.ambito.com/ambito-nacional/paritaria-docente/desafio-provincias-activan-rounds-docentes-y-buscan-ahuyentar-gatillo-y-huelgas-n5082567

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Argentina: En Jujuy adeudan sueldos de docentes desde agosto del año pasado

En Jujuy adeudan sueldos de docentes desde agosto del año pasado

Se trata de las y los docentes del Programa Infanto Juvenil (ex Caj y Cai), dependientes del Ministerio de Educación.

A esta altura del año crece la incertidumbre dentro del sector docente que forman parte de los equipos del Programa Infanto Juvenil; a la falta de certezas sobre la continuidad de los puestos de trabajo, aunque haya antigüedad de más de 10 años, se suma la inhumana falta de pago que lleva más de 6 meses de atraso.

En medio de una profunda crisis económica, inflación, tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo golpea y empeora las condiciones de vida, en este contexto es que se adeudan seis meses de honorarios. La inflación con la que cerró el año 2019 es del 53,8% la mayor en 28 años, y aunque la inflación de enero es del 3% el precio de los alimentos básicos y el transporte siguen aumentando.

A esta situación hay que sumarle el aumento del 51% del monotributo que rige desde enero del corriente año. Para poder mantener los papeles en regla, y estar al día con las tareas administrativas que exigen desde el Ministerio es necesario seguir pagando, con aumento, pero sin cobrar un sueldo. Esta es una de las principales “excusas” que utiliza, cínicamente, el Ministerio de Educación de la provincia depositando la responsabilidad en las y los trabajadores, de que no mantendrían sus papeles al día.

El año pasado después de 16 años de contratos de locación, y de la lucha llevada a cabo por parte de docentes de los programas, se incorporó una nueva figura de contratación con la provincia, que al fin y al cabo son una minoría con respecto a las y los que siguen siendo monotributistas.

También, en 2019, a mitad de año se contrataron más de 50 docentes que luego de tres meses fueron despedidos, en principio fueron contratados por el gobierno provincial con una nueva modalidad pero ahora para poder cobrar los meses trabajados les piden que se conviertan en monotributistas, una burla y un juego con quienes necesitan el trabajo y el sueldo del mismo.

Cada vez son más escuelas que se quedan sin dicho programa, la unificación y reestructuración es parte de un vaciamiento progresivo y de políticas precarizadoras que se suceden desde los años 90 y ningún gobierno hasta ahora quiso cambiar.

Desde la agrupación 9 de abril señalaron que “trabajadores/as con diez años de antigüedad no pueden conseguir ninguna estabilidad laboral, ni mucho menos acceder a derechos elementales como sindicalización, por los burocráticos estatutos de los gremios docentes. Es necesario apoyar este reclamo para que se pague cuanto antes los sueldos adeudados a las y los docentes del Programa Infanto Juvenil y hacer una exigencia extensiva a los gremios docentes nuevamente a que reconozcan a este sector y se pueda dar una pelea de conjunto para dar solución a sus demandas”.

Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/En-Jujuy-adeudan-sueldos-de-docentes-desde-agosto-del-ano-pasado

 

 

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