Insurrección

La casta política de Chile se aferra al poder y apela a un escandaloso y llorón strip tease que pone al desnudo los privilegios que hasta hace una semana consideraba derechos intocables.

Sus lágrimas de cocodrilo se derraman a raudales en los matinales de la tele en un esfuerzo de convencer que ‘hemos oído la voz del pueblo’.

La conmovedora -pero tardía- generosidad de la élite intenta aplacar la rebelión a través de la farándula de la crisis social. Sin embargo la protesta no cede ante el halago ni se somete a la brutal represión que ya registra 20 muertos, más de 300 heridos, dos mil detenidos y un número indeterminado de personas desaparecidas.

Los administradores del Estado no terminan de admitir que carecen de legitimidad para establecer un diálogo con la rebeldía popular. Sus medidas coercitivas, en tanto, se sitúan en el terreno de la violación de los derechos humanos y suscitan más repudio al gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas.

La insurrección no reconoce la autoridad del gobierno ni del Congreso porque no representan la soberanía del pueblo. Son producto del modelo que la calle repudia. La ‘clase política’ representa (¿representaba?) solo al 40% de los ciudadanos. La abstención electoral -mensaje silencioso de esta crisis que los partidos no supieron oír-, constituye la mayoría que está en la calle. A esta se han sumado vastos sectores que se han sacudido de la tutela de organizaciones y capillas ideológicas.

En diciembre del 2017, Piñera fue elegido con tres millones 800 mil votos de un padrón electoral de más de 14 millones. Asumió la presidencia representando a una fracción minoritaria de ciudadanos, y en menos de dos años su respaldo se ha convertido en sal y agua.

La representatividad del Parlamento es todavía menor. Caso paradigmático es una senadora -Carmen Gloria Aravena Avendaño- elegida por 4.200 votos, o sea el 1,2% de su circunscripción, ya reducida por la abstención.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, segunda autoridad del Estado, representa solo al 10,2% de electores de su región. El titular de la Cámara de Diputados, Iván Flores, a su turno, fue elegido con apenas el 9,5% de los votos.

En el plano municipal la situación es aún peor. En la elección de alcaldes y concejales del 2016, la abstención alcanzó al 65%. Hay alcaldes que ‘representan’ menos del 10% del electorado -ya reducido por la abstención- de sus comunas.

Esta ‘democracia’ jibarizada y por tanto vacía de contenido, explica por qué la rebeldía en Chile no acepta la autoridad de instituciones moralmente inexistentes, ni reconoce como interlocutores a los administradores de esos fantasmales vestigios de institucionalidad.

Los amagos de sectores políticos para desviar el torrente popular hacia molinos partidarios, no han logrado ningún resultado.

La criminalización de la crisis por parte del Gobierno y los medios de comunicación, no ha conseguido mellar la fuerza moral del movimiento que sigue expresándose masiva y pacíficamente.

Esta verdadera insurrección desarmada demuestra una vigorosa creatividad cultural y artística. Incluso hace gala de ingeniosas expresiones de humor en las redes sociales.

Los actos de vandalismo que se le atribuyen -de un origen tan sospechoso como los incendios del Metro y supermercados- son por completo ajenos al espíritu que anima a las marchas y caceroleos masivos en que participan familias completas de sectores sociales muy diversos, hermanados en un rechazo frontal a los abusos del neoliberalismo.

Las acciones de vandalismo que han ocurrido traen a la memoria la explosión social del 2 y 3 de abril de 1957. La policía puso en libertad y azuzó a centenares de delincuentes para que destrozaran y saquearan bienes públicos y negocios privados en Santiago y Valparaíso.

Los atentados incendiarios de esta semana afectan más al pueblo que a los propietarios de los negocios saqueados e incendiados. La cadena norteamericana Walmart, de los supermercados Líder, y el grupo Solari Falabella, de Sodimac, no perderán un centavo.

Tienen seguros a todo evento que los protegen contra robos, saqueos, incendios, atentados terroristas, catástrofes naturales, etc. Los elevados costos de esos seguros tampoco los pagan esas empresas pues los trasladan a los precios y tarifas que cobran a los consumidores y usuarios.

Millones de ‘vándalos’ han convertido a Chile en una plaza fuerte de la lucha contra la injusticia, la desigualdad y la inequidad. Los ‘vándalos’ rechazan la violencia delincuencial contra pequeños y medianos comerciantes.

Los ‘vándalos’, en cambio, se movilizan por un cambio radical del modelo económico y social sobre el cual se levantan las instituciones del Estado.

Está en curso una transformación cultural de la conducta social cuya victoria permitiría derribar las barreras de la desigualdad y la discriminación. Asimismo se abre paso una demanda capaz de centralizar el conjunto de aspiraciones populares y atacar la raíz del conflicto.

Va surgiendo con fuerza la imperiosa necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Esa vía pacífica y democrática permitiría a Chile dotarse de una Constitución que genere nuevas instituciones y leyes para construir una sociedad diferente.