Justica social

Por: Amnistía Internacional

En Honduras, la justicia pasa de parecer lejana a volverse completamente inasible.

El 23 de mayo, por tercera vez consecutiva, el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa aplazó la audiencia preliminar en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos y líder lenca, Berta Cáceres.

El Juzgado aceptó la petición de los abogados de la familia y del defensor Gustavo Castro, único sobreviviente del ataque en el que Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, de aplazar la audiencia preliminar de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el crimen para el 7 de Junio.

¿La razón? El Ministerio Público entregó la información probatoria que desde hace meses habían solicitado tanto los abogados de la familia y del defensor mexicano, como la defensa de los acusados, apenas el viernes 19 de mayo. Dicho tiempo es a todas luces insuficiente para revisar la información y para permitir que los abogados pudieran prepararse adecuadamente para la diligencia que iba a ser realizada el 24 de mayo.

Ya el 19 de abril, la audiencia había sido suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de Berta, debido a que el Ministerio Público hondureño no había entregado la información probatoria completa en la que basa su acusación. El 28 de Abril fue suspendida otra vez porque la información todavía no se hallaba disponible.

A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Ariadna Tovar, Investigadora sobre defensores de derechos humanos en las Américas

Los aplazamientos reiterados de esta audiencia con la que se dará inicio formal al proceso, derivados de la omisión reiterada del Ministerio Público de entregar las pruebas, primero, y hacerlo a tiempo, después, generan muchos interrogantes sobre la auténtica voluntad de las autoridades hondureñas de investigar cabalmente y de manera independiente el crimen de Berta Cáceres.

A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.

Pero nada de esto es una novedad.

Honduras es uno de los países donde la impunidad es la norma en casos de ataques contra personas que defienden los derechos humanos. Esta impunidad alienta que sigan muriendo más personas que son vistas como blanco legítimo de ataques porque cuando atreven a defender el medio ambiente son clasificadas como una “enemigas del progreso”.

En una muestra más de que el Ministerio Público no se preocupa por rendir cuentas en su lucha contra la impunidad, no se presentó a participar en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al COPINH. No sobra señalar que Berta Cáceres fue asesinada a pesar de que ella misma había sido cobijada por medidas de este tipo y de que las autoridades hondureñas tenían el deber de protegerla.

Así, el riesgo es que nunca se haga justicia y que el nombre de Berta Cáceres engrose la larga lista de personas que fueron asesinadas por el solo hecho de proteger los recursos naturales de los que todos dependemos para sobrevivir.

Desde hace años, las autoridades Hondureñas hacen oídos sordos a las innumerables voces que en cada rincón del planeta cuestionan la realidad que viven quienes allí dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.

Liliana María Uribe Tirado, miembro del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), quienes están realizando una investigación independiente sobre el asesinato de Berta, es una de esas voces.

“Nos preocupa mucho la naturaleza secreta del proceso y la falta de atención a las varias posibles líneas de investigación. Las autoridades deberían prestar atención a la sistematicidad de las agresiones contra el COPINH. El crimen contra Berta se tiene que explicar en ese contexto. Hay más de 12 personas asesinadas del COPINH entonces el nivel de agresión contra la organización es muy fuerte. Todo eso debería ser parte de la investigación,” dijo.

A más de 13 meses del asesinato de Berta Cáceres, las preguntas se acumulan y las respuestas se evaporan.

Una sola cosa es clara: la justicia está en la cuerda floja y las y los hondureños son y seguirán siendo la principal víctima.

*Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/honduras-justicia-en-la-cuerda-floja/