La educación como derecho

Balochistán/Enero 2016/ Autores: Banco Mundial y Human Rights Watch / Fuente: Banco Mundial y Human Rights Watch

Un Cara de la Moneda

El Proyecto de Promoción de la Educación de las Niñas de Balochistán (PGEB, por sus siglas en inglés) ha permitido que unos 39 000 niños asistan a la escuela, incluidas 33 414 niñas de toda esta provincia de Pakistán. Asimismo, ha mejorado el acceso a la educación y la retención de los niños en las escuelas, especialmente las niñas, en las partes más apartadas de Balochistán. Este es uno de los 11 proyectos financiados en el marco del fondo fiduciario de múltiples donantes (MDTF, por sus siglas en inglés) para Khyber Pakhtunkhwa (KP), las Áreas tribales bajo administración federal (FATA) y Balochistán, (i) creado en 2010 con el fin de apoyar los esfuerzos de rehabilitación en zonas afectadas por conflictos.

Balochistán  ha ocupado tradicionalmente el último puesto en las mediciones de los indicadores de educación en Pakistán. Las tasas de matriculación netas (NER, por sus siglas en inglés) de los niños y las niñas en todos los niveles son al menos un 10 % inferior al promedio nacional. Los indicadores de la matriculación femenina son excepcionalmente bajos, en especial a nivel rural. Las tasas de matriculación netas de las niñas en las zonas rurales de Balochistán son de 33 % en la enseñanza primaria (edades de 6 a 10 años), y bajan a 7 % en la enseñanza media. En casi el 40 % de los 22 000 asentamientos no hay escuelas.

La extensa zona geográfica y la baja capacidad de entrega de servicios educativos son factores clave. Aproximadamente, el 9 % de las escuelas no tiene techo, el 57 % no cuenta con agua potable, el 46 % no tiene murallas en los exteriores, el 52 % carece de electricidad, y el 29 % no tiene retretes.

El Banco tiene una relación de larga data con el gobierno de Balochistán en el sector de la educación. El Proyecto de Apoyo a la Educación de Balochistán (BESP, por sus siglas en inglés) creó 649 escuelas en esta provincia. Si bien el BESP adoptó un modelo de desarrollo y gestión escolares dirigido por la comunidad, el PGEB estableció que el ejecutor fuera el Gobierno para apoyar el objetivo general del MDTF de fomentar la confianza entre los ciudadanos y el Estado.

A través de este proyecto, el Gobierno reconstruyó 123 escuelas de niñas que antes no tenían techo. También proporcionó  instalaciones faltantes, como retretes, agua potable, murallas exteriores, paneles solares, electricidad, pizarras y mobiliario a 226 escuelas de niñas. Se crearon, además, 260 nuevas escuelas primarias con la participación de la comunidad. La tasa de asistencia de los maestros en estas escuelas es del 90 %, mientras que la tasa de retención general de los niños en las escuelas apoyadas por el PGEB es del 86 %.

Se han contratado maestras de la propia comunidad, creando un nuevo modelo a seguir para las niñas e influyendo en las percepciones sobre el papel de la mujer en la sociedad. Por otra parte, el proceso de la selección del sitio de la escuela impulsado por la comunidad y la formación de los PTSMC ha ayudado a las comunidades a unirse en pos de un objetivo común. Los miembros de los PTSMC han estado haciendo esfuerzos para aumentar la matriculación convenciendo a los padres de los niños que no van a la escuela para que envíen a sus hijos a clases. Los maestros están comenzando a centrarse en la calidad de la enseñanza, en un esfuerzo por maximizar el potencial de los niños que ahora pueden asistir a la escuela. Mientras el PGEB ha llegado a 39 000 estudiantes frente a un valor de referencia de 29 726 en 12 distritos de Balochistán

La Otra Cara de la Moneda

Por otro lado,  Human Rights Watch, menciona que las políticas actuales de salvaguardia del Banco Mundial resultan insuficientes para asegurar que se respeten los derechos humanos en sus proyectos. Si bien el banco se ha comprometido a no financiar durante sus proyectos aquellas actividades que puedan contravenir las obligaciones asumidas por los países que toman los préstamos en virtud de tratados y acuerdos ambientales internacionales relevantes, no se ha pronunciado sobre las obligaciones estipuladas en los tratados internacionales de derechos humanos. El banco cuenta con políticas sobre traslados involuntarios y pueblos indígenas, pero incluso tales políticas no se adecuan completamente a las normas internacionales de derechos humanos. Las decisiones de financiamiento vinculadas con derechos carecen de transparencia y parecieran ser arbitrarias e incoherentes.

Ante la ausencia de un compromiso claro de no apoyar actividades que favorezcan o agraven violaciones de derechos humanos, los funcionarios del banco carecen de criterios sobre cómo abordar problemas de derechos humanos o cuáles son sus responsabilidades. Los funcionarios gozan de plena discrecionalidad para determinar en qué medida tendrán en cuenta los riesgos para los derechos humanos, qué harán para evitar o mitigar los posibles perjuicios e incluso si comunicarán tales problemas a los funcionarios jerárquicos del banco o a la Junta. Debido a que no existen políticas ni procedimientos claros sobre derechos humanos, las personas cuyos derechos se ven menoscabados no cuentan con ninguna vía para exigir explicaciones al banco.

Al adoptar un enfoque que tome en cuenta los derechos humanos, el Banco Mundial podría reducir al mínimo los perjuicios evitables, especialmente entre grupos marginados, excluidos y vulnerables, y esto haría más sostenibles sus iniciativas de desarrollo. Al apoyar a los gobiernos para que cumplan sus obligaciones de derechos humanos, el banco puede reforzar la coherencia de las políticas gubernamentales. Reducir los riesgos para los derechos humanos también podría contribuir a mitigar los riesgos legales y financieros, además de la posibilidad de que se deteriore el prestigio del banco.

El Banco Mundial debe mejorar los estándares que se ha fijado en materia de derechos humanos, a fin de cumplir sus obligaciones jurídicas y preservar su rol de institución de desarrollo, comentó Human Rights Watch. Los países miembros tienen además obligaciones concretas relativas a derechos humanos de alcance similar, que les corresponde salvaguardar mientras continúen siendo miembros del Directorio Ejecutivo, organismo encargado de aprobar los proyectos del banco.

El Banco Mundial debería reformar sus políticas de salvaguardia a fin de:

• Manifestar su compromiso de no apoyar actividades que faciliten o agraven violaciones de derechos humanos, y respetar en todas sus actividades los derechos humanos reconocidos internacionalmente, con independencia del mecanismo de financiamiento utilizado.
• Efectuar controles de debida diligencia para cumplir con este compromiso, que incluyan llevar a cabo evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos para identificar los efectos que tendrían sus actividades y evitar o mitigar cualquier consecuencia adversa. El banco también podría utilizar estas evaluaciones de impacto para maximizar las consecuencias positivas para los derechos humanos vinculadas con sus actividades, en consonancia con su aspiración de mitigar la pobreza.
• Reforzar las salvaguardias existentes para adecuarse a las normas internacionales de derechos humanos, entre otras cosas, actualizando las políticas relativas a poblaciones indígenas y reasentamientos involuntarios a fin de que cumplan con los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos, las declaraciones y los documentos relevantes emitidos por organismos creados en virtud de tratados y por relatores especiales de la ONU que interpretan estas obligaciones.
• Asegurar que no se discrimine a personas por ninguna razón prohibida por el derecho internacional, y que todos los miembros de las comunidades afectadas tengan la posibilidad de participar genuinamente en la definición de las agendas y políticas de desarrollo durante todas las etapas de los proyectos o programas.

“En un principio, el Banco Mundial señaló que su mandato no político le impedía incluso considerar aspectos de derechos humanos en sus decisiones relativas a financiamiento”, dijo Jessica Evans, defensora sénior dedicada a instituciones financieras internacionales en Human Rights Watch. “Ahora el banco acepta que puede tomar en cuenta los derechos humanos, pero considera que se trata de una posibilidad discrecional. Ya es tiempo de que el Banco Mundial reconozca que los derechos humanos universales no son una cuestión discrecional”.

Fuentes de la Noticia:

http://www.bancomundial.org/es/results/2015/12/10/balochistan-girls-education.

https://www.hrw.org/es/news/2013/07/22/banco-mundial-elude-problemas-de-derechos-humanos

Fuente de la Foto:  http://www.bancomundial.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/sar/pakistan/pk-mdtf-edu-1.jpg

Editores:

Javier Ernesto Chávez Torrealba. Licenciado en Educación. Docente Universitario. Investigador del CIM. Coordinador del Centro Nacional de Investigaciones Educativas por el estado Portuguesa

María Magdalena Sarraute Requesens. Doctorado en Ciencias de la Educación, Magister en Desarrollo Curricular, Licenciada en Relaciones Industriales y con cursos de postgrados no conducentes a grado académico. Docente – Investigadora Educativa del CIM y reconocida por el PEII en la Categoría B, Coordinadora General del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, Integrante de la SVEC e Integrante Fundadora de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.