Ley 1.420

Argentina / Autora: Claudia Nicolini / Fuente: La Gaceta

La pedagoga y política resaltó los riesgos del comercio educativo. El Estado debe garantizar gratuidad y calidad.

Educar no es llenar una cabeza de contenidos. No lo dijo así, claro está. Pero de alguna manera es contra ese principio que Adriana Puiggrós lucha, principio subyacente al modelo que -destaca e insiste- se intenta imponer, en una suerte de desregulación de la enseñanza.

Por eso nació “El derecho a la educación en la cultura argentina”. Ese es el título de la ponencia que ofreció ayer en el congreso “Educación y política en el camino hacia un nuevo humanismo”, con el que la Facultad de Filosofía y Letras celebra sus 80 años, luego de que la UNT la distinguió con el Doctorado Honoris Causa.

Derechos y obligaciones

¿Es necesario seguir debatiendo el derecho a la educación? ¿Puede ponerse en duda? Pues sí, se pone. Por eso para Puiggrós la defensa de la educación como “derecho inalienable de todos los habitantes del país (y no sólo de los ciudadanos)”, como resaltó, es una causa por la que urge luchar.

“Empecemos pensando una cosa -advierte en su diálogo con LA GACETA-: hay grandes diferencias en la educación que están recibiendo unos y otros argentinos. Entonces, la pregunta no tiene una respuesta automática; reclama reflexión”. Para iniciar esa reflexión sobrevuela entonces la historia (la memoria que explica tantas cosas).

A nivel mundial, cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (que define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano). “En el país, fue una preocupación concreta de la generación de 1880 y la ley 1420 -que se cumplió en forma desigual- la sancionó, pero ya Moreno y Castelli, en 1810, se preocupaban por lograr un pueblo educado”, destaca.

“La ley 1.420 -recuerda- establece la universalidad, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica… y desde 2014 esa obligatoriedad se extendió a la secundaria”. Eso implica -sigue aclarando- varias cuestiones. En primer lugar, que el Estado, que obliga, debe garantizarla. Y que el ciudadano tiene el derecho de recibirla; pero también tiene la obligación de mandar a sus hijos a la escuela.

“Este es uno de los fundamentos para rechazar el modelo de mercantilización de la educación, cuyo extremo es el home schooling (enseñanza en el hogar), pero que ya -más o menos solapadamente- se implementa con el ‘negoción’ del comercio educativo que instala en escuelas (incluso en algunas públicas) fundaciones y ONG que preparan en pocos meses ‘líderes’ -en lugar de maestros- y buscan imponer material pedagógico producido por plataformas corporativas. Son contenidos estandarizados de donde -claro- van desapareciendo las humanidades”. “Esto es grave -añade-; es ‘confundir’ educación con instrucción; deshumanizar el proceso enseñanza-aprendizaje y ‘olvidarse’ de que educar consiste en formar ciudadanos; instruidos, por supuesto… pero eso no alcanza”.

Rol del Estado

“Otra cosa que hay que entender es que la obligatoriedad y la gratuidad van de la mano”, afirma. Es que si el educación es afirmada como política de Estado, este debe garantizar la calidad, además de la posibilidad de cumplir la obligación. “Y esa calidad debe esta a la altura de los tiempos: infraestructura (y eso incluye alimentación y salud, porque si no, no se garantiza el acceso a una educación de calidad), equipamiento tecnológico, docentes muy bien capacitados…”, enumera. “Hoy el deterioro de la educación se ve hasta físicamente, porque tampoco se garantiza el acceso a la salud”, añade.

Y retoma: “hacen falta instituciones educativas seguras y en relación con las comunidades donde están insertas, para, entre otras cosas, garantizar tiempo de permanencia eficiente de los alumnos en la escuela, y una comunidad que se responsabiliza de sus miembros -añade-. Por ejemplo, convenios con clubes barriales para practicar deporte (que además de actividad física, es aprender a respetar reglas, a trabajar en equipo) fortalecen lazos sociales… y ayudan a construir ciudadanía”.

Todo eso -agrega, preocupada- no se logra con contenidos enlatados (y muchas veces, importados), meros adiestramientos vaciados de contenidos. “Y no estoy demonizando la tecnología; todo lo contrario. La cuestión es saber quién produce y con qué criterios, y cómo se construye el vínculo pedagógico. En el encuentro docente-alumno siempre hay un plus”.

La universidad

“Y hay algo que no quiero dejar pasar: la importancia de un congreso como este, en la Facultad de Filosofía de Tucumán, la primera que se funda después de la Reforma de 1918. Un congreso que resalta la actualidad de las banderas de esa reforma (la libertad de cátedra, el cogobierno y la autonomía), a las que se sumó la gratuidad establecida en 1949. Porque la educación como derecho de la población y deber del Estado también incluye la educación superior”, resalta y cuenta que eso fue ratificado por el Congreso argentino en noviembre de 2015. “Sigue vigente… peleando su supervivencia en la Corte Suprema, pero vigente. ¡Que así siga!”.

Fuente de la Reseña:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/808657/actualidad/adriana-puiggros-deterioro-derecho-educacion-se-ve-fisicamente-pues-tampoco-se-garantiza-salud.html

ove/mavh