Líderes ambientalistas en grave riesgo en cárceles de América Latina ante la violencia y el aislamiento familiar causado por la pandemia

Redacción; Rebelión

Cientos de líderes campesinos y ambientalistas de todo el mundo, muchos de origen indígena, se encuentran atrapados en sistemas penitenciarios en sus países en condiciones que ponen en riesgo su salud, e incluso su vida, condiciones que están empeorando con motivo de la pandemia de coronavirus. A los motines que ha habido en los últimos días el algunas cárceles, sobre todo en América Latina, y la falta de un higiene y una sanidad básica, se suma el hecho de que tras decretarse el confinamiento en muchos países, nadie cercano puede visitar a los presos para proporcionarles el apoyo económico que precisan para sobrevivir en unos establecimientos sobresaturados en los que las condiciones de vida son insalubres.

Este 17 de Abril, con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina, Alianza por la Solidaridad-Action Aid recuerda que la criminalización de líderes ambientales es una constante en muchos países, como ha podido constatar en lugares donde la organización está presente, como Guatemala, El Salvador o Colombia. Sólo en Guatemala, entre 2012 y el 2017 se hubo 909 actos de criminalización contra personas defensoras de derechos y muchas terminaron en procesos judiciales y encarceladas, ante la presión de las empresas ante las autoridades judiciales. En Colombia, Naciones Unidas también ha denunciado recientemente el elevado número de casos de criminalización de líderes indígenas y afrocolombianos.

Participar en manifestaciones, convocar actos de protesta o informar a las comunidades sobre proyectos que afectan a los recursos naturales bastan para generar denuncias por parte de quienes consideran que la defensa de los derechos de las comunidades afecta a sus intereses económicos. La falta de conocimientos legales o de recursos para poder tener una defensa adecuada o la presentación de pruebas falsas pueden acabar en condenas judiciales para los y las líderes ambientalistas, cuyos recursos de apelación tardan meses o años en ser considerados.

En Guatemala, Alianza por la Solidaridad-Action Aid sigue de cerca el caso del líder q’eqchí Bernardo Caal Xol, preso en la cárcel de Cobán (Alta Verapaz) desde enero de 2018, tras ser condenado a más de siete años de prisión como consecuencia de su defensa del río Oxec y del río Cahabón, donde se llevan a cabo la construcción de dos grandes hidroeléctricas: Oxec y Renace. Está última fue realizada por la transnacional española ACS para una compañía guatemalteca.

María Caal, hermana del líder ambientalista, maestro de una comunidad, muestra la preocupación por su estado, especialmente desde que no pueden ir a visitarle porque en Guatemala se ha suspendido el transporte público desde el pasado 13 de Marzo, como medida para frenar la pandemia del COVID-19: “Estamos muy preocupados por Bernardo porque las condiciones en la cárcel son muy malas y no podemos ir a Cobán, a cuatro horas de distancia, para llevarle algo de dinero o comida. La que dan en las cárceles en este país no es suficiente para no enfermar, apenas un poco de arroz o fríjoles. Tampoco tenemos información de cómo se encuentra”, señala su familiar.

Desde la prisión, en una carta manuscrita que ha logrado enviar en los últimos días, Bernardo Caal recuerda que ya lleva 19.000 horas en la cárcel por la defensa del agua de ríos que hoy es fundamental para decenas de miles de personas: “La OMS recomienda lavarse las manos continuamente con agua y jabón para prevenir contagios del COVID-19 y, sin embargo, las comunidades del pueblo maya q’eqchí están privadas del agua”. Se refiere al expolio del agua realizado por las hidroeléctricas a las más de 29.000 personas que viven en torno a ambos ríos.

Alianza por la Solidaridad-Action Aid, que ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre el impacto de  proyectos extractivistas de grandes empresas en los territorios y  sobre la persecución a las personas que lideran la oposición a los mismos, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se tomen medidas respecto a los países en los que la situación legal y humanitaria de estos líderes y lideresas que defienden  derechos sociales y ambientales vulnera el derecho internacional.

Fuente: https://rebelion.org/lideres-ambientalistas-en-grave-riesgo-en-carceles-de-america-latina-ante-la-violencia-y-el-aislamiento-familiar-causado-por-la-pandemia/

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A. Latina, una de las regiones con mayor índice de violencia contra los defensores ambientales

América Latina/22-03-2020/Autor y Fuente: www.elespectador.com

Por: Zoraida Portillo – SciDev.Net

De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, específicamente, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, señala el informe anual 2019-2020 de Amnistía Internacional (AI).

En particular, “las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia”, alerta AI, un movimiento internacional que agrupa a más de siete millones de personas en el mundo que hacen campañas a favor del respeto de los derechos humanos.

La violencia a causa del conflicto armado interno, que no ha cesado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y las disputas por el control territorial parecen ser los condicionantes principales de la extrema violencia en Colombia, según el documento presentado en la capital peruana el 27 de febrero.

Desde Colombia, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores —espacio de protección de derechos humanos y ambientales— precisa que en su país hay muchos conflictos que históricamente se han tapado con el conflicto armado, entre ellos, el derecho a la tierra. “Pareciera que el conflicto armado fuera el origen, la causa, la consecuencia y el resultado de todas las violencias, y tampoco es así”, comenta a SciDev.Net.

“Tenemos 103 pueblos indígenas y todos enfrentan conflictos porque están en la zona periférica del país que en el pasado fueron fronteras y que hoy las empresas multinacionales y nacionales necesitan para extraer los recursos naturales y sembrar monocultivos agroindustriales”, afirma.

Brasil, Guatemala, Honduras y México son otros países de la región que han experimentado altas tasas de violencia contra líderes indígenas que luchaban por preservar sus derechos de acceso a la tierra, sus territorios o evitar daños al ambiente o la biodiversidad.

La justicia y los recursos naturales

El hostigamiento judicial o el debilitamiento de las leyes de protección ambiental han sido otras maneras de violentar a los indígenas o reducir su acceso a la justicia. El informe cita explícitamente los casos de Paraguay —donde se apeló a procesos penales para criminalizarlos— y de Perú, donde se promulgaron leyes que socavan el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado y disminuyen la protección de muchos derechos a la tierra y territorios. Y en Venezuela, las comunidades indígenas denunciaron los impactos de la extracción de minerales del llamado ‘arco minero del Orinoco’, sin encontrar eco en las autoridades.

“El desarrollo del arco minero del Orinoco es un megaproyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno en la zona sur del país y está afectando los ecosistemas de la Amazonia”, explicó a SciDev.Net Carlos Lusverti, miembro del Comité Ejecutivo de AI de Venezuela.

Sin embargo, la falta de acceso a información por parte del estado, en algunos casos porque no existe y en otros casos por la negativa del estado a entregarla, hace muy difícil cuantificar sus daños sobre todo el ecosistema, dijo Lusverti. Para Marina Navarro, directora de AI en el Perú, la situación regional en términos de derechos ambientales “es muy compleja”.

Preocupación y esperanza

El hecho de que dos terceras partes de los asesinatos contra activistas ambientales hayan ocurrido en América Latina es tan preocupante para ella como el aumento del 30% en 2019 de los incendios forestales en la Amazonía brasileña respecto a 2018. “Pero que a pesar de esta situación adversa los líderes, activistas, hombres y mujeres sigan reclamando sus derechos y movilizándose es esperanzador”, afirma.

Sánchez concuerda. Según ella, es rescatable “la conciencia ambiental que ha adquirido un sector muy importante de Colombia, hay movilizaciones que en el pasado no se hacían, la juventud tiene mucho más conciencia del cambio climático y de la tragedia de la tierra”.

La base de datos del portal Tierra de Resistentes —un esfuerzo investigativo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú— ha documentado 1.356 hechos victimizantes entre 2009 y 2018 contra líderes y comunidades de esos países que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales. Sin embargo, advierten que el subregistro de casos es muy grande. Brasil y Colombia presentan las mayores tasas.

Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en este gráfico solo se tomó en cuenta el principal recurso defendido./ Fuente: Tierra de Resistencia.

“Son personas que por vías no violentas reclaman sus derechos comunitarios y quedan expuestas”, refiere Josefina Miró Quesada, investigadora de temas de género y derechos humanos y asesora del gabinete en la Defensoría del Pueblo del Perú.

Las mujeres y el acceso a la información

A ella le preocupa particularmente la vulnerabilidad de las mujeres rurales. “[Ellas] luchan por la protección de sus territorios y tierras, y eso las hace más susceptibles de sufrir otros tipos de violencia. La hostilización no queda en palabras —son calificadas de oponerse al desarrollo y hasta de terroristas— o enfrentamientos físicos, sino en procesos judiciales, promovidos por las empresas y por el propio estado”, señala.

Sostiene que las mujeres rurales al confrontar experiencias muy diferentes a las activistas urbanas “tienen que ser protegidas de maneras diversas”. Tierra de Resistencia ha documentado 216 ataques contra mujeres en la década estudiada.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/latina-una-de-las-regiones-con-mayor-indice-de-violencia-contra-los-defensores-ambientales-articulo-907985

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