Como un hecho sin precedentes calificó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua) las amenazadas contra 25 líderes sociales a través de un panfleto firmado por un grupo al margen de la ley. Entre las personas que aparecen en el documento se encuentran docentes, un representante de Fecode y miembros del movimiento Colombia Humana en este departamento.
“Veinticinco personas amenazadas en un solo panfleto es un hecho histórico en La Guajira, por eso exigimos al Gobierno Nacional las garantías suficientes para el ejercicio de la democracia, de la paz y del sindicalismo en Colombia”, expresó Ruth Mariela Fernández, miembro de Asodegua.
“No es posible que en este país siga haciendo curso este modo de proceder, en el cual no se puede presentar una voz de protesta ante las políticas de Estado porque enseguida proceden estas amenazas, situación que es de suma preocupación, porque una vez más se demuestra que en este país ser líder social o sindical es una actividad que pone en riesgo la vida de quienes se atreven a levantar la voz en contra de las injusticias sociales que a diario ocurren en Colombia”, manifestó el sindicato en un comunicado.
Por estos hechos las autoridades realizaron un consejo de seguridad donde determinaron que analizarán la veracidad del panfleto, además activaron los protocolos para la toma de denuncias a las personas amenazadas.
Mundo/23-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
224 excombatientes han sido asesinados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz en Colombia, según el partido FARC.
Las naciones garantes de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Cuba y Noruega, llamaron este jueves al Gobierno de Iván Duque a reforzar medidas que contribuyan a frenar el asesinato de excombatientes y líderes sociales.
“Cuba y Noruega (…) comparten la preocupación de muchos actores políticos en Colombia -gubernamentales y no gubernamentales-, del Sistema de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, por el creciente número de excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo; así como de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, afirma el documento.
El texto hace referencia al continuo exterminio de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo,(FARC-EP), situación que ha empeorado desde la firma del Acuerdo de Paz.
También, alude a los asesinatos que le han cobrado la vida a centenares de líderes sociales y defensores de derechos humanos y a la población en general, de lo cual es una muestra las tres masacres contra jóvenes y menores de edad ocurrida en los últimos días.
El documento fue firmado por Javier Camaña, representante garante por Cuba ;y por Jon Otto Brødholt, por Noruega, quienes dejaron manifiesta su posición con respecto a la crisis de violencia que vive Colombia y pone en peligro la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con información publicada en la cuenta oficial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, (FARC), en la red social Twitter, 224 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano
Tags
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/garantes-paz-piden-frenar-muertes-lideres-colombia-20200820-0033.html
“La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan”
Existen hitos importantes en la historia de la protesta social. El mundo ha sido testigo del levantamiento de los ciudadanos, especialmente, la última década, desde el alzamiento de la primavera árabe; en sus inicios tuvo lugar en Túnez, dando inicio a que muchos países de oriente medio, salieran en su rechazo a la desigualdad en temas sociales, económicos y políticos; como Egipto, Yemen y Libia, donde sus manifestaciones, llegarían al punto de derrocar a sus líderes.
La función principal de un movimiento social es generar cambios, o expresar un descontento. Tradicionalmente se dan en espacios públicos, pero gracias a las redes sociales emergentes, la invitación a la discusión de activistas, diferentes movimientos, o cualquier ciudadano, se trasladan al espacio virtual con una voz, mucho más fuerte y, hasta global. Lo hemos visto con el movimiento MeToo, que inició como una campaña contra la violencia sexual por denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein; o de las protestas contra el racismo motivadas por la muerte de George Floyd, un exguardia de seguridad asfixiado durante un arresto en Nueva York.
Esta ola de protestas, se permea a lo largo y ancho del planeta. Solo falta hacer memoria. Para no irse tan lejos, tenemos a Latinoamérica; aparece entonces, un movimiento estudiantil que se gestó en Chile, contra el gobierno de Sebastián Piñera en el 2011, donde se buscaba reformar el acceso al ingreso a las universidades, con una educación superior gratuita. Fin que se consiguió después de cinco años de estar en las calles, cuando la presidenta, Michelle Bachelet, puso su fin, con una frase que destacaron todos los medios, la gratuidad universitaria “es un derecho, no un regalo”.
Pero el estallido social no se queda ahí. Esto se propagaría como un virus desde Chile hasta Colombia, donde vemos como la “normalización de las protestas” se desata en la región. Hay que destacar que hoy América Latina es la región más desigual del mundo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pues se estima que de 2019 a 2020, el desempleo pasará de 8,1% a 13,5%, es decir, que habrá más de 44 millones de personas sin trabajo. Así que no es de extrañarse como se incrementan cada vez más estos actos con Hambre – en mayúscula- por cambios reales.
Deténganse en Colombia. El descontento en el país, se hace cada vez más evidente, a pesar de que se intente desestimar las marchas pacíficas, con actos vandálicos y un uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), no se deja envolver bajo esa cortina de humo. Lo vimos durante las pasadas marchas del 21 de noviembre del año pasado. Este Paro nacional se caracterizó por una unión de los diferentes gremios afectados como campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afro, mujeres, comunidad LGTBI, pensionados, transportadores, en fin parecía que todo el país obedecería al llamado del paro. Al fin, la marcha como mecanismo de participación ciudadana, tomó su papel, y el país, lograría conmocionarse ante su gente.
La presión social que crece cada día y las constantes manifestaciones no se detendrán, pues con la crisis por la llegada del Covid-19, lo único que ha puesto en la mesa, es evidenciar los vacíos que aún quedan; vemos como la línea que divide a la clase media de la pobreza y la pobreza extrema se ha vuelto más delgada, con un escenario de 20 millones más de personas en pobreza extrema en la región. Informalidad, desigualdad del ingreso, falta en oportunidades de trabajo, acceso a la salud y a la educación eran problemas que América Latina enfrentaba, y salen a luz, por la pandemia como lo explicó Ángel Gurría, secretario General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Y si los gobiernos acataran las medidas por contrarrestar los efectos que se perciben, junto con todo lo anterior, ya podríamos hablar de reconstruir, (antes de que sea demasiado tarde), nuestra región, con la necesidad de reinventarnos en tiempos de Covid, como podría ser desarrollar nuestro potencial agrícola, sería una oportunidad de crear un impacto positivo, pues como se ha dicho la crisis alimentaria es una realidad. Pero la respuesta podría ser América Latina, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que tiene la reserva más grande del planeta en tierras cultivables. La región latinoamericana tiene un enorme potencial para aportar soluciones globales en materia alimentaria.
Hoy podemos elegir si queremos ser las víctimas de un Estado fallido, o podemos buscar soluciones, pues en medio de la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. Quizás necesitaremos mejores líderes y, en el futuro pospandemia, pasar a la acción por todos aquellos que han salido a manifestar su descontento, su dolor, su impotencia, de no ver cambios; y terminar por proteger y defender los derechos humanos de las generaciones venideras.
Más de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados ya este año en Colombia. ¿Quiénes, cómo, dónde y por qué matan, desaparecen, agreden o amenazan a los activistas colombianos?
#PazAlLiderazgoSocial, pide el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras actualiza permanentemente una lista delíderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020. Estamos a mediados de mayo y esa lista registra ya 101 nombres, 26 tras el inicio de la cuarentena por la actual pandemia de coronavirus.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC (noviembre de 2016) hasta hoy, la cifra total de asesinados asciende a 902, precisa a DW Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz.
¿Quiénes son los asesinados?
En su mayoría, se trata de activistas de base campesina (39 en 2020); muchos, con liderazgo comunal (33). Hay, además, numerosos líderes indígenas (30), cívicos (13), afrodescendientes (7), que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (5), sindicales (4), mineros (2), ambientalistas (1).
«Son agentes que trabajan por el cambio, por la paz entendida como la reducción de la violencia, la garantía de los derechos humanos o la protección de los recursos naturales en sus territorios”, comenta a DW Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo y del programa de estudios de paz y conflicto de la Universidad de Marburgo.
A ellos se suman familiares o personas cercanas (8), así como firmantes del Acuerdo de Paz o excombatientes de las FARC (25). Y el registro incluye mujeres (11), aunque la violencia armada suele tener un impacto desproporcionado en los hombres, señala esta politóloga colombiana.
Amenazas, atentados y desapariciones
Junto a los asesinatos, los activistas están expuestos a otras formas de violencia. A mediados de 2019, las principales organizaciones sociales del país denunciaban más de 460 amenazas individuales o colectivas, 46 atentados con armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos, y 5 casos de desaparición forzada.
En lo que va de 2020, se han publicado ya 79 panfletos de amenazas a organizaciones y comunidades, confirma González Perafán, a cargo del registro de víctimas en Indepaz. Y, por si fuese poco, en las amenazas más recientes, se ha declarado como objetivo militar a quienes violen la cuarentena. El objetivo es minar la autoridad de las organizaciones sociales en sus territorios, especialmente de las indígenas, explica el experto.
Territorios, narcotráfico, minería y agroindustria
La cifra más alta de asesinatos se recoge, este año, en el departamento del Cauca (30), «epicentro de muchos conflictos en Colombia, por un tema geopolítico”: por su geografía, con salida a la costa pacífica y cercana a la frontera sur (con Ecuador); por sus conexiones con el resto del país y las rutas de la droga, enumera la politóloga del GIGA.
Antioquia, que secunda al Cauca en récord de asesinados en 2020 (con 17), es también «corredor estratégico para la minería ilegal, para el producto del cultivo de coca que va hacia México”, agrega el abogado González Perafán, desde Indepaz.
El Cauca, además, es un territorio con antecedentes de violencia contra población indígena y comunidades afrodescendientes, con historia de presencia paramilitar, muy rico en minerales y fertilidad del suelo: «donde se ha usado la violencia para avanzar en proyectos de extractivismo y de agroindustria”, precisa asimismo la también exinvestigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz y del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, de la Universidad Nacional de Colombia, García Pinzón.
Factores históricos y estructurales convergen allí con recientes luchas por el territorio entre diversos sectores y actores armados, a raíz de la desmovilización de las FARC. Y la presencia del Estado es «principalmente militar, enfocada en la seguridad nacional, en desmedro de la garantía y protección de los derechos”, subraya la politóloga.
Maritza Quiroz, líder social reclamante de tierras en la Costa Atlántica, asesinada en 2019.
Crimen organizado con raíces paramilitares y guerrilleras
¿Qué revelan las estadísticas sobre los autores directos e indirectos de los asesinatos y sus motivos? «No hay claridad”, lamenta García Pinzón, porque el Estado colombiano no garantiza ni la seguridad de los líderes sociales, ni la justicia frente a sus asesinatos: no es eficiente en la investigación y el castigo a los autores.
Hasta ahora, el Estado ha negado o solo reconocido muy vagamente la sistematicidad del fenómeno, denuncian estudiosos y activistas. Ha llegado a reducirlo a incidentes de criminalidad común: a supuestos atracos o riñas personales, que activistas y organizaciones sociales desmienten, aludiendo al modus operandi y el tipo de armas empleadas.
Así, el esclarecimiento queda en manos de la sociedad civil, que apunta, sobre todo en el Cauca, a grupos del crimen organizado con raíces paramilitares como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas.
Históricamente, «las peores masacres en esta región no fueron perpetradas por la guerrilla sino por grupos paramilitares, con vínculos con actores legales de las élites políticas y económicas de la región”, recuerda la politóloga colombiana, mientras resalta la porosidad de las fronteras entre lo criminal y lo legal en el conflicto armado en su país.
Aunque el Estado insiste en atribuirle todo a disputas territoriales entre las múltiples disidencias de las FARC y el ELN, «todos los grupos armados presentes en esos territorios están usando las armas contra los líderes sociales”, asegura el coordinador de Indepaz. Y el panorama lo completan las disidencias del desmovilizado EPL, tercera guerrilla izquierdista de Colombia, conocida ahora como el grupo armado «Los Pelusos”, dedicado al narcotráfico. O las llamadas Águilas Negras, un presunto grupo de origen paramilitar, cuya naturaleza, estructura y hasta existencia real no parecen claras.
¿Qué (más) puede y debe hacer el Estado?
En Colombia, se negoció el Acuerdo de Paz con uno -el mayor y más antiguo- de muchos otros grupos armados. Pero ahora, el resto pugna por el control de territorios, poblaciones y mercados antes en manos de las FARC.
«Se abrieron vías para que muchas comunidades comenzaran procesos locales de construcción de paz”, afirma García Pinzón. Pero el Estado apenas «simula la implementación de los acuerdos”, sin cumplirlos, especialmente en el tema agrario, denuncia González Perafán. Y, en medio de todo, ha llegado una pandemia, que agrava la situación de vulnerabilidad socioeconómica y física de los activistas, hoy confinados en sus casas y fácilmente localizables por sus asesinos.
En 2016 y ahora, el Estado colombiano debió «estar preparado para copar esos territorios; no solamente con el Ejército sino con instituciones de salud, educación y justicia. Esa es la tarea pendiente”, por razones de voluntad política y, quizás, hasta de recursos, sugiere la politóloga García Pinzón.
Desde Indepaz, también González Perafán reclama inversión social: cumplir los planes de desarrollo territorial contemplados en los acuerdos con las comunidades. De lo contrario, Colombia seguirá «en transición”, coinciden ambos expertos, pero más hacia «una mutación de la violencia” que hacia la paz.
América del Sur/Colombia/19-04-2020/Autor y Fuente: www.elespectador.com
En su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que será presentado hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Misión de Verificación de ese organismo multilateral volvió a alertar sobre la grave situación de seguridad de esta población. La reincorporación de los exguerrilleros a largo plazo y la protección a las comunidades más afectadas por la guerra también deben ser prioritarias.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será presentado este martes el más reciente informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de ese organismo al proceso de paz de Colombia. Un documento que da cuenta de los hallazgos de dicha Misión durante los tres primeros meses de 2020, particularmente en lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad para esa misma población, así como para los líderes sociales, las comunidades rurales y los defensores de Derechos Humanos.
De entrada, es el primer informe producido por la Misión de la ONU desde que las nuevas alcaldías y gobernaciones (así como concejos municipales y asambleas departamentales) se posesionaron el pasado 1 de enero, luego de las primeras elecciones locales tras la firma del Acuerdo de Paz. En ese sentido, el Secretario General resaltó como muestra del compromiso de las nuevas autoridades locales la adopción en marzo pasado de la hoja de ruta para la efectiva protección de líderes sociales desde los departamentos, durante la sesión de la Mesa por la Vida en Puerto Asís (Putumayo).
En su informe, que será presentado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, el Secretario General fue enfático en señalar los tres asuntos que deben ser una prioridad en la agenda de implementación del Acuerdo de Paz durante 2020.
Ponerle fin a la violencia contra líderes sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes
Entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020 (período que monitoreó el informe) “la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres)”, se lee en el documento. Los departamentos que a la fecha concentran más casos de excombatientes asesinados son Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22) y Caquetá (20).
A dichos homicidios, la Misión agregó lo sucedido en febrero en Ituango (Antioquia), donde los excombatientes asentados en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad que atraviesan en ese municipio, el cual según el informe es el que más homicidios contra excombatientes presenta en el país, con 11 casos confirmados. Situación similar ocurrió en el antiguo espacio de reincorporación de Buenos Aires (Cauca), donde los excombatientes también pidieron ser trasladados por su seguridad.
Por eso, el Secretario General urge a que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros. Por ejemplo, la Misión documentó que “tres excombatientes fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y otros siete lo fueron cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas (por la Unidad Nacional de Protección, UNP)”.
Sin embargo, el informe reconoce avances por parte de la Unidad Especial de Investigación en varios casos de asesinatos a excombatientes de las Farc. Puntualmente menciona el caso de las medidas de aseguramiento dictadas para un coronel y tres soldados del Ejército por el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres, ocurrido en abril de 2019 en el Catatumbo. Igualmente, los seis detenidos por el homicidio de Alexander Parra, excombatiente asesinado en el espacio territorial de Mesetas (Meta) en octubre de 2019. “Gracias a los esfuerzos de la Unidad se han dictado un total de 24 condenas (3 en el período sobre el que se informa) y 16 casos se encuentran en etapa de juicio (3 más en el período sobre el que se informa), de un total de 214 ataques investigados contra excombatientes, a saber, 175 homicidios, 26 intentos de homicidio y 13 desapariciones”, se lee en el documento.
Y en el caso de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el informe sostiene que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, recibió denuncias de 56 casos de asesinato.
Ante ese panorama, el Secretario General resaltó la necesidad de implementar las instancias creadas por el Acuerdo de Paz con el fin de garantizar la seguridad de los líderes sociales en los territorios. “Reitero mi llamado a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”. Además de esta comisión, urgió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también contemplado en el Acuerdo.
Fortalecer la reincorporación de los excombatientes a largo plazo
Sin una tierra donde echar raíces va a ser muy difícil que quienes dejaron las armas consoliden un nuevo proyecto de vida en la legalidad. Ese es uno de los principales llamados que hace el informe para lograr que la reincorporación de los exguerrilleros sea exitosa y, sobre todo, sostenible en el largo plazo.
Durante los tres primeros meses del año venía gestionándose la transición de los antiguos espacios de reincorporación al ordenamiento territorial de los municipios donde están ubicados. El Gobierno alcanzó a visitar, antes de que comenzara la pandemia, los espacios de Ituango y Buenos Aires. “Durante las visitas, los excombatientes expresaron preocupación por las demoras en el acceso a la tierra”, dice el documento. A la fecha, ninguno de los 24 predios donde están los espacios territoriales ha sido adjudicado.
Si bien en materia económica han sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, que benefician a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales, “más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin”.
“El asunto pendiente del acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, es un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales”, puntualiza.
Asegurar la protección de las comunidades más afectadas por la violencia
“El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz será determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz”. Con esa frase, el informe enfatiza en que la seguridad de las comunidades que aún no han tenido un respiro de paz en medio de la guerra debe ser una prioridad para el Estado colombiano en 2020.
El Secretario General llamó la atención puntualmente sobre la situación en los departamentos del Chocó, del Cauca, y el municipio de Ituango, que en los primeros meses ha sufrido múltiples asesinatos, masacres y desplazamientos masivos. Igualmente, sobre el municipio de Tumaco (Nariño), cuya alcaldesa declaró en enero pasado el estado de emergencia humanitaria y social en el municipio por los desplazamientos masivos de más de 3.000 personas que enfrentamientos entre grupos armados ocasionaron en la zona rural.
Para proteger estas comunidades, recomendó poner en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo de Paz y reglamentado en abril de 2018, pero que no cuenta con mayores avances. Según el informe, el programa es valioso pues cuenta con un protocolo especial para proteger a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado, con el apoyo a la capacidad de denuncia de las organizaciones de DD.HH. en los territorios y un programa de promotores comunitarios de paz y convivencia. “Lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país.”
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/onu-reitera-preocupacion-por-asesinatos-de-lideres-sociales-y-excombatientes-articulo-914447
América Latina/22-03-2020/Autor y Fuente: www.elespectador.com
Por: Zoraida Portillo – SciDev.Net
De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, específicamente, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente, señala el informe anual 2019-2020 de Amnistía Internacional (AI).
De las 304 personas asesinadas en 2019 en el mundo, América Latina registró 208, y de ellas 106 fueron en Colombia. Allí, la mayoría de asesinatos fueron cometidos contra líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.
En particular, “las mujeres negras cada vez corren más peligro en las provincias occidentales donde se concentra la población afrodescendiente de Colombia”, alerta AI, un movimiento internacional que agrupa a más de siete millones de personas en el mundo que hacen campañas a favor del respeto de los derechos humanos.
La violencia a causa del conflicto armado interno, que no ha cesado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, y las disputas por el control territorial parecen ser los condicionantes principales de la extrema violencia en Colombia, según el documento presentado en la capital peruana el 27 de febrero.
Desde Colombia, Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora de Somos Defensores —espacio de protección de derechos humanos y ambientales— precisa que en su país hay muchos conflictos que históricamente se han tapado con el conflicto armado, entre ellos, el derecho a la tierra. “Pareciera que el conflicto armado fuera el origen, la causa, la consecuencia y el resultado de todas las violencias, y tampoco es así”, comenta a SciDev.Net.
“Tenemos 103 pueblos indígenas y todos enfrentan conflictos porque están en la zona periférica del país que en el pasado fueron fronteras y que hoy las empresas multinacionales y nacionales necesitan para extraer los recursos naturales y sembrar monocultivos agroindustriales”, afirma.
“No ha habido avances ni antes ni después del acuerdo de paz, porque la visión de la clase política es extractivista al cien por ciento. El estado apuesta por la extracción indiscriminada de recursos naturales y ven en los territorios [de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes] la posibilidad de explotarlos. Y ese es uno de los problemas centrales del conflicto, porque las comunidades organizadas se oponen a que haya extractivismo en sus territorios”, refiere.
Brasil, Guatemala, Honduras y México son otros países de la región que han experimentado altas tasas de violencia contra líderes indígenas que luchaban por preservar sus derechos de acceso a la tierra, sus territorios o evitar daños al ambiente o la biodiversidad.
La justicia y los recursos naturales
El hostigamiento judicial o el debilitamiento de las leyes de protección ambiental han sido otras maneras de violentar a los indígenas o reducir su acceso a la justicia. El informe cita explícitamente los casos de Paraguay —donde se apeló a procesos penales para criminalizarlos— y de Perú, donde se promulgaron leyes que socavan el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado y disminuyen la protección de muchos derechos a la tierra y territorios. Y en Venezuela, las comunidades indígenas denunciaron los impactos de la extracción de minerales del llamado ‘arco minero del Orinoco’, sin encontrar eco en las autoridades.
“El desarrollo del arco minero del Orinoco es un megaproyecto de minería a gran escala que impulsa el gobierno en la zona sur del país y está afectando los ecosistemas de la Amazonia”, explicó a SciDev.Net Carlos Lusverti, miembro del Comité Ejecutivo de AI de Venezuela.
Abarca varios estados y territorios amazónicos y además de la deforestación de la zona tiene un impacto aún desconocido sobre el ambiente, los pueblos originarios y la gente que vive allí que, entre otras cosas, se traduce en explotación sexual, tráfico de personas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y trabajos forzados, precisó.
Sin embargo, la falta de acceso a información por parte del estado, en algunos casos porque no existe y en otros casos por la negativa del estado a entregarla, hace muy difícil cuantificar sus daños sobre todo el ecosistema, dijo Lusverti. Para Marina Navarro, directora de AI en el Perú, la situación regional en términos de derechos ambientales “es muy compleja”.
Preocupación y esperanza
El hecho de que dos terceras partes de los asesinatos contra activistas ambientales hayan ocurrido en América Latina es tan preocupante para ella como el aumento del 30% en 2019 de los incendios forestales en la Amazonía brasileña respecto a 2018. “Pero que a pesar de esta situación adversa los líderes, activistas, hombres y mujeres sigan reclamando sus derechos y movilizándose es esperanzador”, afirma.
Sánchez concuerda. Según ella, es rescatable “la conciencia ambiental que ha adquirido un sector muy importante de Colombia, hay movilizaciones que en el pasado no se hacían, la juventud tiene mucho más conciencia del cambio climático y de la tragedia de la tierra”.
La base de datos del portal Tierra de Resistentes —un esfuerzo investigativo de 30 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú— ha documentado 1.356 hechos victimizantes entre 2009 y 2018 contra líderes y comunidades de esos países que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales. Sin embargo, advierten que el subregistro de casos es muy grande. Brasil y Colombia presentan las mayores tasas.
“Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos —selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales— dentro de sus territorios”, se lee en el portal, que ha logrado pormenorizar los atropellos por tipos de violencia, comunidad étnica, género, recurso defendido y estado del caso.
Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en este gráfico solo se tomó en cuenta el principal recurso defendido./ Fuente: Tierra de Resistencia.
“Son personas que por vías no violentas reclaman sus derechos comunitarios y quedan expuestas”, refiere Josefina Miró Quesada, investigadora de temas de género y derechos humanos y asesora del gabinete en la Defensoría del Pueblo del Perú.
Las mujeres y el acceso a la información
A ella le preocupa particularmente la vulnerabilidad de las mujeres rurales. “[Ellas] luchan por la protección de sus territorios y tierras, y eso las hace más susceptibles de sufrir otros tipos de violencia. La hostilización no queda en palabras —son calificadas de oponerse al desarrollo y hasta de terroristas— o enfrentamientos físicos, sino en procesos judiciales, promovidos por las empresas y por el propio estado”, señala.
Sostiene que las mujeres rurales al confrontar experiencias muy diferentes a las activistas urbanas “tienen que ser protegidas de maneras diversas”. Tierra de Resistencia ha documentado 216 ataques contra mujeres en la década estudiada.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/latina-una-de-las-regiones-con-mayor-indice-de-violencia-contra-los-defensores-ambientales-articulo-907985
Escrito por: Maria Alejandra Navarrete y Laura Alonso
El continuo aumento de los asesinatos de líderes sociales en Colombia ha puesto en evidencia los desafíos que al menos cínco departamentos del país enfrentan a la hora de abordar la creciente violencia y asegurar la gobernanza efectiva.
A continuación InSight Crime analiza el panorama criminal en Putumayo, Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander para entender el crecimiento de la violencia en estas zonas y analizar la dificultad que existe a la hora de identificar el número de líderes que han sido blanco de ataques.
Incertidumbre frente a las cifras
A lo largo de los años diferentes organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y el Ministerio Público han monitoreado y denunciado el problema. Sin embargo, debido a la dificultad para recolectar información en los lugares donde ocurren estos asesinatos, las cifras presentadas hasta el momento difieren bastante.
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) entre el 01 de enero de 2016 y el 08 de septiembre de 2019, 872 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. 132 casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017 y 282 en el año 2018. El 2019 cerró con 250 casos registrados.
Según Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, existe incluso un subregistro de este fenómeno en el país. “Detectamos una tendencia a desestimar los asesinatos. Hace unos años se explicaban por problemas pasionales o de linderos. Luego fueron los cultivos de coca y el narcotráfico. Ahora dicen que no eran líderes sociales ni defensores de derechos humanos” comentó Sánchez para el portal DW.
Como consecuencia de la disparidad en las cifras, la discusión en el país se ha centrado alrededor de la legitimidad de los números y no en la masacre que vive Colombia actualmente. La polémica ha girado en torno a cuál de todos es el listado correcto, o a quién califica como líder social o defensor de derechos humanos, más no realmente en el disparado aumento de la violencia luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016.
Un gran número de los líderes sociales son atacados por la labor que realizan para promover la implementación de los acuerdos de paz. Particularmente, por su trabajo para crear nuevos espacios de participación comunitaria y para frenar la incidencia de las economías ilegales en sus tierras.
Algunos han estado involucrados en actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de proyectos productivos y la repartición de tierras, todas actividades encaminadas a dejar de producir droga y encontrar una alternativa para su subsistencia.
También son atacados por defender los recursos naturales de sus territorios, particularmente por detener el uso del fracking, la minería y tala ilegal de árboles, y defender el uso de sus fuentes hídricas.
Muchos excombatientes de las FARC también se han convertido en blanco de amenazas, asesinatos y otras formas de violencia por parte de distintos grupos armados y fuerzas estatales.
Entre las razones detrás de estos ataques se encuentran el negarse a volver a la ilegalidad, promover la sustitución de cultivos de uso ilcíto y la desconfianza de los actores armados que operan en el territorio.
Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía General, aseguró a El País, que su unidad investiga los casos de por lo menos 132 excombatientes de las FARC que fueron asesinados. Mancera afirmó que nueve de estos fueron víctimas de desaparición forzada, 107 fueron víctimas de homicidio y 16 están tipificados como tentativa de homicidio.
A esto se suma que por lo menos 41 familiares de desmovilizados de las FARC también fueron asesinados en el mismo periodo.
Si bien esta violencia ha alcanzados diferentes rincones de Colombia, las dinámicas criminales en las siguientes cinco regiones son las que más se han agudizado en el último año:
Allí no han cesado los homicidios ni los desplazamientos a manos de, principalmente, dos grupos: El Bloque Virgilio Peralta Arenas o Caparrapos, y los Urabeños. También se registra presencia de disidencias del frente 18 y 36 de las FARC así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Actualmente, la disputa la libran los Urabeños y los Caparrapos — franquicia que se separó de los Urabeños a finales de 2017 — para asegurar el control de rentas ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en zonas como Tarazá, consideradas uno de los enclaves criminales de estos grupos.
La militarización de la zona del Bajo Cauca no ha impedido que se sigan llevando a cabo numerosos asesinatos y masacres, no únicamente contra líderes sociales. En los primeros 20 días de enero de 2020 tuvieron lugar alrededor de 30 homicidios, según reportó El Tiempo.
Aunque muchos de estos casos no obedecen exclusivamente a liderazgos sociales, en una reciente masacre en la vereda Guáimaro de Tarazá dos de las víctimas eran líderes comunales. Pedro Alexander San Pedro y Carlos Andrés Chavarria hacían parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) del municipio y pertenecían al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).
El vehículo quemado en el que se encontró el cuerpo de la candidata a la alcaldía Karina García que se encontró en Suárez, Colombia, el 2 de septiembre de 2019
La crisis que vive la subregión se agudiza debido a que es una zona rica en cultivos de coca, cristalizaderos de droga, rutas de narcotráfico y minería ilegal. Así como un corredor estratégico con salida al sur de los departamentos de Bolívar y Santander, además a la región del Urabá antioqueño y el Pacifico colombiano.
Norte de Santander: El fortín de la coca
Con 33.598 hectáreas de cultivos de coca según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Norte de Santander es el segundo departamentos con más cultivos ilícitos después de Nariño. Esto lo hace un lugar codiciado por varios grupos ilegales debido a que es a la vez un corredores estratégico para la entrada y salida de mercancías ilícitas por la frontera con Venezuela.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 han sido asesinados en esa zona 42 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras de INDEPAZ. La razón detrás de estos asesinatos se concentra en el reacomodo que desde entonces han tenido todos estos grupos en el territorio con el propósito de hacerse con los réditos de la coca, el contrabando, la extorsión y el tráfico de armas.
El departamento del Cauca fue el más golpeado por el asesinato de líderes sociales durante el 2019 con 36 casos registrados solo hasta octubre de ese año por INDEPAZ. En las primeras tres semanas del 2020 se han documentado al menos cinco nuevas víctimas, la más reciente en el municipio de Guapi.
Si bien la situación es crítica en todo el departamento, el flujo de la violencia es distinto en cada zona. En el norte del Cauca el control lo tienen mayoritariamente las disidencias de las FARC, específicamente la Columna Dagoberto Ramos a cargo de alias “El Indio” y la Columna Jaime Martínez al mando de alias “Mayimbú”. Este es el presunto responsable de al menos dos masacres ocurridas en noviembre de 2019, incluyendo el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía del municipio de Suarez en Cauca.
Ambos grupos mantiene una alianza en el territorio, donde controlan el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico, incluyendo rutas importantes como la que baja desde Jamundí en el Valle del Cauca hacia el norte del Cauca por la vía Panamericana y luego al corredor del río Naya hacía el Océano Pacífico.
A diferencia de los municipios cerca al Pacífico, la situación del norte se ha agudizado por la oposición de las comunidades indígenas y afrodecendientes al uso de sus territorios para cultivos de uso ilícito y minería ilegal .
La Guardia Indígena en municipios como Toribio, Corinto y Caloto ha realizado varias capturas de disidentes y les han incautado y destruido gran cantidad de armas y estupefacientes. En lugares como Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao las comunidades afro se oponen al uso de mercurio y maquinaria pesada para proteger los ríos que atraviesan su territorio.
Pero la violencia que vive actualmente el Cauca no es exclusiva de las disidencias. Hacia el centro y sur del departamento se registra presencia del Frente José María Becerra del ELN en municipios como El Tambo, Sucre y Mercaderes. En lugares como Argelia se ha responsabilizado a este grupo de ataques contra la población civil.
Familiares de Karina García, quien fue asesinada en el sur de Colombia, lloran mientras abrazan uno de sus estandartes políticos, en Suárez, Colombia, el 2 de septiembre de 2019
Como el mayor productor de droga en el país, que además cuenta con explotación ilegal minera y salida hacia el sur del continente por la frontera con Ecuador, Nariño es sin duda una de las regiones de Colombia más apetecidas por grupos criminales.
Su condición estratégica y la constante reorganización de los grupos armados que allí operan en un intento por quedarse con los réditos de la ilegalidad se ve reflejada en las constantes disputas por el control del territorio y la fragmentación de estas organizaciones que impacta profundamente a las comunidades.
Desde el 2016 hasta octubre de 2019, fueron asesinados en ese departamento 75 líderes sociales, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.
En los municipios que se desprenden desde el océano Pacífico hacia el interior del departamento, la violencia ha estado a cargo de los enfrentamientos entre reductos de las disidencias de las FARC, particularmente entre las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), además de la presencia de mafias narcotraficantes como el grupo de Los Contadores.
Si bien en zonas como el área rural de Tumaco existe información sobre un pacto de no agresión entre el FOS y las GUP, en el resto de la región se viven fuertes confrontaciones. El FOS continua enfrentado por un lado con Los Contadores y recientemente se han presentado varios desplazamientos por su pelea con un grupo que se desprendió del FOS y se hace llamar el Bloque Oriental Alfonso Cano.
Hacia la zona de la cordillera, en el nororiente del departamento hacen presencia el ELN con el Frente Manuel Vásquez, el Frente Estiven Gonzales de las disidencias y los Urabeños a través del grupo Héroes de la Cordillera.
Putumayo: Una violencia silenciosa
Putumayo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), es el tercer territorio con más coca sembrada en Colombia, con un total de 26.408 hectáreas. Es un territorio estratégico por sus salidas fronterizas con Ecuador y Perú y los ríos Caquetá y Putumayo que conectan con el oriente del país y por donde pasan armas, narcotráfico y ocurren extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
En este departamento el narcotráfico sigue siendo el motor de la guerra. La criminalidad sigue creciendo a manos de las disidencias del Frente primero de las FARC que delinquen en el municipio de Puerto Asís. En esta zona, así como en Puerto Guzmán, se libra una guerra entre el Frente Carolina Ramírez de las disidencias y la alianza criminal autodenominada la mafia Sinaloa.
Este último grupo tendría una alianza criminal con la estructura de La Constru que mantiene el control del microtráfico en los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Valle del Guamuez .
Pero lo que más ha llamado la atención de autoridades y comunidades es el desenfreno con el que la muerte se ha ensañado con el municipio de Puerto Guzmán, particularmente en lo que va corrido del 2020.
A pocos días de que comenzara el año, este municipio del departamento de Putumayo al sur occidente de Colombia, amaneció con visos de tragedia. En la noche del 6 de enero, sicarios en moto asesinaron a Gloria Ocampo, una reconocida líder de 37 años que apoyaba programas de sustitución de cultivos ilícito en la zona, según reportó El Espectador.
Dos días después, otros dos líderes, Gentil Hernández y Óscar Quintero, fueron asesinados de la misma forma en las veredas de El Mango y Caño Zabala, reportó El Tiempo.
Una semana más tarde fue el turno de Yordan Tovar, directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Fronterizos del Putumayo, quien fue asesinado en el municipio de Puerto Asís, según informó El Espectador.
La muerte de líderes como Ocampo, Hernández, Quintero, y Tovar se enmarcan todos dentro de una caravana de la muerte de asesinos que atraviesan las trochas del municipio en las noches, se bajan de sus motos, tocan a la puerta de sus víctimas y luego de llamarlos por nombre propio los asesinan sin contemplación.
Un modus operandi que se repite a lo largo de Colombia.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 46
Total Users : 35420351
Views Today : 51
Total views : 3354899