A continuación InSight Crime analiza el panorama criminal en Putumayo, Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander para entender el crecimiento de la violencia en estas zonas y analizar la dificultad que existe a la hora de identificar el número de líderes que han sido blanco de ataques.
Incertidumbre frente a las cifras
A lo largo de los años diferentes organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y el Ministerio Público han monitoreado y denunciado el problema. Sin embargo, debido a la dificultad para recolectar información en los lugares donde ocurren estos asesinatos, las cifras presentadas hasta el momento difieren bastante.
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) entre el 01 de enero de 2016 y el 08 de septiembre de 2019, 872 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. 132 casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017 y 282 en el año 2018. El 2019 cerró con 250 casos registrados.
Según Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, existe incluso un subregistro de este fenómeno en el país. “Detectamos una tendencia a desestimar los asesinatos. Hace unos años se explicaban por problemas pasionales o de linderos. Luego fueron los cultivos de coca y el narcotráfico. Ahora dicen que no eran líderes sociales ni defensores de derechos humanos” comentó Sánchez para el portal DW.
Como consecuencia de la disparidad en las cifras, la discusión en el país se ha centrado alrededor de la legitimidad de los números y no en la masacre que vive Colombia actualmente. La polémica ha girado en torno a cuál de todos es el listado correcto, o a quién califica como líder social o defensor de derechos humanos, más no realmente en el disparado aumento de la violencia luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 2016.
Un gran número de los líderes sociales son atacados por la labor que realizan para promover la implementación de los acuerdos de paz. Particularmente, por su trabajo para crear nuevos espacios de participación comunitaria y para frenar la incidencia de las economías ilegales en sus tierras.
Algunos han estado involucrados en actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de proyectos productivos y la repartición de tierras, todas actividades encaminadas a dejar de producir droga y encontrar una alternativa para su subsistencia.
También son atacados por defender los recursos naturales de sus territorios, particularmente por detener el uso del fracking, la minería y tala ilegal de árboles, y defender el uso de sus fuentes hídricas.
Muchos excombatientes de las FARC también se han convertido en blanco de amenazas, asesinatos y otras formas de violencia por parte de distintos grupos armados y fuerzas estatales.
Entre las razones detrás de estos ataques se encuentran el negarse a volver a la ilegalidad, promover la sustitución de cultivos de uso ilcíto y la desconfianza de los actores armados que operan en el territorio.
Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía General, aseguró a El País, que su unidad investiga los casos de por lo menos 132 excombatientes de las FARC que fueron asesinados. Mancera afirmó que nueve de estos fueron víctimas de desaparición forzada, 107 fueron víctimas de homicidio y 16 están tipificados como tentativa de homicidio.
A esto se suma que por lo menos 41 familiares de desmovilizados de las FARC también fueron asesinados en el mismo periodo.
Si bien esta violencia ha alcanzados diferentes rincones de Colombia, las dinámicas criminales en las siguientes cinco regiones son las que más se han agudizado en el último año:
Bajo Cauca: Una zona de guerra
En está subregión del departamento de Antioquia, compuesta por los municipios de Zaragoza, Nechí, Cáceres, Tarazá, El Bagre y Caucasia la guerra no da tregua. Incluso antes desde la firma del Acuerdo de Paz ha sido uno de los lugares más convulsionados en Colombia.
Allí no han cesado los homicidios ni los desplazamientos a manos de, principalmente, dos grupos: El Bloque Virgilio Peralta Arenas o Caparrapos, y los Urabeños. También se registra presencia de disidencias del frente 18 y 36 de las FARC así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Actualmente, la disputa la libran los Urabeños y los Caparrapos — franquicia que se separó de los Urabeños a finales de 2017 — para asegurar el control de rentas ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en zonas como Tarazá, consideradas uno de los enclaves criminales de estos grupos.
La militarización de la zona del Bajo Cauca no ha impedido que se sigan llevando a cabo numerosos asesinatos y masacres, no únicamente contra líderes sociales. En los primeros 20 días de enero de 2020 tuvieron lugar alrededor de 30 homicidios, según reportó El Tiempo.
Aunque muchos de estos casos no obedecen exclusivamente a liderazgos sociales, en una reciente masacre en la vereda Guáimaro de Tarazá dos de las víctimas eran líderes comunales. Pedro Alexander San Pedro y Carlos Andrés Chavarria hacían parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) del municipio y pertenecían al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).
La crisis que vive la subregión se agudiza debido a que es una zona rica en cultivos de coca, cristalizaderos de droga, rutas de narcotráfico y minería ilegal. Así como un corredor estratégico con salida al sur de los departamentos de Bolívar y Santander, además a la región del Urabá antioqueño y el Pacifico colombiano.
Norte de Santander: El fortín de la coca
Con 33.598 hectáreas de cultivos de coca según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Norte de Santander es el segundo departamentos con más cultivos ilícitos después de Nariño. Esto lo hace un lugar codiciado por varios grupos ilegales debido a que es a la vez un corredores estratégico para la entrada y salida de mercancías ilícitas por la frontera con Venezuela.
En la región del Catatumbo, al norte del departamento, confluyen con presencia armada el ELN por medio del Frente de Guerra Nororiental, el Frente 33 de las disidencias de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL), los Rastrojos, y existen denuncias sobre presencia de emisarios de carteles mexicanos.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016 han sido asesinados en esa zona 42 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según cifras de INDEPAZ. La razón detrás de estos asesinatos se concentra en el reacomodo que desde entonces han tenido todos estos grupos en el territorio con el propósito de hacerse con los réditos de la coca, el contrabando, la extorsión y el tráfico de armas.
A pesar de que desde 2018 el gobierno nacional ha reforzado el pie de fuerza militar en esa región con 5.000 hombres del Ejército, no hay señales de que la violencia disminuya. Solo en 2020, ha sido asesinados dos líderes, César Tulio Sandoval Chía en el municipio de Tibú y Fernando Quintero Mena en Convención.
Cauca: el epicentro de los asesinatos
El departamento del Cauca fue el más golpeado por el asesinato de líderes sociales durante el 2019 con 36 casos registrados solo hasta octubre de ese año por INDEPAZ. En las primeras tres semanas del 2020 se han documentado al menos cinco nuevas víctimas, la más reciente en el municipio de Guapi.
Si bien la situación es crítica en todo el departamento, el flujo de la violencia es distinto en cada zona. En el norte del Cauca el control lo tienen mayoritariamente las disidencias de las FARC, específicamente la Columna Dagoberto Ramos a cargo de alias “El Indio” y la Columna Jaime Martínez al mando de alias “Mayimbú”. Este es el presunto responsable de al menos dos masacres ocurridas en noviembre de 2019, incluyendo el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía del municipio de Suarez en Cauca.
Ambos grupos mantiene una alianza en el territorio, donde controlan el negocio de la minería ilegal y el narcotráfico, incluyendo rutas importantes como la que baja desde Jamundí en el Valle del Cauca hacia el norte del Cauca por la vía Panamericana y luego al corredor del río Naya hacía el Océano Pacífico.
A diferencia de los municipios cerca al Pacífico, la situación del norte se ha agudizado por la oposición de las comunidades indígenas y afrodecendientes al uso de sus territorios para cultivos de uso ilícito y minería ilegal .
La Guardia Indígena en municipios como Toribio, Corinto y Caloto ha realizado varias capturas de disidentes y les han incautado y destruido gran cantidad de armas y estupefacientes. En lugares como Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao las comunidades afro se oponen al uso de mercurio y maquinaria pesada para proteger los ríos que atraviesan su territorio.
Pero la violencia que vive actualmente el Cauca no es exclusiva de las disidencias. Hacia el centro y sur del departamento se registra presencia del Frente José María Becerra del ELN en municipios como El Tambo, Sucre y Mercaderes. En lugares como Argelia se ha responsabilizado a este grupo de ataques contra la población civil.
En zonas de frontera con Nariño como Guapi y Mercaderes, hace presencia el Frente Manuel Vásquez del ELN y el frente 30 de las disidencias de las FARC.
Nariño: Una tierra sumida en el conflicto
Como el mayor productor de droga en el país, que además cuenta con explotación ilegal minera y salida hacia el sur del continente por la frontera con Ecuador, Nariño es sin duda una de las regiones de Colombia más apetecidas por grupos criminales.
Su condición estratégica y la constante reorganización de los grupos armados que allí operan en un intento por quedarse con los réditos de la ilegalidad se ve reflejada en las constantes disputas por el control del territorio y la fragmentación de estas organizaciones que impacta profundamente a las comunidades.
Desde el 2016 hasta octubre de 2019, fueron asesinados en ese departamento 75 líderes sociales, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos.
En los municipios que se desprenden desde el océano Pacífico hacia el interior del departamento, la violencia ha estado a cargo de los enfrentamientos entre reductos de las disidencias de las FARC, particularmente entre las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), además de la presencia de mafias narcotraficantes como el grupo de Los Contadores.
Si bien en zonas como el área rural de Tumaco existe información sobre un pacto de no agresión entre el FOS y las GUP, en el resto de la región se viven fuertes confrontaciones. El FOS continua enfrentado por un lado con Los Contadores y recientemente se han presentado varios desplazamientos por su pelea con un grupo que se desprendió del FOS y se hace llamar el Bloque Oriental Alfonso Cano.
Hacia la zona de la cordillera, en el nororiente del departamento hacen presencia el ELN con el Frente Manuel Vásquez, el Frente Estiven Gonzales de las disidencias y los Urabeños a través del grupo Héroes de la Cordillera.
Putumayo: Una violencia silenciosa
Putumayo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), es el tercer territorio con más coca sembrada en Colombia, con un total de 26.408 hectáreas. Es un territorio estratégico por sus salidas fronterizas con Ecuador y Perú y los ríos Caquetá y Putumayo que conectan con el oriente del país y por donde pasan armas, narcotráfico y ocurren extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
En este departamento el narcotráfico sigue siendo el motor de la guerra. La criminalidad sigue creciendo a manos de las disidencias del Frente primero de las FARC que delinquen en el municipio de Puerto Asís. En esta zona, así como en Puerto Guzmán, se libra una guerra entre el Frente Carolina Ramírez de las disidencias y la alianza criminal autodenominada la mafia Sinaloa.
Este último grupo tendría una alianza criminal con la estructura de La Constru que mantiene el control del microtráfico en los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga, San Miguel y Valle del Guamuez .
Pero lo que más ha llamado la atención de autoridades y comunidades es el desenfreno con el que la muerte se ha ensañado con el municipio de Puerto Guzmán, particularmente en lo que va corrido del 2020.
A pocos días de que comenzara el año, este municipio del departamento de Putumayo al sur occidente de Colombia, amaneció con visos de tragedia. En la noche del 6 de enero, sicarios en moto asesinaron a Gloria Ocampo, una reconocida líder de 37 años que apoyaba programas de sustitución de cultivos ilícito en la zona, según reportó El Espectador.
Dos días después, otros dos líderes, Gentil Hernández y Óscar Quintero, fueron asesinados de la misma forma en las veredas de El Mango y Caño Zabala, reportó El Tiempo.
Una semana más tarde fue el turno de Yordan Tovar, directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Fronterizos del Putumayo, quien fue asesinado en el municipio de Puerto Asís, según informó El Espectador.
La muerte de líderes como Ocampo, Hernández, Quintero, y Tovar se enmarcan todos dentro de una caravana de la muerte de asesinos que atraviesan las trochas del municipio en las noches, se bajan de sus motos, tocan a la puerta de sus víctimas y luego de llamarlos por nombre propio los asesinan sin contemplación.
Un modus operandi que se repite a lo largo de Colombia.
Fuente: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/violencia-lideres-sociales-colombia/
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