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Palestina y las voces que han visibilizado el genocidio

Por: Karen Campos Rodríguez

“Palestina Libre desde el Río hasta el Mar” -Organización para la Liberación de Palestina-

“Hemos visto cómo un coro cada vez mayor de voces, incluidas, voces que antes apoyaban a Israel se desvían a otra dirección. Eso nos preocupa porque no creemos que contribuya a la seguridad o vitalidad de Israel a largo plazo…”. Jake Sullivan – Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca-

De acuerdo con la publicación del 23 de mayo en RT ver [1], El Asesor de Seguridad estadunidense, Jake Sullivan expresó que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de naciones como España, Irlanda y Noruega, no es conveniente por razones de seguridad de Israel, ya que, las decisiones se deben hacer mediante negociaciones y no por decisión unilateral.

Lo anterior expuesto, es sin duda, una postura arbitraria y antidemocrática en el contexto internacional que distingue a Estados Unidos por su política, intervencionista, injerencista y colonialista.

Desde hace décadas, la Sociedad Internacional ha atestiguado el desplazamiento forzado y los crímenes de lesa humanidad a los que se ha enfrentado el Estado Palestino en un contexto de silencio y la complicidad por parte de Occidente ante un salvajismo estrepitoso del sionismo israelí, en una era en la que resulta inconcebible la figura del genocidio.

Bajo la justificación de la legítima defensa, el sionismo israelí emprendió desde octubre de 2023 una “contraofensiva” contra Hamás derivada de la operación “Tormenta de Al-Aasa”, misma que ha sido el resultado de las constantes violaciones al Derecho Internacional en la Franja de Gaza en un inicio.

Sin embargo, ante los bombardeos incesantes, la sociedad civil global ha quedado conmocionada ante el catastrófico escenario de violencia e incertidumbre, ya que pareciera que los colonos israelíes buscan el exterminio de la población palestina.

La legítima defensa está reconocida en el artículo 51 de la Carta de la Organización Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con Vázquez (1998) los elementos de validez de la legítima defensa son:

“a) Amenaza de un daño grave, inminente e irreparable.

  1. b) Que no haya medio de escapar a tal amenaza si no es con un recurso a los propios medios de defensa.
  2. c) Que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto.
  3. d) Que la acción de la legítima defensa sea de carácter provisional, tendiente a evitar un daño, y sin pretender imponer un castigo”.

La escalada israelí orquestada por el primer ministro y genocida Benjamín Netanyahu, en complicidad con Occidente, principalmente por su aliado, Estados Unidos encabezado por Joe Biden y su gabinete, han emprendido un genocidio sin precedentes en la zona de la Franja de Gaza y Rafah.

Justo el pasado 15 de mayo, se conmemoró el 76 aniversario de la Nakba de Palestina de 1948, en el cual se recordó la ocupación forzada por parte de Israel en medio de un nuevo genocidio por parte del sionismo israelí y la Guerra de Netanyahu, cuyos antecedentes remontan casi a finales de la Primera Guerra Mundial (1917), ya que ante el ascenso militar alemán en la Gran Bretaña que les llevaría a la capitulación, el ministro de asuntos exteriores británico Arthur James Balfour, buscó aliarse a lxs judíos sionistas que buscaban la creación de un Estado.

Esta alianza además de ayudarles militarmente a combatir con Alemania y el Imperio Turco-Otomano, este último con mandato en Palestina, después de que al finalizar la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones, impusiera la administración del territorio al Reino Unido como coste de la Guerra, buscaban emprender una estrategia geopolítica a través del Canal de Suez, el cual representa hasta nuestros días, una de las vías fluviales más importantes del mundo, cuya conexión une a Europa con el Océano Índico, así como con Estados de Asía-Pacífico y el Mar Arábigo.

A cambio, Balfour se comprometió con los sionistas a favorecerles al establecimiento de un asentamiento en territorio palestino, por lo que con la redacción de la Carta de Balfour se asentaron las bases jurídicas de lo que hoy es geográfica y políticamente Israel, en un acto de imposición e ilegitimidad.

De acuerdo con el documento: –La Cuestión del Palestina y la Asamblea General- de la Organización de las Naciones Unidas, “en la resolución 181 (II), la Asamblea General decidió dividir a Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío, con régimen internacional especial para Jerusalén”.

“Después de la Guerra de la Guerra de 1948, la Asamblea General, en su resolución 194 (III) de 1949, estableció la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina para ayudar a las partes a alcanzar una solución definitiva reafirmando al mismo tiempo los derechos de lxs refugiados palestinxs al regreso y a la restitución”. En la resolución 3236 (XXIX) se refirmaron los derechos inalienables de lxs palestinxs a la libre determinación, la independencia, la soberanía nacionales y el derecho de regresar a sus hogares”.

Pareciera una falacia lo anteriormente expuesto por la Asamblea General ante un concierto de naciones, hoy, con pronunciamientos sin acciones, discursos pueriles vacíos y de doble moral, así como la nula credibilidad de la ONU ante un genocidio de proporciones descomunales, ya que, ante la mirada internacional, a Palestina se le ha violentado de la manera más atroz y flagrante, violando toda jurisprudencia, el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma principalmente.

Es importante mencionar que actualmente Palestina se encuentra en calidad de observador permanente en Naciones Unidas. Asimismo, hay que precisar que no tiene ejército debido a los acuerdos de Oslo en los que les negaron el derecho, por lo que es sionismo se han impuesto con el control del espacio aéreo y marítimo, violando así también, el Derecho Aeronáutico y el Derecho Marítimo Internacional, situación que les ha posicionado en desventaja debido a la superioridad armamentista y tecnológica del sionismo israelí, por eso es que sólo se puede contextualizar esta masacre como la guerra de Netanyahu y genocidio.

En estos momentos es importante revisar el preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como el contenido de los artículos 1 al 8 para cuestionarse a quién le favorecen los lineamientos de la justicia internacional.

Es importante destacar, que de acuerdo con el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [2] lo siguiente:

Artículo 5. crímenes de la competencia de la corte 1. a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; d) el crimen de agresión.

Artículo 8.  la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. a los efectos del presente estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: i) el homicidio intencional; i) la tortura o los tratos inhumanos.

De acuerdo con Vázquez (1998), “En relación con los crímenes de guerra debemos mencionar dos instrumentos convencionales importantes; la Convención para la prevención y la Sanción del delito de genocidio y la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra”.

En medio de un genocidio discursos sobran y las acciones son escasas o nulas por parte de los Estados, salvo aquellos que se han atrevido a romper relaciones diplomáticas con Israel o a unirse a la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia impuesta por Sudáfrica por las incesantes violaciones a la jurisprudencia internacional, evidenciando así la fragilidad de los organismos internacionales pertenecientes a la estructura de la ONU, cuyo impacto recae de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por medios de información como Palestina hoy 2.0, (quienes en distintas ocasiones han sido silenciadxs en las redes sociales) con base en la última información del 13 de mayo de 2024 lo siguiente:

“Resumen del GENOCIDIO EN Gaza [3]:

-220 días de genocidio.

-3.123 masacres cometidas por el ejército de ocupación.

-45.091 entre asesinados y desaparecidos.

-10.000 desparecidos.

-35.091 asesinados que llegaron a los hospitales.

-15.103 niños asesinados.

-31 niños muertos por hambre.

-9.961 mujeres asesinadas.

-492 asesinados del personal médico.

-69 asesinados de la Defensa Civil.

-143 periodistas asesinados.

-7 fosas comunes hechas por Israel en hospitales de Gaza.

-520 cuerpos encontrados en fosas comunes.

-78.827 heridos.

-11.000 heridos necesitan ser trasladados a otros países para recibir tratamiento

-17.000 niños viven sin sus padres o uno de ellos.

-11.000 heridos con necesidad de viajar para recibir tratamiento.

-10.000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte.

-1.095.000 pacientes con enfermedades infecciosas.

-20.000 casos de infección por hepatitis viral.

-60.000 mujeres embarazadas en riesgo.

-350.000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado.

-5.000 secuestrados por Israel de Gaza.

-310 secuestrados de personal de salud.

-20 periodistas secuestrados.

-2 millones de desplazados.

-103 escuelas y universidades quedaron completamente destruidas.

-311 escuelas y universidades parcialmente destruidas.

-247 mezquitas completamente destruidas.

-326 mezquitas parcialmente destruidas.

-3 Iglesias atacadas y destruidas.

-86.000 viviendas quedaron completamente destruidas.

-294.000 viviendas parcialmente destruidas.

-75.000 toneladas de explosivos arrojados por Israel.

-33 Hospitales fuera de servicio.

-55 centros de salud fuera de servicio.

-160 instituciones de salud fueron parcialmente atacadas.

-126 ambulancias destruidas.

-206 sitios arqueológicos y patrimoniales destruidos”.

¿Acaso esto no es genocidio?

Por todo lo anterior, como Internacionalista, me uno a las jornadas de protesta civil a nivel internacional, pronunciándome con repudio hacia el genocidio perpetrado por el Estado ilegítimo de Israel y sus cómplices hacia nuestras y nuestros hermanxs palestinxs.

Expreso mi solidaridad, apoyo y alteridad a lxs estudiantes y docentes que a nivel internacional han alzado la voz de quienes han callado con bombas, ante una ola de represiones en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, por parte de quienes ostentan en sus dobles discursos la libertad, la democracia, la paz, seguridad y fraternidad internacionales.

En estos momentos la resistencia son las voces invisibilizadas, continuando con la exigencia a nuestros gobiernos del rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, así como el boicot comercial de sus cómplices comerciales.

El genocidio que Netanyahu emprendió con premeditación, alevosía y ventaja, ha tenido consecuencias catastróficas, la más dolorosa, las niñeces y civiles asesinadxs, mientras, los sobrevivientes han quedado con secuelas físicas y psicológicas irreparables, sin hogar, sin familia y sin ayuda humanitaria, ya que los sionistas han dejado sin alimentos, agua potable y servicio médico a familias palestinas en Gaza y Rafah, siendo esta última ciudad, la que protagonizó uno de los ataques más desgarradores en un campo de refugiados.

Palestina Libre por el Apartheid, el desplazamiento forzado, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las violaciones a la jurisprudencia internacional.

Palestina Libre por lxs que ya no están.

Palestina Libre por quienes están resistiendo con miedo, hambre, sin hogar, sin acceso a la salud ya la educación.

Palestina Libre para que se haga justicia y se aplique el peso de las leyes internacionales a lxs criminales de guerra.

Palestina Libre por la autodeterminación y el retorno a sus territorios.

Palestina Libre por la lucha de sociedad civil que son la voz de Palestina.

Palestina Libre por un Estado que no tan sólo sea reconocido, sino que sea libre y soberano.

Palestina Libre por el cese al fuego inmediato.

Referencias:

France 24. 25 años después de los Acuerdos de Oslo, el conflicto palestino-israelí sigue sin resolverse. https://www.france24.com/es/20180913-acuerdos-oslo-conflicto-palestino-israeli

Lastchan, T. (15/11/2023). “Desde el Río hasta el Mar”, el eslogan de la discordia. DW. https://www.dw.com/es/desde-el-r%C3%ADo-hasta-el-mar-disputa-por-el-eslogan-propalestino/a-67412000

Naciones Unidas. La cuestión de Palestina y la Asamblea General. https://www.un.org/unispal/es/data-collection/general-assembly/#:~:text=La%20Cuesti%C3%B3n%20de%20Palestina%20y%20la%20Asamblea%20General&text=La%20cuesti%C3%B3n%20de%20Palestina%20se,r%C3%A9gimen%20internacional%20especial%20para%20Jerusal%C3%A9n.

Vázquez, S. (1998) Derecho Internacional Público. Páginas|392,415.

[1] https://actualidad.rt.com/actualidad/510437-eeuu-preocupado-creciente-aislamiento-israel

[2] https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

[3] https://www.facebook.com/profile.php?id=61555823877181

Fuente e Imagen: La autora escribe para OVE

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México: Violencia en Chiapas deja escenario “tan cruento como el de cualquier otra guerra”: Frayba

Ciudad de México | Desinformémonos. La violencia en la que los grupos del crimen organizado mantienen sumergido a Chiapas es un escenario “tan cruento como el de cualquier otra guerra”, pues la población se enfrenta al control por las bandas delincuenciales, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, asesinatos, torturas, cortes en los servicios básicos, “sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades”, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, manifestó su preocupación frente a la profundización de la violencia en la entidad que se registra de 2021, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. “Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades”, explicó el centro de derechos humanos.

Destacó como ejemplos del “dominio” del crimen organizado el control que los bandos de la delincuencia tienen sobre las asambleas y autoridades comunitarias para asegurar “el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial”, y que “la resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos”. De igual forma señaló las restricciones a la libre circulación y las “situaciones críticas” en las que “la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos”.

Frente a ello, el Frayba reiteró la responsabilidad del gobierno de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan, pues “al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos”.

A continuación el comunicado completo:

Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.

Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.

Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]

Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.

Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos  no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.

Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.

Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.

Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.


[1]      Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Colombia, Brasil y México, los tres países en donde asesinaron a más defensores ambientales y de territorio durante 2022 | INFORME

Al menos 177 personas defensoras ambientales y de territorio fueron asesinadas en 2022, de acuerdo con los datos del más reciente informe publicado por la organización internacional Global Witness. América Latina sigue siendo la región más violenta para los defensores ambientales, ya que nueve de cada 10 asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos. Colombia registró 60 casos, casi el doble de los 33 que se documentaron en 2021. La mayoría de los homicidios (64) fueron en contra de personas que pertenecen a comunidades indígenas. En la región de la Amazonía ocurrieron 39 ataques letales; la cifra muestra que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de tierra y ambiente.

América Latina no consigue garantizar la seguridad para quienes defienden ríos, lagos, bosques y todo lo que da vida a un territorio. En 2022, la región volvió a colocarse como la más peligrosa para ellos. Ese año, 177 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en el mundo, 125 de esos homicidios ocurrieron en países latinoamericanos, en especial en Colombia, Brasil y México.

Esos datos forman parte del más reciente informe “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática”, publicado por Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio.

Si bien los 177 asesinatos ocurridos en el año 2022 representan un número menor a los 200 que se registraron en 2021, la disminución no significa que vaya a la baja la violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio, enfatiza Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness.

Y hay un dato que refleja cómo la violencia en contra de los defensores ambientales no da tregua: durante 2022, en promedio, cada dos días el mundo perdió a una persona que dedicó parte de su vida a defender los territorios en donde la vida es amenazada.

Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Líder indígena de la comunidad Kayapó a orillas del río en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

El más reciente informe de Global Witness vuelve a registrar una tendencia presente en otros años: las comunidades indígenas están sufriendo una violencia permanente. En el 2022, fueron 64 las personas defensoras indígenas que fueron asesinadas, esa cifra representa más de un tercio (36 %) del total de casos.

“Si bien cada vez se reconoce más el papel que (los pueblos indígenas) desempeñan en la protección de los bosques del mundo, siguen sin que se les brinde la protección adecuada y sin que se les incluya en la toma de decisiones”, se resalta en el informe.

Las mujeres sufrieron el 11 % del total de los ataques mortales. Además, el 22 % de todas las personas defensoras asesinadas se dedicaban a la agricultura en pequeña escala.

Entre los nombres de las personas defensoras de ambiente y territorio que están presentes en el informe de Global Witness se encuentra el de Jonatas Oliveira, hijo de un líder de Brasil. Tenía nueve años cuando lo mataron. En 2022, al menos, cinco menores de edad fueron asesinados: tres en Brasil, uno de Colombia y otro de México.

Laura Furones reconoce que es difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos. Aun así, a partir de la documentación realizada con fuentes abiertas y con organizaciones no gubernamentales en cada uno de los país, el informe de Global Witness señala que la agroindustria, la minería y la explotación forestal aparecen como los principales sectores económicos que tienen alguna conexión con los homicidios de personas defensoras de ambiente y territorio.

Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.
Este año, el informe Global Witness reportó el asesinato de cinco menores de edad; tres de esos homicidios ocurrieron en Brasil. Foto: Karina Iliescu / Global Witness.

América Latina: la región más violenta para los defensores

Los asesinatos de defensores ambientales y de territorio que documentó Global Witness en 2022 ocurrieron en 18 países, 11 de ellos están en América Latina. Colombia fue el país que registró el mayor número de homicidios: los 60 documentados representan casi el doble de los 33 que se contabilizaron en 2021.

Entre las tres naciones en donde más asesinaron a defensores ambientales también se encuentran Brasil, con 34 casos, y México, en donde se registraron 31 homicidios.

Al igual que Colombia, Brasil registró un aumento en los casos de personas defensoras de ambiente y territorio asesinados. Si en 2021 se documentaron 26 homicidios, para el 2022 la cifra aumentó a 34.

El 2022 representó el último año de gobierno de Jair Bolsonaro, cuya presidencia se caracterizó por abrir aún más las puertas de la Amazonía a la agroindustria y a la minería. Además, en el informe de Global Witness se apunta que durante su administración se debilitó a las instituciones ambientales. En Brasil, señala Furones, se ha dado “una carrera por la invasión de las tierras indígenas, por parte de intereses mineros y la agroindustria”.

México logró disminuir el número de asesinatos contra defensores ambientales y de territorio. Si en 2021 se registraron 54 homicidios, para el 2022 solo se documentaron 31. Furones advierte que disminuyeron los asesinatos, pero en el país como en otras naciones de la región han aumentado otras violencias, entre ellas la criminalización.

El informe resalta que Colombia, Brasil y México tienen algo en común: “Sus gobiernos han fracasado sistemáticamente a la hora de poner fin a estos asesinatos y hacer que las personas responsables rindan cuentas. Esta impunidad sienta un precedente fatídico”.

Otro de los países latinoamericanos que registran una alta violencia en contra de defensores ambientales es Honduras, en donde 14 personas defensoras fueron asesinadas en 2022. El informe de Global Witness resalta que el país centroamericano tiene el número de asesinatos más alto a nivel per cápita.

De acuerdo con la documentación realizada por Global Witness, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2022, 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas; el 70 % de esos homicidios (1335) ocurrieron en países latinoamericanos.

En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.
En Colombia hay un fuego cruzado, donde pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: Somos Defensores.

La urgencia de sumarse al Acuerdo de Escazú

Cinco de los países latinoamericanos que aparecen en el informe de Global Witness no son parte aún del Acuerdo de Escazú, el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe que, entre otras cosas, obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales.

Brasil solo ha firmado el acuerdo, pero no lo ha ratificado. Y en octubre de 2022, Colombia ratificó el acuerdo, pero desde entonces, el tratado se encuentra en un proceso de revisión en la Corte Constitucional, instancia que determinará si el contenido de Escazú es acorde con la Constitución.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización no gubernamental, explica que en el país “hay mucha presión para tratar de limitar la implementación del Acuerdo de Escazú”. Esa presión, asegura, proviene sobre todo del sector empresarial.

Los más recientes datos del informe de Global Witness, señala Torres, deberían ser un motivo lo suficientemente fuerte para que “la Corte Constitucional pueda ratificar ya el acuerdo y comenzar a implementarlo lo más pronto posible”.

Honduras, Perú y Venezuela tampoco han ratificado el Acuerdo de Escazú.

En su informe Global Witness llama a que todos los países que forman parte de la región amazónica firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. “Utilizar su marco como hoja de ruta para la transparencia, el acceso a la información y la justicia medioambiental”.

Amazonía: una región bajo acoso

El informe de Global Witness dedica un apartado especial para la Amazonía, región en donde fueron asesinadas 39 personas defensoras, 11 eran originarias de comunidades indígenas. Esta cantidad representa más de la quinta parte de todos los homicidios cometidos contra defensores ambientales y de territorio en todo el mundo.

En junio de 2022, el brasileño Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, y el periodista británico Dom Phillips, fueron asesinados en la Amazonía. El informe de Global Witness recuerda que, a 1000 kilómetros de donde los mataron, “las actividades de la minería ilegal de oro prácticamente han acabado con la comunidad indígena yanomami”.

Otras comunidades indígenas que habitan en la Amazonía también han vivido la invasión de sus territorios. Maria Leusa Munduruku, defensora ambiental brasileña que pertenece al pueblo Munduruku, recuerda que los invasores quemaron sus aldea y ella ha recibido amenazas de muerte: “Cuando alguien se pone de pie en contra de eso, termina amenazado”.

Durante los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro, las comunidades indígenas vivieron algo “muy terrible”, remarca María Leusa Munduruku. Ahora, con el gobierno de Lula de Silva, “estamos exigiendo al Estado que cumpla con la seguridad para los defensores del territorio. Para nosotros todavía no hay seguridad”.

Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.
Maria Leusa, miembro del Movimiento Ipereg Ayu y guerrera munduruku. Foto: Rosamaria Loures.

En la región amazónica, la violencia también está afectando a las comunidades indígenas kayapós, de Brasil; uwottüja, de Venezuela y kakataibo, de Perú. El informe de Global Witness apunta que padecen la invasión de sus tierras, la contaminación de sus ríos y amenazas ocasionadas, en especial, por la expansión de la minería ilegal.

El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo Arana fue asesinado. Era líder de la comunidad uwottüja y miembro de la Organización Guardianes Territoriales Indígenas Ayose Huyunami. Él denunció la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

En Perú, los kakataibos, los shipibo-konibos y otras comunidades indígenas que viven en las regiones de Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana, también llevan años denunciando las invasiones de sus tierras y la explotación ilegal de la madera de sus bosques. En su territorio, “los cultivos de coca están reemplazando al bosque”, se lee en el informe de Global Witness.

Tan solo en la región de Ucayali han sido asesinadas, al menos, tres personas defensoras de tierra y medio ambiente, de acuerdo con los datos de la organización internacional.

“Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediado precisamente por llevar a cabo esa labor”, señala Laura Furones, de Global Witness.

La responsabilidad de las empresas y de otros países

Los asesinatos ocurridos en la Amazonía y los daños ambientales provocados por las actividades extractivas, tanto legales como ilegales, muestran la alta presión que hay sobre este territorio y quienes lo habitan. Ante este panorama, el informe de Global Witness hace un llamado: “Proteger la Amazonía es una de las acciones más urgentes que debemos emprender para evitar las peores consecuencias de la crisis que afronta nuestro planeta”.

En el informe se incluyen una serie de recomendaciones para detener la violencia y los asesinatos de las personas defensoras en la Amazonía, entre ellas que los gobiernos locales mejoren el monitoreo de las zonas de minería ilegal y hacer que se cumpla la ley. Además, que los gobiernos sancionen a las empresas que contribuyan a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Y, en especial, exigirles que cumplan con  requisitos de transparencia más estrictos, que permitan rastrear sus cadenas de suministro los minerales extraídos ilegalmente.

El informe de Global Witness recuerda que ya hay investigaciones en donde se han demostrado que empresas internacionales de Suiza, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido “extrajeron o adquirieron oro… o vendieron maquinaria para la explotación minera” de las zonas en donde se encuentran los territorio indígenas de Brasil.

Es por ello que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos, Mary Lawlor, señala que además de los países en donde están asesinando a los defensores, hay otros Estados que comparten la responsabilidad de garantizar su seguridad: “La Unión Europea puede cambiar la situación si en las disposiciones sobre debida diligencia obliga a las empresas a evaluar los riesgos para las personas defensoras”.

Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.
Líderes de la comunidad Kayapó, en territorio Baú, Pará, Brasil. Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

Criminalización, violencia que va al alza

El informe de Global Witness alerta que sus datos solo muestran la violencia letal que sufren los defensores, sin embargo se ha observado que cada vez es más frecuente el uso de estrategias violentas como la criminalización, el acoso y los ataques digitales. “Hay otras formas de silenciamiento que no son letales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas y que son utilizadas para acallarlas. La criminalización es una implacable estrategia de silenciamiento; confronta a los defensores con el mismo sistema legal que los debería estar defendiendo”, resalta Laura Furones.

La organización Front Line Defenders, por ejemplo, documentó que la criminalización representó la agresión más habitual en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el año 2022, ya que representó el 34 % de todos los casos que se registraron.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), comenta que “la criminalización se está convirtiendo en la columna vertebral (de las agresiones). La criminalización está produciendo muerte civil en las personas, ya que tienen que abandonar sus territorios o no pueden acceder a empleo”.

En Guatemala y en otros países de Centroamérica, por ejemplo, de acuerdo con la documentación realizada por UDEFEGUA, hay comunidades en donde el 60 % de sus hogares tiene a un miembro con una orden de captura.

* Imagen principal: Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía son objeto de múltiples amenazas, entre ellas la invasión de su territorio y los asesinatos: Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness.

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Fallece joven que recibió 36 perdigones en protesta en Perú

América del Sur/Perú/24-03-2023/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La víctima recibió los disparos desde muy cerca, no estaba armado y habría ido a la manifestación a apoyar a los heridos.

El joven Rosalino Flores Valverde, quien había recibido 36 perdigones de metal durante las manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte, falleció este martes en Lima, capital de Perú, luego de permanecer casi dos meses hospitalizado.

De 22 años y estudiante de gastronomía, Flores Valverde fue agredido el 11 de enero último en la ciudad de Cuzco (sureste) por agentes de la Policía Nacional peruana. Con su muerte, se eleva a 49 el total de víctimas mortales debido a la represión de las protestas iniciadas en diciembre pasado.

Por medio de la red social Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó del fallecimiento y expresó su “solidaridad y profundo pesar a la familia” de Flores Valverde.

Asimismo, la congresista de izquierda Ruth Luque también expresó condolencias a los familiares y denunció “Una nueva muerte carga este Gobierno. Rosalino tenía 22 años, cuyos sueños fueron arrebatados por este Gobierno”.

En declaraciones poco después de la agresión, el hermano de la víctima había asegurado que los disparos fueron desde muy cerca y que Rosalino “vino a apoyar a los heridos, a los asfixiados que estaban con las bombas lacrimógenas, él no llevaba nada de armas, ni de piedras en la mano”, relato que corroboran las cámaras de seguridad de la zona.

La muerte de Flores Valverde se suma a la de otros 48 civiles y 1 policía que, según datos de la Defensoría del Pueblo, murieron durante las protestas contra la designada mandataria.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/fallece-joven-perdigones-protestas-peru-20230322-0009.html

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Aumenta a 17 la cifra de muertos por represión policial en Juliaca, Perú

América del Sur/Perú/13-01-2023/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

El número acumulado de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú ascendería a 45.

La Defensoría del Pueblo de Perú informó la noche de este lunes que aumentó a 17 la cifra de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, contra los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

“A las nueve de la noche del 9 de enero de 2023 registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito, Puno”, denunció la entidad humanitaria en su cuenta oficial de Twitter.

Este lunes, en el marco del sexto día de las protestas populares en reclamo de la liberación del detenido expresidente peruano Pedro Castillo, las fuerzas policiales dispararon en contra de los manifestantes en la ciudad de Juliaca, en el sureño departamento de Puno.

Desde el pasado 4 de enero, pobladores han realizado bloqueos y protestas en diferentes partes del país suramericano en rechazo al Gobierno de Boluarte, entre esas regiones están Puno, Arequipa, Cusco y Tacna.

Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Castillo, quien fue detenido bajo el cargo de presunta rebelión, y designó en su lugar a Boluarte, quien se desempeñaba en la vicepresidencia peruana.

De acuerdo con diversos recuentos, el número acumulado de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú ascendería a 45.

 

En el marco de esta represión, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció la noche de este lunes más medidas de seguridad y calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.

«Se han producido muertes de compatriotas, que por supuesto que lamentamos, muertes que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, enfatizó Otárola, quien estuvo acompañado del resto de ministros peruanos.

«Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso”, aseguró.

Otárola pidió a la Fiscalía “se capturen y se procese a quienes están destruyendo al país financiados por intereses extranjeros, foráneos y por el dinero oscuro del narcotráfico”.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/peru-aumenta-cifra-muertos-represion-juliaca-puno-20230110-0002.html

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Las cifras de violencia en el gobierno Duque: 930 líderes sociales fueron asesinados. Colombia

América del Sur/Colombia/22-07-2022/Autor(a) y Fuente: www.publimetro.co

Así quedaron las cifras de masacres, excombatientes asesinados y territorios más afectados.

Iván Duque, actual presidente de Colombia, está a poco más de dos semanas de abandonar su cargo para entregárselo a Gustavo Petro, primer presidente de izquierda que tendrá Colombia. Su mandato lo termina con una cifras de violencia que no han podido ignorarse, según un reciente informe de Indepaz.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó lo que serían las cifras que ha dejado el gobierno de Iván Duque en diferentes violencias, como las fijadas hacia líderes sociales y firmantes de paz en el país. Las cifras hacen parte del registro de esta organización y comprenden el período entre el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el actual presidente y el 4 de junio de este 2022.

Según informó el Instituto, asesinaron a 930 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, de los cuales 126 eran mujeres y 804 hombres. De igual forma, la entidad expuso que 245 firmantes del Acuerdo de Paz entre las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos fueron asesinados, de los cuales 11 eran mujeres.

Asimismo, Indepaz publicó que se produjeron 261 masacres, que dejaron un total de 1.144 víctimas, una cifra que deja con preocupación y expectativa ante el nuevo gobierno a la ciudadanía. Además, los cinco departamentos que más se vieron afectados por estas violencias expuestas fueron Cauca (330 eventos), Antioquia (187 eventos), Nariño (142 eventos), Valle del Cauca (112 eventos) y Putumayo (96 eventos).

Ante esto, el periodista Santiago Rivas fue enfático por medio de sus redes sociales, utilizando las cifras publicadas por Indepaz para sugerir que Iván Duque no se ha ganado el respeto. “El respeto hay que ganárselo”, dijo Rivas acompañando la imagen, además haciendo alusión a lo sucedido en la posesión del nuevo Congreso, en donde al presidente no lo dejaron continuar con su discurso llamándolo “mentiroso” en coro.

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“Los gritos de “mentiroso” apelan a su gestión como presidente, versus la versión de su gobierno que dio en su discurso. Respeto que no se ha ganado y que jamás mostró por la oposición, a la que buscó vulnerarle su derecho a la réplica constantemente. Es caótico, pero a lugar”, fue la opinión que ofreció el periodista.

Entre varios de sus argumentos, Rivas también expresó sus descontento con los resultados que el mandatario ha presentado sobre el Acuerdo de Paz y finalizó diciendo que “Duque es un mentiroso y su incompetencia es muy parecida a la maldad, si no igual”.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/noticias/2022/07/21/las-cifras-de-violencia-en-el-gobierno-duque-930-lideres-sociales-fueron-asesinados/
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