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Colombia: El Gobierno de Duque, en jaque: han caído dos ministros y la reforma de la Salud se tambalea

Este jueves el Gobierno colombiano le reiteró al Comité Nacional de Paro, formado por sindicatos y organizaciones convocantes del Paro Nacional del 28 de abril, la necesidad de «un diálogo urgente» y que se siente a la mesa de negociación para solucionar la crisis desencadenada por las multitudinarias protestas que vive el país. «Estamos listos para sentarnos a negociar», declaró este 13 de mayo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar «una respuesta inmediata».

CRISIS DE GOBIERNO

Esta crisis ya se ha cobrado dos ministros del gabinete de Iván Duque. El de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció el 3 de mayo, después de que el presidente retirara el proyecto de reforma tributaria que fue uno de los detonantes de la protesta. El 12 de mayo renunció la ministra de Exteriores, Claudia Blum, por el descrédito internacional que ha supuesto para Colombia la evidencia de la violación descomunal de los derechos humanos por la fuerza pública de Colombia, y que la canciller se ha empeñado en negar, criminalizando la protesta. Ahora todos los ojos están puestos en el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ve cómo el proyecto de reforma de la salud que impulsa el Gobierno pierde cada día apoyos en el Congreso. Tras las masivas movilizaciones de este 12 de mayo, ha sido el Partido Conservador quien ha anunciado que retira su apoyo al proyecto, días atrás habían sido el Partido de la U y el Partido Liberal los que se habían desmarcado. A unos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos políticos tienen miedo de que su popularidad se desplome, habida cuenta la oposición que el proyecto privatizador ha despertado entre la población y los profesionales sanitarios.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzó la jornada desdiciendo al presidente Duque, quien en su visita sorpresa a Cali el 11 de mayo había anunciado el comienzo de la fase III de vacunación, para profesores, miembros de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado. “Faltan muchos mayores de 60 por vacunar”, dijo Ruiz. La lentitud y caos en el proceso de vacunación es otro de los detonantes del malestar de la población, en el peor momento de la pandemia. El covid ha causado oficialmente casi 80 mil muertes en Colombia, y hay más de 3 millones de casos activos.

Este 13 de mayo ha transcurrido haciendo balance de la masiva movilización de la jornada anterior. En Cali, la presencia de congresistas que han sesionado en la Escuela de Deporte Nacional para escuchar a las autoridades y los sectores sociales del departamento del Valle del Cauca, ha hecho que no se registraran ataques violentos de la Policía, el ESMAD y pistoleros con cobertura policial que han sembrado el terror y la muerte en los puntos de resistencia de la ciudad. Cabe recordar que solamente en Cali se han registrado 35 civiles asesinados en el marco de la protesta y hay más de cien personas desaparecidas.

Sin embargo, durante el día se han registrado violentos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la vecina ciudad de Buga, situada en el mismo departamento del Valle del Cauca. Los antidisturbios han cargado violentamente contra la población que se manifestaba, lanzando botes de humo y provocando pánico en zonas residenciales de los barrios Palo Blanco y Aures. Una comisión de congresistas se ha desplazado desde Cali para verificar la situación sobre el terreno.

INDIGNACIÓN EN BARRANQUILLA

Este 12 de mayo se jugaba en Barranquilla y Pereira sendos partidos de fútbol de la Copa Libertadores. Las hinchadas pedían que se no se jugara por la situación de violación de derechos humanos que vive Colombia, pero el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo oídos sordos. Los seguidores del Junior, equipo local, se citaron en los alrededores del estadio Romelio Martínez para pedir la suspensión del partido con el River Plate argentino. El alcalde les mandó al ESMAD a reprimir con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos la protesta pacífica.

Cuando salieron a la cancha los equipos River Plate de Argentina y Junior de Barranquilla, el árbitro pitó el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. En ese instante se pudieron escuchar los bombazos que el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- estaba lanzando contra los manifestantes afuera del estadio. Una situación que hizo recordar los tiempos de la dictadura argentina, que pretendía acallar el clamor por la represión criminal con el mundial de fútbol de 1978.

NOCHE DE REPRESIÓN EN BOGOTÁ

La noche del 12 de mayo se sucedieron cargas policiales en distintos sectores de Bogotá. El Portal de Las Américas, donde se encuentra una estación del sistema masivo de transporte público Transmilenio, ha sido escenario de una violencia policial extrema, que ha registrado varios homicidios, torturas y detenciones arbitrarias que se han convertido en desaparición forzada. La noche del 12 de mayo el Portal de las Américas volvió a ser uno de los epicentros de la violencia policial en Bogotá, con heridos y detenidos.

La mañana de este 13 de mayo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa lo que viene ocurriendo en el Portal de las Américas de Bogotá, y exigen a las autoridades municipales y policiales que se pronuncien:

SE SUICIDA EN POPAYÁN UNA MENOR DE EDAD QUE HABÍA SIDO ABUSADA SEXUALMENTE POR LA POLICÍA

Allizon Lizeth Salazar Miranda tenía 17 años. Se dirigía a casa de un amigo en la zona sur de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cuando la policía cargó. Ella se refugió detrás de un muro y la cogieron entre cuatro uniformados.

Ella misma denunció lo sucedido en su cuenta de Facebook:

«Les tocó coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban «desnudando» quitando el pantalón».

La menor estuvo detenida en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es arrastrada en volandas por los uniformados.

Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas.

“De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos. La ong Temblores ya contabilizó 16 víctimas de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión al Paro Nacional.

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11038

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42 organizaciones y personalidades lanzan la iniciativa “Somos Colombia”

(Recortes Cero) En el acto realizado ayer por Recortes Cero y el Comité Nacional del Paro de Colombia en apoyo al pueblo colombiano, un día antes del paro nacional convocado para hoy en el país

El acto ha sido una muestra de solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, en el cual, desde Recortes Cero y las organizaciones de Colombia, Argentina, México y Ecuador, se ha remarcado “la importancia de la unión” entre los pueblos hispanos; así como la condena a la represión y el apoyo a las movilizaciones.

En el acto realizado de forma telemática, vía Zoom, han participado representantes de MORENA, el partido del presidente de México, López Obrador; representantes de Unión por la Esperanza, el partido de Rafael Correa, de Ecuador; y organizaciones sindicales y sociales de Colombia y Argentina. Desde España, además de Recortes Cero, organización anfitriona, han participado personalidades como el economista Juan Torres, el escritor y premio Planeta Fernando Schwartz; y organizaciones como FeSP, la Federación de Sindicatos de Periodistas; la FELGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales; la Fundación Internacional Baltasar Garzón; Asociación de Mujeres Juristas THEMIS; las JOC, Juventud Obrera Cristiana; y ACE, Asociación Colegial de Escritores; entre otras. El acto se ha emitido en directo en streaming en el canal de Youtube de Recortes Cero.

Victoria Avendaño, de la Ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, ha agradecido el apoyo recibido: “Es fundamental para mantener los ánimos de todos los sectores sociales que nos estamos enfrentando a las políticas del gobierno de Duque” las cuales, afirma, “cercenan los derechos del pueblo colombiano.” Avendaño ha denunciado que las “élites”, como el FMI, a través de recortes y una reforma laboral y pensional del Gobierno colombiano “están haciendo recaer la crisis sobre la población”, provocando así las protestas. Avendaño ha facilitado los datos de pobreza en Colombia durante su intervención: “La pobreza ha subido en un 42,5%, más de 3 millones de colombianos no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas y 1,7 millones de familias no tienen acceso a tres comidas diarias.”

Iván Rengifo, del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) ha hablado de un problema social “generalizado”, el cual “ya venía de antes”. Ha afirmado rotundamente que “las manifestaciones inicialmente han sido pacíficas” y que el caos ha empezado por “la represión del Gobierno”.

Adolfo Aguirre, secretario de relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), ha afirmado que Duque y Uribe (actual y anterior presidentes de Colombia), “representan los intereses de las élites, de EEUU y la UE”. “Nosotros apoyamos la lucha popular. Es el pueblo movilizado expresando hartazgo”. Ha condenado a “los enemigos del pueblo colombiano”y “de la humanidad” y ha agradecido la solidaridad internacional “como la que estamos viendo en este acto”, llamando a “una solución de paz y justicia social”.

Bertha Luján, Presidenta Nacional del Consejo Nacional de Morena, de México, ha expresado la “solidaridad del pueblo mexicano” con el pueblo colombiano.

Nuria Suárez, portavoz de Recortes Cero, ha citado a Gabriel García Márquez: “La solidaridad de las naciones hispanas no puede ser retórica”. “Tiene que ser activa” ha continuado la portavoz. Suárez ha defendido que los pueblos iberoamericanos “somos hermanos” y la lucha del pueblo colombiano “también es nuestra”. Ha puesto énfasis en que tras los intereses de ejecutar recortes y reformas laborales “están los mismos”, tanto en España como en América Latina.

Violeta Tercedor, portavoz de Unificación Comunista de España, se ha mostrado de acuerdo con el resto de intervenciones: “quieren cargar las consecuencias de la pandemia sobre la población”. “El pueblo avanza a pesar de la represión” – ha afirmado la portavoz de UCE – “La lucha de los pueblos hispanos avanza en todo el continente”.

Por su parte, Baltasar Garzón, quien no ha podido estar en el acto, ha enviado un vídeo en apoyo “a la lucha del pueblo colombiano”, la cual ha defendido como “justa y necesaria”.

Listado de participantes al acto

Diógenes Orjuela secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Edilberto Castro Juventudes de la Central Unitaria de Trabajadores

Victoria Avendaño de la Ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y de la CUT

Iván Rengifo miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES)

 

Bertha Luján presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena

Adolfo Aguirre secretario de relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)

Emilio Villar líder Nacional de Movimientos Sociales de Morena

Susana Prieto abogada que encabeza el movimiento laboral 20/32 de trabajadores en Matamoros

Franklin Samaniego asambleísta, director provincial en Pichincha de la Revolución Ciudadana y vocero de Unión por la Esperanza en Pichincha

Juano Villafañe director artístico del Centro Cultural de la Cooperación y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores

Nuria Suárez portavoz de Recortes Cero

Javier de Vicente Secretario Confederal de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de la Unión Sindical Obrera

Violeta Tercedor Portavoz de Unificación Comunista de España

Mané Fernández vicepresidente de la Federación de Gays, Lesbianas, Trans y Bisexuales (FELGTB)

Agustín Yanel secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas

Alfonso Armada presidente de Reporteros Sin Fronteras

Fanny Rubio escritora y vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores

Esther Barba presidenta de la Juventud Obrera Cristiana

Clara Fdez-Merino presidenta de la Juventud Estudiante Católica

Alejandro Roldán portavoz de la Asociación Cívica y Social Ciutat Solidaria de Hospitalet, Barcelona

María José Jiménez portavoz de la Vía Andaluza

Julián Martínez portavoz del Partido Castellano – Tierra Comunera

Maribel Mesón activista en defensa de las pensiones y miembro de la Asociación de Mayores por la participación Ciudadana

Manuel Redal a título personal, miembro del Consejo del Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA

Eduard Tobaruela portavoz de Vecinos Municipalistas

Pedro Carretero Verdes – Independientes de Soto

Ángeles Jaime presidente de Mujeres Juristas Themis

Nadia Zeryhou Centre d’Investigadors i Professionals Euro-Arabs

Juan Torres economista

Fernando Schwartz escritor

Rosa Regàs escritora

Ricardo Cano Gaviria escritor colombiano, de Medellín, pero en España

Jorge Eines Foro de la Cultura de Recortes Cero

Fuente: https://www.alhaurindelatorre.com/42-organizaciones-y-personalidades-lanzan-la-iniciativa-somos-colombia/

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Colombia: Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”. S.O.S – Acción Urgente

América del Sur/Colombia/07-05-2021/Autor(a) y Fuente: Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”

Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”

Santiago de Cali-Valle

Colombia

S.O.S – Acción Urgente

A los Pueblos del Mundo

Voces de Mujeres del Oriente de Cali

 

Hacemos un llamado urgente al apoyo internacional, de los amigos, amigas y organizaciones de derechos humanos, porque el Estado colombiano nos está masacrando. Líderes y lideresas comunitarias, jóvenes y menores de edad han sido víctimas de la fuerza pública por orden del presidente de la república, Iván Duque Márquez, el ministro de defensa y gobernantes locales, quienes han desplegado el cuerpo armado contra los manifestantes del Paro Cívico, sin importar que estos últimos están desarmados, protestando pacíficamente.

El Paro Nacional comenzó el 28 de abril de 2021, organizado principalmente por jóvenes, estudiantes, comunidades negras, indígenas, campesinas y organizaciones comunitarias, quienes indignadas por las injusticias sistemáticas de los gobiernos han levantado sus voces, han enfrentado los miedos para decir ¡basta! Protestamos para impedir una reforma tributaria que nos aprieta y nos pone a pagar los desfalcos de la corrupción, la desfinanciación del país y los gobiernos ineficientes; para desmontar una reforma laboral que sigue ahondando la brecha entre ricos y empobrecidos; para deshacer una reforma de salud que nos deja morir y deteriora y cierra los hospitales públicos; para prevenir una reforma pensional que, en lugar de propiciar bienestar, desprotege a los/as adultos/as mayores. Las voces de los pueblos y comunidades exigen reformas construidas con participación amplia de todos los sectores y grupos sociales del país, la renuncia del presidente y otros gobernantes corruptos que no tienen criterios para gobernar.

El Estado no escucha la voz del pueblo, solo asesina, en nombre del orden público. Según las palabras del general Luis Fernando Navarro Giménez, ellos están en una misión de Asistencia Militar, la cual tiene por objetivo, salvar vidas, posibilitar la convivencia y proteger el derecho de la ciudadanía a los servicios esenciales. Nosotras las mujeres de organizaciones comunitarias del Oriente de Cali le preguntamos al general: ¿quiénes son los que tienen esas posibilidades de las que usted habla?

De acuerdo a datos publicados por Indepaz1 relacionados con violencia policial, entre el 28 de abril y el 4 de mayo (6 p.m) del 2021, se reportan 31 personas asesinadas; 8 casos de violencia sexual hacia mujeres; 1.220 heridos (pueden ser más); 87 desaparecidos; 18 víctimas de heridas en los ojos; 200 agresiones por la policía; 1.565 hechos violentos (podrían ser más); así mismo, en relación con asesinatos perpetuados en Cali se registran 24, de ellos dos menores de edad y el resto entre jóvenes y adultos jóvenes. .

Entre el lunes 3 y la madrugada del martes 4 de mayo, las organizaciones de la sociedad civil, grupos organizados y comunidad en general, quienes se encuentran en los puntos de concentración y resistencia del paro, han reportado audios y videos donde muestran cómo la policía les está atacando con gases lacrimógenos y armas de fuego, sin importar que están desarmados con las manos levantadas en señal de indefensa. Las imágenes en redes sociales, fuentes que han servido para documentar a veces en vivo y en directo, evidencian las numerosas personas heridas y asesinadas.

Preguntamos, general Navarro ¿a quiénes usted les salva la vida?, ¿a quiénes está protegiendo para qué tengan los servicios básicos, si más de la mitad de la gente está en las calles, re-existiendo, levantando la voz, con cantos, música, performances, cacerolazos, exigiendo justicia?

Presidente, Ministro de Defensa, Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Cali ¿acaso somos sus enemigos y enemigas de guerra?, ¿cuándo van a parar los helicópteros, los gases lacrimógenos, las ametralladoras, los fusiles? ¡Exigimos que paren de asesinarnos!

Convocamos el apoyo internacional porque la fuerza armada publica de Colombia no está respetando ni siquiera la misión humanitaria nacional que acompaña a la movilización; están cometiendo actos de vandalismo para luego culpar a la población manifestante. Miembros de la policía y el ESMAD han quemado casas, edificios, automóviles, motocicletas y hasta plazas de mercado público. En Cali, por ejemplo, quemaron la galería Santa Helena, uno de los mercados donde la gente empobrecida se abastece de alimentos.

Es urgente que el mundo se entere de lo que está pasando en Colombia y que nos ayuden a proteger a nuestras comunidades, niñas, niños, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas quienes han resistido al terror estatal en las calles. Por favor, apóyenos difundiendo estos mensajes, solicitando veeduría internacional, exigiendo garantías del respeto a los derechos humanos y aportando medicamentos para atender a las personas heridas en los puntos de concentración y resistencia.

#ParenLasMasacres

#ParoNacional2021

#CaliResiste

 

1 Fuentes: Defensoría del Pueblo, Plataforma GRITA, Temblores ONG y Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes; Campaña Defender La Libertad de Prensa.

http://www.indepaz.org.co/

https://www.temblores.org/grita

 

Diagonal. 26G9 # 72S-32 B/Marroquín III A.A 8868 P,J 1249 NIT: 805001048-8

TEL: 4370794 E-mail:admcasacultural@gmail.com

www.casaculturalelchontaduro.com

Facebook: Asociación Casa Cultural El Chontaduro

Descargar en PDF: Solidaridad internacional para Colombia (1)

Fuente e Imagen: Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”

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Indignación

Por: Elisabeth De Puig 

Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educación sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias.

Todos y todas, al igual que el presidente de la República, estamos indignados por la muerte de la joven pareja cristiana de manos de la Policía. Indignados, pero no sorprendidos. La que nos mueve hoy es la misma vieja indignación que sentimos desde hace decenios frente a la violencia endémica de nuestro país y a la interminable lista de atropellos y desacatos de las autoridades encargadas de velar por nuestra seguridad.

Frente a estas situaciones, que son eslabones de una larga cadena de desafueros, cada presidente ha tenido su librito. El presidente Balaguer removía la mata como si la esencia misma de su gobierno fuera ajena a las arbitrariedades de la época. 

A partir de 2005, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desarrolló el Plan Nacional de Seguridad Democrática con su gran apuesta Barrio Seguro. Para la ocasión se trajo una moderna y carísima flotilla de motores Harley Davidson para patrullar en sectores de vías angostas.

La incoherente respuesta no funcionó. La vigilancia barrial siguió con motores tradicionales conocidos como “saltamontes”. De acuerdo a las estadísticas, durante el periodo 2004 a 2012 la tasa de violencia fue más alta que en los demás años.

En 2013 el presidente Danilo Medina puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, con el componente de prevención Vivir Tranquilo, y en 2018 se creó la Comisión Nacional de Seguridad Interior con la tarea de crear la estrategia nacional de seguridad ciudadana, que no se implementó. 

En el pasado proceso electoral la seguridad ciudadana fue una de las grandes promesas de campaña. Se insistió en el mejoramiento de las condiciones salariales de los agentes y en el entrenamiento del cuerpo policial. 

Hace poco se anunció la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Según lo dado a conocer el plan se concentrará en la política criminal, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional.

Como medidas de impacto se informó que se comprarían armas detentadas ilegalmente por particulares, se obligaría a los motoristas a llevar chalecos numerados, se reforzaría la lucha contra la violencia intrafamiliar y se crearía  una “nueva cultura policial”. 

Me da la impresión que el ciudadano de a pie no le ha prestado mucha atención al nuevo plan. Siento que, después de tantas decepciones, se extiende el escepticismo: la gente se siente chiva con cualquier nuevo anuncio o intento de modernización de la Policía. Lo que el pueblo conoce y vive es la ratería, la violencia intrafamiliar, la violencia de la calle, la violencia de la Policía y la violencia de la pobreza.  

Los planes de seguridad ciudadana ambiciosos, integrales, multisectoriales van y vienen, tienen aspectos que funcionan mejor que otros. Incluso se ha tratado de aplicar planes que han funcionado bien en otros países y que, sin embargo, aquí han chocado contra la pared de nuestra realidad y la larga cadena de corrupción y atropellos policiales.

Ni la modernización del modo de vida de amplios sectores de la población, ni el desarrollo turístico, ni los cambios de gobierno han podido poner un freno a una violencia estructural soterrada y endémica, consustancial a la sociedad dominicana de la cual nuestra policía es solamente un reflejo.

La institución policial está hecha a la imagen y semejanza de nuestra sociedad, una sociedad cada vez más fraccionada entre los de arriba y los de abajo.

Es una institución piramidal: los altos mandos se hacen rápidamente millonarios, les siguen los del medio que entran en un sistema de peajes estimulados por los de arriba, que reciben su tajada, y por los mismos ciudadanos que mojan para poder seguir con las actividades delictivas con las que compensan salarios paupérrimos, o simplemente para que los dejen tranquilos.

Abajo, encontramos los recién reclutados, muchas veces con un escaso nivel de instrucción, entrados en las filas de la institución sin filtros reales, muchos de ellos víctimas de la violencia intrafamiliar, provenientes de familias disfuncionales sin modelos de referencia positivo, pero de repente dotados de un arma y a quienes se les pide mano dura en contra del crimen. 

En todo conglomerado humano hay un sistema de dominación social y política que tiende a reproducirse y se expresa en todos los aspectos de la vida social. Quizás valga la imagen del sancocho para ilustrar la República Dominicana de hoy que se compone de una mezcla de elementos variados imbricados unos con otros.

Estamos montados en el tren de la modernidad y de la virtualidad, hablándole un lenguaje del siglo XXI a una población que maneja un escaso vocabulario. Hablamos de empleos de calidad con una lógica económica basada en los bajos salarios. 

Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educacion sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias. No podemos, en la era de la comunicación, predicar la modernidad por un lado y actuar con formas propias del paleolítico por el otro.

Debemos preguntarnos si no es nuestra organización social la que genera las formas de delito que nos indignan. Las diversas redes de tráfico son hoy en día fuentes de enriquecimiento para muchos, hay sectores de poder que las protegen y en ellas participan oficiales y agentes que están supuestos a combatir el delito.

El presidente pidió perdón públicamente y el ministro de Interior y Policía fue personalmente a darles el pésame a los familiares de las víctimas de Villa Altagracia. Estos gestos, como las sanciones, tienen mucho valor. Pero lo fundamental es ir a las raíces del patrón de abusos de la autoridad pública. 

De la misma manera que hay que hacer hincapié en la selección y el entrenamiento de los oficiales y agentes del orden público y en la dignificación de su trabajo, hay que dedicar cuantiosos recursos en la prevención de la violencia social y en la salud psicoemocional de nuestra gente. Entre ella, las fuerzas del orden que salen de las mismas entrañas del pueblo deben estar en la primera fila y más en tiempo de pandemia que exacerba los conflictos.  

Para esto último hay que actuar en la sociedad como conjunto. No podremos cambiar la Policía si no cambiamos la sociedad al mismo tiempo, superando sus injusticias más lacerantes, su corrupción y sus abusos más significativos.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/indignacion-3-8931032.html

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Colombia reporta 27 líderes sociales asesinados en lo que va de 2021

América del Sur/Colombia/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Otras 11 personas fueron asesinadas en dos masacres acaecidas en ese mismo municipio durante el último fin de semana.

La espiral de violencia en Colombia se cobró una nueva víctima cuando el miércoles último resultó asesinado en Tumaco (en el oeste del país, en la costa pacífica) un líder indígena, en la conclusión de una semana en que más de una decena de personas fueron víctimas de la inseguridad en ese mismo municipio del Estado de Nariño.

El Resguardo Indígena Awá, Piguambi Palangala informó que el miércoles «cerca del mediodía, hombres desconocidos armados acabaron con la vida del compañero integrante del resguardo, quien este año se desempeñaba como fiscal del cabildo Piguambí Palangala Jhon Albeiro Pai Pascal», de acuerdo a esa organización indígena.

El resguardo indígena denuncia, asimismo, que este hecho se suma «a las difíciles situaciones que venimos afrontando, entre muertes, amenazas, señalamientos y atentados a líderes y lideresas» de ese pueblo originario. Este es el caso número 27 de asesinato de líderes indígenas en lo que va de año en el país.

El resguardo indígena reclama, por su parte, el respeto por su territorio, la vida, las comunidades indígenas de dicha comarca y respeto por su autonomía territorial y por tanto, exige al gobierno se «inicie la ruta de protección colectiva de conjunto con las autoridades indígenas.

Solicitan, de igual manera, el establecimiento de un mecanismo de justicia transicional que permita esclarecer los hechos.

En Temuco los últimos días ha visto el incremento de la violencia política, pues en el último fin de semana fueron asesinadas 11 personas, en las masacres número 14 y 15 de lo que va de 2021 en Colombia, en una región donde en 2020 se produjeron tres asesinatos colectivos, y en el último mes han muerto 3 personas más, 2 de ellos indígenas y uno más firmante de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP.

En ese término departamental, se dio el 53 por ciento de las muertes violentas acontecidas durante el año anterior, de acuerdo a datos aportados por Indepaz.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-violencia-actualizacion-temuco-20210226-0014.html

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Informe: El duro panorama para los pueblos indígenas después de la pandemia

Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.

La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES

En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.

Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.

“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.

“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.

El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.

El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.

“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.

Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.

“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.

El informe plantea cuatro hallazgos principales:

  • Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
  • Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
  • Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
  • Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.

“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.

El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.

Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación.  Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.

“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.

Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú

En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.

“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.

En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.

Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.

En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.

En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.

“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.

En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.

“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.

El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.

Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/

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La peligrosa vocación de educar en Colombia: al menos 30 maestros asesinados desde 2018

Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para quienes luchan por defender sus derechos. En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales. Desde 2018 al menos 30 maestros sindicalistas han sido asesinados. Organizaciones internacionales alertan sobre la incapacidad del Gobierno colombiano para contener la crisis.

El fin de semana del 21 de noviembre dos maestros sindicados fueron asesinados en Colombia: Douglas Cortés Mosquera y Byron Revelo Insuasty. Desde 2018, al menos 30 maestros sindicalizados han sido asesinados, y muchos más amenazados y obligados a desplazarse de su territorio.

Justice For Colombia (JFC), organización birtánico-irlandesa que aboga por los derechos humanos, pide al presidente del país, Iván Duque, que garantice la seguridad de todos los sindicalistas.

Las muertes y amenazas son «particularmente alarmantes dada la incapacidad del Gobierno para contener la espiral de crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los exguerrilleros de las FARC-EP se enfrentan a terribles niveles de violencia», advierten en un comunicado.

Asesinatos de docentes en Colombia

Los asesinatos de Cortés Mosquera y Revelo Insuasty sucedieron días después de que docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizaran huelgas nacionales por mejoras en la financiación y las condiciones del sistema educativo público, así como la protección de los derechos humanos.

Además, ambos fueron muertos casi un mes después de que Diógenes Orjuela, presidente de la mayor confederación sindical del país (la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), y varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fecode fueran amenazados a muerte.El cuerpo del docente Byron Revelo Insuasty fue encontrado en una morgue en Tumaco, departamento de Nariño (al suroeste de Bogotá), el domingo 22 de noviembre. Según información de JFC, nueve días antes, había sido secuestrado mientras se dirigía a las elecciones sindicales. Byron era miembro del Sindicato de Magisterio de Nariño y del partido político Colombia Humana.

Ese mismo día, el sindicalista docente Douglas Cortés Mosquera, que pertenecía al Sindicato de Maestros de Risaralda, fue asesinado en La Virginia, al oeste de Bogotá. Según JFC, también era conocido localmente como artista.

​En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia. El país sudamericano sigue siendo el más peligroso del mundo para los sindicalistas y líderes sociales.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093692493-la-peligrosa-vocacion-de-educar-en-colombia-al-menos-30-maestros-asesinados-desde-2018/

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